Sentencia 2007-00135/20773 de julio 19 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 13001-23-31-000-2007-00135-01 (20773)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.- Alpina.

Demandado: DIAN.

Ref.: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Pago en exceso.

Bogotá, D.C., julio diecinueve de dos mil diecisiete.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 7 de abril de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó la devolución del arancel pagado en exceso.

Dicho fallo dispuso:

Primero: Declarar probada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa por proponer nuevos hechos alegada por la DIAN, por las razones expuestas en la parte motiva de este providencia.

Segundo: Declarar la nulidad de las resoluciones 523 del 2 de marzo de 2006, por medio de la cual se rechazó una solicitud de devolución y, la 2039 de agosto 28 de 2006, por medio de la cual se resuelve un recurso de reconsideración y se confirma la Resolución 523 de marzo de 2006.

Tercero: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho se ordene a la DIAN devolver a la sociedad Alpina Productos de Alimenticios S. A. – Alpina los dineros pagados en exceso por concepto de arancel en las declaraciones de importación relacionadas en la Resolución 1684 del 29 de agosto de 2005, por medio de la cual se profiere liquidación oficial de corrección por error en la tarifa.

Cuarto: Los saldos que resulten a favor de Alpina S. A., correspondientes a los dineros pagados en exceso en las declaraciones de importación referidas en el numeral anterior, deberán actualizarse debidamente, conforme a la siguiente fórmula:

Va = Vh índice final

índice inicial

Donde el valor actualizado Va, se determina multiplicando el valor histórico Vh, que es lo que se debe devolver a la sociedad demandante, desde la fecha de causación, por el guarismo que resulte de dividir el índice de precios al consumidor vigente a la fecha que la DIAN devuelva los dineros pagados en exceso (índice final), entre el índice de precios al consumidor vigente a la fecha en que se debió aceptar la devolución.

Quinto: Reconocer intereses moratorios a la sociedad Alpina S. A., de conformidad con los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario.

(…)”.

Antecedentes

1. Hechos

1.1. En el año 2003, la Sociedad de Intermediación Aduanera Hubemar S. A., presentó 24 declaraciones de importación ante la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, en nombre de Alpina Productos Alimenticios S. A., por la introducción al país de productos clasificados en la subpartida arancelaria 39.20.30.00.10, sujetos a un arancel del 5%. No obstante, la demandante pagó el arancel a una tarifa del 10% que en términos monetarios representó un exceso de $ 157.444.323.

1.2. El 29 de agosto de 2005, previa solicitud de la importadora, la División de Liquidación Aduanera de la misma Administración Especial de Aduanas profirió liquidación oficial de corrección a las declaraciones referenciadas, por error en la tarifa de arancel aplicada (10%), reconociendo una diferencia a favor de $ 157.444.323.

1.3. El 22 de febrero de 2006, la demandante solicitó la devolución del arancel pagado en exceso.

1.4. Por la Resolución 523 del 2 de marzo de 2006, la División de Recaudación y Cobranzas rechazó la solicitud, porque consideraba que el demandante debía acreditar que el mayor valor no lo llevó al costo del producto, trasladándolo al consumidor final.

Mediante la Resolución 2039 del 28 de agosto de 2006 se confirmó la anterior decisión.

2. Pretensiones

“Primera

Se declare la nulidad de las resoluciones 523 de marzo 2 de 2006 y 2039 de agosto 28 de 2006, proferidas por la División de Recaudación y Cobranzas Aduanera y la División Jurídica Aduanera de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena respectivamente, por cuanto se profirieron violando normas legales, situación que implica que los actos administrativos demandados sean ilegales y por tanto no tengan validez.

Segunda

Como consecuencia de las declaraciones anteriores se restablezca en su derecho a la Sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., identificada con NIT 860.025.900-2 y se ordene la devolución de los dineros pagados en exceso, por concepto de tributos aduaneros, cuya devolución fue rechazada mediante las resoluciones demandadas, con los correspondientes intereses moratorios conforme al artículo 864 y ss del Estatuto Tributario.

Tercera

Solicito respetuosamente se condene en costas del proceso a la Unidad Administrativa Especial U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN”.

3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte actora invocó como normas violadas, las siguientes:

• Artículos 13 y 29 de la Constitución Política.

• Artículos 548 lit. a) y 550 lit. a) y d) del Estatuto Aduanero.

• Artículo 850 del Estatuto Tributario.

• Artículo 23 de la Ley 383 de 1997.

• Concepto 62299 de la División de Normativa y Doctrina de la Dian.

En el concepto de la violación, señaló, en síntesis:

3.1. La demandante pagó un arancel del 10%, cuando el debido era solo del 5%, por lo que existe un pago en exceso, asunto que no es discutido por la demandada.

Por eso, la Dian profirió Liquidación Oficial de Corrección Nº 001684, en la que reconoció la existencia de un mayor valor pagado, y que sirvió de fundamento a la actora para solicitar la devolución.

En vista de que el derecho ya fue reconocido por la administración, es claro que los argumentos expuestos como fundamento de la negativa a la devolución carecen de sustento legal.

3.2. En efecto, las normas aduaneras y/o tributarias no prohíben que el arancel pagado se lleve a un mayor costo del bien o producto importado, como erradamente entiende la demandada.

Así las cosas, la DIAN pretende aplicar analógica y extensivamente el literal d) del artículo 550 del Decreto 2685 de 1999, referido exclusivamente a la devolución de IVA, que sí hace tal restricción, pero, se repite, solo para efectos del IVA.

3.3. La prohibición de obtener beneficios tributarios concurrentes que establece la Ley 383 de 1997 se refiere a las deducciones autorizadas por la ley, como rebajas sobre la base de un impuesto, y a los descuentos tributarios, como afectaciones de reducción sobre el valor neto a pagar por cada impuesto. Eso quiere decir que dicha norma tampoco es aplicable al caso concreto, pues aquí no se discuten deducciones o descuentos tributarios.

Al respecto precisa, que el valor de venta no puede equipararse con un beneficio tributario, porque simplemente es un concepto de la oferta comercial de tipo mercantil privado, equilibrio económico y competencia. Así, el traslado del mayor valor al precio final del producto es un asunto propio del manejo mercantil o comercial de las actividades económicas, que en nada afecta los aspectos tributarios de estas.

3.4. En este caso existe un enriquecimiento sin justa causa por parte de la administración, porque la accionante pagó el arancel establecido para el producto que importó a un mayor valor del que correspondía, lo que significa que el Estado recibió una suma superior a la que legalmente debía.

3.5. La actuación de la demandada es contraria al principio constitucional de igualdad, pues en otros casos idénticos, la Administración Local de Aduanas ha ordenado la devolución de las sumas pagadas en exceso. Para el efecto expuso el caso Nº 2004-2005-00581, en el que la Dirección de Aduanas de Barranquilla ordenó la devolución del mayor valor de arancel pagado.

4. Oposición

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en lo siguiente:

4.1. Las liquidaciones oficiales de corrección no generan automáticamente la devolución de lo que ellas reconocen por errores en la tarifa del arancel, pues la ley exige unos requisitos que deben ser verificados en otra instancia, cuando se solicita la restitución del dinero.

Tal verificación, en este caso, reveló, de acuerdo con la certificación del revisor fiscal de la empresa, que el arancel objeto de la solicitud de devolución se llevó al costo del producto; luego, la demandante ya obtuvo un beneficio pues el mayor valor del producto supone menores ingresos y, por lo tanto, una reducción de la base gravable del impuesto de renta.

En esas condiciones, no existe enriquecimiento sin causa legal para el Estado, ni empobrecimiento correlativo para la demandante, porque este trasladó el arancel al consumidor final sin sufrir menoscabo patrimonial.

4.2. Las alusiones al proceso 2004-2005-00581 adelantado por la Dirección de Aduanas de Barranquilla y la supuesta vulneración al derecho de igualdad no tienen lugar en este proceso, de un lado, porque ese aspecto no fue planteado en sede administrativa, y de otra parte, porque se trata de procesos diferentes, con supuestos de hecho y de derecho distintos.

En consecuencia, propuso la excepción de inepta demanda por la inclusión de hechos nuevos, no discutidos en sede administrativa.

5. La sentencia apelada

5.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar declaró probada la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa propuesta por la parte demandada y, en consecuencia, se inhibió de pronunciarse respecto del cargo de violación del derecho de igualdad, pues este no había sido expuesto en sede administrativa.

5.2. De otra parte, declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó la devolución de los dineros pagados en exceso por concepto de arancel en las declaraciones de importación objeto de liquidación oficial de corrección y su correspondiente actualización con los intereses moratorios establecidos en los artículos 863 y 864 del ET.

El fundamento de la decisión fue el siguiente:

5.3. La solicitud de devolución por el pago de un mayor valor de tributos aduaneros no necesariamente implica un doble beneficio tributario, en vista de que el arancel pagado en exceso no corresponde a una deducción autorizada por la ley ni a un descuento tributario, sino a un derecho de aduana.

5.4. El pago de un arancel del 10% respecto de la importación de bienes clasificados en la subpartida arancelaria 39.20.30.00.10 con arancel del 5%, excedió el valor legalmente debido.

La devolución de ese mayor valor no supone la contabilización del mismo como costo o deducción, ni menos aún el registro del mismo como descuento tributario o impuesto descontable; ese requisito solo se exige para la devolución del impuesto sobre las ventas por la importación de bienes que dan derecho a descuento tributario en el impuesto sobre la renta o a impuesto descontable en el impuesto sobre las ventas.

Al respecto recordó, que el impuesto sobre las ventas es diferente del arancel, de modo que la devolución del segundo de ellos no se sujeta a los requisitos establecidos en los artículos 548 y 550 del Decreto 2685 de 1999.

5.5. En conclusión, la ley no exige para acceder a la devolución del arancel pagado en exceso que se demuestre que este no se llevó a un mayor costo del bien y se encuentre contabilizado en la cuenta de acreedores, como lo exige la Dian. Por lo tanto, donde la ley no distingue, no le es dado a la administración hacerlo, menos si con ello crea requisitos no contemplados por la legislación.

6. Recurso de apelación

La Dian apeló la sentencia de primera instancia para que sea revocada y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda. Los fundamentos de su inconformidad son los siguientes:

6.1. Según el certificado del revisor fiscal de la demandante, esta llevó el mayor monto del arancel pagado al valor del material. En esas condiciones, el importador ya obtuvo un beneficio, comoquiera que ese mayor valor del material repercute en el impuesto de renta, en vista de la disminución de la utilidad que genera el hecho de pagar los materiales a una suma superior a la proyectada. Así mismo, si la demandante traslada esa carga al precio del producto, es el consumidor final el que la asume; luego aquel no sufre un empobrecimiento.

De acuerdo con esa lógica, no es posible acceder a la devolución, porque ello implicaría un doble beneficio tributario respecto de un mismo hecho, circunstancia que no se admite a la luz de la teoría del “beneficio concurrente”.

6.2. El arancel y el IVA conforman lo que se denomina como tributos aduaneros externos, de manera que aquel, como tributo que es, está sujeto a las normas tributarias y a la teoría del beneficio concurrente.

6.3. Citó como precedente una sentencia del Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena, en la que se acogieron los planteamientos de la Dian en relación con la prohibición de doble beneficio tributario (sentencia del 20 de octubre de 2010, Exp. 2007-003).

7. Alegatos de conclusión.

La demandada reiteró lo dicho en la apelación. Adicionalmente pidió que en caso de que se confirmara la sentencia de primera instancia, la Sala precisara la forma de liquidar los intereses moratorios.

La demandante no presentó alegatos de conclusión.

8. Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público no conceptuó.

Consideraciones

1. Problema jurídico

La Sala debe establecer la legalidad de los actos demandados, en los que la Administración Especial de Aduanas de Cartagena rechazó la solicitud de devolución de arancel presentada por la actora.

En los términos del recurso de apelación, corresponde establecer si en el caso concreto, la actora debía acreditar que el mayor arancel pagado no había sido llevado, bien al material, o al producto final y, por lo tanto, al consumidor, comoquiera que según la demandada, ese traslado supone la obtención de un beneficio, que no podría concurrir con la devolución.

2. Pago en exceso de arancel. Su procedencia no está sujeta a la acreditación de no haber trasladado el mayor valor al material o al producto final. Reiteración jurisprudencial.

En la sentencia del 26 de febrero de 2015, exp. 20051(1), la Sala resolvió un caso cuyos fundamentos de hecho y derecho son similares al presente. En esa oportunidad, la Sección analizó la procedencia de la devolución de un arancel pagado en exceso por la sociedad Productos Alpina Alimenticios S.A., que había sido negada por la Administración de Aduanas de Cartagena, con fundamento en la presunta configuración de un beneficio concurrente, habida cuenta de que la actora había llevado el mayor monto del arancel al valor del material.

La Sala reiterará la posición adoptada en dicha providencia.

2.1. Pues bien, sea lo primero precisar, que la solicitud de devolución fue presentada después de que la administración profiriera liquidación oficial de corrección, en la que reconoció la existencia de un pago en exceso en relación con 24 declaraciones de importación presentadas en el año 2003, que amparaban mercancía clasificada en la subpartida arancelaria 39.20.30.00.10, que de conformidad con el Decreto 2314 de 2002 (arts. 1º y 2º)(2), está sujeta a un arancel del 5%, el cual fue pagado en tarifa del 10%.

Así las cosas, no es motivo de discusión la existencia de un pago en exceso por valor de $ 157.444.323.

2.2. El artículo 438 de la Resolución 4240 de 2000 previó la procedencia de ese tipo de liquidación oficial a solicitud de parte para establecer el monto real de los tributos aduaneros, en los casos en que se reclaman pagos en exceso. A través de tales liquidaciones, la Administración Aduanera puede llevar a cabo estudios de la tarifa para determinar el verdadero monto de los tributos aduaneros.

3. De la devolución de tributos aduaneros

3.1. El artículo 548 del Decreto 2685 de 1999 estipuló la solicitud de devolución de tributos aduaneros y demás sumas pagadas en exceso en cuatro casos específicos:

i) Cuando se hubiere declarado y pagado una suma mayor a la debida por concepto de dichos tributos; ii) cuando se hubiere pagado una suma mayor a la declarada y debida; iii) cuando la declaración y el pago se hubieren realizado sin la respectiva autorización de levante de la mercancía o con autorización parcial; y, iv) cuando se hubieren realizado pagos por concepto de derechos antidumping o compensatorios provisionales que no se hubieren impuesto definitivamente.

3.2. Así mismo, el Estatuto Aduanero ordena reconocer oficiosamente las sumas pagadas en exceso que se detectan al resolver los recursos de la vía gubernativa (par. 1º ibídem).

3.3. Tales solicitudes están sujetas a los requisitos señalados en los artículos 549 y 550 ibídem.

Los primeros, referidos a la presentación y forma misma de la solicitud: Según la regulación legal, dicha petición debe hacerse en forma personal por el declarante o su representante legal, con la exhibición de su documento de identidad, o por el apoderado, con la exhibición de su tarjeta profesional de abogado, en los formatos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y acompañando los siguientes documentos:

• Certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente, con anterioridad no mayor de cuatro (4) meses, cuando se trate de personas jurídicas.

• Copia del mandato, cuando se actúe a través de una Sociedad de Intermediación Aduanera.

• Copia del poder otorgado, cuando se actúe mediante apoderado.

• Garantía a favor de la Nación - Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, otorgada por entidades bancarias o compañías de seguros, cuando el solicitante se acoja a esta opción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 860 del Estatuto Tributario, cumpliendo con los requisitos que establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para el efecto.

Los requisitos anteriores operan concurrentemente con los de carácter especial, asociados a la información y anexo de los siguientes datos y documentos:

• El número y fecha de aceptación de la declaración de importación, del autoadhesivo del recibo de pago y de la liquidación oficial de corrección que determinó el pago en exceso, cuando sea el caso.

• El original y la tercera copia de la misma declaración, cuando no se haya autorizado el levante total de la mercancía.

• El número y fecha de aceptación de la declaración de importación o recibo de pago, en el que conste la cancelación de los derechos antidumping o compensatorios y la copia del acto o providencia a través del cual se hayan establecido, cuando se hubieren impuesto de manera definitiva.

• Tratándose de la devolución de impuesto sobre las ventas por la importación de bienes que originan descuento tributario en renta o impuesto descontable en ventas, el certificado de revisor fiscal o contador público según el caso, en el que conste que el valor solicitado no se ha contabilizado ni se contabilizará como costo o deducción, ni se ha llevado o llevará como descuento tributario ni impuesto descontable; o la manifestación por escrito del importador en tal sentido, cuando no esté obligado a llevar contabilidad.

• Los demás documentos necesarios para comprobar el pago en exceso.

3.4. Recibida la solicitud de devolución por la Administración de Aduanas con jurisdicción y competencia en el lugar donde se efectuó el pago, esta puede rechazarla en forma definitiva solo en tres eventos claramente listados en el artículo 553 ibídem, que señala:

“Las solicitudes de devolución o compensación se rechazarán en forma definitiva cuando:

a) Se presentan extemporáneamente;

b) El saldo materia de la solicitud ya hubiere sido objeto de devolución o compensación.

c) Como (sic) del resultado de la investigación de la solicitud de devolución o compensación, se produzca una liquidación oficial donde se genere un saldo a pagar”(3).

3.5. A su vez, la presentación de solicitudes sin el lleno de los requisitos anteriormente señalados, la existencia de error aritmético en la declaración que registra el valor objeto de devolución y la iniciación de procedimientos administrativos para imponer sanciones por infracciones aduaneras, definir la situación jurídica de la mercancía y expedir liquidaciones oficiales, generan la inadmisión de la solicitud dentro de los 15 días siguientes a la radicación de las respectivas peticiones (art. 554); y, solo si la causal que provocó la inadmisión no se subsana oportunamente, la solicitud se rechaza definitivamente(4).

4. De la procedencia del rechazo definitivo de la solicitud de devolución del arancel pagado en exceso por Alpina S.A.

4.1. Los fundamentos de los actos demandados permiten relacionar la causal de rechazo tanto con la ausencia del requisito especial previsto en el literal d) del artículo 550 del Decreto 2685 de 1999, como con la transgresión de la prohibición de beneficios fiscales concurrentes, señalada en el artículo 23 de la Ley 383 de 1997.

En cuanto al primer supuesto, el literal referido dispone:

“Cuando se solicite la devolución del impuesto sobre las ventas por la importación de bienes que den derecho a descuento tributario en el impuesto sobre la renta, o a impuesto descontable en el impuesto sobre las ventas, deberá adjuntarse certificado de revisor fiscal o contador público, según el caso, en el que conste que el valor solicitado no se ha contabilizado ni se contabilizará como descuento tributario ni impuesto descontable; o la manifestación por escrito del importador en tal sentido cuando no esté obligado a llevar contabilidad”.

4.2. El precepto anterior advierte dos presupuestos para que opere el requisito especial de certificación, referidos al tributo aduanero no debido o pagado en exceso:

a) El tipo de tributo objeto de devolución: impuesto sobre las ventas

b) El hecho que genera el tributo pagado: la importación de bienes

Y un tercer presupuesto, relacionado con una condición material exclusiva de los bienes importados: que den derecho a descuento tributario en el impuesto sobre la renta, o impuesto descontable en el impuesto sobre las ventas.

4.3. La solicitud de devolución objeto de este proceso es esencialmente ajena a los presupuestos señalados, porque no recae sobre el impuesto a las ventas generado en las operaciones de importación realizadas por la actora, sino sobre el porcentaje de arancel pagado en exceso, que fue reconocido fiscalmente por la Liquidación Oficial de Corrección Nº 001684 del 29 de agosto de 2005.

Al respecto es necesario aclarar, que de conformidad con el artículo 1º del Decreto 2685 de 1999, el impuesto sobre las ventas y los impuestos al consumo causados con la importación, las sanciones, las multas y los recargos al precio de los servicios prestados, no se consideran derechos de aduana, y los gravámenes arancelarios son los derechos contemplados en el Arancel de Aduanas.

En otras palabras, su cobro conjunto no desdibuja el hecho de que ambas cargas tienen diferente naturaleza:

Los aranceles objeto de la solicitud de devolución rechazada por los actos demandados son gravámenes externos que recaen sobre la operación de comercio exterior, aplicados por efecto exclusivo de la importación, y distintos de los gravámenes impuestos a las mercancías internas como los impuestos al consumo que, a pesar de tener la operación de comercio exterior como hecho imponible, son típicos gravámenes internos.

4.4. En este orden de ideas, no era necesario que la actora acreditara que no trasladó el mayor valor del arancel a otros conceptos de los que derivara un descuento tributario, pues ese requisito se predica del impuesto a las ventas, que, se repite, es diferente al arancel aduanero.

4.5. No puede perderse de vista, además, que las eventuales implicaciones que podría tener el traslado de ese mayor valor en el impuesto de renta, no lo convierten en un descuento tributario, pues se trata de figuras diferentes.

En efecto, el descuento tributario es un beneficio que permite al contribuyente disminuir su impuesto de renta, cuando obtiene ingresos por actividades expresamente señaladas por la ley, en la proporción y límites definidas por esta. Todo, para incentivar la realización de dichas actividades, en razón a su incidencia en el crecimiento económico del país.

Se trata, por lo tanto, de un asunto de ley. De manera que los descuentos tributarios son aquellos previamente señalados por el legislador.

Por su parte, los eventuales beneficios económicos que el traslado del mayor valor del arancel le generan al importador, son producto de su diseño económico y su política mercantil, y no tienen la condición o designación legal de descuento tributario.

4.6. De otra parte, no puede hablarse de la existencia de un beneficio concurrente, por las siguientes razones:

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 383 de 1997(5), hay beneficios fiscales concurrentes cuando un mismo hecho económico genera más de un beneficio tributario para el mismo contribuyente.

Según la norma, la utilización de beneficios múltiples, basados en el mismo hecho económico, ocasiona para el contribuyente la pérdida del mayor beneficio, sin perjuicio de las sanciones por inexactitud a que haya lugar.

Para los efectos de este artículo, se considera que únicamente son beneficios tributarios concurrentes los siguientes:

a) Las deducciones autorizadas por la ley, que no tengan relación directa de causalidad con la renta;

b) Los descuentos tributarios.

Como ya se precisó, en este caso no puede hablarse de la existencia de un descuento tributario, y mucho menos de una deducción, pues estas —las deducciones—, son establecidas directamente por la ley, de manera que no pueden determinarse por vía de analogía.

4.7. Más allá de ello, es importante resaltar que las causales de rechazo definitivo de las solicitudes de devolución de tributos aduaneros son taxativas, y que ninguna de ellas se encuentra configurada en el caso concreto, por lo que, una vez reconocido el derecho al reintegro, no hay lugar a que se niegue la devolución.

4.8. Por todo lo dicho, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que declaró la nulidad de los actos demandados, con las siguientes precisiones:

La sentencia apelada no reconoció intereses corrientes a favor de la demandante, y tal aspecto no fue motivo de apelación, de manera que la Sala no puede modificarlo, más, si se tiene en cuenta que esto implicaría una desmejora de la situación de la demandada, que es apelante único.

De otra parte, la Dian solicitó que se aclarara la forma en que se causaban los intereses moratorios. Al respecto, basta recordar que la sentencia indicó que estos se liquidarían conforme con lo dispuesto en los artículos 863 y 864 del E.T.; esto es, a partir del día siguiente de la ejecutoria de esta providencia y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 7 de abril de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó actualizar el capital adeudado de acuerdo al IPC. Así mismo, ordenó reconocer intereses moratorios en los términos de los artículos 863 y 864 del E.T.

2. Reconocer personería para actuar como apoderado de la demandada, a la abogada Margarita Villegas Ponce, en los términos del poder visible en el folio 157 del cuaderno 2.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

Magistrados: Stella Jeannette Carvajal Basto, presidenta de la Sección—Milton Chaves GarcíaJorge Octavio Ramírez Ramírez.

1 C.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

2 Modificatorio del Decreto 2800 de 2001, Sección VII, plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufactura, capítulo 39, i.- formas primarias.

3 Si la DIAN no ha expedido la liquidación oficial de corrección, puede abrirse una etapa previa de verificación dentro del término previsto para devolver, respecto de las solicitudes que la Administración seleccione bajo su leal saber y entender (Decreto 2685 de 1999, art. 552), para así proteger el patrimonio público frente a solicitudes carentes de causa legítima. De hecho, en el marco de las facultades de fiscalización y su incidencia en la debida distribución de las cargas públicas, el ordenamiento desconoce el carácter definitivo de las devoluciones ordenadas y autoriza revisar su procedencia dentro de los cinco años siguientes a la devolución.

4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 2 de octubre de 2003, exp. 13603 y del 3 de julio de 2008, exp. 15511.

5 Por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones.