Sentencia 2007-00193 de mayo 12 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2007-00193-01 (17461)

Consejera Ponente:

Dr. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Seguros Comerciales Bolívar S.A.

Bogotá, D.C., doce de mayo de dos mil diez.

Fallo

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 14 de agosto de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, providencia que negó las súplicas de la demanda, en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que rechazaron las excepciones propuestas por la actora contra el mandamiento de pago 013709 del 14 de mayo del 2007.

EXTRACTOS: «La sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda por las siguientes razones.

De los artículos 68 y 79 del Código Contencioso Administrativo, 112 de la Ley 6ª  de 1992 y 5º de la Ley 1066 de 2006 se colige (i) que las entidades del orden nacional tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles a su favor; (ii) que el artículo 112 de la Ley 6ª  de 1992 señala cuáles entidades tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles; (iii) que las obligaciones que se pueden hacer efectivas a través de la jurisdicción coactiva son aquellas que prestan mérito ejecutivo y están contenidas en documentos relacionados en el artículo 68 del Código Contencioso Administrativo, norma enunciativa en cuanto consagra “las demás que consten en documentos que provengan del deudor”; y (iv) que el procedimiento que se debe seguir para el cobro coactivo es el establecido en el estatuto tributario.

Entonces, la facultad legal de ejercer la jurisdicción coactiva es otorgada a las entidades del orden nacional sin restricción sobre los conceptos que pueden cobrarse, tal como lo dispone el artículo 112 de la Ley 6ª  de 1992, así: “tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles a favor de las mencionadas entidades y de la Nación”. Esta norma debe ser interpretada de acuerdo con el artículo 27 del Código Civil: cuando el sentido de una ley sea claro, no se desatenderá su tener literal so pretexto de consultar su espíritu.

La Superintendencia de Industria y Comercio es un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Industria y Comercio(15), que goza de autonomía administrativa, financiera y presupuestal, con personería jurídica y facultad de ejercer la jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos exigibles a su favor.

Con fundamento en los artículos 112 de la Ley 6ª  de 1992, 5º de la Ley 1066 del 2006 y 68 y 79 del Código Contencioso Administrativo, así como en jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, consideró el a quo que dentro de ese marco legal y jurisprudencial la entidad demandada sí tiene facultad para cobrar coactivamente conceptos distintos a créditos fiscales provenientes de la imposición de sanciones a particulares, surtiendo el trámite del estatuto tributario(16).

En relación con el argumento de la actora, según el cual la Superintendencia no podía iniciar el proceso de cobro por estar en discusión ante la jurisdicción contencioso administrativa la legalidad de los actos que sirven como títulos ejecutivos, el tribunal estimó que el numeral 5º del artículo 831 estatuto tributario, aplicable por remisión expresa del artículo 5º de la Ley 1066 del 2006, establece la excepción de interposición de demanda de restablecimiento del derecho, por encontrarse en discusión ante la jurisdicción contencioso administrativa la legalidad del acto administrativo que le sirve de título ejecutivo.

La demandada declaró probada la anterior excepción y, en consecuencia, ordenó la suspensión del proceso de cobro coactivo hasta cuando se decidiera la demanda(17) en contra de los dos actos administrativos que conforman el título ejecutivo(18).

Precisó el a quo, con fundamento en el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo que consagra la ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos, que la condición de exigibilidad deriva directamente del carácter ejecutorio de los actos administrativos y consiste en su capacidad de producir efectos jurídicos y de hacerse eficaces a través de los poderes de ejecución de la administración.

Además, la posibilidad de ejecutar el acto presupone su firmeza y el agotamiento de los procedimientos dirigidos a su exteriorización, los que, una vez observados facultan a la administración para imponerlo aún en contra de la voluntad de los destinatarios. Pero la ejecutoriedad no sucede automáticamente con la ejecutividad del acto, pues con fundamento en los derechos de defensa y contradicción, el ordenamiento jurídico reconoce a los administrados la posibilidad de oponerse a las decisiones administrativas a través de la “vía gubernativa”.

Así, una vez agotada la vía gubernativa, según lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 62 Código Contencioso Administrativo, que para el caso, corresponde al recurso de reposición interpuesto por la actora contra el acto que declaró el incumplimiento de unas garantías, se produjo la firmeza que consagra la mencionada disposición, y por tanto el acto quedó revestido del carácter ejecutorio y que solo se pierde en los eventos contemplados en el artículo 66 Código Contencioso Administrativo.

Sostuvo que en materia administrativa, la firmeza se identifica con el atributo de la ejecutoriedad, que recoge el artículo 64 Código Contencioso Administrativo, de suerte que, al decidirse el recurso de reposición contra el acto administrativo que declaró el incumplimiento de unas garantías, sobrevino la obligatoriedad, exigibilidad y aplicabilidad de sus decisiones, así como la presunción de legalidad propia de las decisiones administrativas ejecutoriadas, independientemente de la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues de otro modo no se hubiera previsto en el artículo 66 Código Contencioso Administrativo que los actos administrativos son obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por esta jurisdicción, lo que reitera el atributo de ejecutoriedad desde antes de demandar la legalidad de los actos sobre los cuales recae.

Por consiguiente, la Superintendencia estaba facultada para iniciar el cobro coactivo con base en los actos administrativos discutidos ante la jurisdicción, porque el ejercicio de las acciones contenciosas en su contra no afecta su obligatoriedad y fuerza ejecutoria.

Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad de que la jurisdicción varié la decisión administrativa base de la acción, por lo que al haberse propuesto la citada excepción y estar debidamente probada, debía la SIC, como en efecto ocurrió, suspender el proceso coactivo hasta que se decidiera en forma definitiva la acción contenciosa, pues de ser declarada la nulidad de los actos demandados, se configuraría el decaimiento de los actos administrativos respecto de las decisiones cuestionadas, evento previsto como causal de pérdida de fuerza ejecutoria en el numeral 2º del artículo 66 Código Contencioso Administrativo, y deberá dar por terminado el proceso de cobro coactivo.

Aclaración de voto

El magistrado Fabio O. Castiblanco Calixto, consideró que no es congruente lo manifestado en la sentencia, en que se refiere a la firmeza de los actos administrativos como soporte para expedir el mandamiento de pago, máxime cuando el numeral 5º del 828 estatuto tributario dispone que la sentencia judicial constituye título ejecutivo.

“(...).

Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar la legalidad de los actos demandados que, dentro del proceso de cobro coactivo promovido contra la demandante, declararon la suspensión del proceso hasta cuando se decidiera la demanda contra el título ejecutivo.

La inconformidad de la actora se concreta en los siguientes puntos: (i) la inexistencia de título para que la Superintendencia de Industria y Comercio ejerza al procedimiento de cobro coactivo del estatuto tributario, que, en este caso, se trata de una póliza de seguro de cumplimiento que no tiene relación alguna con obligaciones fiscales; (ii) de ser aplicable el procedimiento de cobro del estatuto tributario, resulta probada la excepción de falta de ejecutoria del título al tenor del artículo 829 numeral 4º estatuto tributario y (iii) la demandada debió declarar la terminación del proceso de cobro coactivo y no la suspensión de este.

1. Falta de título ejecutivo.

Para la demandante la Superintendencia no podía iniciar el proceso de cobro coactivo previsto en el estatuto tributario por tratarse del pago de una póliza de seguro de cumplimiento. A juicio de la actora, la Superintendencia debió aplicar el artículo 112 de la Ley 6ª  de 1992 y el artículo 4º del Decreto Reglamentario 2174 de 1992, que remiten Código de Procedimiento Civil en concordancia con el Código Contencioso Administrativo.

Para la Sala el argumento de la parte demandante fue válido hasta el 29 de julio del 2006, cuando entró a regir la Ley 1066. Esto, porque según los antecedentes de la ley, su objeto fue mejorar el recaudo de una cuantiosa cartera pública, lo que justificó un marco legal para que los servidores públicos encargados del manejo y recaudo de créditos a favor del tesoro público, pudieran gestionarlos con unos principios y reglas básicas que hicieran más eficiente esa función(21).

El artículo 5º de la Ley 1066 de 2006 dispone:

ART. 5º—Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el estatuto tributario.

PAR. 1º—Se excluyen del campo de aplicación de la presente ley las deudas generadas en contratos de mutuo o aquellas derivadas de obligaciones civiles o comerciales en las que las entidades indicadas en este artículo desarrollan una actividad de cobranza similar o igual a los particulares, en desarrollo del régimen privado que se aplica al giro principal de sus negocios, cuando dicho régimen esté consagrado en la ley o en los estatutos sociales de la sociedad.

PAR. 2º—Los representantes legales de las entidades a que hace referencia el presente artículo, para efectos de dar por terminados los procesos de cobro coactivo y proceder a su archivo, quedan facultados para dar aplicación a los incisos 1º y 2º del artículo 820 del estatuto tributario (resaltado fuera de texto).

En efecto, los antecedentes de la disposición transcrita descuentan de que el legislador quiso unificar el procedimiento de cobro para todas las entidades públicas que tengan jurisdicción coactiva, aplicando el procedimiento señalado en el estatuto tributario. La ponencia para debate dice así:

“[...] los primeros cambios fundamentales que encontramos en el artículo 5º, es [sic] primero que obviamente se mantiene la jurisdicción coactiva para todas las entidades públicas, pero que ya se asume como procedimiento en el cobro establecido en el estatuto tributario (...)”. “Además porque se estaba presentando el tema de la jurisdicción, el tema del procedimiento al estatuto tributario en algunas entidades y en otras el Código de Procedimiento Civil y ya se tiene la experiencia comprobada tanto en la DIAN como en las entidades territoriales que ya le aplican el procedimiento del estatuto tributario que es un procedimiento sumamente más efectivo y ha mejorado sustancialmente su recaudo”(22).

Para la Sala es claro que en la Ley 1066 del 2006 se extendió la aplicación del procedimiento establecido en el estatuto tributario para que todas las entidades del Estado lo apliquen en los procesos de cobro.

Ahora bien, en relación con el argumento de la actora en cuanto a que el procedimiento del estatuto tributario solo puede ser aplicado para obtener el pago de obligaciones fiscales, la Sala advierte que ello no se desprende del texto mismo del artículo 5º de la Ley 1066 del 2006, en el que no se hizo distinción expresa, como tampoco de los antecedentes de la ley a que se ha hecho referencia, pues la discusión entre la falta de uniformidad de procedimiento para el recaudo no se da en materia de impuestos porque este siempre ha tenido su propio trámite. Además, en los antecedentes se engloban en el concepto de “cartera pública” todos los créditos a favor del Estado. En efecto, en el debate de la comisión III de la Cámara, al discutir el artículo 5º se señaló que “(...) si bien como ya expresamos, no todas las acreencias tienen carácter de impuestos, si son ingresos públicos, es decir, hacen parte del tesoro (...)”(23).

En tales condiciones, contrariamente a lo alegado por la actora, la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustó a derecho al adelantar, con fundamento en el procedimiento previsto en el estatuto tributario, el cobro coactivo de la obligación contenida en la Resolución 26362 del 2006, el cual es título ejecutivo idóneo(24) para ser exigido a través de ese trámite. Además, debe resaltarse que para la fecha de expedición de los actos administrativos acusados(25) estaba vigente el artículo 5º de la Ley 1066 del 2006(26), que por ser procedimental, es norma de orden público y de inmediato cumplimiento(27).

Finalmente el hecho de que la superintendencia para efectos del pago y recaudo de la obligación, le haya indicado a la demandante que este debía hacerse en el respectivo número de cuenta de la entidad con el “Código 03: pagos relacionados con multas y sanciones”, no debe entenderse, como plantea la actora, que se hubiera transformado en multa el cobro de una póliza de cumplimiento, pues como se indica en los actos acusados, ello solo tiene por objeto agrupar en diferentes códigos los ingresos de la entidad sin clasificar la naturaleza jurídica de las obligaciones que se ejecutan ni afectan la competencia de la superintendencia para el recaudo por jurisdicción coactiva.

2. Falta de ejecutoria del título ejecutivo.

Teniendo en cuenta que el procedimiento previsto en el estatuto tributario es el aplicable al cobro de la obligación contenida en la Resolución 26362 del 2006, por la cual se declara el incumplimiento de unas garantías, debe la Sala analizar la procedencia de la excepción prevista en el artículo 831, numeral 3º del estatuto tributario en concordancia con el 829 numeral 4º ib.

En primer término, se observa que la demandada, al decidir sobre esta excepción en la Resolución 26605 del 27 de agosto del 2005(28) afirmó:

“Al respecto, cabe señalar que la Ley 1066 de 2006 remite al procedimiento de cobro coactivo indicado en el estatuto tributario. En este orden, el artículo 829 del referido estatuto, no obstante encontrarse en el título VIII perteneciente a cobro coactivo, es una norma de carácter sustantiva que fue prevista específicamente en materia tributaria y que no es aplicable al presente caso, por cuanto la Resolución 26362 de 2006, a pesar de contener una obligación a favor de esta entidad, dicha obligación no corresponde a una deuda fiscal, lo cual hace que no se le pueda aplicar las reglas de ejecutoria de los actos administrativos que contienen obligaciones fiscales en los términos del artículo 829 del estatuto tributario.

La Resolución 26362 de 2006, fue expedida dentro de una actuación de carácter administrativo regida conforme a las disposiciones contenidas en el Código Contencioso Administrativo. Razón por la cual, de acuerdo con el artículo 62 del código en mención dicha resolución se encuentra en firme (...)”(29).

Sobre este punto la Sala precisa que tal afirmación no solo contradice la finalidad que persiguió el legislador al expedir la Ley 1066 del 2006, que consistió en unificar el procedimiento de las entidades estatales para el cobro coactivo, sino que además desconoce el artículo 5º del Decreto 4473 del 2006(30), que dispone:

ART. 5º—Procedimiento aplicable. Las entidades objeto de la Ley 1066 de 2006 aplicarán en su integridad, para ejercer el cobro coactivo, el procedimiento establecido por el estatuto tributario nacional o el de las normas a que este estatuto remita (resaltado fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, es forzosa la aplicación de las normas del estatuto tributario, y debe entenderse que las entidades con jurisdicción coactiva deben aplicar la totalidad de las disposiciones que conforman el título VII del libro quinto que regulan el procedimiento administrativo coactivo, entre ellas el artículo 829 estatuto tributario invocado por la actora.

Ahora bien, en relación con la alegada falta de ejecutoria del título que sustentó la actora en el numeral 4º del artículo 829 estatuto tributario(31), ha dicho la Sala:

“Esta disposición crea una situación especial frente a la regla común sobre la fuerza ejecutoria de los actos administrativos, contenida en el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo, según la cual, la ejecutoriedad de los mismos surge de su firmeza en sede administrativa, por cualquiera de los eventos señalados en ese artículo, de suerte que el solo ejercicio de las acciones contencioso administrativas en su contra no afecta su obligatoriedad y fuerza ejecutoria. Esa situación especial contemplada en la norma tributaria, significa entonces lo contrario, que el uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sí impide la ejecutoriedad del acto administrativo demandado, de tal manera que ella surge una vez se dicte la sentencia que ponga fin a dicha acción en caso de que no prosperen las pretensiones de la demanda, es decir, que no se declare la nulidad del acto”(32).

De acuerdo con lo anterior, contrario frente a lo señalado por el a quo, la fuerza ejecutoria de los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo, tiene una regla especial en materia tributaria, pues la ejecutoriedad del acto solo se adquiere cuando la jurisdicción de lo contencioso administrativo decida definitivamente las acciones de restablecimiento del derecho que se hayan interpuesto.

La actora allegó con su escrito de excepciones presentado el 4 de junio del 2007(33) el auto de 3 de mayo del 2007(34) en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección “B”, admitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por Seguros Comerciales Bolívar S.A. contra la Resolución 26362 del 11 de octubre del 2007 de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el título ejecutivo que sirve de fundamento al cobro coactivo.

Entonces, el 14 de mayo del 2007, fecha en que se profirió el mandamiento de pago 013709, no estaba ejecutoriado el título ejecutivo y, en consecuencia, debió prosperar la excepción del numeral 3º del artículo 831 estatuto tributario.

Si bien la superintendencia en los actos acusados admite la interposición de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la parte resolutiva no la declaró probada.

En consecuencia, la Sala anulará los actos acusados y, a título de restablecimiento del derecho declarará probada la excepción de falta de ejecutoria del título ejecutivo.

3. Suspensión del proceso de cobro coactivo.

La superintendencia demandada decidió suspender el proceso de cobro coactivo, porque según el artículo 833 estatuto tributario, no siempre que se pruebe una de las excepciones se debe terminar el proceso. Además la demandada indica que el acto administrativo objeto de ejecución está en firme mientras la jurisdicción contencioso administrativa no declare su nulidad.

La Sala observa que, como se analizó en el punto anterior, para efectos del proceso de cobro coactivo del estatuto tributario, la firmeza y le ejecutoriedad tienen una regla especial. Así, pues, aunque la Resolución 26362 del 2006 se encuentre en firme, su ejecutoria se suspendió por la interposición de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que impide su cobro.

El artículo 831 del estatuto tributario señala dentro de las excepciones que se pueden proponer contra el mandamiento de pago, la de “interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de los contencioso administrativo”, excepción cuyo efecto no es otro que el de suspender el proceso de cobro que se esté adelantando, toda vez que la obligación no desaparece por la prosperidad de la excepción.

Ahora bien, el estatuto tributario únicamente señala la suspensión del proceso de cobro coactivo, en el caso en que se suscribe un acuerdo de pago, sin hacer referencia a otros casos en que pude proceder esta figura. De tal forma que ante la ausencia de disposición expresa, y toda vez que la consecuencia de la excepción contemplada en el numeral 5º del artículo 831 del estatuto tributario no es la terminación del proceso coactivo, sino su suspensión, por no encontrarse en firme el título ejecutivo, necesariamente habrá que remitirse a la regulación que para el efecto establece el Código de Procedimiento Civil.

El artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, establece los casos en que procede la suspensión del proceso. En particular, el numeral segundo dispone:

“(...).

2. Cuando la sentencia que deba dictarse en un proceso, dependa de lo que deba decidirse en otro proceso civil que verse sobre cuestión que no sea procedente resolver en el primero, o de un acto administrativo de alcance particular cuya nulidad esté pendiente del resultado de un proceso contencioso administrativo, salvo lo dispuesto en los códigos Civil y de Comercio y en cualquiera otra ley (negrilla fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, para que prospere la suspensión del proceso, además de la relación entre dos procesos, se requiere “la incidencia definitiva y directa que la decisión que se tome en un proceso tenga sobre la que se adopte en otro, de modo tal que sea condicionante total o parcialmente del sentido del fallo que deba proferirse”(35).

Complementario de lo anterior, el artículo 171 del Código de Procedimiento Civil prescribe que corresponde al juez que conoce del proceso resolver sobre la procedencia de la suspensión, y que esta se decretará mediante la prueba de la existencia del proceso que la determina y una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia.

En el caso objeto de estudio, advertido que, tal como lo manifiesta el demandante, actualmente cursa una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala considera que sí es procedente declarar probada la excepción de “interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, cuya consecuencia no es otra que la suspensión del proceso de cobro que cursa en su contra y hasta tanto la jurisdicción contenciosa se pronuncie sobre la legalidad del título ejecutivo que sirvió de base al mandamiento de pago.

Finalmente, no se accederá a condenar en costas a la demandada, pues no se advierte que la demandada haya asumido una conducta temeraria o de mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar:

2. ANÚLANSE las resoluciones 19500 del 28 de junio del 2007 y 26605 del 27 de agosto del 2007 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, actos administrativos que rechazaron las excepciones propuestas por Seguros Comerciales Bolívar S.A. contra el mandamiento de pago 13709 del 14 de mayo del 2007.

3. A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE probada la excepción de falta de ejecutoria del título ejecutivo y, en consecuencia SUSPÉNDESE el procedimiento de cobro coactivo. Las medidas cautelares se mantienen vigentes.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha».

(15) Decreto 2153 de 1992.

(16) Artículo 5º de la Ley 1066 de 2006.

(17) Admitida el 3 de mayo del 2007 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

(18) La póliza de seguros expedida por la demandante y la resolución de la SIC que declaró el incumplimiento de las garantías.

(21) Gaceta del Congreso 883 del 9 de diciembre del 2005, página 2. Propósito y resumen del proyecto. Ponencia para segundo debate.

(22) Gaceta del Congreso 771 del 2 de noviembre del 2005, página 4. Exposición del coordinador de ponentes.

(23) Gaceta del Congreso 456 del 1º de agosto del 2005, página 38.

(24) Además, según el parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 1066 del 2006, la póliza de cumplimiento no es una deuda de las excluidas del procedimiento de cobro coactivo de las entidades públicas.

(25) Resoluciones 19500 del 28 de junio del 2007 y 26605 del 27 de agosto del 2007.

(26) Publicada en el Diario Oficial 46.344 de 29 de julio de 2006.

(27) Artículo 4º del Código de Procedimiento Civil y el artículo 18, Ley 153 de 1887.

(28) Por medio de la cual decidió el recurso de reposición contra el acto que rechazó algunas excepciones propuestas contra el mandamiento de pago y ordenó suspender el proceso de cobro coactivo.

(29) Folio 55, c.p.

(30) Por el cual se reglamenta la Ley 1066 del 2006.

(31) Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva.

(32) Sentencia de 25 de noviembre de 2004, Expediente 14158, C.P. María Inés Ortiz Barbosa que se pronunció en similar sentido a la providencia del 27 de septiembre de 2001, Expediente 6617, C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.

(33) Folios 105 al 120, c.a.

(34) Folios 121 a 123, c.a.

(35) Procedimiento Civil. Tomo I. Hernán Fabio López Blanco. 2005.