Sentencia 2007-00120 de marzo 20 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACION CIVIL

Ref.: Expediente 05045 3103 001 2007 00120 01

SC 3493-2014

Magistrada Ponente

Dra. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., veinte de marzo de dos mil catorce.

(Discutido y aprobado en Sala de 22 de mayo de dos mil trece)

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La acción reivindicatoria, a voces del artículo 946 del Código Civil, “es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla”, esto es, compete al titular del ius in re, “que tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa” (C.C., arts. 946 y 950), e igualmente se concede “la misma acción aunque no se pruebe el dominio, al que ha perdido la posesión regular de la cosa, y se hallaba en el caso de poderla ganar por prescripción. Pero no valdrá ni contra el verdadero dueño, ni contra el que posea con igual o mejor derecho” (art. 951, ídem), (...) (cas. civ., mar. 3/54, LXXVII, Nº 2138-2139, p. 75).

Acorde con lo referido, constituyen presupuestos estructurales, concurrentes e imprescindibles de la reivindicación: (i) el derecho real de propiedad en el demandante; (ii) la posesión del demandado; (iii) que la demanda verse sobre bien reivindicable o cuota determinada del mismo y (iv) que exista identidad entre el bien perseguido por el convocante y poseído por el último.

1.1. La prosperidad de la reivindicación, señaló en tiempos recientes la Sala, evocando jurisprudencia precedente, requiere la “prueba idónea de la calidad invocada o legitimatio ad causam activa y de las exigencias normativas de la reivindicación (cas. civ. Sent. 31 de jul. 30/96, CCXLIII, pp. 154 ss.), a saber: a) derecho de propiedad del demandante o, en la actio publiciana, posesión regular (C.C., art. 764) durante el plazo legal para adquirir por prescripción (art. 951, ídem); b) cosa singular o cuota determinada de ella; c) posesión material del demandado, y d) identidad entre el bien pretendido por el actor y el poseído por el demandado. Sobre esta particular cuestión, tiene dicho la Corte que ‘dentro de los instrumentos jurídicos instituidos para la inequívoca y adecuada protección del derecho de propiedad, el derecho romano prohijó, como una de las acciones in rem, la de tipo reivindicatorio (reivindicatio, libro VI, título I, digesto), en ejercicio de la cual, lato sensu, se autorizaba al propietario —y se sigue autorizando— para reclamar que, judicialmente, se ordene al poseedor restituir el bien que se encuentra en poder de este último, por manera que la acción reivindicatoria, milenariamente, ha supuesto no solo el derecho de dominio en cabeza de quien la ejerce, sino también, a manera de insoslayable presupuesto, que este sea objeto de ataque ‘en una forma única: poseyendo la cosa, y así es indispensable que, teniendo el actor el derecho, el demandado tenga la posesión de la cosa en que radica el derecho’ (LXXX, p. 85)... Como lógica, a la par que forzosa consecuencia de lo esgrimido en el párrafo anterior, emergen las demás exigencias basilares para el éxito de la acción reivindicatoria, cuales son, que ella recaiga sobre una cosa singular o cuota indivisa de la misma, y que exista identidad entre la cosa materia del derecho de dominio que ostenta el actor y la poseída por el demandado’ (cas. civ., sent. de ago. 15/2001, Exp. 6219; subrayas fuera del texto (sic)). Justamente, ejercida la actio reivindicatio por el dueño de la cosa, sobre este gravita la carga probatoria de su derecho de propiedad con los títulos adquisitivos correspondientes debidamente inscritos en el folio de registro inmobiliario (D. 1250 de 1970, arts. 43 y 54; cas. civ. sents. de jul. 30/2001, Exp. 5672 y oct. 6/2005, Exp. 7895) y también debe acreditar con elementos probatorios suficientes la identidad del bien reivindicado en forma tal que no exista duda respecto de aquel cuyo dominio invoca y de cuya posesión está privado con el poseído por el demandado” (cas. civ. sent. de feb. 28/2011, Exp. C-76001-3103-003-1994-09601-01).

En esta clase de juicio, se enfrentan varias posiciones: en primer lugar, la del demandante que afirmándose dueño de la cosa, procura recuperarla de manos del poseedor; también la de este último, quien enarbola en su favor la presunción de dominio establecida en el artículo 762 del código, misma que por ser de carácter legal admite prueba en contrario. Finalmente, puede suceder que exista un enfrentamiento de títulos entre ambas partes, para lo cual, prevalecerá el de mejor calidad.

Por el sendero del ejemplo, lo explicó esta misma Corte en jurisprudencia añeja al señalar: “En la acción consagrada por el art. 950 del Código Civil pueden contemplarse varios casos: llámese Pedro el demandante y a Juan el demandado. 1º Pedro, con títulos registrados en 1910, demanda a Juan, cuya posesión principió en 1911. Debe triunfar Pedro. 2º Pedro, con un título registrado en 1910, demanda a Juan, cuya posesión principió en 1909. Debe triunfar Juan. 3º Pedro, con un título registrado en 1910, demanda a Juan, cuya posesión comenzó en 1909 y presenta además otro título registrado con el cual comprueba que su autor fue causahabiente de Diego desde 1908. Debe triunfar Pedro, no por mérito de su título, sino por mérito del título del autor. En estos tres casos, referentes a una propiedad privada, se ha partido de la base de que Juan es poseedor sin título. Cuando lo tiene se ofrecen otros casos harto complejos” (sents. de feb. 26/36, XLIII, 339; jun. 5/57, LXXXIX, 435).

Ahora bien, cuando la controversia gira en torno al cotejo de títulos, el juzgador debe hacer un escrutinio para confrontar la antigüedad y eficacia de los mismos, porque para decidir cual título de dominio tienen preferencia, debe examinarse la validez y vigor de los actos jurídicos que constan en esas escrituras, a fin de saber si ellos son constitutivos, traslaticios o declarativos de propiedad a favor de quien los invoca y qué valor relativo tienen esos actos frente a los que la contraparte invoque y pruebe a su favor(1).

1.2. De manera general, deberá acreditar el actor, a más de la existencia de un título, la ocurrencia del modo en virtud del cual incorporó a su activo patrimonial el bien materia de reivindicación, debiéndose tener en cuenta, en orden a la satisfacción de la anotada carga y, en cuanto toca con el título, que cuando entraña acto jurídico “de disposición o gravamen de bienes inmuebles”, es de naturaleza solemne en la medida que debe hacerse constar por medio de escritura pública, según lo establece el artículo 12 del Decreto 960 de 1970, a lo que le sigue, puesto que debe demostrarse, que se cumplió con la formalidad de la inscripción, según lo previene el artículo 756 del Código Civil, concordante con el precepto 2º del Decreto 1250 de 1970, so pena de que no pueda atribuírsele mérito probatorio, por así disponerlo el artículo 43, ejusdem.

2. Como se explicó, en la especie que ocupa la atención de la Sala, el fallo que se acusa revocó la sentencia dictada en primera instancia que dispuso declarar “de oficio la excepción de mérito consistente en que la posesión material ejercida por la sociedad demandada, prevalece por ser anterior a la posesión inscrita”. En su lugar, el ad quem, accedió a la pretensión reivindicatoria promovida por el actor contra XXXXXX XX y dispuso otras ordenaciones. Previo al examen de los aspectos de prueba que direccionaron el juicio del tribunal en el sentido indicado que acogió la súplica principal incoada, el juez plural planteó los dos problemas jurídicos sobre los que descansaría la prosperidad o no de la alzada, ambos transcritos en acápite anterior.

3. La demanda de casación se estructuró por el carril de la senda indirecta a voces del numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, debido a los errores de hecho denunciados.

3.1. Relativamente a los yerros de facto que suelen enrostrarse al ad quem, ha advertido la corporación que, “el desatino fáctico, (...) ‘atañe a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho’ (LXXVIII, p. 313), es decir, acontece ‘a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad sí existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que sí existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento’ (cas. civ. Sent. 034 de ago. 10/99, Exp. 4979); siendo tal su notoriedad y gravedad, ‘cuando su solo planteamiento haga brotar que el criterio del sentenciador fue totalmente desenfocado, que está por completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere, que repugna al buen juicio’, (...) El recurso extraordinario, por lo tanto, ‘no está, pues, para escenificar una simple disputa de criterios, y de esta suerte, ‘para el quiebre de la sentencia no es bastante ensayar un discurrir que se juzgue con mejor perfil dialéctico o con mayor rigor lógico; lo que hace indispensable que quien haga transitar el proceso por los senderos de la casación, y particularmente dentro del ámbito del error de hecho, debe presentarse a esta con argumentos incontestables, al punto de que la sola exhibición haga aparecer los del tribunal como absurdos o totalmente desenfocados, lo cual ha de detectarse al simple golpe de vista’’ (cas. civ. Sent. 073 de abr. 20/2001, Exp. 6014, reiterado en cas. civ. de dic. 14/2010, Exp. 00170).

3.2. Planteó el recurrente que el fallador de segundo grado pasó por alto la evidencia obrante en las diligencias, por manera que desestimó la excepción de prescripción ordinaria, desconociendo la posesión regular de la pasiva, que tuvo nido en la agregación de posesiones presuntamente demostrada en el proceso.

4. Entonces, la embestida que en sede de la opugnación extraordinaria se estudia, la hizo consistir básicamente el libelista en la justeza del título de la demandada sobre el bien, esgrimiendo que de ahí derivaba la regularidad de su posesión. Y, consecutivamente enarboló su discurso a partir de la sumatoria de posesiones, las que, una vez aglomeradas, debieron dar lugar a que el tribunal abriera paso al medio exceptivo denominado “prescripción ordinaria, acudiendo a la figura de la suma de posesiones”.

4.1. La tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño que configura la posesión, por sabido se tiene que puede ser regular o irregular, según que, tratándose de la primera, aquella se haya adquirido si previamente medió justo título y bona fides.

4.2. A propósito del primero, pese a que la regulación civil no definió lo que debe entenderse por título justo, prescribió en el artículo 765 que: “El justo título es constitutivo o traslaticio de dominio. Son constitutivos de dominio la ocupación, la accesión y la prescripción. Son traslaticios de dominio los que por su naturaleza sirven para transferirlo, como la venta, la permuta, la donación entre vivos. Pertenecen a esta clase las sentencias de adjudicación en juicios divisorios y los actos legales de partición”.

4.3. A su turno, la Corte tiene explicado que “por justo título se entiende todo hecho o acto jurídico que, por su naturaleza y por su carácter de verdadero y válido, sería apto para atribuir en abstracto el dominio. Esto último, porque se toma en cuenta el título en sí, con prescindencia de circunstancias ajenas al mismo, que en concreto, podrían determinar que, a pesar de su calidad de justo, no obrase la adquisición del dominio. Si se trata, pues de un título traslaticio, puede decirse que este es justo cuando al unírsele el modo correspondiente, habría conferido al adquirente el derecho de propiedad, si el título hubiese emanado del verdadero propietario”(2).

4.4. En este asunto, ciertamente, el tribunal indicó que carecía la compañía citada al proceso del “justo título”, porque la porción del terreno en disputa no está incluida en los derechos de propiedad de la demandada, aunque su posesión se “presume de buena fe, en tanto le fue transferida junto con la finca La Estrella que por vías legales adquirió, confundiéndose en esta el predio del demandante como si constituyera parte del mismo”.

Para la Sala, la escritura pública 2798 constituye justo título, condición que se remonta a 1994 cuando mediante contrato de compraventa XXXXXXXXXXX adquirió de XXXXXXXXXXXXXXXXX, representada por XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, el predio denominado “finca La Estrella”, del que recibió en ese mismo momento, según lo revela el instrumento notarial, la posesión del inmueble; más ello no supone, per se, pese a la abundante exposición del casacionista, que aquella se hubiere prolongado en el tiempo, acorde con el inadecuado alcance que le otorgó a la previsión del artículo 780 sustantivo civil, entre otras razones porque, una cosa es la presunción de posesión en el tiempo interrumpido, y otra, muy diversa, lo dispuesto en el último inciso del propio precepto cuando dice que “si alguien prueba haber poseído anteriormente, y posee actualmente”, entonces “se presume igualmente la continuación del mismo orden de cosas”, dado que aquí se trató de posesiones sumadas en cabeza de distintas personas, tanto naturales como jurídicas.

Dicho de otra manera, para que opere la aplicación de la presunción que el impugnante echa de menos, es necesario, adviértase, que se trate del mismo y único poseedor, no de sujetos distintos tal cual ocurrió en esta especie. Como lo hubiere señalado la corporación, “...Establecida esta causa o punto de partida (inicial o posterior) de la posesión, será necesario demostrar la relación material con el bien en los intervalos posteriores y el extremo final con la prueba directa de su existencia en cuanto posesión y tiempo, o, en su defecto, mediante las presunciones legales de la naturaleza posesoria (a nombre propio) de la relación material subsiguiente y de la continuidad de la misma entre la posesión anterior y la actual (C.C., art. 780, incs. 1º y 3º) sin que haya prueba en contrario” (negrilla fuera de texto). (Sent. cas. civ. de abr. 4/2000, Rad. Exp. 5311).

4.5. No obstante lo señalado, y en gracia de admitirse el yerro del sentenciador, la naturaleza del título en punto a tener por regular o irregular la posesión ejercida por la convocada resulta irrelevante por cuanto, no desquiciaría la sentencia en la medida que al mismo colofón habría de arribarse, si se tiene en cuenta que no se poseyó por el tiempo mínimo exigido por el ordenamiento, para lograr el derecho al que da lugar la usucapión por el cauce de la prescripción ordinaria alegada por el casacionista. Es que, memórese que el tribunal, apoyado en las reglas que gobiernan los conflictos de leyes en el tiempo merced a la previsión que particularmente trae el artículo 41 de la Ley 153 de 1887 concordante con la disposición 5 inserta en la Ley 791 de 2002 concluyó: “comoquiera que la posesión de la demandada, a la que se agrega la de XXXXXXXX inició en el año 2000 en vigencia del artículo 2351 del Código Civil, que requería para que operara la prescripción extraordinaria el término de veinte años, antes de ser modificada por el artículo 5º de la Ley 791 de 2002 que solo exige el de diez años, es facultad del prescribiente acogerse a una u otra disposición. Sin embargo salta a la vista que bajo ninguno de los dos regímenes ha operado dicho fenómeno, ya que a la fecha de presentación de la demanda, la posesión que detenta la demandada solo se ha ejercido por 7 años, bajo la ley anterior, y por 4 años bajo la actual. De tal manera que queda sin fundamento la excepción de prescripción planteada por falta del tiempo requerido para que se extinga el derecho de dominio que ostenta el demandante” (negrilla fuera de texto).

Frente a la materialidad de los actos posesorios su necesidad de prueba es incontrovertible, máxime cuando con aquella, en este caso por la ruta de un medio exceptivo, se pretende enervar la acción de dominio promovida por la parte actora a partir de una agregación posesional.

El tribunal fundamentó su providencia, destacando que el tiempo de posesión de la convocada data desde el año 2000, antes de ello, no hay probanza de que la misma se hubiera ejercitado; pero el censor no desvirtuó por qué fue equivocado ese aserto, resultando insuficiente la doctrina extranjera que trajo a los autos en el entendido que “si el tradente no es dueño de la cosa que entrega, el recipiendario, llamado también accipiente, ciertamente no adquirirá dominio alguno, pero entonces la tradición desempeña otra función: confiere posesión a quien recibe la cosa; (...) y por lo mismo en vías de ganar el dominio por prescripción”. Esa circunstancia, en los términos del tratadista en que se apoyó, en verdad no merece reproche, pero aun así, no es bastante para desquiciar la conclusión del ad quem, en cuanto a la fecha en que fueron demostrados los actos posesorios. La posesión ni se da por supuesta, ni se inscribe, lo cenital es la aprehensión material del bien con ánimo de señor y dueño, la cual debió traducirse en acciones que en el lapso alegado en la demanda de casación, no se soportaron.

Es que, cuando se esgrimió en el ataque que la EP 2798 de 5 de diciembre de 1994 otorgada por la Notaría 25 de Medellín, incorpora el justo título, estableciéndose que desde la fecha de su otorgamiento y “mediante la correspondiente entrega real del inmueble” a XXXXXXXXXX, quien tomó “a nombre propio y en concepto de dueño esa misma posesión”, no es asunto que merezca observación, en ese mismo momento con la entrega física y jurídica pudo haber nacido la posesión invocada, pero fue su prolongación en el tiempo hasta el año 2000, la que, debe reiterarse, no se halló acreditada, que si únicamente desde esa anualidad.

Al respecto, no huelga memorar —además que sobre el tópico las decisiones de instancia aludieron al tema— que es esa y no otra la razón fundamental para que haya desaparecido de nuestro derecho la denominada posesión tabular, como de antiguo lo expresó esta Corte al advertir: “La llamada posesión inscrita no es posesión. Un uso indiscriminado de la palabra “posesión” vino a colocar aquella al lado de la material, como si se tratase de dos especies de un mismo género. Lo mismo sucedió en España, según Jerónimo González y Martínez (“Estudios de Derecho Hipotecario y Derecho Civil”, 1948. T. 2, p. 65), con motivo de la ley hipotecaria de 1861, la que, siguiendo el modelo del Código Civil austríaco, introdujo una posesión tabular o inscrita, incompatible con la material, la cual quedó eliminada. Nada más erróneo que hacer de la llamada “inscrita” una especie de posesión, porque la posesión es conjugación de dos elementos, subjetivo el uno y objetivo el otro; porque es poder físico directo sobre las cosas, en virtud del cual se ejecutan sobre ellas actos materiales de goce y transformación, sea que se tenga el derecho o que no se tenga; por ella obtenemos de los bienes patrimoniales el beneficio señalado por la naturaleza o por el hombre; ella misma realiza en el tiempo los trascendentales efectos que se le atribuyen, de crear y sanear el derecho, brindar la prueba óptima de la propiedad, y llevar a los asociados orden y bonanza; y es ella y no las inscripciones en los libros de registro, la que realiza la función social de la propiedad sobre la tierra, asiento de la especie y cumbre de las aspiraciones de las masas humanas” (resaltado fuera de texto). (Cas. civ. sent. de abr. 27/55, G. J. t. LXXX, Nº 2153, p. 87).

Todo lo analizado para puntualizar, que las normas jurídicas son perecederas y están sujetas tanto en su nacimiento como en su extinción a límites temporales, además que junto a ellas, en veces concurren otras disposiciones válidas; sin contar los problemas de la obsolescencia, el desuso, la desaparición de los sustratos subjetivos, objetivos o causales de la regla, etc.; por eso, hacíase necesario el estudio del caso que por aquí transita, al amparo de ambas regulaciones, vale decir la primigenia sustantiva civil y la incorporada en cuanto prescripción atañe por la Ley 791 de 2002.

4.6. Síguese, que independientemente de que el título de la demandada se haya considerado justo o no, e indistintamente de que hubiere argumentado el ad quem que el tipo de posesión era la extraordinaria, la demostración de la justeza del título que realizó el censor en casación no resulta argumento suficiente para derruir el fallo, porque, en todo caso, ni siquiera se demostraron los cinco años mínimos previstos en la Ley 791 de 2002, propios de la prescripción adquisitiva ordinaria, teniendo en cuenta la suma de posesiones esgrimida.

5. A propósito de la suma de posesiones, que fue punto toral de su acusación, recuérdese que, cual ha tenido oportunidad de explicarlo esta Corporación, tal instituto es una “fórmula benéfica de proyección del poder de hecho de las personas sobre las cosas”, cuyo fin es “lograr, entre otros fundamentos, la propiedad mediante la prescripción adquisitiva”(3). Dicho de otra manera, esta figura permite acumular al tiempo posesorio propio, el lapso de uno o varios poseedores anteriores, bajo las siguientes exigencias, todas acumulativas: a) título idóneo que sirva de puente o vínculo sustancial entre antecesor y sucesor, b) posesiones de antecesor y sucesor continuas e ininterrumpidas, y c) entrega del bien, lo cual descarta la situación derivada de la usurpación o el despojo.

5.1. También ha insistido la Sala en que cuando se trata de sumar posesiones, la carga probatoria que pesa sobre quien pretende enervar una acción de dominio “no es tan simple como parece”, sino que, debe ser “contundente en punto de evidenciar tres cosas, a saber: Que aquellos señalados como antecesores tuvieron efectivamente la posesión en concepto de dueño pública e ininterrumpida durante cada periodo; que entre ellos existe el vínculo de causahabiencia necesario; y por último, que las posesiones que se suman son sucesivas y también ininterrumpidas desde el punto de vista cronológico”(4) (negrilla fuera de texto). En consecuencia, la prueba de la posesión de los antecesores en forma pública e ininterrumpida, debe ser contundente y fehaciente, para lograr la sumatoria que se pretende.

5.2. Y el presupuesto resaltado, no lo halló colmado el sentenciador plural, pues al efecto precisó que la demandada XXXXXXXXX fincó su excepción diciendo que previamente a ella, poseyeron la heredad en disputa XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXX, más no existe prueba de hechos que reporten los actos posesorios de aquellas sobre el bien en sus respectivos periodos, entre otras razones porque, el inmueble que se demanda es distinto de aquel sobre el que la convocada ostenta la titularidad del derecho de propiedad. De esta manera, únicamente a partir del año 2000 se observa evidencia posesoria teniendo en cuenta la explotación por XXXXXXXXX, empresa que le transfirió el derecho de dominio a la convocada XXXXXXXXX.

5.3. En relación con este aspecto, los cuestionamientos imputados a la referida conclusión que sirvió de bastión para no declarar probada la excepción de prescripción, los hizo consistir el casacionista en que, cuando en el año 1994 XXXXXXXXX XXXXXXX vendió el predio rural conocido como “la finca la Estrella” a XXXXXXXXX, la enajenación tuvo por objeto, además de las 93.2 hectáreas que la vendedora adquirió de XXXX XXXXXXXXXXXXX, otras 26 hectáreas que aumentaron el área del inmueble, residiendo ahí precisamente el justo título de la pasiva y con el que entró inmediatamente en posesión. Y a ello agregó que desestimó el tribunal la declaración de XXXX XXXXXXXXXXXXX, quien expuso que hecha la tradición, se realizó la entrega física del inmueble.

Para él, entonces, la posesión regular ganada tuvo comienzo a partir del mes de diciembre de 1994 y mantenida por lapso superior a los diez años, en forma pacífica, pública y sin interrupción de ninguna clase.

Dolido igualmente de la inobservancia al complemento que a la matricula inmobiliaria 007 0013569 se le hizo mediante otros instrumentos públicos y al acuerdo de fusión llevado a cabo en el año 2001, como también respecto de la manera en que fueron tergiversadas varias de las versiones recabadas en el juicio, concluyó que el sentenciador plural, sobre las últimas, las distorsionó a propósito de que la posesión de la XXXXXXXX XXXXXX hubiera comenzado en el año 2000.

6. Pues bien, frente al enjuiciamiento que formula el censor a la sentencia que en casación se revisa, nótese que el tribunal no negó la consolidación de la anexión de posesiones en los aspectos reprochados por el opugnador. El elemento fundamental echado de menos fue justamente el concerniente a que en los antecesores de XXXXXXX no se acreditaron verdaderos actos de posesión, distinto al purito fenómeno del vínculo jurídico habido entre cada uno de los antiguos titulares del derecho de dominio en este mismo orden: a. XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX, c. XXXXXXXXXXXXXXX y d. la demandada XXXXXXXX XXX; en el caso de esta última al legalizarse el acuerdo de fusión.

6.1. Cuando se contestó la demanda en sede del primer grado, la opositora indicó que “el predio del que es propietaria la XXXXXXXXXXXXXXXX (...)” lo “ha venido poseyendo desde el momento en que se hizo la entrega y que ha mejorado con el sostenimiento de una plantación de banano que se hallaba sembrada”.

En lo atañedero a ese mismo punto, anotó en el recurso extraordinario que en el año 1994 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX entregó la posesión de todo el predio de mayor extensión enajenado a la compradora XXXXXXXX, a más que mediante escritura pública 5448 de 10 de diciembre de 2001, otorgada en la Notaría 29 de Medellín (fls. 155 1 164), se perfeccionó y solemnizó un compromiso de fusión por absorción donde la compañía XXXXXXXXX fungió como sociedad absorbente y las compañías XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXX, como sociedades absorbidas, declarándose en la estipulación quinta, refiriéndose a la convocada XXXXXX “que consecuencialmente, esta última sociedad en su condición de absorbente o fusionante pasa a ser propietaria de la totalidad de los bienes de las sociedades absorbidas. Por lo cual (...) transferirán a la sociedad absorbente XXXXXXXX la universalidad de sus activos y pasivos. La transferencia se efectuará por ministerio de la ley, una vez registrada la presente fusión o en escritura pública adicional (...)”.

6.2. Vale la pena reiterarlo, la discusión no gravita en torno a la existencia del vínculo jurídico como tampoco a que la absorbente haya hecho suyo, para agregarlo a su patrimonio, la universalidad de los activos y pasivos, donde ha de contarse, naturalmente, los que correspondían a XXXXXXXXX; el tema importante es la posesión de esta última, sobre la cual, bien atinó el tribunal al advertir que solo se demostró desde el año 2000, teniendo como soporte para ello las probanzas que, a pesar del esfuerzo dialéctico del recurrente, no fueron desvirtuadas, por suerte que no resulta insubstancial la atestación del ad quem referente a que la posesión de XXXXXX comenzó en el año 2000, acorde lo revelan los cultivos de banano sembrados a partir de ese momento.

Antes de la citada época no hay evidencia posesoria, el lote era rastrojo según lo señalaron algunos testigos. Y la posesión, conforme a la previsión del canon 981 del Código Civil, se deberá probar “por hechos positivos de aquellos a que solo da derecho el dominio, como el corte de maderas, la construcción de edificios, la de cerramientos, las plantaciones o sementeras, y otros de igual significación”, ejecutados sin el consentimiento del que la disputa.

Al efecto, luego de relacionados los testimonios solicitados por ambos extremos procesales y teniendo en cuenta el interrogatorio de parte rendido por XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX en calidad de representante legal de la sociedad demandada, quedó plenamente establecido que en el predio bajo litis, la posesión material ejercida por la citada al proceso principió en el año 2000, cuando inició el sembrado mencionado.

7. Respecto del mérito otorgado a todas esas versiones señaló el tribunal: “la sociedad demandada ejerce la posesión material, que sobre él se plantó una siembra de banano desde el año 2000, testimonios que merecen la credibilidad de esta Sala, los allegados por la demandada, por cuanto provienen de personas que han tenido conocimiento del predio, precisamente por haber laborado allí, y comoquiera que coinciden en sus atestaciones, incluso con las de los testigos allegados por el demandante, quienes en forma franca admiten tener conocimiento de lo declarado por información de este, dan al traste con la tacha que uno y otro apoderado hicieron, y por ello tienen pleno valor probatorio, máxime cuando con relación a este presupuesto no ha habido contradicción entre las partes (...)”.

7.1. Para rebatir el trasuntado aserto, el casacionista acusó que se pretirió la declaración testimonial de XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; dijo igualmente que el juez plural “tampoco prestó atención” a las inscripciones distinguidas con los números 10, 11 y 12 del folio de matricula inmobiliaria 007 0013569 completado con las escrituras públicas 5448 de 10 de diciembre de 2001, 4528 de 23 de septiembre del mismo año y 4846 de 10 de octubre del mismo año (fls. 155 a 167, cdno. 1 del exp.). Y, que tergiversó unas deponencias “haciéndoles decir lo que en realidad no expresan” en cuanto que la posesión verdadera de XXXXXXX inició en el 2000.

7.2. En lo referente a la versión del testigo XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ignorada en su entender por el órgano colegiado de segundo grado, en verdad la inferencia del censor solo se limita a exponer una suposición, cuando dijo que “no puede menos que causar extrañeza el que el nombrado XXXXXXXXXXXXXXXXX, al hacer entrega del inmueble en cuestión (...) no hiciera salvedad o reserva del lote que, a título personal (...) le había comprado a XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX”, para aparecer después de diez años vendiéndole al promotor del proceso XXXXXXXXXX, siendo aquella una situación que en gracia de admitirse no es relevante como para que implique una desviación grosera en el rumbo del decisium.

7.3. De la presunta inobservancia a las inscripciones referidas al folio de matricula inmobiliaria 007 0013569, se advierte que aquellas aluden a los actos de: (i) fusión por absorción; (ii) transformación de limitada a anónima de la sociedad XXXXXXXX y (iii) la aclaración a la escritura 4528 en el sentido de “dejar claramente establecido que el predio denominado La Estrella, con matrícula inmobiliaria 007 0013569 aparece inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Dabeiba, a nombre de XXXX XXXXXXXX” y que su área real es de 119, 2 hectáreas, y no de 93.12, como erróneamente se indicó en la escritura 4528.

7.4. No obstante, olvida el impugnante que frente a los dos primeros puntos, nunca se ha discutido lo concerniente al vínculo jurídico como elemento ontológico de la suma de posesiones, cual si se hubiera ignorado. El asunto, reitera la Sala, no era si existió o no aquel entre las sociedades que según el censor tuvieron la posesión que se pretende agregar, sino la acreditación de la realización de actos posesorios durante cada periodo de tiempo por parte de aquellas. La aclaración al instrumento público descrito, tampoco arrasa con la conclusión del fallo reprochado porque, a más de ser de las piezas relacionadas en la sentencia como parte de las documentales materia de escrutinio y valoración (fl. 26 entre otros del cdno. del tribunal), tal justificación por sí sola tenía que contrastarse con el número importante de pruebas cuyo mérito explicó suficientemente el sentenciador de segundo nivel, debiendo acometer, sin hacerlo, la empresa que supone el cotejo, la confrontación y la individualización respecto de lo que haya visto o dejado de ver el fallador.

De entre ellas destácanse los testimonios recibidos, tanto de la parte demandante como de la demandada y la inspección judicial que se realizó sobre los lotes 20 y 21, cumplida en asocio con el perito XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con fundamento en el cual se determinó, expuso el tribunal, sin que la diligencia se replicara por el casacionista, que “el área del predio objeto de la demanda es de 9 has 2005 metros cuadrados”. Dicho experto fue citado a rendir declaración y aseveró que el inmueble reclamado por posesión del demandado es el mismo que incorpora el inmueble cuya titularidad del derecho de dominio recae en el convocante (fls. 122 a 124, cdno. 3), argumento que se robustece si se tiene en cuenta que el plano topográfico coincidió con el dictamen del perito.

7.5. En lo relativo a las declaraciones de cuya tergiversación se duele, estas, según su dicho, aludieron a las rendidas por los señores XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXX, al igual que a la del representante legal de la accionada. Atestaron lo que in extenso se trasunta de lo extractado por el tribunal:

“El señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, al rendir su testimonio a folios 4 a 6 del cuaderno 4, manifestó que él como representante legal de la empresa XXXX negoció un predio denominado finca La Estrella con una plantación bananera, en ese entonces con 80 hectáreas y 40 en potreros para un total de 120 hectárea; que fueron minuciosos en el estudio de títulos (...) y en junio de 1999 iniciaron el proyecto de siembra del lote de las 40 hectáreas en potreros con la medición y estudio de Cable Vías Bananeros elaborado por la firma XXXXXXXXXXXXXX, la cual adjuntó el plano con el que se hizo el proyecto, siembra que se terminó en el año 2000; que realizado un estudio no encontraron ninguna tierra que apareciera de un tercero dentro del lote que compraron; que la negociación de ese predio se realizó no como cuerpo cierto sino, en razón del valor por hectárea por lo que la entrega física se hizo recorriendo metro a metro los linderos (...) Finalmente expresa que el único canal de la finca la Estrella que es lindero es el que la atraviesa, lote que fue comprado y sembrado en banano y que linda con el lote seis y una ganadería (...).

El señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, quien labora con la sociedad demandada informó a folios 6 fa 7 (sic), cuaderno 4, que la siembra de cuarenta hectáreas de banano en la finca La Estrella, es en una sección que llaman “sección nueva”, que está comprendida entre los lotes 20 y 27 de esa finca y que fue sembrada en el año 2000 (...).

El testigo XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su declaración (...) indicó que (...) llevaba cuatro años como administrador de la finca La Estrella, (...) que en el año 2007 el demandante se presentó con un abogado y un perito y le pidieron autorización para mirar el lote 22 del predio y luego en otra visita se presentaron con un Juez de Chigorodó y les permitió el ingreso (...).

En el interrogatorio de parte absuelto por el señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en calidad de representante legal indicó a folios 198 a 200, cuaderno 3, que para la época del interrogatorio llevaba tres años en tal calidad, que la reclamación en este proceso se hacía por una tierra que la sociedad XXXXX XXX le compró a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX en el año 1964; sabe que aquel negocio se hizo por cabida, (...) que esa área la compañía empezó a prepararla para sembrarla en el 2000 (...)” (negrilla fuera de texto).

7.6. De acuerdo con el memorialista, el tribunal, a las referidas manifestaciones les hizo “decir lo que en realidad no expresan acerca del supuesto principio de la posesión de la XXXXXXXXXXXXXXXXXX, durante el transcurso del año 2000”, por cuanto de conformidad con la réplica contenida en su escrito, esos declarantes, lejos de hacer las exposiciones en ese sentido, son contestes en manifestar que la finca La Estrella, toda, se terminó de sembrar con banano “en ese año”, circunstancia que a las claras no se aviene al dicho de los testigos, como se constató con la foliatura que contiene las versiones. Adicionalmente, sobre lo aseverado en la diligencia por el administrador de la finca XXXXXXXXXX, obsérvese que en esa calidad llevaba “4 años” y la declaración se recibió el 12 de junio de 2008, luego el conocimiento directo sobre plantaciones y en general sobre actos posesorios pudo tenerlo en razón del último cuatrienio al de la fecha de su declaración. Todo lo anterior revela que se construyeron argumentos que proponen una discrepancia del análisis del fallo, pero que se encuentran a mucha distancia, como lo ha reiterado la Sala, de estar compuesto por “razones potísimas”.

Ha de recordarse al respecto que en tratándose del recurso de casación, el acusador, en su gestión de demostrar los yerros del juzgador, debe, sin titubeo alguno, confrontar “la realidad que resulta de la prueba con la errada ponderación efectuada por el sentenciador, tarea esta que no queda cabalmente satisfecha si el censor se contrae apenas a plantear, por más razonado que ello resulte, lo que desde su perspectiva debió ser el juicio del tribunal (...)” (Sent. 056 de abr. 8/2005, Exp. 730).

Así, amén de no ser contraria a la realidad la lectura que hizo el tribunal de las mencionadas testificales, ese entendimiento derivó en primer lugar, de la soberanía que tiene el fallador para ponderar el haz probativo y, en segundo orden, de otras pruebas que no fueron tachadas en sede casacional, entre ellas, el también testimonio practicado a instancia de la convocada, relativo a lo que expresó el administrador de la sociedad XXXXXX durante los meses de febrero y diciembre del año 2002 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX visto a folios 8-10 del cuaderno 4, quien dijo, frente al periodo de la siembra de banano lo que sigue: “En la época que yo estuve en la finca el área más reciente sembrada era de cuarenta hectáreas, si mal no recuerdo, que llamamos La Gloria y que correspondía a los lotes 21 a 27”, luego entonces, no se estructura el desatino endilgado en este aspecto al fallo.

8. Habida cuenta de lo reseñado, obsérvese que, y en eso no encuentra reparo la Corte, el tribunal entendió que bajo ninguno de los dos regímenes ha operado la prescripción, esto es ni en el original previsto en el artículo 2531 del Código Civil, ni en el traído con la Ley 791 de 2002. Ello, debido a que la posesión de la opositora únicamente se demostró desde el mes de diciembre de 2000. Considerando que la demanda se presentó el 28 de marzo de 2007, acogiéndose al ordenamiento antiguo que exigía diez años, escasamente superaría los seis de posesión y, con base en el nuevo, son apenas poco más de cuatro, dado que la mencionada regulación se expidió el 27 de diciembre de 2002.

8.1. El artículo 41 de la Ley 153 de 1887 estableció: “La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda a voluntad del prescribiente, pero eligiéndose la última prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir”, de suerte que, iterase, aún de haberse acogido el extremo pasivo a los términos contenidos en la nueva regulación —porque no lo hizo tampoco en ninguna de las oportunidades procesales ni en primera ni en segunda instancia— debió demostrar en vigencia de esta última al menos los cinco años de posesión continua, ni siquiera los diez a los que aludió el fallador de segundo nivel. Lo anterior, toda vez que para el tribunal la demandada actuó como poseedora de buena fe, pero carente de justo título.

9. De esta forma, al margen de la regularidad o irregularidad de la posesión alegada, con fundamento en la cadena de posesiones en que ella se fincó, tal cual como se precisó en líneas precedentes, el tiempo no se cumplió, por suerte que con independencia del error en que incurrió la providencia atacada, la acusación se torna intrascendente. Así lo ha dicho la Sala: “...para que la violación de la ley adquiera real incidencia en casación, de suerte que conduzca al quiebre de la sentencia acusada, es menester que tenga consecuencia directa en la parte resolutiva del fallo, por lo que aquellos errores que apenas aparezcan en las motivaciones o razonamientos de la providencia, sin esa forzosa trascendencia en la conclusión final, no alcanzan a obtener la prosperidad del recurso” (Sent. de may. 19/2004, Exp. 7145. Reiterado en cas. civ. de nov. 9/2006, Exp. 00684-01).

Corolario de lo esbozado habrá que determinar que el cargo materia de la litis, por estar dirigido a proponer una decisión disímil, pero bajo un esforzado raciocinio que, de suyo desvirtúa la evidencia y trascendencia de la presunta equivocación, no prospera como en efecto así se declarará.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

RESUELVE:

1. NO CASA la sentencia proferida el 15 de julio de 2010, por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro del proceso ordinario identificado en el encabezamiento de esta providencia.

2. Condenar en costas del recurso de casación al recurrente. Por concepto de agencias en derecho inclúyase la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000) m/cte., dado que la demanda fue objeto de réplica.

Notifíquese».

(1) G. J. T., LXXVII, p. 388. Reiterada en Casación Civil de 8 de noviembre de 2000, Expediente 4390.

(2) Sentencia de 26 de junio de 1964, CVII-372.

(3) G. J. Tomo CLXXXIV, 99-100, sentencia de 26 de junio de 1986.

(4) G. J. Tomo CCXXII, 19, sentencia de 22 de enero de 1993. Reiterado en Sentencia de Casación Civil de 14 de septiembre de 2004. Expediente C-6827