Sentencia 2007-00092 de julio 19 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: Expediente 25000-23-26-000-200700092-01 (36846)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Maria Ligia Avilán Delgado

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

Asunto: incidente de regulación de perjuicios

Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil diez.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 10 de diciembre de 2008 proferido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera, Subsección B, por medio del cual se resolvió sobre un incidente de regulación de perjuicios en favor de la señora María Ligia Ávila(sic) Delgado, como víctima de violaciones de derechos humanos, por virtud de lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual será confirmado.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

La Sala modificará la providencia apelada, por las razones que a continuación se exponen:

Para estudiar el asunto la Sala abordará los siguientes temas: i) la competencia del Consejo de Estado; ii) El trámite de los incidentes de regulación de perjuicios en virtud de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y iii) El caso en concreto.

1. Competencia.

La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto, de conformidad con lo dispuesto, por los artículos 2º y 11 de ley 288 de 1996, en concordancia con el numeral 5º del artículo 137 del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, según el artículo 11 de la Ley 288 de 1996 la competencia en primera instancia para conocer de este tipo de incidentes está radica en los tribunales contencioso administrativos. Esta misma norma reenvía el trámite a lo dispuesto en los artículos 135 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Codificación procesal civil que, a su vez, en su artículo 137 numeral 5º establece la doble instancia para el trámite de dichos incidentes.

En consecuencia, compete a la Sala conocer de la apelación a la decisión sobre el incidente de regulación de perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos en virtud de lo dispuesto por un organismo internacional de Derechos Humanos, adoptada en primera instancia por los tribunales administrativos.

2. El trámite de los incidentes de regulación de perjuicios en virtud de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Ley 288 de julio 5 de 1996(1) reguló los instrumentos para la indemnización de perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos en virtud de lo dispuesto por determinados órganos internacionales, cuando quiera que estos determinen la responsabilidad del Estado colombiano y, en consecuencia, impongan la obligación indemnizatoria respectiva.

La ley en cita introdujo un procedimiento alternativo de solución de conflictos, para adelantar conciliación judicial y prejudicial, así como el incidente de regulación de perjuicios en los casos en que se presente violación de los Derechos Humanos, disposiciones que —como ya lo había advertido la Sala en relación con la conciliación(2)— no siguen la normativa tradicional a pesar de que reenvíe a esta, sino que, debe surtir un trámite y reunir unos presupuestos particulares.

Al efecto, el artículo 2º Ibíd establece como requisitos para celebrar conciliaciones o adelantar incidentes de liquidación de perjuicios en los casos de violación de derechos humanos los siguientes:

i) Que exista una decisión previa, escrita y expresa del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se concluya respecto de un caso concreto que el Estado colombiano ha incurrido en una violación de Derechos Humanos y se establezca que deben indemnizarse los correspondientes perjuicios; y

ii) Que exista concepto previo favorable al cumplimiento de la decisión del órgano internacional de derechos humanos proferido por un comité constituido por el Ministro del Interior [hoy también incluye la cartera de Justicia], el Ministro de Relaciones Exteriores, y el Ministro de Defensa Nacional.

A su turno el artículo 11 de la ley en referencia prevé que si no se llegare a un acuerdo luego del trámite de conciliación, los interesados podrán acudir ante el Tribunal Contencioso Administrativo competente, para tramitar la liquidación de perjuicios por la vía incidental, según lo previsto en los artículos 135 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

De acuerdo con la misma disposición, la decisión sobre el incidente de regulación de perjuicios se adoptará por el tribunal en los términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo [y de conformidad con el artículo 167 de esta codificación es menester remitirse a lo previsto por los artículos 135 y ss. del CPC] y será susceptible de los recursos de ley.

Si bien la normativa en comento usa indistintamente las expresiones “liquidación” y “regulación” al referirse al trámite incidental de perjuicios, lo cierto es que el juzgador nacional no limita su tarea tan solo a una simple liquidación, sino que —igualmente y en forma previa— le compete entrar a determinar su existencia, en atención a que la decisión del organismo internacional reviste en algunos eventos —como en el sub lite— tan solo el carácter de un “informe de recomendación”, en tratándose de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En otros términos, cuando la Comisión Interamericana de Derecho Humanos se limita a determinar el daño .y su posible imputación al Estado colombiano; queda deferida la determinación de la existencia del perjuicio al trámite de una conciliación, o de una regulación incidental que se adelanta ante el juez patrio, de ser el caso.

Esto último ocurre, justamente, al tenor de lo dispuesto por la misma preceptiva [L. 288, art. 11] cuando en la instancia de conciliación, no se llega a un acuerdo.

3. El caso concreto.

La apelación se circunscribe al reconocimiento a favor de la señora María Ligia Avilán tanto de indemnización por lucro cesante como por daño a la vida de relación.

i) En relación con el reconocimiento del lucro cesante en el presente asunto.

En relación con el reconocimiento del lucro cesante a favor de los padres, la jurisprudencia ha dicho que se presume que los hijos ayudan a sus padres hasta la edad de veinticinco años, en consideración “al hecho social de que a esa edad es normal que los colombianos hayan formado su propio hogar, realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas en otros frentes familiares”(3).

Sin embargo, se ha considerado también que cuando se prueba que los padres recibían ayuda económica de sus hijos antes del fallecimiento de estos, la privación de esta tendría un carácter cierto y se ha presumido que la misma habría de prolongarse en el tiempo, más allá de la edad referida de los hijos, a condición de que se reúnan algunas circunstancias que permitieran afirmar tal presunción como la necesidad de los padres, su situación de invalidez, su condición de hijo único(4).

En el presente asunto se encuentra acreditado, que al momento de morir Arturo Ribón Avilán tenía 27 años de edad, era hijo de la señora María Ligia Avilán Delgado, que esta última tenía 60 años de edad para la fecha de la muerte de su hijo, y que desde el año de 1964 no convivía con el padre de sus hijos sino con el señor Arturo Ribón, de ello dan cuenta los siguientes documentos:

— Registro civil del nacimiento de Arturo Ribón Avilán ocurrido el 12 de septiembre de 1958 en la ciudad de Bogotá, fecha para la cual su madre tenía 23 años (fl. 53, cdno. 1).

— El informe 21/97 de la Comisión Interamericana de de Derechos Humanos caso 11.142 - Colombia en el que se señala que el 30 de septiembre de 1985 murió Arturo Ribón Avilán (fls. 90 a 111).

— Sentencia de divorcio de mutuo acuerdo, proferida por el Juzgado 6º de Familia de Santa fe de Bogotá el 23 de junio de 1993, en la que se indica que desde el año de 1964, la señora María Ligia Avilán Delgado, se había separado de cuerpo de su esposo el señor Adolfo Ribón Rivera —padre de la víctima— y en la que se señaló “que el sostenimiento de cada uno de los cónyuges será por su propia cuenta”.

— Testimonios de Armando Ribón Avilán y Bernardo Ribón Avilán, hermanos de la víctima y quienes dan cuenta de que esta y la madre vivían solo en una casa de arriendo, dado que los demás hijos tenían sus propios hogares.

Cabe señalar, que si bien sobre los anteriores testimonios pesa una causal para ser tenidos como sospechosos a la luz del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, en virtud del parentesco entre los interrogados y la accionante, también es claro para la Sala que ese solo hecho no lleva a descartar sus versiones, sino que su valoración depende de la credibilidad que sus versiones puedan revelar. Al respecto esta Sala en sentencia de diciembre de 2007, señaló lo siguiente(5):

No obstante, la Sala quiere señalar que los vínculos que puedan tener los testigos con cada una de las partes del proceso no son óbice, por sí mismos, para no valorarlos. De hecho, la prueba testimonial, regulada en el artículo 294 Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 254 Código de Procedimiento Civil, se rige en cuanto a su apreciación, por el principio de la sana critica, de manera que el juzgador, según su buen criterio, le dará o no la credibilidad debida, lo cual aplica, incluso, tratándose de personas que tengan intereses marcados con alguna de las partes.

En este sentido señala la doctrina de manera elocuente:

“El medio radical de impedir los errores consiste en excluir los testimonios que ofrezcan garantías insuficientes. Esto parece sencillo: un testimonio vale esencialmente según la confianza concedida al testigo; si el deponente resulta indigno de ella, ¿no es más seguro descartarlo de golpe? Más, ¿qué testigos son los sospechosos hasta el punto de no quererlos oír? ¿Y cómo determinar, incluso antes de verlos y oírlos, su falta de credibilidad? Para merecer una exclusión total, la incredibilidad debe ser bastante completa, versar sobre todo el conjunto del testimonio, y no solamente sobre cual o tal de sus partes. Ahora bien, sabemos que ese supuesto resulta excepcional, que la mayoría de los errores son relativos o parciales y que hasta las mentiras son con frecuencia compartimentos estancos. La exclusión practicada por anticipado debe, por lo tanto, constituir un procedimiento muy limitado. No por eso hay que dejar de estudiarlos; porque ha formado el principal aspecto negativo del sistema de la prueba legal, mas o menos subsistente en todas las legislaciones”(6).

De hecho, no existe norma que ordene al funcionario judicial desechar las declaraciones de quienes tienen alguna relación con una de las partes del proceso judicial. Lo que ocurre es que el juez debe considerar estas circunstancias adecuadamente, y darles el valor que correspondan(7). Esta situación no desacredita a tales testigos, per se, ni la ley procesal descalifica, a priori, al testigo sospechoso, sino que, al tenor del artículo 218, advierte que el juez debe apreciarlo “de acuerdo con las circunstancias de cada caso”, lo que significa que debe examinarlo con mayor cuidado, pero puede merecerle plena credibilidad, tal como ocurrió en el sub iudice.

Valorado estos testimonios la Sala les otorga credibilidad dada la forma clara y precisa de su dicho y por tanto tienen por demostrado que entre la señora María Ligia Avilán Delgado y su hijo Arturo Ribón Avilán, existía una relación afectiva, que solo los dos vivían en una casa en arriendo debido a que los demás hermanos tenían cada uno sus respectivos hogares.

A todo lo anterior cabe agregar que la prueba testimonial obrante en el proceso, no fue cuestionada por la parte demandada, debido a que estos no fueron tachados de falsos, con lo cual se advierte la aquiescencia de los mismos por dicha parte; además dada la naturaleza del hecho que se intenta demostrar como es la convivencia o dependencia económica entre familiares, resulta creíble los testimonios aportados, debido a que a ello se suma las circunstancias particulares como eran, que los demás hijos de la señora María Ligia Avilán Delgado, Bernardo Ribón Avilán, Rosa Marcel Ribón Avilán, Armando Ribón Avilán, se encontraban casados (registros de matrimonios 73, 75, 78 c.2), que la señora en mención tenía 60 años de edad en la fecha de la muerte de su hijo y que era una mujer separada.

Considera la Sala que en relación con la dependencia económica que existía entre la señora María Ligia Avilán Delgado y su hijo Arturo Ribón Ávilan, a pesar de lo indicado en los testimonios, esta no podría recaer únicamente en cabeza de un solo hijo, sino que como lo señaló el a quo, y en aplicación de las reglas de la experiencia y la sana crítica, dicha dependencia económica correspondía a una división en partes iguales en cabeza de los 5 hijos de la señora Maria Ligia, y no solo en cabeza de la víctima.

Lo anterior se sustenta entre otras razones, en la obligación legal que le asiste a todo hijo frente a sus padres, prevista en los artículos 251 y en el numeral 3º del artículo 411 del Código Civil, normas que prevén que los hijos deben alimentos a sus padres, y según la cual aún emancipado el hijo queda siempre obligado a cuidar de sus padres en su ancianidad, en su estado de demencia, y en todas las circunstancias de la vida en que se necesite su auxilio.

Finalmente, no estando demostrado cuánto era lo que requería la señora María Ligia Avilán Delgado para subsistir, pero sí su dependencia económica o necesidad frente a sus hijos, esta no podría ser inferior a lo mínimo que requiere una persona para subsistir, esto es a un salario mínimo como lo señaló el a quo.

Con lo anterior es claro para la Sala que en el presente asunto se infiere la dependencia económica parcial que existía de la madre hacía su hijo, razón por la cual frente a este argumento no le asiste razón al recurrente.

ii) De la alteración de las condiciones materiales de existencia.

El demandante considera que en el presente asunto se confunde el reconocimiento del daño de la vida de relación, con el moral, al respecto se observa que:

En el incidente de regulación de perjuicios se solicitó el reconocimiento de una indemnización por la alteración de la vida de relación familiar social y afectiva causados a la señora María Ligia Avilán Delgado, con la violación de los derechos a la que fue sometido su hijo Arturo Ribón Avilán.

Cabe señalar que la afectación a la que se refieren en el presente incidente, ha sido denominada por la Sala de manera reciente como “alteración de las condiciones materiales de existencia”; la cual hace alusión a la modificación significativa de la existencia o relaciones externas de las personas, reflejada en los hábitos, proyectos y ocupaciones de la vida de quien padece el daño; tipo de perjuicio, que es diferente al perjuicio moral toda vez que este último, responde es al sufrimiento eminentemente interior que soporta quien padece el daño(8).

La alteración de las condiciones materiales de existencia como la de los demás daños, puede demostrarse a través de cualquier medio probatorio e incluso, puede darse por acreditado en consideración a las circunstancias particulares del caso, relacionadas con la naturaleza de la lesión física sufrida por la víctima, las secuelas que le haya dejado y la alteración de las condiciones en que se desarrollaba su vida familiar y laboral.

En ese orden, si bien la Sala no desconoce que la violación de Derechos Humanos puede causar alteración de las condiciones materiales de existencia a las víctimas o a sus familiares, la existencia de ese daño, sino se da por acreditada por las circunstancias particulares del caso, debe estar debidamente demostrada en el expediente a través de cualquier medio de prueba.

En el sub examine, considera la Sala que no se encuentra demostrada la alteración material a las condiciones de existencia de la señora María Ligia Avilán, debido a que solo con la muerte del joven Arturo Ribón Avilán, no se puede acreditar cuál fue la modificación significativa de la existencia o relaciones externas de esta, reflejada en los hábitos, proyectos y ocupaciones de su vida.

Por otra parte revisado el material probatorio aportado al presente incidente tampoco se observan medios de pruebas tendientes a acreditar la mencionada alteración a las condiciones materiales de existencia.

En los anteriores términos la Sala modificara el auto recurrido.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

Modifícase el auto apelado esto es aquel proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera, Subsección B, el 10 de diciembre de 2008, el cual quedará así:

1. Condénase a la Nación Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar a la señora María Ligia Avilán Delgado setenta y siete punto seis (77.6) salarios mensuales legales vigentes, por concepto de indemnización de perjuicios por lucro cesante.

2. Niéguese las demás pretensiones.

3. En firme este auto devuélvase al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese cúmplase y devuélvase».

(1) Publicada en el Diario Oficial 42.826 de 9 de julio de 1996.

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 22 de febrero de 2007, expediente 26036, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(3) Ver, por ejemplo, sentencia del 12 de julio de 1990, expediente 5666.

(4) Ver, entre otras, sentencias de: 11 de agosto de 1994, expediente: 9546; 8 de septiembre de 1994, expediente: 9407; 16 de junio de 1995, expediente: 9166, 8 de agosto de 2002, expediente. 10.952 y de 20 de febrero de 2003, expediente: 14.515.

(5) Sección Tercera, M.P. Enrique Gil Botero, expediente 16.704, actor: Clínica Ibagué Ltda., 5 de diciembre de 2007.

(6) Gorphe, Francois. De la Apreciación de las Pruebas. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires, 1955. pág. 412.

(7) En esa misma línea, continúa el autor en comento: “El testigo tachado en el interrogatorio es oído pese a todo; pertenece al tribunal apreciar el mérito de la tacha formulada. Aparte los casos especificados por la ley, suele admitirse una tacha por interés personal del testigo en el pleito o por animosidad contra una de las partes. Códigos más recientes otorgan todavía mayor amplitud a los jueces. El código procesal penal holandés se contenta con recomendarles el “tener presente cuanto pueda contribuir a aumentar o a disminuir la fe que los testigos merecen” (art. 399). En el Cantón de Ginebra, los parientes hasta el tercer grado están dispensados de prestar juramento, como también en el cantón de Vaud; y las partes formulan libremente tachas no previstas por la ley. Hace ya mucho tiempo que el derecho inglés suprimió todas las tachas por falta de independencia o de honorabilidad del testigo, hasta el punto de que autoriza a declarar a las partes; confía al jurado el cuidado de tener en cuenta tales consideraciones. Mencionamos, finalmente, la juiciosa prescripción de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881, que recomienda a los jueces apreciar siempre el valor de los testimonios “conforme a las reglas de la sana crítica” y de acuerdo con las circunstancias (art. 659): ese principio encierra todo un programa; y, si está bien trazado, vale lo que un gran número de normas legales.

“Aquí, como en los demás aspectos de la apreciación de las pruebas, la reglamentación legal, por fundada que parezca ser a veces, no proporciona nunca sino un resultado muy restringido, y con frecuencia no da en el blanco. Ante todo, no puede actuar más que de manera negativa, por vía de eliminación. Ahora bien, de ese modo solo puede comprender algunos casos típicos de testimonios sospechosos; para la pretensión de ser casi completa, ¿qué lista nos haría falta? Ya se ha visto bien en ciertas tentativas de antiguas legislaciones. Si hubiera que prescindir de cuantos testimonios pudieran parecer sospechosos en algún aspecto, ¿qué subsistiría en determinados supuestos? A la inversa, se corre el riesgo de rechazar a buenos testigos. No cabría fijar por anticipado una noción tan compleja y variable como la de la credibilidad o incredibilidad, dependiente de tantos factores y que implica numerosos grados. La división de testigos en buenos y malos es, aparte casos extremos, superficial y facticia. Al igual que los documentos, las deposiciones tampoco forman un todo indivisible y del mismo valor: en su interior es donde debe ejercerse principalmente la criba de la crítica, para aceptar lo que merezca confianza, rechazar lo sospechoso y mantener en suspenso lo incierto. Existen poquísimas deposiciones que no contengan una parte de verdad y que no resulte utilizable. Bentham, reaccionando con violencia contra el exceso de exclusiones legales del siglo XVIII, proclamaba que cabe sacar deducciones instructivas de todas las deposiciones, verdaderas o falsas” (Ibídem. págs. 418-419).

(8) Al respecto ver sentencia en el derecho interno, Sección Tercera, Consejo de Estado, sentencias 15 de agosto y 18 de octubre acciones de grupo AG -0004-01 y AG-00029-01.

Por otra parte en el derecho internacional la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido, la existencia del perjuicio consistente en la alteración a las condiciones materiales de existencia, distinto al moral, así por ejemplo en el caso Cantoral Benavides vs. Perú, sentencia sobre reparación y costas del 3 de diciembre de 2001, en cuyo proveído se dispuso:

“El mencionado daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causadas a las víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativo para las personas, otras perturbaciones que no son susceptible de medición pecuniarias, así como la alteración de las condiciones de existencia de las víctimas y de sus familias”.