Sentencia 2007-00070 de diciembre 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 050012331000-2007-00070-01 (20863)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Demandante: Joaquín Ananías Builes Gómez

Demandado: municipio de Medellín

Temas: impuesto predial vigencias 2005 y 2006. Naturaleza de la factura expedida por el municipio de Medellín por concepto de impuesto predial. Procedencia de la liquidación del tributo por omisión en el pago de la factura. Liquidación del impuesto predial teniendo en cuenta la tarifa especial y la base gravable determinada para uno de los predios en discusión. Reliquidación del tributo y devolución del saldo a favor.

Bogotá D.C., trece de diciembre de dos mil diecisiete.

Sentencia segunda instancia

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia de 17 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquía, que dispuso:

“1. DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución 4789 de abril 17 de 2006 proferida por la subsecretaría de rentas y de la 18-691 de 12 de septiembre de 2006 emanada de la Secretaría de Hacienda ambas dependencias del municipio de Medellín.

2. SE ORDENA al municipio de Medellín la devolución de la suma de cuarenta y ocho millones ochocientos ochenta y nueve mil ciento diecinueve pesos m/cte. ($48.889.119) a favor del señor Joaquín Ananías Builes Gómez, solo en caso de que efectivamente hubiesen sido pagados por el demandante, los cuales se devolverán debidamente indexados, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Además, se deberá dar cumplimiento a esta sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA.

3. Sin condena en costas.

4. (...)”.

1. Antecedentes.

1. Hechos de la demanda.

Mediante la Resolución 4789 de 17 de abril de 2006, el municipio de Medellín liquidó y fijó en $231.495.905 el debido cobrar a cargo del señor Joaquín Ananías Builes Gómez, por concepto de impuesto predial de los años 2005 y 2006, incluidos los intereses moratorios, correspondiente a los predios identificados con las matrículas inmobiliarias 61363, 87762, 89839, 124243, 201239, 201240, 201244, 227989, 253131, 253136, 557417 y 557427(1).

Acto administrativo que se confirmó con la Resolución SH 18-691 de 12 de septiembre de 2006(2).

2. Pretensiones.

Las pretensiones de la demanda son las siguientes:

“a) Declárese la nulidad de la Resolución 4789 de abril 17 de 2006, proferida por la subsecretaría de rentas del municipio de Medellín y su confirmatoria la Resolución SH 18-691 de septiembre 12 de 2006 emanada del señor secretario de hacienda, mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto oportunamente por el demandante frente a la primera, por medio de la cual se “liquidó el debido cobrar a Joaquín Ananías Builes Gómez, identificado con cédula de ciudadanía 6.855.304 de Montería, código del contribuyente 1035415000, la suma de $231.495.905 por concepto de impuesto predial, sobretasas metropolitana y ambiental e intereses moratorios causados por vigencias 2005 y 2006, de los predios identificados con matrículas: 61363, 87762, 89839, 123243, 201239, 210240, 201244, 227989, 253131, 253136, 557417, (sic) 557427” (resaltos fuera de texto).

b) Como consecuencia de las anteriores declaraciones y con el objeto de obtener el restablecimiento a sus derechos, se condene al municipio de Medellín a adecuar el debido cobrar respecto de tal tributo relacionado con los inmuebles propiedad del demandante, teniendo en cuenta lo realmente adeudado por el demandante por concepto del impuesto predial unificado, sobretasas e intereses causados en las vigencias anteriores a los años 2005 y 2006, para lo cual se deberá descontar las sanciones e intereses de años anteriores que se continuó cargando en el acto de liquidación y que se siguió incrementando hacia el futuro, causados por efecto de los actos administrativos cuya nulidad se depreca, modificándose de esta forma su obligación fiscal.

c) De igual forma, condénese al demandado a efectuar la devolución al demandante de las sumas cobradas en exceso por concepto de impuesto predial unificado, sobretasas e intereses de mora en virtud de tales actos, obligándolo a cubrir lo no debido.

d) Condénese al pago de todos los demás perjuicios que se encuentren demostrados dentro del proceso y su consecuente condena a la reparación de los mismos.

e) Ordénese el cumplimiento a la sentencia por parte de la demandada, en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del CCA.

d) (sic) Condénese en costas y agencias en derecho” (subraya de la parte demandante).

3. Normas violadas y concepto de la violación.

El demandante citó como normas violadas los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 16, 29, 58, 90, 93, 94, 121, 123 inciso 2º y 238 de la Constitución Política; 2º, 3º, 14, 28, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 47, 18, 50, 58, 62, 64, 66, 69, 73, 74, 81, 85, 132, 135, 136, 138, 139, 152, 176, 177, 178, 206 y ss., del Código Contencioso Administrativo y 16 y 29 del Acuerdo 57 de 2003.

Adicionalmente, invocó la violación de las leyes 1066 de 2006 y 24 de 1968, así como del Decreto 11 de 2004.

3.1. Cobro de vigencias anteriores a los años 2005 y 2006.

En los actos administrativos demandados, el municipio de Medellín está cobrando el impuesto predial correspondiente a vigencias anteriores a los años 2005 y 2006, concretamente, de los años “2002 y anteriores, 2003 y 2004”, respecto de los que, con fundamento en la Resolución 77 de 17 de diciembre de 2004, se inició el proceso de cobro coactivo en el Juzgado Segundo de la unidad de cobro coactivo de la subsecretaría de tesorería de la Secretaría de Hacienda del citado municipio.

Esto se desprende de la respuesta que el profesional universitario del citado juzgado le dio al Oficio UJ-820 del 28 de agosto de 2006, suscrito por el líder [del] programa jurídico de la Secretaría de Hacienda de Medellín(3).

3.2. No se tuvo en cuenta la situación particular de cada inmueble.

3.2.1. Inmuebles con matrículas inmobiliarias 001-171435 y 001-258140. Estos inmuebles fueron vendidos por el señor Builes Gómez mediante la escritura pública 2037 de 31 de mayo de 1992, pese a lo cual, la administración le continúo cobrando el impuesto predial respecto de los mismos.

El Juzgado Segundo de la unidad de cobro coactivo de la subsecretaría de tesorería de la Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín, al constatar esta situación, profirió auto de 15 de septiembre de 2004, dejando sin efecto las actuaciones de cobro coactivo adelantado contra el contribuyente, que fuera iniciado con fundamento en la Resolución 291 de 16 de mayo de 2003.

Por esto, la administración dejó de facturar el impuesto correspondiente a estos bienes a partir del cuarto trimestre de 2004, pero, en la liquidación del debido cobrar que se discute, no tuvo en cuenta la incidencia del citado auto, a efectos de compensar o devolver lo injustamente pagado.

Lo anterior, conduce a la falsa motivación de la actuación administrativa demandada en esta oportunidad.

3.2.2. Inmueble con matrícula inmobiliaria 001-0061363. Mediante el acta 7 de 4 de julio de 2006, expedida por el secretario de hacienda del municipio de Medellín, se autorizó la expedición del paz y salvo en relación con dicho inmueble, porque se constató que el demandante “cubrió” la suma de $330.223.535, por concepto de impuesto predial al tercer trimestre del año 2006.

Es decir, para la fecha en la que se expidieron los actos administrativos demandados en este proceso, la situación, respecto de la deuda a cargo del contribuyente, había variado en virtud de dicho pago.

3.2.3. Inmueble con matrícula inmobiliaria 001-00227989. Con la Resolución SH 18-537 de 2000, la Secretaría de Hacienda municipal de Medellín le reconoció a dicho inmueble el tratamiento especial, consistente en aplicar, a partir del segundo trimestre del año 2001 y hasta el año 2008, la tarifa del dos por mil (2 X 1000) para la liquidación del impuesto predial.

Tarifa que no fue tenida en cuenta por la administración, tal como se desprende del Oficio SRH 1241 de 3 de mayo de 2006, expedido con posterioridad a la Resolución 4789 de 17 de abril de 2006, demandada en esta oportunidad.

La actuación demandada está viciada de nulidad por falsa motivación, porque en la Resolución SH 18691 de 12 de septiembre de 2006 (demandada), que decidió en reconsideración, se afirmó que sí se había dado cumplimiento a lo previsto en la Resolución SH 18-537 de 2000, razón por la cual, no había lugar a realizar cambio alguno en el acto primigenio.

Este inmueble también fue objeto de doble facturación, con la matrícula indicada y con otra ficticia (900135089), error que ocurrió por nueve (9) años y que fue reconocido por la administración en la Resolución 8446 de 13 de octubre de 1999, que ordenó corregir la situación a partir del primer trimestre de 1990, por esto, el contribuyente no estaba obligado a pagar esas sumas.

3.3. Doble cobro de la deuda.

Mediante la facilidad de pago 930.000.000.464 de 7 de julio de 2006, el municipio de Medellín le concedió al contribuyente facilidad para el pago de $164.947.588, correspondiente al impuesto predial facturado hasta el tercer trimestre de 2006.

Es decir, si en esta facilidad de pago se tuvo en cuenta todo lo adeudado hasta el momento del abono (6 de julio de 2006), se concluye que en el proceso de cobro coactivo se arrastró todo lo que se iba causando durante el trámite del correspondiente proceso, lo que incluye, las vigencias de 2005 y 2006, en discusión en este proceso, lo que conduce al doble cobro del tributo por un mismo concepto.

3.4. Silencio administrativo positivo.

A pesar de que se alegó en vía gubernativa, la administración, al resolver el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución 4789 de 17 de abril de 2006, demandada en este proceso, no tuvo en cuenta que se configuró el silencio administrativo positivo por omisión en la resolución del recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución 468 de 22 de mayo de 2002, por la que se liquidó y fijó un debido cobrar (no se especificó respecto de qué vigencias y predios).

3.5. Saneamiento contable de entidades del Estado, prescripción y exigibilidad del pago.

El municipio de Medellín desconoció que el contribuyente solicitó la aplicación de la Ley 716 de 2001, que se refiere al saneamiento de la información contable del sector público.

De esta manera, la administración debió declarar de oficio la prescripción de la acción de cobro, con el fin de depurar los correspondientes valores contables.

A su vez, los actos administrativos demandados desconocieron que el artículo 18 del Acuerdo 57 de 2003 señala que a partir del día siguiente a la fecha en la que la factura de cobro establece el límite para el pago sin recargo, se hace exigible el tributo.

Que es la misma a partir de la cual se debe empezar a contar el término de prescripción de la acción de cobro (D. 710/2000, art. 270 y Ac. 57/2003, arts. 16 y 17), porque con esta factura, la administración liquida el tributo con cargo al contribuyente.

3.6. Liquidación oficial de obligación sometida a un plazo no vencido.

El artículo 16 del Acuerdo 57 de 2003 señala que solo cuando haya transcurrido el término de un año, sin que el contribuyente pague las facturas correspondiente[s] a ese periodo, la administración puede expedir la liquidación oficial.

En el caso concreto, la liquidación demandada se profirió cuando aún no había transcurrido la vigencia completa del año 2006, además, tampoco se había notificado la Resolución 77 de 2004, con la que el Juzgado Segundo de cobro coactivo inició el proceso de cobro.

Lo anterior torna ineficaz la actuación demandada y conduce a la prescripción de la obligación de los saldos que se pretenden exigir con el acto de liquidación.

3.7. Reliquidación del crédito.

En virtud del penúltimo inciso del artículo 7º de la Ley 1066 de 2006 (normalización de cartera), al que se acogió la parte actora, se debió realizar la reliquidación del crédito, teniendo en cuenta como abono lo pagado con el fin de obtener la facilidad de pago.

El pago total de la obligación por concepto del impuesto, conduce a que se beneficie de una cuarta parte de la tasa de interés moratorio vigente al momento en el que se cubre la obligación, que se liquida sobre el saldo pendiente.

Por “la fuerza de esta situación, se [vio] compelido” al pago de lo ilegalmente facturado, sin que a la fecha se le haya entregado la liquidación que refleje dicho beneficio, pese a que obra requerimiento en ese sentido, mediante radicado 2723 de 24 de noviembre de 2006.

De ninguna manera, el pago realizado implica que se deba renunciar al reclamo de su derecho, pensar lo contrario, conduciría a un enriquecimiento injusto por parte de la administración.

3.8. Violación de los principios de justicia, favorabilidad, de buena fe y los previstos en el artículo 209 de la C.P. Desconocimiento del debido proceso y del derecho de petición.

Con la actuación demandada, los funcionarios del municipio de Medellín desconocieron que su actuación debe estar regida por el principio de justicia previsto en el artículo 2º del Decreto Municipal 11 de 2004, que prohíbe que al contribuyente se le exija contribuir con las cargas públicas más allá de lo que legalmente le corresponde.

También se desconoció el derecho de petición, porque la administración omitió resolver reiteradas solicitudes de la parte actora, con las que se pretendía que se tuvieran en cuenta los actos administrativos emitidos por el municipio de Medellín, que le favorecían, lo que a su vez, conduce a la violación del debido proceso.

Adicionalmente, el debido proceso se vulneró (i) por la indebida valoración de los medios de prueba aportados en la actuación administrativa y los que obraban en poder de la administración y (ii) por la omisión de declarar de oficio la prescripción de la obligación.

El principio de favorabilidad no fue aplicado en la actuación demandada, según el cual, la duda por vacíos probatorios se debe resolver a favor del contribuyente.

El principio de buena fe, que se presume en todas las gestiones que los particulares adelantan ante la administración, no se desvirtúa con la simple afirmación que el solicitante no demostró el sustento de su petición (Sent. T-475/92).

Los principios previstos en el artículo 209 de la C.P. se desconocieron en este caso concreto, porque los funcionarios del municipio de Medellín modificaron de manera unilateral lo otorgado mediante otro acto emanado de esa misma administración, “como el establecimiento de las mismas tarifas y avalúos entre predios iguales”(4).

3.9. Falsa motivación.

La motivación como elemento de eficacia y validez de los actos administrativos debe ser seria, adecuada o suficiente, y estar íntimamente relacionada con la decisión.

Cuando esa expresión de los motivos contiene irregularidades que impliquen el desconocimiento de los principios esenciales del derecho administrativo, como el de legalidad, ya sea por el desconocimiento de las normas aplicables, por la valoración equivocada de los hechos “existentes” o por la falta de apreciación de actos administrativos que se presumen legales, en especial, aquellos que reconocen derechos a los contribuyentes, se incurre en falsa motivación, que vicia de nulidad la actuación de la administración.

4. Contestación de la demanda

El municipio de Medellín propuso la excepción de falta de legitimación material del actor para promover la acción, porque la parte actora no probó que con la actuación de la administración se le haya causado afectación.

Por el contrario, está probado que el demandante pagó de manera voluntaria $330.223.525 y suscribió una facilidad para el pago de las obligaciones fiscales por concepto del impuesto predial facturado hasta el tercer trimestre de 2006, por $164.947.588, motivo por el cual, por ese impuesto y respecto de ese periodo, no se registra deuda a su cargo, resultando improcedente que se pretenda la devolución de un pago que, se repite, se hizo de manera voluntaria.

Destacó que en aplicación de lo previsto en los artículos 819 del E.T. y del 160 del Decreto 11 de 2004(5), lo pagado por concepto de una obligación prescrita no se puede compensar ni devolver.

No es cierto que se esté generando un doble cobro, porque la Resolución 77 de 2004 se refiere a las vigencias de 2002 y anteriores, 2003 y 2004, a diferencia de lo que ocurre con el acto administrativo demandado, que se relaciona con las vigencias 2005 y 2006.

Con el Oficio SRH 1356 de 14 de febrero de 2005, contrario a lo sostenido por el demandante, la administración le resolvió todas las objeciones propuestas en torno a la liquidación del impuesto predial.

Además, con el Oficio SHR 3015 de 5 de septiembre de 2006, se le informó al demandante que al darle aplicación a las resoluciones 8446 de 1999, SH-18537 de 2000 y AC-7352 de 2003, respecto del inmueble con matrícula inmobiliaria 227989, se generó una nota débito por $92.440.476 y una nota crédito por $38.553.226.

Con posterioridad, se hizo un ajuste reliquidando dicho predio desde el cuarto trimestre de 1998 al segundo trimestre de 2006 y, en consideración con lo previsto en la Resolución SH 18-537 de 2000, se generó una nota crédito por $139.582.035.

Por lo anterior, la suma determinada en la resolución demandada no sufre cambio alguno, en la medida en que lo cobrado por concepto del inmueble con matrícula inmobiliaria 227989, resultó de aplicar lo resuelto en los actos administrativos señalados con anterioridad.

En lo relacionado con el silencio administrativo positivo, el saneamiento contable y la prescripción de la acción de cobro, asuntos referidos en la demanda, advirtió que estos son ajenos a la presente controversia, en la medida en que sobre los mismos se ocupó la Resolución SH 18-312 de 2004, que no fue objeto de control jurisdiccional.

Por otra parte, puso de presente que en la medida en que con la factura no se determina el tributo, esta no constituye un acto administrativo susceptible de control, como tampoco un título ejecutivo. Se trata de un documento por el que se informa el monto de una obligación.

Respecto de la prescripción de la acción de cobro, aclaró que la norma aplicable es el artículo 817 del E.T., según el cual, la acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en cinco (5) años, contados, para el caso concreto, a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo de determinación del tributo, en este caso, de la Resolución 4789 de 2006.

Además, la prescripción para efectos del proceso de saneamiento contable no puede ser aplicada como lo pretende la parte actora, porque la fecha que se pone en las facturas para el pago “sin recargo hasta” y “con recargo hasta”, no tiene que ver con la exigibilidad del tributo, sino con el plazo que la administración le otorga al administrado para que pague con o sin recargo. Lo anterior, porque la exigibilidad surge con la ejecutoria del acto de determinación del tributo.

Tal como funciona la facturación en el municipio de Medellín es imposible que se predique la prescripción de las obligaciones en materia de impuesto predial, porque siempre se está notificando la deuda actualizada.

No es cierto que la resolución demandada carezca de motivación, porque los motivos corresponden a los supuestos de hecho y de derecho que tuvo en cuenta el funcionario para expedir el correspondiente acto.

Durante el trámite administrativo, el contribuyente gozó de garantías y de la oportunidad de contradecir la actuación de la administración municipal.

Por último, informó que el demandante, por la misma cuantía y por la misma pretensión —prescripción de la acción de cobro—, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Juzgado 16 Administrativo del Circuito de Medellín, con número de radicado 2006-00174.

5. Sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la sentencia de 17 de mayo de 2013, declaró la nulidad parcial de los actos demandados y ordenó la devolución de la suma de $48.889.119, “solo en caso de que efectivamente hubiesen sido pagados por el demandante”.

En primer lugar, se refirió a la excepción propuesta por el municipio demandado, que denominó falta de legitimación material en el actor para promover la acción, que fundamentó en el hecho que no se evidencia que se le haya causado afectación con la actuación de la administración (carencia de objeto en la litis).

Al respecto, el tribunal advirtió que la legitimación de la parte actora está establecida por la relación surgida entre el contribuyente y la administración, a partir de los actos administrativos demandados. Cuestión diferente es que haya lugar al derecho reclamado, materia que es objeto de estudio en el fondo del asunto.

En relación con las pruebas que obran en el expediente, precisó que los documentos valorados como plena prueba corresponden a los aportados por las partes en original y a los entregados con ocasión de los exhortos librados por el tribunal. En otras palabras, le restó valor probatorio a las copias simples de los documentos que obran en el expediente.

Al analizar el dictamen pericial decretado y practicado en esa instancia, destacó que el auxiliar de la justicia analizó cuatro (4) predios, de los cuales, solo dos (2) aparecen relacionados en la Resolución 4789 de 2006, demandada, vale decir, los identificados con las matrículas inmobiliarias 00061363 y 00227989(6).

En lo que tiene que ver con el predio identificado con la matrícula inmobiliaria 00061363, el a quo acogió la conclusión expuesta por el perito, según la cual, la administración liquidó el impuesto sobre el 50% del avalúo total; por lo tanto, no se generó saldo a favor.

En relación con el predio identificado con la matrícula inmobiliaria 00227989, el tribunal advirtió que el perito realizó un estudio desde del año 1997 hasta el año 2006, encontrando saldos a favor del contribuyente desde el segundo trimestre de 2001, por la suma total de $48.889.119, incluido capital e intereses de mora.

Por lo anterior, consideró “acreditado el doble pago” y ordenó la devolución de dicha suma, en la medida en que la prueba pericial no se objetó y, por ende, se constituyó en “prueba reina”.

Respecto de los demás predios indicados en el acto administrativo demandado, concluyó que la parte actora no desvirtuó la presunción de legalidad del acto, a pesar de que le correspondía la carga de la prueba.

6. Recursos de apelación.

6.1. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, por las siguientes razones:

El tribunal omitió valorar todas las pruebas documentales aportadas al expediente, amparado en una indebida interpretación del artículo 252 del CPC y desconociendo el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, imponiendo un exceso ritual que conduce al desconocimiento del debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.

A su vez, no ejerció el poder oficioso que en materia probatoria le asiste, para cumplir con el deber de buscar la verdad real.

Es cierto que en la resolución demandada no se hizo mención a los bienes identificados con las matrículas inmobiliarias 171435 y 258140, pero, no se puede obviar que la facturación realizada sobre dichos bienes tiene relación con la falta de adecuación del debido cobrar demandado. Este fue uno de los argumentos expuestos en el recurso de reconsideración que dio lugar a la Resolución SH 18-691 de 2006.

En efecto, la venta de los citados predios se realizó el 31 de mayo de 1992, es decir, desde esa fecha se tenía que modificar el saldo de la cuenta, pero, la descarga se realizó en septiembre de 2004, sin la compensación correspondiente, por las sumas pagadas con anterioridad, desconociendo la administración sus propios actos, en los que se reconoció el error en el que había incurrido.

Por lo anterior, con el fin de adecuar el debido cobrar, resultaba necesario hacer el estudio que hizo el perito, para determinar las sumas que por impuesto e intereses, en relación con dichos predios, se arrastraron en los actos demandados.

Conforme con el dictamen pericial, respecto de dichos predios, existe un saldo a favor por impuesto e intereses de $65.100.980 para el predio con matrícula inmobiliaria 001-171435 y de $102.657.098 para el predio con matrícula inmobiliaria 001-258140.

Por otra parte, el tribunal no tuvo en cuenta el artículo 16 del Acuerdo 57 de 2003, que consagra que solo cuando haya transcurrido un año sin que el contribuyente pague las facturas correspondientes a ese periodo, la administración puede expedir la correspondiente liquidación oficial.

Además, no advirtió que el contribuyente realizó un pago el 6 de julio de 2006, es decir, antes de que se expidiera el acto que decidió el recurso de reconsideración contra el debido cobrar demandado, lo que ameritaba que se modificara dicho acto, so pena de incurrir en el doble cobro del tributo.

De igual manera se debió considerar que en la facilidad de pago se liquidó todo lo adeudado por el demandante hasta la fecha de su expedición (7 de julio de 2006), por todos los bienes.

Si lo que se solicita es la devolución de lo pagado sin causa legal, contrario a lo sostenido por el tribunal, la parte actora no debió solicitar aclaración u objetar el dictamen pericial, porque lo que se discute es el arrastre de saldos de vigencias anteriores al 2005 y 2006.

En este caso se configuró la prescripción de la acción de cobro de los saldos supuestamente adeudados con fundamento en las resoluciones 468 de 2002 y 77 de 2004.

Respecto del inmueble con matrícula inmobiliaria 001-00227989, el tribunal omitió señalar la fecha hasta la que se liquidó el saldo a devolver al demandante y ordenar que se actualizara al momento del pago, en los términos señalados en el dictamen.

También obvió el pago realizado por $330.223.535 y, en consecuencia, reconocer que el demandante pagó sin causa legal $216.647.197(7), suma en la que están incluidos los $48.889.119 reconocidos en la sentencia.

Por otra parte, puso de presente que se omitió aplicar la Ley 1066 de 2006 y, en consecuencia, declarar de oficio la prescripción de la acción de cobro por algunos de los saldos contenidos en la liquidación demandada.

Concluyó que se debió reliquidar el crédito teniendo en cuenta como abono lo pagado para acceder a la facilidad de pago, así como el beneficio del pago de la cuarta parte.

6.2. El municipio de Medellín, en el recurso de apelación, manifestó que el análisis que hizo el perito con relación al predio con matrícula inmobiliaria 001-00227989, no tuvo en cuenta que mediante las resoluciones SH 18-537 de 2000, 8446 de 1999 y AC 7352 de 2003, la administración le hizo unos ajustes a la liquidación del impuesto predial por dicho predio, razón por la cual, no es acertado acoger las conclusiones expuestas por el auxiliar de la justicia y, menos aún, ordenar la devolución de un saldo que no se le adeuda al contribuyente.

Insistió en que en este caso se configuró la excepción de falta de legitimación material en el actor para promover la acción, porque no se evidencia la afectación que se le haya causado con la actuación de la administración (carencia de objeto en la litis).

Al realizar el pago voluntario, el contribuyente no tiene deudas con el municipio de Medellín, por concepto del impuesto predial unificado.

Además, conforme con los artículos 819 del E.T. y 160 del Decreto 11 de 2004 (estatuto de Medellín), el pago de la obligación prescrita no se puede compensar, ni devolver.

Respecto de los predios identificados con las matrículas inmobiliarias 171435 y 258140, precisó que se revisó el debido cobrar a cargo del demandante y que dichos predios se descargaron en el tercer trimestre de 2004, a raíz de la compraventa hecha el 28 de agosto de 2004, por esta razón, para el cuarto trimestre de ese mismo año se refleja una disminución del valor facturado por concepto de impuesto predial.

Por lo anterior, constituye una imprecisión del perito y del tribunal concluir que se le debe devolver al contribuyente una suma de dinero que este no ha pagado, porque en el pago realizado el 7 de julio de 2006, no están incluidos dichos inmuebles.

Adicionalmente, no se puede perder de vista que lo que se demanda en este proceso es la legalidad de la Resolución 4789 de 2006, que fijó el debido cobrar al demandante, por concepto de impuesto predial, sobretasas e intereses moratorios, por las vigencias 2005 y 2006, y en cuantía de $231.495.905.

En lo que tiene que ver con los intereses de mora, afirmó que resulta aplicable los previsto en los artículos 88 de la Ley 14 de 1983, 260 del Decreto 1333 de 1986, 634 y 635 del E.T.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia.

La parte demandante guardó silencio.

El municipio de Medellín reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y agregó que la carga de la prueba para controvertir la legalidad de los actos administrativos demandados recae en la parte actora.

8. Concepto del Ministerio Público.

El Ministerio Público solicitó que se revoque la sentencia apelada y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

Explicó que en el municipio de Medellín se estableció el sistema de facturación para el pago del impuesto predial, es decir, el contribuyente no está obligado a presentar declaración.

En este sentido, el debido cobrar expedido por la administración constituye una liquidación oficial de revisión, que conforme con el procedimiento señalado en el E.T., aplicable por remisión expresa del artículo 66 de la Ley 383 de 1997, debe estar precedida por un requerimiento especial.

En el presente caso, la administración omitió expedir el requerimiento especial, previo a la liquidación del tributo, lo que conduce a la violación del debido proceso y, por ende, a la nulidad de los actos administrativos demandados.

Aclaró que solo se puede decretar la nulidad de la actuación, pero, no es posible mantener la devolución ordenada por el tribunal, porque no existe certeza sobre la suma a devolver.

2. Consideraciones de la Sala.

2.1. Cuestiones previas.

2.1.1. La excepción propuesta por el municipio de Medellín.

El municipio de Medellín, con ocasión del recurso de apelación, insistió en la procedencia de la excepción de “falta de legitimación material en el actor para promover la acción”, porque no se evidencia que se le haya causado afectación a la parte actora con la actuación demandada (carencia de objeto en la litis).

Al respecto, la Sala advierte que el hecho que el municipio demandado no “evidencie” la “afectación” que pudo sufrir la parte actora con la expedición de los actos administrativos demandados, no conduce a que se le desconozca su derecho de acción, que no puede confundirse con la prosperidad de la pretensión(8).

Es preciso recordar que la legitimación en la causa por activa se refiere a la posibilidad que, en este caso, la parte actora, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del CCA (medio de control del art. 138 CPACA), formule la pretensión de nulidad del acto administrativo que le liquidó el impuesto predial por los periodos en discusión y que como consecuencia de dicha declaración se le restablezca su derecho. Pero, adicionalmente, en virtud de dicha norma, también puede solicitar la reparación del daño que se le haya causado.

El hecho [de] que para el municipio demandado las pretensiones de la demanda no tengan vocación de prosperidad, no afecta la relación jurídica sustancial que existe entre las partes en litigio y el interés en este.

Por esta razón, se descartan los argumentos expuestos por el municipio demandado para que prospere la excepción propuesta.

2.1.2. Delimitación del tema objeto de estudio.

En esta oportunidad, la parte actora atacó la legalidad de la Resolución 4789 de 17 de abril de 2006, por la que el municipio de Medellín liquidó y fijó en $231.495.905 el debido cobrar a cargo del señor Joaquín Ananías Builes Gómez, por concepto de impuesto predial de los años 2005 y 2006 (primer y segundo trimestre), incluidos los intereses moratorios, correspondiente a los predios identificados con las matrículas inmobiliarias 61363, 87762, 89839, 124243, 201239, 201240, 201244, 227989, 253131, 253136, 557417 y 557427(9). Acto administrativo que se confirmó con la Resolución SH 18-691 de 12 de septiembre de 2006(10).

Es decir, lo que le corresponde a esta jurisdicción es determinar si la liquidación del impuesto predial contenida en dichos actos administrativos se ajusta a derecho.

De antemano se aclara que no es posible analizar la liquidación de dicho impuesto —debido cobrar—, por periodos anteriores, porque está contenida en los actos administrativos que son diferentes a los demandados en este proceso, así:

Nº. de resoluciónPeriodo gravableInmuebles objeto del tributoTotal
liquidado
(11)
468 de 22 de mayo de 2002(12)1999 y anteriores, 2000, 2001 y 200261363, 87762, 89839, 124243, 171435, 201239, 201240, 201244, 227989, 253131, 253136 y 258140$297.049.671
291 de 6 de mayo de 2003(13)2001 y anteriores, 2002 y 200361363, 87762, 89839, 124243, 171435, 201239, 201240, 201244, 227989, 253131, 253136 y 258140$391.610.941
77 de 23 de diciembre de 2004(14)200461363, 87762, 89839, 124243, 201239, 201240, 201244, 227989, 253131 y 253136$380.399.430

2.2. Problemas jurídicos.

En los términos de los recursos de apelación, le corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos:

En materia procesal: (i) ¿se deben valorar las pruebas documentales aportadas al expediente en copia simple? y (ii) en el caso concreto, [¿]la prueba pericial constituye plena prueba?

Respecto del fondo del asunto: (i) ¿qué naturaleza tienen las facturas expedidas en el municipio de Medellín por concepto de impuesto predial y para el caso concreto?, (ii) ¿se podía expedir la liquidación por el impuesto predial del año 2006, a pesar de no haber expirado el plazo concedido para el pago trimestral del mismo y no haber transcurrido el término de un año previsto en el artículo 16 del Acuerdo 57 de 2003?, (iii) ¿en los actos administrativos demandados se liquidó en debida forma el impuesto predial por los años 2005 y 2006? y (iv) ¿la parte actora tiene derecho a la devolución de alguna suma de dinero?

2.3. Valoración de los documentos aportados en copia simple al expediente y del dictamen pericial decretado y practicado en el curso de la primera instancia.

2.3.1. Atendiendo el precedente de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación(15), que unificó la jurisprudencia en relación con el valor probatorio de las copias simples, en esta oportunidad serán apreciadas y valoradas las copias simples aportadas al expediente dentro de la oportunidad legal(16), porque no fueron tachadas de falsas por la contraparte(17).

2.3.2. Respecto del dictamen pericial(18), es oportuno aclarar que como cualquier otro medio de prueba, este debe ser apreciado y valorado por el juez, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y teniendo en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso(19), contando con la posibilidad de apartarse de las conclusiones que arroje, de manera motivada.

En el caso concreto, las conclusiones expuestas por el auxiliar de la justicia en el dictamen pericial aportado al expediente, no pueden ser tenidas en cuenta para resolver el fondo del asunto, porque: (i) en esta prueba se hizo un análisis de predios que resultan ajenos a los actos administrativos demandados(20) y (ii) en uno los predios que interesa en este asunto(21), se concluyó que el “Municipio de Medellín se excedió en los cobros por un valor de: $45.235.573, por concepto de capital y $3.653.546 por concepto de intereses de mora, para un saldo a favor de: $48.889.119”, suma que surge del análisis de la liquidación del tributo y de los pagos imputados a los años 1997, 1988, 2001 (segundo a cuarto trimestre), 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, que sobrepasa el objeto de la litis, que se contrae a la liquidación de los años 2005 y 2006, motivo más que suficiente para que no pueda ser tenido en cuenta como plena prueba.

2.3.3. Por lo expuesto, se concluye que contrario a lo afirmado por el tribunal en la sentencia apelada: (i) los documentos aportados al expediente dentro de la oportunidad lega[l] y en copia simple, deben ser valorados como prueba, porque no fueron tachados de falsos por la contraparte y (ii) no es acertado darle la connotación de “prueba reina” al dictamen pericial decretado y practicado en el curso de la primera instancia, porque las conclusiones expuestas por el auxiliar de la justicia surgieron del análisis de la liquidación del tributo por periodos y predios que resultan ajenos a la litis.

2.4. La naturaleza de las facturas expedidas por el municipio de Medellín en relación con el impuesto predial.

2.4.1. En algunos casos, la Sección Cuarta del Consejo de Estado le ha reconocido la naturaleza de acto administrativo a la factura que se expide por concepto de impuesto predial(22).

En relación con el municipio de Medellín, en la sentencia de 2 de agosto de 2017(23), se le dio la connotación de acto administrativo de liquidación del tributo al documento de cobro del impuesto predial(24).

En esa oportunidad, se discutió la legalidad del documento de cobro —factura—.

2.4.2. Por otro lado, en la sentencia de 2 de marzo de 2017, esta Sección afirmó que las facturas expedidas en los términos del artículo 16 del Acuerdo 57 de 2003(25), constituyen actos de trámite(26).

2.4.2.1. Al respecto, es necesario precisar que conforme con esta norma, “[i]nicialmente, el valor del impuesto predial unificado se cobrará al propietario y/o poseedor por la totalidad de los predios, a través del sistema de facturación, conforme al avalúo catastral resultante de los procesos catastrales” (negrilla de la Sala).

Pero, “[c]uando el contribuyente no cancele las facturas correspondientes a un año, corresponderá a la subsecretaría de rentas municipales expedir acto administrativo que constituirá la liquidación oficial del tributo” (negrilla fuera del texto original), “acto liquidatorio”, contra el que procede el recurso de reconsideración.

2.4.2.2. Es decir, si el contribuyente no paga la factura emitida por la administración por concepto de impuesto predial, en acatamiento de lo previsto en el artículo 16 del Acuerdo 57 de 2003, al municipio de Medellín le corresponde proferir el acto administrativo por el que se liquida el tributo, que equivaldría al de determinación, contra el que el contribuyente puede ejercer el derecho de defensa y de contradicción mediante el recurso de reconsideración.

2.4.2.3. En el caso concreto, el municipio de Medellín, conforme con la norma en cita, profirió el acto de determinación del tributo, porque las facturas emitidas por los años en discusión no habían sido pagadas por el contribuyente.

2.4.2.4. Este acto de liquidación(27) emitido por el municipio de Medellín debe referirse a un periodo determinado y, adicionalmente, debe cumplir los requisitos de todo acto administrativo, entre otros, la motivación, pero, contrario a lo afirmado por el agente del Ministerio Público, no debe estar precedido de un requerimiento especial(28), porque si en el municipio no está previsto el deber formal de declarar de manera voluntaria el impuesto predial, es forzoso concluir que en la determinación y liquidación de este tributo no es aplicable el procedimiento previsto para la expedición de la liquidación oficial de revisión, que presupone la presentación de una declaración privada y la expedición de un requerimiento especial con el que la administración conmina al contribuyente para que modifique su liquidación.

2.4.2.5. En este orden de ideas, se concluye que en casos como el presente, en el que se aplica el artículo 16 del Acuerdo 57 de 2003, la factura emitida por la administración no constituye el acto de determinación del tributo, porque: (i) está prevista como una actuación anterior al acto de liquidación, que en este caso se surtió y (ii) en su contenido, se refleja la suma que es objeto de cobro por concepto del impuesto predial, que se hace de manera trimestral, en relación con un impuesto que es anual y, adicionalmente, se indican otras sumas, que también son objeto de cobro, por saldos vencidos de otros periodos, lo que denota el carácter informativo de este documento.

2.4.2.6. De esta manera, la naturaleza de esta factura se asimila más a una cuenta de cobro o documento de cobro que refleja la obligación fiscal a cargo de un contribuyente, con un corte trimestral al que se arrastran las deudas anteriores, es decir, que la obligación que registra el sistema de la administración está siendo constantemente actualizada mediante la factura, por esa razón no puede ser un acto impugnable.

2.5. Procedencia de la liquidación del impuesto predial por el año 2006.

2.5.1. El artículo 16 del Acuerdo 57 de 2003 señala que “[c]uando el contribuyente no cancele las facturas correspondientes a un año, corresponderá a la subsecretaría de rentas municipales expedir acto administrativo que constituirá la liquidación oficial del tributo”.

2.5.2. Para la Sala, la norma en cita se refiere al periodo fiscal del impuesto predial unificado que es anual (comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de cada año), sin que se pueda pasar por alto que la causación de este tributo se configura al 1º de enero, independientemente que su cobro, facturación o pago se haga de manera trimestral.

2.5.3. Por eso, a partir del 1º de enero de cada año, la administración puede exigir el pago del impuesto predial en su totalidad, porque este ya se causó —no es vigencia vencida—. Tanto es así, que si se enajena el inmueble, a pesar de haberse fraccionado su pago por trimestres, para poder elevar la escritura pública, entre otros requisitos, se exige que el bien inmueble esté a paz y salvo por concepto de dicho tributo, incluido el año de la venta, precisamente, en consideración a la fecha de causación del impuesto predial.

2.5.4. No es válida la interpretación que la parte actora hace del artículo 16 del Acuerdo 57 de 2003, en el sentido de que pasado un año sin que el contribuyente pague las facturas correspondiente a una vigencia fiscal, la administración puede expedir la liquidación oficial, porque dicha interpretación no consulta el sentido útil de la misma, que no es otro que después de causado el impuesto predial (1º de enero de cada año), la administración, ante la ausencia de pago del tributo, ejerza las funciones que le han sido asignadas para precaver por el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias.

2.5.5. Refuerza lo anterior, el hecho que, como lo ha sostenido esta Sala, para efectos del término de prescripción de la acción de cobro, “cuando se adopta el sistema de facturación por la propia autoridad tributaria, tanto la factura o cuenta de cobro, así como el acto de determinación y el proceso de cobro deben surtirse en un plazo no mayor a cinco (5) años contados a partir de la fecha en que el impuesto se hizo exigible”(29), lo que ocurre a partir del 1º de enero de cada año.

2.5.6. En este orden de ideas, partiendo del hecho que una cosa es la causación del tributo (1º de enero de cada año) y que otra es que el municipio de Medellín permita el pago de este impuesto de forma trimestral, es decir, que la causación y pago son fenómenos diferentes, la Sala concluye que el hecho que se haya expedido la liquidación demandada hasta el segundo trimestre del año 2006, no constituye una circunstancia que resulte relevante para efectos de la validez de acto y menos para el restablecimiento del derecho, como se verá más adelante.

2.5.7. En otras palabras, el hecho de que en los actos administrativos demandados el municipio de Medellín esté liquidando el impuesto predial por el primer y segundo trimestre del año 2006, sin que hubiese vencido el plazo señalado para el pago sin y con recargo por este último(30), como tampoco haya transcurrido todo el año calendario (2006), no conduce a la ilegalidad del acto, porque por una parte, la administración estaba facultada para hacer el cobro del tributo, porque este ya se había causado, y, por otro, no está desvirtuado el supuesto para que proceda la liquidación del tributo en los términos del artículo 16 del Acuerdo 57 de 2003, que no es otro que la omisión en el pago de las facturas correspondientes a ese año, en este caso, 2006.

2.6. La liquidación del impuesto predial por los años 2005 y 2006.

2.6.1. Para mejor entendimiento, es necesario resaltar que la subsecretaría de rentas del municipio de Medellín expidió la Resolución 4789 de 17 de abril de 2006, por la que liquidó y fijó el debido cobrar al demandante, en los siguientes términos:

“(...).

Considerando

1. (...).

3. Que el (sic) Builes Gómez Joaquín Ananías (...) aparece inscrito en la subsecretaría de rentas como contribuyente del impuesto predial unificado del bien inmueble que a continuación se detalla

MatrículaTipo de predioDirecciónAvalúo totalAvalúo derechoEscritura
000061363Lote(...)2.513.378.0001.256.689.000(en blanco)
000087762Casa(...)33.662.00033.662.000(en blanco)
000089839Casa(...)99.934.00099.934.000(en blanco)
000124243Local(...)119.175.000119.175.000(en blanco)
000201239Local(...)22.862.00022.862.000(en blanco)
000201240Local(...)18.005.00018.005.000(en blanco)
000201244Casa(...)60.478.00060.478.000(en blanco)
000227989Casa(...)1.552.627.0001.552.627.000(en blanco)
000253131Cutil.(...)1.822.0001.822.000(en blanco)
000253136Apto.(...)47.464.00047.464.000(en blanco)
000557417Parq.(...)4.777.0004.777.000(en blanco)
000557427Apto.(...)62.294.00062.294.000(en blanco)

4. Que a la fecha el (sic) Builes Gómez Joaquín Ananías debe por concepto de impuesto predial, intereses moratorios, sobretasa metropolitana y ambiental, causada en las vigencias 2005 y 2006 la suma de $231.495.905 de los predios citados.

5. Que la suma antes indicada es susceptible de modificación cuando se hayan realizado abonos a la deuda.

6. Que en razón a que dicha suma es actualmente exigible, este despacho:

RESUELVE:

ART. 1º—Liquidar y fijar el debido cobrar a Builes Gómez Joaquín Ananías (...), en la suma de $231.495.905 por concepto de impuesto predial, sobretasas e intereses de mora, así:

VigenciasPredialIntereses - moraSobretasa metroIntereses morat.Medio ambienteIntereses morat.Valor total
200591.616.05377.029.25904.537.22904.124.584177.307.125
200639.892.86313.704.7860337.3420253.78954.188.780
Subtotal131.508.91690.734.04504.874.57104.378.373$231.495.905

ART. 2º—Informar al contribuyente que contra la presente resolución procede el recurso de reconsideración (...)”(31).

2.6.2. Este acto administrativo se confirmó con la Resolución SH 18-691 de 12 de septiembre de 2006, en la que de manera expresa se indicó que la suma liquidada correspondía al “impuesto predial, intereses moratorios, sobretasas metropolitana y ambiental causados en las vigencias 2005 al segundo trimestre del año 2006”, por los predios relacionados en el debido cobrar(32).

2.6.3. Aunque en esta liquidación no se discriminó el impuesto predial y los intereses de mora en relación con cada uno de los predios, la Sala advierte que de los demás medios de prueba que obran en el expediente, se pueden establecer los elementos requeridos para verificar la liquidación oficial, atendiendo las particularidades de cada predio y teniendo en cuenta las objeciones expuestas por la parte actora.

2.6.4. Respecto del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 227989, está probado que mediante la Resolución SH 18-537 de 10 de julio de 2000, la Secretaría de Hacienda del municipio de Medellín le reconoció tratamiento especial a este predio, consistente en aplicar la tarifa del dos por mil (2 x 1000) para la liquidación del impuesto predial, desde el segundo trimestre del año 2001 y hasta el año 2008(33), es decir, esta tarifa especial se aplica tanto para el año 2005 como para el año 2006.

Con el Oficio SRH-1241 de 3 de mayo de 2006, expedido con posterioridad al acto demandado, la subsecretaria de rentas de la Alcaldía de Medellín le informó al contribuyente que “[e]n relación al predio identificado con matrícula 227989 aparentemente se le viene aplicando una tarifa del 14.5 por mil, ignorando la existencia de la Resolución SH 18-537 de 2000 que le reconoció una tarifa especial de dos por mil hasta el año 2008. Esta situación se corrige de inmediato”(34).

También está probado que mediante la Resolución 8 de 16 de enero de 2006, la subsecretaría de catastro de la Alcaldía de Medellín modificó parcialmente la Resolución de Actualización 4 de 2005 y fijo el avalúo catastral de ese predio en $1.552.627.000(35), a partir del 1º de enero de 2006.

2.6.5. En lo que tiene que ver con los predios restantes, relacionados en el acto administrativo demandado, incluido el identificado con la matrícula inmobiliaria 0061363, la Sala pone de presente que la parte actora no presentó objeciones concretas en relación con la liquidación del impuesto predial por el periodo en discusión (2005 y 2006).

2.6.6. Por lo tanto, si la administración, de manera expresa y con posterioridad a que se expidiera el acto de liquidación del tributo demandado, reconoció que para el predio identificado con la matrícula inmobiliaria 227989, “aparentemente” se le está aplicando una tarifa que no corresponde, del 14.5 X 1000 cuando la correcta es del 2 X 1000, es evidente que el acto de liquidación del tributo por los periodos en discusión está viciado de nulidad por falsedad en los motivos —falsa motivación, dice la demandada— aunque esta es parcial, porque solo afecta a uno de los predios relacionados en el acto administrativo cuestionado.

2.7. Los demás argumentos expuestos en la demanda, que no fueron analizados por el tribunal.

2.7.1. Aunque la parte actora afirmó que en el acto demandado se está liquidando el impuesto predial por años anteriores y por predios que no son de su propiedad, la Sala no advierte pruebas que corroboren esta afirmación, máxime, si se tiene en cuenta que el debido cobrar demandado se refiere a los inmuebles señalados con anterioridad y respecto de los años 2005 y 2006.

2.7.2. En relación con el desconocimiento del artículo 7º de la Ley 1066 de 2006 (normalización de cartera), se aclara que esta norma se expidió con posterioridad a la liquidación oficial del impuesto predial por los años 2005 y 2006, razón por la cual no se le podía exigir a la administración que la aplicara en el caso concreto.

2.7.3. En lo que tiene que ver con la prescripción de la acción de cobro, se observa que el impuesto predial en discusión corresponde a los años 2005 y 2006, y que los argumentos de la parte actora, en relación con esta pretensión, se refieren a periodos anteriores a los que interesan en este proceso.

Por lo anterior, también se descarta el presunto desconocimiento del Ley 716 de 2001, citada en la demanda.

2.7.4. Respecto del silencio administrativo positivo, este se predica de la Resolución 468 de 22 de mayo de 2002, que no está demandada en este proceso y que se refiere a otras vigencias diferentes a las del 2005 y 2006.

2.8. Conclusión.

2.8.1. Teniendo en cuenta que la administración reconoció que al predio con matrícula inmobiliaria 227989 le venía aplicando una tarifa que no corresponde, lo que altera la liquidación del tributo, procede la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, como lo dispuso el tribunal, pero por las razones expuestas en esta providencia.

2.8.3. En consecuencia, la liquidación del impuesto predial por el predio identificado con matrícula inmobiliaria 227989, por las vigencias 2005 y 2006, corresponde a la siguiente liquidación:

PeriodoBase gravableTarifaTotal
2005$1.437.597.0002 X 1000$2.875.194
2006$1.552.627.0002 X 1000$3.105.254

Respecto de los demás predios, se mantiene la liquidación practicada por la administración, por las vigencias en discusión.

2.8.3. Conforme con lo anterior, se le ordena a la administración que verifique si por concepto de impuesto predial del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 227989, por las vigencias 2005 y 2006, resulta alguna suma a favor de la parte actora, caso en el cual, el municipio de Medellín deberá devolver, de manera indexada, las sumas pagadas en exceso, con ocasión de la ejecución y/o cumplimiento de los actos administrativos que se anulan parcialmente en esta sentencia.

2.8.4. En esa verificación, se deben tener en cuenta los intereses de mora cobrados, conforme con lo previsto en los artículos 634 y 635 del E.T.

Además, se debe observar que en el acto demandado se determinaron intereses por la mora en el pago de la sobretasa metro y medio ambiente, a pesar de que esos conceptos se liquidaron en cero pesos ($0), lo que descarta que en relación con los mismos se pueda predicar mora en el pago.

2.8.5. En el evento en el que haya lugar a la devolución de alguna suma de dinero a favor del contribuyente, conforme con lo expuesto con anterioridad, se ordenará el reconocimiento de intereses, pero en los términos del artículo 177 del CCA, que es aplicable a la controversia, toda vez que no se dan los supuestos de los artículos 863 y 864 del E.T. Intereses que deberán determinarse acorde con la Sentencia C-188 de 1999, que dispone que “a menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago —evento en el cual, dentro del mismo se pagarán intereses comerciales—, los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia”.

2.8.6. Finalmente, en relación con la pretensión de que se condene al municipio de Medellín “al pago de todos los demás perjuicios que se encuentren demostrados dentro del proceso y su consecuente condena a la reparación de los mismos”, respecto de la que el tribunal no se pronunció, la Sala advierte que la parte actora no probó los perjuicios reclamados; por lo tanto se negará esta pretensión y, en este sentido se adicionará la sentencia apelada.

2.9. Costas.

No se condena en costas (gastos o expensas del proceso y agencias del derecho) en esta instancia, porque no se advierte temeridad o mala fe en la conducta asumida por la parte demandante, presupuesto señalado en el artículo 171 del CCA para que proceda esta condena(36).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFÍRMASE el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia de 17 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en cuanto declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, pero, por las razones expuestas en esta providencia.

2. MODIFÍCASE el numeral segundo de la sentencia proferida por el tribunal. En su lugar, como consecuencia de la nulidad parcial de la Resolución 4789 de 17 de abril de 2006, confirmada con la Resolución SH 18-691 de 12 de septiembre de 2006, expedidas por el municipio de Medellín y, a título de restablecimiento del derecho, se declara que la liquidación del impuesto predial por el predio identificado con matrícula inmobiliaria 227989, por las vigencias 2005 y 2006, corresponde a la expuesta a la parte motiva de esta providencia.

3. Se le ordena a la administración que verifique, en los términos indicados en esta sentencia, si por concepto de impuesto predial del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 227989, por las vigencias 2005 y 2006, resulta alguna suma a favor de la parte actora, caso en el cual, el municipio de Medellín deberá devolver, de manera indexada, las sumas pagadas en exceso, incluidos los intereses moratorios pagados con ocasión de la ejecución y/o cumplimiento de los actos administrativos que se anulan parcialmente en esta sentencia.

En el evento en el que haya lugar a la devolución de alguna suma de dinero a favor del contribuyente, se deberán reconocer intereses, en los términos del artículo 177 del CCA, como se indicó en la parte motiva de esta providencia.

4. CONFÍRMASE en lo demás.

5. ADICIÓNASE la sentencia apelada, para negar las demás pretensiones de la demanda.

6. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

Magistrados: Stella Jeannette Carvajal Basto, presidenta—Milton Chaves García—Julio Roberto Piza Rodríguez—Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

1 Folios 19-20 cuaderno de pruebas.

2 Folios 9-18 cuaderno de pruebas.

3 Folios 97-98 cuaderno de pruebas.

4 Folio 169 del cuaderno de pruebas.

5 Por el cual se adopta el régimen procedimental en materia tributaria para el municipio de Medellín.

6 Los restantes predios son los identificados con la matrícula inmobiliaria 001-171435 y 001-258140.

7 Que surge de restarle $48.889.119 dictaminados por el perito a los $330.223.535 pagados por el contribuyente.

8 Hernán Fabio López Blanco afirma que “[l]a acción es única y le corresponde al sujeto de derecho (persona natural, jurídica o patrimonio autónomo), por el hecho de tener esa calidad. Así como se tiene derecho al nombre, o a la libertad, se tiene el derecho de acción, para cuyo ejercicio es totalmente indiferente que se posea o no el derecho material en que se apoya, característica también predicable de la pretensión, por cuanto se pueden formular pretensiones carentes de todo respaldo en el derecho material”. En: Código General del Proceso, parte general. Bogotá: Dupre Editores; 2017, p. 317.

9 Folios 19-20 cuaderno de pruebas.

10 Folio 9-18 cuaderno de pruebas.

11 Incluye impuesto, sobretasas y sanciones.

12 Folios 94-95 del cuaderno de pruebas.

13 Folios 99-100 del cuaderno de pruebas.

14 Folios 102-103 del cuaderno de pruebas.

15 En la sentencia del 30 de septiembre de 2014 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, radicado 11001-03-15-000-2007-01081-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro, se unificó la jurisprudencia en relación con el valor probatorio de la copia simple. En esa oportunidad la Sala consideró que debe reconocerse valor probatorio a las copias simples y expuso que “en tanto no sean tachadas de falsas por la contraparte, sí tienen valor probatorio, lo que deviene en una especie de “autenticidad tácita” que no es otra cosa que la materialización del principio de buena fe constitucional”.

16 Los artículos 139 y 144 del CCA señalan que las partes deberá[n] aportar con la demanda o con la contestación, según sea el caso, todas las pruebas que tengan en su poder y que pretendan hacer valer en el proceso.

17 “ART. 289.—Procedencia de la tacha de falsedad. La parte contra quien se presente un documento público o privado, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a esta, y en los demás casos, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto que ordene tenerlo como prueba, o al día siguiente al en que haya sido aportado en audiencia o diligencia.
(...)” (actual CGP, art. 269).

18 Folios 360-374 del cuaderno de pruebas.

19 Artículo 241 del CPC (actual CGP, art. 232).

20 Tales como los identificados con la matrícula inmobiliaria 001-171435 y 001-258140. Respecto de estos dos predios, el perito dictaminó que el actor tiene un saldo a favor por $65.100.980 y $102.657.098, respectivamente, por concepto de capital e intereses.

21 El identificado con la matrícula inmobiliaria 001-00227989.

22 En el auto de Sala de 10 de septiembre de 2014, radicado 13001-23-33-000-2013-00331-01 (20732), C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, demandante: Fiducóldex S.A., demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, se reiteró el criterio expuesto en la providencia de 4 de noviembre de 2010, radicado 17211, en el sentido que “los documentos liquidatorios, las facturas o los documentos de cobro por medio de los que el Estado determina los tributos a cargo de los contribuyentes son verdaderos actos administrativos en tanto reúnan las características que los definen, es decir, que constituyan 1) una declaración de voluntad unilateral, 2) realizada en ejercicio de la función administrativa y 3) (sic) que produzca efectos jurídicos directos o definitivos sobre un determinado asunto”.

23 Radicado 05001-23-31-000-2007-02983-01 (20907), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, demandante: Cifras Promotora S.A., demandado: Municipio de Medellín.

24 En esa oportunidad se puso de presente que en el documento de cobro se “informa sobre el monto de las obligaciones exigibles a la demandante a esa fecha y que también señala (...) plazos de pago con y sin recarga (...)”.

25 Por medio del cual se adopta el estatuto tributario, para el municipio de Medellín.

26 Radicado 05001-23-31-000-2005-06567-01(20537), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, demandante: Uno Sur S.A. en liquidación, demandado: municipio de Medellín.

27 Ibíd. En esta providencia, la Sala concluyó que “el artículo 16 del Acuerdo 57 de 2003 faculta a la subsecretaría de rentas municipales a expedir otro tipo de liquidación oficial del tributo, distintas a las establecidas en el Decreto 11 de 2004, que requiere como presupuesto que el contribuyente del impuesto predial no haya pagado la factura contentiva del impuesto a pagar correspondiente a un año determinado”.

28 Cuando la administración considera que la declaración privada contiene errores o inconsistencias que aumentan el impuesto a pagar o disminuyen el saldo a favor, profiere un requerimiento especial para que el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante modifique la declaración, conforme con los puntos propuestos, que deben estar suficientemente sustentados. Este acto, necesariamente surge de la comparación entre la información reportada por el administrado en la liquidación privada y la recaudada por la administración.

29 Sentencia de 2 de marzo de 2017, radicado 05001-23-31-000-2005-06567-01(20537), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

30 La resolución demandada —debido cobrar— se expidió el 17 de abril de 2006 y en el documento de cobro por el segundo trimestre del año 2006, impreso el 12 de abril de 2006, la administración fijó como fecha de pago sin recargo el 26 de abril de 2006 y con recargo el 15 de junio de 2006 (fl. 123, cdno. p).

31 Folios 19-20 del cuaderno de pruebas.

32 Folios 9-18 del cuaderno de pruebas.

33 Folios 93-95 del cuaderno de pruebas.

34 Folios 92-93 del cuaderno de pruebas.

35 En un principio se fijó el avalúo en $3.997.114.000 (fls. 446-447, cdno. p).

36 “En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil”.