Sentencia 2007-00081 de enero 27 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2007-00081-01(18262)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Ford Motor de Colombia — Sucursal

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Bogotá, D.C, veintisiete de enero de dos mil once.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Debe la Sala decidir sobre la legalidad de las resoluciones por las cuales la DIAN impuso a Ford Motor de Colombia — Sucursal sanción por devolución improcedente del impuesto sobre la renta por el año gravable 2000 y decidió el recurso de reconsideración.

En los términos del recurso de apelación instaurado por el demandante, se debe precisar si es procedente mantener la sanción por devolución y/o compensación improcedente, luego de haberse proferido fallo definitivo por la jurisdicción contencioso administrativa dentro del proceso de determinación del gravamen por el citado año, y analizar los cargos de falta de motivación y violación a la presunción de inocencia y buena fe que amparan constitucionalmente a los contribuyentes.

El apelante argumenta, en lo que hace al procedimiento para sancionar, que el tribunal no examinó los cargos de “falta de motivación” y “violación al principio de presunción de inocencia y de buena fe”. Estos aspectos serán analizados a continuación.

Insiste el actor en la violación de los artículos 35 y 84 del Código Contencioso Administrativo por cuanto la resolución demandada se limitó a hacer una relación de hechos del proceso de revisión así: 1) Fecha de solicitud de devolución 2) Relación de correcciones y pagos del contribuyente. 3) Expedición del requerimiento especial y liquidación de revisión 4) Expedición del pliego de cargos, todo lo cual fundamenta exclusivamente en el artículo 670 del Estatuto Tributario.

La ley ordena que todo acto definitivo, contenga una motivación al menos sumaria o sea suficiente, sin que importe su extensión. En este caso, el artículo 670 del Estatuto Tributario, único que trata de la sanción por devolución y/o compensación improcedente, establece las reglas para imponer válidamente dicha sanción, a saber: a) Las devoluciones o compensaciones efectuadas con base en lo declarado, no son definitivas. b) Si el saldo declarado se modifica o rechaza por liquidación oficial, se deben reintegrar las sumas devueltas o compensadas en exceso, más los intereses moratorios aumentados en un 50%. c) El término para imponer la sanción es de dos años contados desde la fecha en que se notifique la liquidación de revisión. d) Antes de sancionar se debe notificar pliego de cargos y conceder un mes para su respuesta.

A estas condiciones se reducen el procedimiento aplicable y los términos de la sanción. Luego, la indicación de la conducta sancionable, la fecha de notificación y la cifra a cargo determinada en la liquidación oficial, la cantidad indebidamente devuelta y la notificación del pliego de cargos, así como haber invocado el artículo 670 del Estatuto Tributario, constituyen motivación más que suficiente para sostener la legalidad del acto acusado.

Tampoco es acertado alegar violación de la “presunción de inocencia y de buena fe” afirmando que “no se demostró la existencia de la infracción”. Es claro que el hecho sancionable consiste en haber obtenido la devolución o compensación del saldo a favor incluido en la declaración tributaria por el mismo contribuyente, que posteriormente es modificado mediante un acto administrativo que goza de presunción de legalidad en tanto no sea revocado o anulado por la autoridad competente.

Dicho acto oficial, en este caso la liquidación de revisión, constituye la prueba de que el declarante retiró de las arcas estatales una cantidad a que no tenía derecho y con ello configuró el hecho sancionable, todo esto antes de imponerse la sanción; luego mal puede afirmar el actor que este hecho solo se concreta a partir del pronunciamiento jurisdiccional proferido en segunda instancia respecto del acto oficial de determinación del tributo.

En cuanto a la discusión de fondo, como se desprende del artículo 670 del Estatuto Tributario(1) y lo ha reiterado la Sala(2), si bien para la imposición de la sanción por devolución y/o compensación improcedente la ley contempla un procedimiento autónomo e independiente del aplicable para la determinación del impuesto, existe interdependencia en los resultados de uno y otro, ya que para imponer la sanción es requisito sine qua non la notificación previa de una liquidación oficial de revisión, que suministra la base para sancionar. Por tanto, sometida esta última a control jurisdiccional, la sentencia definitiva, determinará la subsistencia o no del acto sancionatorio.

La actora registró en la declaración de renta y complementarios por el año gravable 2000 un saldo a favor de $ 1.197.139.000, que le fue devuelto el 17 de julio de 2002, y que desapareció al notificársele, el 11 de agosto de 2004 la liquidación oficial de revisión en que se determinó un valor a pagar por impuesto de $ 278.886.000 y una sanción por inexactitud en cuantía de $ 908.323.000.

El 12 de octubre de 2004 el contribuyente hizo uso del recurso de reconsideración contra la liquidación de revisión, que fue inadmitido por extemporáneo mediante auto del 28 de octubre de 2004, confirmado el 2 de diciembre del mismo año, y posteriormente llevó la misma liquidación oficial a control jurisdiccional, que culminó en segunda instancia con la sentencia inhibitoria del Consejo de Estado del 23 de abril de 2009 (Exp. 16536, M.P. Héctor J. Romero Díaz), por falta de agotamiento de la vía gubernativa.

El citado resultado no es discutido de fondo en la apelación, pues lo único que argumenta el apelante es que el fallador de primera instancia incurrió en un error de apreciación temporal, al afirmar que la resolución sanción notificada el 11 de enero de 2006 fue válida y oportunamente proferida, basado en una decisión inhibitoria adoptada el 23 de abril de 2009.

Es incomprensible que el demandante pretenda, en primer lugar, ligar la oportunidad para imponer la sanción por devolución improcedente a la fecha de la sentencia definitiva sobre el proceso liquidatorio, cuando el artículo 670 del Estatuto Tributario establece un único término para sancionar de dos años, contados “a partir de la fecha en que se notifique la liquidación oficial de revisión”, sea o no sometida esta al control jurisdiccional. En ningún caso la norma exige que dicha liquidación se encuentre en firme; y en segundo, condicionar la demostración del hecho sancionable a que se haya proferido la aludida providencia de segunda instancia en la jurisdicción, cuando la inexistencia del saldo a favor reconocido y devuelto al declarante deviene, para efectos sancionatorios, de la modificación efectuada en la liquidación de revisión, sin ninguna exigencia adicional.

Luego, el pronunciamiento definitivo respecto del proceso de determinación, que confirma la legalidad de la liquidación oficial de revisión, por ser esta el presupuesto de la sanción, lleva a concluir que el acto acusado implica que la sanción debe mantenerse.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 10 de marzo de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, que negó las súplicas de la demanda instaurada por Ford Motor De Colombia — Sucursal contra la resolución sanción por devolución y/o compensación improcedente correspondiente al impuesto sobre la renta y complementarios año gravable 2000, y la Resolución que la confirmó al decidir el recurso de reconsideración.

RECONÓCESE personería para actuar a nombre de la DIAN al doctor Marco Alejandro Aponte Patiño, en los términos del poder que obra en el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

(1) Artículo 670 del Estatuto Tributario. “Sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones: Las devoluciones o compensaciones efectuadas de acuerdo con las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios y sobre las ventas, presentadas por los contribuyentes o responsables, no constituyen un reconocimiento definitivo a su favor. Si la administración tributaria dentro del proceso de determinación, mediante liquidación oficial rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devolución o compensación, deberán reintegrarse las sumas devueltas o compensadas en exceso, más los intereses moratorios que correspondan, aumentados estos últimos en un cincuenta por ciento (50%). Esta sanción deberá imponerse dentro del término de dos años contados a partir de la fecha en que se notifique la liquidación oficial de revisión. [...] Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se dará traslado del pliego de cargos por el término de un mes para responder”.

(2) Consejo de Estado, sentencias: 30 de abril y 8 de octubre de 2009, Exp. 16777 y 16608, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 2 y 23 de abril de 2009, exp.16158 y 16205, C.P. Hugo F. Bastidas B; 12 de mayo de 2009 y 15 de abril de 2010, Exp. 17601 y 17158, C.P. William Giraldo G.