Sentencia 2007-00110/20792 de mayo 26 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 8001 23 31 000 2007 00110 02 [20792]

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. (NIT. 802.007.670-6)

Demandado: Municipio de Soledad, Atlántico - Alumbrado Público. 2003, 2004, 2005 y enero a septiembre 2006

Bogotá, D.C., veintiséis de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En el caso, se discute la legalidad de la Resolución 26 del 21 de septiembre del 2006 por la que el Secretario de Hacienda de Soledad expidió la liquidación de aforo del impuesto de alumbrado público correspondiente a los “saldos” del 2001 y del 2002, los meses de enero a diciembre del 2003, 2004 y 2005 y de enero a septiembre del 2006 a cargo de la actora, y de la Resolución 33 del 27 de noviembre del 2006 por la que el Secretario de Hacienda del Municipio, al resolver el recurso de reconsideración, modificó la liquidación anterior, en el sentido de excluir los “saldos” del 2001 y 2002 y, confirmarla en las demás partes.

El Tribunal anuló los actos demandados al encontrar que el funcionario que los expidió no tenía competencia para liquidar el impuesto ni para resolver el recurso de reconsideración y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó al demandado “abstenerse de cobrar” el tributo al que hacían referencia los actos anulados y, denegó las demás pretensiones de la actora.

El Despacho admitió la apelación adhesiva de la demandante al recurso interpuesto por el demandado contra la sentencia de primera instancia, por auto del 14 de diciembre de 2015(7), por lo que, conforme al artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por disposición del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, la Sala resolverá sin limitaciones.

Contra la actuación enjuiciada la parte actora propuso los siguientes cargos: 1. Violación del derecho al debido proceso, (i) por falta de emplazamiento para declarar antes de proferir la liquidación de aforo, (ii) por “motivación falsa e insuficiente” al fundamentar los actos en normas que no son aplicables y omitir la explicación de la manera cómo determinó el impuesto en cada periodo y (iii) por falta de competencia del funcionario que los expidió. 2. Doble tributación, porque sobre el valor de la facturación mensual debe pagar el 0.6% por impuesto de industria y comercio y el 1% por impuesto de alumbrado público. 3. Indefinición de la causación del tributo y de la fecha de pago del mismo. 4. Violación del principio de legalidad, porque “el valor facturado” es una base gravable ajena al hecho imponible del impuesto de alumbrado público. 5. Violación de los principios de equidad, igualdad y capacidad contributiva al darle un trato diferente, más gravoso, del dado a otros contribuyentes que desarrollan actividades industriales y comerciales y, 6. Violación de la Resolución CREG 43 de 1995, que permite recuperar solo el valor del servicio incluyendo expansión y mantenimiento.

El demandado sostiene que los actos se ajustan a los Acuerdos 32 de 2002 y 3 de 2003 que regulan el impuesto de alumbrado público. Que la facturación mensual del impuesto reemplaza el emplazamiento. Que el Secretario de Hacienda del municipio está facultado para proferir los actos en materia de impuestos.

Debe la Sala dilucidar, en primer lugar, si se adelantó el procedimiento especial de aforo, de ser así, si el funcionario tenía competencia para ello, de tenerla, si la motivación de los actos se ajusta a la realidad y es suficiente para, luego, entrar a resolver sobre el fondo del asunto.

En cuanto al procedimiento aplicable a los asuntos tributarios del orden municipal, las Leyes 383 de 1997 [art. 66(8)] y 788 de 2002 [art. 59(9)] establecieron que para efectos de la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio, incluida su imposición, se aplicarán las normas del Estatuto Tributario Nacional [Libro Quinto]. El legislador del 2002, además, autorizó a los entes territoriales para disminuir el monto de las sanciones y simplificar el término de la aplicación de los procedimientos de acuerdo con la naturaleza de los tributos.

En consecuencia, las entidades territoriales deben aplicar las normas de procedimiento del Estatuto Tributario Nacional en todo lo relacionado con la administración, determinación, discusión cobro, devoluciones y régimen sancionatorio. No obstante, tienen la facultad de disminuir el monto de las sanciones y simplificar los procedimientos de acuerdo con la naturaleza del tributo respectivo.

En este caso, la demandante invocó en los actos acusados la Ley 788 de 2002 y el Estatuto Tributario nacional, entre otras normas, y para la época en que fueron expedidos los actos cuestionados ya era obligatoria la aplicación del procedimiento del Estatuto Tributario Nacional.

Tratándose del proceso de aforo, regulado en el Estatuto Tributario Nacional en los artículos 715 a 719, la Sala reitera(10) que es un trámite particular dirigido contra quienes, estando obligados a presentar declaraciones tributarias, omitan su cumplimiento.

De conformidad con la normativa reguladora del tributo, la actora, en su condición de empresa prestadora del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el municipio de Soledad, sería sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público, no obligada a presentar declaración, toda vez que el concesionario cobra el impuesto mediante factura mensual(11), hechos no discutidos en este proceso, por lo que, en principio, sí estaría obligada a pagarlo de acuerdo con el esquema tarifario correspondiente(12).

En esas condiciones, la Sala advierte que en el sub examine no resulta procedente el proceso de aforo, toda vez que es un trámite particular dirigido contra quienes, estando obligados a presentar declaraciones tributarias, omitan su cumplimiento, por tanto, si en el ordenamiento local no está prevista la obligación de declarar el tributo, frente a éste, el proceso de aforo se torna improcedente.

Verificada la causal de nulidad por violación del debido proceso, no hay lugar a pronunciarse sobre la competencia del funcionario que profirió los actos y los demás cargos planteados por la demandante.

La Sala advierte que en igual sentido se pronunció en la sentencia del 14 de abril de 2016, expediente 21097, Magistrada Ponente Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

Por las razones expuestas, se confirmará el numeral 1º de la sentencia apelada, en cuanto, declaró la nulidad de los actos demandados.

De otra parte, la Sala advierte que el Tribunal, en el numeral 2º, a título de restablecimiento del derecho, ordenó al demandado “abstenerse de cobrar a Electricaribe S.A. E.S.P. el tributo de alumbrado público liquidado en los actos administrativos anulados en el numeral que antecede”.

Al respecto, la Sala advierte que debe revocarse tal decisión, puesto que declarada la nulidad de los actos que por aforo determinaban oficialmente el impuesto de alumbrado público a cargo de la demandante, el restablecimiento consecuente, no es otro que declarar que la demandante no adeuda suma alguna por el concepto y periodos a que se refieren los actos anulados, por lo que cualquier otra pretensión debe ser denegada.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la Liquidación de Aforo es una actuación previa e independiente a los actos que se susciten en el proceso tendiente a ejecutar su cobro(13).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase el numeral 1º de la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva.

2. Revóquese el numeral 2º de la sentencia apelada, el cual quedará así:

“2. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, declárase que ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A., E.S.P., no adeuda suma alguna por concepto del impuesto de alumbrado público de los meses de enero a diciembre de los años 2003, 2004, 2005 y de enero a septiembre de 2006, liquidado en los actos administrativos anulados en el numeral anterior.

3. Confírmese en lo demás la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha».

7 Cfr. fl. 56 c. recurso

8 L.383/97, ART. 66.—“Administración y control. Los municipios y distritos, para efectos de las declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones, discusión y cobro relacionados con los impuestos administrados por ellos, aplicaran los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del orden nacional”.

9 L. 788/02, ART. 59.—“Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos”.

10 Sentencia del 10 de septiembre de dos 2015, Exp. 20633, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia

11 Acuerdo 32 de 2002, ART. 8º—Facúltese al Concesionario de Alumbrado Público a facturar y recaudar a través de Fideicomiso, el impuesto de alumbrado público a todas aquellas personas naturales o jurídicas que se encuentran gravadas según lo establecido en los artículos del presente acuerdo y que no sean atendidos por empresas comercializadoras con las que el Municipio de Soledad no tenga suscrito algún tipo de convenio para tal fin” Cfr. fl. 64 c.p

12 En el expediente no están las facturas de los periodos a los que se refieren los actos demandados.

13 Sentencia de 27 de septiembre de 2007, expediente 15653, C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa, citada en la sentencia del 5 de diciembre de 2011, exp. 18396.