Sentencia 2007-00152 de septiembre 19 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2007-00152-00

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actora: S.C.A. Higiene Products AB

Bogotá, D. C., diecinueve de septiembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

Corresponde a la Sala determinar en el presente caso, si la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de declarar abandonada la solicitud patente de invención “Método para proveer información de impacto ambiental relacionado a atributos de producto o grupos de producto”, fue dictada de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y los artículos 29 de la Constitución Política y 11 y 12 del Código Contencioso Administrativo; o si, por el contrario debía continuarse con el examen de patentabilidad de la solicitud.

4.1. Marco jurídico aplicable respecto de la declaratoria de abandono de patente.

De conformidad con lo señalado por el Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial 92-IP-2011 solicitada en el caso presente, según lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones el procedimiento relativo al examen de patentabilidad de invenciones es de forma sucinta el siguiente:

Se presenta la solicitud de patente de invención, una vez se admite el trámite de esta, se procede a revisar el cumplimiento de los requisitos formales y se publica en la gaceta oficial para que los terceros que se crean afectados intervengan en la actuación. Surtido el trámite anterior, a solicitud de la parte interesada junto con la acreditación del pago de la tasa correspondiente, la oficina nacional procederá al examen patentabilidad, verificando si la invención cumple con los requisitos contemplados en la normatividad vigente y si se encuentra incursa o no en prohibiciones de patentabilidad; efectuada la anterior evaluación se procederá al estudio definitivo de la solicitud.

Ahora bien, bajo los parámetros anteriores y conforme a lo señalado por los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, toda solicitud de patente de invención debe presentarse con el cumplimiento de ciertos requisitos de forma. Al respecto, dichos artículos señalan:

“ART. 26.—La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

a) el petitorio;

b) la descripción;

c) una o más reivindicaciones;

d) uno a más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;

e) el resumen;

f) los poderes que fuesen necesarios;

g) el comprobante de pago de las tasas establecidas;

h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los países miembros es país de origen;

i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;

j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y,

k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

“ART. 27.—El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

a) El requerimiento de concesión de la patente;

b) el nombre y la dirección del solicitante;

c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando este fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;

d) el nombre de la invención;

e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;

f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;

g) la firma del solicitante o de su representante legal; y,

h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante o que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro” (se resalta).

De las normas anteriormente citadas, se desprende que para la tramitación de la solicitud de patente, si se actúa por intermedio de apoderado, este debe acreditar que representa a la parte interesada, mediante el correspondiente poder.

Por su parte el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, impone a la parte interesada la carga de solicitar la realización del correspondiente examen de patentabilidad de la invención, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, so pena de declarar el abandono de la misma. Al respecto el artículo dispone:

“ART. 44.—Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los países miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”.

4.2. El caso concreto.

Ahora bien, examinados los antecedentes administrativos de los actos acusados, se tiene que la solicitud de patente de invención fue presentada por la abogada Yelitza Sánchez Rincón a nombre de la actora y que a folio 114 del anexo 1 del expediente obra poder debidamente otorgado a esta y al abogado Darío Henao Restrepo para solicitar y tramitar ante la autoridad nacional competente el registro, renovación y traspaso de patentes de invención.

Asimismo, que una vez admitida la solicitud, se procedió a su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial 542 de 30 de julio de 2004 y que mediante escrito de 12 de octubre de 2004(1), el abogado Mauricio Jaramillo allegó el recibo de pago de la tasa correspondiente para que se efectuase el respectivo examen de patentabilidad.

Por su parte de conformidad con lo señalado en interpretación prejudicial 92-IP-2011 “la iniciativa del procedimiento dirigido a que se examine si la invención es patentable es de carga del solicitante, toda vez que la norma comunitaria le exige la formulación de una petición expresa al efecto, dentro del plazo fijado por la disposición prevista en el artículo 44 de la Decisión 486” (se resalta).

De lo anterior se desprende que la actora tiene la obligación de solicitar dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud a la Superintendencia de Industria y Comercio la realización del examen de patentabilidad de la invención, so pena de declararse abandonada.

Así las cosas, se tiene que en el caso presente, el abogado Mauricio Jaramillo, actuó en nombre de S.C.A. Higiene Products AB sin allegar el documento idóneo que acreditara su calidad de apoderado de esta, ni demostrar que estaba sustituyendo a los abogados Yelitza Sánchez Rincón o Darío Henao Restrepo, por lo cual su actuación no puede tenerse como una manifestación de la voluntad de la solicitante, lo que significa que no cumplió con la carga establecida en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, con la consecuencia de que se declarara abandonada la solicitud.

En cuanto a la importancia de la acreditación de la representación de la solicitante en el trámite administrativo de solicitud de patentes de invención, la Sala mediante sentencia de 18 de marzo de 2010(2) (M.P. Rafael E. Ostau de la Font Pianeta) manifestó:

“Según el criterio de la Sala, la presentación de los poderes no constituye en casos como este una mera formalidad y, por lo mismo, no puede ser vista como una exigencia irrelevante o accesoria que pueda ser ignorada o desconocida por la administración, pues en tratándose de la definición de la titularidad de unos derechos de la trascendencia e implicaciones que tienen los derechos referidos a la propiedad industrial, la acreditación de la representación y la legitimidad para actuar en nombre de otro, es un requisito totalmente obligatorio e inexcusable”.

Por su parte, en cuanto a la violación de los artículos 11 y 12 del Código Contencioso Administrativo, estos disponen:

“ART. 11.—Peticiones incompletas. Cuando una petición no se acompañe de los documentos o informaciones necesarias, en el acto de recibo se le indicarán al peticionario los que falten; si insiste en que se radique, se le recibirá la petición dejando constancia expresa de las advertencias que le fueron hechas. Si es verbal, no se le dará trámite.

“ART. 12.—Solicitud de informaciones o documentos adicionales. Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá, por una sola vez, con toda precisión y en la misma forma verbal o escrita en que haya actuado, el aporte de lo que haga falta. Este requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que las autoridades decidan. Desde el momento en que el interesado aporte nuevos documentos o informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán otra vez a correr los términos pero, en adelante, las autoridades no podrán pedir más complementos, y decidirán con base en aquello de que dispongan”.

Ahora bien, no asiste razón a la actora en cuanto a la presunta violación de los artículos 11 y 12 del Código Contencioso Administrativo, pues los mismos no son aplicables al caso en concreto. En efecto, dichos artículos están previstos para los casos en que la administración debe requerir al peticionario para allegar determinada información cuando se presenta por primera vez una solicitud o cuando tramitada la misma, esta no contiene los elementos necesarios para ser resuelta de fondo. Asimismo, mal podría trasladar a la administración una carga que conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones le corresponde asumir a ella.

Finalmente, advierte la Sala que tampoco resulta aplicable al caso concreto la figura de la agencia oficiosa, por cuanto no aparecen demostrados los elementos constitutivos de dicha figura. En efecto, no se demostró la ausencia o incapacidad de la actora para realizar la actuación correspondiente en la actuación administrativa; es más, de conformidad con los documentos obrantes en el expediente administrativo se desprende que S.C.A. Higiene Products AB, contaba con dos apoderados debidamente facultados para actuar en su nombre en el procedimiento.

En razón de las anteriores consideraciones la Sala denegará las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

(1) Anexo 1, folio 143.

(2) Sentencia de 18 de marzo de 2010, rad.: 11001-03-24-000-2003-00203-01, actora: Schering Corporation, M.P. Rafael E. Ostau de la Font Pianeta.