Sentencia 2007-00089 de junio 7 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref. 11001-3103-038-2007-00089-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz

Bogotá, D.C., siete de junio de dos mil trece.

Discutida y aprobada en sala de dieciséis de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Al tenor de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 374 ibídem, cuando en la impugnación extraordinaria se denuncia la comisión de un yerro fáctico por parte del juez de segunda instancia, resulta imperativo que “el recurrente lo demuestre”, dada la esencia del recurso de casación y por no ser este una tercera instancia.

“[L]a demostración implica encarar de tal modo el fallo que se evidencie el yerro fáctico que habría provocado la infracción de la ley, así como la trascendencia del error en la decisión impugnada, acreditando que el sentido de la decisión hubiera sido distinto de no mediar el yerro que se denuncia’ (Auto de sep. 18/2007, Exp. 11001-3103-038-2000-00811-01)” (Sent. Cas. Civ. de feb. 21/2011, Exp. 00263), en consecuencia “...el acusador, en su gestión de demostrar los yerros del juzgador, no puede quedarse apenas en su enunciación sino que debe señalarlos en forma concreta y específica, en orden a lo cual tendrá que precisar los apartes relativos a cada una de las falencias de valoración probatoria, confrontando la realidad que resulta de la prueba con la errada ponderación efectuada por el sentenciador, tarea esta que no queda cabalmente satisfecha si el censor se contrae apenas a plantear, por más razonado que ello resulte, lo que desde su perspectiva debió ser el juicio del tribunal, por supuesto que un relato de ese talante no alcanza a constituir una crítica al fallo sino apenas un alegato de instancia” (Sent. Cas. Civ. 056 de 8 de abril de 2005, Exp. 7730).

Pues bien, la promotora del recurso extraordinario omitió demostrar la ocurrencia del error que denuncia, mediante la debida confrontación entre los argumentos del tribunal y la lectura que ha de darse a las probanzas que acusa como indebidamente apreciadas, así como destacar la incidencia en el caso de las normas que denuncia como vulneradas.

Ciertamente, el cargo bajo estudio parte por señalar las normas que considera vulneradas; enuncia los documentos supuestamente dejados de apreciar, limitándose a indicar el folio en el que se encuentran; transcribe apartes de los testimonios que considera mal analizados; señala que el allanamiento de uno de los demandados —César Augusto Luzardo Paz— no fue tenido en cuenta, así como la declaración que este mismo rindió en un proceso anterior —ordinario de unión marital de hecho de la aquí actora y Julio César Luzardo Varela—; y alude al desconocimiento de catorce fotografías del núcleo familiar, carnets de expositor a nombre de Amparo del Socorro Paz, copia de 4 contratos de arrendamiento, 2 comunicaciones relativas a la calidad de artesana de la peticionaria, 1 solicitud de inscripción para exposición de artesanías y 4 escrituras públicas.

De allí, la recurrente pasa a exponer el “sustento del cargo” acusando al tribunal de: vulnerar el artículo 187 ejusdem, por no haber valorado en conjunto las evidencias, y en consecuencia, pasar por alto que “armonizando los testimonios con todos los medios de prueba aportados (...) se encuentra que existe un valioso patrimonio (...) producto del trabajo, de la colaboración existente entre la demandante y el causante (...) en un periodo superior a los 38 años” (fl. 30, cdno. de la Corte); desconocer el contenido del artículo 197 ídem, al no percatarse de que un demandado se allanó a los términos del libelo (fl. 31); interpretar indebidamente la demanda (fls. 31, 32 y 33); y de no darse cuenta, de que todos los bienes en cabeza del causante Luzardo Varela fueron adquiridos con posterioridad a 1961, entre 1966 y 1968, cuando aún la convocada opositora no había nacido, en vigencia de la unión entre compañeros y la sociedad de hecho (fls. 32 y 33).

Así mismo, como soporte de la acusación, manifiesta que, las sociedades de hecho y patrimonial tienen rasgos semejantes; que la Ley 54 de 1990 tiene efectos retrospectivos, sirve de “pauta interpretativa de las relaciones patrimoniales existentes entre compañeros permanentes” y debe ser aplicada analógicamente (fls. 31 y 33); que nadie se puede enriquecer sin causa justa; que el patrimonio obtenido por la pareja debe ser compartido pues hace parte de una sociedad amorfa otrora regulada en el artículo 2083 del Código Civil (fl. 32); y, cierra su argumentación insistiendo en que la providencia opugnada transcribe apartes de los testimonios “desconociendo su verdadero sentido”, sin analizar las evidencias en conjunto, pues de ellas –en especial de las declaraciones de Blanca Paz, Claudia Neira y Alberto Amaya- “se desprende nítidamente la existencia de los hechos generadores de la sociedad de hecho” (fl. 34-35).

En compendio, la recurrente no confronta los fundamentos del fallo del ad quem, ni señala con precisión cuál es la realidad que soportan las pruebas en contraposición a los supuestos yerros de apreciación en que aquel incurrió; se limita a efectuar un alegato de instancia contentivo de acusaciones en extremo genéricas, meramente enunciativas, sin “precisar los apartes relativos a cada una de las falencias de valoración probatoria” y sin confrontar “la realidad que resulta de la prueba con la errada ponderación efectuada por el sentenciador”.

En el sub lite, como quiera que el tribunal echó de menos la acreditación de la affectio societatis y de “aportes ciertos y determinantes para conformar la sociedad”, la labor de la libelista debió centrarse en señalar todas y cada una de las pruebas y los respectivos apartes de las mismas, que en su criterio demostraban los elementos de la sociedad de hecho y no restringirse a efectuar afirmaciones sin demostración fehaciente y a elucubrar sobre la proximidad de la sociedad de hecho y la patrimonial derivada de la unión marital, toda vez que, si bien es cierto que la jurisprudencia ha evolucionado en torno a la prueba de los elementos de las asociaciones de facto entre miembros de una pareja, para la explotación común de una actividad lucrativa, también lo es que la presencia de tales componentes sigue siendo necesaria para la existencia de la sociedad de hecho.

2. Por otra parte, a pesar de que la censura enrostra la comisión de errores de hecho en la apreciación de los medios demostrativos, soporta la infracción en disposiciones del Código de Procedimiento Civil sobre disciplina probatoria, como son los artículos 175, 176, 195, 228, 241, 251 a 254, 256, 258, 264, 269, 187 y 197, desarrollando únicamente lo relativo a los dos últimos preceptos, mediante argumentos que desbordan los límites del yerro fáctico, toda vez que este “surge (...) de la suposición, preterición o errada apreciación de la prueba (sent. 187 de oct. 19/2000, Exp. 5442), es decir, ‘el error probatorio de hecho acaece cuando el tribunal cree equivocadamente en la existencia o inexistencia de un medio probatorio en el proceso o cuando al existente le da una interpretación ostensiblemente contraria a su contenido real, es decir, cuando desacierta en la contemplación objetiva de la prueba, razón por la que se ha explicado que su estructuración solo puede tener como causa determinante una cualquiera de estas hipótesis: a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento (...)’ (sent. 034 de ago. 10/99, Exp. 4979), sin resultar admisible ‘para la prosperidad del cargo en que se arguye error de hecho, sustentarlo con razones propias del error de derecho, ni viceversa, pues en el fondo implica dejar enunciado el cargo pero sin la sustentación clara y precisa que exige la ley; y, dada la naturaleza dispositiva del recurso de casación, le está vedado a la Corte escoger a su libre arbitrio entre uno y otro yerro para examinar las acusaciones’ (sents. 077 de 15 de septiembre de 1998, Exp. 4886; 112 de 21 de octubre de 2003, Exp. 7486, y de 18 de septiembre de 2009, Exp. 00406, inter alia)” (auto de dic. 18/2009, Exp. 07634).

En otros términos, al denunciar la comisión de un yerro fáctico y recriminar al juzgador por no haber apreciado las pruebas en conjunto —artículo 187 ídem— y no tener en cuenta el allanamiento de uno de los convocados —canon 197 ibídem—, la impugnación incurre en una indebida mixtura o confusión de los tipos de extravío que se pueden denunciar por la vía indirecta de la causal primera de casación, pues incluye en su desarrollo argumentaciones propias del error de derecho.

3. También ha de precisarse que, si bien en el libelo introductor del proceso se deprecó la declaratoria de la existencia de una “sociedad comercial de hecho” (fl. 19, cdno. 1) y dicha pretensión fue reformada tempestivamente para en su lugar solicitar igual pronunciamiento pero respecto de una “sociedad de hecho” (fl. 107), el supuesto yerro en la interpretación de la demanda que el recurrente endilga al ad quem carece de trascendencia.

En efecto, en la actualidad, el ordenamiento jurídico patrio no distingue entre las compañías de carácter civil o mercantil, a efectos de establecer la normatividad que les resulta aplicable; ese fue el querer del legislador cuando, al modificar el artículo 100 del Código de Comercio, mediante el artículo 1º de la Ley 222 de 1995, preceptuó que “las sociedades que no contemplen en su objeto social actos mercantiles, serán civiles. Sin embargo, cualquiera que sea su objeto, las sociedades comerciales y civiles estarán sujetas, para todos los efectos, a la legislación mercantil”.

Con anterioridad a la citada reforma, tampoco se hacía diferenciación en punto de los elementos de existencia de las sociedades, estableciéndose la naturaleza de estas en razón de su objeto social y las actividades propias del giro ordinario de los negocios; situación reflejada también en las entidades de facto disciplinadas por el derecho común en los artículo 2083 del Código Civil —las civiles— y 498 a 506 del Código de Comercio —las mercantiles—, surgidas ambas bajo “idénticos requisitos o presupuestos axiológicos (...) a cuyo efecto ‘debe recordarse que en materia de sociedades de hecho, si bien es cierto que en el pasado se distinguía entre las que se regían por la legislación mercantil y las que tenían venero en la civil, no es menos cierto que una y otra fueron reconocidas bajo la concurrencia de idénticos elementos consistentes en la ‘pluralidad de socios, aportes comunes, propósito de lucro para repartir utilidades o pérdidas e intención de constituir la sociedad’ (Cas. Civ. mayo 14/92)’ (Cas. Civ. de mayo 22 de 2003, Exp. 7826)” (Sent. Cas. Civ. de dic. 5 de 2011, Exp. 00164; destacado fuera de texto).

Luego, teniendo en cuenta que el tribunal negó las pretensiones de la demanda al considerar que en el proceso no se acreditó la affectio societatis, y porque la actora ejerció la labor de artesana “como un acto particular, lo cual no es un patrón suficiente para concluir que los beneficios de la misma constituyeron aportes ciertos y determinantes para conformar la sociedad” (fl. 24, cdno. de 2ª inst.), ninguna incidencia reviste el hecho de que se estuviese ante una institución de naturaleza mercantil o civil, en la medida en que en uno y otro caso se requiere la presencia de los elementos reclamados por el juzgador, verbi gratia, el animus contrahendae societatis y los aportes de los asociados.

5. Por lo expuesto, el cargo no prospera.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 16 de septiembre de 2010, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en el proceso ordinario promovido por Amparo del Socorro Paz Villareal contra Ivonne Amparo y César Augusto Luzardo Paz, así como, los herederos indeterminados de Julio César Luzardo Varela.

Sin costas en esta actuación por estar quien recurre amparado por pobre.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente».