Sentencia 2007-00174/38623 de octubre 5 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Radicación 19001-23-31-000-2007-00174-01 (38623)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Actor: Efrén Sarria Tombe y otros

Demandado: La Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación y otro

Proceso: Acción de reparación directa

Descriptores: Privación injusta. Autonomía del juicio de responsabilidad. No se incurre en culpa grave civil cuando se actúa acorde con el deber de solidaridad

Bogotá, D.C., cinco de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Corresponde a la Sala conocer el presente asunto, pues, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia(3), tal como fue entendida en decisión de Sala Plena, la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, por hechos de la administración de justicia, debe ser conocida por esta corporación.

2. Caducidad de la acción.

La jurisprudencia ha precisado, en lo que tiene que ver con los asuntos donde se depreca la responsabilidad de la administración por privación injusta de la libertad, que el término de los dos años para contabilizar la caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que precluye la investigación o que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso(4).

En el sub lite se invoca la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación por los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes, con ocasión de la privación de la libertad sufrida por el señor Efrén Sarria Tombe.

Ahora, conforme a las pruebas allegadas al plenario, resulta acreditado que i) el señor Efrén Sarria Tombe estuvo privado de la libertad entre el 28 de febrero de 2003(5) y el 13 de junio siguiente, fecha en la que se le informó al Inpec de la revocatoria de la medida de aseguramiento(6) dictada por la Fiscalía 01-004 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Popayán, el mismo día. No obstante, mediante providencia del 3 de agosto de 2005, la Fiscalía 06-002 Delitos contra la Seguridad Pública y otros - Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Popayán profirió resolución de preclusión de la investigación y declaró extinta la acción penal, ejecutoriada el 19 del mismo mes y año(7). De manera que, como la demanda se presentó el 23 de julio de 2007, lo fue en el término establecido en el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si el daño antijurídico invocado por el señor Efrén Sarria Tombe, en razón de la privación de su libertad, en el marco de un proceso penal, por la comisión de los presuntos delitos de rebelión y secuestro simple, es imputable a la Fiscalía General de la Nación. Al tiempo que se deberá establecer la obligación de reparar, esto es, deberá también determinarse si la víctima actuó con dolo o culpa grave, analizados desde la perspectiva civil.

4. Análisis del caso.

4.1. De la legitimación por activa.

La legitimación del señor Efrén Sarria Tombe para acudir como demandante se colige de las providencias que se señalarán a continuación, de igual manera la de su núcleo familiar de los registros civiles correspondientes:

4.1.1. Registro civil de nacimiento de los señores Jhon Freyder y Neider Adrián Sarria Escobar, hijos de Efrén Sarria Tombe y Aura Edilia Escobar Erazo, quienes acuden al asunto de la referencia en calidad de hijos de la víctima —fls. 4 a 5, cdno. 1—.

4.1.2. Registro civil de nacimiento del señor Efrén Sarria Tombe, en él figuran sus padres, los señores Ana Ilia Tombe y Celso Sarria. —fl. 2, cdno. 1—.

4.1.3. Registro civil de nacimiento de los señores Robert, Doraima, Yojana, Ana Servis, Ana Cecilia, Emma Ives, Sóstimo y Emar Sarria Tombe, hermanos de la víctima directa. —fls. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24, cdno. 1—.

4.1.4. Declaración rendida por el señor Efrén Sarria Tombe, en diligencia de indagatoria ante la Fiscalía Quinta Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Popayán, al ser preguntado sobre su estado civil respondió: “unión libre, mi compañera se llama Aura Dilia Escobar Eraso [sic](8)”. En registros civiles del señor Jhon Freyder y del menor Neider Adrián, figura la señora Aura Edilia Escobar Erazo como madre de los demandantes —fls. 4 a 5, cdno. 1—.

Así mismo en declaraciones juramentadas del señor Herbelein López Astaizar, vecino de la familia Sarria Escobar, dan cuenta de la relación marital en los siguientes términos: “(...) la esposa de él, ellos viven aquí en Popayán, a la esposa de él la conozco de vista, pero no sé cómo se llama, (...) como la familia de él está compuesta por la señora, los dos hijos y los padres, el papá, la mamá y los hermanos (...).

4.1.5. Mediante informe 0910/SCAU.DIRS.GOPE. 2194-01 del 13 de febrero de 2003, la dirección seccional del DAS —Cauca— puso en conocimiento de la Fiscalía Quinta Especializada de Popayán sobre “la existencia y conformación de una red de colaboradores y auxiliadores de las milicias de las FARC”, en la que anexa “hoja de vida” y relaciona, entre otros, al señor Sarria Tombe como “miembro de la red”. —fls. 36-67, cdno. 1—.

4.1.6. El 19 de febrero de 2003, el señor Carlos Alberto Balanta Bustamante, detective del DAS Nº 6, presentó ante la Fiscalía Quinta Especializada de Popayán ratificación del informe 0910/SCAU.DIRS.GOPE. 2194-01. Agregó que “el modus operandi de esta red inicia desde las órdenes impartidas principalmente por el comandante alias “Mauricio” del frente 13 de las FARC, estas órdenes son acatadas por (...) y el señor Efrén Sarria Tombe, este último se moviliza en una camioneta Chevrolet LUV amarilla de placas GUH 584 de Popayán, en la cual transportan a los heridos en combates de los frentes subversivos que delinquen en ese departamento y también se encargan de suministrar medicamentos e instrumental quirúrgico (...). Mediante labores de inteligencia se ha podido confirmar esta información tal como está plasmada en unas filmaciones hechas en momentos en que el señor Efrén Sarria Tombe visita a la señora (...) y coordinan los secuestros momentáneos de los médicos para llevarlos a los campamentos de las FARC (...)”. —fls. 67-69, cdno. 1—.

4.1.7. Según consta en respuesta emitida por el coordinador del grupo operativo - Área de policía judicial del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, al derecho de petición elevado por el apoderado de los demandantes, el señor Sarria Tombe “fue recluido en las instalaciones del DAS, el 28 de febrero de 2003 hasta el 7 de marzo de 2003”. —fl. 32, cdno. 1—.

4.1.8. Mediante providencia del 5 de marzo de 2003, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales Especializados del Circuito de Popayán profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del señor Efrén Sarria Tombe por el delito de rebelión y secuestro simple —fls. 168 a 180, cdno. 1—.

4.1.9. El 14 de mayo de 2003, la Fiscalía 1 Delegada ante el Tribunal Superior de Popayán, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa, en el sentido de revocar la medida de aseguramiento dictada en contra del señor Sarria Tombe por el delito de secuestro simple y la mantuvo en relación con el delito de rebelión. —fls. 195 a 221, cdno. 1—.

4.1.10. El 13 de junio de 2003, la Fiscalía 01-004 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Popayán revocó la medida de aseguramiento impuesta al señor Sarria Tombe, al amparo del artículo 363 de la Ley 600 de 2000. —fls. 229 a 236, cdno. 1—.

4.1.11. El 3 de agosto de 2005, la Fiscalía 06-002 Delitos contra la Seguridad Pública y otros - Unidad Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Popayán profirió resolución de preclusión de la investigación adelantada, entre otros, contra el señor Efrén Sarria Tombe y declaró extinguida la acción penal. —fls. 309 a 320, cdno. 1—.

4.1.12. Por constancia expedida por el coordinador jurídico del establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Popayán, se tiene que el señor Sarria Tombe ingresó al establecimiento el 7 de marzo de 2003 y fue puesto en libertad el 13 de junio siguiente. —fl. 31, cdno. 1—.

4.2. De la legitimación por pasiva.

La legitimación por pasiva de la Nación-Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, se colige de las resoluciones y providencias antes citadas, mediante las cuales se dispuso la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del actor por los presuntos delitos de rebelión y secuestro simple, decisión que el demandante señala como causante del daño por el cual demanda reparación.

4.3. Hechos probados.

Está probado que:

4.3.1. El señor Efrén Sarria Tombe fue investigado penalmente, en virtud del informe 0910/SCAU.DIRS.GOPE. 2194-01 del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Seccional Cauca, con el fin de verificar si el actor pertenecía “a una red de colaboradores y auxiliadores de las FARC”. En las “hojas de vida” anexas se hace constar que “labores de inteligencia conllevan a que uno de los autores de dichos secuestros es el señor Efrén Sarria Tombe alias Efrén, el cual es el encargado de conducir el vehículo que transportaba los médicos, así mismo de intimidarlos y según otras fuentes también cumple la labor de matar a los desertores de las FARC, este sujeto la mayoría de veces que visita los campamentos subversivos viste chaqueta de cuero color oscuro y gorra (...). Es de anotar que Efrén Sarria Tombe alias ‘Efrén’ lleva realizando esta actividad desde hace aproximadamente tres años según labores de inteligencia, alias ‘Efrén’ se encarga de llevar en la camioneta Chevrolet LUV color amarilla de placas GUG 584 de su propiedad, instrumental quirúrgico, medicamentos, y en ocasiones especiales armas, también se encarga de llevar y traer los enfermos desde los campamentos de Jambaló y Toribío (...)”. —fls. 36 a 67, cdno. 1—.

Averiguación ratificada en declaración juramentada del 19 de febrero de 2003 ante la Fiscalía Quinta Especializada de Popayán, por el señor Carlos Alberto Balanta Bustamante, detective del DAS Nº 6, cuya rúbrica figura como responsable de la elaboración del informe. —fls. 81 a 83, cdno. 1—.

4.3.2. Por oficio 1612/SCAU.DIRS.GOPE. 2194-01 del 18 de febrero de 2003, la misma seccional del DAS informa de la presentación voluntaria de dos colaboradores del programa de reinserción de la Presidencia de la República, exintegrantes de la columna móvil Jacobo Arenas, “personas que son claves para la judicialización de la mencionada red” —fl. 84, cdno. 1—.

El 21 de febrero siguiente, el señor Heriberto Reina Soaza, alías “Garraseca”, exintegrante de las FARC, por declaración juramentada ante la Fiscalía Quinta Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Popayán, respecto del investigado, hoy demandante, aseguró: “(...) esas personas [son] de Popayán y uno al mirarlos sabe quién es, (...) esa muchacha anda con un cucho en una camioneta, de esas de carrocería hay Luv [sic], en esa es que lo he visto que anda, es como un color amarrillado o crema, (...) el cucho es viejondo [sic] de unos 40 años, tiene bigote espeso, es pelinegro y un poquito acuerpado, él es el que va en el carro (...).

En la misma diligencia, por reconocimiento fotográfico, preguntado respecto del investigado: “(...) si reconoce a alguna de las personas que aparecen en el álbum 10. Contestó: sí el número 1 es el mismo que maneja el carro (...). Se deja constancia que la persona reconocida responde al nombre de Efrén Sarria Tombe”. —fls. 85 a 90, cdno. 1—.

En la misma fecha, ante la Fiscalía Quinta Especializada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Popayán compareció el señor Mario Zapata España, alias el “Diablo”, exintegrante del frente Jacobo Arenas de las FARC, para adelantar diligencia de reconocimiento fotográfico. Preguntado: “si reconoce a alguna de las personas que aparecen en el álbum 10”, contestó: “sí el número 1 sí lo he mirado”. En el acta “Se deja constancia que la persona reconocida responde al nombre de Efrén Sarria Tombe”. —fls. 92 a 97, cdno. 1—.

4.3.3. Mediante auto del 5 de marzo de 2003, la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales Especializados del Circuito de Popayán profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario en contra del señor Sarria Tombe, por los delitos de rebelión y secuestro simple, fundada en el cumplimiento de los requisitos del artículo 356 del Código de Procedimiento Penal vigente(9). Puso de presente la improcedencia de la concesión de subrogados penales y la suspensión condicional de ejecución de la pena en atención a la prohibición del artículo 11 de la Ley 733 de 2002(10). —fls. 168 a 180, cdno. 1—. Señaló la decisión:

“en diligencia complementaria a su declaración el Dr. Solorza indicó y reconoció como el conductor al señor Efrén, quien se encuentra plenamente identificado e individualizado, lo cierto es que su participación fue activa por cuanto si bien no fue la persona que realizó el contacto sí cumplió con la función de llevar y traer al grupo de personas que irían al campamento.

En ampliación de indagatoria la señora Lucero afirma que el señor Efrén no tiene nada que ver con los hechos por cuanto simplemente su función ha sido la de transportarla en sus actividades de compra y venta de cabuya, pero las declaraciones de exguerrilleros que lo vieron en los campamentos y de los declarantes Nancy y el Dr. Solorza son coincidentes en que el sindicado no era ajeno a ellos, al contrario cumplía con la función primordial que era el transporte de las personas, si por cuenta de la señora Lucero, pero no para una actividad lícita como lo manifiestan los sindicados en referencia.

Ahora bien, en diligencia de indagatoria el señor Efrén ha negado tener conocimiento de los hechos y ha entrado en ciertas contradicciones con los dichos de la sindicada Lucero, con quien tienen tratos de tiempo atrás, pero que no son coincidentes en su manera de conocerse y que infieren indicio de mala justificación, además de indicio de mentira al pretender negar o faltar a la verdad cuando dice no haber ido nunca a dichos sitios, ni haber transportado personal médico contrario a lo informado por los declarantes víctimas de los hechos.

Su actuar infiere su participación activa en el delito de rebelión como coautor del mismo y pruebas testimoniales e indicios graves de presencia, mentira, y mala justificación, para el presunto delito de secuestro”.

4.3.2.(sic) El 14 de mayo de 2003, la Fiscalía 1 Delegada ante el Tribunal Superior de Popayán, al resolver el recurso de alzada contra la providencia antedicha, así como la solicitud de nulidad de lo actuado a partir de la diligencia de reconocimiento fotográfico, ambas elevadas por la defensa, revocó la detención preventiva librada contra el investigado —hoy demandante—, respecto del delito de secuestro simple, pero mantuvo la medida en cuanto al de rebelión. Sostuvo:

“La multiplicidad de deponencias que se han recogido, entiéndase testimonios e injuradas, y la misma dinámica de los acontecimientos que fluye de su compactación, impiden acomodar los comportamientos de Leyda Lucero Ríos y Efrén Sarria Tombe dentro del marco conceptual del delito de secuestro simple, ante la imposibilidad de que ellos concuerden con los contenidos etimológicos de los verbos arrebatar; sustraer, retener u ocultar, que identifican al modelo criminal en cuestión, toda vez que lo que la Rios [sic], quien despunta como la coordinadora de los planes asistenciales a miembros de la organización rebelde, hizo fue transmitir a los médicos reseñados repetidamente “la invitación” que comandantes de las FARC les formulaban, mientras que Sarria se encargaba de transportarlos una vez los profesionales de la medicina aceptaban dirigirse a los cuarteles subversivos. Actitudes a las que un despropósito constituye adosarles connotaciones compatibles con los verbos arrebatar, sustraer, retener u ocultar, que identifican el punible de secuestro, por adolecer la movilización de marras de medios violentos o engañosos.

(...).

Ahora bien, si en vía de discusión admitiéramos que los médicos se sintieron presionados por el temor de la guerrilla, cuyos designios eran transmitidos por Ríos y materializados a través de Sarria y Narváez, habría que convenir que tal despliegue comportamental se encuadraría mejor en las prescripciones del delito de constreñimiento ilegal, por el cual no han sido indagados y por el que, además, en consideración a los dictados del artículo 356 del Código de Procedimiento Penal, no es menester resolver la situación jurídica, situación que impondría aplazar el debate para una posterior ocasión”.

Por otro lado, en relación con la solicitud de nulidad, la fiscalía consideró que si bien el reconocimiento fotográfico adelantado sin la presencia de los defensores de los señalados configuró una clara violación al derecho de defensa y tornó en inválida la prueba, esto no conlleva de suyo la tacha de la actuación a partir de los mismos, comoquiera que la instrucción criminal en contra de los investigados se sustenta, además de las actuaciones reseñadas, en elementos de juicio diferentes. Así, determinó su improcedencia. —fls. 195 a 221, cdno. 1—.

4.3.3. El 13 de junio de 2003, la Fiscalía 01-004 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Popayán, en consideración a la solicitud de la defensa para revocar la medida de aseguramiento de detención preventiva que recaía, entre otros, sobre el señor Efrén Sarria Tombe; con fundamento en al artículo 363 de la Ley 600 de 2000 resolvió disponer su libertad inmediata y ordenó la suscripción de acta de compromiso como garantía de comparecencia. Se evidencia en la providencia —fls. 229 a 236, cdno. 2—:

“(...) la prueba testimonial y documental en referencia, es de suyo suficiente para desvirtuar el caudal probatorio que sirvió de sustento a la medida de aseguramiento, como para dar aplicación en este caso a la figura de la revocación que consagra el estatuto procesal en su artículo 363 del Código de Procedimiento Penal los encartados Gallego Zapata y Sarria Tombe al parecer fueron constreñidos para obligarlos a adoptar un comportamiento de acción, Gallego para que prestara sus servicios médicos a un grupo subversivo y Sarria Tombe para que en vehículo de su propiedad los transportara, porque sin tal sometimiento no lo realizarían. Coacción que hace parte de la fuerza en este caso moral que ejerció un grupo subversivo FARC organización a la cual el Gobierno Nacional le ha reconocido el carácter político (...), resultando al parecer la conducta desplegada por los indagatoriados Gallego Zapata y Sarria Tombe inculpable (conducta típica, antijurídica) por carencia de reprochabilidad al menos hasta este momento procesal basándonos en la prueba sobreviniente. Como consecuencia de la coacción incurrieron en una acción rebelión relevante en el ámbito jurídico. El proceder de Gallego y Sarria fue realizado consciente y voluntariamente aunque al parecer una voluntad no libre de coacción injusta ejercida en contra de estos ejerciéndose una fuerza moral, amenaza de un mal grave y futuro, obrando para evitar el mal que les podría sobrevenir en caso de abstenerse de cumplir la acción impuesta como lo era Sarria Tombe colaborar con el transporte de los médicos (...)”.

4.3.4. El 3 de agosto de 2005, la Fiscalía 06-002 Delitos contra la Seguridad Pública y otros - Unidad Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Popayán profirió resolución de preclusión en favor de los encartados, entre ellos el hoy demandante; en este orden, declaró extinta la acción penal en su contra y determinó el archivo de la investigación. Se lee en la decisión —fls. 309 a 320, cdno. 1—:

“De las pruebas relacionadas y obrantes en la presente investigación nos determina que los señores Jesús Dagoberto Gallego Zapata y Efrén Sarria Tombe, fueron constreñidos para obligarlos a adoptar un comportamiento de acción, Gallego Zapata, para prestar sus servicios médicos a un grupo subversivo; Sarria Tombe, para que el vehículo de su propiedad transportara, porque sin tal sometimiento no lo realizarían. Coacción que hace parte de la fuerza moral que ejerció el grupo subversivo FARC (...). // La coacción que existió era irresistible más que todo proviniendo de un grupo armado al margen de la ley, realizando un análisis de las pruebas obrantes en la presente investigación se tiene que hubo una capacidad de elección pero disminuida. Se tiene que hubo una coacción ajena procedente del grupo subversivo FARC, utilizando estos la fuerza moral, imponiéndoles su voluntad. Una coacción insuperable que razonablemente no lograron superar, riesgo que no era ineludible proveniente de una organización la cual al parecer tenía toda la información personal, familiar y laboral de los encartados. Se hace necesario precisar que son hechos reales los actos que realizan los grupos insurgentes, estos actos no constituyen conjeturas. Es lógico que teman por su vida y la de su familia como destinatarios de los efectos de la amenaza. Es lógico que en una situación de violencia en que viven los sindicados Sarria Tombe y Gallego Zapata, hayan sido amenazados para que cumplieran con la función que se encuentra acreditada dentro del proceso y que no admite discusión (transportar personal médico. Prestar atención médica a insurgentes). Fueron coaccionados y obligados por lo tanto opera una causal que no admite responsabilidad, los implicados se encuentran amparados por una causal de inculpabilidad, que no es otra que la insuperable coacción ajena, que es el reconocimiento del efecto del temor a sufrir un mal injusto, teniendo en cuenta que las amenazas provenían de un grupo armado al margen de la ley.

(...).

Por lo anterior se tiene que no se cumplen a cabalidad las exigencias para proferir pliego de cargos en contra de los señores (...) Efrén Sarria Tombe, (...) pues no se edifica la prueba mínima pregonada por el artículo 397 del Código de Procedimiento Penal, razón suficiente para que el despacho califique el mérito de la presente con resolución de preclusión”.

5. Análisis del caso concreto.

En el asunto de la referencia se invoca la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad por el lapso de “99 días”(11), sufrida por el señor Efrén Sarria Tombe, toda vez que se precluyó la investigación adelantada en su contra, decisión debidamente ejecutoriada(12).

5.1. De la privación de la libertad.

La responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de las autoridades judiciales resulta de la regla general de responsabilidad patrimonial prevista en el artículo 90 de la Carta Política. Disposición desarrollada por la Ley 270 de 1996, en el sentido de distinguir distintos eventos que hacen al Estado responsable por las acciones y omisiones de los agentes estatales encargados de administrar justicia, entre estos por “privación injusta de la libertad”.

5.1.1. La libertad como principio fundamental.

El reconocimiento de la eminencia de la persona como ser que es fin en sí mismo y, que por ende, no admite ser reducida a la condición de instrumento está inescindiblemente ligado al respeto de su libertad. Esta coimplicación dignidad-libertad, cuyo respeto es connatural al Estado de derecho, ha sido puesta de manifiesto en varias ocasiones por la Corte Constitucional la cual, de hecho, ha considerado que la autonomía es uno de los tres lineamientos fundamentales que hacen parte del objeto de protección del enunciado normativo de la dignidad humana(13).

El principio de libertad y autonomía, que como ya se ha dicho está inescindiblemente ligado a la dignidad humana, se desarrolla en un amplio catálogo de derechos fundamentales, dentro de los cuales se ha de destacar, por el momento, la salvaguardia del ejercicio arbitrario de las facultades de detención y el ius puniendi, contenida en el artículo 28 de la Carta Política(14).

El artículo citado comprende i) el reconocimiento de la libertad de la persona y ii) la aceptación de que esta puede ser restringida temporalmente (aunque nunca anulada definitivamente, tal como lo sugiere la prohibición de las penas imprescriptibles) en razón de la necesidad social de investigar y sancionar las conductas punibles. Que el reconocimiento de la libertad física y la previsión de una justicia penal con facultades para restringirla se hallen en la misma norma constitucional no deja de ser significativo y pone de manifiesto que, en el marco del Estado de derecho, el ejercicio de las facultades mencionadas no puede entenderse como una prerrogativa absoluta de las autoridades. Por el contrario, a quien se le confiere la autoridad para restringir la libertad, como salvaguardia del orden social, se lo erige también como garante y guardián de la misma.

Autoridad que, en tanto es ejercida por hombres, conlleva posibilidad de error, ya sea por falta de rectitud del juzgador o por el hecho simplísimo de que la infalibilidad no es prerrogativa humana. Empero, como la convivencia social sería imposible sin la existencia de la función jurisdiccional, los titulares de esta última están obligados a adoptar medidas tendientes a i) minimizar los posibles escenarios de privación innecesaria e indebida de la libertad y ii) reparar el daño causado, a quien fue detenido injustamente.

El primero de estos deberes se cumple mediante la sujeción rigurosa a los principios de presunción de inocencia, favorabilidad defensa e in dubio pro reo, así como los de necesidad y excepcionalidad de las medidas de aseguramiento en la etapa de investigación. El segundo da lugar a un deber de indemnizar y reparar, al margen de las conductas de las autoridades comprometidas en la imposición de la medida. Señala al respecto el artículo 90 constitucional:

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este.

Vale recordar los debates al respecto en la Asamblea Constituyente:

Hay varias novedades dentro de este inciso, varias novedades que vale la pena resaltar por la importancia que tiene, el primero: el de que allí se consagra expresamente la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, en una norma de carácter positivo y de jerarquía constitucional, estamos hablando de los daños antijurídicos, y con esto, vale la pena que la comisión lo tenga en cuenta, porque en esta materia puede considerarse que nuestra propuesta es audaz, tradicionalmente, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad patrimonial del Estado que han venido construyendo nuestros tribunales, como ya lo mencioné, se ha elaborado a partir del juicio que se hace sobre la conducta del ente público, primero estableciendo que si esa conducta podía calificarse de culpable habría lugar a la responsabilidad, luego se fue tendiendo un tanto más a noción de falla en el servicio, que es la que actualmente prima entre nosotros, la falla en el servicio es toda, pues en términos muy generales, es toda conducta de la administración que sea contraria al cumplimiento de su obligación en los términos establecidos por la Constitución y por la ley, lo que nosotros proponemos es que se desplace el centro de gravedad de la responsabilidad patrimonial del Estado, de la conducta antijurídica del ente público a la antijuridicidad del daño, de manera que con esto se amplía muchísimo la responsabilidad y no queda cobijado solamente el ente público cuando su conducta ha dado lugar a que se causen unos daños, sino cuando le ha infringido alguno a un particular que no tenga porqué soportar ese daño(15).

Dado que en el nuevo paradigma constitucional la determinación de la responsabilidad estatal no depende de la ilegitimidad de la actuación estatal o culpa del agente que la ejecuta, sino de la interrogación sobre qué afectaciones del derecho deben ser soportadas por quien las padece y la relación causa a efecto con la acción u omisión de la administración, se impone que para la determinación de la naturaleza de la responsabilidad estatal por privación de la libertad, se plantee previamente la pregunta de cuándo una persona está en la obligación de soportar una medida restrictiva de su libertad. Dentro del marco axiológico de un Estado de derecho, la única respuesta admisible es que alguien está obligado a soportar la restricción de la libertad cuando esta ha sido impuesta como consecuencia de una acción libre antecedente, esto es, como medio de contención al delito. Tratándose de una pena efectivamente subsiguiente al delito, la restricción indeseada de la libertad, no entra realmente en pugna con la autonomía y la dignidad del hombre sino que de cierto modo, es consecuencia de ellas.

Como se advierte, en estos casos, la pena se reputa justa y, con razón, no contradice al principio de dignidad; puesto que no parte de una disposición arbitraria del bien jurídico de la libertad por parte del Estado, sino que, por el contrario, se aviene al delincuente como consecuencia de su autonomía, de modo que, en cierta forma, es exigida por su misma dignidad. No sucede lo mismo cuando la pena o la medida de aseguramiento no pueden correlacionarse de alguna manera, con acto originario de la libertad. En efecto, incluso cuando la privación de la libertad no provenga de la arbitrariedad estatal, pues en el caso concreto se hubiesen seguido sin éxito todas las reglas de la prudencia encaminadas a evitar el error. Esto es así porque negar la injusticia de la detención de quien no es culpable supondría asumir que, de alguna manera, la autonomía y el propio ser, por el solo hecho de la investigación, se sujetan a disposición del Estado. Aceptar que el Estado no incurre en injusticia por disponer sobre la libertad de las personas significa, empero, aceptar que la libertad no es derecho y condición preexistente ontológicamente a la asociación sino mera concesión del poder(16). El todo social es, desde esta perspectiva, el titular de todos los derechos y su gracioso dispensador. Nadie puede reclamar nada al Estado, porque no hay nada anterior a él. Claramente no es este el Estado de derecho.

A riesgo de caer en repeticiones, hay que insistir. La suposición de que el bien de la sociedad justifique el sacrificio de la libertad del inocente, es en sí misma una instrumentalización de la persona en favor de la sociedad, incompatible con afirmación básica del carácter del hombre como fin en sí mismo. Por otra parte, la aceptación de que una persona pueda hallarse efectivamente obligada a soportar la restricción de la libertad, siendo inocente, es claramente incompatible con la afirmación del principio de igualdad que tiene carácter de rector y fundante en toda sociedad. En efecto, cuando se afirma que alguien tiene que soportar eventualmente el sacrificio de sus libertades, como consecuencia de que el error o los fallos del sistema penal son un riesgo necesario para el buen funcionamiento de la sociedad, lo que realmente se está diciendo es que algunas personas tienen el deber de asumir el “riesgo” del mal funcionamiento de la administración de justicia, en tanto que otros no han de ver jamás limitada su libertad.

Por lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha abandonado enfáticamente la tesis según la cual, salvo en el caso de desviación manifiesta de la administración judicial, la eventualidad de ser privado de la libertad se encuentra comprendida dentro de las cargas públicas que todo ciudadano debe soportar. En tal sentido, esta corporación en sentencia de 4 de diciembre de 2006, señaló:

... La Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo.

Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado social y democrático de derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquel y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.

La afirmación contraria solo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona —con todos sus atributos y calidades— deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un —desde esta perspectiva, mal entendido— interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular —incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo— sin ningún tipo de compensación. Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado —a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política—, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de estas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general(17).

Se ha de insistir, por lo demás, en que el deber de reparación por privación injusta de la libertad es una exigencia constitucional directa y no derivada por ende de una previsión legal (v. gr., D. 2700/91, art. 414) o jurisprudencial. Esto no solamente queda patente en el hecho mismo de que conceptualmente es imposible no excluir a la privación de la libertad del inocente de la categoría conceptual del daño antijurídico, sino también por la consideración de la voluntad del constituyente, a la luz del método histórico de interpretación. En efecto, en los proyectos y ponencias presentados en la Asamblea Nacional Constituyente se advierte una preocupación seria por reparar las consecuencias de la pérdida de la libertad por error judicial. Al respecto es diciente lo manifestado por la constituyente Helena Herrán de Montoya, el día 7 de marzo de 1991, en la exposición de motivos de un artículo cuyo texto es similar en lo sustancial al actual artículo 90 de la Constitución:

Desde hace ya mucho tiempo en Colombia se admite la responsabilidad del Estado, y la más acogida jurisprudencia y doctrina han hecho ingente esfuerzo interpretado para hallar el arraigo normativo de esa responsabilidad en el artículo 16 de la Carta vigente.

Con todo, esa misma jurisprudencia ha descartado de plano la obligación del Estado de salir a garantizar indemnización a quienes han sufrido daños por actos de los jueces, incluso en situaciones tan aberrantes como las que reciben el nombre de error judicial; personas que han padecido el viacrucis de un proceso, el oprobio de la detención en nuestras cárceles, la infamia de una sentencia condenatoria y al cabo del tiempo han probado su inocencia.

De ahí que es de capital importancia que desde la Constitución misma se consagre en forma expresa la responsabilidad, extendiéndola a todos los servicios y funciones estatales, pues si quien es víctima, por ejemplo, del atropellamiento ocasionado por un vehículo cuyo conductor es empleado oficial y está ebrio tiene derecho a indemnización y en ello todos concordamos, con mucha mayor razón debe repararse el daño sufrido por quien es víctima del funcionamiento del servicio de justicia.

Aunque muchas constituciones traen una norma expresa para el error judicial o para la administración de justicia en general, consideramos más técnico que en un solo artículo se consagre la responsabilidad del Estado por todas sus actividades, del modo que se hace por ejemplo, en la Constitución española (“los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”, art. 106 , segundo apartado), y en la uruguaya (“el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección”, art. 24).

Es una verdad a gritos que en Colombia reina la impunidad más absoluta. Y sin embargo, cuando se produce una condena, no siempre se logra el acierto y de ahí que nuestra historia judicial registre casos extremadamente dolorosos como relata, entre otros, el profesor Carlos H. Pareja.

Colombia está en deuda con la verdadera justicia, y la presente es la más propicia ocasión para ponerse al día”(18).

Por lo demás, el artículo 94 de la Carta también incorpora al orden constitucional lo enunciado en los tratados y convenios de derecho internacional ratificados por Colombia que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción. Esto no deja de ser significativo, puesto que la reparación de la detención injusta está explícitamente reconocida como componente del derecho a la libertad, por el numeral 5º del artículo 9º del Pacto internacional de derechos civiles y políticos.

5.2. Análisis del dolo o culpa grave como eximente de responsabilidad.

Hechas las anteriores consideraciones, si bien el artículo 90 impone el deber de reparación del daño antijurídico en términos categóricos, este imperativo no opera en el ordenamiento alejado de disposiciones constitucionales que imponen deberes que igualmente resultan exigibles. De ahí la necesidad de al margen de la privación se hace necesario verificar la actuación gravemente culposa o dolosa de quien resultó detenido, caso en el cual los artículos 83 y 95 de la Carta Política impiden el reconocimiento de la indemnización.

Conforme a lo anterior, se tiene que, previo al reconocimiento de la indemnización por privación injusta de la libertad, debe el juez de lo contencioso administrativo verificar que la actuación del demandante(sic). Cabe advertir que en cumplimiento de este requisito, en modo alguno, se trata de una autorización para revisar nuevamente el proceso penal “en tercera instancia” y por ende la sentencia allí dictada. En este sentido, se ha de aceptar como verdad inobjetable que le está vedado pronunciarse sobre el carácter delictivo o no de los hechos bajo estudio o el reproche de la conducta del sindicado a la luz de la ley penal. Esto es el juicio que le corresponde adelantar al juez de la reparación directa, en orden a resolver sobre la obligación de indemnizar el daño derivado de la privación injusta de la libertad, trata del ilícito civil, construido al amparo de las normas y los principios y valores constitucionales para los que no hay derechos absolutos desprovistos de compromisos institucionales dirigidos a construir un estado social justo.

Siendo así, es necesario tener en cuenta que el concepto civil de la culpa es sustancialmente diferente al que es propio en el ámbito penal. Al respecto, vale la pena traer a colación que mientras en el Código Civil la culpa demanda de una confrontación objetiva con un estándar general, según la situación del agente en un sistema de relaciones jurídicas, el juicio de culpabilidad en sede penal comporta un reproche subjetivo a la conducta particular en orden a la realización de la infracción, la culpa grave, equivalente al dolo civil, tiene que ver con el desconocimiento inexcusable de un patrón socialmente aceptado de comportamiento sindicado a quien se le reprocha haber obrado de un modo contrario a la norma penal, estando en condiciones de haber obrado distinto. Ello implica que, en el juicio penal, el análisis de la culpa, en tanto elemento eminentemente subjetivo del delito, subordine el juicio de reproche a las circunstancias particulares de quien realiza la conducta. Así, mientras que en el ámbito de lo civil bastará acreditar que la actuación impugnada no satisface las exigencias objetivas del comportamiento, en el juicio penal se han de ponderar circunstancias meramente subjetivas como las pasiones (miedo, ira), el grado de educación, los antecedentes personales, etc. De tal manera que, en tanto en el ámbito de lo civil el reproche se deriva de un análisis comparativo, en el juicio penal de circunstancias particulares.

Al respecto, cabe señalar que la gradación o calificación de la culpa civil del actor como dolosa o gravemente culposa se realiza desde la perspectiva del artículo 63 del Código Civil(19). Es decir no se deriva de las características subjetivas del agente, sino de una posición relacional objetiva, esto es, a la luz de la confrontación de la conducta del actor con un estándar objetivo de corrección que utiliza el modelo de conducta, conocido desde antaño del buen pater familias, para cuya conformación deben tenerse presente las reglas propias de las funciones, profesiones u oficios desarrollados. Esto es, a manera de ejemplo es dable sostener que el buen profesional de la medicina diligencia correctamente las historias clínicas y que todo conductor conoce y acata las normas de tránsito.

6. Consideraciones sobre el caso concreto. El daño antijurídico. Imputación. Culpa grave o dolo.

Conforme a lo expuesto, debe la Sala examinar las pruebas que resultaron insuficientes para proferir sentencia condenatoria en contra del señor Efrén Sarria Tombe, con el objeto de establecer si hay lugar a la reparación, la que debe negarse si se encuentra acreditada la culpa grave o el dolo civil.

6.1. El daño antijurídico invocado por el actor.

Conforme a las súplicas de la demanda y los supuestos fácticos que le sirven de fundamento, el señor Efrén Sarria Tombe y su núcleo familiar demanda la responsabilidad administrativa de la Fiscalía General de la Nación por los daños que le fueron causados con ocasión de privación de su libertad por el lapso “de 99 días” en razón del proceso penal adelantado en su contra, por los presuntos delitos de rebelión y secuestro simple. Perjuicios que a su parecer devienen de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la revocatoria de la misma y la posterior resolución de preclusión dictada por la Fiscalía 06-002 Delitos contra la Seguridad Pública y otros, Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Popayán.

Efectivamente, acorde con las pruebas la Fiscalía General de la Nación profirió medida de aseguramiento, la cual fue revocada con posterioridad y finalmente precluyó la investigación adelantada en contra del hoy demandante, señor Sarria Tombe. Providencia debidamente ejecutoriada.

Ahora, la Fiscalía 06-002 Delitos contra la Seguridad Pública y otros - Unidad Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Popayán encontró que el punible endilgado al señor Efrén Sarria Tombe surgió del informe 0910/SCAU.DIRS.GOPE. 2194-01 remitido por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, seccional Cauca; la ratificación del mismo y de la comprobación de la información a partir de los testimonios coincidentes que dan cuenta de la prestación del servicio transporte de personal médico a los campamentos guerrilleros, por parte del encartado; así como de su presencia en dichos campamentos, empero esto no fue suficiente para sustentar la imputación de la conducta investigada, comoquiera que se determinó que su actuación se debió a la “insuperable coacción ajena”, por parte del grupo alzado en armas, presión que fue evidente en razón del contexto.

Cabe anotar, que si bien la investigación se adelantó hasta el 3 de agosto de 2005, fecha en que se profirió resolución de preclusión; el señor Sarria Tombe fue puesto en libertad, bajo compromiso, el 13 de junio de 2003, en virtud de la solicitud elevada por la defensa con fundamento en el artículo 363 de la Ley 600 de 2000.

Siendo así, se colige que el actor no estaba en el deber jurídico de soportar la privación de su libertad, por cuanto la Fiscalía General de la Nación no logró desvirtuar la presunción de inocencia.

1.2.(sic) De la imputación.

Señala el actor que los daños antijurídicos por los que demanda reparación de la Fiscalía General de la Nación devienen de la privación de la libertad por el lapso “de 99 días”, toda vez que se precluyó la investigación adelantada en contra del señor Sarria Tombe.

La Fiscalía General de la Nación, por su parte, sostiene que el sub lite se adelantó conforme a la facultad que tiene para investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes; de ahí que en el caso de autos la investigación se ajustó a derecho y apoyada tanto en las normas legales y constitucionales; aunado a que existían indicios y pruebas que comprometían la responsabilidad del señor Sarria Tombe. Señala que, la medida de aseguramiento impuesta al antes nombrado se dio en razón de los informes de inteligencia puestos en conocimiento por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, al reconocimiento fotográfico hecho por exintegrantes del grupo guerrillero, los señalamientos de los médicos vinculados a la investigación y a la “flagrante contradicción” en que incurrió el encartado al ser interrogado por la conducta investigada. De manera que no puede señalarse que la entidad incurrió en una detención injusta por el hecho de resolver la preclusión de la investigación comoquiera que encontró configurada la insuperable coacción ajena.

Por consiguiente, para la Sala es claro que, conforme al material probatorio allegado al plenario, la demandada no logró desvirtuar la presunción de inocencia del demandante. De manera que como el actor fue privado de la libertad injustamente, los daños por los que reclama son imputables a la Fiscalía General de la Nación. Esto sin que le esté dado al juez de la responsabilidad controvertir la decisión, empero sí entrar a considerar la reparación, desde la perspectiva de la responsabilidad extracontractual, sin afectar lo decidido por el juez natural, en cuanto la presunción de inocencia se mantiene incólume y el principio del non bis in idem le impide al juez de la responsabilidad confrontar la decisión.

6.3. Análisis del dolo o culpa grave del actor.

El artículo 70 de la Ley 270 de 1996 prevé como eximente de responsabilidad que la víctima haya actuado con culpa grave o dolo.

Previsión que desarrolla los artículos 2º, 83 y 95 constitucionales.

Esto es, si bien el artículo 90 impone el deber de reparación del daño antijurídico, este imperativo no exime al juez de lo contencioso administrativo de verificar la actuación de la víctima a la luz de los deberes de corrección que igualmente impone la Carta Política.

Razones que conducen a la separación entre la investigación penal y la absolución y la indemnización que debe ordenar el juez de la responsabilidad del Estado, esto último siguiendo los parámetros del artículo 90 constitucional bajo los lineamientos de los artículos 2º, 83 y 95 del mismo ordenamiento.

Siendo así, conforme a lo expuesto, es preciso analizar la conducta del señor Efrén Sarria Tombe a la luz del artículo 63 del Código Civil, definido por el modelo de conducta que la Constitución y la ley prevén, acorde con el que todo ciudadano debe asumir por el hecho de vivir en sociedad.

Al respecto, la Sala considerará las pruebas debidamente allegadas al asunto de la referencia así:

i) El informe 0910/SCAU.DIRS.GOPE. 2194-01 del 13 de febrero de 2003, elaborado por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, seccional Cauca, remitido a la Fiscalía Quinta Especializada de Popayán, con el fin de verificar si el señor Sarria Tombe pertenecía “a una red de colaboradores y auxiliadores de las FARC”. —fls. 36 a 67, cdno. 1—. En hoja de vida anexa, se lee:

“labores de inteligencia conllevan [sic] a que uno de los autores de dichos secuestros es el señor Efrén Sarria Tombe alias Efrén, el cual es el encargado de conducir el vehículo que transportaba los médicos, así mismo de intimidarlos y según otras fuentes también cumple la labor de matar a los desertores de las FARC, este sujeto la mayoría de veces que visita los campamentos subversivos viste chaqueta de cuero color oscuro y gorra (...). Es de anotar que Efrén Sarria Tombe alias ‘Efrén’ lleva realizando esta actividad desde hace aproximadamente tres años según labores de inteligencia, alias ‘Efrén’ se encarga de llevar en la camioneta Chevrolet LUV color amarilla de placas GUG 584 de su propiedad, instrumental quirúrgico, medicamentos, y en ocasiones especiales armas, también se encarga de llevar y traer los enfermos desde los campamentos de Jambaló y Toribío (...)”.

Posteriormente, este informe fue ratificado, en diligencia adelantada el 19 de febrero siguiente, por el señor Carlos Alberto Balanta Bustamante, detective del DAS Nº 6, cuya rúbrica figura como responsable de la labor investigativa —fls. 81 a 83, cdno. 1—:

“el modus operandi de esta red inicia desde las órdenes impartidas principalmente por el comandante alias “Mauricio” del frente 13 de las FARC, estas órdenes son acatadas por (...) yelseñorEfrén Sarria Tombe,esteúltimosemovilizaenunacamionetaChevroletLUVamarilladeplacasGUH584(sic) dePopayán,enlacualtransportanalosheridosencombatesdelosfrentessubversivosquedelinquenenesedepartamentoytambiénseencargandesuministrarmedicamentoseinstrumentalquirúrgico (...). Mediante labores de inteligencia se ha podidoconfirmarestainformacióntalcomoestáplasmadaenunasfilmacioneshechasenmomentosenqueelseñorEfrén Sarria Tombevisita a la señora(...)ycoordinanlossecuestrosmomentáneosdelosmédicosparallevarlosaloscampamentosdelasFARC (...)” —resaltado fuera de texto—.

ii) En declaración juramentada rendida el 27 de febrero de 2003, por el señor Antonio José Solorza López —médico transportado a los campamentos guerrilleros— ante la Fiscalía Quinta Especializada de Popayán, respecto de la participación del señor Sarria Tombe se lee:

“a las 5:15 llegamos a Villa del Viento en la casa de ella, cuando nos dijo que el carro que venía de Santander le había quedado mal y que estaba consiguiendo otro vehículo, como a las 6:00 de la mañana llegó una camioneta de estacas conducida por un señor Efrén y en esa nos fuimos (...)(20).

En ampliación de la misma, ante la Fiscalía Seccional 01-001 Delitos contra la Integridad Moral, el 21 de abril de 2003, al ser interrogado por la defensa dijo:

“Preguntado: En su declaración anterior usted ha manifestado que realizó tres desplazamientos a zona montañosa, en el primero de ellos quien conducía el vehículo automotor era un señor Efrén.Díganossidichoseñordesplegóensucontraalgunaclasedeintimidación,diciéndolequesinosubíamataríaasufamiliayquefinalmentelosecuestraríadeltodo.Contestó:no,nuncadijoeso.Ninadaparecido (...). Preguntado: En el primer viaje que realizó al campamento guerrillero, se sabe que quien conducía automotor era el señor Sarria Tombe. En su declaración anterior usted manifestó que en dicho viaje, en un determinado lugar se encontraron con personas al margen de la ley y que estos les hicieron cambiar de vehículo, una camioneta de color blanco LUV, por lo que la camioneta en la que se desplazaban se quedó con su conductor en ese lugar (...). Qué tiene que decir al respecto. Contestó: temporalmente él se quedó en el sitio de transbordo con la camioneta, pero posteriormente ya lo vimos en El Carmelo con nosotros, de hecho esa noche nos tocó dormir juntos en la misma habitación(21)” —subraya fuera de texto—.

Conforme lo transcrito, se observa que los informes de investigación elaborados por los agentes del DAS no son coincidentes con el testimonio rendido por una de las víctimas de los presuntos “secuestros de personal médico”, en el sentido de no otorgar claridad sobre la conducta del hoy demandante respecto del transporte de heridos, suministros médicos, personal médico, incluso armamento; así como su labor de ajusticiador de desertores de las FARC. De donde lo único que se extracta es que el señor Sarria Tombe concurrió al campamento guerrillero con el médico Solorza López y en cierto tramo condujo el vehículo que los transportó.

iii) Llamado a indagatoria, el señor Efrén Sarria Tombe, el 26 de febrero de 2003 ante la Fiscalía Quinta Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Popayán, respecto de las conductas por las que fue investigado, en concreto por el transporte de personal médico a campamentos guerrilleros, así como insumos quirúrgicos, armamento y heridos en combate, sostuvo:

“Preguntado: en labores de inteligencia de informe presentado por el grupo investigativo del DAS, se informa que efectivamente usted realiza transportes en un vehículo, camioneta LUV, placas GUG-584, a diferentes poblaciones con la señora Lucero Ríos, pero no para los viajes que usted aquí nos indica sino para hacer contactos con grupos insurgentes al margen de la ley a fin de llevarles médicos especialistas, drogas y lo que se requiera para ser curados los enfermos y heridos que se presentan entre los combates entre el grupo insurgente y el ejército, qué nos puede decir al respecto a dicha manifestación? Contestó: eso es muy falso, porque muchos lo pueden preguntar a don Alfredo el hermano de ella yo lo que hice fue esos viajes [sic] (...). Preguntado: se informa que el 21 de diciembre de 2002, usted en compañía de la señora Lucero Ríos contactaron personalmente en esta ciudad a fin de desplazarse al corregimiento El Carmelo, jurisdicción del municipio de Santa Rosa y fueron llevados al traumatólogo (...), saliendo de esta ciudad a la 1:00 de la mañana, llegando al sitio 10 horas después del viaje en el vehículo Chevrolet LUV, placas GUG 284, que usted conduce, en dicho sitio se contactaron con los comandantes Mauricio y Edgar, del frente Arturo Medina de las FARC, donde fueron atendidos en un centro de salud de dicho corregimiento aproximadamente 50 mujeres y 70 hombres, qué nos puede decir respecto a dicha manifestación? Contestó: no doctora muy falso yo para allá no fui y salir a la 1:00 de la mañana no(22).

Y en ampliación, rendida el 3 de marzo siguiente ante el mismo organismo, confirmó lo dicho por el hoy demandante en la diligencia precedente, así:

“Preguntado: de conformidad con las declaraciones de la señora Nancy Vergara y el doctor Antonio José Solorza, indican que usted es un colaborador de la guerrilla y que realizaba estos viajes con el fin de llevar hasta los campamentos al personal médico para que estas personas realizaran sus funciones de curar de manera coaccionada qué nos puede decir al respecto a esta situación? Contestó: yo no he llevado médicos a grupos insurgentes, ni he tenido contacto ninguno con grupos insurgentes al margen de la ley. Preguntado: a usted se le sindica del presente delito de rebelión, en grado de complicidad de conformidad al artículo 467 del Código Penal y a la presunta vulneración de la libertad individual de varias personas al ser transportadas de manera engañada y coaccionados contra su voluntad, qué nos puede decir al respecto? Contestó: no he engañado a nadie ni he aterrorizado a nadie, lo encuentro falso a ese delito que no he hecho(23)”.

Ahora, por solicitud de la defensa, el señor Sarria Tombe fue escuchado nuevamente en diligencia de ampliación, el 16 de abril de 2003 por la Fiscalía Seccional 01-004 Delitos contra la Integridad Moral y otros de la ciudad de Popayán, en la que rectificó lo dicho en declaraciones precedentes, en el siguiente sentido:

“Preguntado: según informe del DAS seccional Cauca, dan cuenta que según investigaciones por ellos realizadas, tiene conocimiento que usted es conocido con el alias de “Efrén”, y que además es el encargado de transportar a los médicos, los intimida y que fuera de esto también cumple la labor de matar a los desertores de las FARC. Qué tiene que manifestar al respecto. Contestó: lo de alias Efrén es mi nombre, yo no tengo ningún sobrenombre. Encuantoalodeobligaralosmédicosodeintimidarlosesoesfalso,yonohehechonadadeeso,nuncaheintimidadoanadie,mecreoinocentedeesascosas,cuandoameobligaronalprimerviajememandaronobligatoriamenteaencontrarmeconelDr.Gallegoaquiennoconocía,alaclínicadelsegurosocial,quedebíabuscarlo,queélsabíaquéteníaquehacer. Cuando estuve en la clínica hablé con un vigilante, le pregunté por el Dr. Gallego, entonces me tocó volver al otro día. Me madrugué como a las ocho de la mañana, había otro vigilante, le pregunté por el Dr. Gallego, luego salió y le pregunté por el apellido, me dijo que sí, le dije que necesitaba hablar unas cositas con él y nos hicimos para un lado, le expliqué que me obligaban a buscarlo, la guerrilla, fueron cinco manes que me salieron cuando venía de El Mango, por el sur, más arriba del peaje, dos estaban en camuflado pero todos armados, me dijeron que si era de El Tambo, me dijeron que yo le colaboraba a los paracos, que necesitaban que les hiciera un viaje, que buscara al Dr. Gallego que él sabía qué tenía que hacer. No fue más. Pero sí me advirtieron que yo debía hacerles esa vuelta porque ellos me dijeron que yo trabajaba con los paracos. Todo esto se lo expliqué al Dr. Gallego, entonces él me dijo que también lo llamaban y que debía llevar unos médicos, yo le dije que él sabía que tenía qué hacer, le dije también que tenía que estar pendiente de eso. Me preguntó qué carro tenía y le dije que una camioneta de estacas, le dije que estaba a disposición de lo que él me dijera. Luego nos retiramos para afuera de la clínica, me dijo el Dr. Gallego que qué hacíamos, le dije que no sabía, que la orden era que él sabía que era lo que tenía que hacer, me dijo que a él lo estaban obligando, se puso a echar cabeza, lo único que le dije era que yo estaba a su disposición. Me dijo que al otro día lo buscara, que era un viernes, me dijo que ya tenía coordinado todo y que al otro día sábado me madrugara para lo del viaje, que le fuera a recoger dos enfermeras. Conesoquierodemostrarqueyonoheobligadoanadie,nitampocoheintimidado.Yohicetodoesofueporquemeobligaroncomoloexpliquéenmianteriorampliacióndeindagatoria.YoconelúnicomédicoquehehabladoesconelDr.Gallego,conningúnotro.EncuantoaloquedicenqueyoasesinoalosdesertoresdelasFARC,esoesfalsotambién(24)”. —subraya fuera de texto—.

Así las cosas, pese a la contradicción inicial en el dicho del investigado, hoy demandante, es dable constatar que la participación en los delitos que se le endilgaron en sede penal se circunscribió al transporte de personal médico a los sitios indicados por el grupo insurgente, labor a la que accedió bajo intimidación; sin que se evidencie que, en efecto, fuere integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, o que su conducta respondiera al abastecimiento de armamento, apoyo a acciones delictivas o vulneración del ordenamiento jurídico.

Empero, si en gracia de discusión se admitiese que el señor Sarria Tombe obró en favorecimiento de grupos guerrilleros, cabe advertir que en tratándose de labores humanitarias, esto es, transporte de heridos o personal médico a zonas de difícil acceso, corresponde observar el mandato constitucional, que al tenor del artículo 95.2 establece como deber de la persona y el ciudadano “obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”. En este sentido, la Corte Constitucional ha entendido el deber de solidaridad como “un valor constitucional que en cuanto fundamento de la organización política presenta una triple dimensión, a saber: (i) como una pauta de comportamiento conforme a la cual deben obrar las personas en determinadas ocasiones; (ii) como un criterio de interpretación en el análisis de las acciones u omisiones de los particulares que vulneren o amenacen los derechos fundamentales; (iii) como un límite a los derechos propios(25)”.

Siendo así, la ayuda prestada por el hoy demandante ostenta respaldo constitucional, tal como lo entiende la Corte, ya que como pauta de comportamiento les es exigible a los asociados en particulares escenarios, es el caso de las situaciones en las que la vida o salud de las personas se encuentran en peligro, sin que sea válido distinguir entre integrantes de grupos armados ilegales, Fuerzas Armadas o civiles; de modo que su actuación se encuentra conforme a derecho.

De manera que, conforme a lo expuesto no se advierte que la conducta del actor sea constitutiva de dolo civil o culpa grave, en cuanto como lo señalan las pruebas su participación en el conflicto armado se limitó al transporte de personal médico a las zonas indicadas por el grupo guerrillero, esto bajo intimidación, sin perjuicio de que se debe entender que aun en ausencia de coacción o amenazas, la atención de heridos y la ayuda médica son labores humanitarias que obedecen a mandatos constitucionales y demandan su ejecución. Por tanto, el comportamiento desplegado por el señor Sarria Tombe no fue contrario a los deberes constitucionales y legales que todo ciudadano debe cumplir por el solo hecho de vivir en sociedad, más aún, se atendió a uno de ellos.

7. Liquidación de perjuicios.

Habiendo comprobado que en el sub lite existen razones para imputar a la Fiscalía General de la Nación los daños sufridos por el demandante, la Sala debe pronunciarse sobre el monto de la indemnización.

7.1. Perjuicios materiales.

Comoquiera que los perjuicios materiales no fueron reconocidos por el a quo y como garantía de no perjudicar al apelante único, la Sala no abordará su estudio.

7.2. Perjuicios morales.

Es preciso determinar si la cuantía reconocida por el a quo como indemnización por los perjuicios morales se corresponde con los topes jurisprudencialmente señalados para la compensación del daño moral por privación de la libertad, con la advertencia de que no podrán ser incrementados, pero sí revisados. Lo primero en aplicación del principio de la no reformatio in pejus y lo otro en cuanto la Fiscalía General de la Nación apeló la responsabilidad, esto es, el daño, la imputación y la indemnización, en cuanto quien pide lo más lo hace también por lo menos.

En lo que tiene que ver con los perjuicios morales el a quo reconoció una indemnización equivalente a la suma de 80 smlmv a la víctima directa, ii)(sic) 60 smlmv para cada uno de los hijos, padres y cónyuge de la víctima y iii) para cada uno de sus hermanos el equivalente a 30 smlmv.

Ahora bien, la Sala hace notar que, en reciente sentencia de unificación(26) la Sala Plena reiteró criterios jurisprudenciales según los cuales el perjuicio moral ha de ser tasado en salarios mínimos mensuales legales, el tope indemnizatorio se fija en 100 smlmv y estableció criterios generales de indemnización, así:

 Nivel 1Nivel 2Nivel 3Nivel 4Nivel 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertadVíctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidadParientes en el 2º de consanguinidadParientes en el 3º de consanguinidadParientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2ºTerceros damnificados
Término de privación injusta en meses 50% del
porcentaje de la víctima directa
35% del
porcentaje de la víctima directa
25% del
porcentaje de la víctima directa
15% del
porcentaje de la víctima directa
 SMLMVSMLMVSMLMVSMLMVSMLMV
Superior a 18 meses10050352515
Superior a 12 e inferior a 18904531,522,513,5
Superior a 9 e inferior a 128040282012
Superior a 6 e inferior a 9703524,517,510,5
Superior a 3 e inferior a 6502517,512,57,5
Superior a 1 e inferior a 33517,512,258,755,25
Igual e inferior a 1157,55,253,752,25

Así las cosas, se tiene que, el señor Efrén Sarria Tombe estuvo privado de la libertad entre el 28 de febrero y el 13 de junio de 2003, según respuesta del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, al derecho de petición elevado por el apoderado de la parte actora y la constancia expedida por el centro de reclusión(27); no obstante dado que la condena en razón al tiempo de detención reconocido no fue objeto de apelación y en razón de que el apelante único es la Fiscalía General de la Nación, se tomará el lapso comprendido entre los días 7 de marzo y 13 de junio de 2003. De esta manera, se condenará a la fiscalía por la privación injusta de la libertad del señor Sarria Tombe por 3 meses y 6 días, siendo así se impone la conclusión que el antes nombrado, sus hijos, su compañera permanente y sus padres deben recibir una indemnización equivalente a 50 smlmv y sus hermanos el equivalente a 25 smlmv, de donde, como en la sentencia impugnada se reconoció una suma superior para el actor —80 smlmv— sus hijos —60 smlmv—, padres —60 smlmv— hermanos —25 smlmv— y su compañera permanente —60 smlmv— que no se acompasa con la jurisprudencia, por este aspecto la sentencia será modificada.

8. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia, en el trámite del proceso, actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que proceda la condena.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

1. MODIFICAR la sentencia proferida el 5 de febrero de 2010 por el Tribunal Administrativo del Cauca, la cual quedará así:

“PRIMERO: Declárese a la Fiscalía General de la Nación, administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados al actor como resultado de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Efrén Sarria Tombe, durante el periodo comprendido entre el 7 de marzo y el 13 de junio de 2003.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración condénese a la Fiscalía General de la Nación, a pagar las siguientes sumas de dinero:

Por concepto de perjuicios morales:

A Efrén Sarria Tombe, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

A Jhon Freyder Sarria Escobar, en su calidad de hijo el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

A Neider Adrián Sarria Escobar, en su calidad de hijo el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

A Aura Edilia Escobar Erazo, en su condición de compañera permanente, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

A Ana Ilia Tombe, en su condición de madre, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

A Celso Sarria, en su condición de padre, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

A Robert Sarria Tombe, en su condición de hermano, el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

A Doraima Sarria Tombe, en su condición de hermana, el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

A Yojana Sarria Tombe, en su condición de hermana, el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

A Ana Servis Sarria Tombe, en su condición de hermana, el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

A Ana Cecilia Sarria Tombe, en su condición de hermana, el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

A Emma Ives Sarria Tombe, en su condición de hermana, el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

A Sóstimo Sarria Tombe, en su condición de hermano, el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

A Emar Sarria Tombe, en su condición de hermano, el equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

TERCERO: Niéguense las demás súplicas de la demanda”.

2. No hay condena en costas.

3. Para el cumplimiento de esta sentencia se dará aplicación a los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y 115 del Código de Procedimiento Civil.

4. Ejecutoriada la presente sentencia devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) “De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la jurisdicción contencioso administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los tribunales administrativos”.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 3 de marzo de 2010, expediente 36473, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; auto de 9 de mayo de 2011, expediente 40324, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(5) Según consta en respuesta a derecho de petición del 24 de abril de 2007, emitida por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. En el escrito se lee: “el señor Efrén Sarria Tombe fue detenido dando alcance al mandamiento escrito de orden de captura 0577829, proferida el 3 de marzo de 2003. Fue recluido dentro de las instalaciones del DAS, el 28 de febrero de 2003 hasta el 7 de marzo”. —fl. 33, cdno. 1—.

(6) Constancia expedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Popayán. —fl. 31, cdno. 1—.

(7) Constancia de ejecutoria expedida por la Fiscalía Delegada 06-002 ante los Juzgados Penales del Circuito de Popayán, delitos contra la seguridad pública y otros. Visible a folio 34, del cuaderno 1.

(8) Visible a folio 150 del cuaderno 1.

(9) Artículo 356 de la Ley 600 de 2000. Requisitos. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva.

Se impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso.

No procederá la medida de aseguramiento cuando la prueba sea indicativa de que el imputado pudo haber actuado en cualquiera de las causales de ausencia de responsabilidad.

(10) Artículo 11 de la Ley 733 de 2002. Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión; ni se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea efectiva.

(11) Periodo de tiempo reconocido en sentencia condenatoria. Cabe anotar que el a quo echa de menos certificación expedida por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en la que se da cuenta que la detención se produjo desde el 28 de febrero de 2003, empero la parte actora no recurrió la decisión en lo pertinente, lo que no permite analizar condena distinta a la resuelta en primera instancia en virtud del principio de la non reformatio in pejus.

(12) Constancia que señala que la providencia quedó ejecutoriada el 19 de agosto de 2005 —fl. 34, cdno. 1—.

(13) “Al tener como punto de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones) (C. Const., Sent. T. 881/2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett).

(14) ART. 28.—“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

(15) Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, actas de sesiones de las comisiones, art. 90, sesión comisión 1, mayo 6, pág. 4.

(16) En este sentido vale recordar nuevamente a Kant, quien afirma enfáticamente que “la pena judicial (poena forensis) (...) no puede nunca servir simplemente como medio para fomentar otro bien, sea para el delincuente mismo sea para la sociedad civil, sino que de imponérsele solo porque ha delinquido; porque el hombre nunca puede ser manejado como medio para los propósitos de otros ni confundido entre los objetos del derecho real”. Immanuel Kant, Metafísica de las costumbres, Bogotá, Rei Andes, 1995. Pág. 166.

(17) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, radicación 25000-23-000-1994-09817-01, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(18) Ponencia presentada por la constituyente Helena Herrán de Montoya el 7 de marzo de 1991, en Gaceta Constitucional 27, 26 de marzo de 1991, págs. 10 y 11.

(19) La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios.

Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.

(20) Visible a folio 12 del cuaderno 1.

(21) Visible a folios 119 y 120 del cuaderno 1.

(22) Obrante a folios 150 a 156 del cuaderno 1.

(23) Obrante a folios 157 y 158 del cuaderno 1.

(24) Visible a folios 159 a 160 del cuaderno 1.

(25) Corte Constitucional. Sentencia C-459 de 11 de mayo de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2014, rad. 68001-23-31-000-2002-02548-01 (36149), C.P. Hernán Andrade Rincón.

(27) Folios 31 y 32 del cuaderno 1.