Sentencia 2007-00173 de diciembre 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 250002327000200700173 01 (19864)

Consejera Ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz De Rodríguez

Demandante: Crown Colombiana S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian

Asunto: Sanción por imputación improcedente por el impuesto sobre las ventas del primer (1º) bimestre de 2000

Fallo

Bogotá, D. C. doce (12) de diciembre de dos mil catorce (2014)

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, la Sala decide la legalidad de los actos administrativos demandados, en los que se impuso a la sociedad demandante la sanción por imputación improcedente, con respecto al saldo a favor registrado en la declaración del impuesto sobre las ventas del primer bimestre del año 2000.

Para tal efecto, la Sala debe establecer si la administración estaba facultada para imponer la sanción por devolución improcedente, pese a haberse presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las liquidaciones oficiales de revisión que modificaron el saldo a favor declarado por el bimestre mencionado.

El artículo 670 del estatuto tributario señala:

“ART. 670.—Sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones. Las devoluciones o compensaciones efectuadas de acuerdo con las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios y sobre las ventas, presentadas por los contribuyentes o responsables, no constituyen un reconocimiento definitivo a su favor.

Si la administración tributaria dentro del proceso de determinación, mediante liquidación oficial rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devolución o compensación, deberán reintegrarse las sumas devueltas o compensadas en exceso más los intereses moratorios que correspondan, aumentados estos últimos en un cincuenta por ciento (50%). Esta sanción deberá imponerse dentro del término de dos años contados a partir de la fecha en que se notifique la liquidación oficial de revisión.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se dará traslado del pliego de cargos por el término de un mes para responder.

PAR. 1º—Cuando la solicitud de devolución se haya presentado con garantía, el recurso contra la resolución que impone la sanción, se debe resolver en el término de un año contado a partir de la fecha de interposición del recurso. En caso de no resolverse en este lapso, operará el silencio administrativo positivo. Esta sanción deberá imponerse dentro del término de dos años contados a partir de la fecha en que se notifique la liquidación oficial de revisión.

PAR. 2º—Cuando el recurso contra la sanción por devolución improcedente fuere resuelto desfavorablemente, y estuviere pendiente de resolver en la vía gubernativa o en la jurisdiccional el recurso o la demanda contra la liquidación de revisión en la cual se discuta la improcedencia de dicha devolución, la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales no podrá iniciar proceso de cobro hasta tanto quede ejecutoriada la resolución que falle negativamente dicha demanda o recurso” (se resalta).

Se observa que la norma transcrita no prohíbe la imposición de la sanción por devolución improcedente cuando el acto de determinación del tributo está en discusión ante la jurisdicción administrativa; por el contrario, determina que si la administración rechaza o disminuye el saldo a favor que fue objeto de devolución y/o compensación mediante la expedición de una liquidación oficial de revisión que así lo declare, está obligada a imponer la sanción prevista en la norma señalada dentro del término de dos años contados a partir de la notificación del acto de liquidación referido.

Lo que la norma dispone es que no podrá adelantarse el proceso de cobro hasta que quede ejecutoriada la resolución que falle negativamente la demanda o el recurso que se hubieren presentado contra los actos de determinación.

Lo anterior parte del supuesto de que los saldos a favor, generados en las declaraciones tributarias del impuesto sobre la renta o del impuesto sobre las ventas, no constituyen un reconocimiento definitivo para el contribuyente, pues los valores declarados están sujetos al ejercicio de las facultades de fiscalización con que cuenta la administración.

Al respecto, la Sala observa que bajo la presunción de veracidad de que gozan las declaraciones tributarias, el artículo 850 del estatuto tributario obliga a la administración, cuando el contribuyente lo solicite, a devolver o compensar los saldos a favor registrados en las declaraciones, sin que exija previamente agotar el procedimiento de determinación del tributo; sin embargo, si una vez adelantado dicho procedimiento, la administración desvirtúa la veracidad del saldo a favor declarado, el mencionado artículo 670 del estatuto tributario prevé la imposición de la sanción por compensación y/o devolución improcedente.

Dicho en otras palabras, cuando la administración modifique o rechace el saldo a favor devuelto o compensado, está en la obligación de solicitar su reintegro, junto con los intereses moratorios causados durante el término en que las sumas devueltas estuvieron injustificadamente en poder del contribuyente o responsable, incrementados en un 50%, a título de sanción.

Para esto, el citado artículo 670 del estatuto tributario autoriza a la administración para adelantar el procedimiento de determinación del tributo, que finaliza con la expedición de una liquidación oficial de revisión y, a partir de su notificación en el término perentorio de dos años debe imponer la sanción por devolución improcedente.

De lo anterior, la Sala advierte que la imposición de la sanción por devolución y/o compensación improcedente obedece a un procedimiento autónomo que busca recuperar los saldos devueltos o compensados indebidamente, cuya procedencia solo requiere que la liquidación oficial de revisión que disminuya o rechace el saldo a favor declarado por el contribuyente sea notificada al contribuyente o responsable.

Sin embargo, es menester señalar que el procedimiento sancionatorio y el de determinación del tributo cuentan con un estrecho vínculo, pues el monto a reintegrar, y los consecuentes intereses moratorios incrementados en un 50%, dependen de la determinación que del saldo a favor haga la administración en la liquidación oficial de revisión, lo cual fue previsto en el parágrafo 2º antes mencionado del artículo 670 del estatuto tributario, que supeditó el procedimiento de cobro de la sanción a la ejecutoria de “(…) la resolución que falle negativamente dicha demanda o el recurso”.

Así, si la jurisdicción, al momento de fallar definitivamente la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto que modificó o rechazó el saldo a favor declarado, lo disminuye o accede a las súplicas de la demanda, tal situación se verá reflejada en el acto sancionatorio, pues en el primer caso se deberá ajustar el monto que debe ser devuelto a la administración y, en el segundo, ocurrirá el decaimiento de este último, porque desaparecerían los supuestos de hecho y de derecho en que se fundó.

Caso particular

En cuanto al primer bimestre del impuesto sobre las ventas del año gravable 2000, se observa que la Liquidación Oficial de Revisión 310642004000118 del 4 de agosto de 2004, notificada el día 6 del mismo mes y año, disminuyó el saldo a favor declarado por $2.619.008.000 a la suma de $2.400.423.000.

El 5 de julio de 2006, estando dentro del término de dos años, previsto en el artículo 670 del estatuto tributario, la administración expidió la Resolución Sanción 31064200600092 en la que ordenó la devolución del menor saldo a favor determinado, más los intereses moratorios aumentados en un 50%, acto que fue impugnado mediante la interposición del recurso de reconsideración, que fue resuelto por la Resolución 310662007000024 del 6 de marzo de 2007, que confirmó la sanción impuesta.

La liquidación oficial y su confirmatoria fueron demandadas mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que fue fallada en última instancia por el Consejo de Estado mediante la Sentencia 17077 del 13 de noviembre de 2014, revocó la sentencia del tribunal y anuló la liquidación oficial de revisión y la resolución que la confirmó; así mismo, declaró la firmeza de la declaración privada presentada por la actora.

En consecuencia, el saldo a favor contenido en la declaración del impuesto sobre las ventas del primer (1º) bimestre del año 2000, por la suma de $2.619.008.000, suma que fue imputada en la declaración del segundo (2º) bimestre del mismo año, está en firme y, por tanto, la pretensión de nulidad de la Resolución Sanción 310642006000092 del 5 de julio de 2006, y su confirmatoria, la Resolución 310662007000024 del 6 de marzo de 2007, que ordenaron el reintegro de la suma de $218.585.000 más los intereses moratorios, aumentados en un cincuenta por ciento (50%), está llamada a prosperar.

Así las cosas, la Sala revocará la sentencia del 26 de julio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que anuló parcialmente los actos demandados y, en su lugar, los anulará totalmente, dada la firmeza que del saldo a favor declarado por el primer bimestre de 2000 declaró el Consejo de Estado. A título de restablecimiento del derecho, se declarará que la actora no debe suma alguna por concepto de la sanción impuesta(13).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero.- REVÓCASE la sentencia del 26 de julio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, En su lugar,

Segundo. ANÚLANSE la Resolución Sanción 310642006000092 del 5 de julio de 2006, y su confirmatoria, la Resolución 310662007000024 del 6 de marzo de 2007.

A título de restablecimiento del derecho, se declara que la actora no debe suma alguna por concepto de la sanción impuesta en los anteriores actos administrativos.

La presente providencia estudió y se aprobó en la sesión de la fecha

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase».

(13) La ponente salvó voto en el proceso que originó la Sentencia 17077 del 13 de noviembre de 2014. Las razones de su disentimiento están consignadas allí.