Sentencia 2007-00069 de julio 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 250002327000200700069 01 [19212]

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Compañía Colombiana de Cerámica S. A.

Colcerámica S. A. (NIT. 860002536-5)

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Sanción por devolución y/o compensación improcedente - impuesto sobre la renta y complementarios - año gravable 2002

Fallo

Bogotá, D. C., diez de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala decide sobre la legalidad de los actos por los cuales la DIAN impuso a Colcerámica S.A. sanción por compensación improcedente del saldo a favor de la declaración de renta y complementarios del año gravable 2002. En concreto, precisa si debe mantenerse la sanción y si procede la suspensión del proceso por prejudicialidad.

En cuanto a la suspensión del proceso solicitada por el Ministerio Público, se precisa que por auto de Sala Unitaria de 14 de marzo de 2014, se negó la solicitud(19). Lo anterior, debido a que el 6 de diciembre de 2012, la Sección profirió sentencia definitiva dentro del proceso donde se discutía la legalidad de los actos por los cuales la DIAN modificó la declaración privada de renta del año gravable 2002(20).

En consecuencia, lo que en dicha providencia se decidió debe tenerse en consideración para fallar este asunto, pues la sanción por compensación improcedente se impuso con base en los actos oficiales de determinación del impuesto por el período en mención.

En el caso en estudio, se encuentran probados los siguientes hechos:

• El 4 de abril de 2003, Colcerámica S.A. presentó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2002, en la que liquidó un saldo a favor $6.845.354.000(21), de los cuales fueron compensados $2.730.943.000 con el impuesto sobre las ventas del 2 bimestre de 2003 y $4.114.411.000 con la retención en la fuente de marzo y abril de 2003(22).

• Por Liquidación Oficial de Revisión 310642005000022 de 15 de febrero de 2005, la DIAN disminuyó el saldo a favor a $5.866.241.000(23) y por Resolución 310662005000095 de 15 de diciembre de 2005, la DIAN la confirmó en reconsideración(24).

Con base en la modificación de la declaración privada, por Resolución 310642006000034 de 7 de abril de 2006, la DIAN sancionó a la actora por compensación improcedente(25), acto que se confirmó en reconsideración por Resolución 310662006000022 de 22 de diciembre de 2006(26).

• En sentencia del 30 de septiembre de 2009, dictada dentro del proceso 2006-00818, el Tribunal anuló los actos de determinación oficial que modificaron la declaración privada de renta y complementarios del año gravable 2002 y declaró la firmeza de dicha declaración(27).

• En sentencia del 6 de diciembre de 2012, dictada dentro del proceso 2006-00818 (18049), la Sala revocó la decisión del a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda(28).

Con base en los hechos probados, la Sala resuelve los cargos en el orden propuesto en la demanda, pues advierte que ha de revocar el fallo apelado, dado que, como se precisó, debe tenerse en cuenta la sentencia de la Sección que negó la nulidad de los actos de determinación oficial con base en los cuales se sancionó a la actora por compensación improcedente.

1. Violación del derecho al debido proceso.

1.1. Improcedencia de la modificación de la sanción propuesta en el pliego de cargos.

La actora alega que la Administración violó el debido proceso porque, mediante auto aclaratorio, modificó sustancialmente la base de la sanción propuesta en el pliego de cargos. Además, porque no existe error aritmético que justifique la inclusión del monto de la sanción por inexactitud dentro de dicha base.

Pues bien, el pliego de cargos es la imputación que hace la Administración al contribuyente, la cual debe ser conocida por éste para ejercer su derecho de defensa(29). El artículo 670 del E.T. señala que la DIAN debe dar traslado al contribuyente del pliego de cargos de la sanción por devolución y/o compensación improcedente, por el término de un mes.

La Sala ha precisado que las sanciones deben imponerse por los mismos hechos planteados en el pliego de cargos, pues si se sanciona por hechos distintos, se desconoce el debido proceso, dado que el administrado no tiene la oportunidad de ejercer su derecho de defensa(30).

En el presente caso, en el pliego de cargos la DIAN señaló lo siguiente(31):

“(…) la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A. Colcerámica S.A., NIT 860,002,536 incurrió en el hecho sancionable establecido en el artículo 670 del Estatuto Tributario, toda vez que el valor del saldo a favor arrojado en la declaración de Renta y Complementarios por el año gravable 2002, por valor de $6.845.354.000, compensado mediante resolución No. 608 – 699 de fecha 27 de junio del 2003, [...] fue encontrado improcedente por la Administración, en virtud de haberse practicado la Liquidación Oficial de Revisión No. 310642005000022 del 15 de febrero de 2005, contra la cual se interpuso Recurso de Reconsideración el 6 de mayo de 2005, encontrándose pendiente de fallo según reporte del 21 de noviembre del 2005, visible a folio 45 del expediente.

Por lo anterior la sociedad se encuentra incursa en los preceptos previstos en el artículo 670 del ordenamiento tributario, razón por la cual debe reintegrar la suma de $376.582.000 como menor valor del saldo a favor, más el pago de los intereses moratorios a que hay lugar liquidados sobre el valor a reintegrar a la tasa vigente al momento del pago, aumentados estos últimos en un cincuenta por ciento (50%)”.

Posteriormente, profirió auto aclaratorio del pliego de cargos, en el que precisó que(32):

“[…] por error aritmético (yerro de orden numérico) tanto en el Pliego de Cargos como en su memorando explicativo (numeral 2 Cargos), se incurrió en un yerro de resultado al establecer la base de la sanción por improcedencia de la devolución fijada en el Pliego de Cargos No. 310632005000061 del 21 de noviembre de 2005.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 866 del estatuto tributario se corrige de oficio el error aritmético cometido en el cálculo de la base de la sanción por improcedencia de la devolución.

Se aclara que la cuantía fijada como base de la sanción de improcedencia de la devolución es realmente de $979.113000 y no de $376.582.000, como se indicó en el Pliego de Cargos No 310632005000061 del 21 de noviembre de 2005, pues la base de la sanción por improcedencia en la devolución es la simple diferencia entre el saldo a favor de la declaración privada No. 7071250747031 del 04 de abril de 2003 ($6.845.354.000) y el saldo a favor definitivo determinado en la Liquidación Oficial de Revisión No. 310642005000022 del 15 de febrero de 2005 ($5.866.241.000) para una diferencia de $979.113.000 (…).”

Así, pues, no obstante haber excluido inicialmente la sanción por inexactitud de la base de liquidación de la sanción, la DIAN procedió a incluirla en el auto aclaratorio, lo que implicó un cambio sustancial de la base propuesta en el pliego de cargos que no puede considerarse como error aritmético, pues éste se refiere a equivocaciones derivadas de una operación matemática que no alteren los fundamentos jurídicos que sirvieron de base para adoptar la decisión, según el artículo 866 del Estatuto Tributario(33).

En un caso similar, la Sala señaló que la modificación de la base de liquidación de la sanción por devolución y/o compensación improcedente por auto aclaratorio del pliego de cargos, para incluir la sanción por inexactitud, no corresponde a la corrección de un error aritmético. Sin embargo, precisó que dicha circunstancia no genera la nulidad de los actos sancionatorios acusados, para lo cual sostuvo lo siguiente(34):

“La Administración no obstante haber excluido la sanción por inexactitud de la base de liquidación de la sanción por devolución improcedente en el pliego de cargos, con fundamento en lo expuesto en el Concepto de la Oficina Jurídica de la DIAN No. 029418 del 18 de mayo de 2005 procedió a adicionarla en el auto aclaratorio, lo que implicó un cambio de posición jurídica que no es admisible cuando se predica un error aritmético, que se refiere a aquellas equivocaciones derivadas de una operación matemática que no alteren los fundamentos jurídicos que sirvieron de base para adoptar la decisión.

[…]

Las normas que se invocan como vulneradas, artículos 638(35) y 697(36) del Estatuto Tributario, no se refieren a que sólo se pueda expedir un pliego de cargos previamente al acto sancionatorio, como lo aduce el actor. Además, como se indicó en la jurisprudencia citada, las condiciones para imputar válidamente dicha sanción se circunscriben a la oportunidad para imponer la sanción, dos años contados desde la fecha en que se notifique la liquidación de revisión, a que previamente se notifique el pliego de cargos, y a que se le de la posibilidad al contribuyente de dar respuesta al mismo.

De lo anterior se concluye que si bien no se configuró el error aritmético invocado en el auto aclaratorio, dicha circunstancia no adquiere la entidad suficiente que conlleve la nulidad de los actos sancionatorios acusados, como lo solicita el actor, por cuanto las reglas que integran el procedimiento aplicable para la imposición de la sanción por devolución improcedente no han sido desconocidas. Así mismo, el actor no invocó una norma que señale que hay expedición irregular del acto sancionatorio cuando éste se profiera con base en un pliego de cargos que rectifica o corrige uno anterior”.

Así pues, la modificación, por auto aclaratorio, de la base de liquidación de la sanción propuesta en el pliego de cargos no violó el debido proceso a la actora, pues dicha modificación fue anterior a la imposición de la sanción. Además, la modificación al pliego de cargos, mediante auto aclaratorio, no implica imponer una sanción por hechos distintos a los propuestos en el pliego, pues el auto aclaratorio hace parte de éste y ambos antecedieron a la sanción.

Igualmente, el auto aclaratorio del pliego de cargos fue notificado a la demandante en debida forma, por lo que conocía con antelación la integridad del mencionado acto y, la DIAN le dio expresamente la oportunidad de responder dicho auto(37). No prospera el cargo.

1.2. Nulidad por falsa motivación.

La actora sostiene que la DIAN motivó falsamente los actos acusados, porque mientras que en el recurso de reconsideración alegó que no es viable la modificación de la sanción propuesta en el auto aclaratorio del pliego de cargos, concluyó que no existió extemporaneidad en la notificación de la resolución sanción.

La Sala ha precisado que para que prospere la nulidad de un acto administrativo por falsa motivación, debe demostrarse la ocurrencia de algunos de los siguientes supuestos(38):

a) Que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa.

b) Que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente.

En este caso, si bien al resolver el recurso de reconsideración la DIAN hizo un estudio acerca del término para expedir la resolución sanción(39), también analizó el alcance del auto aclaratorio del pliego de cargos, la supuesta nulidad por no valorarse la respuesta a éste, e igualmente la base de la sanción y el cálculo de los intereses de mora, para lo cual se basó en las pruebas que había en el expediente(40). En consecuencia, frente al aspecto planteado por la actora los actos demandados no están falsamente motivados. No prospera el cargo.

1.3. Nulidad por no valorarse la respuesta del pliego de cargos.

La DIAN no tuvo en cuenta la respuesta al pliego de cargos presentada por Armando Pérez Bernal(41), que dijo actuar en calidad de representante legal de la actora, puesto que a dicha actuación no acompañó el certificado de existencia y representación legal que acreditaba la calidad en mención.

Al respecto, la actora sostiene que la DIAN debió valorar el escrito en mención porque en el expediente estaba acreditado que quien lo presentaba era su representante legal.

De acuerdo con los artículos 555 y 556 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas pueden actuar a través de su representante legal, calidad que se demuestra con el certificado de existencia y representación legal, expedido por la cámara de comercio(42).

Sobre la prueba de la representación legal de las personas jurídicas, la Corte Constitucional, precisó lo siguiente(43):

“3. El certificado de existencia y representación legal es prueba necesaria para acreditar la representación legal de una persona jurídica privada

La calidad de representante legal de una persona jurídica no se puede probar a través del medio que libremente se escoja. El Código de Comercio en su artículo 117 consagra:

“(...) Para probar la representación de una sociedad bastará la certificación de la cámara respectiva, con indicación del nombre de los representantes, de las facultades conferidas a cada uno de ellos en el contrato y de las limitaciones acordadas a dichas facultades, en su caso”.

Como se observa, al consagrar esta forma particular de probar la representación legal de una sociedad, se limita la libertad probatoria de quien desee acreditar tal hecho. En efecto, se trata de una prueba solemne sin la cual no se tendrá acreditada la facultad para obrar en nombre de la sociedad”.

Pues bien, en la resolución sanción la DIAN sostuvo que en la respuesta al pliego de cargos “no se encuentra demostrada la calidad para actuar ante la Administración Especial de Impuestos de los Grandes Contribuyentes de Bogotá, […] Por consiguiente, al no encontrarse demostrada la personería para actuar ante la Administración de Impuestos Nacionales, éste (sic) Despacho se abstiene de conocer de fondo la respuesta mencionada y procederá a imponer la sanción propuesta en el Pliego de Cargos No. 310632005000061 del 21 de noviembre de 2005, notificado el 25 de noviembre de 2005, y Auto Aclaratorio No. 310632006000023 del 15 de febrero de 2006, notificado el 23 del mismo mes y año, con los mismos argumentos de hecho y de derecho expuestos en los mencionados actos administrativos”(44).

La Sala advierte que el hecho de que la DIAN no tuviera en cuenta la respuesta al pliego de cargos por no haberse acreditado en debida forma la representación legal, no implica violación al debido proceso, comoquiera que la Administración dio a la actora la oportunidad de responder el pliego de cargos y era una carga suya acreditar la representación legal.

Asimismo, tuvo la posibilidad de responder el auto aclaratorio del pliego de cargos y anexar a la respuesta, prueba de la representación legal. A su vez, pudo interponer el recurso de reconsideración, en el que alegó que la DIAN debió estudiar la respuesta al pliego de cargos y expuso los demás argumentos por los cuales consideraba que la sanción era ilegal(45). No prospera el cargo.

2. Inclusión de la sanción por inexactitud en la base para determinar la sanción por improcedencia de la devolución o compensación improcedente.

La actora alega que la base de liquidación de la sanción por compensación improcedente no debe incluir la sanción por inexactitud, toda vez que ésta se fija en el proceso de determinación y el monto de la sanción por inexactitud no fue objeto de devolución o compensación.

Pues bien, el artículo 670 del Estatuto Tributario, que consagra la sanción por devolución y/o compensación improcedente, dispone lo siguiente:

“Artículo 670 E.T. “Sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones: Las devoluciones o compensaciones efectuadas de acuerdo con las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios y sobre las ventas, presentadas por los contribuyentes o responsables, no constituyen un reconocimiento definitivo a su favor. Si la Administración Tributaria dentro del proceso de determinación, mediante liquidación oficial rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devolución o compensación, deberán reintegrarse las sumas devueltas o compensadas en exceso, más los intereses moratorios que correspondan, aumentados estos últimos en un cincuenta por ciento (50%). Esta sanción deberá imponerse dentro del término de dos años contados a partir de la fecha en que se notifique la liquidación oficial de revisión. […] Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se dará traslado del pliego de cargos por el término de un mes para responder”.

De la norma transcrita se advierte que el contribuyente a quien se le haya devuelto una suma en exceso por concepto de saldo a favor, está sujeto a la sanción por devolución y/o compensación improcedente que consiste en(46):

1. El reintegro de las sumas devueltas o compensadas en exceso.

2. El pago de los intereses moratorios que correspondan, esto es, los causados sobre los impuestos debidos.

3. El pago de la sanción propiamente dicha, es decir, el incremento de los intereses de mora en un cincuenta por ciento (50%).

Para la imposición de la sanción por devolución y/o compensación improcedente la ley contempla un procedimiento autónomo e independiente del aplicable para la determinación oficial del impuesto. No obstante, la existencia del proceso sancionatorio depende del proceso liquidatorio, ya que para imponer la sanción es requisito sine qua non la notificación previa de la liquidación oficial de revisión que modifica o rechaza el saldo a favor devuelto o compensado(47).

Sobre este punto, la Sala ha precisado que si la liquidación oficial de revisión sometida a control jurisdiccional es declarada nula, desaparece el supuesto de hecho que sirve de fundamento a la sanción por devolución y/o compensación improcedente y, en consecuencia, también procede la nulidad de la sanción. Ello no significa que los dos procesos, el de determinación y el sancionatorio, se confundan, sino que se parte del reconocimiento de los efectos que el primero tiene en el segundo, pues aunque dichos procesos son diferentes y autónomos, se reconoce el efecto que el proceso de determinación del impuesto tiene sobre el sancionatorio y la correspondencia que debe existir entre ambas decisiones(48).

Así, la anulación definitiva de los actos de determinación oficial del tributo implica que el contribuyente tenía derecho a la devolución del saldo a favor declarado, por lo que desaparecería el supuesto de hecho de la sanción.

Por su parte, la confirmación o anulación parcial de la liquidación de revisión significa que el contribuyente utilizó dineros que pertenecían a la Administración y que debe reintegrarlos, por lo cual procede la sanción del artículo 670 del Estatuto Tributario.

Asimismo, en sentencia del 10 de febrero de 2011, la Sala precisó que como el artículo 634 del Estatuto Tributario sólo prevé la liquidación y pago de intereses moratorios en el pago de impuestos, anticipos y retenciones a cargo del contribuyente, no es pertinente que se liquiden intereses de mora sobre la sanción por inexactitud, pues no lo previó así el artículo 670 ibídem(49).

No obstante, indicó que lo anterior no quiere decir que deba detraerse de la “suma a reintegrar”, a que hace alusión el artículo 670 del E.T, el valor de la sanción por inexactitud, porque cuando se confirma judicialmente el monto que en derecho corresponde devolver como saldo a favor de una suma ya devuelta, la compensación que se hace en la liquidación oficial, de la sanción por inexactitud con el saldo a favor es teórica y, por tanto, subsiste la obligación de pagarla. Situación diferente se presenta cuando en el proceso de determinación se levanta la sanción por inexactitud, por cuanto en dicho evento no hay lugar a exigir este concepto como suma a reintegrar(50).

En el mismo orden de ideas, también ha dicho la Sala que en estricto sentido la sanción por devolución improcedente corresponde al incremento del 50% de los intereses moratorios que corresponda liquidar y que los intereses que corresponden son los que legalmente se deben liquidar sobre el mayor impuesto liquidado(51).

En consecuencia, el contribuyente debe reintegrar la diferencia del total saldo a favor determinado en su declaración y devuelto por la Administración y el fijado de manera definitiva, suma dentro de la cual se incluye la sanción por inexactitud.

Sin embargo, la administración debe liquidar y pagar intereses de mora y el incremento de estos intereses en un 50%, a título de sanción propiamente dicha, sólo sobre el mayor impuesto determinado, sin incluir la sanción por inexactitud(52).

Es de anotar que los intereses de mora deben liquidarse “a partir de la fecha de devolución del exceso del saldo a favor y hasta la fecha en que la actora efectivamente reintegre la suma que se le devolvió en exceso”, como lo ha precisado la Sala(53).

Con base en los hechos probados y teniendo en cuenta que, como se precisó, en sentencia de 6 de diciembre de 2012, Expediente 18049 la Sala negó la nulidad de los actos que modificaron la declaración de renta de la actora por el año 2002, la demandante debe reintegrar a la DIAN la siguiente suma:

Saldo a favor liquidado por la actora en la declaración de renta por el año 2002$6.845.354.000
Saldo a favor determinado por la DIAN en la Liquidación oficial de revisión 310642005000022 de 15 de febrero de 2005$5.866.241.000
Saldo que resulta indebidamente compensado$979.113.000

 

Igualmente, debe reconocer y pagar a la DIAN intereses de mora sobre el mayor impuesto liquidado ($376.582.000)(54), incrementados en un 50%, a título de sanción propiamente tal, desde cuando la DIAN le compensó el exceso del saldo a favor y hasta cuando reintegre efectivamente la suma que legalmente debe reintegrar.

Las anteriores razones son suficientes para revocar la sentencia apelada. En su lugar, se declara la nulidad parcial de los actos sancionatorios y se ordena a la actora que reintegre $979.113.000, como saldo a favor indebidamente compensado y que pague los intereses de mora y, a título de sanción, el incremento de estos intereses en el 50% sobre el mayor impuesto liquidado ($376.582.000).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar, dispone:

1. DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución sanción 310642006000034 de 7 de abril de 2006 y de la Resolución 310662006000022 de 22 de diciembre de 2006, que confirmó en reconsideración el acto recurrido.

2. A título de restablecimiento del derecho ORDÉNASE a la actora que reintegre $979.113.000, como saldo a favor indebidamente compensado y que pague los intereses de mora y, a título de sanción, el incremento de estos intereses en el 50% sobre el mayor impuesto liquidado ($376.582.000).

3. RECONÓCESE personería a Sandra Patricia Moreno Serrano como apoderada de la DIAN en los términos del poder que está en el folio 255 c. p.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

(19) Folios 252 y 252 vto. c. p.

(20) Radicado 25000-23-27-000-2006-00818-01 [18049], C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(21) Folio 88 c. a.

(22) Mediante Resolución 608-0699 de 27 de junio de 2003 - folios 6 a 8 c. a.

(23) Folios 9 a 35 c. a.

(24) Folios 111 a 126 c. a.

(25) Folios 80 a 84 c. a.

(26) Folios 129 a 161 c. a.

(27) Folios 158 a 175 c. p.

(28) Expediente 18037, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Verificado en el sistema Siglo XIX.

(29) En similar sentido, se ha pronunciado la Sala, entre otras, en sentencias de 6 de agosto de 1998, C. P. Delio Gomez Leyva, Expediente 9886, 14 de abril de 2000, C. P. Germán Ayala Mantilla, 2 de noviembre de 2001, C. P. Ligia López, Expediente 12283.

(30) Ibídem.

(31) Folios 47 a 51 c. a.

(32) Folios 69 a 72 c. a.

(33) ART 866.—Corrección de los actos administrativos y liquidaciones privadas. Podrán corregirse en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, los errores aritméticos o de transcripción cometidos en las providencias, liquidaciones oficiales y demás actos administrativos, mientras no se haya ejercitado la acción contencioso administrativa.

(34) Sentencia del 16 de junio de 2011, Expediente 17998, C. P. William Giraldo Giraldo.

(35) ART. 638.—Prescripción de la facultad para imponer sanciones. “Artículo modificado por el artículo 64 de la Ley 6ª de 1992. El nuevo texto es el siguiente: Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial. Cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, deberá formularse el pliego de cargo correspondiente, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementario o de ingresos y patrimonio, del período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas. Salvo en el caso de la sanción por no declarar, de los intereses de mora, y de las sanciones previstas en los artículos 659,659-1 y 660 del estatuto tributario, las cuales prescriben en el término de cinco años.

Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la administración tributaria tendrá un plazo de seis meses para aplicar la sanción correspondiente, previa la práctica de las pruebas a que hubiere lugar.

(36) ART. 697.—Error aritmético. Se presenta error aritmético en las declaraciones tributarias, cuando:

1. A pesar de haberse declarado correctamente los valores correspondientes a hechos imponibles o bases gravables, se anota como valor resultante un dato equivocado.

2. Al aplicar las tarifas respectivas, se anota un valor diferente al que ha debido resultar.

3. Al efectuar cualquier operación aritmética, resulte un valor equivocado que implique un menor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante, o un mayor saldo a su favor para compensar o devolver.

(37) Folio 72 c. a.

(38) Sentencia del 15 de marzo de 2012, Expediente 18757, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(39) Que, según el artículo 670 del estatuto tributario, es de dos años contados, a partir de la notificación de la liquidación oficial de revisión que modificó el saldo a favor devuelto o compensado de manera improcedente.

(40) Resolución 310662006000022 de 22 de diciembre de 2006 - folios 129 a 161 c. a.

(41) Presentada el 21 de diciembre de 2005 - folios 54 a 65 c. a.

(42) “ART. 117.—Prueba de la existencia, cláusulas del contrato y representación de la sociedad. La existencia de la sociedad y las cláusulas del contrato se probarán con certificación de la cámara de comercio del domicilio principal, en la que constará el número, fecha y notaría de la escritura de constitución y de las reformas del contrato, si las hubiere; el certificado expresará, además, la fecha y el número de la providencia por la cual se le concedió permiso de funcionamiento y, en todo caso, la constancia de que la sociedad no se halla disuelta.

Para probar la representación de una sociedad bastará la certificación de la cámara respectiva, con indicación del nombre de los representantes, de las facultades conferidas a cada uno de ellos en el contrato y de las limitaciones acordadas a dichas facultades, en su caso” (resalta la Sala).

(43) Sentencia T-328 de 2002.

(44) Folio 81 c. a.

(45) Folios 100 a 109 c. a.

(46) Sentencia de 13 de septiembre de 2012, Expediente 18001, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(47) Sentencias de 30 de abril y 8 de octubre de 2009, Expediente 16777 y 16608, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 2 y 23 de abril de 2009, Expediente 16158 y 16205, C. P. Hugo F. Bastidas B; 12 de mayo de 2009 y 15 de abril de 2010, Expediente 17601 y 17158, C. P. William Giraldo Giraldo.

(48) Sentencias de 19 de julio de 2002, expedientes 12866 y 12934, C. P. Ligia López Díaz; 28 de abril de 2005, Expediente 14149 C. P. Juan Ángel Palacio Hincapié; 28 de junio de 2007, expedientes 14763 y 15765 (acumulados), C. P. Héctor J. Romero Díaz; y de 24 de septiembre de 2009, Expediente 16954, C. P. Héctor J. Romero Díaz.

(49) Expediente 17909, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(50) Ibídem.

(51) Sentencia 16445 del 15 de abril de 2010, C. P. (E) Martha Teresa Briceño de Valencia.

(52) Sentencia de 10 de febrero de 2011, Expediente 17909, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(53) Ibídem.

(54) Que resulta de restar del total saldo a favor determinado por la actora ($6.845.354.000) el total saldo a favor determinado por la DIAN ($5.866.241.000) y la sanción por inexactitud determinada en los actos liquidatorios frente a los cuales la Sala negó las pretensiones de la demanda ($6102.531.000).