Sentencia 2007-00169 de junio 13 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 250002327000200700169 01

Ref.: 17495

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Demandante: Constructora Los Hayuelos S.A.

Demandado: Dirección Distrital de Impuestos

Asunto: Impuesto predial unificado año gravable 2005

Bogotá, D.C. trece de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Controvierte la demandante Constructora Los Hayuelos S.A., ahora apelante, la sentencia de primera instancia que negó las súplicas de la demanda por cuanto considera que desconoce el precedente jurisprudencial, sentencia del 18 de marzo de 2010 Expediente 16971,(18) que tiene relación directa con el proceso; insiste en la ausencia de explicación en el requerimiento especial y en la liquidación oficial de revisión para modificar el destino del predio y la tarifa del impuesto declarado, así como para imponer sanción por inexactitud.

Así mismo, considera que se debe declarar la nulidad del proceso por irregularidades en la firma del acto administrativo de determinación y afirma que el Distrito Capital se enriquece injustificadamente con la modificación realizada a la declaración del impuesto predial unificado del año gravable 2005.

En esas condiciones, procede la Sala al estudio de los cargos.

En el caso se discute la legalidad del acto administrativo mediante el cual la Administración Tributaria Distrital modificó la declaración del impuesto predial unificado, presentada por la demandante, por el año gravable 2005, en relación con el predio ubicado en la calle 29 Nº 80-25 de la ciudad de Bogotá D.C.

Falta de motivación

La motivación de un acto implica que la manifestación de la administración tiene una causa que la justifica y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable; los motivos en que se instituye el acto deben ser ciertos, claros y objetivos.

Los motivos del acto administrativo deben ser de tal índole, que determinen no solo la expedición de un acto administrativo sino su contenido y alcance; la motivación debe ser clara, puntual y suficiente, hasta tal punto que justifique la expedición de los actos y que suministre al destinatario las razones de hecho y de derecho que inspiraron la producción de los mismos.

En cuanto a la falta de motivación, la Sala recuerda que este cargo se denomina técnicamente expedición en forma irregular del acto. En efecto, cuando la Constitución o la ley mandan que ciertos actos se dicten de forma motivada y que esa motivación conste, al menos en forma sumaria, en el texto del acto administrativo, se está condicionando la forma del acto administrativo, el modo de expedirse. Si la administración desatiende esos mandatos normativos, incurre en el vicio de expedición irregular y, por ende, se configura la nulidad del acto administrativo(19).

En efecto, la expresión de los motivos por los cuales se profiere un acto administrativo de carácter particular y concreto es indispensable, pues es a partir de los mismos que el administrado puede controvertir aquellos aspectos de hecho y de derecho que considera no pueden ser el soporte de la decisión, pero cuando se prescinde de la motivación se impide que el particular afectado con la decisión pueda ejercitar cabalmente su derecho de defensa y contradicción.

Ahora bien, en el presente caso, observa la Sala que:

El Acuerdo Distrital 807 de 1993, adicionado por el Decreto Distrital 362 de 2002, establece:

“ART. 96.—Facultad de modificación de las liquidaciones privadas. La Dirección Distrital de Impuestos podrá modificar, por una sola vez, las liquidaciones privadas de los contribuyentes, declarantes y agentes de retención, mediante liquidación de revisión, la cual deberá contraerse exclusivamente a la respectiva declaración y a los hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación si la hubiere.

(...)

ART. 97.—Requerimiento especial. Antes de efectuar la liquidación de revisión, la Dirección Distrital de Impuestos deberá enviar al contribuyente, agente retenedor o declarante, por una sola vez, un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar con explicación de las razones en que se sustentan y la cuantificación de los impuestos y retenciones que se pretendan adicionar, así como de las sanciones que sean del caso.

El término para la notificación, la suspensión del mismo y la respuesta al requerimiento especial se regirán por lo señalado en los artículos 705, 706 y 707 del estatuto tributario nacional”.

En ese contexto, el propósito del requerimiento especial en el procedimiento administrativo de determinación del impuesto es incluir todos los aspectos que pretende modificar la administración, para el efecto debe explicar las razones en que se sustenta y la cuantificación del impuesto, preservando y garantizando el derecho de defensa de los contribuyentes.

El requerimiento especial debe estar motivado, al menos en forma sumaria.

La Sala observa, en el expediente,(20) el requerimiento especial RE -2006EE183307 del 14 de junio de 2006, en el cual se lee lo siguiente:

“Propietario y/o declarante

Apellidos y nombres o razón socialTipo de documentoNúmero de identificación

Constructora Los Hayuelos S.A.

NIT

800.082.726

Por medio del cual se profiere requerimiento especial proponiendo modificar la liquidación privada del impuesto predial unificado presentada por el (los) contribuyente (s) arriba mencionado (s), y de acuerdo con la información reportada en la declaración que se describe a continuación:


Año gravable

Chip

Dirección del predio

Matricula inmobiliaria

Preimpreso

Fecha de presentación

2005

AAA0167NYOM

AC 22 83 85(21)

1535092

2005101010003175531

17/05/2005

(...)

Antecedentes

1. El(los) contribuyente(s) arriba mencionado(s), presentó(arón) la(s) declaración(es) antes relacionada(s), por el impuesto predial unificado, cumpliendo así con la obligación formal de declarar.

2. Que se realizaron los cruces de información establecidos en el protocolo de cruces para la detección de inexactos por la(s) vigencia(s) 2005.

3. Que mediante los cruces anotados se compararon las bases gravables denunciadas y las tarifas aplicadas con los avalúos y tarifas correspondientes a las características de los predios para las vigencias en mención.

4. Como resultado de lo anterior se detectó que el(los) contribuyente(s) en su(s) declaración(es) correspondiente(s) al(los) periodo(s) arriba mencionado(s), no dio(dieron) cumplimiento a lo señalado en los artículos 1º y 5º de la Ley 601 de 2000 (parámetro mínimo de base gravable) y/o Acuerdo 105 de 2003 compilado en el artículo 25 del Decreto Distrital 352 de 2002 (tarifas aplicables).

5. Que en los cruces masivos de información descritos en el numeral 2º no se detectaron correcciones a las declaraciones iniciales presentadas por el(los) contribuyente(s) relacionado(s).

6. Que como consecuencia de lo anterior este despacho procede, mediante el presente acto, a proferir requerimiento especial de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97 del Decreto Distrital 807 de diciembre de 1993, actualizado por el Decreto Distrital 362 de 2002.

Propuesta

La Subdirección de Impuestos a la Propiedad, con base en los argumentos expuestos y establecida la inexactitud contenida en la(s) liquidación(es) privada(s), propone modificar la(s) declaración(es) del impuesto predial unificado para el(los) predio(s) y vigencia(s) ya relacionada(s) de la siguiente manera:

Dirección del predio: AC 22 83 85

Vigencia: 2005

Causal de inexactitud:

1. El contribuyente declaró como base gravable un valor inferior al avalúo catastral vigente al momento de la causación del impuesto y/o

2. En su declaración tributaria el contribuyente registró como destino 61, tarifa .006 cuando de acuerdo a la información reportada por el Departamento Administrativo de Catastro Distrital y la normativa legal vigente y/o lo informado en la declaración tributaria le corresponde el destino 67, tarifa 0.33.

(...)”.

Según lo anterior, advierte la Sala que la Administración Distrital en el requerimiento especial señaló las razones o fundamentos de hecho y de derecho que lo llevaron a expedirlo.

Es así como se señala que como resultado de los cruces de información se detectó que la contribuyente en su declaración correspondiente al periodo 2005, no dio cumplimiento a lo señalado en los artículos 1º y 5º de la Ley 601 de 2000, en lo relacionado con el parámetro mínimo de la base gravable y/o en el Acuerdo 105 de 2003, compilado en el artículo 25 del Decreto Distrital 352 de 2002, en cuanto a las tarifas aplicables.

Las normas citadas, artículos 1º y 5º de la Ley 601 de 2000, disponen en su orden lo siguiente:

“ART. 1º—A partir del año fiscal 2000 la base gravable del impuesto predial unificado para cada año será el valor que mediante autoavalúo establezca el contribuyente, que deberá corresponder, como mínimo, al avalúo catastral vigente al momento de causación del impuesto.

Sin embargo, el contribuyente propietario o poseedor podrá determinar la base gravable en un valor superior al avalúo catastral, caso en el cual no procede corrección por menor valor de la declaración inicialmente presentada por ese año gravable.

(...).

ART. 5º—Los propietarios o poseedores de predios a los cuales no se les haya fijado avalúo catastral deberán determinar como base gravable mínima el valor que establezca anualmente la administración distrital, conforme a parámetros técnicos por área, uso y estrato. Una vez se le establezca el avalúo catastral declararán de acuerdo con los parámetros generales de la presente ley.

En el entendido que la expresión “administración distrital” allí contenida hace referencia al Concejo Distrital como organismo administrativo de representación popular.

PAR.—Lo establecido en el presente artículo no impide al propietario o poseedor del predio para que autoavalúe por un valor superior a la base gravable mínima aquí señalada”.

Acertó la administración al decir que la contribuyente no cumplió lo señalado en los artículos 1º y 5º de la Ley 601 de 2000, ya que estas disposiciones establecen que la base gravable mínima del impuesto predial unificado, para cada año, será el valor que mediante autoavalúo establezca el contribuyente, autoavalúo que no podrá ser inferior al avalúo catastral vigente al momento de causación del impuesto.

En cuanto a la tarifa, se aludió al artículo 25 del Decreto Distrital 352 de 2002 que indica que deberá aplicarse la determinada, en el 33% para los predios urbanizados no edificados y urbanizables no urbanizados con área superior a 100 M2.

Idéntica situación observa la Sala en la Resolución DDI-017193 del 3 de mayo de 2007 que contiene la liquidación oficial de revisión 2007EE80670, visible en los folios 40 a 50; en dicho acto se precisan las razones por la cuales se modificó la declaración tributaria, pues allí se expresa que con base en la información suministrada por el Catastro Distrital, se verificaron las características físicas y económicas del inmueble, las que corresponden a un área del terreno de 45.437,70 M2 y un área construida de 1.396,30 M2; así mismo, que el destino catastral es el 23, comercial y que el avalúo catastral es de $ 13.605.060.000.

Se afirmo que, de acuerdo con esa información catastral, el inmueble tiene la categoría de predio no edificado pues su construcción tiene un área inferior al 20% del área del terreno y un avalúo catastral inferior al 25% del valor del terreno, de conformidad con el artículo primero, numeral 8º parágrafo 2º literal b del Acuerdo 105 de 2003.

Frente a lo manifestado por el contribuyente, relacionado con el derecho que tiene a no liquidar más del doble del impuesto liquidado el año anterior, indicó la Administración Distrital que “se tiene como excepción a la norma contemplada en el artículo 27 del Decreto Distrital 352 de 2002, para la aplicación del límite del impuesto a pagar, la prevista para los predios urbanizables no urbanizados y para los urbanizados no edificados, entendidos como tales conforme con las definiciones vigentes y aplicables para el año gravable 2005 previstas en el Acuerdo 105 de 2003”.

De acuerdo con lo anterior, se satisface la exigencia legal y general de motivación del requerimiento especial y de la liquidación oficial de revisión, y prueba de ello es que la actora pudo ejercer el derecho de defensa y contradicción, pues sabía a qué se refería la modificación propuesta, y determinada, a la declaración del impuesto predial unificado del año gravable 2005.

Precisado lo anterior, la Sala pasa a examinar los demás cargos planteados en el recurso de apelación, relacionados con la determinación del impuesto predial unificado del año gravable 2005.

El impuesto predial unificado fue establecido en el Distrito Capital de Bogotá por el Decreto 352 de 2002. La autorización legal para su creación y los elementos del tributo están determinados en la Ley 44 de 1990 y en el Decreto-Ley 1421 de 1993.

Es un gravamen que recae sobre los bienes raíces ubicados en el Distrito Capital de Bogotá, se genera por la existencia un predio ubicado dentro de su jurisdicción(22) y se causa el 1º de enero del respectivo año gravable(23).

La base gravable del impuesto está conformada por el valor que mediante autoavalúo establezca el contribuyente y debe corresponder, como mínimo, al avalúo catastral vigente al momento de la causación del impuesto. En todo caso, se faculta a los contribuyentes para que determinen una base imponible en una cuantía superior a este valor,(24) o pueden solicitar a las autoridades catastrales que revisen el avalúo catastral que consta en las bases de datos de esas autoridades(25).

La tarifa del impuesto en el Distrito Capital fue establecida entre el 1 y el 33 por mil, de conformidad con el artículo 25 de Decreto 352 de 2002. El Acuerdo 105 de 2003, en su artículo 2º, dispuso unas tarifas de acuerdo con las categorías de bienes rurales, suburbanos y urbanos, y, entre estos últimos: residenciales, industriales, comerciales, entidades del sector financiero, empresas industriales y comerciales del Estado, cívico institucional y urbanizados no edificados y urbanizables no urbanizados.

En el caso sub examine la actora ataca el acto administrativo que le determinó el impuesto predial unificado por el año 2005, en el cual se invoca, como sustento jurídico, entre otras disposiciones, el literal b) del parágrafo 2º del artículo 1º del Acuerdo Distrital 105 de 2003, expedido por el Concejo de Bogotá.

La norma citada establece:

“ART. 1º—Categorías tarifarias del impuesto predial unificado. Se aplicarán las siguientes definiciones de categorías de predios para el impuesto predial unificado, adecuadas a la estructura del plan de ordenamiento territorial.

(...).

8. Predios urbanizados no edificados. Son predios en los cuales se culminó el proceso de urbanización y que no han adelantado un proceso de construcción o edificación.

(...)

PAR. 2º—Entiéndase por predio no edificado al que encuadre en cualquiera de los siguientes supuestos:

a. (...)

b. Al predio urbano cuyas construcciones o edificaciones tengan un área inferior al 20% al área del terreno y un avalúo catastral en el que su valor sea inferior al veinticinco por ciento (25%) del valor del terreno (...)” (resalta la Sala).

La Sala, en sentencia del 18 de marzo de 2010,(26) anuló el literal b) del parágrafo 2º del artículo 1º del Acuerdo 105 de 2003, decisión que incide en el presente proceso.

Dijo la corporación en esa oportunidad:

“(...) los parágrafos primero de los artículos 4º y 5º del Acuerdo 39 de 1993 fueron anulados, en síntesis, porque violaron el principio de legalidad tributaria al establecer una discriminación porcentual para predios urbanizados no edificados que no estaba prevista legalmente. A juicio de la Sección, la administración del tributo y la graduación de las tarifas diferenciales y progresivas en el impuesto predial deben operar con sujeción a los presupuestos de la Ley 44 de 1990 y normas concordantes y, por el contrario, las disposiciones acusadas desvirtuaban estos presupuestos, no solo por su interpretación sistemática sino por la evidente implicación sobre la determinación del hecho imponible, la base gravable y la tarifa. Además, porque las normas legales que regulan el impuesto predial se refieren a terrenos “urbanizados no edificados”, concepto suficientemente claro para rechazar cualquier hipótesis de construcción o edificación, pues esa expresión debía entenderse en su sentido natural y obvio ya que el legislador no distinguió.

Pues bien, en el caso que ocupa la atención actual de la Sala, el Concejo de Bogotá D.C., mediante la disposición acusada, estableció también unos parámetros porcentuales sobre construcción y avalúo de la construcción para determinar si un predio se considera edificado o no para efectos de la tarifa del impuesto predial. Es decir, consagró en términos similares y en esencia las disposiciones anuladas, no obstante los fundamentos legales que motivaron la anulación no habían desaparecido.

En efecto, los artículos 338, 313 y demás normas citadas de la Constitución Política, así como la Ley 44 de 1990 y el Decreto-Ley 1421 de 1993 se encuentran actualmente vigentes y constituyen el marco constitucional y legal de la potestad tributaria municipal en materia del impuesto predial, de manera que las consideraciones expuestas en aquella oportunidad siguen siendo válidas para considerar que el Concejo de Bogotá en las disposiciones acusadas violó el principio de legalidad tributaria y, por ende, reprodujo en esencia unas normas anuladas.

(...)

Y en segundo lugar, el principio de ordenamiento territorial al que se ha hecho referencia no es aspecto novedoso frente a las disposiciones que fueron anuladas por la jurisdicción. En esa oportunidad el Distrito adujo, en defensa de los parágrafos censurados, razones de equidad y de progresividad, sobre lo cual el Consejo de Estado consideró que si bien los predios urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados tenían tarifas más gravosas, en todo caso, la graduación de las tarifas diferenciales y progresivas se debía hacer con sujeción a ley. Que la discriminación porcentual hacía más gravoso el tipo impositivo al crearse una subespecie de los predios (los parcialmente edificados) a los cuales se les aplicaba la tarifa de los no edificados, que aparte de ser un contrasentido, dificultaba la determinación de la base gravable. Finalmente dijo el Consejo de Estado que aparte de que la tarifa para esta clase de predios era extraordinariamente gravosa (33 por mil), el contribuyente perdería el beneficio de la limitación del incremento del tributo, contemplado por el numeral 2º, parte final, del artículo 155 del Decreto 1421 de 1993 según el cual:

“ART. 155.—Predial unificado. A partir del año de 1994, introdúcense las siguientes modificaciones al impuesto predial unificado en el Distrito Capital:

(...)

2. El contribuyente liquidará el impuesto con base en el autoavalúo y las tarifas vigentes. Lo hará en el formulario que para el efecto adopte la administración tributaria distrital. Si el impuesto resultante fuere superior al doble del monto establecido el año anterior por el mismo concepto, únicamente se liquidará como incremento del tributo una suma igual al cien por ciento (100%) del predial del año anterior. La limitación aquí prevista no se aplicará cuando existan mutaciones en el inmueble ni cuando se trate de terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados” (resalta la Sala).

En consecuencia, el principio de la distribución equitativa de las cargas y los beneficios no es el fundamento que permita al Concejo de Bogotá establecer una disposición como la demandada que reprodujo en esencia y con los mismos vicios de ilegalidad unas disposiciones que fueron anuladas, teniendo en cuenta que los fundamentos legales de la anulación no desaparecieron.

En efecto, todos los motivos de anulación expresados en la sentencia referida pueden predicarse en relación con la norma actualmente demandada, porque en el ámbito del impuesto predial no ha habido una regulación diferente a la estudiada en esa oportunidad que permita al Concejo de Bogotá definir por fuera de la ley algún elemento del tributo.

Por esta razón, la Sala encuentra demostrado el cargo de reproducción de acto anulado y procederá a anular la disposición acusada, previa revocatoria del numeral primero de la sentencia apelada.

(...)”.

En los antecedentes del requerimiento especial, transcrito al analizar el cargo de falta de motivación, se observa que la modificación de la declaración se sustenta en lo siguiente: “En su declaración tributaria el contribuyente registró como destino 61, tarifa .006 cuando de acuerdo a la información reportada por el Departamento Administrativo de Catastro Distrital y la normativa legal vigente y/o lo informado en la declaración tributaria le corresponde el destino 67, tarifa 0.33”.

El anterior razonamiento se reprodujo en la liquidación oficial de revisión D.D.I. - 017193 (2007EE80670) del 30 de mayo de 2007(27) en la que se expresó que “De acuerdo con la información catastral, se tiene el inmueble en la categoría de predios “no edificados”, pues su construcción tiene un área inferior al 20% del área del terreno y un avalúo catastral inferior al 25% del valor del mismo, de conformidad con el artículo primero, numeral 8º parágrafo 2º literal b del Acuerdo 105 de 2003, el cual se aplica para las vigencias 2004 y siguientes”.

Según el criterio expuesto, no pueden tenerse en cuenta para definir como predio no edificado, para efectos del impuesto predial unificado, los parámetros establecidos en la norma anulada, esto es, los referidos a aquellos cuyas construcciones o edificaciones tengan un área inferior al 20% del área del terreno y un avalúo catastral en el que su valor sea inferior al veinticinco por ciento (25%) del precio del terreno.

En estas circunstancias se hacen extensivos los efectos ex nunc, es decir, hacia el futuro, de la Sentencia 16971 del 18 de marzo de 2010, mencionada, toda vez que para la fecha en que dicha providencia anuló el literal b) del parágrafo 2º del artículo 1º del Acuerdo 105 de 2003, con fundamento en el cual la Administración Distrital profirió el acto administrativo que se demanda, las situaciones producidas al amparo del acto declarado nulo no estaban consolidadas, porque estaban pendientes de decisión definitiva en la jurisdicción contenciosa.

En el caso concreto, el efecto es inmediato y, por lo tanto, la norma resulta inaplicable por haber sido declarada nula.

Así lo precisó la Sala en la sentencia del 30 de junio de 2011, en la que dijo:

“(...)

Los efectos de un fallo de nulidad de un acto de carácter general son ex nunc, es decir, hacia el futuro, respecto de las situaciones jurídicas consolidadas. En cuanto a las situaciones jurídicas no consolidadas, es decir aquellas que se debatían ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el efecto es inmediato, toda vez que cuando se define la situación jurídica particular y concreta, la norma que debía tenerse en cuenta para resolver el caso es inaplicable porque fue declarada nula.

(...)”(28).

Por lo tanto, se declarará la nulidad de la liquidación oficial de revisión D.D.I. - 017193 (2007EE80670) del 30 de mayo de 2007, y la firmeza de la declaración del impuesto predial unificado correspondiente al año gravable 2005, por el inmueble ubicado en la calle 29 Nº 80-25 de la ciudad de Bogotá D.C., en la que liquidó un saldo a pagar de $ 39.706.000.

Por otro lado, afirma la actora que para presentar la solicitud de desistimiento de la demanda, en los términos del artículo 77 de la Ley 1328 de 2009, pagó, el 10 de diciembre de 2009 la suma de $ 404.497.000, por concepto del 100% del mayor impuesto predial unificado discutido por el año 2005, por lo que solicitó, el 30 de mayo de 2011, después de la presentación de los alegatos de conclusión de segunda instancia, la devolución de la suma antes mencionada con los intereses a que haya lugar.

Como la decisión de la Sala será la de anular el acto administrativo que modificó la declaración del impuesto predial unificado del año gravable 2005, en razón a lo expuesto en la sentencia del 12 de mayo de 2010, expediente 16971, se ordenará la devolución de la suma de $ 404.497.000, que fue pagada por la actora para presentar la solicitud de desistimiento de la demanda.

En relación con la naturaleza del pago realizado por la actora, el artículo 2313 del Código Civil, define:

“Pago de lo no debido. Si el que por error ha hecho un pago, prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado.

Sin embargo, cuando una persona, a consecuencia de un error suyo, ha pagado una deuda ajena, no tendrá derecho de repetición contra el que, a consecuencia del pago, ha suprimido o cancelado un título necesario para el cobro de su crédito, pero podrá intentar contra el deudor las acciones del acreedor”.

Por su parte, el artículo 21 del Decreto 1000 de 1997, dispone:

“Término para solicitar y efectuar la devolución de pagos de lo no debido. Habrá lugar a la devolución o compensación de los pagos efectuados a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sin que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento, para lo cual deberá presentarse solicitud ante la Administración de Impuestos y Aduanas donde se efectuó el pago, dentro del término establecido en el artículo 11 del presente decreto. La administración para resolver la solicitud contará con el término establecido en el mismo artículo”.

De conformidad con las anteriores disposiciones la actora tiene derecho a solicitar la devolución de los pagos que hizo a favor de la Dirección Distrital de Impuestos, con el fin de acogerse a la conciliación, establecida en el artículo 77 de la Ley 1328 de 2009, declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-333 del 12 de mayo de 2010, ya que dicho pago corresponde a un pago de lo no debido.

La Sala con el propósito de resarcir la pérdida del poder adquisitivo del dinero considera que, previas las compensaciones a que haya lugar, como lo ordena el artículo 855 del estatuto tributario, se deben reconocer los intereses legales del 6%, de que trata el artículo 1617 del Código Civil, desde la fecha del pago de la suma de $ 404.497.000 hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

La tarifa de los intereses legales del 6% es la prevista en el artículo 2232 del Código Civil y la fórmula que se deberá aplicar para su liquidación es la siguiente:

I = Vh x N x 0.5%

Donde Vh corresponde al saldo crédito a devolver y N es el periodo de liquidación.

Así las cosas, la Sala revocará la sentencia apelada y procederá a declarar la nulidad del acto administrativo demandado, relevándose de examinar los demás cargos de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

REVÓCÁSE la sentencia del 17 de octubre de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la Constructora Los Hayuelos S.A. contra la Dirección Distrital de Impuestos.

En su lugar se dispone:

1. ANULÁSE la liquidación oficial de revisión D.D.I. - 017193 (2007EE80670) del 30 de mayo de 2007, por medio de la cual la Subdirección de Impuestos a la Propiedad de la Dirección Distrital de Impuestos determinó el valor del impuesto predial unificado por el año gravable 2005 a la sociedad Constructora los Hayuelos S.A.

2. Como restablecimiento del derecho DECLÁRASE en firme la declaración del impuesto predial unificado del año gravable 2005, presentada por la actora.

3. ORDÉNASE a la entidad demandada devolver la suma de $ 404.497.000, junto con los intereses legales liquidados en la forma expuesta en la parte considerativa de la presente providencia.

4. RECONÓCESE personería a la abogada Carmen Rosa González Mayorga como apoderada de la Dirección Distrital de Impuestos, en los términos del poder que aparece en el folio 408.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(18) C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(19) Sentencia 16090 del 23 de junio de 2011, C.P. Doctor Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(20) Folios 23 a 24.

(21) Anterior nomenclatura, actualmente corresponde a la calle 29 Nº 80-25 de Bogotá según certificado del Departamento Administrativo de Catastro Distrital, Radicación 206492 del 22 de febrero de 2006. Folio 37.

(22) Artículo 14 del Decreto 352 de 2002.

(23) Artículo 15 del Decreto 352 de 2002.

(24) Artículo 20 del Decreto 352 de 2002.

(25) “Decreto 3496 de 1983, artículo 30. Revisión de los avalúos. El propietario o poseedor podrá obtener la revisión del avalúo en la oficina de catastro correspondiente, cuando demuestre que el valor se ajusta a las características y condiciones del predio. Dicha revisión se hará dentro del proceso de conservación catastral.

El propietario o poseedor podrá presentar la correspondiente solicitud de revisión del avalúo de su predio o mejora a partir del día siguiente al de la fecha de la resolución mediante la cual se inscribe el predio o la mejora en el catastro acompañándola de las pruebas que la justifiquen.

PAR.—Las características y condiciones del predio se refieren a: límites, tamaño, uso, clase y número de construcciones, ubicación, vías de acceso, clases de terreno y naturaleza de la producción, condiciones locales del mercado inmobiliario y demás informaciones pertinentes.

ART. 33.—Recursos de reposición y apelación en la revisión. Contra la resolución que desata la solicitud de revisión proceden los recursos de reposición y apelación; el de reposición, ante el mismo funcionario que pronunció la providencia, y el de apelación, ante el inmediato superior; en ambos casos con el objeto de que se aclare, modifique o revoque.

(26) Expediente 16971. Actor: Camacol y otros, C.P. Doctora Martha Teresa Briceño de Valencia.

(27) Folios 40 a 50.

(28) Expediente 250002327000200700146 01 (17451) C.P. Doctor William Giraldo Giraldo.