Sentencia 2007-00074 de marzo 13 de 2013

 

Sentencia 2007-00074 de marzo 13 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Ref.: Expediente 110010 1032 40002007 0007400

Acción: Nulidad.

Actor: Héctor Mauricio Mayorga Arango.

Bogotá, D.C., trece de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala:

1. Las excepciones propuestas por la parte demandada.

La Sala se pronunciará previamente sobre las excepciones interpuestas por la parte demandada, en el sentido de que la alegada como “inexistencia de toda vulneración o quebrantamiento de disposición de orden constitucional o legal”, no constituye técnicamente una excepción, pues no enerva la acción sino quedebe precisarse que ese argumento no constituye excepción alguna, por cuanto es la base de la defensa, y para llegar a determinar la legalidad o ilegalidad de las disposiciones demandadas, es preciso efectuar un análisis de fondo que es propio de la sentencia.

En cuanto a la invocación que se hace de la “innominada”, no encuentra que del expediente aparezca una situación que pueda dar lugar a la declaratoria oficiosa de excepción alguna.

2. La norma demandada.

La demanda se presentó contra el literal a) del artículo 40 del Decreto Reglamentario 2187 de 2001 “Por el cual se reglamenta el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada contenido en el Decreto-Ley 356 de 11 de febrero de 1994”, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 40.—Requisitos para usuarios y compradores de equipos, elementos y automotores blindados.

En desarrollo del artículo 80 del Decreto-Ley 356 de 1994, las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado interesadas en la adquisición, instalación, importación, acondicionamiento, arrendamiento, uso o empleo de blindajes para la vigilancia y seguridad privada, elevarán una solicitud previa de autorización, adjuntando la siguiente información y documentos:

a) Acreditar los requisitos a que se refiere el literal c) del artículo 34 del Decreto 2535 de 1993...”.

3. El análisis de los cargos.

3.1. Violación del artículo 1º de la Ley 61 de 1993.

El actor menciona como demandado el artículo 1º de la Ley 61 de 1993, sin exponer claramente el concepto de la violación.

Al respecto observa la Sala que el artículo 1º de la Ley 61 de 12 de agosto de 1993, “Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para dictar normas sobre armas, municiones y explosivos, y para reglamentar la vigilancia y seguridad privadas”, que se invoca como quebrantado prevé:

ART. 1º—De conformidad con el ordinal 10 del artículo 150 de la Constitución Política revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, para los siguientes efectos:

a) Dictar normas sobre definición, clasificación y uso de armas y municiones.

b) Establecer el régimen de propiedad, porte, tenencia de las armas, y la devolución voluntaria de las mismas al Estado.

c) Regular la importación, exportación y comercialización de armas, municiones, explosivos, y maquinaria para su fabricación.

d) Señalar las normas sobre clasificación, expedición y revalidación de salvoconductos, para porte y tenencia de armas de fuego.

e) Reglamentar lo relativo al funcionamiento y control de asociaciones de coleccionistas de armas, clubes de tiro y caza, industrias y talleres de armería.

f) Regular la propiedad y tenencia de armas de fuego de las compañías de vigilancia y los departamentos de seguridad de las personas jurídicas;

g) Establecer el régimen de contravenciones y medidas correctivas para la posesión y porte irregular de armas de fuego, municiones, explosivos, materias primas, maquinaria y artefactos para su fabricación.

h) Incautación, multa convertible en decomiso y decomiso de armas, municiones y explosivos, material decomisado;

i) Venta y asignación de armas decomisadas y material en desuso;

j) Expedir el estatuto de vigilancia y seguridad privada, concretamente sobre los siguientes aspectos: principios generales, constitución, licencias de funcionamiento y renovación de empresas de vigilancia privada y departamentos de seguridad, régimen laboral; régimen del servicio de vigilancia y seguridad privada y control de las empresa; seguros, garantías del servicio de la vigilancia privada; reglamentación sobre adquisición y empleo de armamento; reglamento de uniformes; regulación sobre equipos electrónicos para vigilancia y seguridad privada y equipos de comunicaciones y transporte; mecanismos de inspección y control a la industria de la vigilancia privada; protección, seguridad y vigilancia no armada, asesorías, consultorías en seguridad privada e investigación privada; colaboración de la vigilancia y seguridad privada con las autoridades; régimen de sanciones, regulación de establecimientos de capacitación y entrenamiento en técnicas de seguridad de vigilancia privada. (negrilla fuera del texto)

En desarrollo de los primeros literales del artículo transcrito, el Presidente de la República expidió el Decreto 2535 de 17 de diciembre de 1993 “por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos” y en ejercicio del literal j) del Decreto 356 de 1994 “por el cual se expide el estatuto de vigilancia y seguridad privada”.

Se tiene entonces que si los decretos 2535 de 17 de diciembre de 1993 y 356 de 1994, fueron expedidos en ejercicio de las facultades extraordinarias señaladas en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política y que ésta disposición contempla la posibilidad de que el Congreso autorice al Ejecutivo para que ejerza en forma precisa y pro tempore la función legislativa, aquella normatividad se constituye en decretos con fuerza de ley.

Ahora bien, el Decreto Reglamentario 2187 de 2001, cuyo artículo 40 literal a), se demanda, no fue expedido con base en el artículo 150, numeral 10, de la Carta Política, sino en el artículo 189, numeral 11, por lo cual debe entenderse que no se trata de un decreto-ley, sino de una normativa que se expidió con el propósito de reglamentar el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada contenido en el Decreto-Ley 356 del 11 de febrero de 1994.

El artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política, con fundamento en el cual se dictó la disposición demandada, establece como atribución del Presidente de la República la potestad reglamentaria, orientada a expedir los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes, sin exceder los límites de las mismas.

3.2. Vulneración del artículo 9º del Decreto-Ley 2535 de 17 de diciembre de 1993 y los literales b) y c) del artículo 34, ibídem.

Considera el demandante que la norma reprochada desconoce el artículo 9º del Decreto-Ley 2535 de 1993, que define el concepto de armas de uso restringido, y los literales b) y c) del artículo 34, ibídem, por cuanto establece un requisito que corresponde al porte de armas de uso restringido, que, a su juicio, resulta desproporcionado frente al servicio de vigilancia y seguridad privada sin armas.

El artículo 9º del Decreto-Ley 2535 de 17 de diciembre de 1993, indicado como vulnerado, establece:

ART. 9º—Armas de uso restringido. Las armas de uso restringido son armas de guerra o de uso privativo de la fuerza pública, que de manera excepcional, pueden ser autorizadas con base en la facultad discrecional de la autoridad competente, para defensa personal especial, tales como: (NOTA: Las expresiones resaltadas en este inciso, fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-296 de 1995.).

a) Los revólveres y pistolas de calibre 9.652mm. (.38 pulgadas) que no reúnan las características establecidas en el artículo 11 de este decreto;

b) Las pistolas de funcionamiento automático y subametralladoras.

PAR. 1º—Aquellas personas que a la fecha de expedición de este Decreto, tengan armas de este tipo con su respectivo permiso o salvoconducto vigente, deberán obtener el nuevo permiso para tenencia o para porte, en los términos señalados en los artículos 22 y 23 del presente decreto.

PAR. 2º—El Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional podrá autorizar la tenencia o porte de armas de uso restringido, a las empresas transportadoras de valores, departamentos de seguridad de empresas y a los servicios especiales de seguridad, previo concepto favorable de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

PAR. 3º—El Gobierno Nacional reglamentará el número máximo de armas de este tipo que en cada caso puedan portar los particulares.

A su turno, el artículo 34, ibídem, señala:

ART. 34.—Requisitos para solicitud de permiso para porte. Para el estudio de las solicitudes de permiso para porte deben acreditarse los siguientes requisitos:

1. Para personas naturales:

a) Acreditar los requisitos establecidos en el artículo anterior, en lo pertinente;

b) Si se solicita permiso para el porte de un arma de defensa personal, el solicitante deberá justificar la necesidad de portar un arma para su defensa e integridad personal de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de este decreto, aportando para ello todos los elementos probatorios de que dispone;

c) Si se solicita permiso para el porte de un arma de uso restringido, el solicitante deberá justificar que se encuentra en peligro de muerte o grave daño personal por especiales circunstancias de su profesión, oficio, cargo que desempeña o actividad económica que desarrolla, que ameriten su expedición, para lo cual podrá aportar todos los elementos probatorios de que disponga, previa autorización del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional.

2. Para servicios de vigilancia y seguridad privada:

a) Acreditar los requisitos establecidos en el artículo anterior para las personas jurídicas.

Lo primero que observa la Sala es que la norma acusada desarrolla el artículo 80 del Decreto-Ley 356 de 1994 conforme al cual corresponde a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada autorizar la utilización de elementos o instalaciones blindadas para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada.

En consecuencia, el ejecutivo, en ejercicio de la potestad reglamentaria, definió los requisitos que deben cumplirse para que la citada Superintendencia cumpla el mandato legal de autorizar la utilización de blindajes en vigilancia y seguridad privada, exigiendo entre ellos el de “Acreditar los requisitos a que se refiere el literal c) del artículo 34 del Decreto 2535 de 1993”, contenido en el literal a) del artículo 40 demandado en el sub lite.

Para la sala el hecho de que el literal c) del artículo 34 del Decreto 2535 de 1993, se refiera a una exigencia establecida por el legislador extraordinario para solicitar permiso para porte de armas y que la misma exigencia se haga por el ejecutivo para la utilización de blindajes en vigilancia y seguridad privada, no evidencia que se desconozca aquella norma ni que en desarrollo de la potestad reglamentaria no hubiese podido establecerse un requisito semejante.

La sola comparación que hace el actor entre las definiciones que sobre armas de uso restringido trae el Decreto-Ley 2535 de 1993 y la de vehículo automotor blindado contenida en la Circular Externa 3 de 2002, proferida por el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, no es suficiente para desvirtuar la legalidad de la norma demandada.

En ese contexto, las afirmaciones del actor, en el sentido de sostener que no hay razonabilidad ni proporcionalidad en la medida que se acusa, pues, a su juicio, no hay una razón para que el Gobierno Nacional decida impedir que los colombianos que puedan acceder a un sistema de blindaje lo hagan, en virtud de la necesidad de demostrar que se encuentra en peligro de muerte o grave daño personal por las especiales circunstancias que lo rodean, no dejan de constituir una simple apreciación subjetiva de este, a partir de los efectos negativos que le atribuye a la norma, lo cual impide a la Sala hacer un pronunciamiento al respecto, ya que la mera inconformidad del demandante con una disposición no estructura un cargo capaz de desquiciar la armonía entre la norma atacada y el decreto-ley que mediante ella se reglamenta.

3.3. Violación del artículo 2º de la Constitución Política.

El actor no precisó las razones por las cuales la norma demandada quebranta el artículo 2º de la Carta Política, cuyo tenor es el siguiente:

ART. 2º—Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

La jurisprudencia constitucional ha señalado que el artículo 2º de la Carta determina expresa y claramente que las autoridades colombianas han sido instituidas para proteger a los residentes en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, razón por la cual la seguridad constituye uno de los fines esenciales del Estado(1).

De igual manera, señala la misma corporación, como actividad inherente a una función esencial del Estado, la seguridad es servicio público primario (C.P., art. 365) cuyos objetivos deben cumplirse dentro de los limites fijados por la propia Carta y por la ley, y bajo la vigilancia, supervisión y control estatales, máxime considerando que “la vigilancia y seguridad privada es una actividad que por su naturaleza involucra elevadas dosis de riesgo social”(2).

Así las cosas, la remisión que hace la norma demandada al literal c) del artículo 34 del Decreto 2535 de 1993, que impone la justificación de los motivos que acrediten una condición especial que amerite los blindajes, simplemente forma parte del deber del Estado de controlar y vigilar las actividades relacionadas con la seguridad y en ningún momento contraría el artículo 2º de la Constitución Política.

Corolario de lo expuesto es que el actor no logró demostrar que el literal a) del artículo 40 del Decreto Reglamentario 2187 de 2001, infringió las disposiciones constitucionales y legales citadas en la demanda, lo cual constituye razón suficiente para denegar las pretensiones de la misma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Ver al respecto, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional C-199 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-995 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(2) C-123 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.