Sentencia 2007-00149/41319 de mayo 24 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Rad.: 70001-23-31-000-2007-00149-01 (41319)

Actor: Sergio Rodrigo Márquez Racini

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación

Referencia: Acción de Reparación Directa

Bogotá D.C., veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete

Temas: Responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia - pérdida de una letra de cambio dentro de una investigación penal, que sería usada por el actor para cobrar una obligación dentro de un proceso sucesoral / pérdida de la oportunidad del actor de continuar el cobro judicial de su título valor.

Extractos: «II. Consideraciones.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) la competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2) oportunidad de la acción; 3) legitimación en la causa; 4) valor probatorio de las copias simples y de las pruebas sobrevinientes; 5) responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; 6) la determinación de la responsabilidad de la Nación-Fiscalía General de la Nación en el caso concreto - pérdida de la oportunidad del actor de continuar el cobro judicial de su letra de cambio; 7) liquidación de perjuicios; 8) decisión sobre costas.

1. Competencia.

Teniendo en cuenta que en los asuntos relativos a la responsabilidad del Estado por el error judicial, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad, el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 estableció la privación injusta de la libertad, el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 estableció la competencia privativa de los Tribunales Administrativos en primera instancia y del Consejo de Estado en segunda instancia, se impone concluir que esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto(5).

2. Oportunidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos, la acción de reparación directa caduca al cabo de dos años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En el presente asunto, la Fiscalía Tercera Seccional de Sincelejo le confirmó al demandante la pérdida de la letra de cambio remitida desde el proceso sucesoral que adelantaba el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Sincelejo, mediante oficio del 29 de marzo de 2007(6) y la demanda se presentó el 17 de septiembre de 2007, esto es, dentro del término indicado en la ley.

3. Legitimación en la causa.

El señor Sergio Rodrigo Márquez Racini pretende la responsabilidad de la demandada por la pérdida de una letra de cambio con la cual fungía como acreedor dentro de un proceso sucesoral, tal como se desprende del oficio del 26 de enero de 2005 enviado por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Sincelejo al CTI de la Fiscalía de esa ciudad, donde informa el desglose del título valor endosado al demandante y el envío de la misma a ese organismo, razón por la cual, el actor se encuentra legitimado para actuar.

Por su parte, la Nación-Fiscalía General de la Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva, pues de su presunta acción u omisión es que el actor ha derivado sus pretensiones.

4. Valor probatorio de las copias simples y de las pruebas sobrevinientes.

Sobre el particular, en la Sentencia del 28 de agosto de 2013 de la Sala Plena de esta Sección por la cual se unificó el criterio jurisprudencial respecto del valor probatorio de las copias simples, se precisó que, serían valorados los documentos aportados por las partes en copia simple, que obraran a lo largo de la actuación sin ser tachados de falsos ni controvertidos por las partes.

En la misma se valoraron documentos aportados en copia simple en los siguientes términos:

“En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P).

“(…)

“Entonces, la formalidad o solemnidad vinculantes en el tema y el objeto de la prueba se mantienen incólumes, sin que se pretenda desconocer en esta ocasión su carácter obligatorio en virtud de la respectiva exigencia legal. La unificación consiste, por lo tanto, en la valoración de las copias simples que han integrado el proceso y, en consecuencia, se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido.

“Por consiguiente, la Sala valorará los documentos allegados en copia simple contentivos de las actuaciones penales surtidas en el proceso adelantado contra Rubén Darío Silva Álzate”(7).

Dicha providencia, que se fundamentó en los principios de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y de acceso efectivo a la administración de justicia, precisó que el criterio unificado se aplicaba a todos los procesos contenciosos administrativos “salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas”(8).

En el caso que se examina, los documentos allegados en copia simple por el actor no fueron tachados de falsos ni controvertidos a lo largo de la primera instancia, pues no obra manifestación alguna al respecto por parte de la entidad demandada; dado que incluso el a quo tuvo por no contestada la demanda sin protesta de parte de la accionada, que tampoco en los alegatos de conclusión en dicha instancia hizo reparo alguno a la prueba documental, por tanto, serán valorados por la Sala para proferir la decisión de fondo.

Igualmente, el actor allegó como pruebas sobrevinientes, junto con su escrito de alegatos de conclusión en primera instancia, documentos procedentes de la Fiscalía General de la Nación según los cuales se iniciaron investigaciones disciplinarias y penales contra los funcionarios a cargo de la indagación preliminar adelantada al actor por el presunto punible de falsedad documental, debido a la pérdida de la letra de cambio, base de la acreencia que pretendía cobrar el demandante dentro del proceso de sucesión(9).

Dichos documentos, obtenidos con posterioridad a la presentación de la demanda —17 de septiembre de 2007— y antes de que se dictara la Sentencia de primera instancia, se produjeron entre el 24 de octubre de 2007 y el 3 de junio de 2009 y el fallo del a quo lo fue el 5 de abril de 2011, por lo que claramente no estuvieron en manos del actor para el momento procesal oportuno de la solicitud de pruebas, sin embargo, se refieren a las gestiones hechas por la Fiscalía luego del conocimiento de la irregularidad presentada con la letra de cambio, motivo por el cual serán valorados, pues el actor no está reviviendo términos y los documentos no son posteriores al fallo de primera instancia, como lo ha advertido esta Corporación en casos similares por vía del recurso de revisión, con fundamento en el artículo 188 numeral 2 del Código Contencioso Administrativo(10).

5. Responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

La jurisprudencia de esta Corporación y la ley se encargaron de dotar de sustantividad al régimen de responsabilidad patrimonial del Estado en aquellos casos en los cuales se cuestionaba la ocurrencia de un daño causado por la acción del aparato judicial, ya fuere en el marco del tráfico procesal mismo o como consecuencia de un error judicial o jurisdiccional o en los casos de privación injusta de la libertad realizados como consecuencia de una providencia judicial.

De conformidad con los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, el legislador estableció tres hipótesis para la configuración de la responsabilidad del Estado por la actividad del aparato judicial: 1) el error jurisdiccional; 2) la privación injusta de la libertad; y, 3) el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.

En relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, esta Sección ha interpretado que la responsabilidad del Estado se puede concretar en las múltiples actuaciones u omisiones dentro de los procesos judiciales, sin origen en una providencia, que pueden constituirse en fuente de daños a terceros durante el desarrollo de los mismos(11).

Igualmente, la misma jurisprudencia ha destacado como características de este sistema de imputación las siguientes: 1) se produce frente a actuaciones u omisiones, diferentes a providencias judiciales, necesarias para adelantar un proceso; 2) puede provenir de funcionarios judiciales y particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales; 3) debe existir un funcionamiento defectuoso o anormal, partiendo de la comparación de lo que debería ser un ejercicio adecuado de la función judicial; 4) el título de imputación es el subjetivo, falla en el servicio y; 5) se manifiesta de tres formas: la administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado o funcionó tardíamente(12).

Así mismo, el artículo 29 de la Constitución Política al consagrar la garantía del debido proceso proscribe las dilaciones injustificadas en los trámites tanto administrativos como judiciales y en el artículo 228 ibídem estableció los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial, al disponer que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”. La misma garantía se prevé en el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando señala que el juicio sin dilaciones es un elemento básico del debido proceso legal, aplicable a todos los procesos judiciales.

Finalmente, la jurisprudencia de esta sección ha precisado que “en el concepto de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia están comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares de la justicia”(13).

6. La determinación de la responsabilidad de la Nación-Fiscalía General de la Nación en el caso concreto - pérdida de la oportunidad del actor de continuar el cobro judicial de su letra de cambio.

En el caso que se examina, el actor hace consistir la responsabilidad de la entidad demandada en el extravío de una letra de cambio que estuvo a órdenes de la Fiscalía Tercera Seccional de Sincelejo dentro de una investigación por el delito de falsedad documental seguida al actor, la cual había sido remitida desde el proceso sucesoral del señor Pedro Emiro Vitola Cerra que cursaba en el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Sincelejo, en el que el demandante se presentó como acreedor con base en dicho título valor.

Al expediente se agregó copia simple de la letra de cambio por valor de $7’230.000, suscrita el 8 de mayo de 2002 por el señor Pedro Emiro Vitola Cerra en favor del señor Sergio Rodrigo Márquez Racini(14).

Igualmente, obra solicitud del 31 de marzo de 2004 presentada por el actor ante el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Sincelejo, a fin de ser tenido como acreedor en la sucesión intestada del señor Pedro Emiro Vitola Cerra(15).

Posteriormente, mediante oficio del 19 de noviembre de 2004, funcionarios del CTI solicitaron al Juez Primero Promiscuo de Familia de Sincelejo “el original de la letra de cambio que reposa en el proceso sucesorio 00045-2004, por la suma de $7’230.000, donde es demandante Sergio Rodrigo Márquez Racini, en cumplimiento a lo ordenado por la Fiscalía Tercera Seccional de Sincelejo(16).

En atención, a dicho requerimiento, el 26 de enero de 2005, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Sincelejo le informó al CTI que por auto del 6 de enero del mismo año ordenó el desglose del original de la letra de cambio por la suma de $7’230.000 del 8 de mayo de 2002, en favor del señor Sergio Rodrigo Márquez Racini, así como su envío a esa dependencia(17).

El 25 de abril de 2005 el CTI solicitó a la Fiscalía Tercera Seccional de Sincelejo una serie de documentos a fin de contar con el material suficiente para emitir su informe grafológico, respecto de la letra de cambio del 8 de mayo de 2002 por valor de $7’230.000, según la misión de trabajo encomendada por ese despacho fiscal(18).

No obstante, sin haberse producido el informe grafológico requerido, mediante providencia del 8 de abril de 2005 la Fiscalía Tercera Seccional de Sincelejo profirió resolución inhibitoria dentro de la investigación que se adelantaba contra el hoy demandante, por un presunto delito contra la fe pública. Sin embargo, también ordenó requerir el resultado del estudio grafológico(19).

Como consecuencia, el 22 de marzo de 2007, el actor presentó un escrito en el cual invocó su derecho de petición al Director Seccional de Fiscalías de Sucre y solicitó una certificación sobre el extravío de la ya referida letra de cambio(20).

En atención a dicha solicitud, el 29 de marzo de 2007, el Fiscal Coordinador de la Unidad de Patrimonio Económico de Sincelejo expidió certificación en los siguientes términos:

“...una vez revisado el sistema SIJUF de la Fiscalía, que bajo el radicado 45.212 adelantó la Fiscalía Tercera Seccional a cargo del Dr. Hasley Cogollo Hernández, oficiando como técnico judicial el señor Miguel Peinado Herrera, se adelantó investigación previa con ocasión de la denuncia presentada por Claudia Patricia Vitola Caraballo, por la probable conducta punible de falsedad en documento privado, la cual se inició el 25 de mayo de 2004, habiéndose proferido resolución inhibitoria el 8 de abril de 2005 y archivadas las diligencias el 22 de abril siguiente.

“Ya al frente de la Coordinación de la Unidad de Patrimonio Económico y Fe Pública y por conocimiento personal también certifico que de esa investigación previa hizo parte una letra de cambio por valor de $7’230.000 que según lo expresado por el Dr. Cogollo Hernández y el señor Miguel Peinado no milita en la investigación archivada, por lo que se encuentra extraviada o perdida (21)(Negrillas fuera de texto).

Dicha circunstancia fue informada por el actor al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Sincelejo y solicitó, además, que ese despacho hiciera un requerimiento a la Fiscalía para que certificara directamente al Juzgado la pérdida de la letra de cambio y se continuara con el proceso de sucesión para hacer efectiva la deuda(22).

Mediante Auto del 15 de junio de 2007 el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Sincelejo requirió a la Fiscalía a fin de que informara el paradero de la letra de cambio, lo cual ya había solicitado ese despacho, según oficio del 21 de febrero de 2007, como se anota en dicha providencia. Igualmente, en cuanto a la posibilidad de continuar la sucesión con una certificación sobre la pérdida de la letra de cambio, ese Juzgado se abstuvo de pronunciarse por considerarlo prejuzgamiento(23).

Así mismo, se allegó como prueba sobreviniente el oficio del 30 de octubre de 2008, suscrito por el Jefe de la Oficina de Veeduría y Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación, según el cual por auto del 3 de septiembre de 2008 dio apertura a una indagación preliminar, en averiguación de responsables y decretó pruebas, a fin de establecer la posible comisión de una falta disciplinaria debido a la pérdida de la letra de cambio(24).

Adicionalmente, según oficio del 3 de junio de 2009, suscrito por el Coordinador del Grupo de Control Disciplinario Interno de la Fiscalía General de la Nación, el actor podía accionar los medios legales pertinentes a fin de que le fueran resarcidos los daños ocasionados con la pérdida de la letra de cambio(25). Además, señaló que mediante auto del 21 de septiembre de 2007, suscrito por el entonces Director Seccional de Fiscalías de Sucre, se ordenó la respectiva acción penal.

Como antes se precisó, el defectuoso funcionamiento se materializa en actividades por la cuales se desarrolla el proceso judicial, distintas a las providencias jurisdiccionales, incluyendo todas las acciones y omisiones no solo de los funcionarios y empleados judiciales sino también de los particulares investidos de funciones jurisdiccionales y de los auxiliares de la justicia.

De todo lo allegado al plenario observa la Sala que la negligencia de la demandada es flagrante, dado el reconocimiento que hizo el Fiscal Coordinador de la Unidad de Patrimonio Económico de Sincelejo al responder el derecho de petición del actor, según el cual el Fiscal Tercero Seccional de esa ciudad aceptó que la letra de cambio por valor de $7’230.000, que tuvo en su poder con ocasión de la indagación preliminar por un presunto delito contra la fe pública en contra del actor, no se hallaba dentro de la investigación ya archivada, pues se encontraba “extraviada o perdida”.

En efecto, se demostró que el título valor era la base de la acreencia que el demandante había presentado en el proceso de sucesión del señor Pedro Emiro Vitola Cerra, a fin de cobrar una obligación por valor de $7’230.000 y que dicho título fue agregado en original al expediente ordinario, como lo informó el Juzgado de conocimiento cuando ordenó su desglose.

Se comprobó que para el tiempo de la demanda, las gestiones de la Fiscalía para dar respuesta a los requerimientos del Juzgado y del actor fueron prácticamente nulas, pues solo dos años después de reconocer la pérdida del documento se inició una investigación preliminar disciplinaria en averiguación de responsables y, al parecer, una investigación penal, pero la demandada no demostró la eficacia de estas gestiones a fin de corregir la irregularidad presentada o resarcir el daño causado al actor, consistente en la pérdida de la letra de cambio y su consecuente imposibilidad de continuar con el cobro de la misma.

De ahí que, como lo ha alegado el actor, la irregularidad cometida por la Fiscalía Tercera Seccional de Sincelejo trajo como consecuencia que ya no contara con el título valor para el cobro de su acreencia dentro del proceso de sucesión del deudor, es decir, que ya no tuviera la oportunidad de acreditar un pasivo a cargo del causante y a su favor.

De ahí que aunque se desconozca la suerte de dicha acreencia, si habría conseguido su pago o no, si el juez de la sucesión la desestimaría o no, es un chance que el actor perdió por causa de la negligencia confesa de la Fiscalía.

En efecto, la Sala estima que el daño antijurídico que sufrió el demandante sí debe repararse, por cuanto el extravío de la letra de cambio original por valor de $7’230.000 por parte de la Fiscalía Tercera Seccional de Sincelejo, que obraba como pasivo dentro de un proceso de sucesión a nombre del actor, compromete la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada a través de la figura denominada “pérdida de oportunidad o del chance”, aspecto frente al cual la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante Sentencia del 11 de agosto de 2010(26) elaboró importantes precisiones respecto de su noción, aplicación e indemnización, como un rubro autónomo del daño, en los términos que a continuación se acogen:

“2. La ‘pérdida de oportunidad’ o ‘pérdida de chance’ como modalidad del daño a reparar.

“Se ha señalado que las expresiones ‘chance’ u ‘oportunidad’ resultan próximas a otras como “ocasión”, “probabilidad” o “expectativa” y que todas comparten el común elemento consistente en remitir al cálculo de probabilidades, en la medida en que se refieren a un territorio ubicable entre lo actual y lo futuro, entre lo hipotético y lo seguro o entre lo cierto y lo incierto, a una zona limítrofe que se corresponde con “ ... una situación en que hay un comportamiento antijurídico que ha interferido en el curso normal de los acontecimientos, de manera que ya no puede saberse si el afectado por ese comportamiento ..., habría o no obtenido cierta ganancia o evitado cierta pérdida. Es decir que para un determinado sujeto había probabilidades a favor y probabilidades en contra de obtener o no cierta ventaja patrimonial, pero un hecho cometido por un tercero le ha impedido tener la oportunidad de participar en la definición de esas probabilidades”(27).

“En ese orden ideas, la pérdida de oportunidad o pérdida de chance alude a todos aquellos eventos en los cuales una persona se encontraba en situación de poder conseguir un provecho, de obtener una ganancia o beneficio o de evitar una pérdida, pero ello fue definitivamente impedido por el hecho de otro sujeto, acontecer o conducta de este que genera, por consiguiente, la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se habría producido, o no, pero que al mismo tiempo da lugar a la certeza consistente en que se ha cercenado de modo irreversible una expectativa o una probabilidad de ventaja patrimonial(28) (...).

“La pérdida de oportunidad como rubro autónomo del daño demuestra que éste no siempre comporta la transgresión de un derecho subjetivo, pues la sola esperanza probable de obtener un beneficio o de evitar una pérdida constituye un bien jurídicamente protegido cuya afectación confiere derecho a una reparación que debe limitarse a la extensión del “chance” en sí mismo, con prescindencia del resultado final incierto, frente a lo cual resulta lógico que dicha oportunidad perdida “tiene un precio por sí misma, que no puede identificarse con el importe total de lo que estaba en juego, sino que ha de ser, necesariamente, inferior a él”, para su determinación” (Negrillas la Sala).

Lo cierto es que, como lo establece la jurisprudencia de esta Corporación, en el curso normal de los acontecimientos ocurrió un comportamiento antijurídico de la Fiscalía que no le permitió al accionante seguir persiguiendo una ganancia con base en un título valor sobre el cual ya no recaía tacha alguna, pues la investigación penal por un presunto delito contra la fe pública se había archivado en su favor y lo que procedía era retornar el documento original al proceso ordinario, donde se decidiría el pago o no de la deuda a cargo de la sucesión y en beneficio del demandante.

Además, esta Sección ha reiterado que la pérdida de oportunidad constituye un perjuicio de naturaleza autónoma, al considerar que “se ubica en el campo del daño - sin desconocer que por elementales razones guarda estrecho vínculo con la relación de causalidad, —la causalidad existente entre el hecho imputable y el daño para estructurar la responsabilidad— y por lo mismo, resulta ser un perjuicio autónomo(29).

Así mismo, se reitera, que el reconocimiento de la pérdida de oportunidad como perjuicio autónomo corresponde a una línea jurisprudencial consolidada desde el año 2010 en esta Sección, desde la providencia citada en precedencia hasta la actualidad, en aquellos casos en los que cobra mayor fuerza la incertidumbre acerca del beneficio que pudo obtener la víctima, que la prueba del nexo causal entre el hecho dañoso y el daño final, razón por la cual, en el caso que se examina, dicha línea se acoge plenamente(30).

Como consecuencia, se itera que la responsabilidad patrimonial del Estado en el sub judice, surge a causa de la pérdida de la oportunidad del actor de haber continuado el cobro del título valor a su nombre dentro de un proceso de sucesión, en el que pudo haber obtenido la ganancia que perseguía, lo cual no fue posible una vez la Fiscalía Tercera Secciona! de Sincelejo extravió el documento original, es esa oportunidad de haber continuado con la cobranza de su crédito hasta la decisión del juez ordinario la que se le negó al demandante, como en caso similar lo precisó esta Sala de Subsección en los siguientes términos:

“Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que en presente caso se encuentra probado el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia alegado en la demanda, puesto que el daño antijurídico que se configuró en el sub lite obedece a la pérdida de oportunidad de la actora de obtener, en cualquier sede judicial de las cuales hizo parte, una decisión de fondo, expectativa que se vio truncada por una falla del servicio imputable de manera exclusiva a las entidades demandadas”(31).

De conformidad con lo anterior, deberá declararse la responsabilidad del Estado por la pérdida de oportunidad del actor de continuar con el cobro de su acreencia, con ocasión de la negligencia cometida por la Fiscalía Tercera Seccional de Sincelejo, al extraviar la letra de cambio original por valor de $7’230.000.

Por todo lo expuesto, se revocará el fallo apelado.

7. Liquidación de perjuicios.

7.1. Perjuicios derivados de la pérdida de la oportunidad de la víctima directa.

Sobre el particular la jurisprudencia de esta Sección ha señalado, que como la pérdida de oportunidad constituye un perjuicio autónomo, no deviene directamente del daño, en este caso, no de la falta de cobro de la letra de cambio sino de la pérdida de la oportunidad de continuar con el mismo por vía judicial, cuya cuantía se valora de acuerdo con el principio de equidad, previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998:

“5. Indemnización de perjuicios.

“Toda vez que no obran en el expediente más elementos probatorios que puedan ser valorados con miras a establecer, con fundamento en criterios técnicos, estadísticos y apoyándose en información objetiva y contrastada, la cuantía del daño que por concepto de pérdida de oportunidad le fue irrogado a la parte demandante, la Sala acudirá al criterio de la equidad como principio que el ordenamiento jurídico — artículo 16 de la Ley 446 de 1998(32) impone tener en cuenta para efectos de reparar de forma integral el daño causado por la acción o la omisión de las autoridades públicas, a cuyo auxilio debe acudirse, además, por virtud del denominado principio pro damnato, propio del derecho de daños y que sin duda ha de hacer sentir su vigor en escenarios como el del presente caso, en el cual se encuentran acreditados todos los elementos necesarios para imponer al Estado la obligación de reparar el daño antijurídico que causó, pero resulta altamente improbable —por no decir que materialmente imposible— recaudar elementos demostrativos que permitan cuantificar de forma técnica, con apoyo en elementos matemáticos y/o estadísticos, el monto del perjuicio a indemnizar.

“5.1. Perjuicios derivados de la pérdida de la oportunidad de la víctima directa.

“Dado que el perjuicio autónomo que aquí se indemniza no deviene exactamente de la muerte del señor Carlos Humberto Valencia Monsalve sino de la pérdida de oportunidad de dicha persona para recuperar su salud y tratar de sobrevivir, la Sala no se pronunciará respecto de los perjuicios materiales solicitados en la demanda, comoquiera que ellos derivan de la muerte de la víctima directa, motivo por el cual se reconocerá, con fundamento en el principio de equidad antes mencionado, una suma genérica para cada demandante, habida cuenta que’ cada uno de ellos demostró su interés para demandar dentro de este proceso y su consiguiente legitimación en la causa por activa dentro del mismo”(33) (Negrillas de la Sala).

Este reconocimiento, se insiste, surge de la dificultad de indemnizar con base en datos estadísticos o exactos de cuya prueba adolecen casos como, el que se examina, razón por la cual se acude al criterio de equidad a fin de evitar condenas en abstracto, como ya lo ha hecho esta Subsección en casos de indemnización del perjuicio autónomo de la pérdida de la oportunidad(34).

De conformidad con la sentencia acabada de citar, no se reconocerán los perjuicios materiales a título de lucro cesante y daño emergente pretendidos por el demandante, pues, se reitera, no es consecuencia del no pago de la deuda que el actor perseguía de donde surge la indemnización, sino como un perjuicio autónomo consistente en la pérdida de la oportunidad de haber continuado con su cobro judicial.

Como consecuencia, la Sala acudirá al criterio de equidad (Ley 446/1998, art. 16) para reconocer al actor un monto equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto del daño consistente en la pérdida de la oportunidad, como ya lo ha hecho en casos similares(35).

7.2. Perjuicios morales.

El actor solicita el equivalente a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales, argumentando que el “injusto, imprudente y por demás negligente proceder” de una autoridad pública como la Fiscalía General de la Nación por supuesto le ocasionó serios disgustos y alta, preocupación “lo cual no ha superado por la gran desconfianza que en estos momentos le genera la Fiscalía General de la Nación”.

Pese a que la Sala ha ampliado el espectro de indemnización de este perjuicio el cual se extiende al derivado de la pérdida de bienes materiales, el alegado por el demandante en el caso concreto se sustenta en afirmaciones que carecen de comprobación en el expediente, pues no se allegó ninguna evidencia que diera certeza sobre la existencia, intensidad y justificación de tal perjuicio, razón por la cual no se reconocerá.

8. Decisión sobre costas.

Habida cuenta de que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Sucre, el 5 de abril de 2011 y, en su lugar, se dispone lo siguiente:

1. Declarar administrativamente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados al señor Sergio Rodrigo Márquez Racini, por la pérdida de la oportunidad de continuar el cobro judicial de una letra de cambio a su nombre, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Condenar a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Sergio Rodrigo Márquez Racini, la suma equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a título de pérdida de la oportunidad de continuar el cobro judicial de una letra de cambio.

3. Negar las demás pretensiones de la demanda.

4. La demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los términos indicados en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

5. Sin lugar a costas”.

2.: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMÍTASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

5. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Sincelejo mediante Auto del 23 de enero de 2009 declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso, por falta de competencia funcional y lo remitió al Tribunal Administrativo de Sucre, que mediante Auto del 8 de junio de 2009 avocó el conocimiento del mismo (Fls.158 a 160 y 164 a 165 Cdno. 1).

6. FI. 21 Cdno.1.

7. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022 CP: Enrique Gil Botero.

8. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 10 de septiembre de 2014, Exp. 050012331000199600722 01 (31364), C.P.: Enrique Gil Botero.

9. FIs. 194 a 204 Cdno 1.

10. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 30 de julio de 2015, Exp. 25000-23-26-000-2000-01287-02 (32688), CP: Stella Conto Díaz del Castillo: “En primer lugar, es claro que la prueba no se “recobró”, dado que no existía al momento del fallo. Se trata sí de un elemento probatorio nuevo, sobreviniente, de donde, acorde con la norma aplicable a este recurso en materia contenciosa y la jurisprudencia de la Corporación, la misma es inadmisible en tanto “recobrar” implica la preexistencia del documento”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 12 de junio de 2014, Exp. 27001-23-31-000-2003-00538-01(34073), CP: Olga Mélida Valle de De La Hoz: “El actor busca revivir términos procesales agotados; se persigue que en sede de revisión extraordinaria se analicen piezas documentales que no hicieron parte del debate probatorio ni fueron mencionadas en las oportunidades procesales pertinentes y solicitadas con posterioridad al fallo del proceso ordinario. (…) De lo expuesto se puede concluir entonces que no se reúnen los presupuestos legales de procedencia del recurso de revisión por la causal 2º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, y por ello así habrá de declararse”.

11. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 11 de agosto de 2010, Exp. 25000-23-26-000-1995-01337-01 (17301), C.P.: Mauricio Fajardo Gómez.

12. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 9 de septiembre de 2013, Exp. 25000-23-26-000-2000-01353-01(27452), CP: Olga Mélida Valle de De la Hoz.

13. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 14 de marzo de 2013, Exp. 25000-23-26-000-2002-00696-01 (26577), CP: Hernán Andrade Rincón.

14. FI. 10 Cdno. 1.

15. FI.12 Cdno. 1.

16. FI. 13 Cdno. 1.

17. FI. 14 Cdno 1.

18. Fls. 15 y 16 Cdno 1.

19. Fls. 17 y 18 Cdno. 1

20. FI. 19 Cdno. 1.

21. FI. 21 Cdno. 1.

22. Fl. 22 Cdno. 1.

23. FI. 23 Cdno. 1.

24. FI. 196 Cdno. 1.

25. FIs. 203 y 204 Cdno. 1.

26. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, expediente 18.593, CP: Mauricio Fajardo Gómez.

27. Original de la cita: Cazeaux, Pedro, “Daño actual. Daño futuro. Daño eventual o hipotético. Pérdida de chance”, en Temas de responsabilidad civil. En honor al doctor Augusto M. Morello, 10, p. 23 y ss., apud Trigo Represas, Félix Alberto, Pérdida de chance. Presupuestos. Determinación. Cuantificación, Astrea, Buenos Aires, 2008, pp. 25-26.

28. Original de la cita: Mayo, Jorge, “El concepto de pérdida de chance”, en Enciclopedia de la responsabilidad civil. Tomo II, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 207.

29. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 27 de abril de 2011, Exp. 18.714. C.P. Gladys Agudelo Ordóñez; en ese mismo sentido, puede consultarse la Sentencia dictada el 8 de junio del mismo año, Exp. 19.360 y la del 26 de enero de 2012, Exp. 21.726, ambas con ponencia del Dr. Hernán Andrade Rincón.

30. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencias del 14 de marzo de 2013, Exp. 25000-23-26-000-1999-00791-01(23632) y del 9 de octubre de 2013, Exp. 25000-23-26-000-2001-02817-01(30286) CP: Hernán Andrade Rincón; Subsección B, Sentencia del 26 de junio de 2014, Exp. 25000232600020000215101, CP: Ramiro Pazos Guerreo; Subsección C, Sentencia del 10 de diciembre de 2014, Exp. 23001-23-31-000-2012-00004-01 (46107), CP: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

31. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 10 de agosto de 2016, Exp. 250002326000200500883 01 (38.139), CP: Hernán Andrade Rincón.

32. Original de la cita: Precepto cuyo tenor literal es el siguiente: “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.

33. Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 11 de agosto de 2010, expediente 18.593, CP: Mauricio Fajardo Gómez.

34. Consejo de Estado Sección Tercera Subsección A, Sentencias del 13 de marzo de 2013, Exp. 500012331000199605793-01 (25.569) y del 21 de marzo de 2012, Exp. 54001233100019972919-01 (22.017), ambas con ponencia del Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

35. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 10 de agosto de 2016, Exp. 250002326000200500883 01 (38.139), CP: Hernán Andrade Rincón.