Sentencia 2007-00165 de febrero 28 de 2013

 

Sentencia 2007-00165 de febrero 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 250002327000200700165 01

Número interno: 18036

Consejera Ponente:

Dr. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Demandante: Promociones San Alejo Ltda. en liquidación

Demandado: Bogotá Distrito Capital

Asunto: Impuesto Predial

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 24 de septiembre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta Subsección B.

Para tal efecto, es menester aclarar que esta Corporación(2) declaró la nulidad del literal b) del parágrafo 2º del artículo 1º del Acuerdo 105 de 2003, norma de la mayor importancia en el caso que se decide, pues con base en esta se calificó el inmueble de la actora como “Urbanizado no edificado”.

Marco legal

El impuesto predial unificado se encuentra regulado en la Ley 44 de 1990, la cual, en su artículo 4º determinó la tarifa del mismo así:

“Tarifa del impuesto. La tarifa del impuesto predial unificado, a que se refiere la presente ley, será fijada por los respectivos concejos y oscilará entre el 1 por mil y 16 por mil del respectivo avalúo.

(...).

Las tarifas aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados teniendo en cuenta lo estatuido por la Ley 9ª de 1989, y a los urbanizados no edificados, podrán ser superiores al límite señalado en el primer inciso de este artículo, sin que excedan del 33 por mil” (resaltado fuera de texto).

En desarrollo del artículo señalado y para efectos de determinar la tarifa de los predios “urbanizados no edificados” en el Distrito Capital, el Concejo expidió el Acuerdo 105 de 2003, el cual, en el literal b) del parágrafo 2º del artículo 1º dispuso:

“PAR. 2º—Entiéndase por predio no edificado al que encuadre en cualquiera de los siguientes supuestos:

a. Al predio urbano que se encuentre improductivo, es decir, cuando encontrándose en suelo urbano no esté adecuado para tal uso (para ser utilizado con fines habitacionales, comerciales, de prestación de servicios, industriales, dotacionales o cuyas áreas constituyan jardines ornamentales o se aprovechen en la realización de actividades recreativas o deportivas).

b. Al predio urbano cuyas construcciones o edificaciones tengan un área inferior al 20% al área del terreno y un avalúo catastral en el que su valor sea inferior al veinticinco por ciento (25%) del valor del terreno” (resaltado fuera de texto).

Con fundamento en esta norma, se precisó que los predios urbanos con un área de construcción inferior al 20% del área del terreno y un avalúo catastral inferior al 25% del valor del terreno, se califican como “no edificado”, al cual, de conformidad con el artículo 2º ibídem, se le aplica una tarifa del 33.0 por mil.

Caso en particular

Para efectos del presente caso, el certificado catastral(3) señala que el predio de la actora, con nomenclatura oficial KR96A 1702, corresponde a la categoría de “Urbanizado no edificado”, el cual cuenta con un área de terreno de 76.538.30 m2; un área construida de 291.30 m2; un valor por M2 de terreno de $ 62.379.45 y un valor de área por m2 de construcción de $ 65.960.94.

De igual forma, en el reporte de declaraciones y pagos expedido por la Dirección Distrital de Impuestos(4), consta que el predio indicado, para los períodos 2000 y 2001, contaba con un área construida de 291.3 m2, lo cual se reitera en el certificado catastral anotado, con lo cual se infiere que para el período 2004 el área construida era la misma.

Con ocasión de la calificación en la categoría de predio de “Urbanizado no edificado”, la administración distrital profirió el requerimiento especial RE-2006EE178035, en el cual propuso modificar el destino y la tarifa del predio declarados, por lo que determinó un mayor valor del impuesto predial unificado en cuantía de $ 141.680.000 y una sanción por inexactitud de $ 226.688.000.

Al respecto, el requerimiento señaló:

“4. Como resultado de lo anterior se detectó que el(los) contribuyente(s) en su(s) declaración(es) correspondiente(s) al (los) período(s) arriba mencionado(s), no dio (dieron) cumplimiento a lo señalado en los artículos 1º y 5º de la Ley 601 de 2000 (parámetro mínimo de base gravable) y/o Acuerdo 105 de 2003 compilado en el artículo 25 del Decreto Distrital 352 de 2002 (tarifas aplicables).

(...).

2. En su declaración tributaria el contribuyente registró como destino 70, tarifa .0004 cuando de acuerdo a la información reportada por el Departamento Administrativo de Catastro Distrital y la normatividad legal vigente y/o lo informado en la declaración tributaria, le corresponde el destino 67, tarifa .033” (resaltado fuera de texto).

Por su parte, la liquidación oficial de revisión contenida en la Resolución DDI-014806 del 3 de abril de 2007, reiteró lo dicho por el requerimiento, así:

“4. Como resultado de lo anterior se detectó que el(los) contribuyente(s) en su(s) declaración(es) correspondiente(s) al (los) período(s) arriba mencionad (s), no dio (dieron) cumplimiento a lo señalado en los artículos 1º y 5º de la Ley 601 de 2000 (parámetro mínimo de base gravable) y/o Acuerdo 105 de 2003 compilado en el artículo 25 del Decreto Distrital 352 de 2002 (tarifas aplicables)” (resaltado fuera de texto).

Nótese como los citados actos administrativos se fundamentaron en la información suministrada por el Departamento Administrativo de Catastro Distrital, el cual determinó el destino y la clasificación del predio con fundamento en el literal b) del parágrafo 2º del artículo 1º del Acuerdo 105 de 2003.

Esta afirmación se corroboró en la conciliación prejudicial adelantada el 31 de julio de 2007(5), entre la administración distrital y la actora, así:

“3. De conformidad con la Resolución DDI014806 y/o liquidación oficial de revisión LOR-2007PEE61929 del 3 de abril de 2007 proferida por la Subdirección de Impuestos a la propiedad y la información tomada de la base de datos de la entidad, se puede establecer que el predio en cuestión a 1º de enero de 2004, se encontraba en la categoría de “no edificado” pues su construcción tiene un área inferior al 20% del área del terreno y un avalúo catastral inferior al 25% del valor del mismo, de conformidad con el artículo primero numeral 8º parágrafo 2º literal b del Acuerdo 105 de 2003, y como tampoco a la fecha ha cambiado el destino ni la tarifa” (resaltado fuera de texto).

Es claro entonces que los actos demandados se fundamentaron en el literal b) del parágrafo 2º del artículo 1º del Acuerdo 105 de 2003, norma que como se mencionó fue declarada nula por esta sección. Por lo tanto, le corresponde a la Sala resolver el alcance de la nulidad frente al caso sub examine.

Nulidad del literal b) del parágrafo 2º del artículo 1º del Acuerdo 105 de 2003

Mediante la sentencia de fecha 18 de marzo de 2010, correspondiente al Expediente 16971(6), esta corporación declaró nulo el literal b) del parágrafo 2º del artículo 1º del Acuerdo 105 de 2003, por reproducir el contenido de los parágrafos primeros de los artículos 4º y 5º del Acuerdo 39 de 1993, norma que fue declarada nula con anterioridad por violar el principio de legalidad tributaria.

Al respecto la Sala precisó:

“De acuerdo con lo anterior, los parágrafos primero de los artículos 4 y 5 del Acuerdo 39 de 1993 fueron anulados, en síntesis, porque violaron el principio de legalidad tributaria al establecer una discriminación porcentual para predios urbanizados no edificados que no estaba prevista legalmente. A juicio de la sección, la administración del tributo y la graduación de las tarifas diferenciales y progresivas en el impuesto predial deben operar con sujeción a los presupuestos de la Ley 44 de 1990 y normas concordantes y, por el contrario, las disposiciones acusadas desvirtuaban estos presupuestos, no solo por su interpretación sistemática sino por la evidente implicación sobre la determinación del hecho imponible, la base gravable y la tarifa. Además, porque las normas legales que regulan el impuesto predial se refieren a terrenos “urbanizados no edificados”, concepto suficientemente claro para rechazar cualquier hipótesis de construcción o edificación, pues esa expresión debía entenderse en su sentido natural y obvio ya que el legislador no distinguió.

Pues bien, en el caso que ocupa la atención actual de la Sala, el Concejo de Bogotá, D.C., mediante la disposición acusada, estableció también unos parámetros porcentuales sobre construcción y avalúo de la construcción para determinar si un predio se considera edificado o no para efectos de la tarifa del impuesto predial. Es decir, consagró en términos similares y en esencia las disposiciones anuladas, no obstante los fundamentos legales que motivaron la anulación no habían desaparecido” (resaltado fuera de texto).

Pues bien, la declaratoria de nulidad de la norma señalada afectó directamente la legalidad de los actos demandados, como quiera que la determinación de la tarifa del impuesto predial para el período discutido se fundamentó en una clasificación ilegal que consideró como predios “no edificados”, los que no tuvieran un porcentaje construido superior al 25% del total del terreno, y como se encuentra demostrado en el proceso, el predio de la actora para ese año contaba con un área construida de 291.3 m2, equivalente al 0.38 % del total del terreno, lo cual se traduce en que no le aplicaba dicha clasificación.

Sin embargo, cabe anotar que los efectos de la nulidad aludida no son absolutos, en la medida en que solo afecta aquellas situaciones jurídicas que aún se encuentran en discusión, sea en sede administrativa o en sede judicial, lo cual excluye las circunstancias jurídicamente consolidadas, so pena de violar el principio de seguridad jurídica de las actuaciones administrativas.

En un caso con supuestos fácticos similares, la corporación expresó(7):

Teniendo en cuenta lo anterior, y siguiendo la posición fijada por esta Sala los efectos de un fallo de nulidad de un acto de carácter general son ex nunc, respecto de las situaciones jurídicas consolidadas, esto es, no se afecta la situación jurídica. En cuanto a las situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas que se debaten ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el efecto es inmediato, lo que quiere decir que para el sub lite, en el que se define una situación particular y concreta, la norma que debía tenerse en cuenta para el efecto, según el debate aquí planteado, es decir, el literal “b” del parágrafo 2º del artículo 1º del Acuerdo 105 de 2003, expedido por el Concejo de Bogotá, D.C, es inaplicable porque fue declarado nulo.

En ese sentido, es evidente que al no existir sustento legal para que se establezcan los parámetros porcentuales sobre construcción y avalúo para determinar si un predio se considera edificado o no para efectos de la tarifa del impuesto predial, se declarará la nulidad de los actos demandados (resaltado fuera de texto).

En ese orden de ideas, la Sala no abordará el estudio de los cargos propuestos en el recurso de apelación y declarará la nulidad la Resolución DDI-014806 del 3 de abril de 2007 por fundamentarse en una norma retirada del ordenamiento jurídico. Además, a título de restablecimiento del derecho, dejará en firme la declaración del impuesto predial unificado del año 2004, presentada por la sociedad Promociones San Alejo Ltda., en liquidación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVÓCASE la sentencia del 24 de septiembre de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar se dispone: ANÚLASE la Resolución DDI-014806 del 3 de abril de 2007, expedida por la subdirección de impuestos a la propiedad de la Secretaría Distrital de Hacienda

A título de restablecimiento del derecho DECLÁRASE en firme la declaración del impuesto predial unificado, presentada por la sociedad Promociones San Alejo Ltda. en liquidación, por el período fiscal 2004

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase».

(2) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 18 de marzo de 2010, Expediente 16971, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(3) Boletín Catastral del 24/03/2007 obrante a folio 76 del cuaderno de antecedentes.

(4) Reporte de declaraciones y pagos del 24/03/2007 obrante a folio 79 del cuaderno de antecedentes.

(5) Folio 125 del cuaderno de antecedentes.

(6) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 18 de marzo de 2010, Expediente 16971, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(7) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 31 de mayo de 2012, Expediente 18227, C.P. William Giraldo Giraldo.