Sentencia 2007-00143 de diciembre 18 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

Ref.: Expediente 1100131030272007-00143-01

Discutida y aprobada en Sala de 12 de noviembre de 2013.

Bogotá, D.C., dieciocho de diciembre de dos mil trece.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Jorge Obed Restrepo Maillane frente a la sentencia de 9 de marzo de 2012, proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso ordinario seguido por el recurrente y Alicia Maillani de Restrepo contra la sociedad Tethys Petroleum Company Limited.

I. El litigio

1. Los demandantes solicitaron decretar la rescisión por lesión enorme de la compraventa suscrita con su contraparte, formalizada en la escritura pública nº 2896 de 25 de noviembre de 2002, otorgada en la Notaría Cuarenta del Círculo de la capital de la República.

Subsidiariamente, pidieron que, según lo dispuesto en el artículo 1948 del Código Civil, se condene a la convocada a pagarles el noventa por ciento (90%) del precio real del inmueble, esto es, dos mil ciento cuarenta y seis millones doscientos ochenta mil doscientos pesos ($2.146.280.200), incluyendo las mejoras, equipos y servidumbres petroleras, con el respectivo ajuste por inflación e intereses que se causen (fl. 61 del cdno. 1).

2. La causa petendi se resume así (fls. 62 a 64 ib.):

a) Con el mencionado instrumento, los accionantes enajenaron a la citada persona jurídica, por doscientos millones de pesos ($200.000.000), los derechos de posesión del terreno Los Arrayanes, ubicado en la vereda Rubiales del municipio de Puerto Gaitán, constituido por los lotes A y B, junto con las mejoras, construcciones y demás inmuebles por adhesión y destinación allí existentes.

b) Esa cantidad es muy inferior al cincuenta por ciento (50%) del justo precio, tasado en dos mil seiscientos seis millones novecientos setenta y ocho mil pesos ($2.606.978.000), de acuerdo con el avalúo de la Lonja Inmobiliaria de Villavicencio, la medición del área y la valoración de las servidumbres petroleras.

c) En la negociación no se incluyó ni canceló el monto real de los prenombrados gravámenes, no obstante su preexistencia de más de ocho años, el carácter imperativo que tienen por mandato del Código de Minas, y que generan un “plus valor y/o valorización” que debió retribuirse por la adquirente.

d) El área declarada del predio en la escritura pública de compraventa es inferior, en 1.181,25 hectáreas, a la que verdaderamente le corresponde, circunstancia que hace aún más notorio el desequilibrio económico.

e) La conciliación extrajudicial entre los litigantes se adelantó entre el 22 de noviembre y el 14 de marzo de 2007, fecha esta última en la que se declaró fallida, de lo que se dejó constancia en el acta registrada el 16 de marzo siguiente.

f) El término prescriptivo estuvo “suspendido”, según el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, “hasta tres (3) días hábiles siguientes al registro del certificado”, completados el 22 de marzo de 2007, por lo que la acción en cuestión deviene oportuna atendiendo la fecha del acuerdo censurado.

2. La convocada se opuso a las pretensiones y adujo como defensas de fondo la “improcedencia de la acción”, “falta de valor probatorio del avalúo comercial y medición del predio aportado por la actora” y “prescripción de la acción”; esta última formulada también como excepción previa, junto con las de “ineptitud de demanda por indebida acumulación de pretensiones y falta de requisitos formales” (fls. 1 a 5 del cdno. 2).

3. El juzgado de conocimiento profirió sentencia anticipada el 10 de junio de 2011, en la que declaró probada la prescripción alegada y, en consecuencia, terminó el proceso.

4. El 9 de marzo de 2012, el Tribunal confirmó esa decisión al desatar la alzada propuesta por Jorge Obed Restrepo Maillane (fls. 15 a 27 del cdno. 4).

II. Fundamentos del fallo impugnado

Admiten la siguiente síntesis:

1. Los presupuestos procesales aparecen acreditados y no se advierte irregularidad que invalide lo actuado.

2. Contrario a lo señalado por la parte recurrente, la norma que regula las excepciones que aquí se formularon como previas es el artículo 6º de la Ley 1395 de 2010, por estar vigente para cuando se surtió el enteramiento de la admisión del escrito introductor.

En efecto, tal legislación entró en vigor el 12 de julio de dicho año, y disciplina las situaciones jurídicas vigentes para ese momento, entre ellas, la que es objeto de estudio.

Además, la normatividad adjetiva es de aplicación general inmediata, sin perjuicio de los actos procesales cumplidos de conformidad con la legislación anterior, lo que emerge del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, según el cual: “las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”. Y se ratifica con el precepto 38 ibídem que establece que todo contrato está regido por la preceptiva vigente al tiempo de su celebración, directriz de la que se exceptúan “las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato”.

Siguiendo esa orientación, adicionalmente, el estatuto procesal civil dispone en el artículo 699 que “en los procesos iniciados antes, los recursos interpuestos, la práctica de las pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, se promovió el incidente o principió a surtirse la notificación”.

3. El contrato materia de debate fue protocolizado mediante la escritura pública 2896 de 25 de noviembre de 2002, mientras que la demanda se introdujo a reparto el 22 de marzo de 2007; es decir, que entre una y otra fecha transcurrieron cuatro años, tres meses y veintiocho días, operando así el fenómeno prescriptivo previsto en el artículo 1954 del Código Civil, que establece que la acción rescisoria por lesión enorme expira en un cuatrienio.

4. La celebración de la audiencia de conciliación extrajudicial no tuvo la virtualidad de interrumpir sino de suspender por tres meses el término de prescripción.

Así las cosas, si a los cuatro años que se cumplían el 25 de noviembre de 2006, se le suma el respectivo trimestre, el plazo para intentarla vencía el 26 de febrero de 2007, pero como el escrito genitor se radicó el 22 de marzo ulterior, “la acción ya se encontraba prescrita”.

Ciertamente, el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 dispone, por un lado, que con la petición de acuerdo extrajudicial en derecho se “suspende” el recorrido de la prescripción o de la caducidad, según el caso; y, por el otro, consagra los momentos a tener en cuenta para su reanudación, a saber: “i) cuando el acta de conciliación se haya registrado, ii) cuando se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la misma norma, y iii) cuando se venza el término de tres (3) meses a que se ha hecho referencia”, pero acotando que se debe tenerse en cuenta el término que primero acaezca.

Quiere ello decir que si la audiencia se efectuó más allá de “los tres meses” previstos en el ordenamiento, ese será el tiempo de la “suspensión”, ya que la norma claramente señala “lo que ocurra primero”, circunstancia que debió ser prevista por la demandante.

II. La demanda de casación

Dos ataques se formularon con base en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, de los cuales únicamente se admitió el inicial.

Primer cargo

Acusa la sentencia de violar rectamente el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, por interpretación errónea de su espíritu, que trae como consecuencia la indebida aplicación del 1954 del Código Civil.

Se sustenta de la manera que pasa a exponerse:

1. A partir de un estudio realizado por para una maestría en Derecho, cuyas fuentes y metodología aquí se siguen, se halla que el efecto de la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial consiste en interrumpir, que no suspender, los términos de prescripción y caducidad.

2. El precepto 21 ibídem consagra que “La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.

No obstante su aparente claridad, y que desde una perspectiva exegética la conclusión sería que el corolario de la radicación de la petición conciliatoria es la “suspensión” del plazo extintivo, resulta preciso desentrañar su significado a través de las reglas hermenéuticas pertinentes.

3. El método gramatical enseña que en el lenguaje común “suspensión” e “interrupción” tienen el mismo significado, pues, denotan una parálisis en el tiempo.

Sin embargo, jurídicamente esas palabras ofrecen alcances disímiles. Así por ejemplo, el artículo 2593 del Código Civil indica que la prescripción que extingue las acciones se interrumpe natural o civilmente, aquella por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación, y esta por la demanda judicial; mientras que el 2530 de esa codificación reserva la suspensión para los incapaces y quienes se encuentren en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho.

En esa tónica, la doctrina, Hinestrosa, Azzritti y Scarpello, explica que la “suspensión” es una “detención del curso del tiempo útil”, justificada como medida de protección para personas en imposibilidad de hacer valer sus derechos; en tanto que la “interrupción” refiere el advenimiento de un hecho incompatible con los presupuestos axiológicos de la figura “al punto que el tiempo transcurrido hasta entonces se borra”, y cuando se trata de la civil, se expresa en un acto formal como la demanda, la convocatoria a un tribunal de arbitramento o el simple reclamo escrito del trabajador para las obligaciones laborales.

Las citadas precisiones conducen a deducir que cuando el precepto en mención determina que la petición de conciliación “suspende el término de prescripción o de caducidad”, lo que quiso significar fue su “interrupción” en la modalidad civil, “por cuanto se trata de un acto jurisdiccional propio del acreedor que es incompatible con la negligencia propia de quienes no reclaman sus derechos a tiempo”, y que equivale a una demanda.

4. La perspectiva histórica permite ver que en la sentencia C-160 de 1999, la Corte Constitucional admitió la posibilidad de consagrar, en un futuro, la conciliación prejudicial en materia laboral como presupuesto de procedibilidad, bajo ciertas condiciones, entre ellas, que “se establezca que la petición de conciliación interrumpe la prescripción de la acción”.

Esa exigencia efectivamente se atendió en la Ley 640 de 2001, al punto que la misma corporación indicó, en su fallo C-1195 de 2001, que “este requisito [que la petición de conciliación interrumpe la prescripción de la acción] fue recogido expresamente en el artículo [...] Esta disposición, sobre la cual la Corte no emite juicio constitucional alguno, autoriza por una sola vez y de manera perentoria, la suspensión del término de prescripción o de caducidad, no prorrogable ni siquiera en el evento en que las partes decidan por mutuo acuerdo posponer la celebración de la audiencia en un período de tres meses, con lo cual se elimina la posibilidad de que las partes se aprovechen de este mecanismo para impedir la prescripción o la caducidad de la acción”.

Entonces, con esos pronunciamientos el Tribunal Constitucional hizo un uso técnico de los términos, toda vez que se refirió siempre a la “interrupción” de la prescripción.

5. El artículo 27 del Código Civil indica que “Bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestado en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento”.

Acudiendo a esa regla, se establece que el fin que persigue el pluricitado canon 21 de la Ley 640 de 2001, es proteger los intereses del acreedor al exteriorizar su voluntad de ejercitar su derecho, así como que no le fenezca el plazo para intentar su demanda mientras agota la conciliación que, eventualmente, podría demorarse por circunstancias ajenas a su voluntad.

En ese sentido, la hermenéutica que mejor consulta el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y que resulta más garantista, es aquella que entiende que la solicitud conciliatoria “interrumpe” la prescripción y la caducidad. Por esa razón, la Corte Constitucional expuso, en la sentencia C-1195 de 2001, que “uno de los fines de la conciliación extrajudicial en derecho es garantizar el derecho de acceso a la justicia”.

6. El ad quem no atendió el espíritu real de la mentada norma, esto es, no fue más allá de su expresión semántica. De hacerlo, habría advertido que el cuatrienio fijado en el artículo 1954 principió de nuevo a correr el 22 de noviembre de 2006, data de formulación de la convocatoria a “audiencia de conciliación”.

Consideraciones

1. Los demandantes solicitaron decretar la rescisión por lesión enorme de la compraventa suscrita con su contraparte, formalizada en la escritura pública nº 2896 de 25 de noviembre de 2002, otorgada en la Notaría Cuarenta del Círculo de la capital de la República.

2. El Tribunal confirmó la sentencia anticipada del a- quo, que declaró probada la excepción de prescripción, planteada como previa, al haberse formulado la demanda el 22 de marzo de 2007, esto es, transcurridos más de cuatro años desde la fecha del contrato, aun teniendo en cuenta los tres meses de suspensión del término extintivo por virtud de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001.

3. El impugnante aduce que el ad quem interpretó erróneamente del anterior precepto, porque la hermenéutica que mejor consulta el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y que resulta más garantista, es aquella que entiende que la solicitud conciliatoria “interrumpe” la prescripción, deducción que de haberse efectuado, conduciría a señalar que el cuatrienio empezaba a correr, nuevamente, el 22 de marzo de 2007 y que, por ende, no se estructuraba la defensa “previa” en cuestión.

4. Para que haya violación de normas sustanciales por vía directa, se requiere que el recurrente demuestre los falsos juicios que de ellas hizo el sentenciador, bien sea porque no tuvo en cuenta las que gobernaban el caso, aplicó preceptos que le son completamente ajenos o, a pesar de haber acertado en su selección, les dio un alcance que no tienen.

Como en reiteradas oportunidades lo ha advertido la Corte, entre ellas, en sentencia de 17 de noviembre de 2005, exp. 7567, reiterada el 15 de noviembre de 2012, exp. 2008-00322, “...Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesión producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acción u omisión, en la labor de escogencia y exégesis de la regulación que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador (...). En tal sentido ha precisado la Corte que la ‘violación directa de las normas sustanciales, que como motivo de casación contempla la causal primera del artículo 368 ibídem, acontece cuando el sentenciador, al margen de toda cuestión probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposición sustancial a que debía someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extrañas al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposición rectora del asunto, yerra en la interpretación que de ella hace, y que, por lo mismo, cuando el ataque en casación se funda en la causal que se comenta, compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o erróneamente interpretados, prescindiendo, desde luego, de cualquier consideración que implique discrepancia con las apreciaciones fácticas del sentenciador, cuestión esta que sólo puede abordarse por la vía indirecta”.

5. Los hechos con trascendencia para adoptar esta decisión, indiscutibles por invocarse la violación directa de la ley sustancial, son los siguientes:

a) Alicia Maillani de Restrepo y Jorge Obed Restrepo Maillane vendieron a Tethys Petroleum Company Limited el predio rural denominado Los Arrayanes, por la suma de doscientos millones de pesos ($200.000.000), acto que se elevó a la escritura pública 2896, otorgada el 25 de noviembre de 2002 en la Notaría Cuarenta del Círculo de esta ciudad (fls. 43 a 48).

b) El 14 de marzo de 2007, el abogado inscrito en el centro de conciliación y arbitraje de Conalbos certificó que el 22 de noviembre de 2006 los enajenantes citaron a la compradora para dirimir lo relativo a la resolución del negocio jurídico; que se llevaron a cabo audiencias los días 7 de diciembre, 26 de enero y 14 de marzo; y que no fue posible llegar a ningún arreglo (fls. 79 a 81).

c) El acta se registró el 16 de marzo de 2007 (fl. 81).

d) El 22 de marzo siguiente, Alicia y Jorge demandaron por la vía ordinaria la rescisión por lesión enorme del acuerdo de voluntades (fls. 61 a 66).

e) El libelo fue admitido el 16 de enero de 2009 por el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá, corriéndose traslado a la aludida sociedad, que esgrimió como defensas perentorias las de “improcedencia de la acción”, “falta de valor probatorio del avalúo comercial y medición del predio aportado por la actora”, “prescripción de la acción” e “innominada” (fls. 114 a 120).

f) La accionada propuso igualmente las excepciones previas de “prescripción de la acción”, “ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones” e “ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales” (fls. 1 a 5).

6. El artículo 21 de la Ley 640 de 2001 regula los efectos jurídicos que tiene el acto de presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador, señalando, puntualmente, que “...suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.

Descubrir el sentido y efectos de ese precepto constituye la esencia del debate planteado frente a la decisión del ad-quem, así como del recurso de casación propuesto por uno de los demandantes.

7. Se dice que interpretar es delimitar el significado de un término y desentrañar su sentido, armonizándolo con el conjunto al que pertenece, lo que traducido al lenguaje jurídico representa explorar el alcance de una norma, de la manera que mejor concordancia guarde con el resto del ordenamiento vigente (Biscaretti Di Ruffia, Paolo. Derecho Constitucional. Editorial Tecnos. Madrid 1965, pág. 180).

La interpretación fue el gran bastión creador del derecho romano, al reconocerse a las resoluciones de sus magistrados el linaje de fuente formal, aplicable a los casos sometidos a composición y a las situaciones surgidas de la evolución de las costumbres (Jors, Paul. Derecho Privado Romano. Labor. 1937).

De ese modo, se ajustó el derecho a las demandas planteadas por el desarrollo económico, y se instituyó un pensamiento jurídico soportado en los principios de la lealtad, fides, y de la equidad, aequitas, sin que fuera menester una gran cooperación del legislativo, sino únicamente la praxis judicial (Kunkel, Wolfang. Historia del Derecho Romano. Ariel, página 108).

La codificación de ese derecho vino a producirse en época tardía a través del Corpus Iuris Civilis, que si bien no dedicó un libro específico a la hermenéutica, si contiene algunas citas sobre su significado, como la de Giuvenzo Celsio, Dig. 1-3-17, según la cual, “No consiste el entender las leyes retener sus palabras, sino en comprender sus fines y efectos” (Universidad de Cuenca Ecuador. Revista de la Facultad de Jurisprudencia, pág. 42).

El Código Napoleón promulgado el 21 de marzo de 1804 ninguna importancia otorgó a la interpretación, por el culto mismo rendido a la ley, la creencia ciega en la omnipotencia del legislador y la fe incondicional en su infalibilidad, pensamiento sintetizado en las célebres palabras adjudicadas a Bugnet: “No conozco el derecho civil, no enseño más que el Código de Napoleón” (Geny, Francois. Método de Interpretación y Fuentes en Derecho privado Positivo. Editorial Reus. Segunda Edición, pág. 27).

Don Andrés Bello se apartó en ese aspecto de dicha obra, pues, incluyó en su Código Civil reglas dedicadas a la “Interpretación de la ley” en general, que en la versión adoptada en Colombia están, básicamente, en los artículos 25 a 32, y que corresponden a pautas de aplicación de ley al caso concreto, propias de los métodos gramatical (27, inc. 1º, 28 y 29), histórico (27, inc. 2º), lógico (27, inciso 2º y 31) y sistemático (30).

El elemento gramatical o literal indica que “Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestado en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento”.

Para algunos, esta disposición adjudica la claridad de la ley a su tenor literal, al grado que expresan: “La obra del intérprete, como hemos dicho, es reconstruir el pensamiento del legislador, y como el legislador ha formulado su pensamiento en un texto, la ley es la expresión del pensamiento del legislador. Cuando la ley es clara, tenemos este pensamiento netamente declarado, conocemos la intención del legislador por su propia boca y no podemos eludirla; y el juez debe, por graves que sean las consideraciones que se puedan oponer a la ley, aplicarla tal como está escrita” (Claro Solar, Luis. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. Nascimento-Santiago, 1941).

Otros en cambio exponen que una detallada lectura del precepto ilustra que la “claridad” proviene no propiamente de las palabras de las que se valió el legislador, sino del sentido, contenido o alcance que el mismo pueda tener (ratio legis), deducción afincada, además, en un dato histórico: Andrés Bello tomó el criterio gramatical del artículo 13 del Código Civil de Louisiana de 1825: “Cuando una ley es clara y libre de toda ambigüedad, su tenor no puede ser desconocido, bajo el pretexto de buscar su espíritu”, y adrede lo modificó para dejarlo así: “Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu” (Ducci Claro, Carlos. Interpretación Jurídica en General y en la Dogmática Chilena. Editorial Jurídica de Chile, pág. 91 a 193).

Este último es, precisamente, el entendimiento que la Corte le ha dado recientemente al método de interpretación gramatical, al decir que “el sentido y alcance de la norma se mide por su intención y no por las palabras con que ella se exterioriza”; agregando que “[ajunque en algunas ocasiones la redacción misma del precepto de que se trate refiere de manera explícita la finalidad que va envuelta en la ley (ratio legis); ello no ocurre todas las veces, por lo que a menudo es preciso indagar por esa intención a la luz de las reglas de interpretación previstas en la ley civil o, en su defecto, se determinará su sentido genuino “del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación”, esto es según el significado que adquiera la norma dentro del contexto del sistema jurídico; y a partir de los dictados de la equidad natural. (C.C. art. 32)” (sentencia de casación de 14 de diciembre de 2012, exp. 00058-01).

Así las cosas, la labor interpretativa de una norma de ninguna manera puede circunscribirse, exclusivamente, a las palabras en las que se expresa, sino que, su verdadero sentido conlleva un análisis integral del texto, su historia, la relación con otros preceptos, y la finalidad perseguida con ella.

O, como otrora enseñó la Sala: “Sabido es que todo texto normativo, cualquiera que sea el grado de claridad semántica del mismo, tiene por definición un alcance objetivo y limitado en cuya determinación racional desempeñan papel preponderante, tanto la fórmula literal en que aquél tiene expresión, primer factor este sin duda de singular importancia al tenor del artículo 27 del Código Civil, así como también el espíritu y finalidad que explican la consagración de dicho precepto por el legislador (...). En ese orden de ideas, la búsqueda del espíritu y la finalidad de la norma que guarde justa correspondencia con las exigencias de cada caso en particular, no puede quedarse en el escueto señalamiento de la intención de la ley o del legislador al adoptar dicha norma, utilizando para el efecto instrumentos gramaticales o de simple lógica formal de acuerdo a métodos por los que propugnó la escuela exegética francesa durante el siglo XIX. Se trata, por el contrario, de prohijar una perspectiva hermenéutica integral de mayor profundidad que en cada momento histórico asegure la interpretación científica y sana de las leyes, lo que de suyo supone poner en práctica, con prudente sentido de juridicidad, un procedimiento intelectual que sin desestimar a la ligera ninguno de los criterios de investigación conocidos (lit., contextual, histórico, sociológico y sistemático), tienda a obtener un resultado que sea acorde, tanto con los datos ideológicos, morales y económicos que ofrece la realidad social al tiempo en que el precepto ha de ser aplicado, como con los dictados de la equidad cual lo impone hoy en día el art. 230 de la C.N. (...)”. Sentencia de 8 de junio de 1999. Exp. 5127.

8. Con el propósito de conferir seguridad jurídica, la ley establece términos específicos de prescripción que, una vez cumplidos, acarrean la extinción de los derechos. En todo caso, el cómputo de esos plazos no es fatal, en la medida en que el ordenamiento prevé como causas de su prolongación: la suspensión y la interrupción.

La última, deja sin efecto todo el lapso transcurrido hasta el momento en que se produce el acto jurídico que la ocasiona, e impone que comience a contarse una vez más e íntegramente el plazo, si se desea obtener la prescripción liberatoria.

La otra, detiene el tiempo que dure la situación que imposibilita ejercitar los derechos, pero una vez desaparecida permite que el conteo se renueve, sin hacer tábula rasa de lo ya transcurrido.

Esa diferencia es explicada por Mazeaud y Chabas así: “El curso normal del término se puede ver entorpecido por algunos incidentes que interrumpen o que solamente suspenden la prescripción [...J La interrupción acaba con la prescripción al borrar retroactivamente todo el tiempo transcurrido, de forma que si después de la interrupción, la prescripción vuelve a comenzar, el tiempo anterior no se cuenta. Por el contrario, la suspensión de la prescripción es una simple detención del tiempo en el decurso del término; no borra el tiempo pasado; mientras obra la causa de la suspensión, el término no corre; pero en cuanto cesa dicha causa, la prescripción retoma la cuenta donde quedó; al tiempo nuevo se suma el anterior” (citados por Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones, 2ª Edición. Pág. 839).

Y en la doctrina Colombiana, Valencia Zea hace el contraste en la siguiente forma: “La interrupción es el fenómeno en virtud del cual se pierde el tiempo hábil que había corrido para extinguirse una obligación. Puede ser natural o civil”; mientras que en la suspensión “se le cuenta al deudor el tiempo anterior a ella, si hubo alguno” (Derecho Civil. Tomo III de las Obligaciones. Temis. Octava Edición. Pág. 468).

9. El artículo 21 de la Ley 640 de 2001 optó clara e inequívocamente por asignarle efectos de “suspensión” a la presentación de la solicitud de conciliación.

Es decir, acudiendo al sentido jurídico del vocablo que acaba de enmarcarse en comillas, el escrito petitorio del arreglo no suprime el tiempo recorrido por la prescripción y la caducidad, sino que lo paraliza hasta cuando se dirima la disputa, se registre el acta en los casos en los que sea necesario, se expida la constancia a que se refiere el artículo 2º, o venza el término de tres meses dispuesto para el trámite, “lo que ocurra primero”.

El uso de la preposición “hasta” tampoco es accidental en la redacción del texto, pues, ella denota o resalta el final de un espacio de tiempo, en el que no transcurren prescripción o caducidad, precisamente por haber estado en suspenso ante la eventual culminación de la disputa por un acuerdo extrajudicial, anterior al proceso. Respecto de este particular, la Nueva Gramática de la Lengua Española, páginas 164 y 165, destaca que “como preposición, hasta indica habitualmente el límite de un proceso, un espacio o una situación”.

10. La historia fidedigna de la norma, latente en su proceso de formación, evidencia, además, que desde la presentación del proyecto de ley a consideración de las plenarias de Senado y Cámara, la intención del legislador en ningún momento fue otorgarle efectos de interrupción al petitorio de conciliación extrajudicial, y menos que el legislador, en un acto de impericia o descuido, hubiese confundido el significado jurídico de suspensión e interrupción, o que los utilizara indistintamente ignorando su alcance.

En efecto, en el informe para el primer debate en el Senado, la ponente propuso un artículo intitulado “Suspensión de caducidad”, del siguiente contenido: “El término de prescripción, o el de caducidad, según el caso, no correrá desde el recibo de la solicitud hasta por un plazo que no exceda de sesenta (60) días. Para este efecto, el plazo de caducidad o el de prescripción se entenderá adicionado por el de duración de la etapa conciliatoria” (Gaceta Judicial 562 de 1999, pág. 13).

En la segunda oportunidad en la que se acudió a la plenaria de esa misma Corporación, se hizo una modificación al artículo que resaltó, una vez más, la clara intención de conferirle consecuencias suspensivas a la petición conciliatoria. El precepto se llevó así: “El término de caducidad o el de prescripción de la acción de la acción, según el caso, no correrá desde el recibo de la solicitud, hasta por un plazo que no exceda de sesenta días. Para este efecto, el plazo de caducidad o el de prescripción se entenderá adicionado por el de duración de la etapa de conciliación” (Gaceta Judicial 218 de 2000, pág.).

En la Cámara, la exposición de motivos no relieva nada diferente en lo relativo a los efectos de la petición de conciliación. Allí se dijo: “el pliego regula lo relacionado con la suspensión de prescripción o de caducidad, según el caso, una vez presentada la solicitud de conciliación extrajudicial, señalándose que opera por una sola vez y por el término de tres meses. Con esta norma se eliminaron los inconvenientes que se han venido presentando cuando las partes solicitan extrajudicialmente más de una audiencia de conciliación, con el convencimiento que con cada solicitud operaba la suspensión de la prescripción o caducidad y conllevando a que posteriormente la misma fuera declarada en estrados judiciales. De la misma forma se aclara que vencido el término de tres meses establecido para la suspensión de la caducidad o prescripción, estos empezarán nuevamente a operar así no haya concluido la etapa conciliatoria” (Gaceta Judicial 451 de 2000).

Nada cambió en el segundo debate en dicha célula, pues, en esa oportunidad el congresista encargado de la proposición indicó: “En la norma se establece que la audiencia deberá surtirse dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud de conciliación, que es el mismo lapso durante el cual la ley suspende los términos de prescripción o de caducidad para posibilitar acudir al mecanismo conciliatorio para resolver controversias. Sin embargo, conscientes de que algunos acuerdos pueden requerir de más tiempo, se podrá prolongar el término si las partes de común acuerdo así lo deciden. Con todo es muy claro que la suspensión de términos por tres meses no variará por esta decisión ya que este plazo es improrrogable”.

11. Una interpretación sistemática del artículo 21 de la Ley 640 de 2001 fortalece la conclusión de que la solicitud de conciliación extrajudicial suspende los términos de prescripción y de caducidad, y de ninguna manera los interrumpe.

Es así que de acuerdo con el diseño normativo previsto por el legislador, la interrupción civil es un acto formal que emerge, exclusivamente, en los casos previstos en la ley, númerus clausus.

Siguiendo esa premisa, el inciso tercero del artículo 2539 del Código Civil dice: “Se interrumpe civilmente [la prescripción extintiva] por la demanda judicial”, lo que vino a desarrollar el 90 del Código de Procedimiento Civil: “La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad...”, y hoy en día el 94 del Código General del Proceso: “La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad...”.

Las veces en las que el legislativo ha dado secuelas de interrupción a actos diferentes a la demanda, ha sido por medio de preceptos que categóricamente lo señalan; por ejemplo, el artículo 53 de la Ley 23 de 1991 expresa: “La solicitud de conciliación suspende la caducidad e interrumpe la prescripción, según el caso, si el solicitante concurre a la audiencia dispuesta por el Defensor de Familia; y tendrán el mismo efecto si el proceso judicial se promueve dentro de los tres meses siguientes a la fecha del fracaso de la conciliación por cualquier causa”.

En consecuencia, el armónico entendimiento del artículo 21 de la Ley 640 de 2001, con otras reglas del sistema, no permite deducir que el reclamo conciliatorio ostente la posibilidad de interrumpir civilmente prescripción y caducidad, pues, de haber sido así, se requería un expreso e inequívoco señalamiento del legislador en ese sentido.

12. Analizado el asunto desde el punto de vista de la lógica y de la finalidad de la norma, ningún resultado absurdo o contrario a la garantía fundamental de acceso a la administración de justicia, se infiere al interpretar que el artículo 21 varias veces citado previó la suspensión de la prescripción y de la caducidad como secuela jurídica de la radicación del pliego conciliatorio.

En efecto, si bien la conciliación prejudicial es obligatoria para ciertos procesos como el ordinario, la suspensión del término prescriptivo o el de caducidad mientras se realiza no genera consecuencias lesivas para los intereses de quienes en el futuro llegarán a ser parte en un estrado judicial, dado el carácter temporal y delimitado de aquella, que en ningún caso puede ser superior a los tres meses.

Así, el accionante estará habilitado para oportunamente demandar y evitar que su acción caduque o su derecho se extinga por inacción; mientras que el convocado, si se supera por el actor el límite de tiempo contemplado en la ley, podrá invocar en el juicio la “caducidad de la acción” o la “prescripción extintiva del derecho”.

La hermenéutica que propone el censor, por el contrario, delanteramente implicaría la concesión de una ventaja al acreedor, o solicitante de la conciliación, puesto que, en un espacio que no es propiamente el del proceso, le otorgaría como beneficio la eliminación de términos que corrían en su contra, bien para caducar la acción, o para fenecer el derecho.

13. Es evidente, entonces, de acuerdo con las motivaciones precedentes, que el Tribunal interpretó adecuadamente el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, al concluir con arreglo a su texto, sus antecedentes fidedignos, el sistema jurídico y la finalidad y alcance de la norma, que en el caso de este proceso la conciliación extrajudicial en derecho que intentaron las partes “suspendió” el término de prescripción por el término de tres meses, y que sumado el mismo al tiempo transcurrido entre el acto impugnado y la petición conciliatoria, para la fecha de la demanda, 22 de marzo de 2007, la acción ya había fenecido por correr “cuatro años (4) y veinticuatro (24) días, superándose así los límites consignados en el citado artículo 1954 del Código Civil”.

14. El cargo, por consiguiente, no prospera.

15. Como la decisión es adversa al impugnante extraordinario, de conformidad con el último inciso del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el 19 de la Ley 1395 de 2010, se le condenará en costas, y se fijarán en esta misma providencia las agencias en derecho, para lo cual se tendrá en cuenta que el libelo fue replicado (fls. 137 a 144).

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 9 de marzo de 2012, proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario seguido por el recurrente y Alicia Maillani de Restrepo contra la sociedad Tethys Petroleum Company Limited.

Costas a cargo del impugnante, que serán liquidadas por la Secretaría, la que incluirá la suma de seis millones de pesos ($6.000.000) por concepto de agencias en derecho.

Notifíquese y devuélvase.

Magistrados: Margarita Cabello Blanco—Ruth Marina Díaz Rueda—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona—Jesús Vall De Rutén Ruiz.