Sentencia 2007-00153 de agosto 8 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001 0324 000 2007 00153 00

Actor: SCA. Hygiene Products AB.

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Bogotá, D.C., ocho de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida dentro de este proceso, considera pertinente interpretar el artículo 44 de la Decisión 486, invocado en la demanda como vulnerado y, de oficio, los artículos 26 literal f) y 276 de la mencionada normativa comunitaria, cuyo tenor literal es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“ART. 26.—La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

[…].

f) los poderes que fuesen necesarios;

[…]”.

“ART. 44.—Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los países miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”.

“ART. 276.—Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la presente decisión, serán regulados por las normas internas de los países miembros”.

A través de la Resolución 28657 de 28 de octubre de 2005, confirmada por la Resolución 32191 de 29 de noviembre de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención contenida en el Expediente 02-64001, denominada Interfase gráfica de usuario para control del costo del producto”, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, e consideración a que “[d]icha solicitud no surte efectos legales, en razón a que fue presentada por un apoderado diferente al reconocido para actuar válidamente dentro del trámite administrativo, sin que se haya presentado un nuevo poder, o la sustitución del mismo por parte de la apoderada principal, conforme lo establece el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil”.

La sociedad demandante solicita la nulidad de los actos acusados, por cuanto, a su juicio, los mismos son violatorios del debido proceso (C.P., art. 29), como consecuencia de la indebida interpretación del artículo 44 de la Decisión 486 y de la falta de aplicación de los artículos 11 y 12 del Código Contencioso Administrativo: lo primero, porque limita el alcance de la palabra “solicitante” a la persona que está legalmente reconocida como tal dentro del trámite de solicitud de patente, desconociendo que nuestra legislación interna reconoce figuras en las cuales se puede actuar en beneficio de un tercero, aún sin contar con expresas facultades legales, como es el caso de la agencia oficiosa o el pago por cuenta de un tercero, las cuales debieron considerarse en este asunto; y lo segundo, porque ante la falta de algún documento dentro de la solicitud a que se refiere el artículo 44 de la Decisión 486, la Superintendencia debió acudir al procedimiento establecido en los artículos 11 y 12 del Código Contencioso Administrativo, conforme a los cuales la administración debe requerir al solicitante para que aporte los documentos adicionales, para que se acreditara la calidad de agente oficioso o, en su defecto, de apoderado del solicitante, pero no declarar por ese solo hecho el abandono de la solicitud.

Pues bien, como previamente se señaló, el artículo 44 de la Decisión 486 expresa que “Dentro de los seis meses desde la publicación de la solicitud de patentamiento, el solicitante debe pedir, hayan sido presentadas o no oposiciones, que se examine la patentabilidad de la invención. El objeto del examen es pues el análisis previo, por parte de la oficina nacional, de los requisitos de patentabilidad de la invención. Los países miembros se encuentran facultados para cobrar la tasa correspondiente al citado examen. De no requerirse el examen de patentabilidad dentro del plazo establecido, se considerará abandonada la solicitud”. (negrillas y subrayas de la sala para resaltar).

Ciertamente, tal como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial traída al plenario, la iniciativa del procedimiento dirigido a que se examine si la invención es patentable es de carga del solicitante, toda vez que la norma comunitaria le exige la formulación de una petición expresa al efecto, dentro del plazo fijado por la disposición prevista en el artículo 44 de la Decisión 486. Se trata de una exigencia obligatoria cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial.

Ahora bien, como se precisa en dicha interpretación prejudicial, se debe entender que el solicitante de la patente de invención es el titular legítimo del derecho a la patente, y puede actuar personalmente o a través de un tercero debidamente autorizado para actuar por él, mediante un poder legalmente otorgado ante autoridad competente.

Este es, entonces, el alcance preciso que debe darse a esta expresión contenida en el artículo 44 citado.

En el caso sub examine, al revisar los antecedentes administrativos, encuentra la Sala que el 24 de julio de 2002 la sociedad SCA. Hygiene Products A.B., actuando a través de apoderado, presentó la solicitud de patente de invención denominada “Interfase gráfica de usuario para control del costo del producto”, tramitada bajo el Expediente Administrativo 02-64001 (fls. 115); que por Oficio 14015, notificado el 15 de agosto de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otras cosas, advierte que con la solicitud no fue allegado el poder otorgado al Abogado que aparece en ella como apoderado ni el documento que acredita la existencia y representación legal de la sociedad solicitante, razón por la cual confiere un término de dos (2) meses para completar dicho requisito(1) (fl. 116 del expediente); y que mediante memorial suscrito por la doctora Yelitza Sánchez Rincón, radicado el 11 de octubre de 2002, la citada Abogada allega el poder a ella conferido para actuar en dicho asunto, así como el documento que acredita la existencia y representación legal de la sociedad solicitante, debidamente apostillados, e igualmente da respuesta a los otros requerimientos efectuados en el oficio atrás mencionado (fls. 128); en el poder que se anexó figura la citada profesional del derecho como apoderada principal, y el abogado Darío Henao Restrepo, como apoderado sustituto.

Igualmente, da cuenta el expediente que el día 12 de octubre de 1994, el abogado Mauricio Jaramillo Campuzano, quien dice actuar como apoderado de la sociedad SCA Hygiene Products A.B., presentó escrito dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para lo cual anexó el recibo de pago correspondiente a la cancelación del examen de patentabilidad (fl. 130). El referido recibo, según consta en él, se expidió por concepto de “informe sobre el estado de la técnica”, por valor de $133.000 (fl. 131).

En los antecedentes administrativos no obra documento alguno que acredite que el abogado Jaramillo Campuzano haya recibido poder para actuar como “apoderado” de la sociedad SCA Hygiene Productos A.B.

Del mismo modo, tampoco aparece en dicho expediente administrativo documento que demuestre que la sociedad solicitante de la patente de invención o sus apoderados debidamente constituidos —antes mencionados— hubieran presentado solicitud ante la Superintendencia en orden a que examinara si la invención es patentable.

Tal como puede observarse, es evidente entonces que no se cumplió en este caso con la carga establecida en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual debe ser satisfecha por el solicitante de la patente, esto es, por el titular legítimo del derecho a la patente, quien puede actuar personalmente o a través de un tercero debidamente autorizado para actuar por él, mediante un poder legalmente otorgado ante autoridad competente, y no por ninguna otra persona que no se encuentre facultada para ello (por carecer de poder legalmente conferido), como sería un agente oficioso, como equivocadamente lo entiende la demandante, pues la normativa andina no autoriza ese tipo de intervención.

Además, al margen de lo anterior, es pertinente aclarar que en el escrito presentado por el abogado Mauricio Jaramillo Campuzano este no manifestó expresamente que actuara como agente oficioso sino, por el contrario, dijo obrar como apoderado de la sociedad SCA Hygiene Products A.B., no siendo exigible en modo alguno a la administración que deba presumir esa primera calidad. Adicionalmente, es de la esencia de la agencia oficiosa que el tercero actué ante la ausencia o imposibilidad del interesado para conferir poder a un abogado, supuesto este que no ocurre en este caso, pues precisamente la sociedad solicitante ya había conferido poder a dos profesionales del derecho para que actuaran en su nombre ante la administración.

Así las cosas, al no cumplirse con la carga consistente en que el solicitante de la patente formulara petición para que se practicara el examen de patentabilidad de la invención, la consecuencia jurídica, como en efecto se dispuso en los actos acusados, era la declaratoria de abandono de la solicitud de patente, en los términos dispuestos en el pluricitado artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa decisión, es oportuno aclarar, no se presentó en estricto sentido por el no pago de la tasa respectiva sino por la circunstancia antes mencionada, aunque debe advertirse que, en todo caso, el pago que se efectuó fue por un concepto diferente al de la actuación correspondiente, tal como se señaló en párrafos anteriores.

La Sala en Sentencia de 28 de enero de 2010(2) refiriéndose a una disposición de la Decisión 344(3) que consagra efectos similares a los del artículo 44 de la Decisión 486, precisó que el incumplimiento de los requerimientos que el solicitante de la patente de invención debe atender dentro los términos preclusivos que señala la normativa andina tiene como efecto jurídico la declaratoria de abandono de la solicitud. A este respecto señaló:

“[L]a prevalencia del derecho sustancial no es un principio absoluto que implique prescindir de las disposiciones de carácter adjetivo, o por lo menos, discrecionalidad alguna en su aplicación, puesto que estas desarrollan también un principio que a su vez constituye un derecho fundamental, cual es el del debido proceso, de modo que la aplicación de aquél requiere ponderar y armonizar ambos principios o derechos en el caso concreto, y en el del sub lite no hay duda de que el derecho sustancial tuvo la primacía que correspondía a las circunstancias concretas, dentro de las garantías procesales que hasta el límite o en toda su amplitud se le concedieron a la actora.

Según las disposiciones transcritas(4) es claro que los términos que prevé son preclusivos y la intervención en la actuación requiere de apoderado debidamente constituido, y como quiera que en este caso no había apoderado debidamente constituido y no se allegó el instrumento que lo constituyera dentro del plazo único y prorrogado que le fue dado, se concluye que la interesada no respondió a tales observaciones, y la consecuencia jurídica de ello no es otra que la declaración de abandono de la solicitud.

Por lo anterior se impone hacer efectiva la consecuencia de esa omisión, que es la de declarar abandonada la solicitud, según lo pone de presente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, frente a lo cual la entidad demandada no tenía opción distinta, de modo que la decisión acusada está acorde con las normas comunitarias en comento, en especial con el artículo 22 en cita”.

Ahora bien, en cuanto al otro motivo invocado en la demanda como causal de nulidad de los actos acusados, consistente en la supuesta falta de aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 11 y 12 del Código Contencioso Administrativo, estima la Sala que el mismo no es procedente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 de la Decisión 486 de Comisión de la Comunidad Andina: “Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la presente decisión, serán regulados por las normas internas de los países miembros”.

En la interpretación prejudicial traída al plenario se precisa lo siguiente en torno al tema de la aplicación de la legislación interna en relación con los asuntos regulados por la normativa comunitaria:

“Tomando en cuenta que, la parte demandante, argumenta que la Superintendencia de Industria y Comercio debió aplicar el Código Contencioso Administrativo, el tribunal considera oportuno referirse al tema del complemento indispensable.

En cuanto a la figura del “complemento indispensable”, el tribunal ha precisado que “en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Proceso 109-IP-2000, ya citado).

En consecuencia, el tribunal concluye que “(...) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del 'complemento indispensable', según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena. (Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena) (…)”. (Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1139 del 12 de noviembre de 2004, marca: Frucolac).” (negrillas de la Sala para resaltar).

Conforme a lo anterior, advierte la Sala que en este caso, contrario a lo que sostiene la demandante, no resultaba procedente la aplicación de la normativa interna contenida en las disposiciones antes citadas del Código Contencioso Administrativo, como quiera que la solicitud del examen de patentabilidad de la invención es un asunto de propiedad industrial que sí se encuentra comprendido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, precisamente en el artículo 44 de la misma, en la forma y términos ya expuestos en esta providencia.

Por lo anterior, se insiste, no le correspondía a la Superintendencia de Industria y Comercio acudir a la normativa interna para el trámite de esta actuación específica dentro del procedimiento de solicitud de patente de invención. En consecuencia, no puede existir violación alguna de esa normativa, al no ser aplicable al caso.

En el mismo sentido se pronunció la Sección en la Sentencia de 28 de enero de 2010 antes citada, cuando señaló que: “… al existir un procedimiento en materia de trámite de las solicitudes de patente de invención, previsto en la legislación comunitaria andina, el cargo de violación de la citada norma del Código Contencioso Administrativo [se refiere a su artículo 3º(5)] no es procedente”.

Todo lo anterior lleva a la Sala a declarar que las pretensiones de la actora no tienen vocación de prosperidad y así quedará consignado en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda formulada por la sociedad SCA Hygiene Products AB. para que se declare la nulidad de las resoluciones 28657 de 28 de octubre de 2005 y 32191 de 29 de noviembre de 2006, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, en su orden, se decidió declarar abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención contenida en el Expediente 02-64001, y se resuelve un recurso de reposición confirmando dicha decisión.

Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase».

 

(1) Esta decisión es adoptada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor literal es el que sigue: “ART. 38.—La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y El mencionado artículo 26 prevé que “La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: […] f) los poderes que fuesen necesarios; […]”. Por su parte, el artículo 27 ibídem establece que “El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: […] b) el nombre y la dirección del solicitante; […] c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; […] f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; g) la firma del solicitante o de su representante legal; […]”.

(2) Proferida en el proceso con Radicado 11001-03-24-000-2004-00170-01, con ponencia del Consejero de Estado Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

(3) “ART. 22.—Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad. || Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”. (destaca la Sala)

(4) Se refiere a los artículos 14 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

(5) Este artículo consagra los principios que orientan las actuaciones administrativas, entre los que se encuentra el de eficacia, conforme al cual “…se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias…”.