Sentencia 2007-00130 de noviembre 6 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2007-00130-00

Consejera Ponente:

Dr. María Elizabeth García González

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Actor: Samuel Moreno Díaz

Bogotá, D.C., seis de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala establecer si las decisiones demandadas parcialmente, expedidas por el Consejo Nacional Electoral, relativas a la cancelación de la personería jurídica de la Alianza Nacional Popular “ANAPO”, se ajustan o no a las normas constitucionales y legales vigentes en la época en que fueron proferidas.

El artículo 265 de la Constitución Política, sobre las funciones del Consejo Nacional Electoral, entre otras, dispone:

“ART. 265.—El Consejo Nacional Electoral tendrá, de conformidad con la ley, las siguientes atribuciones especiales:

1. Ejercer la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral.

(...).

5. Velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías.

6. Distribuir los aportes que para el financiamiento de las campañas electorales y para asegurar el derecho de participación política de los ciudadanos, establezca la ley.

7. Efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar.

8. Reconocer la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos.

9. Reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación social del Estado.

10. Colaborar para la realización de consultas internas de los partidos y movimientos para la escogencia de sus candidatos.

11. Darse su propio reglamento.

12. Las demás que le confiera la ley” (resalta la Sala fuera de texto).

El artículo 108 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2003, artículo 2º, sobre la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, prescribe:

“El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al dos por ciento (2%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas corporaciones públicas. Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso.

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno.

Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue.

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.

La ley determinará los requisitos de seriedad para la inscripción de candidatos.

Los estatutos de los partidos y movimientos políticos regularán lo atinente a su régimen disciplinario interno. Los miembros de las corporaciones públicas elegidos por un mismo partido o movimiento político o ciudadano actuarán en ellas como bancada en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas.

Los estatutos internos de los partidos y movimientos políticos determinarán los asuntos de conciencia respecto de los cuales no se aplicará este régimen y podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices por parte de los miembros de las bancadas, las cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del congresista, diputado, concejal o edil por el resto del período para el cual fue elegido.

PAR. TRANS. 1º—Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida actualmente y con representación en el Congreso, conservarán tal personería hasta las siguientes elecciones de Congreso que se realicen con posterioridad a la promulgación del presente acto legislativo, de cuyos resultados dependerá que la conserven de acuerdo con las reglas dispuestas en la Constitución.

Para efectos de participar en cualquiera de las elecciones que se realicen desde la entrada en vigencia de esta reforma hasta las siguientes elecciones de Congreso, los partidos y movimientos políticos con representación en el Congreso podrán agruparse siempre que cumplan con los requisitos de votación exigidos en la presente reforma para la obtención de las personerías jurídicas de los partidos y movimientos políticos y obtengan personería jurídica que reemplazará a la de quienes se agrupen. La nueva agrupación así constituida gozará de los beneficios y cumplirá las obligaciones, consagrados en la Constitución para los partidos y movimientos políticos en materia electoral.

PAR. TRANS. 2º—Un número plural de senadores o representantes a la Cámara, cuya sumatoria en las pasadas elecciones de Congreso hayan obtenido más del dos por ciento (2%) de los votos válidos emitidos para Senado de la República en el territorio nacional, podrán solicitar el reconocimiento de la personería jurídica de partido o movimiento político. Esta norma regirá por tres (3) meses a partir de su promulgación” (resalta la Sala fuera de texto).

La Resolución acusada 1057 de 13 de julio de 2006, da cuenta de que el 12 de marzo de 2006 se realizaron elecciones para Congreso de la República, para el período Constitucional 2006-2010, fecha en la cual existían 59 partidos o movimientos políticos con personería jurídica vigente, entre ellos, el partido político Alianza Nacional Popular “ANAPO”; cita partidos y movimientos políticos con personería jurídica que no inscribieron listas de candidatos al Congreso de la República (Senado y Cámara) y, por lo tanto, perdieron la personería jurídica; señala que se constató que los votos válidos para la Cámara de Representantes fueron 8’853.169, de los cuales 68 corresponden la Alianza Nacional Popular “ANAPO”; que los votos válidos obtenidos en el exterior por la circunscripción internacional de colombianos residentes en el exterior de Cámara de Representantes fueron 37.176, entre los cuales están los 68 por la Alianza Nacional Popular “ANAPO”; que por consiguiente, conservarán la personería jurídica los partidos y movimientos políticos que obtuvieron representación en el Congreso de la República, en las circunscripciones especiales de Senado y Cámara de Representantes, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política. Por lo anterior, el Consejo Nacional Electoral, resolvió:

“(...).

ART. 4º—Declarar la pérdida de personería jurídica a partir del 20 de julio de 2006, de los siguientes partidos y movimientos políticos que inscribieron listas únicas de candidatos al Congreso de la República para el período 1006-1010, pero no obtuvieron el 2% de los votos válidos depositados en el territorio nacional para el Senado de la República o Cámara de Representantes, ni alcanzaron representación en el Congreso en el caso en el caso de las circunscripciones de minorías:

1. (...).

(...).

23. Alianza Nacional Popular, ANAPO.

(...)”.

(en total fueron 29)

Mediante la Resolución 1670 de 28 de noviembre de 2006, se decidieron los recursos de reposición presentados por los diferentes partidos y movimientos políticos contra la Resolución 1057 de 2006; da cuenta este acto de que la Alianza Nacional Popular “ANAPO”, solicitó la revocatoria del numeral 23 del artículo 4º, para que en su lugar se declare la conservación de la personería jurídica, en virtud de que los partidos políticos no tienen la obligación de concurrir a los debates electorales, por ser un derecho opcional de naturaleza política del que se puede hacer uso o no, según la circunstancias políticas, con el argumento de que en el artículo 108, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2003, otorga a los partidos libertad para concurrir o no a cualquier debate, pues así lo indica el término “podrán”, que indica un deber mas no una obligación.

El Consejo Nacional Electoral resolvió no reponer la Resolución 1057 de 13 de julio de 2006, entre otras, por las siguientes razones pertinentes al caso sub judice:

“En primer lugar se debe puntualizar que el artículo 108 Constitucional claramente establece que el presupuesto necesario para efectos de la personería jurídica son ‘los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado’.

Fíjese como el constituyente derivado, no hizo la discusión planteada en los recursos, al determinar que se trata del territorio nacional, no de las circunscripciones territoriales para el caso de las cámaras de representantes. Por consiguiente, no se puede desatender el tenor literal, dada la claridad de esta norma.

De la misma manera se resalta que la norma examinada, artículo 108, para efectos de la personería jurídica solamente considera la ‘circunscripción’ para consagrar la excepción de las minorías según la cual basta con obtener representación en el Congreso.

(...).

En síntesis la votación que se considera para determinar el 2% necesaria para el reconocimiento, conservación o pérdida de personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, es la obtenida en el territorio nacional, en cada Cámara del Congreso de la República –Senado de la República y Cámara de Representantes.

Mas no en las circunscripciones territoriales individualmente consideradas, cuya división corresponde solamente a factores territoriales, uno por cada departamento y el distrito capital, y por lo tanto no pueden ser clasificadas como minorías, que son circunscripciones especiales.

(...).

Con relación a que no existe regulación que imponga a los partidos y movimientos políticos la obligación de inscribir listas de candidatos a los cargos de elección popular y que para hacerlo solo basta con conceder aval, la Sala Plena no tiene objeción alguna a que tal hecho positivo debe ser el resultado de la autonomía de la voluntad de los partidos y movimientos políticos, los primeros como expresión del objeto para el cual fueron creados, tal como lo dispone el artículo 2º de la Ley 130 de 1994.

‘Los partidos son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación.

Los movimientos políticos son asociaciones de ciudadanos constituidas libremente para influir en la formación de la voluntad política o para participar en las elecciones’.

Lo anterior no es óbice para concluir, como se hizo en la Resolución 1057 de 2006 impugnada, que aquellos partidos y movimientos políticos que tenían personería jurídica y no inscribieron listas de candidatos al Congreso de la República para las elecciones realizadas el 12 de marzo de 2006, no tienen derecho a conservar el reconocimiento jurídico.

En cuanto, por sustracción de materia, no pueden alcanzar la votación mínima de que trata el artículo 108 de la Constitución Política y por lo tanto, deben asumir como consecuencia, la pérdida de la personalidad jurídica, como ocurre también a aquellos que habiendo inscrito listas al Congreso de la República no alcanzaron el umbral exigido.

Ya que realmente sería un contrasentido considerar que los primeros, que voluntariamente se abstienen de participar en los certámenes electorales se encuentren en situación privilegiada con relación a los que habiéndose sometido al escrutinio popular, no alcanzaron los resultados esperados.

Por consiguiente, si bien no es obligatorio participar en todos los debates electorales, no lo es menos, que los partidos y movimientos políticos que deciden no hacerlo en las elecciones de Congreso de la República, deben asumir las consecuencias que para efectos de la personería jurídica, impone el artículo 108 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2003, al disponer:

“(...) Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas corporaciones públicas”.

Aunado a lo anterior, es conveniente puntualizar que la filosofía que orienta el Acto Legislativo 1 de 2003, es el fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos como elementos estructurales de la democracia colombiana; precisamente, para concretar esta aspiración es que se introdujo el requisito del porcentaje mínimo de votación.

Por lo tanto, no puede aceptarse la tesis propuesta por el representante legal de la ANAPO, sobre la ausencia de consecuencias jurídicas cuando, como en su caso, habiendo inscrito lista de candidatos al Congreso de la República, en la circunscripción internacional de colombianos residentes en el exterior, no se inscribió lista alguna para las demás circunscripciones, esto es, para la ordinaria de Senado de la República y Cámara de Representantes, ni las de minorías de estas corporaciones, que votan en el territorio nacional.

En cuanto a la manifestación que la personería jurídica debe extenderse hasta la expiración del período de los elegidos con el aval del partido o movimiento político, como en los casos anteriores, carece de fundamento jurídico.

Como se demuestra con el hecho que los ciudadanos elegidos con el aval de grupos significativos de ciudadanos, accedan y ejercen los cargos gracias a la voluntad popular, ya que no es presupuesto sine qua non que el avalista tenga reconocimiento jurídico.

En el mismo sentido, el hecho de elegidos popularmente mediante el aval de movimientos y partidos políticos que pierden la personería jurídica, no tiene incidencia alguna frente a la obligación de actuar en bancada, ya que ella se origina desde el momento de la inscripción y la elección y cobija tanto a los integrantes de las listas avaladas por partidos o movimientos políticos con personería jurídica, como las de grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales.

Por lo tanto, en el evento que un partido o movimiento político no cuente con personería jurídica, no es óbice para que los elegidos entren a ocupar sus curules y a funcionar como bancadas según sea el caso, ya que, se reitera, tal reconocimiento es independiente del ejercicio de los cargos de elección popular” (resalta la Sala fuera de texto).

A efectos de dilucidar la controversia, la Sala trae a colación algunos pronunciamientos Jurisprudenciales, tanto de la Corte Constitucional, como de esta corporación, que si bien fueron proferidos en relación con el artículo 108 original de la Constitución Política de 1991(1), son igualmente válidos para efectos de aplicar dicho artículo modificado mediante el artículo 2º, del Acto Legislativo 1 de 2003, pues lo que originó el cambio fue la necesidad de que los requisitos para obtener la personería jurídica fueran más exigentes, puesto que los existentes se consideraron tan mínimos, que trajo como consecuencia la proliferación de partidos y movimientos políticos con personería jurídica, situación que dio lugar a una crisis de legitimidad.

Mediante Sentencia C-089 de 3 de marzo de 1994 (M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), la Corte Constitucional señaló que “La aplicación del principio de igualdad exige que cada partido tenga derecho a que ese mínimo (de requisitos exigibles) sea respetado, lo que implica la constatación objetiva de la cantidad señalada”.

Así mismo, el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia de 17 de marzo de 2000 (Exp. 5291, C.P. Dra. Olga Inés Navarrete Barrero), prohijada en sentencia de 2 de diciembre de 2010 (Exp. 2003 00148 01, C.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno) ha sostenido, en relación con los artículos 108 original de la Constitución Política de 1991 y 3º de la Ley 130 de 1994(2), lo siguiente:

“De la lectura de los anteriores preceptos derivan las siguientes precisiones:

1. Tanto el otorgamiento de la personería jurídica como su extinción, están precedidas de la verificación de un hecho objetivo, cuantitativo (50.000 firmas para acreditar la existencia del partido o movimiento; 50.000 votos en una elección, para mantener la personería), o de un hecho objetivo cualitativo (obtener representación en el Congreso).

2. Dejando por sentado que el asunto se concreta en la comprobación de existencia de un requisito que, a manera de reglas del juego, instituyó el propio constituyente y desarrolló el legislador, son evidentes las consecuencias derivadas de no acreditar dichos requeridos: la pérdida de la personería jurídica.

3. Siendo claro lo anterior, la entidad demandada, en obedecimiento del mandato contenido en el artículo 4º de la Ley 130 de 1994, tiene a su cargo, entre otras, las obligaciones de ‘reconocer’ la personería jurídica, una vez verifique la presencia de los supuestos objetivos, o de ‘declarar’ la pérdida de la misma, previa comprobación de no alcanzarse el requerido cuantitativo o haberse perdido el cualitativo.

La acepción de los mismos vocablos utilizados por el legislador “reconocer” y “declarar”, indican las acciones de revelación, manifestación, información o proclamación de un hecho o acontecimiento. Por manera, que compete entonces al Consejo Nacional Electoral reconocer la personería jurídica o declarar su extinción, como resultado de la comprobación del hecho o acontecimiento consagrado como regla objetiva.

4. El sentido y alcance de la función a cargo del Consejo Nacional Electoral, en torno al tópico en discusión, resulta aún más clara, acudiendo al lenguaje utilizado por el constituyente, conforme al cual la personería de los partidos y movimientos políticos, ‘quedará extinguida por no haberse obtenido el número de votos mencionado o alcanzado representación como miembro del Congreso, en la elección anterior’.

5. Sin duda, el establecimiento de reglas objetivas, contribuye a la efectividad de los postulados de transparencia en el libre juego de las fuerzas políticas, presupuesto básico de toda democracia participativa y pluralista, así como a cimentar el uso de herramientas idóneas para el logro de trato igual, sin desmedro de las oportunidades de participación de los movimientos y partidos que aún no han completado los requisitos impuestos para la obtención de la personería, o de aquellos que, habiéndola obtenido en precedencia, no lograron mantenerla, aspecto que simplemente deriva del resultado cuantitativo producto del respectivo escrutinio.

(...).

(...) la extinción de la personería jurídica otorgada a un partido o movimiento político, en los términos del marco constitucional y legal que gobierna la materia, no constituye una herramienta coactiva de la administración cuya finalidad consista en sancionar conductas contrarias a los postulados normativos, esto es, no participa del carácter de los actos sancionatorios, cuya aplicación presupone el adelanto de una investigación previa que permita confrontar los hechos con las disposiciones normativas supuestamente violadas; formular cargos; practicar las pruebas solicitadas y las que oficiosamente se consideren idóneas para el esclarecimiento de los hechos investigados, y, finalmente, decidir en torno a la graduación e imposición de la sanción, conforme a la falta y a los efectos de la misma, o bien, disponer el archivo de la actuación administrativa, por las causales que dan lugar a ello”.

De la jurisprudencia reseñada, la Sala concluye que la pérdida de la personería jurídica de un partido o movimiento político, no es una sanción, sino la consecuencia de no acreditar un hecho objetivo, en este caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Constitución Política en su artículo 108, modificado por el artículo 2º, del Acto Legislativo 1 de 2003; norma Constitucional que tácitamente derogó los numerales 3º y 1º, respectivamente de los artículos 3º y 4º de la Ley 130 de 1994.

De la misma jurisprudencia se desprende que es obligación, no discreción, del Consejo Nacional Electoral, declarar la pérdida de la personería jurídica de un partido o movimiento político una vez compruebe que no se cumplieron los requisitos, en este caso constitucionales, para mantenerla, lo cual no requiere de otro procedimiento especial; la actuación administrativa solo requiere de los datos proporcionados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, de los comicios electorales realizados para la elección del Congreso de la República.

Ahora bien, en relación con el artículo 108 de la Carta, modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 1 de 2003, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, a través de la sentencia de 18 de mayo de 2004 (Exp. 2003-0026-02 (IJ-3138), C.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla), con ocasión del estudio de nulidad del artículo 5º de la Resolución 4150 del 7 de julio de 2003 del Consejo Nacional Electoral, “Por la cual se reglamenta el régimen de transición en materia de reconocimiento y pérdida de personería jurídica de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, y se deroga la Resolución 369 de 2000”, en lo pertinente, dijo lo siguiente:

“(...) se tiene que el Acto Legislativo 1 de 2003 señala como condición sine qua non para que en el futuro se obtenga dicha personería jurídica e, incluso, para conservarla, el haber obtenido el 2% de votos válidos depositados en todo el territorio para elecciones de Cámara de Representantes o Senado, salvo las excepciones expresamente señaladas en la norma.

En efecto, esa regla general que establece un porcentaje mínimo de votos válidos para que los partidos o movimientos políticos tengan el derecho a que se les reconozca la personería jurídica, tiene excepciones por disposición de la propia Constitución, a saber: la especial para la circunscripción de minorías y otra transitoria en virtud del tiempo en que debe aplicarse la nueva norma. (...).

(...).

Así las cosas, se tiene que de la interpretación literal del artículo 108 de la Constitución, visto en su contexto, pueden inferirse tres supuestos necesarios para resolver el asunto sub judice. El primero, a partir de la vigencia del Acto Legislativo 1 de 2003(3), para obtener la personería jurídica, un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, entre otras condiciones, debe haber conseguido una votación no inferior al 2% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado de la República. El segundo, a partir de las elecciones que para el Congreso de la República se realicen con posterioridad a la promulgación de ese acto legislativo, esto es, a partir del año 2006, para conservar la personería jurídica en comento, entre otras condiciones, se requiere haber obtenido una votación no inferior al 2% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en dichas elecciones de Cámara de Representantes o Senado. El tercero, los partidos y movimientos políticos que a la entrada en vigencia de ese acto reformatorio de la Constitución tuvieren i) personería jurídica reconocida y ii) representación en el Congreso, pueden conservarla hasta las próximas elecciones, en las cuales deberán someterse a las nuevas reglas previstas en la Constitución (resalta la sentencia, subraya la Sala).

(...).

De hecho, el requisito referido a la ‘representación en el Congreso’ para conservar con posterioridad a la vigencia de la reforma constitucional la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos no es casual, sino que se introduce en el contexto general y sistemático de la reforma constitucional que, dentro del conjunto de numerosas medidas normativas adoptadas, pretendió fortalecer los partidos y movimientos políticos como instrumentos necesarios para consolidar el Estado democrático y participativo en la dinámica de la transparencia, moralidad y eficiencia en el ejercicio del poder público. Así, por ejemplo, en la exposición de motivos del proyecto de acto legislativo, los senadores ponentes expresaron:

‘La atomización de los partidos, aplastados por la proliferación de microempresas electorales (comúnmente llamadas avispas) tiene directa relación con el incremento de la corrupción a partir de 1991 (...)’.

Ahora, específicamente en relación con los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2003, fue expresa voluntad del Constituyente la de señalar la representación en el Congreso como condición necesaria para la conservación de la misma.

(...) Efectuadas las elecciones para Cámara de Representantes y Senado de la República en el año 2006, solo tendrán personería jurídica los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que tengan, en esas elecciones, una votación no inferior al dos por ciento (2%) de los votos emitidos válidamente y para conservar la personería jurídica hacia el futuro deben obtener un porcentaje de votos equivalente en las sucesivas elecciones para esas corporaciones públicas.

(...)”.

Para el caso concreto, no existe discusión sobre el hecho de que la Alianza Nacional Popular, ANAPO, que tenía personería jurídica desde el año de 1986, y, por lo tanto, podía inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno, de conformidad con la Constitución, para las elecciones de 2006, se abstuvo de presentar candidatos al Congreso en la circunscripción ordinaria y solo presentó candidato en la circunscripción especial internacional de colombianos residentes en el exterior, sin obtener por esta última representación en el Congreso.

Como consecuencia de lo anterior, al tenor de la norma Constitucional, el Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de su obligación, declaró la pérdida de la personería jurídica de la Alianza Nacional Popular, ANAPO y, como bien lo expresó la entidad en la contestación de la demanda y lo afirma el actor, si bien es cierto que no es obligación inscribir listas de candidatos en todos los debates electorales, no lo es menos, que los partidos y movimientos políticos que decidan no hacerlo en las elecciones para Congreso de la República, deben asumir la consecuencia, cual es, la pérdida de la personería jurídica, pues este no es un derecho que se adquiere a perpetuidad.

Tampoco la pérdida de la personería jurídica, es a perpetuidad, pues así mismo se puede obtener con el cumplimiento de los requisitos que para tal efecto consagra la Constitución, lo cual obliga a que el Consejo Nacional Electoral la reconozca; además, como bien lo advierte la demandada el partido no desaparece, solo que por no tener personería jurídica no tiene ciertos beneficios, y además, al tenor del mismo artículo 108 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2003, los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también pueden inscribir candidatos, de conformidad con la ley.

Las razones por las cuales el actor considera que los argumentos de la administración en los actos demandados, se relacionan con su inconformidad por lo dispuesto en la misma Constitución Política, asunto que no es del resorte de esta corporación. Ahora, lo cierto es que la norma es clara en relación con la obtención y pérdida de la personería jurídica, y en sus disposiciones transitorias se permitió que los movimientos que tenían personería y representación en el Congreso, la conservaran hasta las siguientes elecciones, de cuyos resultados dependería que la conservaran, conforme ya se explicó.

Consecuente con lo expresado, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

TIÉNESE al doctor Gustavo Salinas Cardozo, como apoderado de la parte demandada, de conformidad con el poder visible a folio 245 del expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de noviembre de 2014».

(1) “ART. 108.—El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos o movimientos políticos que se organicen para participar en la vida democrática del país, cuando comprueben su existencia con no menos de cincuenta mil firmas, o cuando en la elección anterior hayan obtenido por lo menos la misma cifra de votos o alcanzado representación en el Congreso de la República.
En ningún caso podrá la ley establecer exigencias en relación con la organización interna de los partidos y movimientos políticos, ni obligar la afiliación a ellos para participar en las elecciones.
Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones sin requisito adicional alguno.
Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue.
Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.
La ley podrá establecer requisitos para garantizar la seriedad de las inscripciones de candidatos.
La personería de que trata el presente artículo quedará extinguida por no haberse obtenido el número de votos mencionado o alcanzado representación como miembros del Congreso, en la elección anterior.
Se perderá también dicha personería cuando en los comicios electorales que se realicen en adelante no se obtengan por el partido o movimiento político a través de sus candidatos por lo menos 50.000 votos o no se alcance la representación en el Congreso de la República” (resaltado fuera del texto).

(2) “Por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones”.
“ART. 3º—Reconocimiento de personería jurídica. El Consejo Nacional Electoral reconocerá y otorgará personería jurídica a los partidos y movimientos políticos previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Solicitud presentada por sus directivas.
2. Copia de los estatutos.
3. Probar su existencia con no menos de cincuenta mil firmas o con la obtención en la elección anterior, de por lo menos la misma cantidad de votos o de representación en el Congreso de la República. (modificado por A.L. 1/2003, art. 2º).
4. Presentar un documento que contenga la plataforma política del partido o movimiento, expresando su filosofía y principios, así como los programas y aspiraciones que lo identifiquen.
Para efectos de este artículo no podrán sumarse los votos obtenidos en circunscripción nacional con los obtenidos en circunscripciones territoriales o especiales, ni los de estas con los de aquellas.
El Consejo Nacional Electoral no demorará más de treinta (30) días hábiles en estudiar una solicitud de obtención de personería jurídica.
“ART. 4º—Pérdida de la personería jurídica. Los partidos y movimientos políticos perderán su personería jurídica cuando se encuentren incursos en una de las siguientes causas:
1. Cuando en una elección no obtengan a través de sus candidatos por lo menos 50.000 votos o no alcancen, o mantengan, representación en el Congreso, conforme al artículo anterior. (modificado por A.L. 1/2003, art. 2º)
2. Cuando, de acuerdo con sus estatutos, proceda su disolución.
3. Cuando el Consejo Nacional Electoral así lo declare, en los casos previstos por la presente ley.

(3) El texto definitivo del Acto Legislativo 1 de 2003 fue publicado en el Diario Oficial 45.237 de jul. 3/2003, pág. 1.