Sentencia 2007-00176/19612 de febrero 5 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 250002327000-2007-00176-01 (19612)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Crown Colombiana S.A.

Demandada: UAE DIAN

Decisión: Revoca la sentencia

Sanción por imputación improcedente ventas tercer bimestre de 2000

Bogotá, D.C., cinco de febrero de dos mil quince (2015)

Extractos: «Consideraciones de la Sala

1. Problema jurídico.

En los términos del recurso de apelación debe la Sala analizar si en este caso procede la sanción por imputación improcedente del saldo a favor declarado por la sociedad Crown Colombiana S.A. por concepto del impuesto sobre las ventas del tercer bimestre del año 2000, que fue disminuido por la Administración Tributaria mediante liquidación oficial de revisión sometida a control de legalidad ante esta jurisdicción.

2. Cuestión previa.

Advierte la Sala que la parte demandante en su escrito de alegatos de conclusión solicitó la suspensión de este proceso hasta tanto se profiera sentencia en el que se discute la legalidad de los actos administrativos que liquidaron de manera oficial el impuesto sobre las ventas del tercer bimestre del año 2000 a cargo de Crown Colombiana S.A.

Revisado el Sistema de Gestión de la Rama Judicial, se observa que en el proceso 25000-23-27-000-2005 01895-02 [17108], demandante: Crown Colombiana S.A., demandada: UAE, DIAN, el 13 de noviembre de 2014 la Sala profirió sentencia en la que resolvió revocar la providencia de primera instancia y, en su lugar, declarar la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión 310642004000120 del 4 de agosto de 2004 y de la Resolución 310662005000023 del 24 de junio de 2005. Como consecuencia de lo anterior, dispuso “Téngase en firme la declaración privada de IVA del tercer bimestre de 2000 presentada por la actora el 12 de julio de 2000”. Eso explica que no haya lugar a la suspensión.

Pero, además, como la decisión judicial señalada incide, indefectiblemente, en la que se resuelve por esta sentencia, es indispensable realizar su estudio, en la forma que se hará a continuación.

3. El fondo del asunto.

El artículo 670 del estatuto tributario prevé que si la Administración Tributaria dentro del proceso de determinación, mediante liquidación oficial rechaza o modifica el saldo a favor que fue objeto de devolución, compensación o imputación, el contribuyente o responsable del tributo deberá reintegrar las sumas devueltas o compensadas en exceso más los intereses moratorios que correspondan, aumentados estos últimos en un cincuenta por ciento (50%), porque su aceptación no constituye un reconocimiento definitivo a su favor.

Esta Sala de manera reiterada(5) ha dicho que la imposición de la sanción por devolución, compensación o imputación improcedente está regida por un procedimiento autónomo e independiente respecto del previsto para la determinación del tributo. Sin embargo, a su vez ha reconocido que este proceso tiene incidencia en el sancionatorio, en la medida en que para imponer la sanción prevista en el artículo 670 del estatuto tributario, es requisito sine qua non la existencia y notificación previa de una liquidación oficial de revisión, acto administrativo mediante el cual la DIAN modifica las liquidaciones privadas de los contribuyentes, responsables o agentes retenedores (E.T., art. 702) y, que por tanto, contiene el monto de los tributos y sanciones a cargo del contribuyente (art. 712 ib.), constituyendo la prueba necesaria para demostrar la configuración del hecho sancionable, que no es otro que el contribuyente reciba en devolución o logre en modalidad de compensación o imputación una suma de dinero a la que en criterio de la DIAN no tenía derecho.

Entonces, para la procedencia de la sanción por devolución, compensación o imputación improcedente es necesario (i) que la Administración Tributaria haya devuelto o compensado un saldo a favor declarado por el contribuyente y (ii) que dicho saldo a favor haya sido rechazado o modificado mediante una liquidación oficial de revisión, notificada al contribuyente(6).

Es por lo anterior que si el acto administrativo que determina de manera oficial el impuesto es sometido a control jurisdiccional, la sentencia definitiva que se profiera en dicho proceso resulta determinante para establecer si procede o no la sanción impuesta, así como su cuantificación, porque en últimas es la que define si el acto sancionatorio mantiene o no la presunción de legalidad(7).

Por lo expuesto, es claro que desde el momento en el que la DIAN le notificó a Crown Colombiana S.A. la liquidación oficial de revisión 310642004000120 del 4 de agosto de 2004, mediante la cual modificó la liquidación privada del impuesto sobre las ventas por el tercer bimestre del año 2000, disminuyendo el saldo a favor declarado por el contribuyente en su declaración privada, bien podía iniciar el proceso administrativo con la finalidad de imponerle a la sociedad la sanción por imputación improcedente del saldo a favor declarado por el citado impuesto y periodo, porque se cumplían los presupuestos previstos en el artículo 670 del estatuto tributario.

Sin embargo, en casos como el presente, en el que el proceso de determinación del tributo fue objeto de control de legalidad ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es preciso analizar los efectos que sobre este proceso —sancionatorio— produce la decisión que se adopte en el primero, lo que de ninguna manera implica el desconocimiento de la autonomía e independencia de estos dos procedimientos, simplemente se propende por la debida correspondencia entre las dos decisiones.

Aclarado lo anterior, se observa que el 5 de julio de 2006, la división de liquidación de la administración Especial de impuestos de grandes contribuyentes de Bogotá expidió la Resolución 310642006000091, mediante la cual le impuso sanción a la sociedad Crown Colombiana S.A. por imputación improcedente, por concepto del impuesto sobre las ventas del tercer bimestre del año 2000, ordenando el reintegro de la suma de $257.611.000, más los intereses moratorios determinados a la tasa vigente al momento del pago. Decisión que fue confirmada por la Resolución 310662007000026 del 6 de marzo de 2007.

La sanción impuesta se fundamentó en la Liquidación Oficial de Revisión 310642004000120 del 4 de agosto de 2004, confirmada por la Resolución 310662005000023 del 24 de junio de 2005, mediante la cual la DIAN redujo a $2.660.780.000 el saldo a favor declarado por el contribuyente en la declaración de corrección de IVA del tercer bimestre de 2000, presentada el 12 de julio de 2000 y corregida el 26 de septiembre de 2001, en la que se registró un saldo a favor por $2.918.391.000, que fue imputado en la declaración del IVA del cuarto bimestre del año 2000.

Revisado el sistema de gestión de la rama judicial se observa que la citada liquidación oficial de revisión, que sirve de soporte para la imposición de la sanción por imputación improcedente por concepto de IVA del tercer bimestre del año 2000, examinada en esta oportunidad, fue anulada por esta corporación por sentencia del 13 de noviembre de 2014(8), lo que condujo a que se declarara en firme la declaración privada presentada por el contribuyente por dicho impuesto y periodo.

Así las cosas, dados los efectos que dicha decisión tiene en este proceso, es claro que si la liquidación oficial de revisión fue declarada nula, el supuesto de hecho que le sirvió de fundamento a la Administración para imponer la sanción por imputación improcedente desapareció, porque el contribuyente logró demostrar ante esta jurisdicción que tenía derecho al saldo a favor que imputó a la declaración del impuesto sobre las ventas del cuarto bimestre del año 2000.

En este orden de ideas, lo procedente es declarar la nulidad de la resolución que impuso la sanción por imputación improcedente, junto con la resolución que la confirmó, por lo que se impone revocar la sentencia apelada, absteniéndose la Sala de hacer pronunciamiento adicional respecto de los argumentos propuestos por la parte apelante, porque lo cierto es que si no existe fundamento para imponer la sanción en discusión, se torna innecesario analizar si dentro de la base para liquidar la sanción prevista en el artículo 670 del estatuto tributario se debe incluir o excluir el monto impuesto por la Administración a título de sanción por inexactitud.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVÓCASE la sentencia del 20 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar:

DECLÁRASE LA NULIDAD de las resoluciones 310642006000091 del 5 de julio de 2006 y 310662007000026 del 6 de marzo de 2007, mediante las cuales la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos Nacionales, DIAN, impuso y confirmó sanción por imputación improcedente a cargo de la sociedad CROWN COLOMBIANA S.A., por concepto del saldo a favor originado en la declaración del impuesto sobre las ventas por el tercer bimestre del año 2000.

A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que Crown Colombiana S.A. no debe pagar suma alguna a título de sanción por imputación improcedente, impuesta en los actos administrativos demandados.

2. RECONÓCESE PERSONERÍA a la doctora Maritza Alexandra Díaz Granados, como apoderada de la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en los términos y para los fines del memorial poder conferido, visible en el folio 205 del plenario.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

Magistrados: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, presidente de la Sección—Hugo Fernando Bastidas BárcenasMartha Teresa Briceño de ValenciaCarmen Teresa Ortiz de Rodríguez, aclaro el voto.

(5) Consejo de Estado, sentencias del 23 de febrero de 1996, Radicado 7463 C.P. Dr. Julio E. Correa Restrepo, del 19 de julio de 2002, Radicado 12866 y 12934, C.P. Dra. Ligia López Díaz, del 30 de abril y 8 de octubre de 2009, radicados 16777 y 16608, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 2 y 23 de abril de 2009, radicados 16158 y 16205, C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 12 de mayo de 2009 y del 15 de abril de 2010, radicados 17601 y 17158, C.P. Dr. William Giraldo Giraldo, del 27 de enero de 2011, Radicado 18262, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 10 de julio de 2014, Radicado 19773, C.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(6) En la sentencia del 27 de enero de 2011, Radicado 18262, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, la Sala precisó que “Es incomprensible que el demandante pretenda, en primer lugar, ligar la oportunidad para imponer la sanción por devolución improcedente a la fecha de la sentencia definitiva sobre el proceso liquidatorio, cuando el artículo 670 E.T. establece un único término para sancionar de dos años, contados “a partir de la fecha en que se notifique la liquidación oficial de revisión”, sea o no sometida esta al control jurisdiccional. En ningún caso la norma exige que dicha liquidación se encuentre en firme; y en segundo, condicionar la demostración del hecho sancionable a que se haya proferido la aludida providencia de segunda instancia en la jurisdicción, cuando la inexistencia del saldo a favor reconocido y devuelto al declarante deviene, para efectos sancionatorios, de la modificación efectuada en la Liquidación de Revisión, sin ninguna exigencia adicional” (se resalta).

(7) En la sentencia del 10 de abril de 2014, Radicado 18927, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia se reiteró el criterio expuesto en las sentencias del 12 de mayo de 2010, radicado No. 17601, C.P. Dr. William Giraldo Giraldo y del 27 de enero de 2011, Radicado 18262, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y se precisó que “aunque el proceso de determinación oficial y el proceso sancionatorio son autónomos e independientes, los resultados del primero inciden en el segundo, ya que para que proceda la sanción es necesario que la liquidación de revisión haya sido notificada al contribuyente, pero si la liquidación es demandada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la sentencia definitiva será la que en últimas defina si los actos sancionatorios mantienen o no la presunción de legalidad” (se resalta).

(8) Radicado 25000-23-27-000-2005-01895-02 [17108], demandante: Crown Colombiana S.A. contra UAE–DIAN, C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.