Sentencia 2007-00082/34910 de noviembre 20 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 11001-03-26-000-2007-00082-00 (34910)

Actor: Palmas del Curvaradó S.A. y otra

Demandado: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder

Referencia: Acción de revisión asuntos agrarios (D. 01/84)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas

Bogotá D.C., veinte de noviembre de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: III. Consideraciones

3.1. Presupuestos materiales de la sentencia de mérito.

3.1.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer, en única instancia, la acción de revisión contra las resoluciones 2424 del diez (10) de septiembre de dos mil siete (2007); 3472 del once (11) de diciembre de dos mil siete (2007) y 702 del veintidós (22) de marzo de dos mil seis (2006), expedidas por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder, de conformidad con el artículo 128.9 del Código Contencioso Administrativo.

3.1.2. Vigencia de la acción.

El artículo 50 de la Ley 160 de 1994 —norma vigente cuando se inició el procedimiento de deslinde(7)— en concordancia con lo dispuesto en el artículo 128.9 del Código Contencioso Administrativo, establecen que el término para interponer la acción de revisión contra el acto de deslinde, en única instancia, es de quince (15) días contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo o treinta (30) días para los terceros que demuestren interés, contados a partir del día siguiente al de la inscripción del acto en la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Por otra parte, el acto de adjudicación debe ser demandado a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que este no es un acto de deslinde, en los términos del artículo 128.9 del Código Contencioso Administrativo. Por ende, la Resolución del Incora 2809 del 2000, por medio de la cual se adjudicaron las tierras colectivas al Consejo Comunitario del Río Curvaradó, debió ser demandada por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (CCA, art. 85), la cual tiene un plazo de caducidad de dos (2) años, contados desde el día siguiente al de su publicación, cuando ella sea necesaria (CCA, art. 136.4). En este orden de ideas, el plazo de caducidad de dicha acción comenzó a correré a partir del 27 de febrero de 2001(8) y caducó el 27 de febrero de 2003, por lo que la acción no se encontraba vigente el 11 de diciembre de 2007, momento en el cual fue presentada la demanda(9).

En el sub lite el deslinde se definió mediante la Resolución 2921 de 2 de noviembre de 2007 y 3247 del 19 de noviembre del mismo año, las cuales fueron notificadas por estado el 22 de noviembre(10). La demanda fue presentada el 11 de diciembre de ese año, es decir, antes del vencimiento del término de quince (15) días previstos en la norma.

Por tanto, la acción de revisión de las resoluciones 2921 y 3247 de 2007 se encuentra vigente.

3.1.3. Legitimación para la causa.

Las sociedades Palmas del Curvaradó S.A. y Lafe Sierra y Cía. S.C.A., cuyo certificado de existencia y representación legal fue aportado con la demanda(11), concurren al proceso en calidad de afectadas directas por los actos administrativos impugnados, toda vez que en el mismo se decidió no deslindar los inmuebles de su propiedad del terreno colectivo adjudicado al Consejo Comunitario del Río Curvaradó(12). En consecuencia, Palmas del Curvaradó S.A. y Lafe Sierra y Cía. S.C.A. se encuentran legitimados para la causa por activa.

La demanda fue presentada contra el Incoder por haber sido la entidad que profirió los actos administrativos cuya nulidad se solicita. Ante la supresión y liquidación de dicha entidad mediante Decreto 2365 de 2001, esta Corporación reconoció a la Agencia Nacional de Tierras como sucesora procesal, mediante auto de 31 de mayo de 2017(13), la cual se encuentra representada mediante apoderada judicial en este proceso(14). Por ende, la Agencia Nacional de Tierras se encuentra legitimada para la causa por pasiva.

3.2. Sobre la prueba de los hechos.

En este acápite, la Sala se propone señalar y analizar las pruebas que se decretaron y practicaron dentro del proceso, con el propósito de que sirvieran de soporte para impugnar la validez de los actos administrativos controvertidos.

En el sub lite se decretaron las siguientes pruebas:

Copia de la Resolución 2809 del 22 de noviembre de 2000 “Por medio de la cual se adjudican en calidad de tierras de las comunidades negras, los terrenos baldíos ocupados colectivamente por la comunidad negra, organizada en el Consejo Comunitario del Río Curvaradó, ubicados en jurisdicción del municipio de Riosucio, departamento del Chocó”(15).

Diario Oficial correspondiente al 26 de febrero de 2001, en el cual se publicó la Resolución 2809(16).

Copia autenticada de la Resolución 702 del 22 de marzo de 2006, “Por la cual se inicia el procedimiento de delimitación o deslinde de los territorios colectivos adjudicados a las comunidades negras organizadas en el Consejo Comunitario del Río Curvaradó, ubicados en jurisdicción del municipio del Carmen de Darién, departamento del Chocó, de aquellos que pertenecieren al dominio privado de los particulares”(17).

Copia autenticada de la Resolución 2424 de diez (10) de septiembre de dos mil siete (2007), “Por la cual se deslindan los territorios colectivos adjudicados al Consejo Comunitario del Río Curvaradó de los predios de propiedad privada legítima adjudicados a particulares”(18).

Palmas del Curvaradó S.A. presentó recurso de reposición(19) contra la Resolución 2424 de 2007, en el que solicitó deslindar los predios “La Casita” y “La Sierpe” del territorio adjudicado al Consejo Comunitario del Río Curvaradó. En dicho recurso alegó que el acto de adjudicación debía ser aclarado, para indicar la ubicación real de las tierras adjudicadas, so pena de que ésta fuera inoponible por haber sido adjudicadas en Riosucio y no en los municipios creados posteriormente.

Copia autenticada de la Resolución 3247 de diecinueve (19) de noviembre de dos mil siete (2007) “por la cual se resuelven los recursos contra la resolución No. 2424 de 2007 expedida por la Subgerencia de Ordenamiento Social de la Propiedad”(20).

En respuesta al recurso de reposición presentado, el Incora señaló que los predios que reclamaba el impugnante fueron adjudicados antes de la segregación de los nuevos municipios, es decir en la jurisdicción correspondiente a Riosucio, de manera que el acto de adjudicación no requiere aclaración. Por el contrario, fue notificado y está ejecutoriado e inscrito en el registro de instrumentos públicos de Quibdó, razón por la cual no procede el recurso de reposición contra esa decisión.

En cuanto al deslinde de los predios “La Casita” y “La Sierpe”, manifestó que la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante Resolución 3617 del 1º junio de 2007, revocó las inscripciones registrales correspondientes a la adjudicación de dichos predios porque eran ilegales, ya que fueron inscritas en fecha posterior a la adjudicación de los territorios colectivos a la comunidad negra del río Curvaradó.

Copia autenticada de la Resolución 2921 del 2 de noviembre de 2007, mediante la cual se resolvieron los recursos de reposición interpuestos por Urapalma S.A. y la representante legal del consejo comunitario del río Curvaradó contra la Resolución 2424 de 2007(21).

El Consejo Comunitario solicitó que se aclarara si el predio El Guayabal se encontraba dentro del territorio colectivo adjudicado, así como el significado del sufijo “MC”. El Incoder indicó que el predio El Guayabal no se encontraba en el inventario de predios a deslindar, ni georreferenciar y, por tanto, no podía establecer dicha entidad si éste se encontraba en el área adjudicada. Por otro lado, aclaró que MC significaba “matricula inmobiliaria cerrada, por fuera de la vida jurídica, que el predio dejó de existir”.

Urapalma S.A. solicitó que se revocara la parte resolutiva de la Resolución 2425 de 2007. Ante ello, el Incoder recordó que la acción de tutela interpuesta por la recurrente, relacionada con la violación del debido proceso, había sido denegada por el Juzgado 20 Civil de Bogotá. De acuerdo con ello, el Incoder negó también el recurso administrativo presentado.

Copia de la Resolución 468 del 5 de mayo de 1992, mediante la cual el Incora adjudicó el predio denominado “La Casita” al señor Elciario Palacios Mosquera y copia de la constancia de inscripción de dicha resolución en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó el 11 de noviembre de dos mil tres (2003)(22).

Copia de la escritura pública 491 del 28 de febrero de 2005 en la que figura la compraventa del predio denominado “La Casita”, ubicado en la vereda Caño Claro, corregimiento de Bajirá, municipio de Riosucio, celebrada entre Elciario Palacio Mosquera y Palmas del Curvaradó S.A.(23).

Copia del folio de matrícula 180-22516, expedida el siete (7) de enero de dos mil nueve (2009), perteneciente al predio “La Casita” ubicado en la vereda Caño Claro del municipio de Riosucio, que inicialmente estaba registrado a nombre de Elciario Palacios Mosquera, posteriormente vendido a Palmas del Curvaradó S.A. Pero luego, la Superintendencia de Notariado anuló dichos registros indicando “falsa tradición - transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio”. Consta asimismo que el folio fue abierto el 11 de noviembre de 2003(24).

Copia de la Resolución 981 del 3 de agostos de 1993, en que el Incora adjudicó el predio “La solita” a María Georgina David Areiza y copia de la constancia de inscripción de dicha resolución en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó el 16 de marzo de 2004(25).

Copia de la escritura pública 583 del 11 de marzo de 2004 en la que figura la compraventa celebrada entre María Georgina David Ariza y la sociedad Lafe Sierra y Cía. S.C.A., del predio denominado “La Solita”, ubicado en la vereda el Arrastradero de municipio de Riosucio(26).

Copia del folio de matrícula 180-22684, expedido el 13 de enero de 2009, perteneciente al predio “La Solita” ubicado en el municipio de Riosucio, en el cual consta que se trata de una adjudicación de baldíos efectuada por el Incora con la Resolución 981 del 3 de agosto de 1993 a María Georgina David Areiza, y luego fue vendido a Lafe Sierra y Cía. S.C.A., el 11 de marzo de 2004. Se anota que el folio de matrícula fue abierto el 9 de febrero de 2004(27).

Copia de la Resolución 557 del 8 de junio de 1992, en la que el Incora adjudicó el predio “La Sierpe” al señor Benjamín Mosquera Agualimpia y copia de la constancia de inscripción de dicha resolución en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó el 25 de noviembre 2003(28).

Copia del folio de matrícula 180-22538, expedido el 7 de enero de 2009, perteneciente al predio “La Sierpe”, ubicado en la vereda Caño Claro del municipio de Riosucio, en el que consta que se trata de una adjudicación de baldíos del Incora a Benjamín Mosquera Agualimpia y vendido a Palmas del Curvaradó, mediante acto de 28 de febrero de 2005, inscrito el 8 de marzo del mismo año. Pero luego, la Superintendencia de Notariado anuló dichos registros indicando falsa “tradición - transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio”(29).

Copia del folio de matrícula 180-23853 correspondiente al predio “Así es la vida”, ubicado en el municipio de Riosucio, en el que consta que se trata de una adjudicación de baldío efectuada por el Incora mediante Resolución 2738 del 6 de diciembre de 1993, al señor Juan Gregorio González Tamayo, quien posteriormente se lo vendió a Lafe Sierra y Cía. S.C.A., el 5 de julio de 2005. Se anota que el folio de matrícula fue abierto el 24 de mayo de 2005(30).

Copia de la escritura pública 613 del 5 de julio de 2005 en la que figura la compraventa celebrada entre Juan Gregorio González Tamayo y la sociedad Lafe Sierra y Cía. S.C.A., del predio denominado “Así es la vida”, ubicado en la vereda el Arrastradero de municipio de Riosucio(31).

Copia del folio de matrícula 180-19907, expedido el 7 de enero de 2009, en el que se inscribió la adjudicación de tierras al consejo comunitario del Río Curvaradó(32).

Oficio SGAD 120 200, de la asamblea departamental del Chocó, con el que remite copia de las ordenanzas 011, 017 y 018 del 2000, por las cuales se crearon los municipios de Carmen del Darién y Belén de Bajirá(33).

Copia de las ordenanzas 018 de 22 de septiembre de 2000, por la cual se creó el municipio de Carmen del Darién, y 011 del 19 de junio de 2000, en la que se creó el municipio de Belén de Bajirá y mapas(34).

Oficio del 24 de diciembre de 2008 mediante el cual el subdirector de geografía y cartografía del Instituto Agustín Codazzi remitió copia de la ordenanza 018 que creó el municipio de Carmen del Darién y mapa con el límite de éste y Riosucio(35).

Copia simple de los documentos que reposaban en el archivo del Incoder relacionados con la adjudicación y deslinde del territorio del río Curvarado(36).

Copia de las resoluciones 1109 y 1110 del 8 de mayo de 2007, mediante las cuales el Incoder resolvió la revocatoria de las resoluciones 0557 en que se adjudicó el predio “La Sierpe” a Benjamín Mosquera Agualimplia y 0468 que adjudicó a Elciario Palacios Mosquera el predio “La Casita”(37).

El Incoder indicó que la fecha límite para inscribir las resoluciones 557 y 486 de 1992, por medio de las cuales se adjudicaron los predios “La Sierpe” y “La Casita”, respectivamente, había vencido el 25 de agosto de 2000; y éstas fueron inscritas el 25 y 10 de noviembre de 2003. En atención a ello, el Ministerio de Agricultura solicitó a la Superintendencia de Notariado y Registro la revocatoria directa del registro de las resoluciones 557 y 486 de 1992, lo que dio lugar a que la superintendencia iniciara un procedimiento administrativo de revocatoria. De acuerdo con ello, el Incoder desestimó el recurso presentado.

Copia de la Resolución 3627 del 1º de junio de 2007, proferida por la directora de registro de la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la cual decidió excluir varias anotaciones, incluyendo las pertenecientes a los folios de matrícula de los predios “La Casita” y “La Sierpe” objeto de este proceso(38).

La Superintendencia indicó que, de acuerdo con el artículo 24 del Decreto 1745 de 1995, quienes se crean con derecho, pueden a oponerse a la adjudicación desde el momento en que se acepta la solicitud de titulación colectiva, hasta la fijación del negocio en lista, acompañando el escrito respectivo de la prueba de su pretensión. “Vencido dicho término, precluye la oportunidad para oponerse a la solicitud de titulación”, conforme a al tenor literal de la norma. Aparte, la entidad recuerda que la secuencia de las tradiciones del dominio deberá demostrarse por un lapso no inferior al término de prescripción extraordinaria, fijado en diez (10) años por el artículo 1º de la Ley 791 de 2002. Teniendo en cuenta que las resoluciones de adjudicación de baldíos presentadas por Palmas del Curvaradó S.A. se expidieron en 1991 y 1992 y fueron inscritas en 2003, cuando ya habían sido adjudicadas dichas tierras al consejo comunitario del río Curvarado, la superintendencia negó el recurso formulado por dicha firma.

Copia del recurso de reposición presentado por el apoderado de Palmas del Curvaradó contra la Resolución 3627 de 2007(39) y de la Resolución 6284 del 17 de septiembre de 2007, mediante la cual se resolvió el recurso, confirmando la decisión(40).

La Resolución 702, así como las resoluciones 2424, 3247, 2921 de 2007, las ordenanzas 011, 017 y 018 del 2000 y los folios de matrícula inmobiliaria número 180-22516, 180-22684, 180-22538 y 180-23853 son documentos públicos en los términos del inciso 3º del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 264 ejusdem, hoy artículo 243 inciso 2º y 257 del Código General del Proceso.

Los demás documentos fueron aportados en copia simple. En cualquier caso, éstas estuvieron a disposición de las partes, las cuales tuvieron la posibilidad de controvertirlos o tacharlos de falsos. Sin embargo, ninguna de las partes las objetó o se refirió a la validez de esos documentos. En consecuencia, dichos documentos tienen valor probatorio, conforme a la jurisprudencia unificada de esta Corporación(41).

3.3. Asuntos a resolver por la Sala.

Corresponde a la Sala determinar si la acción agraria es procedente para analizar la legalidad de la Resolución 2809 de 2000, mediante la cual se efectuó la adjudicación de terrenos baldíos a la comunidad negra del río Curvaradó y la Resolución 702 de 2006, por la cual se inicia el procedimiento de deslinde de ese territorio.

Establecido lo anterior, deberá analizarse si las resoluciones 2424, 3247 y 2921 de 2007 vulneran los decretos 2663 de 1994 y 1745 de 1995, por que los predios deslindados no fueron adjudicados correctamente y porque con el deslinde se quiso subsanar las irregularidades en que incurrieron en la inspección ocular practicada en el trámite de adjudicación de los baldíos.

3.4. Análisis de la validez de los actos administrativos demandados.

3.4.1. Sobre la nulidad de la Resolución 2424 de 2007, debido a que la Resolución 2809 de 2000 indicaba que los predios se adjudicados se encontraban en Riosucio (Chocó), cuando en realidad estaban localizados en Carmen del Darién y Belén de Bajirá (Chocó).

La parte demandante argumenta que el error en la indicación del municipio en el cual se encontraban los predios adjudicados, conlleva la inoponibilidad de la resolución de adjudicación. En consecuencia, entiende que dichos predios no fueron adjudicados a las comunidades negras, por lo que el acto de adjudicación no es válido(42).

El Incoder, por su parte, aduce que los argumentos de la actora se dirigen contra la resolución de adjudicación, la cual se encuentra en firme, con carácter ejecutivo y ejecutorio, por lo que tiene carácter obligatorio mientras no haya sido anulada o suspendida judicialmente. Dicha resolución, afirma, debió ser recurrida mediante el procedimiento regulado en los artículos 24 a 26 del Decreto 1745 de 1995, el cual no fue ejercido en su oportunidad por la actora. Por último, indica que en el procedimiento de expedición de la Resolución 2424 de 2007 se cumplieron todos los requisitos preceptivos establecidos en el Decreto 2363 de 1994.

En primer lugar, precisa la Sala que para el momento en el que se presentó la demanda se encontraba vigente la Ley 1152 de 2007, mediante la cual se dictó el Estatuto de Desarrollo Rural, se reformó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural —Incoder— y se dictaron otras disposiciones. Dicha norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-175 del 18 de marzo de 2009, fallo con efectos hacia el futuro. En consecuencia, a partir de esa fecha recobraron vigencia las normas previstas en la Ley 160 de 1994, que son las aplicables a este caso.

Como lo ha indicado esta Corporación:

“(…) en materia de asuntos agrarios existe ley especial (L. 160/94) que establece diversos procedimientos, el tipo de acción y la caducidad de la misma frente a determinados actos, como por ejemplo: la resolución que declara que sobre un fundo o parte de él se ha extinguido el derecho de dominio privado (art. 53) y los actos que deciden de fondo los procedimientos de clarificación, deslinde y recuperación de baldíos (art. 50)”(43).

Por otro lado, el Código Contencioso Administrativo especificó un plazo especial de caducidad para la acción de nulidad y restablecimiento sobre los actos de adjudicación de baldíos, el cual es de dos (2) años contados desde el día siguiente al de su publicación(44).

Ahora bien, un acto administrativo es nulo por violación directa de la ley, incompetencia, expedición irregular, falsa motivación, inobservancia del debido proceso y desviación de poder(45). La oponibildad del acto, por su parte, es el efecto que produce el acto frente a los terceros que lo han conocido por los medios de publicidad que autoriza la ley. Y hace relación al derecho que tiene la autoridad que lo expidió para derivarle efectos frente a los terceros que lo conocieron de esa manera. Por ello, el análisis de oponibildad del acto se enfoca en la verificación de su notificación(46) o publicación(47).

Sin embargo, los demandantes no alegan que la Resolución 2809 de 2000 no haya sido notificada o publicada. Por el contrario, manifiestan que dicha resolución fue publicada en el Diario Oficial 44.340 de 26 de febrero de 2001(48) e inscrita el 2 de abril de 2001 en el folio de matrícula inmobiliaria 180-19907 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó(49), de los cuales aporta copia.

La parte actora, al manifestar que se presentó un error en la indicación del municipio en el cual se encontraban los predios, está argumentando que la Resolución 2809 de 2000 presentaba un error de hecho.

A juicio de la Sala, el error acusado es irrelevante habida cuenta que los predios, al momento en que se inició la actuación y hasta pocos meses antes de la expedición del acto administrativo, formaban parte del municipio que se especificó en el acto de adjudicación, y sólo por causa de la desmembración del municipio, ocurrida estando en curso la actuación administrativa, vino a quedar comprendido en límites del nuevo ente territorial. Luego, de producirse la aclaración del acto, su sentido sería el de indicar que antes pertenecía a esa comprensión municipal y que, a la fecha de la decisión formaba parte de una nueva municipalidad (una nota del estilo, “hoy municipio x”), sin que por ello pueda inferirse que mudó el objeto de adjudicación. Además, porque el folio de matrícula en el que se hizo la inscripción es el mismo y se conserva en la misma Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, de modo que no puede inferirse que por causa de la falta de aclaración, se hubiera presentado una equivocación por parte de terceros respecto de la identidad del predio.

La Resolución 2809 de 2000 no fue demanda, por lo cual se encontraba en firme, tenía carácter ejecutivo y ejecutorio (CCA, arts. 62, 64 y 66) y se encontraba amparado por la presunción de legalidad, por lo que tenía validez y eficacia plena(50). Por ende, no procede el ataque a dicha resolución mediante el ejercicio de la presente acción. Tampoco procede la solicitud de inaplicación e ineficacia de la misma, de manera que no es posible debatir su legalidad, aún si artificiosamente la actora pretende establecer un vínculo inescindible entre dicho acto y los que son objeto de análisis en este proceso, bajo el argumento de que el procedimiento de adjudicación no está perfeccionado y, en consecuencia, es inoponible hasta que sea aclarado.

La Sala considera pertinente destacar que las normas procedimentales que en esta oportunidad se aplican, no solo son de orden público y de obligatoria observancia, sino que además, al tratarse de la acción de revisión agraria, esas disposiciones procesales fueron instituidas para proteger y promover las formas asociativas de propiedad(51), el acceso a la propiedad(52) y las organizaciones solidarias(53); bienes que gozan de especial protección constitucional, al igual que el derecho de las comunidades étnicas a establecer sus propias formas de organización, sus sistemas de autoridad, gobierno y representación(54), así como la relación íntima de dichas comunidades con su territorio(55). En consecuencia, dichas las normas de caducidad aplicables al caso no pueden ser desconocidas por las entidades encargadas de su vigilancia, so pretexto de garantizar los derechos de propiedad privada que aquí no fueron acreditados fehacientemente.

Como queda visto, el hecho de que la resolución de adjudicación hubiera ubicado el territorio otorgado al consejo comunitario del río Curvaradó en el municipio de Riosucio, no puede considerarse constitutivo de un error, ni violatorio de las disposiciones señaladas por el demandante, porque aunque se trata de diferentes circunscripciones políticas, geográficamente corresponden a los mismos predios e iguales zonas georreferenciadas, lo cual se determinó con los planos y mapas allegados al proceso. Aparte, se reitera, la adjudicación se inscribió en la oficina de registro de Quibdó, para efectos de oposición y allí mismo estaban registrados los predios que debían ser objeto de deslinde (incluyendo los de las demandantes). Por tanto, las sociedades demandantes tuvieron la posibilidad de conocer oportunamente la apertura del proceso de adjudicación y de deslinde, siendo esa la oportunidad para plantear sus objeciones.

Finalmente, no procede realizar valoración alguna sobre las supuestas irregularidades que se presentaron en las inspecciones oculares y las visitas a los predios previas a la expedición de la Resolución 2809 de 2000, en la medida en que dicho acto administrativo, como antes se señaló, no puede ser objeto de análisis por la vía de acción de revisión agraria. En cualquier caso, las inconsistencias que las demandantes le endilgan a las inspecciones y visitas pertenecientes al procedimiento de deslinde no fueron debidamente acreditadas en el proceso. En sentido contrario, se pudo determinar que se garantizó el derecho de contradicción a todos los que participaron en el proceso, ya que del informe rendido, de las visitas practicadas y del dictamen pericial se corrió traslado a las partes, quienes solicitaron aclaración, complementación o presentaron objeciones que fueron resueltas oportunamente por la autoridad competente para ello(56).

De acuerdo con lo anterior, la Sala desestima el primer cargo contra la Resolución 2424 de 2007.

3.4.2. Sobre la nulidad de las resoluciones 3247 y 2921 de 2007, que confirmó íntegramente en reposición la Resolución 2424 de 2007 y negó la solicitud de excluir los predios “La Casita” y “La Sierpe” de las tierras adjudicadas al consejo comunitario del rio Curvaradó.

La sociedad demandante Palmas de Curvaradó S.A. recurrió la Resolución 2424 de 2007 solicitando que de las tierras adjudicadas al consejo comunitario del río Curvaradó se excluyeran los predios “La Casita” y “La Sierpe”. En sustento de su recurso, la firma argumentó que hasta tanto no fuera proferido un acto administrativo que aclarara el municipio en el cual se encontraban dichos predios, dicha adjudicación no le era oponible.

La entidad demandada reitera que los predios mencionados fueron identificados por sus linderos y que, mediante esta pretensión, las firmas demandantes en realidad atacan la Resolución 2809 de 2000, la cual se encuentra en firme y debidamente ejecutoriada.

Conforme a lo manifestado anteriormente por la Sala, debe desestimarse asimismo esta pretensión. La demandante realmente ataca la validez de la Resolución 2809 de 2001, que no fue demanda oportunamente, por lo que se encontraba en firme, tenía carácter ejecutivo y ejecutorio, y se encontraba amparada por la presunción de legalidad. Dicha resolución consecuentemente tenía validez y eficacia plena. Aparte, el territorio adjudicado se encontraba plenamente identificado en la Resolución 2809 de 2000, la cual fue publicada en el diario oficial e inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos de Públicos, para efectos de oponibildad.

Además, se observa que la propiedad de los predios denominados “La Casita” y “La Sierpe” (identificados con folios de matrícula 180-22516 y 180-22538) no fue inscrita oportunamente en el registro de instrumentos. Según la Ley 70 de 1993, a la que remite el artículo 34 del Decreto 2663 de 1994 invocado por la parte actora, no son adjudicables “los predios rurales en los cuales se acredite propiedad particular conforme a la Ley 200 de 1936” (art. 6º, lit. e)). Para acreditar la propiedad particular, la Ley 200 de 1936 exige título traslaticio de dominio debidamente inscrito con anterioridad(57). En consecuencia, “[l]os derechos de propiedad particular sobre los predios, salvaguardados por el literal e) del artículo 6º de la Ley 70 de 1993, son los inscritos en las correspondientes oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de fijación en lista de la solicitud de titulación colectiva a favor de las comunidades negras”, como lo ha indicado la Sala de Consulta y Servicio civil de esta Corporación(58).

Ahora bien, el folio del predio “La Casita” fue abierto el 11 de noviembre de 2003, porque el día anterior se solicitó la inscripción de la propiedad que el Incora adjudicó al señor Elciario Palacios Mosquera(59). Mientras el folio del predio “La Sierpe” fue abierto el 26 de noviembre de 2003, debido a que el 25 de noviembre de ese año se hizo la solicitud de inscripción de la adjudicación del Incora al señor Benjamín Mosquera Agualimpia(60). En atención a esto, la Superintendencia de Notariado y Registro anuló dichas inscripciones, por considerar que ésta había sido ilegal, tal como se puede verificar en los documentos, en los que se insertó un registro con el siguiente texto: “falsa tradición - transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio”(61).

Para la Sala, estas circunstancias permiten concluir que no se probó que los predios “La Casita” y “La Sierpe” cumplieran los requisitos legales exigidos para su exclusión del área adjudicada. Aparte, dichos predios fueron adquiridos en el 2003, cuando ya había sido adjudicado el territorio mediante resolución publicada e inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, lo que indica que la sociedad demandante no es poseedora de buena fe.

En consideración a lo anterior, la Sala desestima la segunda pretensión.

3.4.3. Sobre la nulidad de la Resolución 702 de 2006, por la cual se inició el procedimiento de deslinde de los territorios colectivos adjudicados al consejo comunitario del río Curvaradó ubicados en jurisdicción del municipio del Carmen del Darién.

Como se indicó anteriormente, la acción de revisión procede contra el acto que decide el fondo del proceso de deslinde, que en este asunto es la Resolución 2424 de 10 de septiembre de 2007. La Resolución 702 de 22 de marzo 2006 únicamente dio inicio al procedimiento de deslinde; no decidió sobre el fondo de éste. En consecuencia, los reparos contra la Resolución 702 de 2006 debieron formularse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, dentro del término de cuatro (4) meses previsto en el artículo 136.2 del Código Contencioso Administrativo, lo que impide a la Sala pronunciarse sobre su legalidad.

3.4.4. Sobre la inoponibilidad de la Resolución 2809 de 2000, respecto a las adjudicaciones de terrenos baldíos hechos a los particulares antes de la vigencia de la Ley 70 de 1992, mientras la providencia que determine la verdadera ubicación geográfica de tales territorios no se inscriba en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó.

Esta pretensión debe ser desestimada conforme a los anteriores argumentos. En primer lugar, la Resolución 2809 de 2000 no es inoponible, ya que en ella se especificaron las coordenadas de los territorios adjudicados y fue publicada en el diario oficial e inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En segundo lugar, los predios “La Casita” y “La Sierpe” fueron inscritos tras la adjudicación de territorios realizada mediante la resolución controvertida en este acápite, por lo que no pueden ser excluidos con base en el artículo 6º, literal e), de la Ley 30 de 1993.

En primer lugar, la Resolución 2809 de 2000 no es inoponible, ya que en ella se especificaron las coordenadas de los territorios adjudicados y fue publicada en el diario oficial e inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En segundo lugar, los predios “La Casita” y “La Sierpe” fueron inscritos tras la adjudicación de territorios realizada mediante la resolución controvertida en este acápite, por lo que no pueden ser excluidos con base en el artículo 6º, literal e), de la Ley 30 de 1993. El primero folio fue abierto el 24 de mayo de 2005, cuando se registró la adjudicación del Incora al señor Juan Gregorio González Tamayo(62); y el segundo fue abierto el 9 de febrero de 2004, cuando se inscribió la adjudicación efectuada por el Incora a la señora María Georgina David Areiza(63). De esta manera, al ser inscritos después de la fecha de vencimiento del plazo de fijación en lista de la solicitud de titulación colectiva a favor de las comunidades negras, no podían ser tenidos en cuenta en el procedimiento de deslinde.

Adicionalmente, en relación con quien ostentaba el título de adjudicación del predio, la Sala ha podido verificar, que dentro del procedimiento de titulación se dio cabal cumplimiento a los previstos en el Decreto 1745 de 1995, normativa rectora del principio de publicidad. De acuerdo con el artículo 24 de decreto:

“A partir del auto que acepta la solicitud de titulación colectiva, y hasta el momento de la fijación del negocio en lista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 del presente decreto quienes se crean con derecho, conforme a la ley, podrán formular oposición a la titulación, acompañando al escrito respectivo la prueba en que funden su pretensión. Vencido dicho término, precluye la oportunidad para oponerse a la solicitud de titulación”.

Pues bien, en la Resolución 2801 de 2000 consta que la gerencia regional del Incora aceptó la solicitud de adjudicación el cuatro (4) de octubre de mil novecientos noventa y nueva (1999). De conformidad con lo previsto artículo 21 del Decreto 1745 de 1995(64), el aviso de aceptación de la solicitud se fijó el ocho (8) de octubre de 1999, por el término de cinco (5) días hábiles en la oficina regional del Incora en el Chocó y se desfijó el día quince (15) del mismo mes y año. Adicionalmente, el aviso de la solicitud se publicó en la emisora Ondas del Darién el catorce (14) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999). Cumplida esta etapa publicitaria, la gerencia regional del Incora en el Chocó ordenó la práctica de la visita a la comunidad mediante Resolución veintisiete (27) del diecinueve (19) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).

Sin embargo, en esa etapa publicitaria los propietarios de los predios cuyo deslinde reclaman las demandantes no ejercieron el derecho de oposición previsto en el artículo 24 precitado. El silencio que observó quien en ese momento podía oponerse a la titulación, no puede subsanarse, so pretexto de la posterior enajenación del bien a terceros. Ahora, si estos terceros adquirentes hubieran observado una debida diligencia, habrían advertido que entre la fecha de adjudicación del predio al vendedor y la fecha de su adquisición por parte suya, mediaba un tiempo nada irrelevante de más de diez (10) años. Tiempo que hubiera sido suficiente para que su adquisición por otras personas, hubiera ocurrida a través de la usucapión, conforme al artículo primero (1º) de la Ley 791 de 2002.

Pero, si se pasara por alto esta debida diligencia, quienes adquirieron el predio, lo adquirieron en las circunstancias y estado que conforme a derecho tenían como resultado de la incuria que en su momento cursaron los vendedores y no pueden predicar que el daño que, a consecuencia de ello padecieron, sea imputable a nadie diferente a ellos.

Huelga decir, que no pueden en estas circunstancias volver su mirada crítica sobre los supuestos vicios que a su juicio acusa un acto administrativo cuya firmeza se había consolidado hacía más de cuatro (4) años.

Cobra especial significación, y lo advierte así la Sala, que en el periodo publicitario de la fase de adjudicación, que transcurrió entre el ocho (8) y el veintisiete (27) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999), los predios cuyo deslinde reclaman los demandantes se encontraban aún en la jurisdicción del municipio de Risoucio (Chocó), ya que los municipios de Belén de Bajirá y Carmen del Darién fueron creados mediante las ordenanzas once (11) y dieciocho (18) del nueve (9) de junio y veintidós (22) de septiembre de dos mil (2000), respectivamente.

Respecto del señalamiento que hacen los actores de la intención que habría asistido al Incoder de subsanar los defectos que habría tenido la inspección ocular, la Sala no encuentra prueba alguna de los aducidos defectos y, por tanto, ésta no pasa de ser una suposición de la parte demandante carente de respaldo.

Como corolario de lo anterior, la Sala negará las pretensiones de la demanda y mantendrá incólume la legalidad de los actos acusados.

3.5. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia archívese la actuación.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(7) Derogada por el artículo 178 de la Ley 1152 del 25 de julio de 2007, que reguló lo relativo a la clarificación de la propiedad y el deslinde de tierra, norma declarada inexequible en Sentencia C-175 del 18 de marzo de 2009.

(8) Folios 116 a 139, cuaderno 1.

(9) Folios (sic).

(10) Folio 319, cuaderno principal.

(11) Folios 191 a 198, cuaderno principal.

(12) Folios 191 a 198, cuaderno principal.

(13) Folios 568 a 569, cuaderno principal.

(14) Folios 570 a 577, cuaderno principal.

(15) Folios 104 a 115, cuaderno principal.

(16) Folios 116 a 139, cuaderno principal.

(17) Folios 320 a 335, cuaderno principal.

(18) Folios 251 a 308, cuaderno principal.

(19) Folios 74 a 77, cuaderno principal.

(20) Folios 311 a 314, cuaderno principal.

(21) Folios 315 a 318, cuaderno principal.

(22) Folios 164 y 165, cuaderno principal.

(23) Folios 155 a 157, cuaderno principal.

(24) Folios 412 a 413, cuaderno principal.

(25) Folios 164 a 167, y 185 a 186, cuaderno principal.

(26) Folios 183 a 184, cuaderno principal.

(27) Folios 405 a 406, cuaderno principal.

(28) Folios 166 y 167, cuaderno principal.

(29) Folios 414 a 416, cuaderno principal.

(30) Folios 407 a 408, cuaderno principal.

(31) Folios 177 a 179, cuaderno principal.

(32) Folios 409 a 411, cuaderno principal.

(33) Folios 440 a 453, cuaderno principal.

(34) Folios 140 a 153, cuaderno principal.

(35) Folios 390 a 403, cuaderno principal.

(36) Cuaderno Anexo 4.

(37) Folios 199 a 206, cuaderno principal.

(38) Folios 207 a 224, cuaderno principal.

(39) Folios 225 a 231, cuaderno principal.

(40) Folios 233 a 237, cuaderno principal.

(41) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, exp. 25022.

(42) Advierte la Sala que lo pretendido por la parte actora no guarda coherencia con lo consignado en el acápite de las normas violadas y el concepto de violación. Ésta solicitó la declaratoria de nulidad de las resoluciones mediante las cuales se efectuó el deslinde de los predios de naturaleza privada, del terreno adjudicado al consejo comunitario del río Curvaradó, porque no se tuvo en cuenta los predios de las sociedades demandantes. Pero los argumentos esgrimidos por las demandates se orientan a desvirtuar la legalidad de la Resolución 2809 de 2000 y el trámite del deslinde. Aparte, las demandantes no señalaron cuáles artículos del Decreto 2663 de 1994 consideraban violados. Además, invocaron una resolución que corresponde a la adjudicación de tierras efectuadas al consejo comunitario del río Jiguamiandó.

(43) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de marzo de 2015, exp. 33595.

(44) Código Contencioso Administrativo. “ART. 136.—Caducidad de las acciones. (…) 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la ley agraria, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos proferidos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, caducará en dos (2) años contados desde el día siguiente al de su publicación, cuando ella sea necesaria, o desde su ejecutoria, en los demás casos. Para los terceros, el término de caducidad se contará a partir del día siguiente de la inscripción del acto en la correspondiente Oficina de Instrumentos Públicos” (negrilla fuera del texto).

(45) Código Contencioso Administrativo (modificado por el artículo 14 del Decreto Nacional 2304 de 1989). “ART. 84.—Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. || Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió”.

(46) Al respecto: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo de 2015, rad. 25000232400020060090401; sentencia de 23 de agosto de 2012, rad. 25000232400020020106001; y sentencia de 3 de noviembre de 2016, rad. 13001233100020010202301.

(47) Al respecto: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 25 de enero de 2016, exp. 0851-15.

(48) Folios 116 a 139, cuaderno principal.

(49) Folio 103, cuaderno principal.

(50) “Como es bien sabido, la presunción de legalidad, legitimidad, validez, ejecutividad o de ‘justicia’ de que están dotados los actos administrativos y que le da plena eficacia y obligatoriedad a esta manifestación de la actividad de la administración, supone que todo acto administrativo está conforme al ordenamiento jurídico superior”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de diciembre de 2007, exp. 16503.

(51) Ley 160 de 1994. “ART. 1º—Inspirada en el precepto constitucional según el cual es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y a otros servicios públicos rurales, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina (…)”. Constitución Política de Colombia, artículo 58, inc. 3º. “El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad”.

(52) Constitución Política de Colombia. “ART. 56.—El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad”.

(53) Constitución Política de Colombia, artículo 56, inc. 4º. “El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial”.

(54) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 19 de febrero de 2015, rad. 70001-23-33-000-2014-00178-01(AC).

(55) “Como complemento de lo anterior debe agregarse que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha reconocido que los pueblos indígenas, tribales y afrocolombianos tienen un concepto del territorio y de la naturaleza que resulta ajeno a los cánones jurídicos de la cultura occidental. Para estas comunidades, como se ha visto, el territorio —y sus recursos— está íntimamente ligado a su existencia y supervivencia desde el punto de vista religioso, político, social, económico e incluso hasta lúdico; por lo que no constituye un objeto de dominio sino un elemento esencial de los ecosistemas y de la biodiversidad con los que interactúan cotidianamente (v.gr. ríos y bosques). Es por ello que para las comunidades étnicas el territorio no recae sobre un solo individuo —como se entiende bajo la concepción clásica del derecho privado— sino sobre todo el grupo humano que lo habita, de modo que adquiere un carácter eminentemente colectivo”. Corte Constitucional. Sentencia T-622 de 2016.

(56) Ver: Folio 1044, cuaderno 4, orden de inspección ocular; folio 1168, informe de visita o inspección ocular para el deslinde; folios 1204 a 1220, oposición a la misma; folios 1225 a 1229, resolución sobre objeciones; folios 1250 a 1252, orden de elaborar el plano con base en la inspección ocular.

(57) Ley 200 de 1936. Sobre régimen de tierras. “ART. 2º—Se presumen baldíos los predios rústicos no poseídos en la forma que se determina en el artículo anterior”. “ART. 3º—Acreditan propiedad privada sobre la respectiva extensión territorial, y en consecuencia desvirtúan la presunción consagrada en el artículo anterior, fuera del título originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal, los títulos inscritos otorgados con anterioridad a la presente ley, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria”.

(58) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 24 de septiembre de 2009, exp. 1768.

(59) Folios 164 y 165, cuaderno principal.

(60) Folios 166 y 167, cuaderno principal.

(61) Folios 412 a 413, y 414 a 416, cuaderno principal.

(62) Folios 407 a 408, cuaderno principal.

(63) Folios 405 a 406, cuaderno principal.

(64) Decreto 1745 de 1995. “ART. 21.—“Iniciación del trámite y publicidad de la solicitud. Radicada la solicitud por el Incora, el gerente regional ordenará, en un plazo no superior a cinco (5) días, mediante auto iniciar las diligencias administrativas tendientes a la titulación de Tierras de las Comunidades Negras y hacer la publicación de la solicitud. Dentro de esta etapa se ordenarán las siguientes diligencias; || 1. Publicar la solicitud por una (1) vez, en emisora radial con sintonía en el lugar de ubicación del inmueble, o en su defecto, en la misma forma en un periódico de amplia circulación, en la región donde se encuentre ubicado el territorio solicitado en titulación. || 2. Fijar un término de cinco (5) días hábiles el aviso de la solicitud en un lugar visible y público de la alcaldía municipal, de la inspección de policía o del corregimiento, a los que corresponda el territorio solicitado en titulación y en la respectiva oficina del Incora que adelante el trámite”.