Sentencia 2007-00108 de mayo 2 de 2016 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero 

Radicación: 170012331000200700108 01 (39399)

Actor: Danilo García Alzate

Demandados: La Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Naturaleza: Acción de reparación directa (apelación de sentencia)

Bogotá, D.C., 2 de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales

1.1. Jurisdicción, competencia y acción procedente

Es competencia del Consejo de Estado resolver el recurso interpuesto, conforme lo dispone la Ley 270 de 1996 al desarrollar la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados con la actividad de administrar justicia y sin consideración respecto de la cuantía(11). El trámite invocado, conforme a la naturaleza del asunto, es el que corresponde a la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del C.C.A.

1.2. La legitimación en la causa

Por activa le asiste legitimación al demandante, con fundamento en la titularidad del bien objeto de la medida de remate. En efecto, aparece probado que dicho señor era el propietario del edificio “Degar”, conforme obra en el folio de matrícula inmobiliaria 290-70782.

Ahora bien, dicho inmueble estaba aprisionado al activo que componía el patrimonio de la liquidación, conforme lo dispone el art. 151 de la Ley 222 de 1995 y, en tal sentido constituía prenda de los acreedores, sin embargo, advierte la Sala que este hecho no desvirtúa la legitimación en la causa del demandante, comoquiera que una vez concluida la liquidación, subsiste la responsabilidad del deudor, respecto aquellos créditos que hayan quedado con saldos insolutos (art. 222 Ley 222 de 1995), a más de la titularidad que hasta entonces tenía sobre el inmueble.

1.3. La caducidad

Tratándose de la acción de reparación directa, conforme lo prescribe el artículo 136 numeral 8º del C.C.A. el término para demandar es de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho propulsor del daño.

En el presente caso, bien sea que el daño se considere frente a la providencia que fijó fecha para el remate (del 16 de agosto de 2005), o frente a la providencia que adjudicó el bien por el 40% del valor del avalúo (del 12 de septiembre de 2006)(12), las cuales quedaron debidamente ejecutoriadas, lo cierto es que la demanda se presentó el 2 de mayo de 2007, antes del vencimiento del término de caducidad señalado, en cualquiera de los dos eventos.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el procedimiento de subasta y remate aplicado dentro del proceso de liquidación obligatoria que se siguió a instancias del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Manizales contra el señor Danilo García Alzate como persona natural no comerciante, comportó un funcionamiento anormal y defectuoso de la administración de justicia por el cual el Estado deba responder.

Para ello, deberá la Sala establecer previamente el régimen legal aplicable para las liquidaciones obligatorias de las personas naturales no comerciantes.

3. Hechos probados

Al expediente fueron aportadas en copia auténtica y con carácter probatorio, algunas de las piezas procesales que en su momento constituyeron el expediente de trámite concordatario y la posterior liquidación forzosa de que fue objeto el demandante(13), las cuales serán objeto de valoración. De esta forma, se encuentran probados los siguientes hechos:

3.1. Que el señor Danilo García Alzate solicitó ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Manizales, apertura de trámite concordatario de persona natural no comerciante, para lo cual presentó un activo integrado por cuatro inmuebles, en tres de ellos compartía propiedad con otras personas y un cuarto inmueble de su plena propiedad.

3.2. Que ante el fracaso del trámite concordatario, se dio apertura a la Liquidación obligatoria, con el fin de satisfacer los créditos graduados y reconocidos, mediante la venta de los bienes que conformaban el activo.

3.3. Los inmuebles fueron debidamente avaluados (fl. 83-133, c. 2) con aprobación del juzgado el día 31 de enero de 2005 (fl. 141-142, c. 2).

3.4. El 4 de marzo de 2005 la Junta Asesora autorizó al Liquidador y a dos acreedores, para que realizaran diligencias tendientes a la venta directa de los inmuebles (fl.166, c. 2).

3.5. El día 7 de junio de 2005 el Liquidador solicitó al Juzgado ordenar el remate de los inmuebles, por cuanto ya habían transcurrido más de tres meses desde el avalúo y no había sido posible concretar la venta directa (fl. 143, c. 2), en prueba de ello, y a solicitud del Juzgado, allegó tres certificaciones de comisionistas: 1) Lonja profesional inmobiliaria de Manizales; 2) Red inmobiliaria de Caldas Ltda. y 3) Mario Corrales Giraldo – Miembro de la Lonja de Propiedad Raíz del Quindío (fl. 167-16, c. 2).

3.6. En declaraciones rendidas ante el a quo, dos de los tres comisionistas ratificaron la expedición de las certificaciones allegadas por el Liquidador (fls. 415-421, c. 2).

3.7. Mediante auto del 16 de agosto de 2005, el Juzgado fijó como fecha para el remate de los bienes el 21 de septiembre de 2005, con una base de oferta admisible del 70% del valor del avalúo, citando como fundamento entre otros, los arts. 66 y 67 de la Ley 550 de 1990 y la Ley 222 de 1995 (fls. 173 – 178, c. 2). Esta primera subasta fue declarada desierta por ausencia de postores. (fls. 202-207, c. 2).

3.8. Mediante auto del 28 de noviembre de 2005 se ordenó la segunda subasta sobre una base de oferta admisible del 50% del valor del avalúo (fls. 219-221, c. 2), la cual se llevó a cabo el 24 de enero de 2006, declarándose igualmente fallida por falta de postores (fls. 245 -251, c. 2).

3.9. Mediante auto del 6 de febrero de 2006 se ordenó la tercera subasta sobre una base de oferta admisible del 40% del valor del avalúo (fls. 254-258, c. 2), la cual se llevó a cabo el 12 de septiembre de 2006, (fls. 332-341, c. 2).

3.10. En la tercera subasta los señores Nicolás de Jesús Osorio Valencia y Leonel Osorio Arias formularon postura por el bien inmueble ubicado en la ciudad de Pereira, del cual era propietario único el señor Danilo García Alzate. El bien, que estaba avaluado en $ 547.917.000.oo (fls. 121 – 137, c. 2), fue rematado y adjudicado a los postores por el valor de 217.200.000.oo (fls. 332 – 341, c.2).

4. Análisis de la Sala

Siendo el daño el primero de los elementos estructurantes de la responsabilidad del Estado, es menester acreditarlo para que tenga lugar la prosecución del análisis de responsabilidad. En tal sentido, invoca el demandante que se le causó un daño antijurídico con la venta del bien inmueble (Edificio Degar) por el procedimiento de pública subasta y sobre la base de un 40% del avalúo; por consiguiente, se ocupará la Sala de establecer si con la enajenación así dada, se causó una lesión al patrimonio del demandante que se ubique por fuera de lo que, por la naturaleza misma del procedimiento liquidatorio, estaba llamado a soportar.

De entrada se advierte, que es de la esencia misma de una liquidación forzosa, la realización del patrimonio del deudor, en tanto prenda que es de los acreedores y, en mutua dependencia, éstos últimos quedan supeditados a la incertidumbre ínsita en las crisis económicas del deudor. En otras palabras, la insolvencia es un riesgo propio al que se enfrentan los acreedores y, de consuno, la liquidación y venta forzosa que le subsigue, deviene inherente a las contingencias que asume el deudor cuando contrae obligaciones. De esta manera, se comprende como ingénito el riesgo que se cierne sobre el patrimonio del insolvente, principalmente porque queda sujeto a las reglas de la almoneda, sin que las consecuencias de este azaroso evento, constituyan por sí mismas un daño antijurídico.

Como el demandante sustenta el presunto daño, en que por ser persona natural no comerciante, el procedimiento de enajenación no podía darse sobre una base inferior al 100% del avalúo, porque no era la Ley 550 de 1999 la aplicable, sino la Ley 222 de 1995; la Sala encaminará el estudio que la lleve a determinar inconcusamente, si en el presente caso se incurrió o no en una indebida aplicación normativa a partir de la cual, la disminución patrimonial se tornase intolerable. En esa medida, resulta pertinente elucidar el régimen aplicable para la época de los hechos a las liquidaciones forzosas de las personas naturales no comerciantes.

4.1. Legislación aplicable a las liquidaciones obligatorias de personas naturales no comerciantes para el momento de los hechos

Estima la Sala, antes que nada, examinar el alcance tanto de la Ley 222 de 1995 como de la Ley 550 de 1999, específicamente en el ámbito de aplicación que corresponda a la calidad que tenía dentro de dicho trámite el hoy demandante, para determinar las posibles anormalidades o irregularidades en que se hubiera podido incurrir.

En efecto, para el momento en que se dio apertura al trámite de liquidación obligatoria(14)del señor Danilo García Alzate, estaban vigentes de x

Mientras la Ley 222 de 1995 en su título II, art. 90 desarrolló un régimen regulatorio para los procesos concursales de carácter mixto, esto es, tanto para personas jurídicas como naturales; la Ley 550 de 1999(15), por su parte, concretó a través del objeto de aplicación, un régimen de reactivación eminentemente empresarial, dirigido a las personas jurídicas y, sin que ello fuera óbice para introducir en los artículos 67 a 71 algunas modificaciones al trámite de las liquidaciones obligatorias previsto en la Ley 222 de 1995. De tal manera, que al modificar la Ley 222 de 1995 amplió el objeto de aplicación que inicialmente se había restringido al ámbito empresarial y de las personas jurídicas. De esto se sigue, que ni la Ley 222 de 1995 regula en exclusiva el trámite de las liquidaciones de las personas naturales ya sean o no comerciantes, ni la Ley 550 de 1999, lo hace de manera unívoca respecto de las personas jurídicas, al menos no en lo que toca a las modificaciones antes aludidas.

Por lo tanto, para determinar el régimen aplicable a las liquidaciones obligatorias de las personas naturales no comerciantes, es necesario recabar no solamente las disposiciones de la Ley 222 de 1995, sino que, además, determinar en qué medida las modificaciones que la Ley 550 de 1999 dispuso para dicha ley, se hacen extensivas para ese tipo de personas. En otras palabras, la Ley 222 de 1995 no se limita a su texto inicial, sino que a éste deben integrarse las modificaciones que le deparó la Ley 550 de 1999.

Para empezar, observa la Sala que el artículo 90 de la Ley 222 de 1995(16) no hace distinciones de trámite, sino de competencia. En efecto, estableció la competencia en la Superintendencia de sociedades para las personas jurídicas y en los jueces civiles especializados o del circuito para las personas naturales ya sean o no comerciantes.

Lo referente al trámite de los procesos seguidos ante el juez, o lo que es lo mismo, el concordato o liquidación de las personas naturales comerciantes y no comerciantes, aparece regulado a partir de los artículos 213(17) a 225 de ejusdem y, en lo no regulado por éstos artículos remite al trámite general previsto en la misma ley, que para el caso de liquidación obligatoria se consagra en los arts. 149 al 208 ejusdem. Ahora bien, dentro de los art. 213 a 225 no se incluyó ninguna disposición especial para el trámite de venta de activos en caso de liquidación obligatoria, lo que de inmediato pone este asunto en el ámbito de las disposiciones genéricas que aplican para las personas jurídicas. Es decir, por la remisión hecha en el art. 213 ejusdem, el trámite de venta de activos es el mismo tanto para las personas naturales ya sean o no comerciantes, como para las jurídicas, en el marco de la Ley 222 de 1995.

De ahí, que los artículos 181(18) y 194 de la Ley 222 de 1995(19) consagraban las reglas de enajenación de activos y el proceso de venta directa por parte del liquidador que era aplicable por igual a las personas jurídicas y naturales. De esta forma, mientras el art. 181 disponía que una vez aprobado el avalúo debía procederse a la venta de los bienes, el art. 194 señalaba que el liquidador, ya fuera directamente o a través de un intermediario de finca raíz debía gestionar la venta de los inmuebles, sin que en tales artículos se señalara algún plazo o se fijara un valor diferente al del avalúo.

Esta indefinición de plazo y valor, vino a cambiar con las modificaciones que introdujo la Ley 550 de 1990, como se desprende de la siguiente preceptiva:

ART. 66. (…) PAR. 1º—Los procedimientos concursales de las personas naturales continuarán tramitándose de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 222 de 1995(20).

PAR. 2º—El régimen de la liquidación obligatoria previsto en la Ley 222 de 1995 continuará aplicándose, con las modificaciones introducidas en los artículos 67, 68, 69, 70 y 71 de esta ley, y se abrirá en los eventos que en ella se prevén. (resalte extra texto).

ART. 67.—Venta en pública subasta. Si dentro de los tres meses siguientes a la aprobación de los avalúos en el proceso de liquidación obligatoria previsto en la Ley 222 de 1995, no fuere posible enajenar los bienes, el liquidador deberá acudir para tal enajenación a una subasta pública a cargo de la Superintendencia de Sociedades, en lo posible preservando su estado de unidad económica. Dicha subasta se regirá en lo pertinente por las disposiciones sobre remate de bienes consagradas en el Código de Procedimiento Civil.

De esta manera, a partir de la vigencia de la Ley 550 de 1999, el tiempo para procurarse la venta directa dispuesto por la Ley 222 de 1995 en sus artículos 181 y 194 y, que como ya se aclaró aplicaba tanto para personas naturales (comerciantes o no comerciantes) como jurídicas, se fijó en tres meses, contados a partir de la aprobación de los avalúos. Si transcurrido ese tiempo no se llevaba a cabo la venta directa, debía acudirse al procedimiento de pública subasta, conforme a las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil (C.P.C.), esto es, el artículo 523(21), que a su vez, en caso de declararse desierta la subasta, remite a la aplicación del artículo 533 del C.P.C.

Ahora bien, no pierde de vista la Sala que el artículo 67 de la Ley 550 de 1999 alude a una subasta que se tramitará ante la Superintendencia de Sociedades, lo que en principio, excluiría de su aplicación a las liquidaciones cursantes ante los jueces civiles, esto es, las liquidaciones correspondientes a las personas naturales; de no ser porque es el propio artículo 213 de la Ley 222 de 1995 como ya se indicó, el que remite al trámite general previsto para las personas jurídicas, respecto de todo aquello que no se regule de manera especial, como sucede con la venta de inmuebles. Luego entonces, el artículo 67 de la Ley 550 de 1999 no puede interpretarse de manera aislada, sino en sistemática con el artículo 213 de la Ley 222 de 1995, a partir de lo cual cobra un sentido de aplicación ampliado. Del mismo modo y por las mismas razones, las previsiones normativas de los artículos 181 y 194 de la Ley 222 de 1999, deben interpretarse en sistemática con el artículo 67 de la Ley 50 de 1999.

De todo lo anteriormente expuesto colige la Sala, que si bien la Ley 550 de 1990 fue concebida prima facie para regular el trámite de reactivación y restructuración empresarial y de entidades territoriales, ésta introdujo modificaciones sobre el trámite de venta de activos en los procesos de liquidación obligatoria previstos en la Ley 222 de 1995. Igualmente, que el trámite de venta de activos dentro del procedimiento de liquidación obligatoria previsto en la Ley 222 de 1995 aplicaba por igual a las personas jurídicas o naturales, comoquiera que la propia Ley 222 de 1995 no contempló ninguna disposición especial para diferenciar en favor de las personas naturales respecto de este aspecto y, por lo mismo, la modificación del art. 67 de la Ley 550 de 1999, cobijó también a las personas naturales no comerciantes.

4.2. Del caso concreto

Partiendo de la premisa según la cual el procedimiento de subasta previsto en el art. 67 de la Ley 550 de 1990, integrado normativamente con los arts. 523 y 533 del C.P.C. le era aplicable al trámite de venta de activos por liquidación forzosa previsto en la Ley 222 de 1995 tanto para personas jurídicas como naturales (comerciantes y no comerciantes), la Sala analizará si dentro del presente caso, TANTO EL LIQUidador como el juez de conocimiento respetaron las reglas allí previstas, o si por el contrario, al no hacerlo, provocaron un daño antijurídico.

En definitiva, de conformidad con lo expuesto por el demandante y con lo que jurídicamente se problematiza, la Sala determinará: (i) si el liquidador debió o no solicitar y si el juzgado debió o no autorizar la enajenación del inmueble mediante el procedimiento de subasta. (ii) una vez puesto el bien en subasta pública, cuál debía ser el valor de base para la oferta. (iii) si el liquidador agotó eficazmente el procedimiento de venta directa y si el juez hizo la verificación respectiva de dicho procedimiento y, (iv) si procedía o no recurso de apelación contra la providencia que fijó fecha de remate.

(i) De conformidad con la fijación hermenéutica que respecto de la Ley 222 de 1995 se hizo anteriormente y, que llevó a concluir que a ésta ley fueron integradas las modificaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 550 de 1990, así como también y por las razones ya expuestas, que la modificación del artículo 67 ejusdem implicó el trámite de venta de activos en liquidaciones obligatorias ya fueran de personas jurídicas o naturales; se puede deducir sin ambages, que al Liquidador no solamente le era permitido, sino que además, le era imperativo solicitar la enajenación de los bienes que componían el activo de la liquidación luego de que transcurrieran tres meses desde la aprobación de los avalúos.

Nótese que el enunciado normativo del artículo 67 de la Ley 550 de 1990 (transcrito ut supra) viene regido por la expresión “deberá”; por contera, al juez de conocimiento le asistía igualmente el deber de aprobar la solicitud, siempre que se verificara como en efecto se hizo en el presente caso, que de manera infructuosa se había intentado la venta directa; todo ello, sin perjuicio de la labor de fiscalización que en su momento debió ejercer la junta asesora sobre las labores del liquidador(22).

Ahora, respecto de la verificación del transcurso del tiempo requerido, se tiene que el 31 de enero de 2005 se impartió la aprobación de los avalúos y, el 7 de junio de 2005 el liquidador cursó la solicitud de remate ante el juzgado, lapso en el que de manera suficiente se sobrepasa el tiempo normativamente estipulado. Inclusive, desde el momento que la junta asesora impartió la autorización al liquidador y a dos de los acreedores para las gestiones de venta (4 de marzo de 2005) a la fecha de solicitud de remate, transcurrieron tres meses.

De esto se infiere, que en lo que hace a la solicitud de remate y su consecuente aprobación, no hubo por parte de ninguno de los funcionarios intervinientes una indebida escogencia de las disposiciones aplicables, como tampoco un trámite desviado de lo que aquellas indicaban.

(ii) Con relación al valor de base que debía asumirse dentro del trámite de subasta, éste se prefija conforme a las reglas establecidas en el C.P.C., por remisión expresa del artículo 67 de la Ley 550 de 1999, modificatorio de la Ley 222 de 1995, de conformidad con el alcance provisto por la interpretación sistemática.

Sostener lo contrario, es decir, admitir la procedencia de la subasta, pero someterla a unas reglas que no fueran las genéricas, implicaría desconocer el alcance legal, máxime cuando la Ley 222 de 1995 no dispuso un trámite especial de enajenación para las liquidaciones de personas naturales, ni mucho menos consagró expresamente una disposición que aludiera a una base de postura del 100%. Por su puesto, el art. 194 de dicha ley establece un procedimiento de venta directa teniendo como base el avalúo, pero no hay que olvidar que dicha disposición debe entenderse a partir de las modificaciones introducidas por el pluricitado art. 67 de la Ley 550 de 1999(23).

De esta forma, el inciso tercero del art. 523 del C.P.C., disponía que: “En el auto que señale el remate se fijará la base de la licitación, que será el setenta por ciento (70%) del avalúo de los bienes”. Este porcentaje de base coincide con el que se fijó para la primera diligencia de subasta que se llevó a cabo el 21 de septiembre de 2005 y que al declararse desierta, dio paso a la aplicación del artículo 533 del C.P.C(24), que determina una base del 50% para la segunda diligencia, la que en el caso de este proceso se cumplió el 24 de enero de 2006 y ante la ausencia de postores se procedió en tercera diligencia (12 de septiembre de 2006) a subastar por el 40%, como se dispone en el mencionado artículo y, dado que en dicha fecha se presentaron postores, se efectuó la respectiva adjudicación.

Por las prenotadas circunstancias, estima la Sala que el procedimiento de subasta se adelantó en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables al caso, sin que se observe en el mismo un comportamiento desviado o injurídico.

(iii) De las pruebas obrantes se colige que frente a los bienes que componían el activo de la liquidación se gestionó el procedimiento de venta directa, mismo que por disposición de la junta asesora se encomendó tanto al liquidador, como a dos acreedores. Igualmente se colige que el juez hizo la respectiva verificación al punto mismo de requerir al Liquidador para que informara lo pertinente, allegándose al expediente las certificaciones de tres personas que para el momento desarrollaban actividades de finca raíz, dado que la junta asesora, según se informó, no condicionó la calidad de los intermediarios de venta.

Nótese cómo, el numeral 4º del artículo 194 de la Ley 222(25) de 1995 da inclusive la posibilidad de que se pueda efectuar dicha labor únicamente con la gestión directa del Liquidador, pues la norma está redactada en sentido disyuntivo.

Ahora bien, respecto de las certificaciones que en su momento se allegaron al proceso liquidatorio, dos de ellas fueron ratificadas dentro del presente proceso(26), sin dejar de mencionar las funciones de fiscalización que al respecto tenía la junta asesora. Todo ello evidencia el agotamiento en debida forma del procedimiento de venta directa y la aquiescencia de la junta asesora en lo que le era pertinente.

(iv) Frente a la procedencia del recurso de apelación contra la providencia

que fijó fecha de remate, advierte la Sala que, con todo y que el demandante señala que por existir una disposición especial, prevista en el art. 224 de la Ley 222 de 1995, tal recurso no era procedente, debe recordarse que el trámite de venta de activos de las liquidaciones patrimoniales de personas naturales no estaba contenido en las disposiciones especiales que traía la Ley 222 de 1995, sino que se regía por disposiciones genéricas, mismas que fueron objeto de modificación por el art. 67 de la Ley 550 de 1999.

Bajo esa sindéresis interpretativa, es comprensible que si éste trámite (el de venta de activos mediante pública subasta) vino a ser modificado por la Ley 550 de 1999 como quedó ut supra reseñado, quedaba atado a las remisiones del C.P.C., previstas en el mentado art. 67 ejusdem; normatividad que prevé el recurso de apelación para el auto que fija fecha de remate.

De todo lo dicho, encuentra la Sala que en el trámite de enajenación del bien inmueble (Edificio Degar) por el 40% del valor del avalúo no se configuró un daño antijurídico, por cuanto, está demostrado que (i) el liquidador intentó lo propio para la venta directa y acaeció el término legalmente establecido; (ii) el juez adelantó el procedimiento indicado; (iii) en las dos primeras diligencias no se presentó ninguna oferta y, en cambio sí en la tercera; y, (iv) que ante la existencia de una oferta válida el juez tenía que proceder a la adjudicación.

Más allá de que resulte evidente que el señor Danilo García Alzate vio menguado el patrimonio que para entonces era garantía de sus acreedores, tal disminución, con fundamento en lo que se viene exponiendo, no tiene el carácter de antijurídica, pues la misma era apenas inherente al trámite concursal adelantado y a su decurso legal; dicho de otra manera, se trató de una consecuencia posible dentro del ámbito de las contingencias que asumió al momento de contraer obligaciones.

En conclusión, la Sala considera, sobre la base de los anteriores razonamientos, que en el presente caso no se configuró un daño antijurídico, razón suficiente para confirmar la sentencia de primera instancia

5. Costas procesales

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 prevé la condena en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa un comportamiento que amerite ser calificado de tal manera, razón por la cual no se impondrá condena alguna por este concepto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

Primero: CONFIRMAR la sentencia del 27 de mayo de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Caldas el 25 de junio de 2007 (fl. 18, c. 1), surtiéndose las notificaciones personales de la siguiente manera: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (fl. 21 c.1) y al Ministerio Público (fl. 18, c. 1, anverso).

2 Cfr. fls. 7 y 8, c. ppal.

3 Conforme lo disponía el inciso 2º del art. 127 de la Ley 222 de 1995.

4 ART. 194.—Reglas de la enajenación. Aprobados los avalúos, el liquidador procederá directamente o por medio de una entidad especializada, a la enajenación de los activos, la cual se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se preferirá la enajenación que se realice en bloque, o en estado de unidad económica. Si no pudiere hacerse en tal forma, se efectuará la enajenación separada de los distintos elementos. (…).
4. La de los inmuebles, se efectuará directamente por el liquidador o por una compañía dedicada a la finca raíz, previamente aprobada por la junta asesora.

5 ART. 66.—(…) PAR. 1º—Los procedimientos concursales de las personas naturales continuarán tramitándose de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley 222 de 1995.
PARAGRAFO 2. El régimen de la liquidación obligatoria previsto en la Ley 222 de 1995 continuará aplicándose, con las modificaciones introducidas en los artículos 67686970 y 71 de esta ley, y se abrirá en los eventos que en ella se prevén. (…).

6 ART. 67.—Venta en pública subasta. Si dentro de los tres meses siguientes a la aprobación de los avalúos en el proceso de liquidación obligatoria previsto en la Ley 222 de 1995, no fuere posible enajenar los bienes, el liquidador deberá acudir para tal enajenación a una subasta pública a cargo de la Superintendencia de Sociedades, en lo posible preservando su estado de unidad económica. Dicha subasta se regirá en lo pertinente por las disposiciones sobre remate de bienes consagradas en el Código de Procedimiento Civil.

7 ART. 533.—Cuando no hubiere remate por falta de postores, el juez señalará fecha y hora para una segunda licitación, cuya base será el cincuenta por ciento del avalúo.
Si en la segunda licitación tampoco hubiere postores, se señalará una tercera fecha para el remate, en la cual la base será el cuarenta por ciento del avalúo.
Si tampoco se presentaren postores en esta ocasión, se repetirá la licitación las veces que fuere necesario, y para ellas la base seguirá siendo el cuarenta por ciento del avalúo. Sin embargo, en el último caso, cualquier acreedor podrá pedir que se proceda a nuevo avalúo, y la base del remate será el cuarenta por ciento de aquel.
Para estas subastas deberán cumplirse los mismos requisitos que para la primera.

8 Señala que de conformidad con el art. 40 del C.P.C. y con la jurisprudencia que le ha dado alcance, los jueces responden cuando obran con error inexcusable y no por simples equivocaciones, ya que de serlo, se abriría una brecha para que todo litigante inconforme con la decisión tomara represalia contra el fallador.

9 Este dicho lo fundamenta con apartes de la sentencia del Consejo de Estado del 4 de septiembre de 1997, exp. 10285, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

10 El agente del Ministerio Público y la parte demandante guardaron silencio. Cfr. fl. 116, c. ppal.

11 En consonancia con el Auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00.

12 Esto por cuanto el demandante funda la anormalidad en el hecho de haberse autorizado la enajenación mediante remate y una vez autorizado éste, haberse subastado el bien por el 40% y no por el 100% como considera debió suceder. Cfr. fl. 10, c. 1.

13 El material trasladado viene debidamente autenticado, sin perjuicio del valor probatorio que jurisprudencialmente ya se ha reconocido para las copias simples.

14 Providencia del 19 de enero de 2004 (fls- 11-17, c. 2).

15 Artículo 1°. Ámbito de aplicación de la ley. La presente ley es aplicable a toda empresa que opere de manera permanente en el territorio nacional, realizada por cualquier clase de persona jurídica, nacional o extranjera, de carácter privado, público o de economía mixta, con excepción de las vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria que ejerzan actividad financiera y de ahorro y crédito, de las vigiladas por la Superintendencia Bancaria, de las Bolsas de Valores y de los intermediarios de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios sujetos a la vigilancia de la Superintendencia de Valores.
Para los efectos de la presente ley, la actividad empresarial deberá corresponder a actos y operaciones previstos en los artículos 20 del Código de Comercio, 5 de la Ley 256 de 1996, 11 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y en el Artículo segundo, literal b), de la Ley 527 de 1999; no tendrá que realizarse mediante establecimientos de comercio; la persona que la organice se denominará empresario, aunque no tenga el carácter de comerciante. (…)

16 ART. 90.—Competencia. La Superintendencia de Sociedades asume la función jurisdiccional en uso de la facultad concebida en el artículo 116, inciso 3º de la Constitución Política. Será competente de manera privativa para tramitar los procesos concursales de todas las personas jurídicas, llámense sociedades, cooperativas, corporaciones, fundaciones, sucursales extranjeras, siempre que no estén sujetas a un régimen especial de intervención o liquidación. Los jueces civiles especializados, o en su defecto, los jueces civiles del circuito, tramitarán los procedimientos concursales de las personas naturales. (resalte extra texto).

17 ART. 213.—Aplicación. Salvo las disposiciones especiales que a continuación se enuncian, en lo pertinente se aplicarán las disposiciones de la presente ley al trámite del concordato o al de la liquidación obligatoria de las personas naturales y de las personas jurídicas diferentes a las sociedades comerciales.

18 ART. 181.—Avaluo. Aprobado el inventario, la junta asesora del liquidador ordenará el avalúo de los bienes, para lo cual designará las personas naturales o jurídicas, que a su juicio sean idóneas para llevarlo a cabo, a quienes les señalará el término dentro del cual deben cumplir el encargo. Aprobado el avalúo se procederá a la enajenación de los bienes, en los términos de la presente Ley. Tratándose de bienes cotizados en bolsa o cuando se trate de la enajenación especial, no se requerirá el avalúo.

19 ART. 194.—Reglas de la enajenación. Aprobados los avalúos, el liquidador procederá directamente o por medio de una entidad especializada, a la enajenación de los activos, la cual se sujetará a las siguientes reglas: (…) 4. La de los inmuebles, se efectuará directamente por el liquidador o por una compañía dedicada a la finca raíz, previamente aprobada por la junta asesora.

20 Es decir, ante los jueces civiles ya que como se dijo antes, el art. 90 de la ley 222 de 1995 no hizo estipulaciones de trámite, sino de competencia.

21 Art. 523 C.P.C. En firme la sentencia de que trata el artículo 507 o la contemplada en el artículo 510, el ejecutante podrá pedir que se señale fecha para el remate de los bienes que lo permitan, siempre que se hayan embargado, secuestrado y avaluado, aun cuando no esté en firme la liquidación del crédito. En firme ésta, cualquiera de las partes podrá pedir el remate de dichos bienes. (....) Si quedare desierta la licitación se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 533. (...).

22 ART. 178.—Funciones. La junta tendrá como atribución general la de asesorar y fiscalizar la gestión del liquidador, y en consecuencia se le atribuyen las siguientes funciones:
1. Disponer el avalúo de los bienes que constituyen el patrimonio a liquidar, cuantas veces ello sea necesario y nombrar los peritos que deban efectuarlo, así como su remuneración.
2. Autorizar los términos y condiciones en que deba llevarse a cabo toda enajenación de activos. (...).
10. Requerir al liquidador para que presente las cuentas comprobadas de su gestión, de acuerdo con lo previsto en esta ley, o cuando lo considere necesario. (…)
13. Citar al liquidador por lo menos con tres días comunes de antelación, indicando los temas que se vayan a tratar.

23 No ocurre lo mismo en la actualidad, dado que existe un procedimiento diferenciado para la insolvencia de las personas naturales no comerciantes y que fija las reglas para la liquidación patrimonial (arts. 563 y s.s. Ley 1564 de 2012), en el cual se guarnece el valor del patrimonio a través de la adjudicación de los bienes.

24 ART. 533.—Cuando no hubiere remate por falta de postores, el juez señalará fecha y hora para una segunda licitación, cuya base será el cincuenta por ciento del avalúo.
Si en la segunda licitación tampoco hubiere postores, se señalará una tercera fecha para el remate, en la cual la base será el cuarenta por ciento del avalúo.
Si tampoco se presentaren postores en esta ocasión, se repetirá la licitación las veces que fuere necesario, y para ellas la base seguirá siendo el cuarenta por ciento del avalúo. Sin embargo, en el último caso, cualquier acreedor podrá pedir que se proceda a nuevo avalúo, y la base del remate será el cuarenta por ciento de aquel.
Para estas subastas deberán cumplirse los mismos requisitos que para la primera.

25 4. La de los inmuebles, se efectuará directamente por el liquidador o por una compañía dedicada a la finca raíz, previamente aprobada por la junta asesora.

26 Cfr. fls. 415-428, c. 1). Inclusive la deponente Claudia Mercedes Aristizabal Arias, gerente de Red Inmobiliaria de Caldas Ltda. manifestó en su declaración que las dificultades para no poder mostrar los inmuebles, ni fijarles publicidad, provinieron de impedimentos de parte del señor Danilo García. (fl. 416, c. 1).