Sentencia 2007-00209 de noviembre 3 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 25000 2324 000 2007 00209 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Unión Temporal Sursalud ESE.

Bogotá, D.C., tres de noviembre de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Revisando los antecedentes del presente proceso, observa la Sala que el señor Abel Ferney Sepúlveda Ramos, identificado con la cédula de ciudadanía 10´540.101 de Popayán, confirió poder al doctor Hernán Javier Arrigui Barrera para instaurar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que sirve de sustento a esta actuación judicial.

Tal como se puede observar en el poder especial que obra a folio 1 del cuaderno principal, el poderdante invocó su condición de gerente y representante legal de la Clínica “Emcosalud” S.A.

No obstante lo anterior, en la demanda instaurada el apoderado anuncia de manera expresa que “Concurre como demandante la Unión Temporal Sursalud, conformada por las empresas Cooperativa Multiactiva de Servicios de Salud Coomsalud IPS, sociedad con domicilio principal en la ciudad de Neiva Huila con número de identificación tributaria 800.218.561.1, y Crear Salud S.A. IPS, sociedad con número de identificación tributaria 800.149.445-7 con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, cuyo gerente convencional es la Dra. Belén Alarcón Alarcón, UT con número de identificación tributaria 813008500, cuyo domicilio es la calle 113 Nº 7-45, Torre B Ofc. 811 de Bogotá, como se puede apreciar a folio 3 del cuaderno principal.

A partir de las afirmaciones contenidas en la demanda, se infiere sin mayor dificultad que la demanda fue presentada a nombre de la U.T. Sursalud, cuya existencia y representación legal no aparece acreditada en el proceso. Aparte de ello, tampoco aparece demostrado que la Clínica “Emcosalud” S.A., representada por el señor Abel Ferney Sepúlveda Ramos, sea integrante de la unión temporal en cuyo nombre se presentó la demanda.

A propósito de determinar si las uniones temporales tienen o no capacidad para intervenir en calidad de demandantes en un proceso judicial, se hace necesario revisar lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Ley 80 de 1993, en donde se regula expresamente esa figura. Las disposiciones en mención establecen ad pedem literae lo siguiente:

ART. 6º—De la capacidad para contratar. Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. También podrán celebrar contratos con las entidades estatales, los consorcios y uniones temporales.

Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.

ART. 7º—De los consorcios y uniones temporales. Para los efectos de esta ley se entiende por:

[…]

2. Unión temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.

PAR. 1º—Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante.

Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad [el resaltado es de la Sala].

[…]

De conformidad con la jurisprudencia de la Sala, las uniones temporales no tienen el carácter de personas jurídicas y por ende, no tienen capacidad procesal para intervenir en un proceso judicial en calidad de demandantes, demandadas ni como terceros. En sentencia proferida el 22 de febrero de 2005, la Sección Tercera expresó:

En efecto, las uniones temporales, figuras admitidas en el artículo séptimo de la Ley 80 de 1993 para efectos de contratación estatal, no crean una persona jurídica nueva e independiente de los miembros que conforman dichas asociaciones.

Al no poseer tal naturaleza jurídica, no tiene capacidad para comparecer en proceso ante autoridades judiciales, conforme a lo prescrito en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil. De acuerdo con la jurisprudencia, la capacidad procesal consiste en lo siguiente:

“La capacidad para ser parte en un proceso, no es otra cosa que la aptitud legal que tiene la persona para ser titular de derechos y obligaciones procesales, es la facultad de realizar directamente o por intermedio de sus representantes actos procesales válidos y eficaces así como asumir las cargas y responsabilidades que se desprenden del proceso”(3).

En virtud del artículo 6º de la Ley 80, las uniones temporales al igual que los consorcios, pueden celebrar contratos con las entidades estatales. Esto significa que, por disposición legal, dicha figura puede participar en la adjudicación, celebración y ejecución de los contratos pero no implica, y así lo ha precisado la jurisprudencia en diferentes oportunidades(4), que tenga capacidad para participar en un proceso judicial. Dicha calidad se encuentra en cabeza de las personas naturales o jurídicas que la han integrado para celebrar un contrato con el Estado, conforme al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil(5).

En ese mismo sentido, en providencia calendada el 26 de abril de 2006, la Sección Tercera, expresó que las Uniones Temporales “[…] son formas asociativas, sin personería jurídica, que se emplean en la contratación estatal y cuya capacidad se predica exclusivamente, por ley, para contratar con el Estado(6). […]

Como complemento de lo expuesto, la Sección Tercera de esta Corporación, mediante providencia fechada el día 7 de diciembre de 2005, añadió:

La Sala sostuvo en diversas oportunidades que si un consorcio, lo cual es igualmente válido para la unión temporal, comparecía a un proceso como demandante o demandado, cada uno de los integrantes debía hacerlo de manera individual integrando un litisconsorcio necesario, es decir que la parte solo se conformaría con la vinculación de todos sus miembros al proceso. La figura del litisconsorcio necesario está contemplada en el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil. […] ║ Considera la Sala necesario precisar que si bien el artículo 7º de la Ley 80 de 1993 establece que los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal, esta representación está limitada, en principio, a las relaciones que genera el contrato con la entidad contratante. En el caso concreto, la unión temporal designó “como representante del proyecto, así mismo para todos los actos necesarios para el buen desempeño de la propuesta” a la sociedad Diselecsa Ltda. Esta representación la habilita para actuar durante la adjudicación, celebración y ejecución del contrato pero no, como en este caso, para actuar por fuera del marco contractual señalado […](7).

De conformidad con los pronunciamientos jurisprudenciales anteriormente trascritos, es claro para la Sala que la unión temporal no tenía capacidad para acudir al proceso en calidad de demandante. Adicionalmente, como quiera que las demás personas jurídicas que según el dicho de la actora intervinieron en la conformación de dicha unión temporal tampoco se hicieron presentes en el proceso(8), la Sala declarará probada de manera oficiosa la excepción de ineptitud sustancial de la demanda, por haber sido presentada por una unión temporal que no tiene capacidad jurídica para demandar y por no haberse integrado en debida forma el litis consorcio necesario por activa.

Por las razones expuestas, la Sala procederá a revocar la sentencia de primera instancia para proferir en su lugar una decisión inhibitoria, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, que a la letra dispone: “En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada”.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada, proferida el 3 de septiembre de 2009 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A” y, en su lugar, DECLÁRASE probada, de oficio, la excepción de inepta demanda. En consecuencia, INHÍBESE de fallar el fondo de la misma.»

(3) Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 3 de noviembre de 1996, expediente 13304.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia del 1º de diciembre de 2001, expediente 21305.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de febrero de 2005, radicación 25000-23-26-000-2004-00831-01(28005) Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(6) Sobre las uniones temporales ver las sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 15 de mayo de 2003, expediente 22.051. Actor: Unión Temporal La 41, C.P. Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez, y los autos de 16 de marzo de 2005, expediente 28.382. Actor: Unión Temporal Plusalud. C.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez y 13 de diciembre de 2001. Actor: Unión Temporal Red de Salud. C.P. Dr. Alier Hernández.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de diciembre de 2005, radicación 76001-23-31-000-1998-00091-01(27651), Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(8) Las empresas que conformaron dicha unión temporal, son las siguientes: Cooperativa Multiactiva de Servicios de Salud - Coomsalud IPS y Crear Salud S.A. IPS.