Sentencia 2007-00097 de junio 18 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 47001110200020070009701

Magistrado Ponente:

Dr. Angellno Llzcano Rivera

Referencia: Abogado en consulta

Denunciado: Ramiro Miguel Tejeda López

Informante de oficio: Contraloría General de la República

Primera Instancia: Exclusión

Decisión: Confirma

Aprobado según Acta 46 de la fecha

Bogotá, D.C., dieciocho de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. De conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política, corresponde al consejo -Superior de la Judicatura (sic): “Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de la profesión, en la instancia que señale la ley”.

Dicha norma fue desarrollada con el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 —ley estatutaria de la justicia—, al fijar funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al disponer: “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejo seccionales de la judicatura”, en concordancia con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007. Atendiendo a los fines de la consulta, en el asunto bajo escrutinio de la Sala no se evidencian actuaciones irregulares que afecten la legalidad de la misma, ni de la sentencia. Se adelantó la causa con audiencia de los sujetos procesales según lo previsto en la ley procedimental, se cumplieron los principios de publicidad y contradicción, se corrieron los traslados; se notificaron las providencias correspondientes, se practicaron las pruebas solicitadas y en la forma señalada en las normas instrumentales, se garantizaron los derechos de defensa, de contradicción y la oportunidad de interponer recursos para acceder a la doble instancia, procede la Sala Jurisdiccional a pronunciarse en grado jurisdiccional de consulta sobre el fallo proferido el 30 de octubre de 2013, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena sancionó al abogado Ramiro Miguel Tejeda López con exclusión de la profesión, tras hallarlo responsable de la comisión de las faltas descritas en el numeral 4º artículo 54 del Decreto 196 de 1971, hoy numeral 4º del artículos 35 de la Ley 1123 de 2007.

Descripción típica de la falta imputada. En el caso bajo examen, el abogado Ramiro Miguel Tejeda López, fue sancionado por la comisión de la falta descrita en el numeral 4º del artículo 55 del Decreto 196 de 1971, “recogida en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007”(sic), que enseñan:

“Decreto 196 de 1971.

(...).

Artículo 54. Constituyen faltas a la honradez del abogado:

(...).

4. Utilizar tales dineros, bienes o documentos en provecho propio o de un tercero”.

“Ley 1123 de 2007.

(...).

Artículo 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado: (...).

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”.

Antes de cualquier consideración, frente a la solicitud del Ministerio Público de declarar la prescripción de la acción dado el carácter de la falta, esta superioridad debe precisar o determinar qué clase de falta es la que ha realizado el investigado, si se trata de un injusto disciplinario de acción, de resultado o de mera conducta; clasificándose en esta categoría en las que la realización del tipo coincide con el último acto de la acción y por tanto la producción del resultado no es separable de la actuación; o de ejecución instantánea o de ejecución permanente.

Entonces, las faltas disciplinarias de resultado son aquellas en que existe diferencia de espacio temporal entre la comisión de la conducta desvalorada y el resultado; es decir, la falta no está concluida con la realización del tipo. A su vez, los injustos de resultado pueden ser: “De resultado instantáneo porque la situación antijurídica se consuma en el momento mismo en que se produce el resultado; b) De resultado permanente, porque el estado antijurídico permanece una vez consumado por la voluntad del autor”.

Esta Sala en oportunidades varias, frente a esta clase de faltas ha expresado lo siguiente: “Así las cosas, esta Sala considera que no existe duda acerca de que el profesional del derecho faltó al deber de obrar con honradez frente a los intereses de su cliente, y como quiera que tal conducta persiste en el tiempo mientras el dinero no sea restituido a su legítimo propietario, pues tal como se ha venido considerando para casos similares, en los cuales se comprueba la indebida apropiación de dineros por parte de los profesionales del derecho, es evidente que más allá de la protección al bien jurídico del patrimonio económico, lo pretendido es la preservación del valor de la probidad, honestidad, rectitud y honradez en la totalidad de las actuaciones de quienes asumen la defensa y representación de intereses ajenos(2). Es necesario recalcar, que la vulneración al deber protegido es, como ya se dijo un presupuesto de forzosa presencia para adelantar un juicio ético y cosa enteramente diferente es la conducta por medio de la cual se mancilla ese deber, la cual necesariamente debe actualizar los elementos objetivo-subjetivos del tipo disciplinario. La apropiación, implica que el abogado no entrega los bienes o documentos suministrados para las gestiones o los recibidos por otras personas por cuenta de su cliente y al no efectuarse dicha entrega a su prohijado, la falta disciplinaria debe ser reprochada y considerada como una conducta de carácter permanente, pues la consumación de la falta se presenta en el mismo momento en que se reciben los bienes y no se restituyen de manera inmediata al cliente, pero, continua en el tiempo, por el solo hecho que la misma persiste hasta el último acto de la acción, esto es, hasta el día en que los reintegra a su legítimo dueño”; y en la providencia del julio 18 de 2003 – Rad. 1999-042501, frente a la falta imputada, sostuvo que “la utilización implica aprovechar algo, usar o emplear, por lo que durante el tiempo en que el dinero deja de ingresar al patrimonio de su legítimo dueño, se le priva del ejercicio de los atributos de la propiedad: el ius utendi y el ius abutendi, lo cual indudablemente lleva a concluir que tal situación, así concebida, proyecta un estado de utilización permanente que no termina con la realización de tipo, sino que se mantiene por voluntad del abogado hasta cuando devuelve lo que no le pertenece”; es decir, explica la sentencia, que se entiende cometida la infracción punible hasta la “cesación del estado antijurídico mantenido”, por lo tanto cuando se devuelve lo utilizado cesa la conducta y a partir de allí se empieza a contabilizar el tiempo para que ocurra el fenómeno de la prescripción, lo anterior para concluir que no es de recibo lo alegado por el Ministerio Público.

De otra parte, al considerarse la falta endilgada al togado como de carácter permanente, pues no se han restituido los dineros a la mandante, por ende, es desde ese evento, que empezará a correr el término prescriptivo de la acción disciplinaria, pero como en el sub examine no se ha dado la restitución del dinero a la quejosa, la cual se prolonga en el tiempo, pues contrario a lo manifestado por la Viceprocuradora General de la Nación, al no existir devolución de los dineros, la conducta se habría mantenido hasta tanto se haga efectiva o se dé la devolución de los mismos, por lo anterior, no se podría predicar que dicha apropiación fuera una conducta instantánea como se adujo.

De esta falta también ha de traerse lo indicado por algunos estudiosos cuando precisan que la Ley 1123 de 2007, concentró en su texto los numerales 3º y 4º del artículo 54 del Decreto-Ley 196 de 1971, que tal como se mencionara atrás sancionaban, respectivamente, el retener dineros bienes o documentos suministrados para las gestiones o los recibidos de otras personas por cuenta del cliente o demorarle injustificadamente la comunicación de este recibo; y utilizar tales dineros, bienes o documentos en provecho propio o de terceros. El legislador sustituyó los verbos rectores retener y utilizar por el de no entregar, dentro del cual ha de entenderse que se ubican los sustituidos; expresado de otra manera, no puede entenderse que el legislador pretendió eliminar uno de los verbos rectores que trataba el decreto derogado, sino, por el contrario, reemplazarlos por otro dentro del cual caben esas dos posibilidades. La aclaración surge necesaria pues en los primeros eventos de aplicación de la norma en cita se entendió por algunos consejos seccionales de la judicatura, como pretensión del legislador el dejar de sancionar como tipo autónomo la utilización de los dineros, para otorgarles tratamiento de simple circunstancia de agravación de la sanción a imponer, interpretación que desencadenó algunas absoluciones por este tipo de comportamientos(3).

Así las cosas, esta Sala se limitará a hacer lo propio pronunciándose de la falta contenida en el numeral 4º del artículo 54 del Decreto 196 de 1971, recogida en su totalidad en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, de la cual esta superioridad en pretérita oportunidad señaló: “(...) la más adecuada interpretación de la norma consagrada en el numeral 3º del artículo 54 del estatuto ético del abogado, es aquella orientada en el sentido de que retener dineros o bienes recibidos del cliente o en nombre de este, significa que el profesional del derecho mantiene el dinero a condición de que se cumpla algún hecho, como podría ser el pago de sus honorarios, la entrega de un bien, de unos documentos, de un poder o de cualquier otra condición de la cual pende la entrega de los dineros o bienes que mantiene en su poder(...)”(4).

Ahora, se advierte, que el ejercicio de la abogacía conlleva el cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones que estructuran en términos generales el código ético al cual se encuentran sometidos los abogados en el litigio, cuyo incumplimiento o vulneración de sus normas coloca al profesional del derecho que los infringe en el ámbito de las faltas reprimidas por el legislador como disciplinarias, según el quebrantamiento o la trasgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la sanción que corresponda de acuerdo con las pruebas que recauden en el respectivo proceso disciplinario.

De otra parte es procedente señalar, que para emitir una sentencia condenatoria debe existir la certeza sobre la existencia de una conducta constitutiva de una falta disciplinaria descrita en el ordenamiento jurídico vigente, al igual cumplirse dicho presupuesto respecto de la responsabilidad del investigado, y para el caso que nos ocupa existe plena prueba de ello, conforme las exigencias del artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

Del caso en concreto. Del material probatorio allegado al plenario, se pudo establecer que el abogado Ramiro Miguel Tejeda López objeto de la actuación disciplinaria, recibió poder del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, a través de su director regional Cristian Correa Silva, con todas las facultades con nota de presentación del poderdante de fecha marzo 20 de 1996 ante la Notaría Primera de Santa Marta - Magdalena. Así como contratista y apoderado de la mencionada entidad actuó como su representante judicial en un proceso ejecutivo laboral que tenía por objeto el cobro de unos recursos adeudados por el distrito de Santa Marta, donde actuó inicialmente en forma directa y luego sustituyó el poder a un colega abogado quien hizo lo propio —sustituyéndolo a otro togado (fl. 35, c. a.).

Ahora, para poner en contexto el asunto y tomar la decisión que en derecho corresponda, conforme al acervo probatorio se tiene como mediante la Resolución 81 del 27 de octubre de 1994, el Ministerio de Trabajo impuso al distrito turístico cultural e histórico de Santa Marta una multa a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, por $987.000 y multas sucesivas diarias por mora del pago de $493.500, en razón a que detectó el no pago de los aportes parafiscales de sus empleados.

Entonces, el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Magdalena, por medio de su representante legal, le otorgó poder especial amplio y suficiente al doctor Ramiro Miguel Tejeda López, para entablar la demanda ejecutiva laboral contra el Distrito Turístico de Santa Marta, correspondiéndole al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esa ciudad, bajo el Rad. 199700320, una vez admitido el proceso, por auto del 2 de diciembre de 1997, fue librado el mandamiento de pago contra ese distrito turístico cultural e histórico, por concepto de multa impuesta por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social - Seccional Magdalena, mediante Resolución 81 (fls. 22-23 c. a. – Exp. 19970320).

El día 4 de febrero de 1998, se suscribió un acuerdo de pago entre el apoderado del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Ramiro Miguel Tejeda López, el alcalde mayor de Santa Marta doctor Jaime Solano Jimeno y el apoderado del Distrito Luis Collante, en donde se determinó como la deuda del distrito a favor del Sena a la fecha de acuerdo ascendía a la suma de $740.875.100, la que fue conciliada finalmente en $540.000.000, pagadero a 3 años en cuotas trimestrales de $45.000.000 cada una con la extinción de la obligación impuesta en la Resolución 81 del 27 de octubre de 1994, solicitando al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta, suspender el proceso por 3 años, solicitud que fue aceptada mediante auto del 6 de febrero de 1998, con fundamento en el numeral 3º del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil —“Artículo 170. Suspensión del proceso. El juez decretará la suspensión del proceso: 1. Cuando iniciado un proceso penal, el fallo que corresponda, dictar en este haya de influir necesariamente en la decisión del civil. No habrá suspensión si se trata de posibles ilícitos relacionados con medios de prueba, salvo con las de estado civil en procesos de sucesión. 2. Cuando la decisión que deba tomarse en la sentencia dependa de la que haya de adoptarse en otro proceso civil, o de un acto administrativo de alcance particular cuya nulidad esté pendiente del resultado de un proceso contencioso administrativo, salvo lo dispuesto en los Códigos Civil y de Comercio. 3. Cuando las partes la pidan de común acuerdo, por tiempo determinado, en escrito presentado personalmente por todas ellas. Si la suspensión recae solamente sobre uno de los procesos acumulados, aquel será excluido de la acumulación, para continuar el trámite de los demás. También se suspenderá el trámite principal del proceso en los casos previstos en este código, sin necesidad de decreto del juez”, aplicable por analogía al procesal del trabajo, por mandato del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo.

Igualmente se decretó el desembargo de las cuentas afectadas, folio 30 del expediente pero para el mismo tiempo presentó paralelamente Ramiro Tejeda, como apoderado del SENA a la entidad un acuerdo apócrifo por $50.000.000.

Por auto del 11 de julio de 2002 (f1. 34, c. p.) el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta, por solicitud del togado Ramiro Miguel Tejeda López, reanudó el proceso y se decretó el embargo de la cuenta del distrito en Promigas, entre otras por valor de $670.000.000.

A folio 87 del cuaderno original, se encontró un el memorial sustituto de Ramiro Miguel Tejeda López a Henry Solano Ibarra el 31 de julio de 2002, con las mismas facultades concedidas en el poder inicial, siendo aceptada mediante auto del 3 de septiembre del 2002, visto a folio 287, a folio 88 reposa la relación de abonos realizadas dentro del convenio de pago con saldo pendiente de $264.000.000 y solicitó liquidar el crédito, cuyo monto ascendía a $447.216.000, presentó al juzgado de conformidad al convenio de pago, suscrito el 4 de febrero de 1998, memorial presentado por Ramiro Miguel Tejeda López, aprobado por las partes, liquidación de crédito ordenado el12 de septiembre de 2002, visto a folio 292, quedando aprobado en auto del 26 de septiembre del año en comento, folio 297.

Ahora, el 13 de septiembre de 2002, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta, ordenó pagar el título judicial Nº 44210000036455 por valor $6.624.740 y el 22 de noviembre del mismo año, se ordenó el pago del título Nº 4421 0000046936, por $45.970.000, ambos a favor de Henry Alberto Solano Ibarra (fls. 296-307). A folio 303, reposa el memorial de Henry Solano Ibarra, sustituyendo el poder a Miguel Ospina Hernández, presentado el 22 de noviembre de 2002, siendo reconocido en auto del 6 de diciembre del 2002 (fl. 316).

Por auto del 28 de noviembre del 2002 folio 313, el juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta, ordenó pagar el título judicial Nº 47012 por $16.131.273 y en proveído del 15 de enero del 2003, se ordenó cancelar igualmente, los siguientes títulos a Miguel Ospina Hernández Nº 50825 del 20 de diciembre de 2002, por valor de $305.015.045; título Nº 50826 del 20 de diciembre de 2002, por $43.469.690 y el título Nº 5231 del 30 de diciembre de 2002, por $22.042.296 para un monto total de $370.527.031, más lo ordenado en auto del 28 de noviembre del 2002.

Se tiene también o mejor se probó como mediante un acuerdo suscrito entre Miguel Ospina Hernández y la Doctora Gloria Mery Peña Cruz, en su condición de jefe de la oficina jurídica del distrito, aquel devolvió al distrito la suma de $170.527.032 en efectivo, devolución que fue informada al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta, conforme al memorial del 30 de enero de 2003, suscrito por Miguel Ángel Ospina Hernández y Álvaro Maiguel Gamero (fl. 135), como apoderado sustituto del distrito de Santa Marta, reconocido en auto del 15 de enero 2003 (fl. 325). Por auto del 6 de febrero 2003, tuvo como abono parcial a la obligación, la suma de $200.000.000, quedando con un saldo de $178.489.986 a favor del demandante.

Por esas irregularidades dentro del proceso en mención, el alcalde distrital de Santa Marta para la época Fernando Celis Santos, instauró la queja disciplinaria al considerar que no existía claridad, respecto del destino que se había dado $173.489.986, que fueron devueltos a las arcas de la ciudad, dándose lugar a la investigación penal correspondiente por la Fiscalía Séptima Seccional de Santa Marta, donde de manera fehaciente se halló probado que el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, solo recibió por parte de su apoderado judicial Ramiro Miguel Tejeda López, $36.000.000, demostrándose la comisión dela conducta por parte del togado.

Empero para mayor ilustración sobre el particular se trae a colación en forma resumida, las copias obrantes en el infolio de las actuaciones procesales de la jurisdicción laboral, penal y la actuación de responsabilidad fiscal, a fin de dar contexto, claridad, ilustración y acreditación a la conducta objeto de la investigación disciplinaria y de su calificación a manera de formulación de cargos, concretándose de manera particular en:

• Proceso Laboral de radicado Nº 199700320que cursó en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta, iniciado por demanda presentada por el encartado Ramiro Miguel Tejeda López el 20 de noviembre de 1997 presentara (fls. 8-17 c. o.), exhibiendo poder conferido por el representante legal del SENA (fl. 2). Se libró mandamiento de pago y se decretaron medidas cautelares por auto de fecha 2 de diciembre de 1997 (fl. 22 c. a.) y “Una vez representado el distrito de Santa Marta por abogado a raíz de poder que confiriera el alcalde de entonces (fl. 25), los apoderados de demandante —Ramiro Tejeda López— y demandado —Luis Collante Velásquez— presentan, de consuno y en un solo escrito, una solicitud de suspensión del proceso por el término de tres (3) años (fl. 29) fechada 5 de febrero de 1998 (fl. 29), ello en virtud de un convenio que, según el escrito, celebraran el 4 de febrero de 1998, convenio que no es aportado. El Juzgado accede a la solicitud de suspensión y desembargo de bienes mediante auto fechado febrero 6 de 1998 (fl. 30). Ya en el año 2002 y a solicitud del apoderado de la parte actora, SENA, abogado Tejeda López, el proceso ejecutivo se reactiva producto del incumplimiento del convenio, según se dice en la solicitud, se pide decreto de medidas cautelares y se decretan mediante auto del 11 de julio de 2002 (fl. 34). A folía 35 del expediente se observa allegado poder conferido por el SENA mediante Paul Cristian Correa Silva como director regional a Ramiro Miguel Tejeda López, poder que da cuenta de facultades conferidas entre ellas la de recibir, ausente dicha facultad en el poder presentado con la demanda (fl. 2), ambos con nota de presentación del poderdante de fecha marzo 20 de 1996 ante la Notaría Primera de Santa Marta. A folía 87 obra sustitución de poder de Ramiro Miguel Tejeda López a Henry Alberto Solano Ibarra con nota de presentación personal de ambos para la misma fecha 31 de julio de 2002, sin embargo de lo cual quien sustituye sigue actuando como puede apreciarse a folía 270-278 (agosto 20-21 de 2002), y desde el 28 de agosto de 2002 es cuando el abogado sustituto entra a actuar como puede verse a folía 284, 285 Y 286 (septiembre 2 de 2002), sustitución que acepta el Juzgado el 3 de septiembre de 2002 (fl. 278). Se decretan medidas cautelares mediante auto del 5 de septiembre de 2002 (fl. 289). Se líquida el crédito el 12 de septiembre de 2002 (fl. 292) y se aprueba el 26 de septiembre de 2002 (fl. 297) por la suma de 447 millones 216 mil pesos. Se ordena entregar título judicial al abogado Henry Solano Ibarra por valor de 6 millones 624 mil 741 pesos (fls. 294, 295, 296). Por parte de abogado de la actora se sigue solicitando decreto de medidas cautelares, se decretan (fls. 298 a 302, 304, 305), se ordena entregar título judicial por 45 millones 970 mil pesos a Henry Solano Ibarra (fl. 307-308) hasta que aparece memorial sustituyendo el poder de Henry Alberto Solano Ibarra a Miguel Ángel Ospina Hernández (fl. 303) con nota de presentación personal del abogado que dice sustituir fechada noviembre 5 de 2002, aunque el abogado que dice sustituir sigue actuando como puede verse a folios 309, 311, hasta que se reconoce personería al nuevo abogado sustituto Miguel Ospina Hernández (fl. 312) mediante auto fechado 5 de noviembre de 2002. Mediante auto fechado 28 de noviembre de 2002 se ordena entregar título judicial a este abogado Miguel Ospina Hernández por la siguiente suma: 16 millones 131 mil 273 pesos (fl. 313), quien sigue actuando como puede verse en los folios subsiguientes; el 15 de enero de 2003 se ordena entregarle títulos por 305 millones quince mil 45 pesos, 43 millones 469 mil 690 pesos y 22 millones 42 mil 296 pesos, para un total de 370 millones 527 mil 31 pesos, con constancia de recibido (fls. 323-324). Mediante auto fechado 18 de marzo de 2003 se decreta la suspensión del proceso ejecutivo en razón de la reestructuración de pasivos del distrito de Santa Marta” (sic para lo trascrito).

Luego del proceso ejecutivo laboral se extracta, como la actuación procesal de Ramiro Miguel Tejeda López, la sustitución a Henry Alberto Solano Ibarra y la de este a Miguel Ángel Ospina Hernández, además de acreditarse la entrega de títulos judiciales así: a Henry Alberto Solano Ibarra $52.594.741 y a Miguel Ángel Ospina Hernández $386.658.304.

• Del proceso penal radicado con el Nº 201000080, conforme a la copias obrantes, el abogado contratista y apoderado del SENA, Ramiro Miguel Tejeda López, fue condenado a 60 meses de prisión mediante sentencia fechada 4 de octubre de 2011 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta por los punibles de estafa agravada y fraude procesal, por los mismos hechos objeto de este proceso disciplinario.

Por su parte, del proceso de responsabilidad fiscal que cursó en la Contraloría General de la República —Gerencia Magdalena— con grado de consulta/recurso de apelación despachado en el nivel central de la entidad, se sabe que el aludido Ramiro Miguel Tejeda López, en su calidad de contratista apoderado del SENA resultó declarado fiscalmente responsable en cuantía de $740.258.826, mediante la Resolución 107 del 26 de noviembre de 2010.

Así las cosas, queda más que acreditado como el abogado Ramiro Miguel Tejeda López, en calidad de abogado apoderado del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - Seccional Santa Marta, fue autor de la conducta consistente en no entregar a su poderdante los dineros recibidos por cuenta del crédito, directamente del distrito de Santa Marta como deudor o indirectamente a través de los abogados sustitutos dentro del proceso ejecutivo laboral, recibo y apropiación de dineros que datan desde el año 1998 y que llegan al año 2001, lapso que ilustra sobre el aspecto temporal de la conducta.

En consecuencia, esa reseña fáctica probatoria demuestra de manera concreta y fehaciente, la comisión de la conducta por parte del abogado Ramiro Miguel Tejada López y que mereció el reproche de la instancia por la incursión en la falta prevista en el numeral 4º del artículo 54 del Decreto 196 de 1971 - norma incorporada en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, toda vez que desde las fechas señaladas, recibió el dinero perteneciente al Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena, Seccional Santa Marta - Magdalena y no hizo la devolución, siendo evidente que dicho letrado, soslayó con su comportamiento el deber profesional de obrar con lealtad y honradez en sus relaciones, a los cuales está obligado a cumplir todo abogado y que se encontraban compilados en el numeral 4º del artículo 47 del Decreto 196 de 1971 - hoy previsto en el numeral 8º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, que de manera particularísima enseñan:

“Decreto 196 de1971.

(...) Artículo 47. Son deberes del abogado

(...) 4. Obrar con absoluta lealtad y honradez en sus relaciones con sus clientes

Ley 1123 de 2007.

(...).

Artículo 28. Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

(...).

8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales (...)”(subrayado y negrilla fuera de texto), sin justificación alguna.

En relación con la sanción impuesta por el a quo, observa esta superioridad que aunque se absolvió al profesional de una de las faltas, la misma sigue guardando relación con la gravedad de la falta prevista en el numeral 4º del artículo 54 del Decreto 196 de 1971 - norma recogida en el numeral 4º del 35 de la Ley 1123 de 2007, pues a sabiendas que los dineros recibidos en nombre de su poderdante, prefirió voluntariamente apartarse de los preceptos normativos y retuvo esos dineros, es más persiste la mora injustificada de la comunicación de ese recibo y consulta los parámetros establecidos en los artículos 43 y 45 ibídem, esto es, la gravedad, modalidad y circunstancias de la falta, los motivos determinantes y los antecedentes disciplinarios del infractor (fl. 14 c. 2ª Inst.), por lo que se considera ha de mantenerse en su integridad la sanción impuesta en la decisión consultada.

De la exclusión del ejercicio profesional. Artículo 44 de la Ley 1123 de 2007. Consiste en la cancelación de la tarjeta profesional y la prohibición para ejercer la abogacía. La Corte Constitucional sobre el particular precisó: “Abogado - Sanción de exclusión. La sanción de exclusión de los abogados debe ser adoptada, de conformidad con el artículo 256 numeral 3º de la C.P., a través del proceso correspondiente por parte del Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso, de acuerdo con la el grado de competencia consagrado en la ley, teniendo en cuenta las normas que garantizan el debido proceso y en la instancia que señala la ley para los profesionales del derecho en ejercicio de su profesión. Cabe advertir que al abogado sancionado con la exclusión de la profesión por haber quebrantado, a juicio de las autoridades jurisdiccionales competentes, el estatuto del ejercicio de la abogacía tal como la define la norma en cuestión, en ningún momento por ese solo hecho se le impide escoger libremente otra actividad laboral mientras se rehabilita, ya que la sanción solo se predica de las faltas a la ética cometidas por el profesional en desarrollo de la actividad mencionada y no opera frente a otras ocupaciones que pueda realizar la persona sancionada”(5).

La misma Corte en Sentencia C-290 de 2008, ratificó esa postura e indicó:

“El artículo 44 de la Ley 1123 de 2007 define la sanción de exclusión como ‘la cancelación de la tarjeta profesional y la prohibición para ejercer la abogacía’, en tanto que el artículo 108 ibídem contempla la figura de la rehabilitación para el profesional excluido, la cual podrá ejercer luego de cinco (5) años de ejecutoria de la sentencia que impuso la sanción. El término se amplía a diez (10) años, cuando los hechos que originen la imposición de la sanción tengan lugar en actuaciones del abogado que se desempeñe como apoderado o contraparte de una entidad pública. Así mismo se puede reducir a tres (3) y cinco (5) respectivamente, si el abogado aprueba los cursos de capacitación autorizados por el Consejo Superior de la Judicatura. AI respecto constata la Corte que la constitucionalidad de una medida sancionatoria de tales características ha sido sostenida por esta corporación sobre la base de la función de control y vigilancia que se asigna a las autoridades (art. 26 C.P.) respecto de una profesión a la que se atribuye una relevante función social, cumple un papel en la concreción de importantes fines constitucionales, y genera unos correlativos riesgos social que ameritan un control eficaz.

Al examinar una disposición que contemplaba una medida similar para los abogados que incurrieran en faltas a la profesión, la Corte señaló:

‘4.1. En cuanto a la sanción de ‘exclusión’ del literal d) del artículo 63 del Decreto 196 de 1971, estima esta Corte, que dicha norma obedece al desarrollo de un deber constitucional, no vulnera los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio, aparte de que ella no tiene un efecto absoluto, sino relativo, pues el abogado excluido tiene el derecho a ser rehabilitado.

En efecto:

— El ejercicio de la abogacía implica el desarrollo de una función social que implica responsabilidades lo cual faculta al legislador para crear instrumentos y diseñar mecanismos que le permitan al Estado encauzar dicha función y conseguir las finalidades propias de la profesión del derecho, e impedir el ejercicio indebido de la correspondiente actividad profesional (...).

Síguese de lo expuesto, que los profesionales del derecho deben dar ejemplo de idoneidad, eficiencia y moralidad en el desempeño de sus actividades y estar comprometidos en los ideales y el valor de la justicia, los cuales constituyen la esencia y el fundamento para la vigencia del orden político, económico y social justo que preconiza la actual Constitución Política. (...)’.

La exclusión de la profesión tal como está concebida en el estatuto disciplinario del abogado no puede ser catalogada como una pena imprescriptible, puesto que si bien comporta una drástica restricción al ejercicio de la profesión, que debe ser producto de la aplicación del principio de legalidad y del debido proceso, no tiene un carácter ilimitado, intemporal y absoluto, puesto que como lo prevé el propio estatuto, incorpora una prohibición relativa que puede ser removida mediante el ejercicio de la rehabilitación que se erige como un verdadero derecho derivado del carácter imprescriptible de las sanciones tal como se desarrolla en aparte posterior. En lo atinente a la falta tipificada en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, por la cual fue sancionado, para su configuración deben estar reunidos dos requisitos, de un lado la materialidad de la conducta y de otro la responsabilidad en cabeza del sujeto disciplinable”.

Finalmente la Sala observa como pocas actividades tienen en la sociedad tanta trascendencia como la que reviste la tarea de administrar justicia, siendo factor de estabilidad social y de decantación de principios morales de la mayor significación. De allí, que todos aquellos que de alguna manera tienen que ver con las funciones propias de la administración de justicia, en especial los que ofician como abogados litigantes y jueces, deben ser individuos de sanas convicciones éticas que entiendan cabalmente cuales son los fines primordiales de la justicia. El abogado, en especial, cumple una función social consistente en colaborar con las actividades que realizan una recta y cumplida justicia. En este orden de ideas está fuera de discusión que los abogados que hacen de la trampa y el fraude, instrumentos de acción profesional deben ser sancionados sin vacilaciones cuando sean sorprendidos propiciando maniobras que tengan como fin la verdad en los procesos para engañar a los jueces y con ellos la justicia(6).

Por lo anterior, este Sala confirmará el fallo del 30 de octubre de 2013, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional del Magdalena, a través del cual sancionó con exclusión del ejercicio de la profesión al abogado Ramiro Miguel Tejeda López, tras hallarlo responsable de la comisión de la falta descrita en el numeral 4º del artículo 55 del Decreto 196 de 1971 ,”norma que fue incorporada en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007”(sic).

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. DENEGAR la solicitud de prescripción deprecada por el Ministerio Público, conforme a las consideraciones expuestas en esta decisión.

2. CONFIRMAR el fallo consultado del 30 de octubre de 2013, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional del Magdalena, a través del cual sancionó con EXCLUSIÓN del ejercicio de la profesión al abogado Ramiro Miguel Tejeda López, tras hallarlo responsable de la comisión de la falta descrita en el numeral 4º del artículo 55 del Decreto 196 de 1971 ,”norma que fue incorporada en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007”(sic), conforme a las consideraciones expuestas en este proveído.

3. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la Oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

4. Por la Secretaría Judicial de esta Sala, líbrense las comunicaciones de ley que fueren pertinentes y devuélvase la actuación al consejo seccional de origen, para lo de su cargo.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(2) Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, Sentencia del 1º de octubre de 2003; M.P. Fernando Coral Villota; Aprobado según Acta de Sala. 137 del 1º de octubre de 2003; Ref.: Proceso Disciplinario contra el abogado José Francisco Vela Jaulin; Rad: 20010072-01/51.V.03.

(3) Comentarios al Nuevo Código Disciplinario - Luis enrique Restrepo Méndez, pag.163.

(4) Rad. 19949883.A/006-00.II.

(5) C-190 de 1996. M.P. Hernando Herrera Vergara.

(6) M.P. Amelia Mantilla Villegas —Sentencia del 7 de octubre de 1993— Rad. 1161, Consejo Superior de la Judicatura.