Sentencia 2007-00152 de marzo 1º de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Radicación número: 76001-23-31-009-2007-00152-01

Actor: Julián Sepulveda García

Demandado: Municipio de Santiago de Cali-Contraloría General de Cali

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Fallo de segunda instancia

Bogotá, D.C., primero de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada el 15 de febrero de 2013 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en los términos del artículo 129 del CCA, en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta corporación.

2. Actos demandados.

Se cuestiona la legalidad de los siguientes actos:

i) El auto 1600.20.07.06.062 del 11 de mayo de 2006 expedido por la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali, a través del cual se declaró la responsabilidad solidaria de, entre otros, el señor Julián Sepúlveda García.

ii) El auto 1600.20.07.06.108 expedido el 22 de agosto de 2006 por la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali, que resolvió el recurso de reposición presentado contra el “fallo” antes citado.

iii) La Resolución 0100.24.08.06 del 9 de octubre de 2006 proferida por el Despacho del Contralor General de Santiago de Cali que decidió el recurso de apelación contra el auto del 11 de mayo de 2006.

Los citados actos se encuentran a folios 66 a 144 del expediente.

3. Problema jurídico.

Conforme a lo expuesto corresponde a la Sala establecer si, en los términos expuestos en el recurso de apelación, debe modificar, confirmar o revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que declaró la nulidad de los actos acusados en lo que atañe a la responsabilidad fiscal del señor Sepúlveda García.

5. Caso concreto

Para abordar el asunto sometido a consideración de la Sección es menester analizar el contenido del artículo 53 de la Ley 610 de 2000 que establece cuando es viable que la administración pueda proferir un “fallo” de responsabilidad fiscal. La citada disposición contempla:

“ART. 53.—Fallo con responsabilidad fiscal. El funcionario competente proferirá fallo con responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el proceso obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público y de su cuantificación, de la individualización y actuación cuando menos con culpa del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable.

Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del daño causado, actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los índices de precios al consumidor certificados por el DANE para los períodos correspondientes”.

De la norma en comento, y su análisis concordante con el artículo 5º de la Ley 610 de 2000(8), se desprende que para que pueda proferirse decisión declarando la responsabilidad fiscal de un determinado servidor es menester que en el procedimiento concurran tres características:

(i) Un elemento objetivo consistente en que exista prueba que acredite con certeza, de un lado la existencia del daño al patrimonio público, y, de otro, su cuantificación.

La jurisprudencia ha entendido que para dar por satisfecho el elemento objetivo de la responsabilidad fiscal “es indispensable que se tenga una certeza absoluta con respecto a la existencia del daño patrimonial, por lo tanto es necesario que la lesión patrimonial se haya ocasionado realmente, esto es, que se trate de un daño existente, específico y objetivamente verificable, determinado o determinable.”(9)

Asimismo, el artículo 6º de la Ley 610 de 2000 estipula que se entiende por daño patrimonial del Estado: “la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías”.

(ii) Un elemento subjetivo que evalúa la actuación del gestor fiscal y que implica que aquel haya actuado al menos con culpa grave.

Es de anotar que aunque el texto primigenio de la Ley 610 de 2000 establecía que bastaba la culpa leve, lo cierto es que mediante Sentencia C-619 de 2002 se estipuló que aquello era inconstitucional por entrar en contradicción con las normas superiores, habida cuenta que:

“(...) ellas establecen un régimen para la responsabilidad fiscal mucho más estricto que el configurado por el constituyente para la responsabilidad patrimonial que se efectiviza a través de la acción de repetición (C.P. art. 90-2), pues en tanto que esta última remite al dolo o a la culpa grave del actor, en aquella el legislador desborda ese ámbito de responsabilidad y remite a la culpa leve. Así, mientras un agente estatal que no cumple gestión fiscal tiene la garantía y el convencimiento invencible de que su conducta leve o levísima nunca le generará responsabilidad patrimonial, en tanto ella por expresa disposición constitucional se limita sólo a los supuestos de dolo o culpa grave, el agente estatal que ha sido declarado responsable fiscalmente, de acuerdo con los apartes de las disposiciones demandadas, sabe que puede ser objeto de imputación no sólo por dolo o culpa grave, como en el caso de aquellos, sino también por culpa leve”.

Las consideraciones de la Corte Constitucional fueron incorporadas al ordenamiento jurídico, de forma explícita, con la expedición de la Ley 1474 de 2011, en especial en el artículo 118 en el cual se consagró que para que sea viable declarar la responsabilidad fiscal debe comprobarse la culpa grave.

(iii) Un elemento de relación de causalidad, según el cual debe acreditarse que el daño al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal.

Como se explicó, estos elementos deben materializarse de manera concomitante en el procedimiento de responsabilidad fiscal, pues si alguno de ellos no está acreditado, la consecuencia inevitable será que no puede expedirse una decisión declaratoria de responsabilidad.

En este contexto, es de advertir que en el caso concreto se puso en entre dicho tanto el elemento objetivo, como el elemento subjetivo de la responsabilidad, ya que pese a que el tribunal concluyó que tales elementos no se acreditaron en el procedimiento fiscal adelantado contra el señor Sepúlveda, la parte recurrente insiste en que aquellos si se materializaron y, por tanto, los actos que encontraron la responsabilidad fiscal del demandante deben permanecer en el ordenamiento jurídico.

Así las cosas corresponde a la Sala, en los términos del recurso de alzada, establecer sí los citados elementos se materializaron o no:

5.1. Elemento subjetivo en el procedimiento fiscal objeto de estudio

Revisado el expediente y en especial los actos acusados, la Sala encuentra que la entidad demandada concluyó que el demandante actuó con culpa grave al adquirir los predios El Danubio; La Carolina, Piedra Grande y La Yolanda con el avalúo elaborado por la oficina de catastro del municipio y no por el IGAC.

Para la contraloría, la existencia de la Resolución A 079 de marzo de 2000 no desvirtuaba el hecho de que al caso concreto le fuera aplicable el parágrafo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993(10) y no la Ley 388 de 1997 y su decreto reglamentario(11) como disponía el citado acto, y por consiguiente, el actor actuó negligentemente al no cerciorarse de que el citado acto sí pudiera aplicarse al caso concreto.

Especialmente, en el “fallo” de responsabilidad de primera instancia se establece que el señor Sepúlveda García actuó con culpa grave cuando “adquiere los 4 bienes inmuebles con base en un avalúo comercial dado por catastro ocasionando un sobrecosto en la compra, siendo estos predios de reserva forestal y parque natural”(12).

En el mismo sentido, se pronunció la demandada en el auto del 1600.20.07.06.108 expedido el 22 de agosto de 2006, en el que al resolver sobre el recurso de reposición sostuvo:

“confirma su decisión la dirección de responsabilidad fiscal de mantener la culpa grave a los vinculados en los términos consagrados en la Ley 678 de 2001 al haber violado manifiesta e inexcusablemente las normas de derecho en el sentido de que no es tema de debate la presunción de legalidad de la Resolución A79 de marzo de 2000, lo que se reprocha es la gestión antieconómica por parte del DAGMA y la comisión jurídica, por la adquisición de predios (...) siendo estos bienes avaluados por catastro ocasionando un sobrecosto en la compra por ser de reserva forestal y parque natural”(13).

A la misma conclusión se arribó en el “fallo” de segunda instancia, en el que la contraloría sostiene:

“La Falta de cuidado, de prudencia y de diligencia injustificada, empleada por el Ex Director del DAGMA, al aplicar aisladamente la Resolución A-079 de 2000 del resto de normas que regulan la materia, como lo es repito, el parágrafo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, generó sin lugar a dudas un detrimento significativo para el Municipio de Santiago de Cali, al haber adquirido este ex servidor público predios ubicados en un Parque Natural con avalúo de la oficina de catastro municipal y no con el del Instituto Geográfico Agustín Codazzi como lo manda la Ley 99 de 1993, ya que entre los 2 se presenta un sobrecosto para el Municipio, lo que inclinará a este fallador a confirmarle la responsabilidad fiscal en el grado de culpa grave, como en efecto se hará en la parte resolutiva de este acto administrativo, pues de haber analizado concienzudamente y, en su conjunto, todas las disposiciones relacionadas con los avalúos para esta clase de predios, necesariamente se habría concluido que se trataba de un caso de contradicción entre las referidas normas jurídicas que regulan un mismo un supuesto de hecho pero con diferente efecto o tratamiento, situación que se conoce como antinomia, es decir, conflicto o colisiones normativas (…)”(14)

Decantado lo anterior, es importante precisar que se entiende por culpa grave, para así establecer si al adquirir en nombre del municipio de Cali los predios El Danubio; ii) La Carolina, iii) Piedra Grande y iv) La Yolanda, el señor Sepúlveda García actuó negligentemente tal y como sostiene la autoridad demandada.

La culpa grave o lata se encuentra definida en el artículo 63 del Código Civil en el sentido de que se incurre en ella cuando no se manejan los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.

Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha sostenido, tratándose de la responsabilidad fiscal, que la culpa grave se materializa cuando el gestor fiscal no maneja los negocios ajenos, entendidos como los públicos, con la suficiente diligencia con la que incluso las personas negligentes atenderían los propios(15).

Con fundamento en lo anterior, la Sala coincide con el tribunal y colige que en el caso concreto no se materializa el elemento subjetivo de la responsabilidad fiscal, habida cuenta que no puede asegurarse que el señor Sepúlveda García haya actuado con negligencia en la adquisición de los predios objeto de debate. A la anterior conclusión se arriba por las siguientes razones:

5.1.1. Está demostrado que la compra de los predios se realizó conforme a lo reglado en un acto administrativo que goza de presunción de legalidad, y que el demandante, en su calidad de gerente del DAGMA, estaba en la obligación de acatar.

En efecto, obra en el expediente copia de la Resolución A-79 de marzo de 2000(16), dictada por el Alcalde de Cali, en la que se establece el procedimiento interno que debía seguir el DAGMA para la adquisición de los predios que se convertirían en “zona de reserva para la protección del medio ambiente y recursos hídricos” en la referida entidad territorial.

En dicho acto, no solo se estipuló que para tal propósito debía aplicarse la Ley 9ª de 1989 y la Ley 388 de 1997, sino que, además, se dispuso que el avalúo de los predios que se adquirieran para la constitución de las citadas zonas podía realizarlo la oficina de catastro del municipio.

Para corroborar esta afirmación, resulta relevante la transcripción de los artículos 5º y 6º de la resolución, en los que se consagró:

“ART. 5º—“Una vez identificado el predio, se procederá en los términos de la Ley 9ª de 1989 y 388 de 1997 a realizar los trámites para la compra de los mismos.

... .

Cuando el avalúo se solicite a la Subdirección de Catastro Municipal, esta dependencia tendrá un plazo no mayor de 30 días calendarios para expedirlo.

... . (Se resalta)

ART. 6º—Al Director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA, se le delega la competencia para efectuar los trámites de adquisición voluntaria de que tratan los artículos 13 inciso 1º de la Ley 9ª de 1989 y el artículo 61 de la Ley 388 de 1997, sin límite de cuantía, para el desarrollo de los fines establecidos en este acto administrativo, para lo cual podrá:

— Expedir el oficio por medio del cual se disponga la adquisición de un bien mediante enajenación voluntaria directa.

— Celebrar contratos de promesa de compra venta para la adquisición de los predios declarados de utilidad pública de conformidad con el artículo 58, literal j) de la Ley 388 de 1997.

— Suscribir la correspondiente escritura pública de compra venta, una vez concluido el tramite anterior y tramitar el registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos

PAR. 1º—Tanto el contrato de promesa de compraventa, como la escritura de compraventa serán remitidos a la Dirección Jurídica de la Alcaldía para su respectiva revisión jurídica” (resalta la Sala).

Como puede observarse, fue el citado acto administrativo, proferido por el Alcalde de Cali, el que estableció, de un lado, que el predio que se convertiría en zona de reserva hídrica debía adquirirse de acuerdo a lo reglado en el Ley 9ª de 1989 y 388 de 1997 y, de otro, que el avalúo sería realizado por la Subdirección de Catastro Municipal en un plazo máximo de 30 días.

Ahora bien, está probado en el expediente que lo que se pretendía al adquirir los inmuebles en comento era que aquellos se convirtieran en zonas de protección; no de otra manera se explica que la anotación en el folio de matrícula inmobiliaria de los lotes después del proceso contractual sea del siguiente tenor “destinado a constitución de zonas de reserva para la protección del medio ambiente y recursos hídricos de la ciudad de Cali”(17).

Si esto es así y fue un acto administrativo, que goza de presunción de legalidad, el que determinó no solo que la normatividad aplicable para comprar inmuebles como los predios El Danubio; La Carolina, Piedra Grande y La Yolanda era la Ley 9ª de 1989 y la Ley 388 de 1997, sino que además dispuso que el avalúo podía hacerse por la oficina de catastro del municipio, mal podría predicarse la culpa grave del servidor público por hacer precisamente lo que la disposición municipal le exigía.

Máxime, cuando dentro del proceso contractual adelantado no existió ningún elemento que hiciera sospechar al demandante que los citados bienes debían adquirirse conforme a lo reglado en el la Ley 99 de 1993, y no por las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997, por estar ubicados en una zona de parque natural, Farallones de Cali.

En efecto, pese a que la Resolución A-079 de 2000 creó una comisión técnica, la cual según lo establecido en el artículo 3º ibídem estaba conformada, entre otros, por la Unidad Nacional de Parques Nacionales Naturales Regional Suroccidente, lo cierto es que en el expediente no obra prueba de que en algún momento se profiriera algún concepto, advertencia o similares que indujera al accionante a pensar que el acto administrativo en comento y las leyes a las cuales remitía no fueran inaplicable para la compra de los predios; luego, lo lógico es que su actuar estuviere guiado por lo normado en ese acto, incluyendo lo relativo al avalúo.

Para la Sala, no es de recibo el argumento de la parte demandada según el cual el demandante debió solicitar, antes de efectuar la adquisición, concepto a la oficina jurídica de la alcaldía, para que esta le ilustrara acerca de si el proceso de contratación se había adelantado de forma adecuada. Lo anterior debido a que:

i) Los predios iban en convertirse en zonas de protección de los recursos hídricos, para lo cual la administración municipal había expedido un acto que regulaba ese tema, lo que en principio permitía colegir que lo ahí dispuesto sí era plenamente aplicable.

ii) Revisadas las pruebas contentivas de los estudios realizados a los bienes(18), se observa que en ninguna parte se sugirió, ni si quiera a modo de duda, que a los inmuebles adquiridos no le era aplicable la ley a la que aludió la resolución del año 2000.

Es decir, dentro de los estudios adelantados por el DAGMA nunca se evidenció alguna circunstancia que hiciera dudar que la adquisición de los predios no podía regirse por la Ley 9ª de 1989 y 388 de 1997(19), sino por la Ley 99 de 1993; luego, no existía ni siquiera algún indicio, que obligara al actor a consultar a la Alcaldía de Cali sobre el régimen jurídico aplicable.

Por el contrario, si lo que siempre estuvo claro era que los bienes escogidos por la comisión técnica se iban a convertir en zonas de reserva de recursos hídricos, lo lógico era que el gerente del DAGMA actuará de conformidad con lo estipulado en la Resolución A-079 de 2000, porque precisamente para ese fin se expidió esa resolución.

A juicio de la Sala, la exigencia de la contraloría va más allá de las conductas que se le exige a una persona sumamente diligente en sus asuntos, pues lo cierto es que el demandante dirigió su comportamiento, según lo establecido en la resolución, ya que nada le permitía inferir que las normas a las que dicho acto aludía no era aplicables para la compra de los predios.

5.1.2. Está acreditado en el expediente que la pluricitada resolución creó 2 comisiones una técnica y una jurídica. Especialmente en el artículo 4º ibídem se le encargó a esta última comisión realizar “c) Solicitud de avalúos de los predios relacionados como prioritarios por la comisión técnica, de conformidad con el Decreto 1420 de 1998”.

Ahora bien, sobre el punto el Decreto 1420 de 1998 consagra:

“ART. 1º—Las disposiciones contenidas en el presente decreto tienen por objeto señalar las normas, procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración de los avalúos por los cuales se determinará el valor comercial de los bienes inmuebles, para la ejecución de los siguientes eventos, entre otros: (…).

ART. 3º—La determinación del valor comercial de los inmuebles la harán, a través de un avalúo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que haga sus veces o las personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar donde se ubiquen los bienes objeto de la valoración”.

Como puede observarse, fue la misma Resolución A79 de 2000 la que autorizó a la comisión jurídica a solicitar avalúo de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1420 de 2000, norma que a su vez consentía que el avalúo fuera realizado por una persona jurídica distinta del IGAC.

Ahora bien, mediante Resolución 302 de 9 de octubre de 2000 se dispuso que:

“Tanto el contrato de promesa de compra venta como la escritura pública de compra venta, serán de exclusiva responsabilidad del Director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, lo cual requerirá de la aprobación previa de la comisión jurídica que para el efecto se ha designado” (se resalta fuera de texto).

En este orden de ideas, no cabe duda que fue un acto administrativo que goza de presunción de legalidad, el que no solo le ordenó a la comisión jurídica solicitar el avalúo de la oficina catastral del municipio, sino que, además dispuso que el gerente del DAGMA solo podía adquirir los predios con la respectiva aprobación de la comisión.

Sí esto es así, y fue la comisión jurídica la que aprobó la compra de los predios, los cuales habían sido avaluados por catastro por disposición misma de la Resolución A-079 de 2000, no puede asegurarse que el accionante haya actuado con culpa grave.

5.1.3. Los predios adquiridos, según lo reglado en el citado acto fueron: i) los señalados por la Comisión Técnica y ii) los avaluados por catastro de conformidad con lo establecido en el literal c) artículo 4º de la Resolución A-079 de 2000. Esto evidencia, que el actor no escogió los lotes que serían designados como zonas de reserva, ni muchos menos dispuso quién debía efectuar el avalúo, pues sobre ese punto se acudió a la resolución ibídem la cual, se insiste, autorizaba a que tal análisis lo realizara la oficina de catastro y no solo el IGAC.

5.1.4. En los radicados 76001-23-31-000-2007-00153-01 y 76001-23-31-000-2007-00285-01, la Sección Primera del Consejo de Estado analizó la conducta de la señora María Alexandra Gómez López y de la señora Yolanda Acosta Manzano, quienes ejercieron sus funciones en la comisión jurídica creada en la Resolución A-79 de 2000.

En efecto, en sentencia del 8 de mayo de 2014(20) y 1º de septiembre de 2016(21), respectivamente, la Sección Primera de esta corporación en las que concluyó que las citadas ciudadanas no actuaron con culpa grave al autorizar la compra de los predios El Danubio; La Carolina, Piedra Grande y La Yolanda.

En consecuencia, si frente a los miembros de la comisión jurídica que tenía en sus manos no solo la obligación de realizar los estudios de títulos pertinentes, sino la de analizar la naturaleza jurídica del predio adquirir, no se encontró probada la culpa grave, con mayor razón debe concluirse que el comportamiento del demandante tampoco se enmarca en esa clase de negligencia, pues lo que está demostrado en el proceso es que la adquisición que hiciera el gerente del DAGMA debía estar aprobada por tal comisión, según lo estipulado en la Resolución 302 de 9 de octubre de 2000 antes transcrita.

En otras palabras, si respecto de las personas que tenían a su cargo la aprobación del negocio jurídico causante del presunto detrimento patrimonial, se encontró que no había culpa grave; mal podría la Sala concluir lo contrario respecto al servidor público cuya conducta estaba supeditada a la de las referidas personas.

Conforme a lo expuesto, la Sala concluye que en el caso concreto no se acreditó el elemento subjetivo de la responsabilidad fiscal endilgada al señor Sepúlveda García, razón por la que se releva de analizar lo relativo al daño patrimonial, pues basta con que uno de los elementos configurativos se encuentre ausente, para concluir que no es posible derivar responsabilidad fiscal alguna en cabeza del demandante.

6. Otros argumentos.

En su recurso de apelación la parte demandada alegó que, contrario a lo concluido por el tribunal, no estaba en la obligación de acoger en el procedimiento fiscal las conclusiones a las que tanto la Fiscalía, como la Procuraduría arribaron en las respectivas actuaciones que adelantaron en relación con los hechos que enmarcan el caso concreto.

Sobre este punto la Sala coindice, con la parte recurrente y colige en que en efecto el procedimiento de responsabilidad fiscal es autónomo e independiente y, por consiguiente, como lo sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia SU-620 de 1996 es “una responsabilidad independiente y autónoma, distinta de la disciplinaria o de la penal que pueda corresponder por la comisión de los mismos hechos”.

Así pues, al perseguir fines diferentes no es imperioso que las conclusiones que se adopten en uno u otro proceso se apliquen en el de responsabilidad fiscal(22), aunque como lo precisó la Sección Primera en otra oportunidad, “no existe impedimento legal para que dichas decisiones puedan ser también apreciadas y valoradas junto con el restante aporte probatorio, para la adopción de la determinación que en derecho corresponda”(23).

Sin embargo, este razonamiento propuesto por la contraloría y el municipio no basta para que la Sección revoque la sentencia de primera instancia pues, como se explicó en el capítulo que antecede, en el caso concreto no está materializado el elemento subjetivo de la responsabilidad fiscal y ese aspecto sí es suficiente para que la Sala confirme la decisión anulatoria proferida por el tribunal.

7. Conclusión.

Conforme a las razones expuestas, la Sala concluye que en el caso sometido a su consideración no se demostró, en los términos del artículo 5º y 53 de la Ley 610 de 2000, al menos la culpa grave del demandante.

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que los actos acusados no solo declaran la responsabilidad fiscal del demandante, sino de otros servidores públicos, la Sala estima que la sentencia de primera instancia debe ser modificada en el sentido de precisar que la declaratoria de nulidad cobija, exclusivamente, lo que atañe a la responsabilidad fiscal del señor Julian Sepúlveda. Lo relativo a la orden dada a título de restablecimiento se confirmará en su integridad.

7. Otras decisiones.

A folio 74 del cuaderno principal 2 obra renuncia del apoderado del demandante. En tanto, a folio 75 se encuentra un memorial en el que el señor Sepúlveda García entrega mandato a otro profesional del derecho, sin que se hubiese hecho manifestación sobre este punto.

En este orden de ideas, en la parte resolutiva de esta providencia se aceptara la renuncia presentada por el abogado José Ignacio Arango Bernal y se aceptará el poder otorgado por el demandante al profesional Delio Andrés Vargas Guerrero.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

Primero: Modificar el numeral 1º de la sentencia del 15 de febrero de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el cual quedará así:

Declarar la nulidad parcial, y en lo que atañe a la responsabilidad fiscal del señor Julian Sepúlveda García, de los siguientes actos:

i) El Auto 1600.20.07.06.062 del 11 de mayo de 2006 “por medio de la se falla en primera instancia un proceso de responsabilidad fiscal” expedido por la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali;

ii) El Auto 1600.20.07.06.108 del 22 de agosto de 2006 “por medio del cual se resuelven unos recursos de reposición y se concede apelación” expedidos por la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Santiago de Cali y

iii) La Resolución 0100.24.08.06 del 9 de octubre de 2006 “por medio de la cual se absuelven unos recursos de apelación, interpuestos dentro del proceso de responsabilidad fiscal distinguido con el expediente 1600.20.07.01.768” dictada el Contralor General de Santiago de Cali.

Segundo: Confirmar los demás numerales de la providencia recurrida.

Tercero: Aceptar la renuncia presentada por el apoderado del demandante señor José Ignacio Arango Bernal.

Cuarto: Reconocer personería al abogado Delio Andrés Vargas Guerrero, en su calidad de apoderado del actor, en los términos del mandato conferido.

Quinto: Devolver el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y Cúmplase».

1 “ART. 58.—Motivos de utilidad pública. El artículo 10 de la Ley 9ª de 1989, quedará así:" Para efectos de decretar su expropiación y además de los motivos determinados en otras leyes vigentes se declara de utilidad pública o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines: (…) j) Constitución de zonas de reserva para la protección del medio ambiente y los recursos hídricos”.

2 ART. 107.—Utilidad pública e interes social, función ecológica de la propiedad (…) PAR.—Tratándose de adquisición por negociación directa o por expropiación de bienes inmuebles de propiedad privada relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, el precio será fijado por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", entidad ésta que al hacer sus avalúos y con el objeto de evitar un enriquecimiento sin causa, no tendrá en cuenta aquella acciones o intenciones manifiestas y recientes del Estado que hayan sido susceptibles de producir una valorización evidente de los bienes avaluados tales como: (…)”.

3 El texto de la ley al momento de los hechos establecía: “ARTÍCULO 111. Decláranse de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales.

Los departamentos y municipios dedicarán durante quince años un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos, de tal forma que antes de concluido tal período, haya adquirido dichas zonas.

La administración de estas zonas corresponderá al respectivo distrito o municipio en forma conjunta con la respectiva Corporación Autónoma Regional y con la opcional participación de la sociedad civil.
PAR.—Los proyectos de construcción de distritos de riego deberán dedicar un porcentaje no inferior al 3% del valor de la obra a la adquisición de áreas estratégicas para la conservación de los recursos hídricos que los surten de agua”.

4 Como quedó expuestos en los antecedentes esta fue otra de las funcionarias cuya responsabilidad fiscal se decretó en los actos acusados.

5 Folio 308

6 Folio 341

7 Folio 4 cuaderno 2

8 “ART. 5º—Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos:
— Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.
— Un daño patrimonial al Estado.
— Un nexo causal entre los dos elementos anteriores”.

9 Consejo de Estado, Sección primera, sentencia del 16 de marzo de 2017, radicación 68001-23-31-000-2010-00706-01 CP. María Elizabeth García González.

10 Que dispone que el avalúo de predios ubicados en zonas de reserva forestal lo debe hacer el IGAC.

11 Que estipula que para adquirir bienes declarados de utilidad pública el avalúo lo pueden realizar el IGAC, la entidad que haga sus veces o los particulares.

12 Folio 94

13 Folio 120

14 Folio 136

15 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 15 de abril de 2010, radicación 66001-23-31-003-2006-00102-01 CP. Rafael Ostau De Lafont Pianeta.

16 Folio 2 a 6, reiterado en folios 44 a 48 del Cuaderno Nº 4-6.

17 Folios 185 a 207 del Cuaderno Nº 4-1

18 Al respecto obran en el expediente los estudios de títulos realizados a los predios a adquirir por la comisión jurídica- cuaderno Nº 4-1-.

19 Así se desprende de las actas elaboradas por la comisión jurídica obrantes a folio 32 y siguiente del Cuaderno Nº 4-5.

20 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de marzo de 2014, radicación 76001-23-31-000-2007-00153-01 CP. María Elizabeth García González.

21 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1º de septiembre de 2016, radicación 76001-23-31-000-2007-00285-01 CP. María Claudia Rojas Lasso.

22 En el mismo sentido consultar, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de septiembre de 2016, radicación 25000-23-41-000-2014-00058-01 CP. María Elizabeth García G.

23 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1º de septiembre de 2016, radicación 76001-23-31-000-2007-00285-01 CP. María Claudia Rojas Lasso.