Sentencia 2007-00155 de junio 7 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 250002327000200700155 01

Ref.: 18163

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Demandante: Inmobiliaria Financiera S.A.

Demandado: Dirección Distrital de Impuestos

Asunto: Impuesto predial unificado año gravable 2003

Fallo

Bogotá, D.C., siete de junio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala.

En el caso se discute la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la Administración Tributaria Distrital modificó la declaración del impuesto predial unificado, presentada por la demandante, por el año gravable 2003, en relación con el predio ubicado en la carrera 47 A Nº 100 - 15 de la ciudad de Bogotá, D.C.

En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala decidir si son nulos los actos administrativos demandados por falta de competencia temporal, dado que al concluir que si, se abstendría de analizar si se violaron los derechos al debido proceso y a la defensa por falta de notificación del requerimiento especial y si, para la fecha de causación del impuesto predial, existía edificación en el predio para declararlo como residencial con destino 20 y tarifa 8 por mil.

Término para resolver el recurso de reconsideración

Advierte la entidad apelante que el Decreto 807 de 1993, además de contemplar la suspensión contenida en el artículo 733 del estatuto tributario nacional para fallar el recurso de reconsideración, referida a la práctica de inspección tributaria, adicionó otra en razón de la práctica de otras pruebas, situación que no modifica la norma superior.

Que la suspensión, cuando se decretan pruebas diferentes a la inspección tributaria, opera por el término de 90 días, independientemente de que la necesidad de decretar estas nuevas pruebas haya surgido de oficio a petición de parte.

Así las cosas, debe la Sala determinar si en el caso bajo análisis debe aplicarse el artículo 733 del estatuto tributario nacional o el parágrafo del artículo 104 del Decreto Distrital 807 de 1993, para decidir si fue proferida extemporáneamente la resolución que resolvió el recurso de reconsideración.

El Decreto 807 de 1993, por el cual se armonizan el procedimiento y la administración de los tributos distritales con el estatuto tributario nacional y se dictan otras disposiciones, fue expedido por el Alcalde Mayor del Distrito Capital, en desarrollo de las facultades legales conferidas por los artículos 38 numeral 14, 161, 162 y 176 numeral 2º del Decreto 1421 del 21 de julio de 1993(11).

El artículo 176 del Decreto 1421 del 21 de julio de 1993, dispuso:

“Régimen de transición. Con el fin de asegurar la vigencia efectiva de las disposiciones del presente estatuto y de evitar las dificultades y litigios que puedan surgir de posibles vacíos normativos, adóptanse las siguientes disposiciones transitorias:

(…).

2ª. El Gobierno Distrital definirá por una sola vez la composición de las juntas directivas de las entidades descentralizadas y la forma de designación de aquellos miembros cuyo nombramiento no corresponda al Alcalde Mayor; adoptará la nomenclatura de los cargos de la veeduría y su escala de remuneración; expedirá las normas estrictamente necesarias para armonizar las disposiciones vigentes en el Distrito con los preceptos de este estatuto sobre las siguientes materias: carrera administrativa, régimen presupuestal y fiscal y trámite de los asuntos que en virtud de este decreto deban ser decididos por autoridades distintas de las que los venían conociendo o respecto de los cuales hayan cambiado su procedimiento, recursos e instancias". (Destacado fuera de texto).

De lo antes anotado se establece que el artículo 176 del Decreto 1421 de 1993 autorizó al gobierno distrital para armonizar las disposiciones vigentes en el Distrito con los preceptos del estatuto tributario nacional, entre otras materias, las relacionadas con el régimen fiscal; cabe resaltar que esta facultad fue otorgada solamente para expedir las normas estrictamente necesarias para armonizar las dos legislaciones, es decir, no quedaba facultado para decretar supuestos de hecho no contenidos en la norma superior.

A su turno, el inciso primero del artículo 104 del mencionado Decreto 807(12) dispone que “sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales del presente decreto y en aquellas normas del estatuto tributario nacional a las cuales se remiten sus disposiciones, contra las liquidaciones oficiales, las resoluciones que aplican sanciones y demás actos producidos por la Administración Tributaria Distrital, procede el recurso (de) reconsideración el cual se someterá a lo regulado por los artículos 720, 722 a 725, 729 a 734 del estatuto tributario nacional”.

En relación con el recurso de reconsideración el artículo 732 del estatuto tributario, prescribe que “La administración de impuestos tendrá un (1) año para resolver los recursos de reconsideración o reposición, contado a partir de su interposición en debida forma” y el artículo 733, que “Cuando se practique inspección tributaria, el término para fallar los recursos, se suspenderá mientras dure la inspección, si esta se practica a solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, y hasta por tres (3) meses cuando se practica de oficio”.

Por su parte, el parágrafo del artículo 104 citado, dispone que “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 733 del estatuto tributario nacional, el término para resolver el recurso también se suspenderá cuando se decreta la práctica de otras pruebas, caso en el cual la suspensión operará por el término único de noventa días contados a partir de la fecha en que se decrete la primera prueba”.

De conformidad con las normas del estatuto tributario a que se alude, la Administración Distrital tendrá un (1) año para resolver el recurso de reconsideración, contado a partir de su interposición en debida forma, término que, cuando se decrete inspección tributaria de oficio, se suspenderá hasta por tres (3) meses o por el término que dure, cuando es solicitada a petición de parte.

Así pues, es claro que el parágrafo del artículo 104 del Decreto 807, al disponer que la Administración Distrital puede suspender por 90 días el término para resolver el recurso de reconsideración, cuando se decreten otras pruebas, añade un presupuesto no contenido en la norma nacional.

La Sala en criterio que hoy se reitera, señaló(13) que el parágrafo del artículo 104 del Decreto distrital 807 de 1993 debe inaplicarse porque contiene un supuesto que no está previsto en el estatuto tributario nacional y que el artículo 733 del estatuto tributario prevé la suspensión del término únicamente cuando se practique inspección tributaria sin que en dicha norma o en alguna otra se haya advertido la suspensión de términos por la práctica de otras pruebas.

Indicó, igualmente, que el artículo 162 del Decreto 1421 de 1993 remite a las normas del estatuto tributario nacional sobre procedimiento, sanciones, declaración, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, cobro y, en general, la administración de los tributos, las cuales son aplicables en el distrito conforme a la naturaleza y estructura funcional de sus impuestos y que el artículo 176 ibídem, facultó al Gobierno Distrital para expedir las normas estrictamente necesarias para ‘armonizar’ las disposiciones vigentes en el distrito con los preceptos del estatuto tributario nacional(14).

Conforme con el precedente jurisprudencial, la Sala, con base en la excepción de ilegalidad, inaplicará el parágrafo del artículo 104 del decreto distrital, excepción que tiene fundamento en el artículo 12 de la Ley 153 de 1887 declarado exequible por la Corte Constitucional(15), que en tal oportunidad precisó que el juez contencioso administrativo es la autoridad con la facultad de inaplicar, dentro del trámite de una acción sometida a su conocimiento, un acto administrativo que resulta lesivo del orden jurídico superior. Dicha inaplicación puede llevarse a cabo en respuesta a una solicitud de nulidad o de suspensión provisional formulada en la demanda, a una excepción de ilegalidad propiamente tal aducida por el demandado, o aun puede ser pronunciada de oficio.

Por lo tanto, se aplicará el texto de la norma superior y se procederá a analizar el caso concreto.

En el asunto sub iúdice se encuentran probados los siguientes hechos:

— El 31 de enero de 2006 la demandante interpuso recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión Nº DDI — DDI156525 (2005PEE-2005EE427472).

El 27 de diciembre de 2006 la subdirección jurídica tributaria de la Dirección Distrital de Impuestos profirió el Auto Nº 2006EE -341414 en el que ordenó oficiar a la subdirección de impuestos a la propiedad de la misma Dirección Distrital para que enviara copia de los actos administrativos recurridos

— El auto de pruebas señalado se notificó el 3 de enero de 2007.

— El 27 de marzo de 2007 se resolvió, mediante la Resolución DDI 013759, el recurso de reconsideración(16) interpuesto, decisión que se notificó por edicto desfijado el 2 de mayo del mismo año.

Evidencia la Sala que en el llamado auto de pruebas, la administración distrital se limitó a ordenar oficiar a otra de sus dependencias para que enviara copia de los actos administrativos objeto del recurso de reconsideración, diligencia que no justificaba proferir un auto de “pruebas”.

Por lo tanto, como de conformidad con el artículo 732 del estatuto tributario la demandada tenía un año para proferir y notificar la resolución con la cual decidió el recurso de reconsideración, esto es, hasta el 31 de enero de 2007, el haberlo hecho el 2 de mayo de 2007 conlleva su expedición irregular por falta de competencia y, por ende, la configuración del silencio administrativo positivo consagrado en el artículo 734 del estatuto tributario, a favor de la sociedad demandante, pues el acto se notificó extemporáneamente.

Advierte la Sala que el demandante solicitó la condena en costas a la demandada,

pretensión sobre la cual no se pronunció el a quo; sin embargo la Sala estima que no es del caso declararlas en razón de lo siguiente:

Como es sabido, la institución de la condena en costas es una figura de derecho procesal que busca sancionar a la parte que resulta vencida, en un proceso, incidente o recurso. En la noción de costas se ha distinguido entre el reembolso de los gastos necesarios para la atención del proceso y el equivalente a los honorarios profesionales que la parte vencida tuvo que sufragar en la modalidad “agencias en derecho”.

El artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, en la forma como fue modificado por la Ley 446 de 1998, en el artículo 55, preceptúa que en todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil.

De la norma mencionada se desprende que en esta regulación se establece la igualdad procesal, al disponer que en todos los procesos podrá haber condena en costas contra la parte vencida en el juicio, que le exige al juez una valoración y ponderación subjetivas, pues esta se deberá ejercer teniendo en cuenta “la conducta asumida por las partes”, exigencia que se traduce en que no basta que se haya vencido a la parte sino que se hace necesario analizar la conducta asumida por ella.

Al respecto, observa la Sala que la administración distrital limitó su actuación a la defensa de los actos por ella proferidos, sin que se advierta una conducta temeraria o de mala fe, por lo que se estima improcedente lo solicitado.

Por las razones anteriormente expuestas, la Sala procederá a confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(11) Estatuto orgánico de Santa Fe de Bogotá, D.C.

(12) Modificado por el artículo 54 del Decreto 401 de 1999.

(13) Sentencias 16094 del 24 de octubre de 2007, 16066 del 8 de mayo de 2008, C.P. Dr. Héctor J. Romero Díaz y 16830 del 11 de junio de 2009, C. P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(14) En esta providencia se acogió la posición de la Dra. María Inés Ortiz Barbosa, expuesta en el salvamento de voto presentado en el fallo cuyo criterio modifica.

(15) Sentencia C- 037 de 26 de enero de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(16) Folio 188 del cuaderno principal.