Sentencia 2007-00170 de marzo 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 63001-23-31-000-2007-00170-01 (18543)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. NIT. 801004102-7

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Impuesto sobre la renta, año gravable 2003

Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil catorce.

Fallo

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada, contra la sentencia del 3 de junio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda. La parte resolutiva del fallo apelado dispuso:

“1. Declarar la nulidad de la liquidación Oficial de Revisión Nº 010642006000006 de 22 de agosto de 2006, proferida por el jefe de la división de liquidación de la administración de impuestos nacionales de Armenia, por medio de la cual se modificó la declaración privada del impuesto sobre la renta del año gravable de 2003, de la Sociedad Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. ESP NIT 801.004.102-7 y de la Resolución 10012007000001 de 25 de julio de 2007, emanada del despacho del administrador de impuestos nacionales de Armenia, por medio de la cual se confirmó la liquidación oficial de revisión antes mencionada.

2. En consecuencia, declarar que la empresa demandante tiene derecho a la exención del impuesto de renta para el año gravable 2003, en los términos de la Ley 608 de 2000 y Decreto Reglamentario 2668 de 2000, por lo que se mantendrá en firme su liquidación privada 119002056085 del 24 de septiembre de 2004...”.

Antecedentes

El 7 de abril de 2004, la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. ESP presentó la declaración de renta del año gravable 2003, en la que solicitó como renta exenta $ 724.383.000, liquidó un impuesto a cargo de $ 28.171.000 y un saldo a favor de $ 13.265.000(1).

El 24 de septiembre de 2004, la contribuyente presentó corrección a la declaración inicial para disminuir la renta exenta a $ 718.754.000, aumentó el impuesto a cargo a $ 54.795.000 y disminuyó el saldo a favor a $ 1.813.000(2).

El 25 de noviembre de 2005, la DIAN profirió el requerimiento especial 010632005000025, en el que propuso desconocer la renta exenta, por cuanto la contribuyente no es una “empresa nueva” para ser beneficiaria de la Ley Quimbaya y, en consecuencia, aumentó el impuesto a cargo a $ 306.358.000 e impuso la sanción del 200% prevista en el artículo 8º de la Ley 608 de 2000 por valor de $ 502.087.000, para un saldo a pagar de $ 776.993.000(3). La empresa presentó respuesta oportuna al requerimiento(4).

El 22 de agosto de 2006, la administración expidió la liquidación oficial de revisión 010642006000006, en la que levantó la sanción del 200% propuesta en el requerimiento especial, pero mantuvo el rechazo de la renta exenta, para un total saldo a pagar por valor de $ 274.906.000(5).

Contra la liquidación oficial de revisión, la contribuyente interpuso recurso de reconsideración(6), el cual fue decidido mediante la Resolución 10012007000001 del 25 de julio de 2007, en el sentido de confirmar el acto recurrido(7).

Demanda

La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. ESP, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicitó la nulidad de la liquidación oficial de revisión y de la resolución que decidió el recurso de reconsideración. A título de restablecimiento del derecho pidió que se declare la firmeza de la liquidación privada del impuesto de renta del año gravable 2003.

La demandante citó como normas violadas las siguientes:

— Artículos 29 y 365 de la Constitución Política

— Artículos 711, 712, 730 y 742 del estatuto tributario

— Artículos 27, 28 y 30 del Código Civil

— Artículos 35, 59 y 84 del Código Contencioso Administrativo

— Artículos 2º, 6º y 8º de la Ley 608 de 2000

— Artículos 3º, 11 y 39 de la Ley 142 de 1994

— Artículos 2º, 5º y 6º del Decreto 2668 de 2000

Como concepto de violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Afirmó que conforme con el artículo 6º de la Ley 608 de 2000 —Ley Quimbaya— la empresa se constituye en la fecha de la escritura pública, lo que necesariamente implica que cuando el legislador se refiere a empresa, está calificándola de persona jurídica, pues exige escritura pública de constitución. Agregó que una empresa o persona jurídica se instala cuando presenta el memorial de solicitud de exención ante la DIAN, el cual debe contener entre otra información, la indicación del domicilio principal lo cual ratifica que el legislador se refiere a “empresa” como sinónimo de persona jurídica.

Precisó que el artículo 5º del Decreto 2668 de 2000 definió qué se entiende por “empresa, persona jurídica”, para efectos de la exención del impuesto de renta prevista en la Ley 608 de 2000, y dispuso que “empresa, persona jurídica” es “aquella sociedad o empresa unipersonal, constituida mediante escritura pública entre el 25 de enero de 1999 y el 31 de diciembre del año 2005”, es decir, que esta definición es especial y exclusiva para la procedencia de la exención del impuesto de renta establecida por la Ley Quimbaya.

Sostuvo que el artículo 6º del Decreto 2668 de 2000 dispone que una nueva “empresa, persona jurídica” se entiende instalada cuando tenga dispuestos e instalados los activos para el desarrollo del objeto social, previo cumplimiento de las formalidades señaladas en la misma norma; que, sin embargo, esta disposición no exige que los activos sean de propiedad de la persona jurídica beneficiaria de la exención, ni que sea ésta quien los instale, únicamente exige que los activos con los cuales va a desarrollar su objeto social estén instalados en la zona, independientemente de que los haya tomado en arrendamiento, en leasing, en préstamo, en usufructo o con cualquier modalidad contractual o jurídica.

Señaló que los anteriores requisitos fueron cumplidos por la actora, porque es una sociedad comercial del tipo de las anónimas, prestadora de servicios públicos domiciliarios, con domicilio en el municipio de Calarcá (Quindío), constituida mediante escritura pública 1571 del 15 de octubre de 2002 de la Notaría Primera de Calarcá e inscrita en la Cámara de Comercio de Armenia el 18 de octubre de 2002, con duración hasta el 31 de diciembre de 2026.

Expuso que la sociedad se instaló el 17 de enero de 2003, fecha de presentación del oficio EMC/G/000235 (solicitud de exención) ratificado con memoriales NEMC/CO-00014 del 29 de enero de 2004 y NEMC/CO-0023 del 26 de marzo de 2004, para lo cual se adjuntaron fotocopias de los siguientes documentos: escritura pública de constitución, certificado de Cámara de Comercio, certificado expedido por el alcalde de Calarcá que da fe de la ubicación de la empresa y solicitud de exención a la DIAN.

Afirmó que, por lo anterior, la demandante es una nueva empresa en los términos de las normas antes indicadas, porque es una sociedad constituida en el rango de fechas establecido por la ley y el decreto y, en consecuencia, tiene derecho a la exención del impuesto de renta.

Dijo que la DIAN tiene un concepto distinto de “nueva empresa”, en el que hace caso omiso de la definición legal establecida en el artículo 5º del Decreto 2668 de 2000, norma especial para la materia en estudio, que según el artículo 28 del Código Civil, debe ser aplicada de preferencia, pero que la DIAN no aplica en este caso.

Manifestó que la demandada se contradice en su argumentación, porque de una parte dice que la actora no es una nueva empresa, pero en la resolución que resolvió el recurso, se observa que la DIAN si la califica de nueva empresa, como cuando afirma que “la nueva empresa siguió operando con los bienes de EMCA”, además, de otros apartes se puede concluir que la Administración acepta tácitamente que, para efectos de la Ley Quimbaya, “empresa” es sinónimo de persona jurídica.

Explicó que la demandada también se contradice si se considera que la prestación de servicios públicos, actividad contemplada en la Ley 608 de 2000, solamente la puede realizar una persona jurídica del tipo por acciones o el propio Estado, según lo exige el artículo 17 de la Ley 142 de 1994, razón que impide interpretar la Ley 608 de 2000, como lo hace la DIAN, en el sentido de que la actividad de servicios públicos puede ser prestada por empresas que no tengan la calidad de persona jurídica.

Expuso que conforme con los actos demandados, la DIAN acepta que la actora es una nueva “persona jurídica”, pero no considera cumplido el requisito de “nueva empresa”, sin embargo, una interpretación sistemática de los artículos 2º de la Ley 608 de 2000 y 5º del Decreto 2668 de 2000, permite concluir qué se entiende por “nuevas empresas, personas jurídicas”, por lo que no es necesario entrar en divagaciones como las que hace la DIAN, para llegar a conclusiones diferentes de las establecidas por la normativa que rige la materia.

Afirmó que el Gobierno Nacional definió mediante decreto lo que se entiende por “empresa, persona jurídica” para efectos de lo previsto en la Ley 608 de 2000 y no se exige que la “empresa” o actividad de aquella sociedad sea diferente a la que viene prestando otra persona jurídica, por lo que no se entiende por qué la DIAN no aplica esta norma, en lugar de hacer conjeturas subjetivas de lo que entiende por dicha expresión consagrada en el artículo 2º de la ley.

Indicó que solamente de una persona jurídica y no de una simple empresa, como la entiende la DIAN, puede predicarse que se constituya y localice físicamente en una jurisdicción, que tenga objeto social y más aún, que preste servicios públicos, dado que el artículo 17 de la ley 142 de 1994, exige que quienes presten servicios públicos tengan la naturaleza de sociedades por acciones. Agregó que resulta obvio que todos los servicios públicos domiciliarios se venían prestando en Calarcá y, a pesar de ello, la Ley Quimbaya quiso incluir esta actividad dentro de las cobijadas por la exención de renta, por tratarse de una actividad esencial para la vida y salud humana y para recomponer el tejido social gravemente afectado por el sismo.

Manifestó que a partir de una sana interpretación del artículo 2º de la Ley 608 de 2000, resulta evidente que fue voluntad del legislador conceder la exención a las sociedades nuevas que se constituyeran en la zona, independientemente de que el servicio público domiciliario y sus actividades complementarias se vinieran prestando por otras empresas.

Explicó que de conformidad con las normas constitucionales y disposiciones legales vigentes y con el fin de cumplir el cometido de recomponer la zona afectada por el terremoto y ofrecer una eficiente prestación de los servicios públicos a la comunidad, Empresas Públicas de Calarcá ESP, EMCA ESP, ante la presencia de las características técnicas y económicas en las cuales se encontraba después del terremoto y evaluadas las conveniencias generales de la comunidad, formuló la invitación pública 003 de 2002 en busca de un socio estratégico para la operación, inversión, ampliación, rehabilitación, administración, explotación, mantenimiento y usufructo de la infraestructura de los sistemas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y generación en el municipio de Calarcá (Quindío) durante un término de 20 años, renovable hasta por el máximo permitido en la ley.

Señaló que la empresa municipal Empresas Públicas de Calarcá ESP EMCA ESP acudió a la facultad constitucional establecida en el artículo 365 de la Carta que permite la prestación de los servicios públicos por parte de los particulares, pues no se cumplían las condiciones del inciso segundo del artículo 367 de la Constitución Política y no se presentó ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 5º numeral 5.7 de la Ley 142 de 1994 que regula los casos en que los municipios deben prestar directamente los servicios públicos.

Precisó que, previo agotamiento del trámite legal, el 18 de octubre de 2002 las empresas municipales suscribieron contrato con la actora, sociedad legalmente constituida en las fechas y condiciones antes indicadas. Indicó que, no obstante que las dos empresas son prestadoras de servicios públicos en el mismo municipio, lo cual está autorizado por la ley, las Empresas Públicas de Calarcá ESP, EMCA ESP son una empresa industrial y comercial del municipio de Calarcá, independiente de la demandante y presta servicios de matadero, galerías o plaza de mercado y alumbrado público, al paso que la actora es una empresa de servicios públicos privada según la definición contenida en el numeral 14.7 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994.

Alegó que los hechos y cifras aportadas respecto de la actividad de la actora y sus inversiones en el municipio constituyen pruebas contundentes, suficientes y necesarias de que la nueva empresa, persona jurídica multipropósito de Calarcá S.A. ESP ha incrementado, recuperado y reactivado con creces la actividad productiva de servicios públicos domiciliarios en el municipio de Calarcá, a través de la mayor cobertura, mejor calidad, productividad, mayor generación de empleo, inversión productiva, progresiva y creciente en infraestructura; realizaciones y objetivos que constituyen y generan, en forma evidente y fehaciente, reactivación, recuperación y reconstrucción económica en materia de servicios públicos domiciliarios en la zona de Calarcá y el departamento del Quindío.

Dijo que según lo pactado en el contrato de operación suscrito entre la actora y EMCA, el operador, es decir, Empresa Multipropósito debe pagar a EMCA, mientras dure el contrato, un canon de arrendamiento por el uso de los sistemas entregados por la contratante, equivalente al 1,5% del recaudo mensual y un pago inicial por valor de $ 550.000.000.

Manifestó que la DIAN ha cuestionado que la infraestructura para la prestación de servicios públicos utilizada por la demandante, sea la misma con la que EMCA venía prestando estos servicios, pues no acepta que la infraestructura no sea de propiedad de la demandante y que tales activos no los haya instalado físicamente.

Al respecto, citó los artículos 365 y 395 de la Carta y 11 y 39 de la Ley 142 de 1994, así como jurisprudencia de la Corte Constitucional, para concluir que el aporte de las entidades estatales del usufructo de bienes vinculados a la prestación del servicio público, a cambio de una remuneración, es una práctica legal. Indicó que la DIAN pretende que la demandante adquiera nueva infraestructura para instalarla paralelamente a la del municipio, para así entender que se trata de una empresa diferente a la existente, con lo cual se habría afectado la continuidad del servicio mientras se construye e instala nueva infraestructura y, además, el ente territorial dejaría de recibir ingresos por el canon de arrendamiento.

Afirmó que de acuerdo con el artículo 8º de la Ley 608 de 2000, se sanciona a las empresas que soliciten el beneficio tributario de la renta exenta, cuando no sean consideradas como nueva empresa, sanción que tiene dos componentes: el rechazo del beneficio y la imposición de una multa, de manera que si no se trata de una nueva empresa, la sanción se impone completa o no se impone. Indicó que la demandante se constituyó el 15 de octubre de 2002, es decir, con posterioridad al 25 de enero de 1999, como lo aceptó la DIAN en la liquidación de revisión, y no ha sido objeto de traslado de otras regiones del país, por tanto, no cumple ninguna de las condiciones exigidas por la Ley 608 de 2000 para no considerarla como nueva empresa.

Afirmó que en el requerimiento especial la DIAN había propuesto la aplicación de la sanción del 200%, con fundamento en que su representada existía desde antes del 25 de enero de 1999 y es el producto del traslado de empresas de otras regiones, pero en la liquidación oficial de revisión varió completamente su tesis y se abstuvo de imponer la sanción, por considerar que no se reunían los requisitos del artículo 8º de la Ley 600 de 2000 pero insistió en el hecho de que la actora no es una nueva empresa, por las características especiales del caso que se analizaba.

Para la demandante, lo anterior evidencia la falta de correspondencia entre el requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión, pues sólo si la DIAN entiende que la actora es nueva empresa procede levantar la sanción impuesta.

Finalmente, alegó falta de motivación de los actos acusados para modificar la sobretasa del impuesto de renta.

La oposición

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demandante en los siguientes términos:

Explicó que al tratar de encuadrar la situación que presenta la sociedad investigada frente a la Ley 608 de 2000, se puede concluir que se trata de la misma actividad económica que venía desarrollando la sociedad Empresas Públicas de Calarcá ESP - EMCA, “empresa preexistente” creada mediante Acuerdo del concejo municipal 18 de agosto 23 de 1969 y quien es la mayor accionista de la actora. Indicó que en el expediente, aparece que el 18 de octubre de 2002, mediante acta de inicio del contrato, EMCA entregó a la demandante toda la infraestructura física, planta, redes, lotes, edificaciones, bocatomas, 5 vehículos y artículos que pertenecen a la anterior infraestructura.

Señaló que en esa misma acta se acordó entregar la totalidad de los sistemas en operación y que el operador, en este caso, multipropósito de Calarcá, deberá prestar los servicios garantizando la continuidad, lo cual se cumplió en un 99%.

Sostuvo que la actora continuó desarrollando la misma actividad de EMCA, la que empezó a ejercer desde el momento de la entrega que aquélla le hizo, con los mismos sistemas, equipos, herramientas, etc., al igual que su sede administrativa ubicada en la misma dirección en la que funcionaba EMCA, lo cual fue verificado mediante acta de visita del 12 de julio de 2002.

Sostuvo que el artículo 2º del Decreto 2668 de 2000, a través del cual se reglamentó la Ley 608 de 2000, enuncia claramente cuáles son las empresas beneficiarias de la exención en el impuesto sobre la renta y hace referencia a las “nuevas empresas”, requisito que no cumple la demandante, toda vez que es una sociedad constituida única y exclusivamente con el fin de dar continuidad a una empresa preexistente en la zona como es Empresas Públicas de Calarcá EMCA, ESP., lo cual está suficientemente demostrado en esta investigación.

Precisó que la demandante surgió por una invitación pública de la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Calarcá, para constituir una sociedad anónima con un socio estratégico con el fin de celebrar un contrato de operación para encargarse de la operación, inversión, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y generación de energía en el municipio de Calarcá y cuya participación de EMCA sería del 40% de las acciones.

Indicó que el socio estratégico de EMCA resultó ser la Empresa Multipropósito de Calarcá, conformada por otras cinco empresas y por EMCA ESP, razón por la cual es viable precisar que existe claramente la creación de una persona jurídica, mas no de una nueva empresa, toda vez que lo que se hizo fue trasladar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de EMCA a la nueva sociedad. Insistió en que la nueva empresa siguió operando con los bienes de EMCA, prestando los mismos servicios, con los mismos empleados, a los mismos usuarios, generando casi subordinación de la empresa demandante con la empresa anterior.

Alegó que sin todos los elementos de la empresa EMCA, la nueva empresa no podría haber desarrollado su objeto social, de lo cual se hace necesario concluir que de ninguna manera puede tratarse de una nueva empresa, sino de una nueva persona jurídica.

Respecto a lo argüido por la demandante, cuando afirma que tanto en la liquidación oficial de revisión como en el recurso de reconsideración, la DIAN aceptó el cumplimiento de los requisitos para acceder a la exención, sostuvo que evidentemente le asiste razón al afirmar que la administración expresamente manifestó que el contribuyente había cumplido los requisitos para tener derecho a la exención, salvo el de constituir una nueva empresa, por lo tanto, quien no los cumple en su totalidad no puede hacer uso de la exención que contempla la Ley 608 de 2000.

Reiteró que la actora no es una nueva empresa, sino una nueva persona jurídica que desarrolla el objeto social de una empresa preexistente, pero aclaró que no se desconoció el beneficio de la exención porque el servicio prestado por el contribuyente es un servicio que ya se prestaba en la región, sino por el hecho de no ser una nueva empresa, pues el permitir que el contribuyente goce del beneficio a sabiendas de que no cumple con este requisito, sería atentar contra el espíritu de la norma, por tanto, no puede aducir que la DIAN desconoció el beneficio de la exención porque el servicio prestado corresponda a uno ya prestado en la región, sino por el hecho de no ser una nueva empresa.

En cuanto al hecho de no imponer la sanción del 200% contemplada en la Ley 608 de 2000, afirmó que la no imposición de la sanción obedeció simplemente a que los hechos irregulares contemplados en los artículos 8º y 15 de la mencionada ley, no coinciden con el motivo por el cual se negó el beneficio de la renta exenta y, por ende, mal hubiera hecho la administración tributaria en imponer una sanción por un hecho no tipificado en la norma como sancionable, lo cual atentaría contra el principio de legalidad que debe estar presente en todos los actos administrativos.

Respecto de la afirmación de la demandante acerca de que existe nulidad de los actos administrativos proferidos por la administración, porque en el requerimiento se propuso una sanción del 200% contemplada en la Ley 608 de 2000 y en la liquidación se decidió no acogerla y rechazar el beneficio sin imponer la sanción, concluyó que no es acertada la posición asumida por la actora, pues equivaldría a convertir a la división de liquidación en una instancia en la que se deben acoger todos y cada uno de los argumentos del requerimiento sin poder modificarlos.

Explicó que del artículo 260-11 del estatuto tributario se deduce que no le asiste la razón a la apelante sobre la modificación del renglón de la sobretasa del impuesto sobre la renta, pues este cambio surge como consecuencia necesaria de la modificación del renglón del impuesto neto de renta, el cual se originó por el rechazo de la renta exenta inicialmente declarada por la demandante, es decir, la sobretasa fue modificada por el hecho de haberse modificado el impuesto, o sea, existe un motivo legal, claro y concreto para su modificación que no requiere mayor explicación.

La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Quindío anuló los actos demandados con fundamento en lo siguiente:

Estimó el a quo que la exención del impuesto de renta y complementarios regulada en el artículo 2º de la Ley 608 de 2000, se concede a las nuevas empresas, personas jurídicas que se constituyan y localicen físicamente en la jurisdicción de uno o más de los municipios afectados con el sismo de 1999, y que dicha constitución y localización ocurra entre el 25 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2005, para el desarrollo de alguna de las actividades contempladas en dicha norma. Agregó que el término “nueva empresa, persona jurídica” está definida en el artículo 5º del Decreto 2668 de 2000.

Expuso que el legislador dijo que no se consideran nuevas empresas, aquellas que: a) se hayan constituido con anterioridad al 25 de enero de 1999, así sean objeto de reforma estatutaria, o de procesos de escisión o fusión con otras empresas, o b) sean objeto de traslado de otras regiones del país a alguno de los municipios de que trata el artículo 1º de esta ley para tal efecto, bastará con que se demuestre que el quince por ciento (15%) o más del valor de los activos fijos o corrientes de la empresa instalada en la zona afectada, estaban en uso en alguna otra región del país a enero 25 de 1999, situación que hace perder el beneficio.

De la lectura de las normas invocadas y en consideración a los argumentos expuestos por las partes, el a quo concluyó que la demandante sí reúne el requisito de “nueva empresa” porque se trata de una persona jurídica creada o constituida el 15 de octubre de 2002, mediante escritura pública 1751 de la Notaría Primera de Calarcá, que se instaló en el municipio de Calarcá, zona afectada por el sismo de enero 25 de 1999 y que tiene por objeto la prestación de servicios públicos domiciliarios, actividad prevista como exenta de renta en la Ley 608 de 2000.

Sostuvo que, además, la empresa demandante presentó ante la DIAN escritos en los que manifestó su intención de acogerse al beneficio de renta exenta, para lo cual acreditó que su domicilio principal es el municipio de Calarcá, al igual que el lugar de ubicación de la planta física.

Respecto de la planta física y, en general, de los activos fijos, advirtió el a quo que ni la Ley Quimbaya ni su decreto reglamentario, exigen que sean de propiedad de la persona jurídica, razón por la cual, no le asiste razón a la DIAN cuando entre los argumentos para negar el beneficio tributario, reprocha que la empresa demandante se instalara y empleara la estructura y planta física de las Empresas Públicas de Calarcá S.A. ESP Al respecto, transcribió apartes de la Sentencia C-327/99 en la que se estudió la constitucionalidad de los decretos legislativos que inicialmente contemplaron el mismo beneficio tributario y en la que se afirmó que la instalación puede implicar comprar o arrendar bienes inmuebles.

Resaltó el a quo que la empresa demandante es empresa nueva, no está incursa en ninguno de los dos supuestos que contempla el artículo 8º de la Ley 608 de 2000 para catalogarla como una empresa no nueva y, por tanto, que no goza de los beneficios de la Ley Quimbaya, pues no se trata de una empresa que se haya constituido con anterioridad al 25 de enero de 1999, ni por objeto de reforma estatutaria, o de procesos de escisión o fusión con otras empresas, ni tampoco es una empresa que fue trasladada de otras regiones del país.

Indicó el tribunal que la actora nació principalmente para celebrar un contrato de operación con las Empresas Públicas de Calarcá, EMCA EICE ESP, consistente en asumir la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y generación de energía, pero esta situación no impide que se considere como una nueva empresa, no solo porque no está incursa en alguno de los supuestos del artículo 8º de la Ley Quimbaya, sino porque reúne las condiciones para ser catalogada como tal a la luz de la definición contenida en el artículo 5º del Decreto 2668 de 2000.

El tribunal destacó, con base en los antecedentes legislativos de la Ley 608 de 2000, que “nueva empresa” hace alusión tanto a persona jurídica como también a persona natural, patrimonio autónomo, consorcio, unión temporal, etc., por ello no cabe interpretar que la normativa se refiera a “nueva actividad”.

Tampoco puede colegirse que la actora es una especie de ‘fachada’ de EMCA EICE ESP, pues evidentemente se trata de dos personas jurídicas distintas y el hecho de que sean socias no implica que la demandante deje de ser una nueva empresa, por el contrario, su creación es fiel reflejo de la intención del legislador al establecer la exención tributaria para atraer la inversión y el desarrollo económico de la zona afectada, ante la imposibilidad de la administración municipal de Calarcá de continuar en la prestación de los servicios.

El a quo transcribió apartes de la sentencia del 10 de julio de 2002, Exp. 12143. M.P. doctora Ligia López Díaz, en la que el Consejo de Estado analizó un asunto similar donde se discutía el carácter de nueva empresa de una sociedad comanditaria donde su socio gestor con anterioridad se dedicaba a actividades similares a las que pasó a dedicarse la sociedad, y que buscaba hacerse acreedora de los beneficios de la Ley Páez (L. 218/95) similar a la Ley Quimbaya.

El tribunal acogió el criterio de la sentencia antes indicada y reiteró que la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. ESP es una nueva empresa y tiene derecho al beneficio tributario de renta exenta previsto en la Ley Quimbaya para el año gravable 2003.

Recurso de apelación

La demandada en el escrito de apelación reiteró en síntesis los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, así:

Según el artículo 2º del Decreto 2668 de 2000, a través del cual se reglamentó la Ley 608 de 2000, las empresas beneficiarias de la exención en impuesto sobre la renta, son las nuevas empresas y la demandante no cumple con este requisito, toda vez que es una sociedad constituida única y exclusivamente con el fin de dar continuidad a una empresa preexistente en la zona como son las Empresas Públicas de Calarcá EMCA, ESP, quien realizó una invitación pública para conseguir un socio estratégico que resultó ser la actora, integrada por otras cinco sociedades.

Insistió que existe claramente la creación de una persona jurídica, mas no de una nueva empresa, toda vez que lo que se hizo fue trasladar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de EMCA a la nueva sociedad, para lo cual la demandante inyectó recursos y siguió operando con los bienes de EMCA, prestando los mismos servicios, con los mismos empleados, a los mismos usuarios, generando una casi subordinación de la demandante con la empresa anterior.

Afirmó que la demandante no puede aducir que la administración rechazó el beneficio porque el servicio prestado por la empresa corresponda a uno ya prestado en la región, pues el fundamento del rechazo fue no haber cumplido el requisito de ser nueva empresa.

Para tener derecho a la exención, las normas que regulan la materia son claras al precisar que se deben reunir todos los requisitos, es decir, no se excluyen entre sí y, por lo tanto, quien no los cumple en su totalidad no puede hacer uso de la exención que contempla la Ley 608 de 2000, como es el requisito de ser una nueva empresa.

Por el solo hecho de que la demandante ofrezca beneficios a la zona afectada con el sismo, no puede concluirse que tenga derecho al beneficio contemplado en la Ley 608 de 2000, pues el argumento sobre el cual se apoyó la DIAN para rechazar el beneficio de la exención en renta está referido a que se trate de una nueva persona jurídica y no de una nueva empresa.

Explicó que las normas tributarias para acceder al beneficio de la exención en el impuesto sobre la renta, establecen como requisito indispensable que sea una empresa la que va a desarrollar el objeto social que va a incentivar el desarrollo de la región y a generar nuevos empleos, pero para el caso que nos ocupa no se cumple con este requisito, pues el personal contratado por la actora es el mismo de EMCA.

Alegatos de conclusión

La parte demandante afirmó que la demandada, en su recurso de apelación, reiteró los mismos argumentos expuestos por esa entidad en vía gubernativa y en la contestación de la demanda, pero en estricto sentido no impugnó la sentencia de primera instancia, pues no se opuso a las razones que esgrimió el a quo en el fallo, lo que quiere decir que el fallo de primera instancia no fue apelado.

Indicó que la DIAN manifiesta en el recurso que no desconoció la exención prevista en la Ley Quimbaya, porque el servicio se trate de uno que se había prestado en la región, aseveración que nunca fue realizada en la sentencia de primera instancia y, por ende, mal puede la DIAN controvertir algo que no fue afirmado por el a quo. La DIAN se ha limitado a transcribir casi textualmente lo que ella misma plasmó en el escrito de contestación de la demanda, sin controvertir los argumentos expuestos en la sentencia objeto de apelación por parte de esta entidad.

Expuso que se pone en evidencia que la DIAN no apeló la sentencia cuando sostiene, en el recurso de apelación, que por el solo hecho de que la empresa con la prestación de los servicios que ofrece conceda beneficios a la zona afectada, no le da derecho a solicitar el beneficio contemplado en la Ley 608 de 2000, pues lo anterior nunca fue tenido en cuenta por el tribunal al momento de proferir el fallo a favor de la demandante.

Insistió en que a la actora le asiste el derecho de solicitar como renta exenta la suma de $ 718.754.000 por el año gravable 2003, toda vez que cumplió con todos los requisitos contemplados en la Ley 608 de 2000 y en su Decreto Reglamentario 2668 de 2000, tal como lo concluyó el a quo de las pruebas aportadas que acreditan su cumplimiento.

Respecto a la afirmación de la DIAN, según la cual, no existe nueva empresa toda vez que lo que se hizo fue trasladar la prestación de los servicios públicos de EMCA a la nueva sociedad y siguió operando con los bienes de la primera, prestando los mismos servicios, con los mismos empleados y a los mismos usuarios, no es cierto, toda vez que en la demanda se demostró que la actora generó empleo y asumió con su propio personal, toda la operación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica en Calarcá, con todos los costos que implica la actividad, lo cual ratifica que se trata de una nueva empresa, para lo cual fueron aportadas varias pruebas tanto en vía gubernativa como en la jurisdiccional, las cuales no fueron cuestionadas por la DIAN, sino que se limitó a indicar que éstas no se valorarían.

Indicó que la sociedad jamás ha expuesto dentro del proceso el argumento propuesto por la DIAN, según el cual, la actora tiene derecho a acceder al beneficio de la Ley 608 de 2000 por el hecho de prestar servicios que benefician a la zona afectada con el sismo.

Finalmente, solicitó tener en cuenta el pronunciamiento que esta corporación profirió en la sentencia del 10 de julio de 2002, Exp. 12143, en donde se falló un caso idéntico al presente, en el cual se discutía el carácter de “nueva empresa” para efectos de determinar si se cumplían los requisitos establecidos en la Ley 218 de 1995 (Ley Páez).

La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y en la apelación.

El Ministerio Público guardó silencio.

Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar la legalidad de los actos demandados, por medio de los cuales la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2003, presentada por Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. ESP.

Previo a decidir de fondo, la Sala advierte lo siguiente:

Contrario a lo afirmado por la demandante en los alegatos de conclusión, el recurso de apelación interpuesto por la demandada cumple con el requisito de sustentación, toda vez que los argumentos de su escrito permiten establecer los motivos de inconformidad con el fallo de primera instancia, los cuales, si bien insisten en los fundamentos de su escrito de oposición, obedecen a que, en este caso concreto, la decisión del a quo fue totalmente adversa a sus intereses y con ella se desvirtuó el sustento jurídico de los actos demandados.

En todo caso, se observa que las aducidas falencias del recurso de apelación pudieron ser controvertidas a través de los recursos procedentes contra el auto admisorio del recurso(8).

Hecha la anterior precisión, la Sala procede a estudiar de fondo el asunto planteado, que se contrae a determinar si la demandante, para el año gravable 2003, reunía el requisito de ser “nueva empresa” para tener derecho a la renta exenta prevista en la Ley 608 de 2000 —Ley Quimbaya— y su Decreto Reglamentario 2268 de 2000.

Antecedentes normativos de la Ley Quimbaya

Con motivo del terremoto ocurrido el 25 de enero de 1999 en la zona del Eje Cafetero y que afectó gravemente a distintos municipios de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, el Gobierno Nacional mediante el Decreto 182 del 26 de enero de 1999, declaró la situación como de desastre de carácter nacional natural, para facilitar la atención inmediata a la población afectada y agilizar los procesos de reconstrucción y recuperación de la región.

Igualmente, el Gobierno Nacional, como consecuencia de tales hechos, hizo uso del artículo 215 de la Constitución Política y declaró en el Decreto Legislativo 195 de 1999, el estado de emergencia económica, social y ecológica en varios municipios de los departamentos antes mencionados.

Posteriormente, mediante el Decreto 258 de 1999 expedido con fundamento en el Decreto 195 del mismo año, se dictaron, entre otras, medidas de carácter tributario consistentes en decretar exenciones por los años 1999 y 2000, las cuales dejarían de regir al término de la siguiente vigencia fiscal.

Teniendo en cuenta que las medidas tomadas por el Gobierno Nacional dentro del estado de emergencia económica tendrían aplicación limitada en el tiempo, el Congreso expidió la Ley 608 de 2000(9) en la que reiteró en algunos casos y amplió en otros, los beneficios tributarios para la zona afectada por el terremoto. El texto del artículo 2º de la citada Ley prescribía lo siguiente:

“ART. 2º—Exención de renta y complementarios. Estarán exentas del impuesto de renta y complementarios, las nuevas empresas, personas jurídicas, que se constituyan y localicen físicamente en la jurisdicción de los municipios señalados en el artículo anterior, entre el 25 de enero de 1999 y el 31 de diciembre del año 2005, y que tengan como objeto social principal, desarrollar actividades agrícolas, ganaderas, comerciales, industriales, agroindustriales, de servicios, de construcción, de exportación de bienes corporales muebles producidos en la zona afectada, mineras que no se relacionen con la exploración o explotación de hidrocarburos, de servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias, de servicios turísticos, educativos, de procesamiento de datos, de programas de desarrollo tecnológico aprobados por Colciencias, y de servicios de salud.

La exención de que trata este artículo se aplicará a la renta que se obtenga en los municipios afectados por el sismo de que trata el artículo 1º de esta ley, en desarrollo de las actividades mencionadas en el inciso anterior(10).

(...).

ART. 4º—Empresas preexistentes. En el caso de las empresas preexistentes, las exenciones regirán durante diez (10) años, siempre y cuando los ingresos de la respectiva empresa hayan disminuido en un treinta por ciento (30%) o más en 1999.

Los porcentajes de exención para las empresas preexistentes, son los mismos indicados en el artículo anterior”. (Negrillas fuera de texto).

De las normas transcritas de la Ley 608 de 2000, se pueden colegir las condiciones generales que dicha ley prescribió, ahora con carácter permanente y dentro de las facultades legislativas por el Congreso de la República, respecto del manejo tributario de la exención del impuesto sobre la renta para los municipios afectados por el sismo de 1999 y que comúnmente se ha denominado como “Ley Quimbaya”.

Caso concreto

En el sub lite se debate si la Empresa Multipropósito de Calarcá tenía derecho a la exención de $ 718.754.000 declarada en el renglón 85 “total rentas exentas” de la declaración de renta por el año gravable 2003 considerando que dicha persona jurídica se constituyó en el año 2002.

En el expediente obran las siguientes pruebas:

• Certificado de la Cámara de Comercio de Armenia, sede Calarcá donde consta que la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. ESP fue constituida mediante escritura pública 001751 de la Notaría 1ª de Calarcá del 15 de octubre de 2002 inscrita el 18 de octubre de 2002 bajo el número 00019891 del Libro IX y se matriculó el 18 de octubre de 2002 y se renovó el 26 de marzo de 2007(11).

• Escritos dirigidos a la Dirección de Impuestos Nacionales de Armenia donde el gerente general de la Empresa Multipropósito S.A. ESP manifiesta su intención de acogerse a las exenciones de la Ley Quimbaya(12).

• Fotocopia de la escritura pública del 15 de octubre de 2002 de constitución de la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. ESP ante la Notaría Primera del Círculo de Calarcá(13).

• Constancias de la alcaldía de Calarcá sobre la instalación y el inicio de labores de la Empresa Multipropósito de Calarcá desde el 18 de octubre de 2002, en la carrera 24 Nº 39-52 Parque Bolívar de Calarcá”(14).

De las pruebas anteriores, que no fueron objetadas por la demandada, se establece que la actora fue constituida legalmente desde el 15 de octubre de 2002 en la ciudad de Calarcá (Quindío), se inscribió en el registro mercantil de la cámara de comercio de esa ciudad, en su calidad de sociedad anónima prestadora de servicios públicos domiciliarios, y manifestó ante la alcaldía de esa misma ciudad su intención de acogerse a los beneficios de la Ley 608 de 2000.

No obstante, la DIAN ha sostenido que la actora si bien es una nueva “persona jurídica” no tiene la calidad de “nueva empresa”, pues su actividad consiste en dar continuidad en la prestación de servicios públicos que ya prestaba una “empresa preexistente” como son las Empresas Públicas de Calarcá, EMCA S.A. ESP

Sobre la definición de “nueva empresa”, el artículo 5º del Decreto 2668 de 2000 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 608 de 2000”(15) disponía lo siguiente:

“ART. 5º—Para efectos de lo previsto en los artículos 2º y 4º de la Ley 608 de 2000 y en el artículo 2º de este decreto:

Se entiende como nueva empresa, persona jurídica, aquella sociedad o empresa unipersonal constituida entre el 25 de enero de 1999 y el 31 de diciembre del año 2005, mediante escritura pública, en la jurisdicción territorial de los municipios mencionados en el artículo primero de la Ley 608 de 2000 e inscrita en la cámara de comercio de la misma jurisdicción, que tenga como objeto social alguna de las actividades mencionadas en el artículo 2º de la citada ley.

Entiéndese como empresa preexistente, aquella que antes del 25 de enero de 1999 ya se hallaba constituida en la zona afectada, establecida y ejerciendo su actividad económica organizada en la misma zona, desarrollada por persona natural o jurídica, para la producción de bienes y servicios dentro de la zona en alguna de las actividades económicas mencionadas en el artículo 2º de la Ley 608 de 2000, siempre y cuando sus ingresos operacionales hayan disminuido en un 30% o más.

(...)”. (Negrillas fuera de texto).

De la norma transcrita se observa que el Gobierno Nacional, en uso de su potestad reglamentaria, definió para efectos de la exención en el impuesto sobre la renta y complementarios prevista en la Ley 608 de 2000, los términos “nuevas empresas” y “empresa preexistente” constituyéndose así en norma especial y preferente, para la aplicación de los artículos 2º y 4º de la citada ley y que ya fueron transcritos.

En cuanto al término “nuevas empresas”, se observa que está referido a las desarrolladas por personas jurídicas, ya que a esta clase de beneficiarios estaba dirigida la exención según el artículo 2º de la Ley 608 de 2000, es decir, que comprendía a las actividades ejecutadas por las sociedades mercantiles según el Código de Comercio(16) y las empresas unipersonales que habían sido creadas por el artículo 71 de la Ley 222 de 1995, constituidas en los términos previstos en las normas transcritas.

Sin embargo, la Sala advierte que el requisito de ser “nueva empresa, persona jurídica”, no puede escindirse para entenderse como dos requisitos independientes, pues lo que la disposición quiere significar es que la nueva empresa, entendida como “toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de los servicios”(17), sea desarrollada por una persona jurídica, a través de las diferentes formas societarias contempladas en el ordenamiento jurídico.

En ese contexto, la “nueva empresa” a que se refiere la exención del impuesto sobre la renta en la zona del Eje Cafetero, era simplemente la persona jurídica mercantil que ejecutara las actividades taxativamente señaladas en el artículo 2º y que se haya constituido entre el 25 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2005, sin que ni la Ley 608 de 2000 ni su norma reglamentaria restringieran el beneficio solamente para actividades nuevas, esto es, para labores diferentes a las que ya fueran desarrolladas por otras empresas instaladas en la zona.

Ahora bien, respecto al argumento de la DIAN, expuesto en la vía gubernativa y reiterado ahora ante la jurisdicción, según el cual, la demandante desarrolla el objeto social de una “empresa preexistente”, ya que las actividades de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y generación de energía, ya venían siendo prestadas por las Empresas Públicas de Calarcá EMCA ESP, para la Sala es necesario en este punto insistir en que legalmente no estaba prohibido ejecutar una actividad ya desarrollada por otra empresa.

Doctrinariamente, el concepto de empresa ha sido explicado “como un círculo de actividades regido por la idea organizadora del empresario actuando sobre un patrimonio y dando lugar a relaciones jurídicas y a otras de puro hecho”(18). En este sentido, la empresa es considerada como el producto de un conjunto de actividades que son realizadas por el empresario y sus colaboradores.

De acuerdo con lo anterior, no existe empresa sin empresario que la desarrolle, en ese contexto, cuando EMCA decide buscar un socio estratégico para prestar los servicios públicos domiciliarios, no solo constituye una nueva persona jurídica sino una nueva empresa, pues es un nuevo empresario el que desarrolla la actividad, con la personería jurídica de Empresa Multipropósito de Calarcá (demandante).

Con base en lo anterior, no se comparte que se pueda catalogar a la demandante como una “empresa preexistente” porque no estaba constituida antes del 25 de enero de 1999 en la zona. En efecto, ya no es EMCA la que desarrolla la actividad sino la Empresa Multipropósito de Calarcá, en la que si bien interviene EMCA como socio, también hacen parte otros socios inversionistas, que hacen que la actividad sea desarrollada por un empresario distinto (nueva empresa), con otro tipo de relaciones, obligaciones y derechos, diferentes a los que tenía solo EMCA.

En este punto, para la Sección es tan evidente la intención de EMCA de constituir una “nueva empresa, persona jurídica” que frente a su infraestructura, es decir, con la que prestaba los servicios públicos domiciliarios antes de que lo hiciera la demandante, actúa como un tercero pues no se controvirtió en el sub examine, que EMCA le arrendó todas las redes y demás elementos a la demandante. Lo que ocurre es que la actora, además, decidió participar en la nueva empresa como socio con la forma jurídica que tenía, situación que por sí sola no convierte a Empresa Multipropósito en “empresa preexistente”.

La Sala advierte que no puede desconocerse el tipo de servicio que está prestando la demandante, es decir, servicios públicos domiciliarios, para lo cual es necesario tener en cuenta que la infraestructura requerida impediría en gran parte que nuevas empresas se constituyeran en la zona para prestar esta clase de servicios con infraestructura propia, cuando el artículo 2º de la Ley 608 de 2000 dispuso como uno de los objetos sociales que podían ser beneficiarios de la exención, la prestación de servicios públicos domiciliarios.

En suma, para el caso concreto, debe tenerse en cuenta que EMCA decidió desarrollar de manera independiente una de sus actividades, como es la prestación de servicios públicos domiciliarios, pero en asocio con otros inversionistas, razón por la cual la empresa ya no sería desarrollada por EMCA sino por otra persona jurídica diferente, sin que la normativa hubiera impedido esta posibilidad, pues precisamente ese era el propósito de la Ley Quimbaya tal como se indicó en la exposición de motivos “contar con una legislación verdaderamente atractiva para los empresarios nacionales y extranjeros, realmente eficaz para recomponer la fortaleza de las entidades territoriales de la zona, y claramente eficaz en la atención de los grupos sociales más vulnerados por el sismo”(19).

En este caso, es necesario resaltar que, la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. ESP tampoco estaba en ninguno de los supuestos que la propia Ley 608 de 2000 traía para no considerarla como nueva empresa y, por tanto, no beneficiaria de la renta exenta(20).

Ahora bien, en relación con los argumentos de la demandada, en cuanto a que la demandante utilizó el mismo personal y la misma infraestructura que tenían las Empresas Públicas de Calarcá S.A. EMCA ESP, y que, por tanto no hubo generación de empleo, la Sala advierte que son aspectos que no fueron contemplados por el legislador como prohibiciones para acceder al beneficio tributario, de manera que, si la nueva empresa utilizó los mismos activos fijos y el mismo personal de EMCA ESP, tal situación no impide entender que se había creado una “nueva empresa, persona jurídica” con una de las actividades favorecidas con la exención del impuesto sobre la renta(21).

Finalmente, como lo advirtió el a quo y la actora, en relación con el término “nueva empresa”, la Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en casos similares, aunque referido a la Ley 218 de 1995 – Ley Páez(22) y cuyo tratamiento tributario fue similar al de la Ley Quimbaya, en los siguientes términos(23):

“...De este modo, precisados los requisitos para que una empresa sea considerada como “nueva empresa”, no puede el intérprete hacer distinciones que no consagra la propia ley, ni deducir que dicho concepto se encuentra unido al de nueva actividad, pues una cosa, es una nueva empresa, y otra cosa, es una nueva actividad, y lo cierto es que la intención del legislador no es otra que la de incentivar la creación de nuevas empresas bien sea a través de personas naturales o de personas jurídicas, que contribuyan al desarrollo de la región afectada y para conseguir tal finalidad determinó en forma clara tanto el momento en que debe considerarse establecida una empresa, como lo que debe entenderse por su instalación, así como los demás requisitos que deben acreditarse para obtener el reconocimiento de tal condición.

Con esas premisas, es fácil deducir que para las personas jurídicas, como es el caso de la sociedad actora, se debe considerar establecida desde la fecha de su constitución, acto que tuvo lugar el día 22 de enero de 1.997, según lo acredita el certificado de existencia y representación legal de la sociedad emitido por la Cámara de Comercio del Cauca que obra a folio 34 del expediente; de lo cual, a su vez, se infiere, que para efectos de la ley tantas veces citada, la empresa se instaló dentro de los cinco años siguientes a la promulgación de la misma (non. 22/1.995)...”.

Por todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia apelada, ya que la demandante al constituirse como persona jurídica en el año 2002 y desarrollar como actividad principal la prestación de servicios públicos domiciliarios en el municipio de Calarcá, cumplió con los requisitos que la Ley 608 y el Decreto 2668, ambos del año 2000, establecieron para acceder a la renta exenta del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2003.

En consecuencia, la Sala confirmará la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío que anuló los actos administrativos demandados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 3 de junio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío.

Reconócese personería para actuar como apoderada de la DIAN a la Doctora Clara Inés González Ramírez, según poder que obra a folio 71.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

Magistrados: Jorge Octavio Ramírez Ramírez—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—Martha Teresa Briceño de Valencia—Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(1) Fl 90 c.p.

(2) Fl. 92 c.p.

(3) Fls. 94 a 109 c.p.

(4) Fls. 111 a 131 c.p.

(5) Fls. 133 a 152 c.p.

(6) Fls. 157 a 177 c.p.

(7) Fls. 181 a 204 c.p.

(8) La demandante interpuso recurso de reposición contra el auto que admitió el recurso de apelación contra la sentencia, pero por motivos relacionados con la oportunidad del recurso, sin que haya hecho referencia al aspecto que ahora aduce.

(9) La Ley 608 del 8 de agosto de 2000 fue publicada en el Diario Oficial Nº 44129 del 15 de agosto de 2000.

(10) El texto subrayado fue derogado por el artículo 134 de la Ley 633 del 29 de diciembre de 2000.

(11) Folios 82 a 88 c.a. 1

(12) Folios 209 a 213 c.a. 1

(13) Folios 215 a 237 c.a. 1

(14) Folios 239 y 240 c.a. 1

(15) El Decreto 2668 del 22 de diciembre de 2000 fue publicado en el Diario Oficial Nº 44.271 del 26 de diciembre de 2000.

(16) Código de Comercio. ART. 100.—Se tendrán como comerciales, para todos los efectos legales las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y actos que no tengan esa calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades que no contemplen en su objeto social actos mercantiles, serán civiles.

Sin embargo, cualquiera que sea su objeto, las sociedades comerciales y civiles estarán sujetas, para todos los efectos, a la legislación mercantil.

(17) Código de Comercio. Art. 25. Empresa – concepto.

(18) Garrigues, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. Tomo I. Temis: Bogotá, pág. 168.

(19) Gaceta del Congreso Nº 76 del 4 de mayo de 1999. Exposición de motivos, pág. 8.

(20) ART. 8º—Reformas a empresas constituidas. No se consideran como nuevas empresas, ni gozaran de los beneficios previstos en ésta ley las siguientes:

Las empresas que se hayan constituido con anterioridad al 25 de enero de 1999, así sean objeto de reforma estatutaria, o de procesos de escisión o fusión con otras empresas.

Las empresas que sean objeto de traslado de otras regiones del país a alguno de los municipios de que trata el artículo 1º de esta ley. Para tal efecto bastará con que se demuestre que el quince por ciento (15%) o más del valor de los activos fijos o corrientes de la empresa instalada en la zona afectada, se encontraban en uso en alguna otra región del país a enero 25 de 1999, situación que hace perder el beneficio...”.

(21) Revisados los antecedentes legislativos de la Ley 608 de 2000, se advierte que el proyecto inicialmente presentado para discusión en el Senado (proyecto 212/99), si contemplaba en el artículo 6º, que no procedería la exención, si los trabajadores que se incorporaban a los nuevos empleos generados habían laborado durante el año anterior a su contratación en empresas con las que tuviera vinculación económica el contribuyente. (Gaceta del Congreso Nº 76 del 4 de mayo de 1999, pág. 3)

(22) El proyecto de ley 212 de 1999 Senado fue presentado al Congreso Nacional como una iniciativa fruto de discusiones realizadas con los congresistas de los departamentos afectados con el terremoto, del cotejo de los decretos que había expedido el Gobierno en ejercicio de sus facultades extraordinarias y de las lecciones que habían dejado la tragedia del Río Páez y la ocasionada por la erupción del Volcán del Ruiz.

(23) Sentencia del 10 de julio de 2002 expediente 12143 M.P. Ligia López Díaz.