Sentencia 2007-00074 de julio 18 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref: Exp. 0504531030012007-00074-01

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

Bogotá, D.C., diez de septiembre de dos mil diez.

Aprobada en Sala de dieciocho de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «III. La demanda de casación

Se formula un solo ataque por la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil.

Cargo único

El censor denuncia la violación directa de los artículos 2518, 2519 y 2531 del Código Civil y el numeral 4º del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el tribunal concluyó equivocadamente que la imprescriptibilidad de los bienes de las entidades de derecho público es extensiva a los que estas adquieren después de iniciada la posesión.

En el desarrollo de esa acusación expone los argumentos que seguidamente se compendian:

1. La sentencia opugnada negó la usucapión, porque estimó que la imprescriptibilidad del terreno pretendido derivaba de los preceptos citados como infringidos, además de los artículos 981, 2512, 2521, 2532 del Código Civil y el 1º de la Ley 50 de 1936, pues aseveró que pertenecía a una entidad de derecho público y ello inhibía la adquisición de su dominio por esa figura.

2. La referida normatividad protege los bienes incomerciables y los exceptuados de la posibilidad de prescripción (arts. 2518 y 2531, ibíd.), los de uso público (art. 2519 ejusdem) y los de propiedad de las entidades de derecho público (art. 407, num. 4º, del estatuto procesal civil), tema analizado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 de 1996, mediante la cual declaró exequible la última disposición mencionada.

3. Ese análisis dejó por fuera los derechos del poseedor que inició el señorío siendo la cosa de propiedad de un particular que con posterioridad la transfiere a una entidad de derecho público.

4. En el caso concreto, “no se está ante un bien de uso común o un bien fiscal”, puesto que lo que se reclama es la prescripción de un fundo que hoy es propiedad de una entidad de derecho público, pero que cuando la actora inició el señorío pertenecía a un particular, quien lo enajenó después a una entidad de derecho público, y este, a su vez, lo vendió al Inurbe.

En el proceso está probado que el instituto consolidó el dominio con la dación en pago efectuada a su favor por el municipio de Apartadó —escritura 987 de 7 de agosto de 2002—, y este lo compró a Guillermo Gaviria Echeverri, mediante el instrumento público 822 de 25 de agosto de 1995.

En la demanda, presentada el 20 de febrero de 2007, se afirma que Ofelia Castañeda Cartagena detenta el inmueble desde antes de 1987, y prueba de ello son los medios de convicción referidos por el a quo, quien destacó que en la escritura 822 de 1995 el vendedor estipuló: “1. Que el día 18 de marzo de 1995, celebró un acuerdo de negociación del predio conocido como La Chinita, ubicado en el municipio de Apartadó, de propiedad del señor Guillermo Gaviria Echeverri, el cual fue objeto de ocupación de hecho por cerca de 4.100 familias. 2. Que el propietario del terreno ha ejercido en forma oportuna, las acciones legales en defensa de la propiedad. 3. Que en virtud del acuerdo mencionado, el municipio de Apartadó, se comprometió a adquirir el globo de terreno objeto de la invasión, realizar las acciones de regularización urbanística y ejecutar en el (sic) programa de mejoramiento integral, para posteriormente enajenar el terreno a las familias ocupantes”.

5. El tribunal erró en la interpretación de las normas señaladas como violadas, porque se apoyó en la sentencia de casación dictada el 12 de febrero de 2001, dentro del Expediente 5597, la que es aplicable a aquellos eventos en los que se pretende usucapir un bien de propiedad de una entidad de derecho público al momento de iniciarse la posesión, sin que la tesis allí esgrimida pueda hacerse extensiva a este litigio con distintas particularidades.

6. La jurisprudencia admite que la regla estatuida en el numeral 4º del citado artículo 407 tiene excepciones, al advertir que “existen eventos en los cuales es posible, no obstante la explícita prohibición legal, adquirir por prescripción el dominio de los bienes fiscales de una entidad de derecho público por cuanto en tales situaciones se predica la existencia y configuración de un derecho legítimamente adquirido, lo que ocurre cuando: a) La posesión del reclamante se inició y consumó antes del 1º de julio de 1971, fecha en la cual entró a regir el artículo 413 (hoy 407), numeral 4º, del Código de Procedimiento Civil. b) El señorío del promotor de la pertenencia se consuma durante la vigencia del precepto citado, pero antes de la fecha en que la entidad de derecho público se convierta en propietaria del bien. En ambos casos se protege el ‘derecho adquirido’ por el particular, según lo proclamado por el artículo 58 de la Constitución Política, que en ejercicio y amparo de las facultades que le daba el sistema legal imperante le permitió poseer un bien con vocación de adquirir su dominio por el transcurso del tiempo y con el lleno de los restantes requisitos previstos por el legislador. Negarle el reconocimiento de esta prerrogativa prevista en el ordenamiento jurídico nacional implicaría un atentado contra la buena fe y la confianza legítima de estar actuando dentro del marco de lo permitido y autorizado” (sent. oct. 6/2009, Exp. 2003-00205-02).

Además, estima que debe protegerse la buena fe y la confianza legítima de estar actuando dentro de lo permitido y autorizado, situación en que está la recurrente, conforme atrás se explicó. De ahí que existe una posesión originada en un predio de propiedad de un particular y consumada cuando este mutó de titular a un ente de derecho público.

Consideraciones

1. La demandante pretende adquirir por prescripción extraordinaria el dominio del lote “El Ranchón”, debidamente individualizado, a segregar de un predio cuya propiedad es del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana “Inurbe, en Liquidación”.

2. El tribunal negó la usucapión porque, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, al pertenecer el terreno a una entidad de derecho público, es imprescriptible.

3. La censura plantea, por la vía directa, que la imposibilidad de adquirir por usucapión tales bienes no incluye los derechos de quienes inician el señorío cuando estos son de propiedad de un particular, pero durante el plazo requerido para usucapirlo pasan al patrimonio de un ente de esa especie.

4. Si se acude en casación haciendo uso de la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia de la violación recta de normas sustanciales, es deber del censor, haciendo prescindencia de los aspectos fácticos y probatorios admitidos por el juzgador, demostrar que este se equivocó en la aplicación de las normas que gobiernan el litigio, ya sea por omitir las apropiadas; extenderle alcances ajenos a las que no lo son; o darle a las idóneas una hermenéutica equivocada.

La Corte refiriéndose a la demostración de esa especie de vulneración ha sostenido que “la labor argumentativa del censor solo puede estar orientada a descubrir los falsos juicios sobre las normas materiales que regulan el caso, ya sea por falta de aplicación, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicación indebida, al incurrir en un error de selección que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, presentándose una interpretación errónea. (...) Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesión producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acción u omisión, en la labor de escogencia y exégesis de la regulación que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador” (sent. nov. 15/2012, Exp. 2008-00322-01).

5. Para los efectos que conciernen con la decisión que aquí se adopta, resultan relevantes los siguientes hechos:

a) Que Ofelia Castañeda Cartagena pretende usucapir el predio “El Ranchón”, integrante de otro de mayor extensión identificado con la matrícula inmobiliaria 034-41294, abierta con base en la 034-41292, que a su vez proviene de la 034-10565 y esta tuvo origen en la 034-979 (fls. 4-10 y 63-64, cdno. 1; 3, 4 y 10-19, cdno. 6).

b) Que la reclamación se presentó el 20 de febrero de 2007, y en ella se afirma que la actora “ha poseído durante más de 20 años” el predio a usucapir (fls. 4 y 10, cdno. 1).

c) Que el terreno con matrícula 034-10565 lo adquirió el municipio de Apartadó por compra que le hiciera a Guillermo Gaviria Echeverri, mediante la escritura 822 de 25 de agosto de 1995 (fls. 3, 4 y 159-164, cdno. 6).

d) Que por escritura 897 de 16 de agosto de 2002, el ente territorial transfirió al Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana “Inurbe, en Liquidación”, en dación en pago, el fundo con folio 034-41294, según consta en la anotación 7 del certificado respectivo (fls. 63-64, cdno. 1; fl. 59, 65-158, cdno. 6).

e) Que el municipio de Apartadó y el Inurbe son entidades de derecho público.

6. La prescripción es uno de los modos de adquirir el dominio de las cosas ajenas, por la posesión durante el término y en las condiciones que la ley señala (C.C. art. 673 en concordancia con el art. 2512 ibíd.).

La consolidación de la misma, en cualquiera de sus especies, cuando se trata de un bien corporal, raíz o mueble, presupone que por su naturaleza o por expresa disposición legal puede ser objeto de propiedad privada (art. 2518 ejusdem).

De acuerdo con el artículo 63 de la Constitución Política no son susceptibles de comercializarse y, por contera, es improcedente hacerse dueño de ellos por el citado modo, “[l]os bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás que determine la ley”. Esta excluye, a su vez: a) Los que no están dentro del comercio y los de uso público (C.C. arts. 2518 y 2519); b) Los baldíos nacionales (L. 48/1882, art. 3º, L. 160/94, Código Fiscal art. 61, L. 160/94, art. 65); c) Los ejidos municipales (L. 41/48, art. 1º); d) Los de propiedad de las entidades de derecho público (sent. jul. 31/2002, Exp. 5812).

La prohibición respecto de los últimos, que es la que interesa al caso aquí planteado, fue introducida por el artículo 413 del Decreto 1400 de 1970 o Código de Procedimiento Civil, al contemplar en su numeral 4º que “[n]o procede la declaración de pertenencia si antes de consumarse la prescripción estaba en curso un proceso de división del bien común, ni respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público”.

Disposición que fue objeto de revisión por parte de esta corporación a la luz de la Constitución de 1886, de manera general según sentencia de 6 de mayo de 1978 y específica en la de 16 de noviembre del mismo año, que no hallaron reparo a que “no procede la declaración de pertenencia (...) respecto de bienes (...) de propiedad de las entidades de derecho público”. En esta última se explicó que los “[b]ienes de uso público y bienes fiscales conforman el dominio público del Estado, como resulta de la declaración del artículo 674 del Código Civil. La distinción entre ‘bienes fiscales’ y ‘bienes de uso público’, ambos pertenecientes al patrimonio del Estado, esto es, a la hacienda pública, hecha por las leyes, no se funda pues en una distinta naturaleza sino en cuanto a su destinación y régimen. Los segundos están al servicio de los habitantes del país, de modo general, de acuerdo con la utilización que corresponda a sus calidades, y los primeros constituyen los instrumentos materiales para la operación de los servicios estatales o son reservas patrimoniales aplicables en el futuro a los mismos fines o a la satisfacción de otros intereses sociales. Es decir que, a la larga, unos y otros bienes del Estado tienen objetivos idénticos, en función de servicio público, concepto equivalente pero no igual al de ‘función social’, que se refiere exclusivamente al dominio privado. Esto es, que ambas clases de bienes estatales forman parte del mismo patrimonio y solo tienen algunas diferencias de régimen legal, en razón del distinto modo de utilización. Pero, a la postre, por ser bienes de la hacienda pública tienen un régimen de derecho público, aunque tengan modos especiales de administración. El Código Fiscal, Ley 110 de 1912, establece precisamente el régimen de derecho público para la administración de los bienes fiscales nacionales. Régimen especial, separado y autónomo de la reglamentación del dominio privado. No se ve, por eso, por qué estén unos amparados con el privilegio estatal de imprescriptibilidad y otros no, siendo unos mismos su dueño e igual su destinación final, que es el del servicio de los habitantes del país. Su afectación, así no sea inmediata sino potencial al servicio público, debe excluirse de la acción de pertenencia, para hacer prevalecer el interés público o social sobre el particular”.

La única modificación que se le introdujo a la misma se contrae a la declaratoria de inexequibilidad, en pronunciamiento de 14 de mayo de 1987, del texto “si antes de consumarse la prescripción estaba en curso un proceso de división del bien común, ni”, que ninguna incidencia tuvo en las demás restricciones allí contenidas.

Es de advertir que con las modificaciones al Código de Procedimiento Civil del Decreto 2282 de 1989, según el numeral 210 del artículo 1º, lo relacionado con la declaración de pertenencia pasó al artículo 407 del estatuto de los ritos y en su numeral 4º quedó expreso que “la declaración de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público”.

En la Sentencia C-530 de 1996 la Corte Constitucional declaró exequible dicho precepto frente a la nueva Carta Política, en síntesis, porque en ella se delegó en el legislador la facultad de determinar cuáles bienes, además de los relacionados en su artículo 63, son inalienables, imprescriptibles e inembargables; uno de los fines del Estado es servirle a la comunidad, y este se cumple cuando presta los servicios públicos, finalidad a la que están afectos los bienes fiscales; estos por estar destinados al uso privado del Estado para la realización de sus fines merecen un tratamiento especial que los proteja, en beneficio de toda la sociedad; dicho canon no quebranta la igualdad, porque quien posee un bien fiscal, sin ser su dueño, no se encuentra en idénticas condiciones en las que estaría si fuese de propiedad privada, toda vez que en el primer evento los intereses enfrentados son el general y el particular, mientras que en el otro ambos son del último carácter; tampoco viola la primacía del derecho sustancial, en virtud de que es una regla que obliga al juez mas no al legislador; y menos infringe el acceso a la justicia, puesto que consagra la improcedencia de la declaración de pertenencia, y ello comporta la inexistencia del derecho.

Por esa razón, esta Sala afirmó que “hoy en día, los bienes que pertenecen al patrimonio de las entidades de derecho público no pueden ganarse por el modo de la prescripción adquisitiva de dominio, no porque estén fuera del comercio o sean inalienables, como si ocurre con los de uso público, sino porque la norma citada (CPC art. 407, se agrega) niega esa tutela jurídica, por ser ‘propiedad de las entidades de derecho público’, como en efecto el mismo artículo lo distingue (ordinal 4º), sin duda alguna guiado por razones de alto contenido moral, colocando así un dique de protección al patrimonio del Estado, que por negligencia de los funcionarios encargados de la salvaguardia, estaba siendo esquilmado, a través de fraudulentos procesos de pertenencia” (sent. feb. 12/2001, Exp. 5597, citada en el fallo de jul. 31/2002, Exp. 5812).

7. El artículo 674 del Código Civil establece que los bienes de la Unión son las cosas cuyo dominio corresponde a la República, distinguiéndolos como de “uso público o bienes públicos del territorio”, cuando “su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos”, y “bienes fiscales”, los que, por lo general, no están destinados para el uso de aquellos.

Esta corporación precisó que de la comentada norma se infería que los “bienes de la Unión se clasifican en dos: de un lado, los de uso público, como las calles, plazas, puentes y caminos, y, de otro, los fiscales, es decir, aquellos que no estando adscritos a la prestación de un servicio público, forman parte del patrimonio estatal, ya sea por disposición constitucional, o porque han sido adquiridos por la nación, los departamentos, los municipios y, en general las entidades de derecho público, para destinarlos a la organización de los fines que le son propios, siendo su uso común restringido o reprimido, distinción esta que, como es sabido, se funda en conceptos de un nítido perfil romanista” (sent. jul. 29/99, Exp. 5074).

Ambos tipos de bienes hacen parte del patrimonio del Estado. La diferencia entre ellos radica en su destinación y régimen.

Los de uso público están a disposición de la comunidad, es ella quien los utiliza. En síntesis, sus características esenciales son: el titular del dominio es el Estado; están afectados al uso común de los asociados; no son susceptibles de comercializarse; son inalienables e imprescriptibles y su régimen es de derecho público.

Los denominados fiscales no están al servicio de la comunidad, sino para la utilización de su titular con miras a realizar sus fines, independientemente de su connotación de entidad pública. Inclusive, los administra como si fuera un particular, confluyendo en ellos atributos de la propiedad que le permiten gravarlos, enajenarlos o arrendarlos, entre otros actos. De ahí que el régimen jurídico aplicable es el del ordenamiento civil o comercial, sin perjuicio de la reglamentación general y especial aplicable, según el caso.

Sin embargo, a pesar de que su “uso no pertenece generalmente a los habitantes”, por ese solo hecho no se desconocen las repercusiones favorables que su detentación irroga a todos los ciudadanos, pues, el propósito de la administración pública en conjunto no es otro sino el bienestar común, es por ello que de conformidad con el artículo 113 de la Constitución Política “[l]os diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.

Es claro, entonces, que tanto los bienes de uso público como los fiscales están destinados al cumplimiento de los fines del Estado, y por ello son objeto de protección legal frente a las eventuales aspiraciones de los particulares para apropiarse de ellos. Y esa es la razón por la que la Constitución y la ley consagran la prohibición expresa de que se declare la pertenencia de los mismos.

8. No obstante, hay situaciones en que no es viable aplicar la restricción de la usucapión respecto de los bienes fiscales, por cuanto ello entrañaría desconocer un derecho legítimamente adquirido, a saber:

a) Si la posesión apta para prescribir se inició y consumó antes de entrar en vigor el numeral 4º del artículo 413, hoy 407, del Código de Procedimiento Civil, esto es, el 1º de julio de 1971.

Esta excepción se justifica porque, en principio, la ley no puede afectar una situación jurídica concreta y consolidada, que ha permitido el ingreso de un derecho al patrimonio de una persona, por haberse cumplido todos los supuestos previstos por la norma abstracta para su nacimiento.

El pasar por alto esa circunstancia comporta ignorar situaciones consolidadas, que ampara la Carta Política en su artículo 58, según el cual “se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”.

b) Si el cumplimiento del requisito temporal para usucapir se cumplió dentro de la vigencia del citado numeral 4º del artículo 41, hoy 407, pero con anterioridad al día en que la entidad de derecho público adquirió la propiedad de la cosa.

Esta segunda salvedad tiene asidero en el respeto a los principios de la buena fe y la confianza legítima, pues, para que una situación jurídica o material abordada de cierta forma en el pasado, que pueden generar razonables expectativas, sea tratada de modo extremadamente desigual en otro periodo, debe existir una causa constitucionalmente aceptable que autorice su variación.

Con ello, además, se previene la comisión de eventuales actos fraudulentos con la transferencia de bienes de particulares a entidades de derecho público, destinados a desposeer a quien para el momento de la negociación había consolidado su derecho de dominio, faltándole tan solo su declaratoria judicial.

Esta corporación en el fallo de 6 de octubre de 2009, Expediente 2003-00205-02, indicó sobre este punto que “existen eventos en los cuales es posible, no obstante la explícita prohibición legal, adquirir por prescripción el dominio de los bienes fiscales de una entidad de derecho público por cuanto en tales situaciones se predica la existencia y configuración de un derecho legítimamente adquirido, lo que ocurre cuando: a) La posesión del reclamante se inició y consumó antes del 1º de julio de 1971, fecha en la cual entró a regir el artículo 413 (hoy 407), numeral 4º, del Código de Procedimiento Civil. b) El señorío del promotor de la pertenencia se consuma durante la vigencia del precepto citado, pero antes de la fecha en que la entidad de derecho público se convierta en propietaria del bien. En ambos casos se protege el “derecho adquirido” por el particular, según lo proclamado por el artículo 58 de la Constitución Política, que en ejercicio y amparo de las facultades que le daba el sistema legal imperante le permitió poseer un bien con vocación de adquirir su dominio por el transcurso del tiempo y con el lleno de los restantes requisitos previstos por el legislador. Negarle el reconocimiento de esta prerrogativa prevista en el ordenamiento jurídico nacional implicaría un atentado contra la buena fe y la confianza legítima de estar actuando dentro del marco de lo permitido y autorizado”.

9. Las referidas circunstancias excepcionales presuponen la consolidación del derecho a ganar por prescripción el dominio de un bien antes de 1971, cuando entró en vigencia el numeral 4º del artículo 413 del estatuto procesal, hoy 407 en virtud de la reforma del Decreto 2282 de 1989, o, en su defecto, cuando ello ocurre con anterioridad a que un ente público lo adquiera. Y, como se dijo, con ellas se garantizan, según el caso, los derechos adquiridos, la confianza legítima y la buena fe.

Nada de esto involucra la tesis propuesta por la censora, al plantear que el inicio de la posesión antes de transferirse el bien al municipio de Apartadó, quien lo pasó luego al Inurbe, per se, torna inaplicable la prohibición de la citada normatividad, sin tener en cuenta que las ilusiones del poseedor antes de consolidar su derecho, se desvanecen al momento en que se reúnen las condiciones de imprescriptibilidad establecidas por la ley, máxime si se trata de bienes de uso público o fiscales.

Por ende, la interpretación dada por el ad quem, estuvo acorde con el artículo 58 de la Constitución en virtud del cual “[s]e garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social”.

No puede olvidarse que la posesión es “la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño” (C.C. art. 762), y que la adquisición del dominio por su ejercicio durante un lapso de tiempo, mientras este no se haya cumplido, es una mera expectativa, nunca un “derecho adquirido”. Por esto, tienen prelación los intereses de la comunidad en general al resguardar el patrimonio del Estado, si con la normatividad aplicada el demandante en pertenencia sufre alguna afectación.

Es más, si el artículo 42 de la Ley 153 de 1887 advierte que “[l]o que una ley posterior declara absolutamente imprescriptible no podrá ganarse por tiempo bajo el imperio de ella, aunque el prescribiente hubiere principiado a poseerla conforme a una ley anterior que autorizaba la prescripción”, tal estipulación refuerza el hecho de que, como al comenzar a poseer ya existía el precepto prohibitivo y cuando pasó el título de dominio al municipio de Apartadó las aspiraciones de la accionante no se habían consolidado, esas circunstancias hacían nugatorios sus reclamos.

Por consiguiente, el juzgador no incurrió en el dislate jurídico imputado, pues, la salvedad planteada por el recurrente no tiene cabida frente a la restricción de la declaratoria de pertenencia respecto de los bienes de propiedad de las entidades de derecho público.

10. En la hipótesis de que el fallo hubiese incurrido en desacierto jurídico al desatender los actos de posesión de Ofelia Castañeda desde sus inicios, cuando el inmueble no era de dominio del sector oficial, ninguna incidencia tendría en la decisión allí adoptada, porque la actora no demostró haberlos ejercido, y mucho menos que el plazo para ganar su dominio se hubiere cumplido antes del 25 de agosto de 1995, fecha en que ingresó al patrimonio del municipio de Apartadó.

Lo primero, porque los testimonios que dan cuenta de los actos de señora y dueña alegados por aquella carecen de eficacia probatoria, pues, si bien en el libelo solicitó recibir en la inspección judicial las declaraciones de los asistentes a la misma, tal pedimento se negó en auto de 9 de febrero de 2009, sin que insistiera en ello cuando se verificó dicha diligencia el 17 de abril siguiente.

A pesar de que el 8 de mayo de ese mismo año se recaudaron las declaraciones de Mariano Rodríguez Caicedo, Olga Helena Cataño Marín, Carmen Esther Gil Naranjo y Luz Cenovia Taborda Vergara, estas no fueron decretadas previamente, lo que las torna ilegales.

Ahora bien, aunque fuesen apreciados y se tomara como hito temporal de inicio de la posesión el año 1979, fecha más remota que da a entender uno de los deponentes, esto conlleva a que para 1995, cuando ingreso el predio al patrimonio de la unidad territorial, únicamente transcurrieron unos dieciséis (16) años, cuando el lapso mínimo requerido en esa época para la usucapión extraordinaria era de veinte (20) años, sin que fuera aplicable la reducción de la Ley 791 de 2002 a diez (10) años, a la luz del artículo 41 de la Ley 153 de 1887, lo que quiere decir que no se materializó ninguno de los casos excepcionales a que se contrae la jurisprudencia de la Corte, antes referida.

11. Así las cosas, el cargo examinado no se abre paso.

12. Como la decisión es adversa, de conformidad con el último inciso del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el 19 de la Ley 1395 de 2010, se condenará en costas a la impugnante. Se fijarán en esta misma providencia las agencias en derecho. Para su cuantificación se valorará que los opositores no replicaron.

Decisión

En mérito de las anteriores consideraciones, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 5 de septiembre de 2011, por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro del proceso ordinario de la referencia.

Costas a cargo de la demandante, las que serán liquidadas por la Secretaría, e incluirá en estas la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000) por concepto de agencias en derecho.

Notifíquese y devuélvase».