Sentencia 2007-00104 de febrero 12 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Radicación: 25000-23-27-000-2007-00104- 01 (17386)

Actor: Dow Química de ColombiaS.A.

C/ U.A.E. DIAN

Bogotá, D.C., doce de febrero de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Corresponde a esta corporación decidir sobre la legalidad de los actos  administrativos por medio de los cuales la Administración de Impuestos Nacionales impuso a la sociedad Dow Química de Colombia S.A. sanción por haber imputado en forma improcedente el saldo a favor generado en la declaración del impuesto sobre las ventas del 6° bimestre de 2002  al 1° período de 2003.

En los términos del recurso de apelación instaurado por la parte demandante se debe precisar si se ajustan a derecho los actos administrativos impugnados o en su defecto si debe subsistir la sentencia apelada que negó las pretensiones expuestas en la demanda, según las siguientes consideraciones:

Se tienen como antecedentes que la sociedad Dow Química de Colombia S.A. incluyó en su declaración de IVA correspondiente al 6° bimestre de 2002 un saldo a su favor en cuantía de $ 478.990.000 que posteriormente imputó en la declaración por el 1° período del año 2003.

Sobre el período citado inicialmente se adelantó proceso de determinación del tributo, el que culminó con la notificación de la liquidación de revisión que sustituyó el citado saldo a favor por un valor a pagar, de donde deviene en improcedente la imputación aludida, circunstancia que origina la imposición de la sanción que en el presente proceso se debate.

El actor insiste en considerar vulnerado el artículo 29 de la Constitución Política que otorga el derecho a no ser sancionado sino por el hecho tipificado en la ley como sancionable, dado que no se pueden equiparar devolución o compensación improcedentes a la imputación no viable, que no está prevista en el artículo 670 estatuto tributario como hecho sancionable.

Contrario a dicho argumento, y si bien el encabezado del artículo 670 del estatuto tributario se refiere a: “Sanción por improcedencia de las devoluciones  y compensaciones”, la misma norma en su inciso cuarto se refiere a la figura de la imputación en los siguientes términos:

“Cuando en el proceso de determinación del impuesto, se modifiquen o rechacen saldos a favor que hayan sido imputados por el contribuyente o responsable en sus declaraciones del período siguiente, la administración exigirá su reintegro, incrementado en los intereses moratorios correspondientes”.

Ahora, la razón evidente para que el inicio del artículo cuyo aparte se transcribe no contenga taxativamente el término “Imputaciones” al referirse en general a la improcedencia  de la aplicación de saldos a favor, se deriva de que el artículo 815 de la misma compilación fiscal asimila para todos los efectos dicho término a la “Compensación”, cuando expone bajo el título “Compensación de las deudas fiscales” y subtitulado como “Compensación con saldos a favor”, el siguiente texto:

“Los contribuyentes o responsables que liquiden  saldos a favor en sus declaraciones tributarias podrán: a) Imputarlos dentro de su liquidación privada del mismo impuesto, correspondiente al siguiente período gravable; b) Solicitar su compensación con deudas por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones que figuren a su cargo”.

A continuación el parágrafo de este mismo artículo señala que tratándose en ambos casos de  compensaciones, la diferencia de tratamientos obedece, cuando se refiere al impuesto sobre las ventas, a que la compensación propiamente dicha al igual que la devolución, solo podrá ser solicitada por los responsables productores de bienes y prestadores de servicios exentos, los exportadores y aquellos que hayan sido objeto de retención en la fuente por IVA(1) teniendo los demás declarantes a quienes les resulte saldo a favor que recurrir al método de la imputación por orden legal.

Por otra parte el mismo artículo 670 faculta a la administración tributaria en uno y otro evento para exigir al responsable, previo trámite del procedimiento correspondiente, el reintegro de las sumas indebidamente aplicadas más los intereses moratorios que correspondan, y hace la salvedad lógica de diferenciar en los incisos 2° y 4° la devolución o compensación de la imputación, al adicionar en el primero de ellos a título de sanción, el aumento del 50% de los intereses moratorios liquidados sobre la suma indebidamente utilizada(2).

El sustento fáctico de la enunciada diferencia es explícito en la Sentencia C-075 del 3 de febrero de 2004 mediante la que la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 670 del estatuto tributario cuando expone:

“Como se indicó, ante un saldo a favor el contribuyente puede solicitar su devolución, su compensación con otras deudas tributarias o imputarlo a su declaración del período gravable siguiente. Cuando ocurre esta última situación y la administración en el proceso de determinación del tributo establece que no genera un saldo a favor del contribuyente, hay lugar a su reintegro y al pago de intereses moratorios. Es decir, el contribuyente debe pagar lo que omitió pagar y reconocer sobre esa suma intereses moratorios pues también aquí una parte del impuesto a cargo no se pagó oportunamente. A diferencia del caso anterior, en este evento los intereses moratorios no se incrementan a título de sanción en un 50%, situación comprensible en tanto se trata de un supuesto en el que la administración no tuvo que adelantar actuación preliminar alguna ni entregar sumas de dinero al contribuyente. Simplemente éste dejó de pagar y por ello solo paga intereses moratorios”.

Acepta el actor que en su declaración de IVA por el bimestre 1° de 2003 imputó un saldo a favor del período 6° de 2002 que fue cuestionado y declarado improcedente mediante un acto oficial  y que derivado de esto, es su deber reintegrar tanto la suma indebidamente aplicada como los intereses que sobre ella correspondan por cuanto “debe reintegrar lo que no tuvo derecho a recuperar” adicionando los intereses moratorios “en la misma forma como debe liquidarlos quien haya determinado en la privada saldo a cargo y no lo haya pagado”.

No obstante reitera que la sentencia de primera instancia vulneró el derecho fundamental del artículo 29 de la Constitución Política al no acceder a declarar la nulidad de los actos acusados imponiendo una sanción no tipificada por cuanto la compañía no obtuvo devolución o compensación, sino que imputó el saldo a su favor.

Como se analizó, no le asiste razón al actor al aseverar que la orden de reintegrar y liquidar intereses en caso de imputación no está contenida en la normativa vigente, de donde mal puede alegar una pretendida vulneración del debido proceso. Tampoco es de recibo su argumento cuando afirma que se le sancionó en iguales condiciones que cuando se trata de una devolución o compensación, ya que si nos remitimos a la parte resolutiva tanto del acto administrativo “Resolución sanción” como a la que decidió el recurso, podemos observar que en ellos se ordena efectuar “el reintegro en la suma de $ 478.990.000 y pagar los intereses moratorios correspondientes (...)” sin que se haga referencia al incremento del 50%  sobre el valor de los intereses determinados, en acatamiento tanto del artículo 670 estatuto tributario, como de lo contemplado en la Sentencia C-075 del 3 de febrero de 2003, de donde la actuación del ente fiscal se ajustó en todo a la preceptiva legal, por lo que es procedente confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE  la sentencia de fecha 24 de julio de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección cuarta, Subsección “B”.

RECONÓCESEpersonería para actuar a nombre de la entidad demandada a la doctora Jacqueline E. Prada Ascencio en los términos del poder que obra en el informativo.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen.  Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.


(1) Artículo 815 E.T. parágrafo Modificado Ley 788/2002, art. 68 “ Cuando se trate de responsables del impuesto sobre las ventas, la compensación de saldos originados en la declaración del impuesto sobre las ventas , solo podrá ser solicitada por aquellos responsables de bienes y servicios de que trata el artículo 481, por los productores de los bienes exentos a que se refiere el artículo 477 y por aquellos que hayan sido objeto de retención”.

(2) Arículo 670 E.T. incisos 2° y 4° “2. Si la administración tributaria dentro del proceso de determinación, mediante liquidación oficial rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devolución o compensación, deberán reintegrarse las sumas devueltas en exceso más los intereses   moratorios que correspondan, aumentados estos últimos en un cincuenta por ciento (50%)” y “4-. “Cuando en el proceso de determinación del impuesto, se modifiquen o rechacen saldos a favor, que hayan sido imputados por el contribuyente o responsable en sus declaraciones del período siguiente, la administración exigirá su reintegro, incrementado en los intereses moratorios correspondientes”.