Sentencia 2007-00167 de septiembre 16 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Exp. 25000232700020070016701 (17417)

Consejero ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

Demandante: Shool Duque S.A. En liquidación

Demandado: UAE-Dian

Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre de dos mil once.

Fallo

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación presentado por las partes, a la Sala le corresponde decidir si está probada la excepción de prescripción de las obligaciones tributarias por concepto de IVA de los periodos 1993-1, 1996-1, 2, 4 y 5; retención en la fuente 1999-4, y otros 1999. También se debe determinar si está probada la excepción de falta de títulos ejecutivos que respaldaran el mandamiento de pago. Por último, si la funcionaria de la Dian que profirió el mandamiento de pago estaba facultada para tal efecto.

Hechos relevantes

Para resolver el recurso de apelación son relevantes los siguientes hechos:

Mediante Resolución 000026 del 9 de marzo de 1999, modificada con la Resolución 034 del 8 de septiembre de 1999, reliquidada, a su vez, con la Resolución 0471 del 29 de septiembre de 2000(2), la división de cobranzas de la administración especial de personas jurídicas de Bogotá aprobó la garantía otorgada por la demandante (que consistía en un inmueble) y concedió el beneficio de pago de las obligaciones que adeudaba, así(3):

ConceptoImpuestoSanciónActualizaciónIntereses
Retefuente 92-12$ 59.000$ 43.000$ 9.000$ 59.000
Ventas 95-672’079.000721.000018’302.000
Ventas 96-139’921.00077.000038’040.000
Ventas 96-234’524.000207.000029’067.000
Ventas 96-420’055.0000013’571.000
Ventas 96-614’349.000008’370.000
Ventas 98-15’913.000659.0000690.000
Ventas 98-216’477.000110.00003’633.000
Ventas 98-511’680.00000818.000
Retefuente 98-38’598.000002’004.000
Totales$ 223’645.000$ 1’817.000$ 9.000$ 114.554.000

Mediante Resolución 0115 del 24 de septiembre de 2002, la división de cobranzas de la administración especial de personas jurídicas de Bogotá dejó sin efectos el plazo concedió a la actora con la Resolución 471 de 2000 y ordenó iniciar el proceso administrativo de cobro contra la demandante(4). Dicha resolución se notificó por correo el 23 de octubre de 2002(5).

Con Auto 00060 del 12 de mayo de 2005, la división de cobranzas de la administración especial de personas jurídicas de Bogotá fijó fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de secuestro del inmueble que respaldaba la facilidad de pago otorgada a la actora, inmueble que está ubicado en la calle 67 Nº 19-29 de la ciudad de Bogotá. El embargo del inmueble se ordenó con Resolución 0137 del 1º de marzo de 1999 y la diligencia se llevó a cabo el 25 de mayo de 2005(6).

El 23 de mayo de 2006, la administración especial de personas jurídicas de Bogotá libró mandamiento de pago 900635(7) por valor de $ 169’581.146, así:

Nº de títuloConceptoPeriodoImpuestoSanciónTotal
504.201.009.947ventas1993-1$ 7’739.000$ 1’548.000$ 9’287.000
2.008.401.053.360ventas1996-139’921.000039’921.000
2.008.401.053.123ventas1996-234’524.000034’524.000
2.008.401.053.359ventas1994-419’627.000019’627.000
2.008.401.053.126ventas1996-526’426.000291.00026’717.000
503.101.061.807ventas2001-31’044.00001’044.000
503.102.061.694ventas2001-6451.000150.000601.000
503.101.061.730ventas2002-22’853.00002’853.000
107.203.063.224ventas2002-33’273.00003’273.000
503.101.063.873ventas2003-19’121.00009’121.000
107.204.055.472retención1999-45’523.00005’523.000
503.101.061.152retención2002-11’295.000160.0001’455.000
503.101.061.520retención2002-36’390.00006’390.000
503.101.061.731retención2002-42’700.00002’700.000
2.323.501.104.297retención2003-11’966.00001’966.000
3.006.420.030.172otros1999-14’579.14604’579.146
 Totales $ 167’432.146$ 2’149.000$ 169’581.146

— La demandante formuló excepciones contra el mandamiento de pago(8).

— Con Resolución 0018 del 28 de marzo de 2007, la Dian rechazó las excepciones propuestas, ordenó seguir adelante con la ejecución, abonó ciertos dineros embargados y ordenó el remate de otros bienes(9).

— La demandante presentó recurso de reposición(10). Mediante Resolución 0041 del 7 de junio de 2007, la división de cobranzas de la administración especial de personas jurídicas de Bogotá resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión inicial(11).

Una vez relacionados los hechos que interesan se examinará de fondo del asunto sometido a consideración de la Sala.

De la prescripción de la acción de cobro

El texto original del artículo 817 del estatuto tributario, establecía que la acción de cobro de las obligaciones prescribía en el término de cinco años, a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles. Sin embargo, el artículo 86 de la Ley 788 de 2002 modificó el artículo 817 y estableció eventos precisos para determinar la prescripción. El nuevo texto de dicho artículo dice que la acción de cobro prescribe en cinco años, contados a partir de: (i) la fecha de vencimiento del término para declarar, cuando la declaración se presenta oportunamente; (ii) la fecha de presentación de la declaración, en el caso de ser presentada extemporáneamente; (iii) la fecha de la presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores, y (iv) la fecha de ejecutoria del acto administrativo de determinación o discusión.

El artículo 818 ibidem, sin embargo, establece que el término de prescripción de la acción de cobro se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago, con el otorgamiento de facilidades de pago, con la admisión de la solicitud de concordato y con la declaratoria oficial de liquidación forzosa administrativa. Según esa misma norma, interrumpida la prescripción, el término empieza a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, la terminación del concordato o la terminación de la liquidación forzosa administrativa, según sea el caso.

En lo que interesa, conviene decir que el artículo 814 del estatuto tributario faculta al subdirector de cobranzas y a los administradores de impuestos nacionales para conceder facilidades de pago a los contribuyentes que tengan obligaciones fiscales pendientes por pagar, siempre que el deudor, o un tercero a su nombre, dice la norma, constituya una garantía que respalde la obligación que tiene a cargo.

El artículo 814-3 ibidem, por su parte, autoriza al subdirector de cobranzas para que, en caso de incumplimiento de la facilidad de pago —incumplimiento del pago de una cuota o de cualquier otra obligación surgida con posterioridad a la notificación de la facilidad de pago—, declare sin vigencia el plazo, ordene hacer efectiva la garantía y decrete el embargo, secuestro y remate de los bienes, según el caso.

La decisión de dejar sin efectos el plazo, en todo caso, no trae como consecuencia la inexistencia del acuerdo de pago, como, en este caso, lo sugiere la sociedad demandante.

Los artículos 814 y 814-3 deben interpretarse en el entendido de que la facilidad de pago tiene vigencia hasta tanto la administración de impuestos no deje sin vigencia el plazo concedido, cuando advierte el incumplimiento de dicha facilidad y es, precisamente, porque tal facilidad existió que debe declararse el incumplimiento.

Ahora bien, una vez que se declara sin vigencia el plazo concedido, el término de prescripción de 5 años de la acción de cobro, que se interrumpe cuando se concede una facilidad de pago, vuelve a correr de nuevo, a partir de la notificación de la resolución que dejó sin efectos el acuerdo de pago(12).

En el caso concreto, como ya se dijo, la Sala debe determinar si está probada la excepción de prescripción de la acción de cobro respecto de las obligaciones por concepto de IVA 1993-1; 1996-1, 2, 4 y 5; retención 1999-4, y otros 1999.

Habida cuenta de que apelaron ambas partes, la Sala resolverá el recurso sin las limitaciones que impone el artículo 357, Código de Procedimiento Civil. Para el efecto, la Sala precisa lo siguiente:

1. De manera previa la Sala debe aclarar que, de conformidad con los artículos 170, Código Contencioso Administrativo y 305, Código de Procedimiento Civil, la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda y con las excepciones que aparezcan probadas y que se hubieran alegado si así lo exige la ley. Ese artículo desarrolla el principio de congruencia, según el cual debe existir coherencia entre la parte motiva y la resolutiva de la sentencia (congruencia interna). Y, además, exige que la decisión esté conforme entre lo pedido en la demanda y en la contestación (congruencia externa).

Según lo ha entendido esta Sección(13), el principio de congruencia busca garantizar el derecho a obtener una decisión judicial coherente respecto del asunto puesto a consideración del juez. Es decir, para que, sin importar el sentido de la decisión, se examinen los argumentos propuestos para sustentar las pretensiones o los propuestos como estrategia de defensa del demandado.

Ahora bien, en las acciones de impugnación, como lo son la de nulidad simple y la de nulidad y restablecimiento del derecho, en aplicación del principio de congruencia, el juez debe examinar la legalidad de los actos administrativos, a partir del concepto de violación que ofrezca el actor, pues, por esencia, en ese tipo de acciones rige el principio de justicia rogada(14).

Para el caso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, además, el concepto de violación que se ofrezca en la demanda debe guardar coincidencia con los argumentos que se propongan en vía gubernativa, salvo que se trate de argumentos que mejoren los inicialmente propuestos.

En todo caso, conviene precisar que, en la actualidad, el principio de la jurisdicción rogada tanto en la acción de nulidad como en la de nulidad y restablecimiento del derecho, ha sido atenuado y no se aplica rígidamente como en antaño. De modo que, así no esté planteado en el concepto de violación de la demanda, el juez administrativo puede anular el acto administrativo que afecte un derecho fundamental o inaplicarlo cuando es contrario a una norma constitucional.

Ese es el marco de juzgamiento en el que el juez administrativo debe examinar la legalidad de los actos administrativos(15).

En el caso particular, encuentra la Sala que tanto en vía gubernativa como en vía jurisdiccional la actora ha insistido en la prescripción de la acción de cobro con el argumento de que al dejarse sin efectos la facilidad de pago el término de prescripción debía reanudarse y no contarse nuevamente, como lo hizo la Dian en los actos demandados.

Ese argumento está estructurado a partir del hecho de que la administración de impuestos habría otorgado facilidad de pago para todas las obligaciones cuya prescripción se cuestiona.

Sin embargo, la Sala advierte que no todas las obligaciones, cuyo cobro coactivo se ordenó en el mandamiento de pago 900635 de 2006, se beneficiaron con la facilidad de pago que se otorgó con la Resolución 000026 de 1999, modificada por la Resolución 034 de 1999, reliquidada, a su vez, con la Resolución 0471 de 2000.

En efecto, en el expediente no hay prueba de que la Dian hubiese otorgado facilidad de pago para las obligaciones correspondientes a IVA 1993-1, 1996-5 y otros 1999. Por ende, la Sala no puede examinar la prescripción con el argumento propuesto por la demandante en el concepto de violación, pues lo cierto es que el término de prescripción no se interrumpió porque las citadas obligaciones no se beneficiaron con ninguna facilidad de pago.

La forma en que la demandante planteó el cargo impedía que tanto el a quo, en su momento, como ahora la Sala aborde el estudio de la prescripción respecto de las obligaciones antes mencionadas porque, se repite, la demandante estructuró el argumento a partir del hecho de que todas las obligaciones estuvieran amparadas con la facilidad de pago, cuando lo cierto es que no todas las obligaciones estaban amparadas con ese beneficio.

La Sala no puede, entonces, examinar la prescripción de las obligaciones correspondientes a IVA 1993-1, 1996-5 y otros 1999, pues lo cierto es que el concepto de violación propuesto está estructurado a partir de un hecho inexistente. En otras palabras, frente a esas obligaciones la Sala no puede emprender el examen de la prescripción porque no hay concepto de violación que permita examinar la prescripción de la acción de cobro para tales obligaciones, habida cuenta de que el concepto de violación ofrecido por el actor, así se hubiese invocado la vulneración del artículo 817 del estatuto tributario, está dirigido a cuestionar la forma en que debe contarse el término de prescripción en los casos en que se otorga facilidades de pago, evento que está previsto en el artículo 818 ibidem.

En consecuencia, en virtud de los principios de congruencia y de justicia rogada, la Sala se abstiene de examinar la prescripción de las obligaciones en la forma que lo propuso la compañía demandante en el concepto de violación. Y, dado que la parte actora no probó la excepción, la Sala revocará la sentencia del a quo en cuanto dijo que sí estaba probada esa excepción, pero a partir del análisis de presupuestos de hecho que eran inaplicables al cargo en concreto.

2. Ahora bien, frente las obligaciones correspondiente a IVA 1996-1, 2 y 4, y retención en la fuente 1999-4 la parte actora rindió el concepto de violación en el que, como ya se ha dicho, dijo que una vez se declara el incumplimiento de la facilidad de pago se reanuda el término de prescripción de la acción de cobro, mas no se vuelve a contabilizar.

En el sub lite, está probado que la Dian sí otorgó facilidad para el pago de las obligaciones de IVA 1996-1, 2 y 4, y retención 1999-4(16) y, por ende, hay lugar a examinar el cargo de prescripción en la forma que lo propuso la parte actora, así sea que el demandante hubiera invocado la violación de los artículos 817 y 841 del estatuto tributario y no del 818 estatuto tributario, que establece la forma de contabilizar el término de prescripción de la acción de cobro en los casos en que la administración concede una facilidad de pago.

Como quedó visto en la primera parte de este capítulo, cuando la administración concede una facilidad de pago a los contribuyentes por las obligaciones fiscales se interrumpe el término de prescripción de la acción de cobro. De modo que, de llegarse a incumplir la facilidad de pago, el término de prescripción volverá a correr a partir de la notificación del acto administrativo que deje sin efectos el plazo concedido para pagar.

Siendo así, en el caso particular, encuentra la Sala que respecto de las obligaciones de IVA 1996-1, 2 y 4, y retención 1999-4, la Dian sí concedió la facilidad de pago y, por ende, es posible concluir que se interrumpió el término de prescripción de la acción de cobro.

El término de prescripción, en consecuencia, debe contarse nuevamente, a partir del 23 de octubre de 2002, que es la fecha en que la Dian notificó la Resolución 115 de 2002, que dejó sin efecto la facilidad de pago otorgada a la actora para las obligaciones antes mencionadas y, por ende, dispuso declarar sin vigencia el plazo concedido para iniciar el proceso de cobro respectivo.

Está probado en el proceso que el mandamiento de pago librado para el cobro de las obligaciones correspondientes a IVA 1996-1, 2 y 4, y retención 1999-4 se notificó el 15 de junio de 2006, esto es, se profirió dentro de los 5 años siguientes a la notificación del acto administrativo que dejó sin efectos la facilidad de pago y, en consecuencia, frente a tales obligaciones no operó la prescripción de la acción de cobro.

3. Finalmente, la Sala no puede pasar por alto que en el recurso de apelación la Dian puso de presente que la obligación correspondiente a IVA 1993-1 sí se había pagado por la sociedad demandante(17). Lo que ha debido hacer la actora, entonces, era formular la excepción de pago que era la llamada a prosperar y no la de prescripción de la acción de cobro.

Como la Dian aceptó que se había pagado la obligación correspondiente a IVA 1993-1, la Sala declarará probada la excepción de pago parcial, como acertadamente lo sugirió el Ministerio Público y, por ende, no ha lugar a estudiar la prescripción de la acción de cobro que frente a esa obligación declaró el a quo.

De la falta de título ejecutivo

La parte actora alegó que no existía título ejecutivo que respaldara el mandamiento de pago 900635 de 2006. Dijo, asimismo, que el mandamiento de pago se libró con base en un estado de cuenta que no puede asimilarse a un título ejecutivo.

La Dian, por su parte, en los actos demandados y en la contestación de la demanda, alegó que las liquidaciones privadas que presentó la sociedad actora sirvieron de título ejecutivo para proferir el mandamiento de pago 9000635 del 23 de mayo de 2006. Que los originales de tales liquidaciones se encontraban en los archivos de la entidad y que, por ende, no podía prosperar la excepción de falta de título ejecutivo.

A juicio de la Sala, contra lo dicho por la parte actora, sí existían títulos ejecutivos que respaldan las obligaciones correspondientes a IVA 1993, bimestre 1; IVA 1996, bimestres 1, 2, 4 y 5; IVA 2001, bimestres 3 y 6; IVA 2002, bimestres 2 y 3; IVA 2003, bimestre 1; retefuente 2002-1, 3 y 4, y retefuente 2003-1, mas no para la obligación de otros 1999. Veamos:

El numeral 1º del artículo 828 estatuto tributario, prevé que prestan mérito ejecutivo las liquidaciones privadas junto con las correcciones que a estas se realicen. El parágrafo de esa norma dice también que en el caso de las liquidaciones privadas bastará con la certificación que expida el administrador de impuestos o su delegado en la que conste la existencia y el valor de la obligación.

En el sub lite, la Dian profirió el mandamiento de pago 900635 del 23 de mayo de 2006 con fundamento en las declaraciones privadas que la actora presentó, por concepto de IVA 1993, bimestre 1; IVA 1996, bimestres 1, 2, 4 y 5; IVA 2001, bimestres 3 y 6; IVA 2002, bimestres 2 y 3; IVA 2003, bimestre 1; retefuente 2002-1, 3 y 4, y retefuente 2003-1.

No es cierto, entonces, que el mandamiento de pago se hubiese librado con base en un estado de cuenta. Los títulos ejecutivos, se repite, son las liquidaciones privadas que, por esos conceptos presentó la demandante, y que, según lo dijo la propia administración, “por razones de seguridad se encuentran en los archivos de la administración”.

La parte actora, en todo caso, nunca ha cuestionado ni ha negado la existencia de las liquidaciones privadas que sirvieron para iniciar el cobro por la vía coactiva. Y no podría hacerlo porque se trata de denuncios que ella misma presentó ante la administración de impuestos.

Se descarta la falta de título ejecutivo que respalde el mandamiento de pago respecto de las obligaciones correspondientes a IVA 1993, bimestre 1; IVA 1996, bimestres 1, 2, 4 y 5; IVA 2001, bimestres 3 y 6; IVA 2002, bimestres 2 y 3; IVA 2003, bimestre 1; retefuente 2002-1, 3 y 4, y retefuente 2003-1.

No prospera el cargo de apelación propuesto por la demandante.

Ahora bien, mención especial merece la obligación correspondiente a “otros 1999”, porque, según lo aceptó la propia Dian en el recurso de apelación, respecto de esa obligación no existía liquidación privada, sino una resolución en la que la Dian liquidó la inversión correspondiente a los bonos de paz(18).

Aunque frente a este argumento la parte actora nada dijo ni en vía administrativa ni en la demanda de los actos cuya nulidad ahora se depreca, para la Sala, esta circunstancia no vulneró el derecho de defensa de la parte actora, por cuanto, visto el mandamiento de pago 900635 del 23 de mayo de 2006, es evidente que el título ejecutivo que respalda la obligación “otros 1999” se identifica con el Nº 3.00.420.030.172, que corresponde al Nº de la resolución que puso de presente la Dian en el recurso de apelación. En consecuencia, para la Sala está claro que la Dian no planteó un hecho nuevo, sino un mejor argumento.

Además, para la inversión en bonos de paz, la ley no exigió diligenciar un denuncio privado, puesto que el trámite de la inversión atendía a la dinámica propia de los títulos de deuda pública(19). Luego, de antemano el contribuyente sabía que no había un denuncio privado.

Ahora bien, como la parte actora invocó la excepción de falta de los títulos ejecutivos, pero por el hecho de no encontrarse físicamente en el expediente, sin referirse específicamente a ninguno de ellos, le asiste razón a la Dian en cuanto siempre alegó que no era necesario que tales títulos reposaran en el expediente, en virtud de lo previsto en el parágrafo del artículo 828 del estatuto tributario.

En efecto, el artículo 828 del estatuto tributario lista los títulos ejecutivos, y en los numerales 1º y 2º cita a las liquidaciones privadas y a las liquidaciones oficiales. En el parágrafo, textualmente dice:

ART. 828.—(...) PAR.—Para efectos de los numerales 1º y 2º del presente artículo, bastará con la certificación del administrador de impuestos o su delegado, sobre la existencia y el valor de las liquidaciones privadas u oficiales.

Para el cobro de los intereses será suficiente la liquidación que de ellos haya efectuado el funcionario competente” (negrilla fuera de texto).

Dado que la parte actora no discute la existencia de la certificación ni tampoco la tachó de falsa, a efectos de probar la inexistencia de la Resolución 3.00.420.030.172 ni de las liquidaciones privadas, o que el valor certificado en el estado de cuenta no corresponde con el de tales actos, no prospera el cargo de apelación de la parte actora.

De la incompetencia del funcionario que libró el mandamiento de pago

El artículo 824 del estatuto tributario dice que el subdirector de cobranzas, los administradores de impuestos y los jefes de las dependencias de cobranzas de la DIian son competentes para iniciar los procesos de cobro coactivo de las obligaciones fiscales que tengan los contribuyentes. Según esa misma norma, los funcionarios de cobranzas y recaudación que tengan expresa delegación también son competentes para adelantar el proceso de cobro coactivo.

A su turno, el artículo 51 de la Resolución 1618 de 2006(20) establece que a la división de cobranzas de la Dian le corresponde “coordinar, controlar y desarrollar los procesos de cobro persuasivo y coactivo de los impuestos, gravámenes, anticipos, retenciones, sanciones, multas e intereses de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales” de competencia de la entidad.

Por su parte, en la Resolución 0760 del 4 de septiembre de 2006(21), cuya copia se encuentra en los folios 115-118, el administrador de impuestos de las personas jurídicas de Bogotá delegó a los funcionarios del grupo interno de trabajo coactiva de la división de cobranzas de esa misma administración para “desarrollar e impulsar los procesos de cobro coactivo de los impuestos, gravámenes, anticipos, retenciones, sanciones, multas e intereses y actualización de las obligaciones tributarias pendientes de pago, así como el cobro de las demás obligaciones de competencia de la unidad administrativa especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”. Además, en esa resolución se delegó expresamente en los funcionarios de esa dependencia la función de “generar mandamientos de pago, resolver excepciones y los recursos interpuestos contra las mismas”.

Entre los funcionarios delegados para iniciar los procesos de cobro coactivo y proferir el mandamiento de pago se encuentra la abogada Claudia Esperanza Ladino Moreno y, por ende, no es cierto que se configure la falta de competencia alegada por la parte demandante.

Por último, resulta irrelevante para la Sala que en el mandamiento de pago no se hubiera identificado si la funcionaria Claudia Esperanza Ladino Moreno tuviera la calidad de abogada ejecutora de la división de cobranzas, pues lo cierto es que las normas antes reseñadas no exigen que el proceso mandamiento de pago se profiera por un abogado. Es suficiente que el mandamiento de pago lo expida un funcionario del grupo interno de trabajo coactiva de la división de cobranzas de la administración especial de impuestos de personas jurídicas de Bogotá.

Las razones precedentes son suficientes para confirmar parcialmente la sentencia apelada. Sin embargo, a título de restablecimiento del derecho, se declarará, de oficio, probada la excepción de pago, respecto de la obligación correspondiente a IVA 1993-1.

Como no prosperan los cargos, se negarán las demás pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMANSE los numerales 1º y 3º de la sentencia apelada.

2. REVÓCASE el numeral 2º de la sentencia apelada. En su lugar, se dispone:

“2º A título de restablecimiento del derecho, se declara probada, de oficio, la excepción de pago, respecto de la obligación correspondiente a IVA 1993-1.

DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda”.

2. RECONÓCESE a la abogada Diana Janethe Bernal Franco como apoderada de la Dian, en los términos del poder conferido.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(2) En el expediente solo se encuentra la copia de la Resolución 000026 del 9 de marzo de 1999.

(3) Folios 67-70, cuaderno principal.

(4) Folios 72-74, c.p.

(5) Folio 74, c.p.

(6) Folios 79-81, c.p.

(7) El mandamiento de pago se notificó el 15 de junio de 2006.

(8) En el expediente no se encuentra el escrito de excepciones. Sin embargo, la Sala advierte que propuso la de prescripción de las obligaciones correspondientes a IVA 1993-1; 1996-1, 1996-2; 1996-4, 1996-5; retención 1999-4, y otros 1999. También propuso las excepciones de falta de título ejecutivo y la de incompetencia del funcionario que profirió el mandamiento de pago.

(9) Folios 86-92, c.p.

(10) Folios 94-97, c.p.

(11) Folio 101-106, c.p.

(12) Esta Sección, en la sentencia del 22 de septiembre de 2007, Expediente 15783, acogió esa tesis y concluyó: “Así las cosas, basta el otorgamiento de una facilidad de pago para que la prescripción de la acción de cobro de una obligación tributaria se interrumpa, o lo que es lo mismo, el término de prescripción, que es de cinco años, vuelva a correr.

Sin embargo, si la facilidad de pago se declara sin efectos por la administración y, por ende, el plazo concedido para cancelar las obligaciones fiscales pierde vigencia, el término de prescripción, que fue interrumpido, debe contarse de nuevo, a partir de la notificación de la resolución que dejó sin efectos el acuerdo de pago”.

(13) Ver, entre otras, la sentencia del 28 de marzo de 2010, Expediente 17865, M.P. (e) Martha Teresa Briceño de Valencia.

(14) El artículo 137-4 exige que en la demanda en las que se discuta la legalidad de actos administrativos se deben indicar las normas infringidas y explicarse el concepto de la violación.

(15) De hecho, en la Sentencia C-197-1994, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad condicionada del artículo 137-4, Código Contencioso Administrativo, bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitutivo de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando el juez administrativo advierte contradicción entre la Constitución y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el artículo 4º de la Constitución, esto es, inaplicar el acto administrativo en el caso concreto.

(16) La obligación correspondiente a retefuente 1999-4 aparece relacionada entre las obligaciones cuyo plazo se declaró sin vigencia en la Resolución 0115 de 2002 (fl. 74).

(17) En el recurso de apelación la Dian dijo: “Con relación a la obligación correspondiente a ventas año gravable 1993-01 es procedente aclarar que la misma fue presentada mediante declaración privada Nº 504201009494 de mayo 17 de 1993 en la que se determinó como valor a pagar la suma de $ 9.287.000. Que la sociedad Shool Duque S.A en esta misma fecha la sociedad (sic) canceló la suma de $ 10.007.000. Se concluye que la obligación está cancelada y por ende no se encuentra inmersa dentro de la figura de prescripción conforme lo señala el artículo 817 del estatuto tributario”.

(18) En los actos demandados la Dian no identificó plenamente a que correspondía esa obligación, simplemente dijo que era por concepto de “otros 1999”. Al mencionar el título que servía para el cobro de tal obligación dijo, sin mayores precisiones, que se identificaba con el Nº 3.006.420.030.172. Solo en el recurso de apelación la Dian explicó que esa obligación correspondía a inversión en bonos de paz.

(19) Decreto 676 de 1999. ART. 2º—Características de los bonos de solidaridad para la paz.

a) Serán títulos a la orden, denominados en moneda legal;

b) Se emitirán a partir del mes de mayo del año de 1999;

c) Tendrán un vencimiento de siete (7) años, contados a partir de la fecha en que se efectúe la inversión primaria;

d) Generarán intereses anuales vencidos, en un porcentaje igual al ciento diez por ciento (110%) de la variación de precios al consumidor para ingresos medios certificados por el Dane para el año respectivo, definido como aquel cuyo vencimiento haya ocurrido dos (2) meses calendario antes de la fecha de exigibilidad de los intereses;

e) Los intereses se pagarán en siete (7) vencimientos anuales iguales y sucesivos, el primero de los cuales tendrá lugar un (1) año después de la fecha en que se realice la inversión primaria;

f) Serán colocados por las instituciones financieras que autorice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

g) Se emitirán, colocarán y circularán en forma desmaterializada;

h) Se podrán fraccionar en múltiplos de un mil pesos ($ 1.000), siempre que el valor nominal mínimo de los títulos resultantes no sea inferior a cien mil pesos ($ 100.000);

i) Serán libremente negociables en el mercado de valores;

j) La inversión se deberá liquidar y pagar aproximando el valor a invertir al múltiplo de mil (1.000) más cercano;

k) A partir de la fecha de su vencimiento, serán redimidos a través de las instituciones financieras que autorice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en moneda legal colombiana por el ciento por ciento (100%) de su valor nominal y se podrán utilizar para el pago de impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administre la unidad administrativa especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

PAR.—Para efectos de su negociabilidad en las bolsas de valores el Ministerio de Hacienda y Crédito Público -dirección general de crédito público solicitará su correspondiente inscripción.

ART. 8º—Certificación sobre la propiedad de los bonos. Las instituciones financieras designadas para colocar las inversiones forzosas de que trata el presente decreto, distribuirán las certificaciones que refrenden los derechos inherentes a la posesión de estos títulos valores.

ART. 6º—Sanción por incumplimiento. Las personas que se encuentran obligadas a invertir en los bonos de solidaridad para la paz, que omitan la inversión; la realicen de manera extemporánea o la realicen por una suma inferior a la debida, deberán cancelar, sobre los montos dejados de invertir, por cada mes o fracción de mes calendario de retardo en el pago, desde el vencimiento del plazo señalado para la inversión y hasta la fecha en que se efectúen, intereses moratorios a la tasa prevista para el pago de obligaciones tributarias del orden nacional.

(20) Por la cual se distribuyen funciones en la unidad administrativa especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

(21) Por la cual se delegan funciones a funcionarios del grupo interno de trabajo coactiva de la división de cobranzas.