Sentencia 2007-00184 de noviembre de 26 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000 2327 000 2007 00184 01

Número interno: 17426

Consejero Ponente:

Dr. Héctor J. Romero Díaz

Distribuidora Subaru de Colombia S.A. (en liquidación) contra la DIAN

Bogotá, D.C., veintiséis de noviembre de dos mil nueve.

FALLO

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Antes de proveer sobre el recurso de apelación interpuesto por la actora, la Sala decide el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, doctor William Giraldo Giraldo para conocer del asunto, por la causal 3 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la apoderada de la entidad demandada es su sobrina.

Conforme a la disposición citada constituye causal de recusación el hecho de "ser el juez cónyuge o pariente de alguna de las partes o de su representante o apoderado, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil", situación en que se encuentra el mencionado Consejero de Estado, razón por la cual se declara fundado el impedimento manifestado y se le separa del conocimiento del proceso, sin que se requiera la designación de conjuez porque existe quórum para decidir.

Ahora bien, previamente a analizar el fondo del recurso, la Sala debe establecer si las resoluciones y el auto demandados son susceptibles de control ante esta jurisdicción, aspecto que si bien no fue discutido en la apelación, es fundamental para dilucidar si en el caso procedía dictar fallo de mérito o inhibitorio.

Cabe observar que el tribunal se inhibió de pronunciarse sobre las resoluciones 1 de 9 de abril de 2007, y su confirmatoria, 311-002 de 14 de mayo del mismo año, mediante las cuales se rechazó la nulidad del auto 506-001 de 14 de febrero de 2007, que dejó en firme el avalúo del inmueble de la calle 71 A 14-34/38/58; y, en relación con el Auto 606-001 de 24 de mayo, confirmado por Resolución 2 de 15 de junio, también de 2007, aprobatorio del remate de los locales y del predio de la calle 82 Nº 16-42, oficina 301, por cuanto consideró que existía inepta demanda porque no se indicaron las normas violadas ni el concepto de violación en lo relativo a estas decisiones (numeral segundo del fallo), y no porque estimara que dichos actos no eran demandables, como lo adujo la DIAN al proponer la excepción de inepta demanda, que se declaró no probada (numeral primero del fallo).

Los actos acusados, expedidos por la DIAN en el 2007, son los siguientes:

Acto
Vía gubernativa
Decisión
Resolución 1 de 9 de abril
Confirmada por Resolución 311-002 de 14 de mayo
Rechazó nulidad del auto 506-001 de 14-02-2007, en cuantodejó en firme el avalúo del inmueble de la calle 71 A 14-34/38/58 de Bogotá
Resolución 3 de 3 de mayo
Confirmada por Resolución 311-003 de 15 de mayo
Rechazó nulidad del proceso de cobro desde los autos de traslado de los avalúos de los locales 2, 3, 4 y 5 de la Transversal 17 Nº 114 A-49
Resolución 2 de 3 de mayo
Confirmada por Resolución 311-004 de 22 de mayo
Rechazó nulidad de la diligencia de remate de los locales.
Auto 606-001 de 24 de mayo
Confirmado por Resolución 2 de 15 de junio
Aprobó el remate de los locales  y del predio de la calle 82 Nº 16-42, oficina 301

 

En la contestación de la demanda se adujo que estas decisiones, además de no estar contempladas dentro de las actuaciones sujetas al control de la jurisdicción a que se refiere el artículo 835 del estatuto tributario, no son definitivas sino preparatorias de la decisión final de la administración, de modo que no pueden ser objeto de pronunciamiento judicial porque no ponen fin al proceso de cobro.

Pues bien, de conformidad con el citado artículo 835 del estatuto tributario, en el proceso de cobro administrativo coactivo solo son demandables ante la jurisdicción contenciosa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución. A su vez, el artículo 833-1 ibídem establece que las actuaciones administrativas realizadas en el marco de este procedimiento son de trámite y contra ellas no procede recurso alguno.

No obstante, la Sala ha sostenido que el control jurisdiccional se amplía a actuaciones que, sin ser las señaladas por el referido artículo, pueden constituir decisiones diferentes a la simple ejecución de la obligación tributaria, porque crean una obligación distinta, como es el caso de la liquidación del crédito o de las costas. Así, se ha querido dar protección jurídica a controversias independientes originadas en la aplicación de normas tributarias especiales, recientes, o posteriores a la expedición y notificación de las resoluciones que fallan las excepciones(3).

En ese sentido, también se ha sostenido que a falta de norma en el sistema tributario específico para las actuaciones administrativas posteriores a tales providencias, proceden las pertinentes del Código de Procedimiento Civil, como las relativas al embargo, el secuestro y el remate de bienes aprobación y cumplimiento, "por ello, siendo el auto de aprobación de la diligencia de remateCPC, art. 530 susceptible del recurso de apelación art. 538 ibídem, puede dar lugar a controversias ante la administración y por ende ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo"(4) (resaltado fuera de texto).

Conforme al criterio jurisprudencial expuesto, en el caso sub examine, de los actos que se demandan, solo es enjuiciable el auto aprobatorio del remate 606-001 de 24 de mayo de 2007 y la resolución que lo confirmó, 2 de 15 de junio de 2007. Los demás, en cuanto resolvieron unas solicitudes de nulidad del proceso de cobro que no le ponen fin al mismo, son de trámite y, por ende, no son susceptibles de ser demandados ante esta jurisdicción. Además, tales actuaciones, no crean, modifican ni extinguen una obligación diferente a la que se ejecuta, por lo que en su contra no cabe el control jurisdiccional excepcional que ha aceptado la Sala(5).

En ese orden de ideas, procede revocar parcialmente el numeral segundo de la sentencia en cuanto se inhibió para pronunciarse acerca de la legalidad del Auto 606-001 de 24 de mayo de 2007, aprobatorio del remate, confirmado por Resolución 2 de 15 de junio de 2007, por inepta demanda, la cual no se configura porque en esta sí se indicaron las normas violadas por dichos actos y se explicó el concepto de su violación, como lo exige el artículo 137 [4] del Código Contencioso Administrativo. Ello, porque se alegó que según los artículos 523 a 528 y 530 del Estatuto Procesal Civil el remate no podía ser aprobado, dado que el mismo no precisó debidamente los bienes que se iban a ofrecer en pública subasta.

Coherentemente, en la parte resolutiva de esta decisión se confirmará la inhibición del tribunal para fallar de fondo sobre la Resolución 1 de 9 de abril de 2007 y su confirmatoria, 311-002 de 14 de mayo del mismo año, pero por tratarse de actos no demandables, razón por la que la Sala también se inhibirá para pronunciarse de fondo respecto de los demás actos acusados, esto es, las resoluciones 3 de 3 de mayo, 311-003 de 15 de mayo, 2 de 3 de mayo y 311-004 de 22 de mayo, todas de 2007.

Ahora bien, según la recurrente, el remate de los locales 2, 3, 4 y 5 de la transversal 17, Nº 114 A 49 de Bogotá no podía ser aprobado porque estaba afectado de nulidad, dado que el aviso de remate no cumplió las formalidades del artículo 525 [2] del Estatuto Procesal Civil al incurrir en error en las direcciones de los locales de propiedad de la ejecutada objeto de la diligencia.

En este punto cabe precisar que no se objeta la aprobación del remate respecto del predio de la calle 82 Nº 16-42, oficina 301 de Bogotá y que el inmueble de la calle 71 A 14-34/38/58 de esta ciudad, si bien fue embargado y secuestrado dentro del proceso de cobro, no se remató, porque la diligencia se suspendió mediante auto 001 de 9 de abril de 2007 hasta que se decida la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que negaron el incidente de desembargo del mismo.

En ese orden de ideas, el problema jurídico se contrae a determinar si el aviso publicado por la demandada para informar el remate de los referidos locales, vicia de nulidad el auto aprobatorio del mismo, en la medida en que no indicó la dirección correcta de los predios a subastar, puesto que señaló como dirección de ellos la transversal 17, Nº 144 A 49, siendo la correcta la transversal 17, Nº 114 A 49.

De conformidad con el artículo 839-2 del estatuto tributario, en los aspectos compatibles y no regulados por dicho estatuto, se observarán en el procedimiento administrativo de cobro, las disposiciones del Código Procesal Civil que regulan el embargo, secuestro y remate de bienes.

Este código, en su artículo 525 consagra las formalidades que debe contener el aviso de remate, entre ellas (num. 2º), que los bienes materia de la diligencia, si son inmuebles, deben identificarse con la matrícula de su registro si existiere, el lugar de ubicación, nomenclatura o nombre y, a falta del último requisito, por sus linderos(6).

Y, según el artículo 530 ibídem, pagado oportunamente el precio, el juez aprobará el remate siempre que se hubiere cumplido con las formalidades previstas en los artículos 523 a 528 del Código de Procedimiento Civil y no esté pendiente el incidente de nulidad que contempla el numeral segundo del artículo 141 ibídem(7), de lo contrario, declarará el remate sin valor y ordenará devolver el precio al rematante.

Aplicadas las disposiciones mencionadas al asunto bajo estudio, se concluye que no hay lugar a declarar sin valor el remate y, por ende, no procede anular el auto aprobatorio del mismo ni la resolución que lo confirmó, por las siguientes razones:

En el aviso de remate se consignaron los datos de los bienes a subastar, como matrícula inmobiliaria, lugar de ubicación, nombre del edificio del que hacen parte y nomenclatura, aunque en esta se incurrió en error al señalar como dirección la transversal 17, Nº 144 A 49, siendo la correcta la transversal 17, Nº 114 A 49.

No obstante, el error en la dirección no tiene la entidad suficiente para dejar sin valor el remate, pues, los inmuebles estaban plenamente identificados con el folio de matrícula inmobiliaria, en donde aparece la dirección correcta de los predios.

Además, esta irregularidad del aviso se saneó en la diligencia de remate, por cuanto la parte que tenía interés en alegarla, esto es, la única postora que se presentó a la subasta, la convalidó expresamente (fls. 56 a 58 cdno. 1), a lo que se agrega que no existe duda de que los bienes rematados fueron los mismos que se ofrecieron en subasta y que, a pesar del vicio, el acto procesal de remate cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa.

En efecto, según consta en el acta de remate (001 de 17 de abril de 2007), el error en la dirección de los locales cometido en el aviso se corrigió en la misma diligencia, situación que fue aceptada por la sociedad Jusan y Cía. Ltda., cuya postura resultó favorecida, y con la cual se convalidó el vicio antes de la aprobación del remate.

En ese orden de ideas, puede afirmarse que los terceros interesados en la diligencia, quienes podían verse afectados con el remate, tenían plena certeza de cuáles eran los bienes a subastar, en la medida en que hicieron uso de los mecanismos a su alcance para identificarlos, tanto en la oficina donde se adelantaba el cobro, como en la de registro de instrumentos públicos, toda vez que disponían de los respectivos números de matrícula inmobiliaria que habían sido informados en el aviso de remate.

Por ello, no corresponde a la verdad decir, como lo hace la actora, que el aviso ofreció inmuebles diferentes de los que se pretendía rematar, pues, estos no solo se identifican con la dirección, sino con la matrícula y el lugar de ubicación, como lo prevé el artículo 525 [2] citado.

A lo dicho cabe agregar que no se causó perjuicio a ninguno de los intervinientes, en la medida en que no existió duda sobre la identificación de los bienes al observar en el aviso su matrícula inmobiliaria y en esta, su nomenclatura correcta, sin que la actora acreditara haber sido perjudicada con el error, dado que no se hizo presente en la diligencia, en la cual hubiera podido alegarlo, por lo que su omisión también permitió que la irregularidad se saneara.

Por lo anterior, procedía la aprobación del remate, pues, además de que se cumplieron las formalidades legales para el efecto (CPC, arts. 523 a 528), la postora que resultó favorecida con la subasta pagó oportunamente el precio y cumplió el procedimiento.

En virtud de lo expuesto y según se anunció, se revocarán el numeral primero de la sentencia apelada, que declaró no probada la excepción de inepta demanda respecto de las resoluciones 3 y 2 de 3 de mayo de 2007 y sus confirmatorias, 311-003 de de 15 de mayo y 311-004 de 22 de mayo, ambas de 2007 y, parcialmente el numeral segundo, en cuanto declaró probada la excepción de inepta demanda frente al auto 606-001 de 24 de mayo de 2007, confirmado por Resolución 2 de 15 de junio de 2007.

En su lugar, se declarará probada la excepción de inepta demanda en relación con las resoluciones 1 de 9 de abril, 2 y 3 de 3 de mayo y sus confirmatorias 311-002 de 14 de mayo, 311-003 de 15 de mayo y 311-004 de 22 de mayo, todas de 2007. En lo demás, se confirmará el fallo recurrido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. DECLÁRASE FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, doctor William Giraldo Giraldo para conocer del presente asunto. En consecuencia, se le separa del conocimiento del mismo.

2. REVÓCANSE los numerales primero y segundo parcialmente de la parte resolutiva de la sentencia de 30 de julio de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de Distribuidora Subaru de Colombia S.A. (en liquidación) contra la DIAN. En su lugar, se dispone:

2.1. DECLÁRASE probada la excepción de inepta demanda respecto de las resoluciones 1 de 9 de abril, 2 y 3 de 3 de mayo y sus confirmatorias 311-002 de 14 de mayo, 311-003 de 15 de mayo y 311-004 de 22 de mayo, todas de 2007.

2.2. CONFÍRMASE la sentencia apelada en todo lo demás.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

Nulidad y restablecimiento del derecho

Hechos: Se demandan el auto aprobatorio del remate y las resoluciones que rechazaron unas solicitudes de nulidad proferidas por la DIAN dentro del proceso de cobro contra la actora por obligaciones tributarias

Tribunal: Declaró probada excepción de inepta demanda y se inhibió de fallar frente a unos actos porque no se indicaron las normas violadas por ellos ni su concepto de violación. Negó pretensiones en relación con los demás porque el error en la dirección de los predios a rematar cometido en el aviso de remate, se subsanó en la misma diligencia y fue convalidado por el postor a quien se adjudicaron (E.T., arts. 849-1 y 866).

Proyecto: Revoca la inhibición frente al auto aprobatorio del remate y se inhibe respecto de los demás actos por ser de trámite.

Confirma fallo en cuanto negó pretensiones porque el error en el aviso de remate no vició el auto aprobatorio de la diligencia ni la resolución que lo confirmó porque se saneó en la misma diligencia de remate. No hubo perjuicio para el rematante porque tenía certeza sobre la identificación de los bienes a rematar y aceptó la corrección del error hecha en el remate.

Ahora bien, según la recurrente, el remate de los locales 2, 3, 4 y 5 de la transversal 17, Nº 114 A 49 de Bogotá no podía ser aprobado porque estaba afectado de nulidad, dado que el aviso de remate no cumplió las formalidades del artículo 525 [2] del Estatuto Procesal Civil al incurrir en error en las direcciones de los locales de propiedad de la ejecutada objeto de la diligencia.

En este punto cabe precisar que no se objeta la aprobación del remate respecto del predio de la calle 82 Nº 16-42, oficina 301 de Bogotá y que el inmueble de la calle 71 A 14-34/38/58 de esta ciudad, si bien fue embargado y secuestrado dentro del proceso de cobro, no se remató, porque la diligencia se suspendió mediante auto 001 de 9 de abril de 2007 hasta que se decida la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que negaron el incidente de desembargo del mismo.

En ese orden de ideas, el problema jurídico se contrae a determinar si el aviso publicado por la demandada para informar el remate de los referidos locales, vicia de nulidad el auto aprobatorio del mismo, en la medida en que no indicó la dirección correcta de los predios a subastar, puesto que señaló como dirección de ellos la transversal 17, Nº 144 A 49, siendo la correcta la transversal 17, Nº 114 A 49.

De conformidad con el artículo 839-2 del estatuto tributario, en los aspectos compatibles y no regulados por dicho estatuto, se observarán en el procedimiento administrativo de cobro, las disposiciones del Código Procesal Civil que regulan el embargo, secuestro y remate de bienes.

Este código, en su artículo 525 consagra las formalidades que debe contener el aviso de remate, entre ellas (num. 2º), que los bienes materia de la diligencia, si son inmuebles, deben identificarse con la matrícula de su registro si existiere, el lugar de ubicación, nomenclatura o nombre y, a falta del último requisito, por sus linderos(8).

Y, según el artículo 530 ibídem, pagado oportunamente el precio, el juez aprobará el remate siempre que se hubiere cumplido con las formalidades previstas en los artículos 523 a 528 del Código de Procedimiento Civil y no esté pendiente el incidente de nulidad que contempla el numeral segundo del artículo 141 ibídem(9), de lo contrario, declarará el remate sin valor y ordenará devolver el precio al rematante.

El referido incidente procede en los procesos de ejecución y en los que haya remate de bienes cuando faltan las formalidades prescritas para la práctica de este, siempre que se alegue antes de proferirse el auto que lo aprueba; nulidad que solo afecta el remate.

Por su parte, el artículo 144 [3] y [4] del Estatuto Procesal Civil, prevé que las nulidades, distintas de las contempladas en el artículo 140 [1], [3] y [4] ibídem y de la falta de competencia funcional, se consideran saneadas, entre otros casos, cuando todas las partes, o la que tenía interés en alegarla, la convalidaron expresamente antes de renovarse la actuación anulada y, cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa.

Y, de conformidad con el artículo 143 [4] in fine del mismo código, el juez debe rechazar de plano la solicitud de nulidad que se proponga después de saneada esta.

Aplicadas las disposiciones mencionadas al asunto bajo estudio, se concluye que no hay lugar a declarar sin valor el remate y, por ende, no procede anular el auto aprobatorio del mismo ni la resolución que lo confirmó, por las siguientes razones:

En el aviso de remate se consignaron los datos de los bienes a subastar, como matrícula inmobiliaria, lugar de ubicación, nombre del edificio del que hacen parte y nomenclatura, aunque en esta se incurrió en error al señalar como dirección la transversal 17, Nº 144 A 49, siendo la correcta la transversal 17, Nº 114 A 49.

Esta irregularidad del aviso, que se adujo como causal de nulidad del remate, se saneó dentro de la respectiva diligencia, por cuanto la parte que tenía interés en alegarla, esto es, la única postora que se presentó a la subasta, la convalidó expresamente, a lo que se agrega que, a pesar del vicio, el acto procesal de remate cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa.

En efecto, según consta en el acta de remate (001 de 17 de abril de 2007), el error en la dirección de los locales cometido en el aviso se corrigió en la misma diligencia, situación que fue aceptada por la sociedad Jusan y Cía. Ltda., cuya postura resultó favorecida, y con la cual se convalidó el vicio antes de la aprobación del remate.

En ese orden de ideas, puede afirmarse que los terceros interesados en la diligencia, quienes podían verse afectados con el remate, tenían plena certeza de cuáles eran los bienes a subastar, en la medida en que hicieron uso de los mecanismos a su alcance para identificarlos, tanto en la oficina donde se adelantaba el cobro, como en la de registro de instrumentos públicos, toda vez que disponían de los respectivos números de matrícula inmobiliaria que habían sido informados en el aviso de remate.

Por ello, no corresponde a la verdad decir, como lo hace la actora, que el aviso ofreció inmuebles diferentes de los que se pretendía rematar, pues, estos no solo se identifican con la dirección, sino con la matrícula, el lugar de ubicación y, a falta de nomenclatura o nombre, por sus linderos, como lo prevé el artículo 525 [2] citado.

A lo anterior cabe agregar que no se causó perjuicio a ninguno de los intervinientes, en la medida en que no existió duda sobre la identificación de los bienes al observar en el aviso su matrícula inmobiliaria y en esta, su nomenclatura correcta, sin que la actora acreditara haber sido perjudicada con el error, dado que no se hizo presente en la diligencia, en la cual hubiera podido alegarlo, por lo que su omisión permitió que el vicio se saneara. Así, la nulidad del remate que propuso debía ser rechazada de plano, dado que al momento en que se alegó, la causal de nulidad invocada ya había sido saneada.

Lo anterior permite concluir que, al haber sido saneada, la irregularidad aducida por la actora dejó de existir antes de que se aprobara el remate y, como quiera que la postora que resultó favorecida con este cumplió el procedimiento, procedía su aprobación, como lo hizo la DIAN en los actos acusados. Consecuencialmente, el auto aprobatorio del remate y la resolución que lo confirmó se ajustaron a derecho, en la medida en que, al no haber nulidad, debían tenerse por cumplidas las formalidades legales y proceder a su aprobación.

En virtud de lo expuesto y según se anunció, se revocarán el numeral primero de la sentencia apelada, que declaró no probada la excepción de inepta demanda respecto de las resoluciones 3 y 2 de 3 de mayo de 2007 y sus confirmatorias, 311-003 de de 15 de mayo y 311-004 de 22 de mayo, ambas de 2007 y, parcialmente el numeral segundo, en cuanto declaró probada la excepción de inepta demanda frente al auto 606-001 de 24 de mayo de 2007, confirmado por Resolución 2 de 15 de junio de 2007.

En su lugar, se declarará probada la excepción de inepta demanda en relación con las resoluciones 1 de 9 de abril, 2 y 3 de 3 de mayo y sus confirmatorias 311-002 de 14 de mayo, 311-003 de 15 de mayo y 311-004 de 22 de mayo, todas de 2007. En lo demás, se confirmará el fallo recurrido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. DECLÁRASE FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, doctor William Giraldo Giraldo para conocer del presente asunto. En consecuencia, se le separa del conocimiento del mismo.

2. REVÓCANSE los numerales primero y segundo parcialmente de la parte resolutiva de la sentencia de 30 de julio de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de Distribuidora Subaru de Colombia S.A. (en liquidación) contra la DIAN. En su lugar, se dispone:

2.1. DECLÁRASE probada la excepción de inepta demanda respecto de las resoluciones 1 de 9 de abril, 2 y 3 de 3 de mayo y sus confirmatorias 311-002 de 14 de mayo, 311-003 de 15 de mayo y 311-004 de 22 de mayo, todas de 2007.

2.2. CONFÍRMASE la sentencia apelada en todo lo demás.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

(3) Cfr. sentencia de 29 de enero de 2004, Expediente 12498, C.P. Ligia López Díaz y autos de 19 de julio de 2002, Expediente 12733, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y de 14 de julio de 2005, Expediente 15040. C.P. Héctor J. Romero Díaz.

(4) Auto de 2 de septiembre de 1994, Expediente 5590, C.P. Delio Gómez Leyva.

(5) Autos de 14 de julio de 2005 (Exp. 15040) y de 24 de enero de 2008 (Exp. 16378), C.P. Héctor J. Romero Díaz.

(6) ART. 525.Modificado. L. 794/2003, art. 55. "Aviso y publicaciones. El remate se anunciará al público por aviso que expresará:

1. La fecha y hora en que ha de principiar la licitación.

2. Los bienes materia del remate con indicación de su clase, especie y cantidad, si son muebles; si son inmuebles la matrícula de su registro si existiere, el lugar de ubicación, nomenclatura o nombre y a falta del último requisito, sus linderos.

3. El avalúo correspondiente a cada bien o grupo de bienes y la base de la licitación.

4. El porcentaje que deba consignarse para hacer postura.

El aviso se publicará por una vez, con antelación no inferior a cinco días a la fecha señalada para el remate, en un periódico de amplia circulación en el lugar y en una radiodifusora local si la hubiere; la página del diario y la constancia auténtica del administrador de la emisora sobre su transmisión se agregarán al expediente antes del día señalado para el remate […]".

(7) ART. 141."Nulidades en los procesos de ejecución y en los que haya remate de bienes. En los procesos de ejecución y en los que haya remate de bienes, son también causales de nulidad: […]

"2. La falta de las formalidades prescritas para hacer el remate de bienes, siempre que se alegue antes de proferirse el auto que lo aprueba. Esta nulidad solo afectará el remate y se aplica a todos los procesos en que haya remate de bienes".

(8) ART. 525.Modificado. L. 794/2003, art. 55. "Aviso y publicaciones. El remate se anunciará al público por aviso que expresará:

1. La fecha y hora en que ha de principiar la licitación.

2. Los bienes materia del remate con indicación de su clase, especie y cantidad, si son muebles; si son inmuebles la matrícula de su registro si existiere, el lugar de ubicación, nomenclatura o nombre y a falta del último requisito, sus linderos.

3. El avalúo correspondiente a cada bien o grupo de bienes y la base de la licitación.

4. El porcentaje que deba consignarse para hacer postura.

El aviso se publicará por una vez, con antelación no inferior a cinco días a la fecha señalada para el remate, en un periódico de amplia circulación en el lugar y en una radiodifusora local si la hubiere; la página del diario y la constancia auténtica del administrador de la emisora sobre su transmisión se agregarán al expediente antes del día señalado para el remate […]".

(9) ART. 141."Nulidades en los procesos de ejecución y en los que haya remate de bienes. En los procesos de ejecución y en los que haya remate de bienes, son también causales de nulidad: […]

"2. La falta de las formalidades prescritas para hacer el remate de bienes, siempre que se alegue antes de proferirse el auto que lo aprueba. Esta nulidad solo afectará el remate y se aplica a todos los procesos en que haya remate de bienes".