Sentencia 2007-00130 de septiembre 18 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Nº de referencia: 11001-03-25-000-2007-00130-00

Nº interno: 2483-2007

Magistrado Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Maria Mercedes Perry Ferreira

Demandado: Nación - Ministerio del Interior y de Justicia - Consejo Superior

Bogotá, D.C., dieciocho de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Previo a abordar el examen de legalidad de los actos demandados y en consideración a la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por el Ministerio del Interior y de Justicia, procede a Sala a resolver lo atinente a la excepción planteada.

1. De la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por el Ministerio del Interior y de Justicia.

Manifiesta el apoderado del Ministerio del Interior y de Justicia que dicho Ministerio no está legitimado para responder por las pretensiones de la demanda ni tiene la representación del Consejo Superior, considera que la defensa judicial del referido órgano le corresponde a la Superintendencia de Notariado y Registro con fundamento en el artículo 11 del Acuerdo 2 de 2006.

Al respecto, se tiene que el artículo 1º del Acuerdo 2 de 22 de noviembre de 2006(1) expedido por el Consejo Superior para la Carrera de Notarios, establece que dicho órgano administra la carrera notarial y realiza los concursos de méritos para el nombramiento de notarios en propiedad en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución Política, el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970, la Ley 588 de 2000 y demás disposiciones legales concordantes y complementarias. Se trata de un organismo autónomo, superior, independiente de los demás poderes del Estado cuya finalidad es garantizar y proteger el sistema de mérito en el nombramiento de los notarios en propiedad así como administrar la carrera notarial, el cual actúa de conformidad con los principios de la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política.

El Consejo Superior es presidido por el Ministro del Interior y de Justicia, quien tiene a su cargo las siguientes funciones (Ac. 2/2006, art. 10):

“a) Presidir las sesiones, señalar el orden en que deben considerarse los asuntos y dirigir los debates de acuerdo con el reglamento;

b) Convocar a las sesiones del consejo;

c) Servir de canal de comunicación del consejo superior y, en consecuencia, sólo él podrá informar oficialmente sobre los asuntos decididos por este;

d) Poner en conocimiento de los otros consejeros las notas oficiales que reciba”.

Se desprende de la norma anterior que el Ministro del Interior y de Justicia tiene la representación del Consejo Superior por ser una función inherente a quien preside el órgano, función que podrá delegar en los precisos términos que autoriza la ley (L. 489/98, art. 11).

Por otra parte, el artículo 11(2) del citado acuerdo establece que la Superintendencia de Notariado y Registro ejerce las funciones de secretaría del consejo superior por intermedio del jefe de la oficina asesora jurídica o quien haga sus veces y fija sus funciones dentro de las cuales no se encuentra la de representar judicialmente al consejo superior como lo manifiesta el excepcionante.

En el presente caso se pretende la nulidad de los actos administrativos proferidos por el consejo superior en desarrollo de su función de administrar la carrera notarial dentro del concurso público y abierto convocado por el Acuerdo 1 de 2006, razón por la cual la actora demandó a la Nación - Ministerio del Interior y de Justicia - Consejo superior, tal y como se observa en el acápite de partes del proceso (fl. 156) en el que se indica que se demanda al ente creado por el artículo 164 del Decreto 960 de 1979 para administrar la carrera notarial. Así las cosas, no cabe duda que la parte demandada es el consejo superior tal y como se desprende de la demanda.

La legitimación en la causa se determina por el interés jurídico que puede tener una persona frente a la pretensión que se reclama. En la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la legitimidad en la causa por pasiva la tiene por regla general la entidad que expidió el acto cuya nulidad se demanda (CCA, art. 150), en este caso los actos demandados fueron expedidos por el consejo superior.

Ahora bien, en el auto admisorio de 6 de diciembre de 2007 el despacho sustanciador ordenó la notificación personal de la demanda al Ministro del Interior y de Justicia en calidad de presidente y representante del consejo superior (fls. 162 y 163), por lo tanto, tal autoridad debió comparecer al proceso en la calidad convocada y no como representante del ministerio como equivocadamente fue interpretado por el apoderado excepcionante.

Así las cosas, no está llamada a prosperar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la parte demandada en este caso es el consejo superior como se desprende de la demanda, y no el Ministerio del Interior y de Justicia, además la notificación personal ordenada en el numeral 2º del auto admisorio(3) al ministro lo fue en calidad de presidente y representante del consejo superior.

Por otra parte, se afirma como sustento de la excepción, que el Ministro del interior y de Justicia otorgó poder al jefe de la oficina asesora jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro para la defensa judicial de los intereses del consejo superior, no obstante tal circunstancia no se encuentra respaldada probatoriamente en el presente proceso; sin perjuicio de ello, dirá la Sala que la eventual existencia del referido mandato no le impedía al Ministro del Interior y de Justicia ejercer la defensa de los intereses del consejo superior, en desarrollo de su función como presidente de dicho órgano.

Por las razones expresadas, en criterio de la Sala no se configuró la excepción de falta de legitimación en la causa, ni tampoco hay lugar a declarar la nulidad de lo actuado por indebida representación, como lo solicita el Ministerio Público, toda vez que como se dejó expuesto y se desprende del expediente el órgano demandado fue notificado por conducto de su presidente.

Pese a que no se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, la Sala si advierte la existencia de una excepción que es preciso declarar de oficio en virtud de la autorización contenida en el 164 del Código Contencioso Administrativo, que le impide emitir un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de los actos demandados, toda vez que los mismos son actos de trámite carentes de control y no actos definitivos que ponen término a un proceso administrativo como a continuación se expone.

2. La naturaleza jurídica de los actos demandados.

La demanda se dirige contra (i) el Acuerdo 7 de 17 de mayo de 2007, por el cual se publicó la lista de aspirantes al concurso público y abierto de notarios convocado por el Acuerdo 1 de 2006 y la calificación resultante de la valoración y análisis efectuada por el consejo superior respecto de la señora María Mercedes Perry Ferreira, porque según refiere la demandante, su experiencia fue calificada con un puntaje inferior al que le correspondía, y (ii) las resoluciones 1008 de 27 de junio y 1491 de 23 de julio de 2007, por medio de las cuales el consejo superior resolvió los recursos de reposición presentados contra la referida calificación. Por lo anterior, previamente a abordar el fondo del asunto debe la Sala analizar cuál es la naturaleza jurídica de los actos demandados con el fin de establecer si procede el control de legalidad de los mismos, para lo cual resulta útil remitirse a su contenido:

a) Acuerdo 7 de 17 de mayo de 2007, proferido por el consejo superior “por el cual se publica la lista de aspirantes al concurso público y abierto de notarios y la calificación resultante de la valoración y análisis efectuado por el ente operador del concurso sobre méritos y antecedentes”.

“(…).

RESUELVE:

ART. 1º—Publicar en un diario de amplia circulación nacional y en la respectiva página web del concurso, el listado de todos los aspirantes con indicación del código de inscripción y el puntaje obtenido como resultado de la calificación de méritos y antecedentes, incluyendo los admitidos y no admitidos al concurso público y abierto a la carrera notarial, realizado bajo la responsabilidad de la Universidad de Pamplona como ente operador del concurso, conforme a lo estipulado en el artículo 13 del Acuerdo 1 de 2006 del consejo superior.

ART. 2º—Quienes figuren como rechazados en el listado de calificación de méritos y antecedentes, así como quienes presenten inconformidad con tal calificación podrán interponer el recurso de reposición, en los términos y condiciones fijados por el Código Contencioso Administrativo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación del listado de calificación de méritos y antecedentes, contenido en el presente acuerdo. El consejo superior resolverá el recurso dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación.

Para la sustentación del recurso, únicamente se considerarán los documentos presentados dentro de la etapa de inscripción y no se aceptarán documentos adicionales tal como lo previó el artículo 11 del Acuerdo 1 de 2006.

Los recursos que se presenten deberán ser remitidos dentro del término legal, a la Universidad de Pamplona como operadora del concurso a través de la página web de este (www.carreranotarial.gov.co).

Los aspirantes podrán consultar los factores tenidos en cuenta para su calificación de méritos y antecedentes y el cumplimiento o no de los requisitos señalados en la ley a través de la página web del concurso.

ART. 3º—El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. (…)”.

b) Resolución 1008 de 27 de junio de 2007, proferido por el presidente del consejo superior, por el cual se decide un recurso de reposición:

“(…).

Consideraciones del consejo

Alega el (la) recurrente:

Que la calificación asignada en cuanto al ejercicio de la profesión no es correcta.

Revisada la carpeta del recurrente, se encuentra que efectivamente acreditó los siguientes aspectos relevantes para los fines de la asignación de puntos:

Experiencia:

— Ejercicio de la profesión de abogado, por un período de doce (12) años y diecisiete (17) días, que le representa un (1) punto por cada año o fracción superior a seis meses, aspecto por el cual le fueron asignados doce (12) puntos.

— El ejercicio de nivel directivo, asesor o ejecutivo en el sector público, por un período de un (1) año, tres (3) meses y un (1) días, que le representa dos (2) puntos por cada año o fracción superior a seis (6) meses. Para un total de dos (2) puntos.

— El ejercicio de dirección administrativa, función judicial y legislativa, por un período de cinco (5) años, cinco (5) meses y veintisiete (27) días, que le representa dos (2) puntos por cada año o fracción superior a seis (6) meses. Por lo que se le asignan diez (10) puntos.

Posgrado:

— Acreditó un (1) posgrado, por lo que se le asignó diez (10) puntos.

Para un total de treinta y cuatro (34) puntos.

En consecuencia, deberá modificarse la decisión, asignándole al recurrente un total de veinticuatro (24) puntos por experiencia y diez (10) puntos por posgrado, para un total de treinta y cuatro (34) puntos.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

ART. PRIMERO.—Se modifica la decisión tomada mediante el Acuerdo 7 de 2007, con relación a la aspirante María Mercedes Perry Ferreira, identificado (a) con la C.C. 20.902.555, cambiando su calificación de veinticuatro (24) puntos a treinta y cuatro (34) puntos, en la forma descrita en la parte motiva.

ART. SEGUNDO.—Contra esta decisión procede el recurso de reposición en cuanto a la calificación de méritos y antecedentes. (…)”

c) Resolución 1491 de 23 de julio de 2007, proferido por el presidente del consejo superior, por el cual se decide un recurso de reposición:

“(…).

Consideraciones del consejo

Alega el (la) recurrente:

Que interpone recurso de reposición contra el puntaje otorgado en la calificación asignada en el ejercicio de la profesión.

Revisada la documentación aportada por el (la) recurrente, se encuentra que acreditó los siguientes aspectos relevantes para los fines de la asignación de puntos:

Experiencia:

— Ejercicio de la profesión de abogada, por doce (12) años y diecisiete (17) días, para doce (12) puntos.

— Ejercicio de nivel directivo, asesor o ejecutivo en el sector público, por un (1) año, tres (3) meses y un (1) día, para dos (2) puntos.

— Ejercicio de dirección administrativa, función judicial y legislativa, por cinco (5) años, cinco (5) meses y veintisiete (27) días, para diez (10) puntos.

Posgrados:

— Acredita un (1) posgrado, para diez (10) puntos.

Obra jurídica

— No acreditó obra jurídica, por lo cual no se otorga puntaje en este ítem.

Es necesario aclarar a la recurrente que las certificaciones del tiempo de ejercicio de la profesión a las cuales hace referencia, se tuvieron en cuenta en el momento de hacer la calificación, por tanto se encuentran incluidas en el puntaje; de esta manera se le está dando cabal cumplimiento a lo señalado en el numeral 6º, artículo 11 del Acuerdo 1 de 2006.

Por tal razón, cabe resaltar que los contratos de prestación de servicio, con entidades privadas se cuentan como ejercicio de la profesión.

La experiencia acreditada amerita el reconocimiento de veinticuatro (24) puntos, posgrados diez (10) puntos, obra jurídica cero (0) puntos, para un total de treinta y cuatro (34) puntos; por cuanto la decisión inicial se ajusta a derecho, se ratificará el puntaje asignado a la recurrente.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

ART. PRIMERO.—Se confirma la decisión publicada en el listado de calificación de méritos y antecedentes, de conformidad con el Acuerdo 7 de 2007 del (la) aspirante, María Mercedes Perry Ferreira, identificado (a) con la C.C. 20.902.555, al concurso público y abierto, para el acceso a la carrera notarial, por las razones expuestas en la parte motiva.

ART. SEGUNDO.—Esta decisión agota la vía gubernativa y por lo tanto no es susceptible de recurso alguno (…)”.

Del contenido de los actos demandados, la Sala ratifica el carácter preparatorio de los mismos ya que fueron proferidos por el consejo superior, en ejercicio de las facultades previstas en el Decreto 960 de 1970, la Ley 588 de 2000, el Decreto Reglamentario 3454 de 2006, como una etapa más dentro de la actuación administrativa adelantada para proveer los cargos de notarios. Como se advierte, dichos actos no definen o concluyen el proceso de selección iniciado para el nombramiento de los notarios en propiedad, sino que preparan o facilitan la expedición del acto definitivo, cual es el nombramiento.

En sentencia de 11 de junio de 2009, expediente 1246-07(4), la Sala precisó que los actos de trámite o preparatorios son actos instrumentales de la decisión administrativa que posibilitan el desarrollo de la respectiva actuación administrativa. Son actos que por sí solos no contienen una declaración de voluntad que produzca efectos directos respecto a una situación jurídica en particular, y que conforme a lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo, no son susceptibles de recurso de vía gubernativa, excepto los casos previstos en norma expresa.

En Sentencia T-945-09 la Corte Constitucional definió los actos de trámite o preparatorios como aquellos que “no expresan en concreto la voluntad de la administración, simplemente constituyen el conjunto de actuaciones intermedias que preceden a la formación de la decisión administrativa que se plasma en el acto definitivo y en la mayoría de los casos no crean, definen, modifican o extinguen situaciones jurídicas”. Un acto de trámite puede tornarse definitivo, cuando de alguna manera, decida sobre la cuestión de fondo, o ponga fin a la actuación administrativa, de suerte que se haga imposible la continuación de ésta. Estos actos no producen efectos jurídicos para los administrados, ni crean, extinguen o modifican sus derechos subjetivos personales.

En estas condiciones, los actos de trámite y preparatorios, tienen la finalidad de dar impulso a la actuación preliminar de la administración, o disponer u organizar los elementos de juicio que se requieren para que ésta pueda adoptar, a través del acto principal o definitivo, la decisión sobre el fondo del asunto.

Descendiendo a la actuación administrativa dentro de la cual fueron proferidos los actos demandados, la Sala(5) ha señalado que acorde con el artículo 131 de la Constitución Política, el nombramiento de los notarios en propiedad debe hacerse a través de un proceso de selección que necesariamente debe ser público y abierto, de manera tal, que como lo señala el artículo 125 constitucional, permita que todo aquel que cumpla con los requisitos y calidades exigidas, pueda participar en dicho concurso y en la selección y que dicha participación se efectúe con criterio de igualdad y objetividad. Consecuente con lo anterior, la realización de un concurso público y abierto busca mejorar el servicio notarial y garantizar la idoneidad de quienes tienen a su cargo el cumplimiento de esta función notarial.

El Decreto 960 de 1970 en sus artículos 162, 163 y 165 señala que quienes aspiren a ser designados notarios deben inscribirse en la oportunidad, lugar y oficina que señala el consejo superior para el respectivo concurso y comprobar los factores de calificación que para entonces se fijen, disponiendo que en todo concurso habrá análisis y evaluación de experiencia, rendimiento en la actividades y capacidad demostrada en ellas con relación al servicio notarial, de los estudios de posgrado o de capacitación, del ejercicio de la cátedra y en particular en materias relacionadas con el notariado y la administración de justicia, para lo cual el consejo superior fijará las bases de cada concurso con señalamiento de sus finalidades, requisitos de admisión, calendario, lugares de inscripción y realización, factores que se tendrán en cuenta, manera de acreditarlos, y sistema de calificaciones, e indicará la divulgación que haya de darse a la convocatoria.

Por otra parte, el artículo 40 de la Ley 588 de 2000, por la cual se reglamenta el ejercicio de la actividad notarial, señala que para la calificación de los concursos las pruebas e instrumentos de selección son en su orden: 1. Los análisis de méritos y antecedentes, 2. La prueba de conocimientos y 3. La entrevista.

Y el artículo 2º del Decreto 3454 de 2006, reglamentario de la citada ley, estableció la estructura del concurso con las siguientes fases: (1) convocatoria; (2) inscripción y presentación de los documentos con los que el aspirante pretenda acreditar el cumplimiento de requisitos; (3) análisis de requisitos y antecedentes; (4) calificación de la experiencia; (5) prueba de conocimientos; (6) entrevista, y (7) publicación y conformación de la lista de elegibles.

En este orden, es claro que el sistema de ingreso a los cargos de la carrera notarial comprende la realización de un proceso de selección abierto y público en el cual se distinguen las siguientes etapas, a saber: La primera fase, la convocatoria, en la cual, el consejo superior mediante acuerdo señala las bases del concurso; la segunda fase, la Inscripción, en ella el aspirante presenta los documentos exigidos para acreditar la experiencia, títulos y obras que pretenda hacer valer; la tercera fase de análisis de requisitos y antecedentes, el consejo superior evalúa si el aspirante cumple los requisitos para aspirar al cargo o que está impedido para hacerlo, en cuyo caso será eliminado del concurso mediante decisión motivada. En la cuarta fase de calificación de la experiencia, los aspirantes podrán obtener hasta cincuenta (50) de los cien (100) puntos de calificación del concurso, así: Treinta y cinco (35) puntos por experiencia; diez (10) puntos por estudios, y cinco (5) puntos por publicaciones. La calificación será efectuada por quien indique el Consejo Superior de la Carrera Notarial, el cual expedirá y publicará la lista con las calificaciones obtenidas por cada uno de los aspirantes en un término máximo de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha del informe sobre análisis de requisitos y antecedentes; en la quinta fase denominada prueba de conocimientos, serán convocados los aspirantes de conformidad con el reglamento que expida el consejo y tendrá un valor de 40 puntos, de los 100 del concurso. La realización de la prueba será contratada por el Consejo Superior de la Carrera Notarial con una entidad del Estado de reconocida experiencia en realización de pruebas de aptitudes y conocimientos. La entrevista se realizará en forma presencial, en los lugares y con los criterios que determine el consejo superior. La siguiente fase de entrevista, es el proceso mediante el cual se evalúa objetivamente la personalidad, la vocación de servicio y el profesionalismo del aspirante. La calificación que resulte será la que, sobre una calificación de diez (10) puntos, le será asignada al aspirante mediante decisión motivada. Por último, la conformación y publicación de la lista de elegibles se hará con los aspirantes que hayan obtenido más de setenta y cinco (75) puntos como resultado de la suma de las calificaciones obtenidas en las distintas fases del concurso. La lista de elegibles, una por cada círculo notarial, será comunicada a las autoridades mencionadas en el artículo 161 del Decreto-Ley 960 de 1970 para que dentro de los treinta (30) días siguientes a dicha comunicación provean en propiedad los cargos de notarios, con dicha etapa culmina el proceso de concurso público.

En desarrollo de la anterior normatividad, el consejo superior, mediante Acuerdo 1 de 15 de noviembre de 2006, convocó a concurso público y abierto para el nombramiento de los notarios en propiedad y el ingreso a la carrera notarial, dentro del cual se contemplaron las etapas del concurso, a saber: 1. Convocatoria 2. Inscripción 3. Acreditación del cumplimiento de requisitos generales 4. Análisis de méritos y antecedentes 5. Publicación de la lista de admitidos y de los resultados del análisis de méritos y antecedentes 6. Convocatoria a prueba de conocimientos 7. Prueba de conocimientos 8. Calificación de la prueba de conocimientos 8. Convocatoria para presentar a entrevista 9. Entrevista 10. Lista de elegibles.

Respecto a la publicación de la lista de admitidos al concurso y de los resultados del análisis de méritos y antecedentes, el artículo 13 del Acuerdo 1 de 2006 estableció:

“ART. 13.—Publicación de la lista de admitidos al concurso y de los resultados del análisis de méritos y antecedentes. Dentro del plazo fijado en el cronograma que aprueba el consejo superior, se publicará la lista de aspirantes admitidos al concurso en un diario de circulación nacional. En el sitio web del concurso y en el correo electrónico de cada participante se indicarán, además, las razones para la inhabilitación, si fuere el caso. De la misma manera se darán a conocer las calificaciones obtenidas por cada uno de los aspirantes en el análisis de méritos y antecedentes.

Quienes no figuren en dicha lista se tendrán como rechazados y podrán interponer recurso de reposición, en los términos fijados por el Código Contencioso Administrativo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la lista. Dentro del mismo plazo los concursantes podrán interponer recurso de reposición contra la calificación asignada en el análisis de méritos y antecedentes. El Consejo Superior resolverá el recurso dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación.

No se podrá presentar documentación adicional a la entregada en los términos del artículo 11 del acuerdo para sustentar el recurso, caso en el cual se rechazará in limine”.

Y sobre la lista de elegibles, el artículo 19 estableció que para la conformación de las mismas se tendría en cuenta lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 588 de 2000, el artículo 92 del Decreto 2148 de 1983 y los artículos 11 y 12 del Decreto 3454 de 2006. Se consagró que dicho acto contenía los puntajes finales de los aspirantes que resultaran de la sumatoria de las calificaciones obtenidas en las distintas fases del concurso; con base en dicha lista de elegibles, las autoridades mencionadas en el artículo 161 del Decreto-Ley 960 de 1970 procederían a efectuar los nombramientos en propiedad.

Por último, el artículo 21 ibídem estableció que la aplicación de las distintas fases del concurso y su administración, se realizarán de acuerdo con el cronograma que el consejo superior aprobara, el cual hará parte integral de la convocatoria.

Así las cosas, el concurso público y abierto convocado por el consejo superior mediante el Acuerdo 1 de 2006 como actuación administrativa destinada a proveer en propiedad los cargos de notario, conlleva la realización de una serie de etapas que a su vez se conforman por diferentes actos jurídicos y materiales encaminados a preparar la producción de una decisión final cual es la lista de elegibles, acto definitivo con el que culmina el proceso de selección y que contiene los nombres y documentos de identidad de quienes, en estricto orden descendente, han obtenido los mayores puntajes para el nombramiento en propiedad, se tiene entonces que los resultados de las distintas etapas realizadas con anterioridad a la fase final o de conformación de lista de elegibles, son actos de trámite o preparatorios, que impulsan o preparan la decisión final pero que no ponen fin a la actuación administrativa.

En este orden de ideas, el Acuerdo 7 de 2007, por el cual se publica la lista de los aspirantes admitidos y no admitidos y la calificación sobre los méritos y antecedentes, dentro de la fase de análisis de requisitos y antecedentes y las resoluciones que resolvieron los recursos de reposición presentados contra aquel, no ponen término al proceso de selección sino que impulsan una de las fases dentro de la actuación administrativa, en consecuencia no resultan demandables al tenor de lo dispuesto en los artículos 50 y 135 del Código Contencioso Administrativo, pues de acuerdo con tales preceptos legales sólo son demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa los actos que pongan fin a una actuación administrativa, o las decisiones de trámite cuando hacen imposible continuar la actuación(6).

Por otra parte, dichos actos no se tornaron en definitivos para la actora porque no pusieron fin a su participación dentro del concurso, por el contrario, de los mismos se desprende que la demandante fue admitida al concurso y por lo tanto podía continuar su participación en las fases subsiguientes, ratificándose la naturaleza preparatoria de los actos demandados cuya única finalidad era la de impulsar una de las fases dentro del proceso de selección para el nombramiento en propiedad de los notarios.

En conclusión, como en el presente caso la demanda se dirigió contra el Acuerdo 7 de 2007, por el cual se publica la lista de aspirantes y la calificación sobre méritos y antecedentes de los mismos, y las resoluciones 1008 de 27 de junio y 1491 de 23 de julio de 2007 por las cuales se resolvieron los recursos de reposición interpuestos contra el Acuerdo 7 de 2007, los cuales tienen carácter preparatorio dentro de la actuación administrativa y por lo mismo no son demandables ante la jurisdicción, la Sala procederá, de oficio, a declarar probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y a inhibirse para pronunciarse sobre los mismos, ante la inexistencia de un presupuesto procesal para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones formuladas por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLARAR DE OFICIO la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por las razones expuestas. En consecuencia, declarase inhibida la Sala para decidir sobre la pretensión de nulidad del Acuerdo 7 de 17 de mayo de 2007 y resoluciones 1008 de 27 de junio y 1491 de 23 de julio de 2007 por tratarse de actos de trámite no susceptibles de control ante esta jurisdicción.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.»

(1) Por el cual se adopta el reglamento interno y los rituales de funcionamiento del Consejo Superior para la carrera de los notarios establecido en el artículo 164 del Decreto-Ley 960 de 1970.

(2) “ART. 11.—Secretaría técnica. La Superintendencia de Notariado y Registro ejercerá las funciones de secretaría del consejo superior, por intermedio del jefe de la oficina asesora jurídica o quien haga sus veces.

Como tal, le corresponden las siguientes funciones:

a) Grabar y transcribir las sesiones y someter las respectivas actas a la aprobación del consejo. Sólo las actas constituirán el instrumento que describa lo sucedido en la sesión;

b) Llevar los libros correspondientes y procurar que los asientos se hagan eficiente y oportunamente;

c) Mantener actualizado y ordenado el archivo de la secretaría;

d) Redactar la correspondencia que los consejeros le soliciten;

e) Citar a los consejeros cuando el presidente del consejo lo disponga”.

(3) Folio 162.

(4) Sección Segunda. Subsección “B”. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Radicación: 05001-23-31-000-1996-00480-01(1246-07). Actor: Julio Enrique Gonzalez Villa. Demandado: Municipio de Medellín.

(5) Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Sentencia de 6 de abril de 2011. Radicación: 11001-03-25-000-2006-00133-00(2085-06). Actor: Jenny Patricia Camelo Salcedo. Demandado: Gobierno Nacional.

(6) En Sentencia T-945-09 la Corte Constitucional señaló que: “Con el fin de garantizar la eficiencia y celeridad de las funciones que le competen a la administración, el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo, ha previsto que tales actos preparatorios o de trámite no sean susceptibles, por regla general, de recursos en vía gubernativa, ni de acciones judiciales autónomas, de forma que su control solamente sea viable por medio de la discusión del acto definitivo que concreta la voluntad administrativa, bien sea a través de los recursos procedentes contra él o bien como causal de anulación ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo (CCA, art. 84). No obstante, dado que el control de estos actos debe hacerse a partir de los actos definitivos y demostrando la relevancia de la irregularidad previa en la ilegalidad de la decisión final, es necesario esperar a la decisión final para plantear la invalidez del procedimiento”.