Sentencia 2007-00100 de noviembre 3 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 20001-3103-003-2007-00100-01

Magistrado Ponente

Dr. William Namén Vargas

Discutida y aprobada en Sala de treinta (30) de agosto de dos mil diez (2010)

Bogotá, D.C., tres de noviembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El tribunal, consideró incurso al juez de primer grado en incongruencia por la interpretación equivocada de la demanda, al declarar la simulación del contrato sin pedirse, por cuanto la pretensión formulada procura su nulidad absoluta por simulado, y en consecuencia, se abstuvo de declarar la invalidez, en cuanto aquella no constituye motivo sustancial de esta.

De su parte, el recurrente atribuye errores fácticos al juzgador en la interpretación de la demanda genitora del proceso y la falta de apreciación de su contestación, por cuanto su soporte fáctico define el pedimento no de la nulidad sino de la simulación absoluta del contrato de compraventa, también al preterir las pruebas enunciadas y la conducta procesal de la demandada, demostrativas del acto simulado.

2. En este contexto, delantera y esencialmente la acusación plantea un yerro fáctico en la apreciación del libelo introductor del proceso.

A este respecto, es menester iterar el deber del juez de interpretar la demanda, “supeditado a los términos y conceptos de los que el demandante se hubiere valido para exponer tanto la pretensión como la causa petendi de la misma” (CLXXXVIII, 139), si adolece de la exigible o deseable claridad y precisión, aplicando un criterio lógico, racional o coherente a su plenitud e integridad, sin mutarla ni reemplazarla.

En efecto, “tiene dicho la Corte que ‘cuando el lenguaje de la demanda, sin ser indescifrable por completo, no se ajusta a la claridad y precisión indispensables en tan delicada materia’ (CLXXXVIII, 139), para ‘no sacrificar el derecho material en aras de un culto vano al formalismo procesal’ (CCXXXIV, 234), ‘el juzgador está obligado a interpretarla en busca de su sentido genuino sin alterarlo ni sustituirlo, consultando la prevalencia del derecho sustancial, el acceso a la administración de justicia y la solución real de los conflictos’, realizando ‘un análisis serio, fundado y razonable de todos sus segmentos’, ‘mediante su interpretación racional, lógica, sistemática e integral’ (Cas. Civil, Sent. de ago. 27/2008, [SC-084-2008], Exp. 11001-3103-022-1997-14171-01, resaltado de la Sala), ‘siempre en conjunto, porque la intención del actor está muchas veces contenida no solo en la parte petitoria, sino también en los fundamentos de hecho y de derecho’, bastando ‘que ella aparezca claramente en el libelo, ya de una manera directa o expresa, ya por una interpretación lógica basada en todo el conjunto de la demanda’ (XLIV, p. 527; XIV, 488 y 833; LXI, 460; CXXXII, 241; CLXXVI, 182 y CCXXV, 2ª parte, 185)” (Cas. Civil, Sent. de mayo 6/2009, Exp. 11001-3103-032-2002-00083-01).

En sentido análogo, al tenor de los artículos 368, num. 1º, y 374 del Código de Procedimiento Civil, la violación de una norma de derecho sustancial puede ocurrir por error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su contestación o de determinada prueba, sea por suposición, ora ignorancia, bien alteración, ya por distorsión de su contenido, complementándolo o cercenándolo, y en tratándose del libelo, cuando el fallador “‘... tergiversa de modo evidente su texto, o Io hace decir lo que no expresa o, también cuando cercena su real contenido (G.J. tomo LXVII, 434; CXLII, pág. 200)’” (Cas. Civil, Sent. de ago. 22/89), “fija los hechos y peticiones de la misma que en su sentir estructuran la disputa judicial de que conoce, y como consecuencia de ese ejercicio cae en la equivocación consistente en considerar uno o varios hechos ajenos a la causa o en definir una petición que, no le ha sido formulada” (Cas. Civil, Sent. de abr. 8/2003, Exp. 7844), hipótesis en las cuales, el yerro manifiesto, ostensible, protuberante o a simple vista, trascendente e incidente en la decisión, es reclamable por la causal primera de casación.

3. La simple confrontación de la sentencia recurrida con la demanda evidencia el error de hecho incurrido por el ad quem en su apreciación, por cuanto tras reproducir la pretensión declarativa de “nulidad absoluta del contrato de compraventa... porque es ostensible su simulación”, no obstante advertir “la enseñanza jurisprudencial respecto de la interpretación integral de la demanda”, la “confusión [...] de dos instituciones sustantivas disímiles, como lo son la nulidad y la simulación”, “incompatibles, puesto que resulta improcedente examinar la validez de un acto que se presente inexistente”, concluyó el pedimento declarativo de “la nulidad absoluta de una compraventa, fundamentada, como si se tratase de la causa, en una proclamada simulación”, a la cual “debió circunscribirse el sentenciador desestimando las pretensiones, por la potísima razón que la simulación no es causal de nulidad sustantiva como lo planteó la demandante, y no, como lo hizo, de manera incongruente, pronunciarse sobre una simulación que no le fue peticionada, constituyendo una interpretación tergiversada de la demanda” (fl. 43, cdno. del tribunal).

El juzgador de segunda instancia, a pesar de su acertado entendimiento en torno a la antinomia e incompatibilidad entre la simulación absoluta y la nulidad absoluta de un mismo negocio jurídico, restringido a la “parte petitoria” de la demanda, concluyó la última, “sin desentrañar, prima facie, en el contexto normativo la ratio simétrica y coherente de lo pretendido, ni tampoco su genuina inteligencia en el contenido sistemático de la demanda” (Cas. Civil, Sent. de mayo 6/2009, Exp. 11001-3103-032- 2002-00083-01).

En lo tocante a esta particular cuestión, la Sala tiene decantada la incompatibilidad de las antes citadas figuras, por antinómicas y excluyentes. Al efecto, ha precisado:

“1. El ordenamiento jurídico no define la simulación y la Corte, ex abundantejurisprudentia, partiendo de los artículos 1759, 1760, 1766, 1767 del Código Civil y de los otrora vigentes artículos 91 a 93 de la Ley 153 de 1887, especialmente por la vía de su artículo 8º, estructuró principios relativos a su noción, supuestos, tipología, efectos inter partes y respecto de terceros, pruebas y consecuencias normativas.

Desde un punto de vista semántico, la locución simulación atañe a ‘remedar’, ‘fingir’, ‘aparentar’ denotando la apariencia de realidad y, por tanto, una distorsión.

En el plano negocial, se caracteriza por constituir un acuerdo generatriz de una apariencia contractual creada intencionalmente revistiéndola de realidad con el entendimiento recíproco, convergente y homogéneo de las partes de esta significación y, aun cuando, por su virtud, se remeda la celebración de un acto dispositivo de intereses no celebrado (simulación absoluta) o diferente del estipulado en cuanto al tipo negocial, su contenido, su función (simulación relativa) o las partes, tiene entidad real, fáctica y jurídica, obligando a los contratantes al tenor del compromiso simulado, único, prevalente y vinculante respecto para estos.

Desde la perspectiva subjetiva del contrato cuanto acto de voluntad interna, declarada o manifestada, la simulación se concibe como un acto disconforme, incompatible, inverso o contrario entre la voluntad interna, reservada, secreta u oculta y la voluntad externa, declarada, pública o cognoscible, esto es, una disparidad, contraposición consciente, voluntaria querida e intencional de sus autores o una divergencia entre un acto privado y otro público, revistiendo de realidad a la apariencia de algo inexistente o diferente ‘animus decipiendi’. Así se distinguiría la simulación de la reserva mental bilateral, porque la contraposición entre voluntad y declaración es conscientemente querida por ambas partes y porque en esta falta el acuerdo simulatorio; del error insalvable para la formación del consenso, en cuanto, el yerro impide al declarante percatarse del mismo o la divergencia se imputa a un tercero y de los negocios iocandi causa o faltos de seriedad en los cuales precisamente por esta inteligencia no existe una verdadera disposición, verbi gratia, en situaciones de representación escénica o teatral.

Más concretamente, la supuesta divergencia consciente y querida entre manifestación y voluntad, querer interno y externo, acto público y privado, acto real y virtual, no explica la figura, porque, en la simulación se presenta un iter negocial único, convergente, coordinado e integrado de la realidad y la apariencia de realidad, ambas queridas, con fines diferentes y resultantes en un solo acto coordinado, en cuanto que una le resta todo valor a la otra o conforma un resultado práctico o funcional diferente.

En rigor, el acuerdo simulatorio, no se explica bajo la óptica de una divergencia consciente entre voluntad interna y declarada, de una contraposición entre un pacto privado interno y un pacto público externo, de dos contratos opuestos e incompatibles, ni de una declaración y contra-declaración (lettre et contre-lettre), como tampoco de una disparidad entre la función típica del acto aparente y la concreta del acto público o de ambos.

De antaño la Corte, dentro de una construcción doctrinaria más acorde con la realidad y el verdadero alcance de la figura en cuestión, con acierto precisó el entendimiento prístino de la estructura negocial simulatoria, en perspectiva exacta que hoy se reitera, indicando que en ‘la simulación, las partes contratantes, o quien emite una declaración y aquel que la recibe, imbuidas en un mismo propósito, acuden a un procedimiento, anómalo pero tolerado por el derecho, mediante el cual su dicho público se enerva con su dicho privado, creándose así un contraste evidente, no entre dos negocios diversos, pero conexos, sino entre dos aspectos de una misma conducta, constitutivos de un solo compuesto negocial, pasos integrantes necesarios de un iter dispositivo único aunque complejo. Esto es que las partes desean crear una situación exterior, que solamente se explica en razón de otra oculta, única valedera para entre ellas; fases que no pueden ser entendidas sino en su interrelación, funcionalmente como hitos de un mismo designio. En fin, lejos de haber una dualidad contractual, lo cierto es que se trata de una entidad negocial única, de doble manifestación: la pública y la reservada, igualmente queridas y ciertas, cuyas consecuencias discrepan, según los intereses y las disposiciones en juego, con arreglo a los principios generales del derecho; o sea un antagonismo, no entre dos negocios, sino entre dos expresiones de uno solo, que se conjugan y complementan, que es en lo que radica la mencionada anomalía’ (Cas. mayo 16/68, Acta 17, mayo 14/68).

Por consiguiente, no se trata de dos actos divergentes, ni de contratos opuestos, siendo en ambas hipótesis un solo negocio ‘sin que pueda aceptarse que se trata de dos negocios jurídicos, uno público —u ostensible— y el otro secreto, pues si así fuera, ‘se tendría que aceptar una dualidad de consentimiento —de vender y de donar simultáneamente, verbigracia— que necesariamente implicaría su mutua destrucción y por ende la inexistencia de ambos actos, pues el recíproco consentimiento de las partes para uno de ellos quedaría eliminado por el acuerdo de las mismas para el acto distinto. Esto, en caso de que ese pretendido doble consentimiento fuere simultáneo, como forzosamente no podría dejar de serlo para quienes quieren ver en la simulación una duplicidad de acuerdos de voluntades. Y tampoco sería aceptable sostener que, para defender la tesis de la duplicidad de actos o de contratos, el consentimiento para uno de ellos —para cuál se preguntaría— se conjuga en primer término, y luego, como sucedáneo, lo reemplaza uno nuevo y distinto consenso para el otro acto o contrato. Se tratará en esta hipótesis, de un fenómeno de sustitución o sucesión de voluntades y actos jurídicos asimilables a fenómenos de novación o de mutuo disenso de suyo ajenos al simulatorio’, como lo expresó la Corte en sentencia de 28 de febrero de 1979, G.J. t. CLIX, págs. 49 y 50 (Sent. de mar. 10/95, Exp. 4478, G.J. CCXXXIV, pág. 418)’ (Sent. S-029 de mar. 15/2000, Exp. 5400).

La simulación, por otro lado, per se no es un negocio jurídico ilícito, fraudulento o engañoso (animus nocendi), ni de suyo, comporta su nulidad absoluta (Cas. jul. 27/35, Cas. mayo 23/55, LXXX, 360), pues ‘superada desde hace ya largo tiempo la teoría de la simulación-nulidad, se tiene definido que, en virtud del postulado de la autonomía de la voluntad privada, pueden los particulares, siempre que no violen los límites del orden público, elegir las formas que consideren pertinentes para llevar a cabo sus designios; incluida allí la facultad para ‘hacer secreto lo que pueden hacer públicamente’, fingiendo ante terceros una convención que no se encuentra destinada a producir los efectos aparentados. Así, es admitida la simulación como acto estructurado en dos declaraciones, a una de las cuales las partes restan eficacia, ‘en el entendimiento de que, en nuestro ordenamiento jurídico esa dicotomía, en cuanto lícita, está permitida...’ (G.J. t. CXXIV, p. 290); conceptos estos de donde surge nítidamente la diferencia entre la simulación y la nulidad, pues en aquella no se alude en modo alguno a un vicio en los negocios jurídicos, como que por ese medio simplemente las partes persiguen un fin diferente del que aparece en el contrato mismo, mientras que en la nulidad, en cambio, la voluntad de las partes ‘persigue en todo caso la efectividad del acto, pero este surge viciado radicalmente en su causa o en su objeto, o sin la solemnidad exigida por la ley para que nazca a la vida del derecho’ (Sent. ago. 29/51, LXX, 74)’ (Cas. nov. 17/98, Exp. 5016), a lo cual, ‘cabe recordar, ya para terminar, cómo lo que ha de presumirse es la seriedad, la realidad del negocio, y no su simulación, cual parecería entenderlo el acusador; de tal suerte que la voluntad manifestada por las partes conserva todo su vigor mientras no se demuestre lo contrario. En desarrollo de tal idea la Corte expuso, por ejemplo, que ‘en ese complicado proceso de desentrañar la verdad escondida tras los velos de la apariencia, todo conduce inicialmente a señalar que aquello que se expresó, corresponde a la realidad; en principio, entonces, lo exterior coincide con lo interior y de ese supuesto es necesario partir’ ‘[a]nte lo cual anotó todavía cómo en la labor investigativa atinente a la simulación surgen hechos de todas las especies que refuerzan unos la apariencia demandada, que la develan los otros; y es entonces cuando el fallador, sopesando esas circunstancias, haciendo uso de la autonomía que le asiste, opta por alguna de las soluciones que se le ofrecen; de allí que, una vez tomada la decisión, queden entonces, por lo general, algunos cabos sueltos, algunas circunstancias que se contraponen a lo decidido, pero sin que tales aspectos puedan constituir por sí mismos motivo bastante para quebrantar la conclusión del juzgador, el cual, precisamente, elaborando un juicio lógico-crítico desprecia las señales que le envían algunos hechos, para rendirse ante la evidencia que en su criterio arroja la contundencia de los demás’ (Cas. Civ. feb. 26/2001, Exp. 6048)’ (Cas. jul. 16/2001, Exp. 6362).

Por consiguiente, la simulación constituye un negocio jurídico, cuya estructura genética se conforma por un designio común, convergente y unitario proyectado en dos aspectos de una misma conducta compleja e integrada por la realidad y la apariencia de realidad, esto es, la creación de una situación exterior aparente explicada por la realidad reservada, única prevalente y cierta para las partes.

En consecuencia, si de simulación absoluta se trata, inter partes, la realidad impone la ausencia del acto dispositivo exterior inherente a la situación contractual aparente y la permanencia de la única situación jurídica al tenor de lo acordado, y, en caso de la simulación relativa, esa misma realidad precisa, entre las partes, la prevalencia del tipo negocial celebrado, el contenido acordado, la función autónoma que le es inherente, ora los sujetos; a este respecto, lo aparente no está Ilamado a generar efecto alguno entre las partes y, frente a terceros, in casu, dentro del marco de circunstancias concretas se definirán las diferentes hipótesis que pueden suscitarse entre estos conforme deriven derechos del titular real o del titular aparente en la cual, por principio se privilegia el interés de quien actuó de buena fe con base en la apariencia en preservación de esta, la regularidad y certidumbre del tráfico jurídico y de las relaciones jurídicas negociales” (Cas. Civ. Sent. de jul. 30/2008, Exp. 41001-3103-004-1998-00363-01).

Más recientemente, en lo concerniente a este aspecto y la hermenéutica de la demanda, reiteró:

“En idéntico sentido, por elementales reglas de experiencia, el juicio axiológico sobre la validez o invalidez de los actos dispositivos se emite respecto de los negocios existentes, excluyéndose en los inexistentes, aunque en un plano estrictamente teórico el negocio simulado en forma absoluta podrá estipularse por un incapaz absoluto, en circunstancias de dolo, error espontáneo o violencia o recaer sobre causa u objeto ilícito, hipótesis todas en las cuales la inexistencia excluye la invalidez pro(sic) que esta supone y parte de aquella, no pudiéndose predicar de un mismo acto dispositivo que es simultáneamente inexistente e invalido(sic).

Con estos lineamientos, traducida la simulación absoluta en la inexistencia del acto envuelto en la apariencia de la realidad, la lógica corriente, excluye por incompatible, su nulidad absoluta y por consiguiente, toda falencia, deficiencia, confusión o impropiedad del lenguaje empleado en una demanda, por ejemplo, cuando se incoan pretensiones de ‘simulación absoluta y consecuente nulidad absoluta’ de un mismo acto, debe disiparse acudiendo al significado lógico racional de las locuciones en el ámbito normativo.

Desde esta perspectiva, una contradicción, vaguedad u oscuridad en la cuestión litigiosa, como la reseñada, ha de resolverse según la disciplina jurídica y el entendimiento prístino de las figuras, con referencia a la simulación relativa, por cuanto solo el acto dispositivo existente es susceptible de nulidad absoluta, en tanto, en la simulación absoluta, por definición es inexistente y, por tanto, no es susceptible de invalidez.

Bajo estas premisas, en este asunto, aun cuando, el sentenciador claramente partió de la incompatibilidad entre la simulación absoluta y la nulidad absoluta contenida en la inadecuada formulación semántica y jurídica de la demanda, equivocó su interpretación coherente, iterase, porque aquella comporta la inexistencia del acto y esta presupone su existencia, yerro manifiesto e incidente en la sentencia, pues, se abstuvo de decidirla por un error de juicio en el alcance del libelo.

4. Al margen de las consideraciones expuestas, esto es, cuando la demanda no contiene proposiciones jurídicas contradictorias o incompatibles que deben y pueden disiparse acudiendo al sentido normativo, lógico y racional que les corresponde, el juzgador ha de tener especial rigor en la labor hermenéutica de la demanda.

A este propósito, en los juicios de simulación, particularmente, cuando el petitum enuncia la absoluta y se está en presencia de la relativa, menester una apreciación sistemática, cuidadosa e integral de la demanda, para no sacrificar el derecho sustancial con un excesivo formulismo sacramental, desgastando el aparato judicial y acentuando el conflicto.

Este deber se impone a todo juez en preservación de la imprescindible seriedad, legitimidad, eficacia y eficiencia de la administración de justicia, cuyo prístino designio se orienta a la salvaguarda del ordenamiento jurídico, derechos, garantías y libertades, la evitación y solución civilizada de los conflictos en procura del equilibrio y justicia humana en las relaciones sociales.

De cara al tema, no han sido pocos los pronunciamientos de esta corporación en el sentido de indicar que ‘al juzgador le corresponde, respetando claro está las garantías fundamentales, darle sentido pleno a las formas y no sacrificarlas por la forma misma, justificándolas en tanto ellas estén destinadas a lograr la protección de los derechos de las personas, obviamente que de un modo racional, lógico y científico, amén de ceñido a la ley, examinando el contenido integral de la demanda e identificando su razón y la naturaleza del derecho sustancial que en la misma se hace valer. [...] Esto, porque como lo tiene explicado la Corte, ‘la intención del actor muchas veces no está contenida en el capítulo de las súplicas, sino también en los presupuestos de hecho y de derecho por él referidos a lo largo de la pieza fundamental’(1). Basta, por lo tanto, que la intención del demandante aparezca clara en el libelo, ya de manera expresa, ora porque se deduzca de todo su texto mediante una interpretación razonable’ (SC 145, oct. 17/2006), tanto cuanto más si ‘no existe en nuestra legislación procedimental un sistema rígido y sacramental que obligue al demandante a señalar en determinada parte de la demanda o con fórmulas especiales su intención, sino que basta que aquella aparezca claramente del libelo, ya de manera directa o expresa, ya por una interpretación lógica basada en conjunto de la demanda’ (G.J. t. CXXXII, pág. 241), siempre teniendo en cuenta el sentenciador que como ‘el objeto de los procedimientos (CPC, art. 4º) es la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial, una deficiente o incorrecta expresión usada en el petitum [o en la causa petendi, valga añadir] no puede ser pretexto para sacrificar el derecho de la parte demandante menos aún si de los hechos y de los fundamentos de derecho surge con suficiente claridad cuáles son las verdaderas pretensiones [o hechos] que ella aduce...’ (G.J. t. CLII, pág. 135; t. CCXVI, pág. 78)” (SC 28, feb. 27/2001).

Justamente, la Sala tiene sentada la pauta ‘que cuando al apreciar los fundamentos de hecho del libelo para soportar una pretensión de simulación absoluta no exista ‘manera de determinar cuando menos la presencia de un supuesto fáctico propio de la relativa, que permitiera darle a esta una connotación y perfiles concretos’ como ‘factor diferenciador entre la primera especie del fenómeno’, ... también, en esa hipótesis, ‘sería inane cualquier esfuerzo interpretativo de la demanda que Ilegare a intentarse, comoquiera que el cuadro fáctico esgrimido apunt[e] de manera inequívoca y exclusiva a una simulación absoluta, sin permitir que de él se deduzca ningún hecho concerniente a una relativa, por lo que aflora que un ejercicio semejante de hermenéutica terminaría por conducir, ante tal claridad, a que el juzgador sustituyera al demandante en la definición de su intención, lo que sería impensable, en tanto que vulneraría gravemente el derecho de defensa’, particularmente, cuando ‘el cuadro fáctico sustentante de la pretensión’ se enfoque únicamente a comprobar la ausencia de intención de perfeccionar un contrato, ‘sin que en modo alguno apuntara a demostrar que, bajo el amparo de esa fachada, hubiese un deseo genuino de vincularse contractualmente en otro sentido, como tampoco a mostrar la especie de negocio jurídico hacia el que habrían encauzado dicho propósito, ni mucho menos la finalidad que con ello perseguían, o el contenido y alcance que habrían querido imprimirle al eventual acuerdo subyacente’ (Sent. Cas. Civ. oct. 24/2006, Exp. 66682-31-03-001-2002-00058-01 [SC-155-2006])’ (Cas. Civ. Sent. de jul. 30/2008, [SC-077-2008], Exp. 41001-3103-004-1998-00363-01)” (Cas. Civ. Sent. de mayo 6/2009, Exp. 11001-3103- 032-2002-00083-01).

Ahora bien, el error fáctico del fallador de segundo grado; resulta manifiesto, notorio y a simple vista, al limitar su laborío hermenéutico a la parte petitoria de la demanda, cuando la causa petendi de la “nulidad absoluta del contrato [...] porque es ostensible su simulación”, refiere a esta en su generalidad.

En efecto, el petitum, se soportó entre otros hechos, en los siguientes:

a) Hernando Quintero Castro “simula vender” el inmueble denominado “Rancho King” que allí se individualiza (hecho 1).

b) “[E]l mencionado contrato de compraventa es simulado, porque de una parte, las firmas compradoras no tenían la intención de comprar y por otra, la verdadera finalidad del vendedor era excluir el bien del haber de la sociedad conyugal formada con la demandante” (hecho 2).

c) [P]rueba que este es un contrato simulado es el precio irrisorio asignado al inmueble (...) y por lo mismo hace ficticio el contrato” (hecho 4).

d) La falta de capacidad económica de las sociedades compradoras, especialmente de liquidez, “delata también la simulación del contrato”, así como la conservación por el vendedor de la posesión del bien en las mismas condiciones anteriores a la negociación, “como si no hubiese existido venta” (hecho 5).

e) “[El] demandado se vende a sí mismo (...) confundiéndose en el contrato como vendedor y comprador”, proceder indicativo de “la simulación del contrato y el real propósito de sustraerlo de la sociedad conyugal” (hecho 6).

f) La actora tiene interés jurídico porque padece grave perjuicio patrimonial “en tanto que no es una venta real sino una indiscutible maniobra fraudulenta para sacar el bien del haber social” (hecho 7).

Por el contrario, el séptimo de la demanda menciona la “nulidad absoluta” al expresar el interés de la actora en pretenderla.

En idéntico sentido, el tercero refiere a la invalidez absoluta vinculándola a la medida de embargo del fundo. No obstante, sobre este tópico, la Corte tiene averiguado de vieja data y reiteró en época actual que, “las cosas incomerciables no se pueden enajenar, lo que no significa que pueda afirmarse lo contrario —que todas las cosas inalienables sean incomerciables—, pues existen muchas cosas de prohibida enajenación que ‘están en el comercio humano’, en el sentido de que sobre ellas recaen derechos reales o personales, como ocurriría, v.gr., con los bienes embargados por decreto judicial, cuya enajenación prohíbe el numeral 3° del artículo 1521, pero frente a los cuales no se puede desconocer que subsisten los derechos reales o personales previamente constituidos, y que, vigente la medida, podrán realizarse sobre los mismos todos los actos o negocios jurídicos que no comporten enajenación [...] la vigencia de una medida que prohíba la enajenación de determinados bienes no los convierte en bienes incomerciables, ni los ‘saca del comercio’, como frecuentemente se expresa, sino que conduce a que los mismos, permaneciendo ‘en el comercio humano’, sean, en adelante, inalienables o no enajenables, con todas las consecuencias que de tal calidad se derivan” (Sent. de dic. 19/2008, Exp. 15001-31-03-003-1996-08158-01), y en cualquier caso, es menester no solo la inscripción de la cautela sino su vigencia.

Por supuesto, las respuestas a la demanda tratan de la pretendida simulación del contrato, lo cual es lógico por referir a sus hechos o fundamentos fácticos.

Con los lineamientos precedentes, considerada la exigencia normativa de apreciar la demanda y su contestación en forma lógica, racional, sistemática, en conjunto e integral, la Sala encuentra que aunque la presentada alude a la nulidad absoluta y la simulación del contrato de compraventa celebrado entre los demandados, su contenido se orienta fundamentalmente a la declaración de simulación, al perseguir la privación de los efectos jurídicos del acto dispositivo por no ser real sino ficticio.

Del escrito introductorio del proceso se desprende que la simulación pretendida es absoluta, y no relativa, al no señalar la existencia de otro acto dispositivo en lugar del aparente, lo cual lógicamente excluye la nulidad absoluta del mencionado contrato, por cuanto la simulación absoluta concierne a la inexistencia del acto aparente, mientras la nulidad por ausencia o defecto congénito o adquirido de los presupuestos de validez del negocio jurídico, presupone necesariamente su existencia.

Por consiguiente, el error fáctico en la hermenéutica del libelo resulta ostensible, prístino, evidente, trascendente e incidente en la sentencia impugnada y conduce a la prosperidad de la acusación sin requerir el análisis de los restantes yerros denunciados, por ignorar u omitir el sentenciador de segundo grado la valoración de varios medios de prueba demostrativos de la simulación absoluta, los cuales, serán apreciados conforme al ordenamiento jurídico dentro del marco de la apelación propuesta al proferir la sentencia sustitutiva.

Prueba de oficio

Por la prosperidad del cargo, antes de proferir la sentencia sustitutiva que corresponda en derecho, con fundamento en lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, se ordenará oficiosamente incorporar al proceso copia del folio o partida del registro civil de matrimonio de la demandante con el demandado y de la sentencia declarativa de la separación de bienes, disolución y liquidación de la sociedad conyugal (fls. 49-55, cdno. 1; CPC, arts. 115, 253 y 254).

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 3 de agosto de 2009, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Civil-Familia-Laboral, en el proceso ordinario de Josefa Leonor Maya de Quintero contra Hernando Quintero Castro, Quintero Castro & Cía. S. en C. y Hernando Quintero Castro & Cía. S. en C.

En sede de instancia, antes de proferir la sentencia sustitutiva,

RESUELVE:

Se decreta de oficio la práctica de las siguientes pruebas:

a) Ofíciese a la Notaría Primera del Círculo de Valledupar para que, a costa de la parte demandante, remita copia de la correspondiente partida o folio del registro civil de matrimonio contraído por Josefa Leonor Maya de Quintero y Hernando Quintero Castro.

b) Ofíciese al Juzgado Tercero de Familia de Valledupar para que, a costa de la parte demandante del proceso de separación de bienes instaurado por esta contra Hernando Quintero Castro remita copia completa de la sentencia declarativa de la separación de bienes, disolución y liquidación de la sociedad conyugal con las constancias legales de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) “Sentencia de 16 de febrero de 1995 (CCXXXIV, 234)”.