Sentencia 2007-00079 de abril 12 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Magistrada Ponente:

Dr. Ligia López Díaz

Rad.: 11001031500020070007901

Actor: Núñez Africano Abogados Corporativos S.A.

Acción de tutela - Impugnación

Fallo

Bogotá, D.C., doce de abril de dos mil siete.

Se decide la impugnación de le sociedad Núñez Africano Abogados Corporativos S.A. contra la sentencia del 1º de febrero de 2007 de la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado que rechazó por improcedente la acción de tutela.

Antecedentes

a) La solicitud.

La Sociedad Núñez Africano Abogados Corporativos S.A. a través de apoderado, en escrito del 23 de enero de 2007 (fls. 1 a 11), interpuso acción de tutela contra la Subsección “A” de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por considerar que incurrió en una vía de hecho, con base en los hechos que se resumen a continuación:

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó las resoluciones que negaron la excepción de prescripción, presentada contra el mandamiento de pago proferido por la Dirección de Impuestos Distritales de Bogotá por concepto del impuesto predial de año 1997.

En sentencia del 9 de noviembre de 2006, la Subsección “A” de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, pues aunque con fundamento en el artículo 817 del estatuto tributario, antes de ser reformado por la Ley 788 de 2002, la prescripción de la acción de cobro empieza a contarse a partir de la fecha en que las obligaciones se hicieron legalmente exigibles, en este caso el demandante no probó la fecha de los plazos máximos para declarar el impuesto predial del año 1997 de acuerdo con el artículo 141 ib., el cual exige acompañar el texto legal de las normas que no tienen alcance nacional y se invocan como vulneradas.

A juicio de la actora, la Subsección “A” de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en vía de hecho porque no valoró las pruebas, configurando un defecto fáctico. Adicionalmente le dio prelación a una norma procesal sobre la sustancial y fueron desconocidas varias disposiciones que regulan la prescripción.

Por lo anterior, solicitó invalidar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar, declarar la extinción de la obligación tributaria objeto de cobro.

b) La oposición.

La Subsección “A” de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca guardó silencio.

c) Sentencia impugnada.

La Subsección “B” de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante la sentencia del 1º de febrero de 2007 (fls. 44 a 50) rechazó, por improcedente, la acción de tutela incoada. Señaló que si bien en esa sección en algún momento tramitó excepcionalmente acciones de tutela en contra de providencias judiciales, en la actualidad esta tesis fue replanteada para concluir que es improcedente para controvertir este tipo de decisiones.

d) Impugnación.

El actor reiteró que la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurre en vía de hecho por defecto fáctico toda vez que no se tuvo en cuenta que operó la prescripción de la acción de cobro, en los términos del artículo 103 del Decreto 807 de 1993 y del artículo 807(sic) del estatuto tributario, antes de su modificación por el artículo 86 de la Ley 788 de 2002.

Citó jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la cual expresamente se aceptó la procedencia de la tutela contra providencias judiciales cuando incurren en vías de hecho.

Consideraciones de la sección

El objeto de esta acción es la protección del derecho fundamental al debido proceso. La actora pretende se invalide la sentencia del 9 de noviembre de 2006 de la Subsección “A” de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda interpuesta contra los actos del Distrito Capital que negaron las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago relacionado con el impuesto predial del año 1997.

Si bien esta corporación en algunos casos tuvo en cuenta los lineamientos de la sentencia unificada que expuso la Corte Constitucional sobre la tutela contra providencias judiciales, la Sala rectificó su posición (1) al hacer una interpretación sistemática de los mandatos constitucionales y para conferir eficacia a la cosa juzgada en aras de la seguridad jurídica —material y formal— de donde concluye que no existe tutela contra providencias judiciales, por las siguientes razones:

Interpretación histórica (2)

Durante el análisis del proyecto presentado por el Gobierno Nacional a la Asamblea Nacional Constituyente, se le incorporó un parágrafo donde expresamente se incluía la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Este tema fue objeto de amplias discusiones, el Presidente de la Comisión Primera manifestó que la intención no era que la acción de tutela procediera contra decisiones judiciales. Sus explicaciones fueron acogidas en la plenaria de la asamblea al aprobar el texto remitido por esa comisión sin la inclusión del mencionado parágrafo adicionado.

En definitiva, el artículo aprobado por la constituyente no mantuvo la tutela contra providencias judiciales, pues consideró que no se trata de ninguna manera, de crear una instancia adicional o un recurso extraordinario al que pueda apelarse por todos aquellos que resultan derrotados en los procedimientos judiciales o administrativos ya concluidos y toda vez que resulta contrario a su naturaleza y a su razón de ser, pues conforme al artículo 86 aprobado, “Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”.

Cosa juzgada constitucional

La Corte Constitucional en Sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992 (3) , declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, relacionados con la tutela contra providencias judiciales. Las disposiciones que desarrollaban la tutela contra providencias judiciales fueron declaradas en su totalidad inconstitucionales, porque ello desconoce los principios de cosa juzgada y autonomía funcional de los jueces. La Corte consideró que la acción de tutela contra providencias judiciales desconoce las características de subsidiariedad y residualidad exigidas por la Carta Política. Resulta contrario a su naturaleza que pueda tener viabilidad cuando exista providencia judicial, pues esta demuestra precisamente el resultado del acceso a la administración de justicia.

La Sección Cuarta ha adoptado esta posición de manera reiterada y unánime (4) , pues ello solo redunda en el debilitamiento de la justicia, en su congestión y demora y en la inseguridad jurídica que emana de la posibilidad de desconocer el valor de las sentencias en firme y de la cosa juzgada, máxime si se tiene en cuenta que esta sentencia hizo tránsito a “cosa juzgada constitucional”, con los efectos previstos en el artículo 243 superior (5) para este tipo de decisiones.

La Sala encuentra equivocada la consideración que hace la Corte Constitucional con posterioridad, en la Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005 (6) , pues ninguna autoridad, ni siquiera la Corte, puede reproducir el contenido material de una norma declarada inexequible.

Desarrollar y ampliar paulatinamente, como lo ha venido haciendo la Corte Constitucional, toda una teoría jurisprudencial sobre las “causales genéricas de procedibilidad de la tutela contra las providencias judiciales”, no es de recibo para esta corporación, toda vez que con ello se desconoce el mandato constitucional del numeral 9º del artículo 241 que autoriza a la Corte Constitucional a revisar las decisiones proferidas dentro de las acciones de tutela “en la forma que determine la ley” y la ley sobre este punto es inexistente ya que por ser inconstitucionales fueron retiradas del ordenamiento jurídico las normas que permitían tal posibilidad (7) .

Recurso de amparo

La tutela tal como quedó estructurada en Colombia, no es una instancia adicional ni un recurso extraordinario como el de amparo que existe en otros países para unificar la jurisprudencia de las Cortes y que, contrario a la tutela, presupone necesariamente la existencia de una decisión judicial.

Imperio de la ley

No puede existir tutela contra providencias judiciales porque conforme al artículo 86 constitucional, en caso de tutelar, la protección consiste en una orden y la administración de justicia, por mandato constitucional (art. 228 ibídem) es autónoma, independiente y desconcentrada, de suerte que por vía de tutela un juez no puede ordenar a otro que falle de determinada forma. Los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley (art. 230 ib).

Juez natural

Es la garantía que tienen las partes de que la autoridad a quien someten la controversia jurídica esté revestida de la competencia prevista en el ordenamiento jurídico, lo cual garantiza su conocimiento, especialización, experiencia e inmediación en el tema, dando certeza razonable de acierto en la decisión.

En relación con este tema y la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, consideró:

“Aceptar la tutela contra providencia judicial, implica permitir que se releve al juez a quien la Constitución y la ley ha asignado competencia sobre un caso, para que los individuos terminen siendo juzgados por jueces ex post facto o por jueces de excepción, vulnerando así derechos fundamentales como el debido proceso” (8) .

Así las cosas, la tutela interpuesta deviene improcedente y en consecuencia, la providencia impugnada será confirmada.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la providencia impugnada.

2. ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

Magistrados: Juan Ángel Palacio Hincapié, Presidente de la Sección—María Inés Ortiz Barbosa—Ligia López Díaz—Héctor J. Romero Díaz.

(1) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Acción de Tutela, Nº radicación: 1100103150002004-00558-01 del 19 de agosto de 2004, M.P. Ligia López Díaz.

(2) Cfr. Asamblea Nacional Constituyente. Informe-Ponencia “Mecanismos de protección de los derechos fundamentales y del orden jurídico. Constituyentes Jaime Arias López y Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Gaceta Constitucional Nº 77. Mayo 20 de 1991, págs. 9 y 10; Sesión Plenaria del 29 de junio de 1991, publicada en: Presidencia de la República - Consejería para el desarrollo de la Constitución - Asamblea Nacional Constituyente, 1993, Antecedentes del artículo 86, páginas 87 y siguientes; sesión de la Comisión Primera del 7 de mayo de 1991, publicada en: Presidencia de la República - Consejería para el desarrollo de la Constitución - Asamblea Nacional Constituyente, 1993, Antecedentes del artículo 86, páginas 9 y siguientes.

(3) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(4) Desde la Sentencia AC-AC-00422 del 26 de agosto de 2004, M.P. Ligia López Díaz.

(5) Según este artículo: “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”.

(6) M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(7) En este sentido se ha pronunciado la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en Auto IJ-03194 del 13 de junio de 2006, M.P. Ligia López Díaz.

(8) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Auto IJ-03194 del 13 de junio de 2006, M.P. Ligia López Díaz.

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