Sentencia 2007-00122 de abril 17 de 2013

 

Sentencia 2007-00122 de abril 17 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 050012331000200700122 01

Nº Interno: 1001 - 2012

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Actor: Humberto Antonio Murillo Herrera

Bogotá, D.C., diecisiete de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Considera:

El problema jurídico se contrae a establecer si en el presente asunto entre el actor y la ESE Rafael Uribe Uribe en liquidación y la Cooperativa de Trabajo Asociado —Íntegra— se configuró una relación laboral, legal o reglamentaria a pesar de su vinculación mediante contratos de prestación de servicios y en caso afirmativo, si tiene derecho al reconocimiento y pago de salarios y prestaciones en igualdad de condiciones a los empleados de planta.

En primer, lugar se ocupará la sala del estudio de la excepción de falta de jurisdicción propuesta por el apoderado de la Cooperativa de Trabajo Asociado Íntegra, de la siguiente manera:

Considera que de conformidad con la Ley 79 de 1988 y los estatutos de la cooperativa el presente asunto se debe someter al procedimiento arbitral previsto en el Código de Procedimiento Civil y no a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Se observa que el señor Humberto Antonio Murillo Herrera demanda la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio 10374 de 11 de julio de 2006, proferido por la ESE Rafael Uribe Uribe, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de prestaciones sociales.

En ese sentido, como lo ha señalado esta corporación la jurisdicción competente se determina de acuerdo con las funciones que se dice haber ejercido y la entidad a la cual se encontraba vinculado. Por lo tanto, si se trata de un trabajador oficial, se ejercita la acción laboral ante la jurisdicción ordinaria del trabajo, si se trata de un empleado público, esta jurisdicción de lo contencioso administrativa es quien debe conocer de tales asuntos.

En el presente asunto, se trata de un empleado que dice haber ejercido función pública, mediante la prestación de sus servicios a la ESE Rafael Uribe Uribe a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado Íntegra, con subordinación y dependencia, lo que hace que, por los criterios señalados, se asimile, para efectos de competencia, a un empleado público.

De acuerdo con lo anterior, la reclamación le corresponde a esta jurisdicción por no tratarse de una relación proveniente de un contrato de trabajo sino de la desnaturalización de una relación legal y reglamentaria. Nótese que la pretensión incluye la nulidad de los actos que negaron la solicitud de reconocimiento y pago de prestaciones sociales ante la inexistencia del contrato de prestación de servicios previa declaración de que existió una vinculación legal y reglamentaria y el pago correspondiente y no de la relación existente entre el actor y la Cooperativa de Trabajo Asociado Íntegra.

Respecto de las demás excepciones propuestas serán objeto de estudio del fondo de la controversia, comoquiera que se relacionan con el reconocimiento y pago de emolumentos salariales y prestacionales alegados por el actor.

Definido lo anterior, se estudiará el fondo del asunto de la siguiente manera:

De la variación jurisprudencial en materia de contratos de prestación de servicios

La Sección Segunda del Consejo de Estado en relación con el tema inicialmente señaló que por estar desvirtuados los elementos esenciales de este tipo de relación contractual, emergía una relación laboral de derecho público, sin que existiera diferencia entre ella y la que desarrollan otros sujetos como empleados públicos que laboran para la misma entidad.

Lo anterior, bajo el supuesto de que desarrollaban idéntica actividad, cumplían órdenes, horario y prestaban servicios de manera permanente, personal y subordinada. Se definió entonces, en atención a lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política, que primaba la realidad sobre las formalidades y por no tratarse de una relación laboral formalmente establecida, no se accedía al reconocimiento de prestaciones sociales propiamente dichas, sino que, a título de “indemnización” para restablecer el derecho, se ordenaba el pago del equivalente a las prestaciones sociales que percibían los médicos que prestaban sus servicios en el mismo centro de salud, tomando como base el valor pactado en el contrato.

Igualmente se argumentaba la irrenunciabilidad de los derechos contra expresa prohibición legal (C.P., art. 53) y que al desnaturalizarse una relación laboral para convertirla en la contractual regulada por la Ley 80 de 1993, tales cláusulas no regían para el derecho por falta de existencia, caso en el cual no se requería de pronunciamiento judicial.

El criterio jurisprudencial anteriormente mencionado fue modificado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de noviembre 18 de 2003, Expediente IJ-0039, actor: María Zulay Ramírez. Para mayor ilustración resulta pertinente transcribir los aportes de mayor relevancia jurídica de tal sentencia:

1. El vínculo contractual que subyace en los contratos de prestación de servicios no es contrario a la ley.

2. No existe identidad de la relación jurídica derivada del contrato con la situación legal y reglamentaria, ya que, entre otras razones, el hecho de trabajar al servicio del Estado no puede en ningún caso conferir el status de empleado público, sujeto a un específico régimen legal y reglamentario.

3. No existe violación del derecho de igualdad por el hecho de la suscripción de los contratos de prestación de servicios, puesto que la situación del empleado público que se estructura por la concurrencia de elementos sin los cuales dicha relación no tiene vida jurídica (C.P., art. 122), es distinta de la que se origina en razón de un contrato de prestación de servicios. Esta última no genera una relación laboral ni prestaciones sociales.

Igualmente la mencionada situación del empleado público es diferente a la que da lugar al contrato de trabajo que con la administración solo tiene ocurrencia cuando se trata de la construcción y mantenimiento de obras públicas.

Cada una de estas situaciones, según la decisión de Sala Plena, “es fuente de obligaciones bien diferenciadas por el derecho positivo, por haberse regulado por ordenamientos distintos, razón por la cual surge como corolario obligado que los conflictos de interés que aparezcan deben medirse con la normatividad pertinente, que no es por un mismo rasero...”.

Ahora bien, la obligación del juez de aplicar e interpretar las normas con el fin de impartir justicia, acorde con la realidad del momento, ha impuesto a la Sección Segunda, replantear el criterio anteriormente mencionado para introducirle algunas precisiones tal como se verá a continuación.

El tema de la prestación de servicios ha generado importantes debates judiciales, con el resultado de la definición de la diferencia entre el primero y el de carácter laboral, que es la existencia de tres elementos: la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. Así lo precisó la Corte Constitucional, en Sentencia C-154 de 1997 con ponencia del doctor Hernando Herrera Vergara.

La comparación le permitió a la Corte establecer que en el contrato de prestación de servicios se desarrolla una actividad independiente que puede provenir de una persona jurídica con respecto de la cual no existe el elemento de la subordinación laboral que se refleja en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Así, en la mencionada sentencia se determinó que debido a lo anterior, quien celebra un contrato de prestación de servicios tiene la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales y quien celebra un contrato de trabajo tiene el derecho al pago de estas.

Así mismo, que aunque se haya realizado una vinculación bajo la forma de contrato de prestación de servicios, si el interesado logra desvirtuar su existencia al demostrar la presencia de la subordinación o dependencia respecto del empleador, tendrá derecho al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo (C.P., art. 53).

Criterio que esta corporación ha compartido en los siguientes términos, insistiendo en la importancia de la subordinación: (como los del 23 de junio del año en curso, exps. 0245 y 2161, M.P. Jesús María Lemos Bustamante).

“De acuerdo con lo anterior, en un plano teórico y general, cuando existe un contrato de prestación de servicios entre una persona y una entidad pública y se demuestra la existencia de los tres elementos propios de toda relación de trabajo, esto es, subordinación, prestación personal y remuneración, surge el derecho a que sea reconocida una relación de trabajo que, en consecuencia, confiere al trabajador las prerrogativas de orden prestacional.

(...).

De acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, la demandante estuvo vinculada mediante contratos de prestación de servicios u órdenes de servicios durante los periodos que se encuentran señalados en el acápite de hechos probados.

La Sala reconocerá la existencia de una relación laboral por la existencia de una relación de subordinación entre la entidad contratante y la contratista, según se desprende de las cláusulas que a continuación se transcriben, además del ejercicio por parte de esta de labores propias de un funcionario público:

(...).

Las estipulaciones anteriores permiten concluir que cuando la demandante desarrolló su actividad bajo la figura de contratos u órdenes de prestación de servicios lo hizo para cumplir una relación de tipo laboral, pues el cumplimiento de labores encomendadas se llevó a efecto en desarrollo de instrucciones impartidas por sus superiores y debía reportar a estos el desarrollo de la actividad, numeral 4º.

Ahora bien, es necesario aclarar que la relación de coordinación de actividades entre contratante y contratista que implica que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados, no significa necesariamente la configuración de un elemento de subordinación.

Así se dijo en la sentencia de la Sala Plena del Consejo de estado del 18 de noviembre de 2003, Radicado IJ-0039, M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda:

“...si bien es cierto que la actividad del contratista puede ser igual a la de empleados de planta, no es menos evidente que ello puede deberse a que este personal no alcance para colmar la aspiración del servicio público; situación que hace imperiosa la contratación de personas ajenas a la entidad. Y si ello es así, resulta obvio que deben someterse a las pautas de esta y a la forma como en ella se encuentran coordinadas las distintas actividades. Sería absurdo que contratistas encargados del aseo, que deben requerirse con urgencia durante la jornada ordinaria de trabajo de los empleados, laboren como ruedas sueltas y a horas en que no se les necesita. Y lo propio puede afirmarse respecto del servicio de cafetería, cuya prestación no puede adelantarse sino cuando se encuentra presente el personal de planta. En vez de una subordinación lo que surge es una actividad coordinada con el quehacer diario de la entidad, basada en las cláusulas contractuales” (se resalta).

Es decir, que para acreditar la existencia de la relación laboral, es necesario probar que el supuesto contratista se desempeñó en las mismas condiciones que cualquier otro servidor público y que las actividades realizadas no eran indispensables en virtud de la necesaria relación de coordinación entre las partes contractuales.

Por otra parte, se ha afirmado jurisprudencialmente que en el caso de quienes prestan servicios de salud, es válida la suscripción de órdenes de prestación de servicios, en tanto sus servicios se ajustan al contenido del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en donde se prescribe la posibilidad de celebrar estos contratos con personas naturales, cuando la actividad a contratar no puede ser realizada por el personal de planta de la entidad respectiva o cuando para tal efecto, se requiere de conocimientos especializados.

Así las cosas, deben revisarse, en cada caso, las condiciones en las cuales fueron prestados los servicios en aras de esclarecer la verdadera naturaleza de la relación existente entre las partes, para no adoptar conceptos que de manera formal y restrictiva, homogenicen las causas propuestas ante esta jurisdicción, en detrimento del análisis sustancial particular que amerita cada caso.

Cooperativas de trabajo asociado

Son organizaciones económicas productivas, cuyos asociados aportan su capacidad laboral por tiempo indefinido, o por otra parte entregan al servicio de la organización una tecnología o destreza, u otros activos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, como la producción, comercialización y distribución de bienes básicos de consumo familiar o la prestación por parte de sus miembros de servicios individuales o conjuntos.

De conformidad con el artículo 4º de la Ley 10 de 1991, las cooperativas de trabajo asociado están regidas por un régimen especial que no genera dependencia laboral y tampoco genera vínculo de trabajo con quienes hacen aportes laborales.

La Corte Constitucional al declarar exequibles los artículos 59 de la Ley 79 de 1988 y 46 de la Ley 24 de 1981, tal como quedó modificado por el artículo 154 de la Ley 79 de 1988, se refirió a las cooperativas de trabajo en los siguientes términos:

“Las cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad libre y autónoma de un grupo de personas que decide unirse para trabajar mancomunadamente, bajo sus propias reglas contenidas en los respectivos estatutos o reglamentos internos. Dado que los socios son los mismos trabajadores, estos pueden pactar las reglas que han de gobernar las relaciones laborales, al margen del código que regula esa materia. Todos los asociados tienen derecho a recibir una compensación por el trabajo aportado, además de participar en la distribución equitativa de los excedentes que obtenga la cooperativa. Solo en casos excepcionales y en forma transitoria u ocasional se les permite contratar trabajadores no asociados, quienes se regirán por la legislación laboral vigente”.

Teniendo en cuenta que el origen de estas organizaciones es el acuerdo cooperativo, la Corte Constitucional consideró constitucionalmente admisible que el régimen de trabajo, compensación, previsión y seguridad social de las cooperativas de trabajo asociado fuera el establecido en sus estatutos y reglamentos y no en la legislación laboral.

En relación con las compensaciones de los trabajadores socios de las cooperativas de trabajo asociado, y sus diferencias notorias con el régimen aplicable a los trabajadores dependientes, la Corte Constitucional afirmó lo siguiente:

”La protección que la Constitución ordena dispensar al trabajo, que dicho sea de paso, no es exclusivamente el subordinado sino este en todas sus modalidades (C.P., art. 25), y la garantía de los derechos mínimos irrenunciables tampoco se ven menguados, porque son los mismos asociados quienes deben establecer sus propias reglas para que aquel se desarrolle en condiciones dignas y justas, que les permita mejorar su nivel de vida y lograr no solo su bienestar sino también el de su familia.

Al respecto ha dicho la Corte: “No solo la actividad laboral subordinada está protegida por el derecho fundamental al trabajo. El trabajo no subordinado y libre, aquel ejercido de forma independiente por el individuo, está comprendido en el núcleo esencial del derecho al trabajo. La Constitución más que al trabajo como actividad abstracta protege al trabajador y su dignidad. De ahí el reconocimiento a toda persona del derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, así como la manifestación de la especial protección del Estado “en todas sus modalidades” (C.P., art. 25)”.

Ahora bien: los principios mínimos fundamentales que rigen el trabajo contenidos en el artículo 53 de la Carta que, como se ha dicho, “configuran el suelo axiológico de los valores materiales expresados en la Constitución alrededor de la actividad productiva del hombre, a los cuales debe sujetarse el Congreso en su actividad legislativa, al igual que el aplicador o intérprete de las disposiciones de ese orden y la sociedad en general (...) “no pretende una ciega unificación normativa en materia laboral que desconozca la facultad del legislador de establecer regímenes diferenciados mas no discriminatorios, atendiendo a las particularidades concretas de las relaciones de trabajo que se pretenden regular. Su finalidad es la de exigir al legislador la consagración uniforme en los distintos regímenes de los principios mínimos fundamentales que protegen a los trabajadores y la manera de garantizarlos, en aras de hacer efectivo el principio de igualdad ante la ley”.

Ello no quiere decir que tales derechos fundamentales no deban ser respetados o garantizados en las cooperativas de trabajo asociado, pues estos rigen para todas las modalidades de trabajo. De no entenderse así, habría que sostener inválidamente que la Constitución discrimina a los trabajadores, o en otras palabras, que protege solamente a unos, lo cual no se ajusta con una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 25 y 53 del estatuto superior. Es que derechos fundamentales como el de la igualdad de oportunidades, el de una justa y equitativa compensación del trabajo en forma proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, el principio de favorabilidad a favor del trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, el derecho a la capacitación, al descanso necesario, a la seguridad social, entre otros, no son ajenos a ninguna clase de trabajo”.

En conclusión, la Corte Constitucional estableció que la naturaleza jurídica, las finalidades, la estructura y el funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado son distintas a las de las empresas comerciales y por lo tanto, es válido que el legislador defina para ellas un régimen diferente, especialmente en lo laboral, sin embargo, ese régimen diferenciado no puede desconocer que el trabajo que desempeñan los asociados goza de las mismas protecciones constitucionales.

El Decreto 4588 de 2006 definió las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, como organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la economía, que asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras, contribuyen económicamente a la cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.

En cuanto al objeto social de estas organizaciones solidarias, tienen la finalidad de generar y mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierno.

Del asunto concreto

De conformidad con el oficio de 28 de septiembre de 2007 suscrito por el jefe de recursos humanos del Instituto de los Seguros Sociales que obra a folio 361 del expediente, el señor Humberto Antonio Murillo Herrera prestó sus servicios mediante contrato de prestación de servicios inicialmente al Instituto de los Seguros Sociales desde el 29 de septiembre de 1997 hasta el 26 de junio de 2003 de la siguiente manera:

Numero de contratoVigenciaObjeto del contrato
2130-9729-10-97 al 28-12-97Enfermero
2671-9729-12-97 al 28-02-98Enfermero
0128-9802-03-98 al 01-07-98Enfermero
0358-9802-07-98 al 01-11-98Enfermero
0036-9918-01-99 al 30-03-99Enfermero
00224-9931-03-99 al 30-09-99Enfermero
0062-0001-02-00 al 31-05-00Enfermero
0304-0001-06-00 al 30-09-00Enfermero
0450-0001-10-00 al 31-01-01Enfermero
0089-0101-02-01 al 31-05-01Enfermero
0194-0101-05-01 al 30-09-01Enfermero
0370-0105-10-01 al31-10-01Enfermero
0511-0102-11-01 al 14-12-01Enfermero
0650-0115-12-01 al 28-02-02Enfermero
0067-0201-03-02 al 15-04-03Enfermero
VA-00024816-04-03 al 30-05-03Enfermero
VA-01334301-07-03 al 30-11-03Enfermero

En el mismo oficio se señala que a partir del 26 de junio de 2003, los contratos fueron cedidos a la ESE Rafael Uribe Uribe y pagados por dicha empresa, mediante el Decreto 1750 del 26 de junio de 2003.

De lo anterior se colige, que no le asiste razón al apoderado de la ESE Rafael Uribe Uribe en liquidación al señalar que la sentencia proferida por la jurisdicción ordinaria no le es vinculante y que los servicios prestados por el demandante entre el 26 de junio de 2003 y el 01 de abril de 2004, se ejecutaron en virtud del contrato de prestación de servicios suscrito con el ISS, por lo cual no existe vínculo entre la entidad y el demandante.

Lo anterior por cuanto, de conformidad con el artículo 23 del Decreto 1750 de 2003, la ESE Rafael Uribe Uribe se subrogó en las obligaciones contraídas y los contratos celebrados por el Instituto de los Seguros Sociales con anterioridad al 26 de junio de 2003 lo que implica una sustitución en la obligación adquirida en un principio por el ISS.

En ese sentido, tal como lo señaló el tribunal la ESE Rafael Uribe Uribe en liquidación debe dar cumplimiento a la Sentencia C-314 de 2004 y reconocer los derechos al actor derivados de la convención colectiva hasta la finalización de su vigencia, es decir hasta el 31 de octubre de 2004, tal como lo dispuso el Juzgado Laboral del Circuito de Bello Antioquia.

Igualmente, no existe medio probatorio que indique como lo señala el apoderado de la ESE Rafael Uribe Uribe en liquidación la no aceptación de la cesión de dichos contratos, es decir, que los servicios prestados por el demandante entre el 26 de junio de 2003 y el 1º de abril de 2004, corresponden en principio a contratos de prestación de servicios suscritos entre el señor Humberto Antonio Murillo Herrera con la ESE Rafael Uribe Uribe en liquidación.

El 1º de abril de 2004, la Cooperativa de Trabajo Asociado Íntegra y el actor en calidad de asociado celebraron convenio de asociación prestando sus servicios a la ESE Rafael Uribe Uribe vinculado a través de convenio de asociación celebrado con cooperativas de trabajo asociado, desempeñando las labores de enfermería, desde el 1º de abril de 2004 hasta el 28 de febrero de 2007.

El 14 de enero de 2005, el gerente administrativo de la Cooperativa de Trabajo Asociado Íntegra certificó lo siguiente:

“Hacemos constar que Humberto Antonio Murillo Herrera, identificado con la cédula 19.451.845 de Bogotá es trabajador asociado de Cooperativa Íntegra desde el 1º de abril de 2004, desempeñándose como enfermero, con una compensación mensual total de $ 1.216.474...) (fl. 49).

A folios 322 a 330 del expediente obran las declaraciones rendidas por la señora Evangelina Aguirre Calderón y del señor Jairo de Jesús Holguín Tilano en las cuales expresan:

Evangelina Aguirre Calderón:

Pregunta: ya que dice conocer la causa de su declaración, haga al despacho un breve resumen acerca del conocimiento que tiene con relación a la reclamación que menciona. Contestó: lo que sé es que él es enfermero profesional y trabaja como tal en la clínica Víctor Cárdenas Jaramillo y cumplía todas las funciones de enfermería igual que todos los empleados de su misma clase, hacia noches, festivos, dominicales, igual que todos los empleados, allá no había distinción en que era empleado de cooperativa o de ESE. (...) y la demanda e (sic) a la Cooperativa Íntegra y la diferencia era que él entre comillas tenía un salario integral y diferente a los empleados de planta de la ESE. Y la demanda me imagino es reclamando todos los reajustes por su trabajo y demás acreencias. (...) Pregunta: sírvase decir al despacho cuándo y por información de quién, supo usted que el señor Humberto Murillo Herrera se encontraba vinculado a través de una cooperativa prestando sus servicios en el Seguro Social. Contestó: él era el jefe de todos los servicios de la clínica y yo trabajaba expresamente en un servicio, yo me di cuenta de eso después del año 2003 como a finales, ya conversando con él me di cuenta que era de cooperativa y no de la entidad. (...) Pregunta: sírvase decir al despacho, qué tipo de nombramiento tenía usted con el seguro social, cuál era su cargo y a ordenes de quién se encontraba. Contestó: yo tenía un contrato indefinido, era de planta, mi cargo era auxiliar de servicios asistenciales y estaba en la clínica Víctor Cárdenas Jaramillo en psiquiatría. Pregunta: sírvase decir al despacho desde el punto de vista profesional, ¿qué tipo de relación tenía usted con el señor Humberto Murillo Herrera, cuando estaba en el Seguro Social? Contestó: él era mi jefe inmediato. Pregunta: sírvase decir al despacho cómo realizaba sus labores el señor Humberto Murillo Herrera, esto es, horario que cumplía, dependencia funcional respecto de otras aéreas superiores, cuéntenos todo lo que usted haya observado sobre la forma cómo atendía en cumplimiento de sus funciones, el antes mencionado Contestó: él hacia los turnos de noche, de día, turnos de doce horas, domingos, festivos esos turnos eran por orden del jefe de departamento de enfermería de la clínica, ellos tenían sus servicios sobre donde les tocaba y los cuadros y ya cuando les tocaba los turnos, manejaba el personal de auxiliar. (...) Pregunta: infórmele al despacho si el horario de trabajo que cumplía el demandante era obligatorio cumplimiento, o por el contrario, él podía disponer del horario que quisiera para cumplir sus funciones. Contestó: el horario era de obligatorio cumplimiento como se lo colocaba el jefe. Pregunta: infórmele al despacho si existía diferencia en cuanto al horario, órdenes recibidas, funciones asignadas al señor Humberto Murillo y las asignadas a los empleados de planta de la ESE Rafael Uribe Uribe. Contestó: no había diferencias porque uno no identifica quien era empleado de planta y de cooperativa, todas las funciones eran iguales y recibían órdenes del mismo jefe, en ese entonces Bernardo Carmona, que era el jefe de enfermería. Pregunta: ¿conoció usted el coordinador de los procesos asistenciales que existía entre la Cooperativa Íntegra y la ESE Rafael Uribe Uribe y que impartía instrucciones a los asociados? Contestó: no lo conocí. Pregunta: ¿conoció usted a los doctores José Milagros López y Gabriel Gómez? Contestó: no los conocí. Pregunta: ¿sabía usted si los cuadros de turno eran elaborados por la cooperativa y coordinados con al ESE Rafael Uribe Uribe? Contestó: los cuadros de turno los hacia el jefe del departamento de enfermería de la clínica. Pregunta: ¿sabía usted si esos cuadros de turno eran coordinados con la cooperativa? Contestó: no sé si eran coordinados. Sé que los hacia el jefe del departamento de enfermería.

El señor Jairo de Jesús Holguín Tilano señaló:

Pregunta: sírvase decir al despacho cuándo y por información de quién, supo usted que el señor Humberto Murillo Herrera se encontraba vinculado a través de una cooperativa prestando sus servicios en el Seguro Social. Contestó: entiendo que cuando empezó la tal reestructuración del seguro como en junio del año 2003, empezaron a trabajar ya con cooperativa, primero ellos tenían un contrato como la ESE y ya después del 2003 ya empezaron con cooperativas. Pregunta: sírvase decir al despacho, qué tipo de nombramiento tenía usted con el Seguro Social, cuál era su cargo y a ordenes de quien se encontraba. Contestó: yo era enfermero auxiliar de planta, por nombramiento de planta y el jefe inmediato mío era Bernardo Carmona que era enfermero jefe coordinador de enfermería, también era de planta. Pregunta: sírvase decir al despacho desde el punto de vista profesional, qué tipo de relación tenía usted con el señor Humberto Murillo Herrera, cuando estaba en el Seguro Social. Contestó: él era jefe mío también y compañeros de trabajo. Pregunta: sírvase decir al despacho cómo realizaba sus labores el señor Humberto Murillo Herrera, esto es, horario que cumplía, dependencia funcional respecto de otras aéreas superiores, cuéntenos todo lo que usted haya observado sobre la forma cómo atendía el cumplimiento de sus funciones, el antes mencionado. Contestó: como tal se tenía el mismo horario para todo el mundo, tanto laborando horas festivas como nocturnas y el desempeñaba la función como cualquier otra persona de planta, también dependía según entiendo del mismo jefe Bernardo Carmona, era el que les hacia el cuadro de turnos y las áreas donde se tenía que desempeñar. Cumplía sus funciones muy bien, muy responsable tanto con los pacientes como con los empleados. El tenía que cumplir su horario de trabajo como cualquier otro, el turno era de doce horas, como también había que cumplir con un horario. Había otros empleados enfermeros y auxiliares por cooperativa, que igual cumplían las funciones como si fueran de planta. Preguntado: dígale al despacho si entre los funcionarios que se encontraban vinculados por medio de cooperativa, se daba algún tipo de manejo especial, dígase por ejemplo que se reportaban con algún superior de ellos, le rendían informes a la cooperativa o cualquier otro tipo de características que usted hubiera observado en la realización de labores por parte de este tipo de trabajadores. Contestó: pues personalmente en el tiempo que me di cuenta que trabajaban con cooperativas, no llegué a conocer ninguna persona oficial o coordinador de la cooperativa, como tal ellos dependían del coordinador de enfermería de la ESE, en este caso el señor Bernardo Carmona. (...) Pregunta: infórmele al despacho si el horario de trabajo que cumplía el demandante era de obligatorio cumplimiento, o por el contrario, él podía disponer del horario que quisiera para cumplir sus funciones. Contestó: ninguna, todos trabajamos igual. Pregunta: usted sabe o le consta si el demandante prestó sus servicios en forma continua antes de la escisión o el demandante estuvo por fuera, mejor o tuvo ruptura de contrato en la vinculación laboral. Contestó: la vinculación fue continua. Pregunta: usted conoce si el demandante consistió (sic), si estuvo de acuerdo en el contrato de socio con la Cooperativa Íntegra, si estuvo de acuerdo para ser socio de la cooperativa y seguir prestando los servicios como lo venía prestando con la ESE y ahora con la cooperativa. Contestó: pues que yo me haya dado cuenta que se haya comprometido con la cooperativa no, pero de todas maneras él siguió su trabajo normalmente como lo hacía antes de la cooperativa.

Pregunta: usted sabe qué papel en la realidad tenía la Cooperativa Íntegra, es decir si tenía personal directivo dentro de la planta de la ESE, si existía un coordinador que le diera directrices al señor Humberto Murillo, si le daba las dotaciones para ejercer labores? Contestó: eso nunca sucedió allá en la clínica. Directamente él dependía del jefe del departamento de enfermería de la ESE, y de dotación ni a nosotros nos daba. Pregunta: en qué cambiaron las relaciones contractuales entre el demandante y la ESE Rafael Uribe Uribe, una vez empezó a operar la Cooperativa Íntegra. Contestó: ninguna, siguió lo mismo. Pregunta: ¿conoció usted a los doctores José Milagros López y Gabriel Gómez? Contestó: no. Pregunta: ¿sabía usted si los cuadros de turno eran elaborados por la Cooperativa y coordinados por la ESE Rafael Uribe Uribe? Contestó: no, eran elaborados por el coordinador de la ESE. Pregunta: ¿sabía usted si esos cuadros de turno eran coordinados con la cooperativa? Contestó: no, que yo esté enterado no.

Por su parte, los señores Mario Alfonso Gómez Gómez y Gabriel Darío Gómez Gómez en su calidad de testigos de la Cooperativa de Trabajo Asociado Íntegra señalaron lo siguiente:

Pregunta: sírvase decir al despacho qué tipo de relación o vinculación tenía con la Cooperativa Íntegra el señor Humberto Murillo Herrera. Contestó: era un trabajador asociado de la Cooperativa Íntegra, como consta en su convenio de asociación. Pregunta: sírvase decir al despacho a qué derechos y qué prestaciones económicas tiene un trabajador asociado, para el caso presente del señor Humberto Murillo Herrera, en el caso concreto con su vinculación como operario o como trabajador de la ESE Rafael Uribe Uribe. Contestó: tenía lo que llamamos una compensación técnica anticipada, que se trata de la compensación ordinaria fija y otras compensaciones que se le entregaban al trabajador asociado de manera anticipada por periodos mensuales, con el fin de que el total del dinero que le correspondía a cada trabajador asociado por su trabajo por horas pasara a sus bolsillos y no a ningún otro fondo, esto debido a la precariedad de la contratación que nos unía con la ESE Rafael Uribe Uribe en su momento. Pregunta: sírvase decir al despacho qué relación adquiría entonces el trabajador asociado a la cooperativa de la entidad contratante, en este caso con la ESE Rafael Uribe Uribe. Contestó: la de prestar sus servicios en los lugares que la Cooperativa Íntegra le asignaba al trabajador sus funciones, lugar, prestación económica y el pago de esta. Pregunta: sírvase decir al despacho, una vez llegar el señor Humberto Murillo Herrera a la ESE Rafael Uribe Uribe o a la entidad hospitalaria en donde se le había indicado que debía prestar sus servicios, de quién recibía instrucciones, ordenes de trabajo, memorando por llegadas tarde o faltas en el desempeño del mismo, firma de tarjeta y demás controles que normalmente todo trabajador u operario atiende en desempeño normal de su trabajo. Contestó: los horarios de turno se hacían consensualmente entre la Cooperativa Íntegra y la empresa receptora del servicio, en este caso la ESE, en cada lugar de trabajo teníamos coordinadores, los cuales se encargaban de tener un primer conocimiento de los problemas, horarios, situaciones de pago, molestias o cualquier problemática que el trabajador asociado tuviera, en caso de problemas de cualquier índole nos hacían llegar lo sucedido y paso a seguir se desarrollaba todo un proceso para determinar cuál era la falta o el problema y la Cooperativa Íntegra pasaba a sancionar o no al trabajador asociado, consignando esto en actas de descargos que reposan en la cooperativa. Nuestros coordinadores estaban atentos a cualquier falta del trabajador asociado, sin embargo era factible que en el proceso de interventoría que la ESE Rafael Uribe Uribe permanentemente nos hacía, mandara cartas exponiendo cualquier tipo de problema o situación que la cooperativa debía mejorar, estas quejas son tomadas por nuestra auditora quien se encarga de desarrollar el proceso interno y solucionar el problema.

Como se puede observar, el demandante se encontraba sometido al cumplimiento de un horario de trabajo y directrices establecido por el demandado, como se demuestra a través de las diferentes asignaciones de turnos (fls. 59 y 89 del exp.) y, además se encontraba supervisado y vigilado permanentemente por el jefe del departamento de enfermería de la clínica Víctor Cárdenas Jaramillo es decir, que al interior de la entidad existe el referido cargo y el mismo se encuentra bajo la dependencia de otro empleado de superior jerarquía, características que no son propias de un contrato de prestación de servicios.

Ahora bien, el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, precisamente, prevé como una de las hipótesis para la celebración de contratos de prestación de servicios que para la actividad de que se trate no exista personal de planta y que la actividad requiriera conocimientos especializados.

En contraprestación a la labor que desempeñó el actor, recibía una remuneración la cual solo fue pagada directamente por la ESE Rafael Uribe Uribe desde el 26 de junio de 2003 hasta el 31 de marzo de 2004 tiempo durante el cual estuvo vinculado a través de los contratos de prestación de servicios, con posterioridad a esta fecha, continuó recibiendo una suma de dinero, pero proveniente del pago de las compensaciones mensuales a las que tenía derecho como afiliado de la cooperativa de trabajo asociado.

Vale decir, que la autonomía que tienen las cooperativas en el establecimiento de sus reglamentos no es absoluto, sino limitada por parámetros constitucionales, en particular, por los derechos fundamentales de los trabajadores. No es admisible constitucionalmente que las cooperativas de trabajo asociado, basándose en sus estatutos, dejen desprotegidos los derechos de los trabajadores.

En el mismo sentido, es inaceptable que las entidades estatales en ejercicio de la función pública, celebren o ejecuten contratos con cooperativas de trabajo asociado, con el objeto desconocer una relación laboral, lo que lleva consigo el detrimento de los derechos laborales y prestacionales consagrados a favor del trabajador.

En este orden de ideas, si se configuran actos de intermediación laboral por parte de las cooperativas a favor de entidades del Estado, la entidad pública (la cual funge como tercero), que se beneficie finalmente del servicio, será solidariamente responsable por las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado. Toda vez que si existe dependencia del trabajador frente a ella y la cooperativa, la entidad adquiere responsabilidades sobre este, a pesar de que no se encuentra vinculado de manera directa.

Bajo estos supuestos, observa la Sala, que es claro que las cooperativas funcionan bajo los lineamientos de la Ley 79 de 1988, pero también es claro, que cuando el asociado es vinculado con otro ente, en este caso, la clínica demandada, pero por órdenes puntuales y estrictas de la cooperativa así como del tercero, existe una relación de empleador-empleado. Es decir, el asociado, Humberto Antonio Murillo Herrera trabajaba en la ESE Rafael Uribe Uribe bajo las instrucciones de este y tanto la cooperativa como el hospital fungen como empleadores.

Asimismo, es válido afirmar que durante el tiempo que duró la relación entre el señor Humberto Antonio Murillo Herrera y la ESE Rafael Uribe Uribe, (jun. 26/2003 a feb. 28/2007) a pesar de las diferentes denominaciones, (contratos de prestación de servicios y sucesivamente a través de convenio de asociación con una cooperativa de trabajo asociado) no existió ningún tipo de interrupción considerable en la prestación del servicio, lo que denota la permanencia y la necesidad de las labores que fueron desempeñadas por el actor en la institución.

Igualmente se observa que funcionalmente fungió ejecutando las mismas funciones en favor del ente demandado, quien fue el que en últimas se benefició de los servicios prestados por la demandante.

De lo anterior se colige que la administración utilizó la intervención de las cooperativas de trabajo asociado para “disimular” el vínculo laboral de subordinación que en realidad subyacía entre el actor y la ESE Rafael Uribe Uribe, por lo que, se configura en este caso el contrato realidad en aplicación de los principios consagrados en el artículo 13 y 53 de la Carta Política, en tanto la demandante prestó el servicio público de salud en el “ESE Rafael Uribe Uribe en liquidación (clínica Víctor Cárdenas Jaramillo) de manera subordinada en las mismas condiciones que los demás empleados públicos de sus mismas calidades al interior de la entidad.

Vale la pena precisar que el reconocimiento de la existencia de una relación laboral como la mencionada no implica conferir al actor la condición de empleado público pues, según lo ha señalado el Consejo de Estado, dicha calidad no se confiere por el solo hecho de trabajar para el Estado y tampoco puede proceder a la solicitud de reintegro planteada, toda vez que no puede reintegrarse a quien no ha sido desvinculado de un empleo público.

Finalmente, no hay lugar al reconocimiento de la indemnización moratoria, toda vez que esta sentencia es constitutiva de derecho y es a partir de ella que nacen las prestaciones en cabeza del beneficiario, por lo cual no hay viabilidad a reconocer esta sanción por incumplimiento.

En consecuencia, se confirmará el fallo apelado mediante el cual el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 11 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la demanda dentro del proceso promovido por el señor Humberto Antonio Murillo Herrera.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y una vez ejecutoriada esta sentencia devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».