Sentencia 2007-00224 de julio 8 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 44001-23-31-000-2007-00224-02

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Actor: Federico Pinto Corzo y otros

Demandado: concejales del municipio de Maicao

Bogotá, D.C., ocho de julio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 231 del Código Contencioso Administrativo, esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación propuesto contra la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de La Guajira.

2. Del asunto objeto de debate.

Corresponde a la Sala determinar si en el evento sometido a consideración en el recurso de apelación, procede o no revocar el numeral quinto del fallo de primera instancia dictado por el Tribunal Administrativo de La Guajira que negó la nulidad del acto de elección de los concejales del municipio de Maicao para el periodo 2008-2011. Para el efecto debe la Sala ocuparse de establecer si como el apelante lo planteó en la demanda, es o no cierto que en el escrutinio de la mesa 02, puesto 22, zona 99 se incurrió en falsedad de los documentos electorales porque dejaron de contabilizar 16 votos a favor del candidato Joaquín González Iturriago quien participó en los comicios electorales del 28 de octubre de 2007, bajo el aval del movimiento político “Alas Equipo Colombia”, hecho que a juicio del actor está probado con los documentos que aportó con el escrito de demanda los cuales dan cuenta que en el formulario E-14 se le registraron dichos votos pero que ya en el consolidado registrado en el formulario E-24, no le reporta ningún voto, omisión que ocasiona que el resultado electoral consignado en el documento E-26, esté viciado.

Previo a efectuar el análisis de las pruebas documentales que obran en el expediente, es necesario que la Sala realice una precisión frente a los documentos electorales que se utilizan durante el proceso electoral, a fin de establecer si en este caso, tales registros se encuentran viciados de nulidad.

3. De los documentos electorales.

Como se expuso en líneas anteriores, el apoderado del accionante apeló la decisión a quo en su numeral 5º para insistir en la apocrificidad del formulario E-24 porque en él se registraron, a su juicio, los resultados de la mesa 02, puesto 22, zona 99, que culminó con la declaratoria de la elección de los concejales del municipio de Maicao. Alega que la falsedad que se registro deviene de que en ese formulario no se contabilizan los votos que a su favor aparecen reportados en la mesa demandada, de acuerdo con lo que se consignó en el acta de escrutinio de los jurados de votación o formulario E-14, que acompañó con la demanda.

Al respecto la Sala precisa que el formulario E-14 o acta de escrutinio de los jurados de votación se erige en el primer documento electoral en el que los jurados registran los resultados del cómputo de las tarjetas electorales depositadas en las urnas, esto es, contiene el número de votos emitidos en favor de cada partido o candidato de acuerdo con el escrutinio que ellos realizan, una vez finalizada la jornada electoral. Este documento es la fuente para la realización de los escrutinios zonales o municipales pues con fundamento en él las comisiones escrutadoras de ese orden desarrollan su labor mediante la consolidación de los resultados.

Los artículos 134, 136 y 142 del Código Electoral, constituyen el sustento legal de este formulario, en cuanto disponen:

“ART. 134.—Inmediatamente después de cerrada la votación, uno de los miembros del jurado leerá en alta voz el número total de sufragantes, el que se hará constar en el acta de escrutinio y en el registro general de votantes”.

“ART. 136.—Recogidas las papeletas, los jurados procederán a hacer el escrutinio y a anotar en la correspondiente acta el número de votos emitidos a favor de cada lista o candidato”.

“ART. 142.—Modificado por el artículo 12 de la Ley 6ª de 1990. Los resultados del cómputo de votos que realicen los jurados de votación se harán constar en el acta, expresando los votos obtenidos por cada lista o candidato. Del acta se extenderán dos (2) ejemplares iguales que se firmarán por los miembros del jurado de votación; todos estos ejemplares serán válidos y se destinarán así: uno para el arca triclave y otro para los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil” (subrayas y resaltas fuera del texto).

Por su parte, el formulario E-24(1) es un cuadro de resultados que utilizan las comisiones escrutadoras departamentales, distritales, municipales y auxiliares para registrar y consolidar la votación. Este documento electoral está instrumentado en un programa de computador que genera la información respectiva sobre los resultados. Sin embargo, en algunas ocasiones su diligenciamiento se realiza en forma manual.

Dependiendo de la clase de escrutinio que se practique —auxiliar o zonal, distrital o municipal y general—, en esa medida se consigna la información del cómputo de los votos emitidos.

Por consiguiente, en situaciones de normalidad, los datos registrados en el formulario E-24 o cuadro de resultados que utilizan las comisiones, deben coincidir con los anotados por los jurados de votación en el formulario E-14 que le sirve de base.

De esta manera, cuando existe una diferencia numérica entre el dato registrado en el formulario E-24 en relación con lo anotado en el formulario E-14, la jurisprudencia de la Sección(2) ha admitido que esa discordancia en los guarismos, per se, no es constitutiva de falsedad, porque puede ocurrir que la misma haya tenido origen en la prosperidad de una reclamación, en el recuento de votos, o en correcciones oficiosas por parte de la comisión escrutadora, eventos que deben quedar consignados en el acta general de escrutinio.

Lo anterior significa que las cifras consignadas por los jurados de votación en los formularios E-14 no son inmutables como quiera que cuando exista justificación válida para ello las mismas pueden ser objeto de modificación por parte de la comisión escrutadora en los eventos antes señalados y que se encuentran previstos en los artículos 163 y 164 de Código Electoral(3).

Ahora bien, la falsedad del registro contenido en el formulario E-24 tiene ocurrencia, de acuerdo con lo dicho por esta Sección, en aquellos eventos en los que la cifra registrada en este formulario es diferente de la consignada por los jurados de votación en el formulario E-14, sin que medie justificación o explicación válida de esa discrepancia y el acta general de escrutinios tampoco señale nada al respecto. Sobre el particular, en sentencia proferida por esta Sección(4), se dijo:

“Según se precisó antes, el formulario E-24 condensa los resultados electorales a nivel zonal, municipal, distrital o departamental, obtenidos en cada mesa de votación. Por tanto, es válido concluir que, en condiciones de normalidad, el número de votos allí registrado debe coincidir, en cada caso, con los que aparecen en los formularios E-14.

Pero ocurre que no toda diferencia entre los dos registros genera falsedad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, pues esa disconformidad puede originarse en el recuento de votos, lo cual no solo es válido sino que, en algunas ocasiones, se exige por la ley. Al respecto, la Sala en anterior oportunidad expuso lo siguiente(5):

“Efectivamente, la ley electoral prevé el recuento de votos como un instrumento para verificar el verdadero resultado electoral. Esta figura jurídica opera, entonces, tanto en el escrutinio efectuado por los jurados de votación como en el que adelantan las comisiones escrutadoras. De hecho, el artículo 11 de la Ley 6ª de 1990 dispone:

Los testigos electorales supervigilarán las elecciones y podrán formular reclamaciones escritas cuando el número de sufragantes de una mesa exceda el de ciudadanos que podían votar en ella; cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinio se incurrió en error aritmético al computar los votos; cuando, con base en las papeletas electorales y en las diligencias de inscripción aparezca de manera clara e inequívoca que en el acta de escrutinio se incurrió en error al anotar el nombre o apellidos de uno o más candidatos; y cuando los dos (2) ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmados por menos de tres (3) de estos. Tales reclamaciones se adjuntarán a los documentos electorales y sobre ellos se resolverá en los escrutinios. Las reclamaciones que tuvieren por objeto solicitar el recuento de papeletas, serán atendidas en forma inmediata por los jurados de votación, quienes dejarán constancia en el acta del recuento practicado.

Los testigos electorales no podrán, en ninguna forma, interferir las votaciones ni los escrutinios de los jurados de votación.

Por su parte, los artículos 163, inciso tercero, y 164 del Código Electoral regulan el recuento de votos en las comisiones escrutadoras de la siguiente manera: […]

Como vemos, el recuento de votos puede modificar los resultados inicialmente registrados por los jurados de votación, el cual deberá efectuarse en presencia de los candidatos, de sus representantes o de los testigos electorales, puesto que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º, del Decreto 2241 de 1986, “el escrutinio es público según las reglas señaladas por este código y las demás disposiciones electorales”. De consiguiente, las comisiones escrutadoras auxiliares no solo están facultadas sino que es su deber modificar los datos registrados en las actas escrutadoras de los jurados de votación cuando evidencian errores o inconsistencias entre el escrutinio de los jurados y lo expresado en las urnas.

Conforme a lo anterior se tiene que la modificación de las cifras por recuento de votos es suficiente argumento jurídico para justificar el cambio del resultado electoral, por lo que cualquier irregularidad tendiente a alegar la nulidad del registro por falsedad, deberá demostrarse plenamente. Dicho de otro modo, las comisiones escrutadoras pueden modificar los datos registrados por los jurados de votación y esa conducta se presume válida cuando proviene de la aceptación de una reclamación o del resultado del recuento de votos, pero su legalidad podrá desvirtuarse demostrando la irregularidad o la falsedad en el escrutinio. Esto tiene una gran importancia para la carga de la prueba de la falsedad, pues cuando se presenta modificación de los datos en la comisión escrutadora sin que exista explicación de aquello, ese hecho constituye un significativo elemento de juicio para desvirtuar la veracidad del registro electoral definitivo. Mientras que si el cambio del registro verificado por la comisión escrutadora obedece a una reclamación o al recuento de votos, corresponde, a quien la alega, demostrar plenamente que el registro es falso”.

En síntesis, solamente se considera registro falso el consignado en el formulario E-24 que resulte distinto al señalado por los jurados de votación en el formulario E-14, sin justificación de la diferencia o sin una explicación de la práctica de recuento de votos. Y, advertida la incongruencia, corresponderá al impugnante de la legalidad de la elección demostrar la ausencia de dicha justificación o explicación” (negrillas fuera de texto)

Esta Sección también ha dicho que se está en presencia de una falsedad o adulteración del formulario E-24 cuando en dicho documento son registradas cifras numéricas de manera injustificada que no guardan relación con las consignadas por los jurados de votación, esto es, que no provienen del recuento de votos, de correcciones oficiosas por parte de la comisión escrutadora o de la respuesta a determinada reclamación electoral y de los cuales no se haya dejado constancia en la respectiva acta general, con el claro propósito de ocultar votos válidamente depositados o de registrar votos inexistentes.

En este orden de ideas, a fin de determinar la presunta falsedad de los registros del formulario E-24, según lo dicho por esta corporación, el juez de lo contencioso, en primer lugar, debe examinar los citados formularios para establecer si, en efecto, existen las diferencias injustificadas a las que se alude en la demanda. De darse esta hipótesis, debe verificar las actas de escrutinio de los municipios donde se presentaron las anomalías con el propósito de determinar si existió o no justificación.

3. Del caso concreto.

De acuerdo con lo expuesto y de una lectura detallada de la demanda, es claro que la censura radica en la supuesta falsedad derivada del cotejo de los formularios E-14 y E-24 respecto de los resultados que en la mesa 02, puesto 22, zona 99 del municipio de Maicao obtuvo el candidato Joaquín González Iturriago, identificado bajo el código 38, que contó con el aval del Movimiento Político “Alas Equipo Colombia”.

En orden a resolver si en este caso se presenta la falsedad alegada, es necesario que previamente se aborde el análisis del valor probatorio que ostentan los documentos que obran en el expediente, en tanto que el mismo documento (E-14) allegado al expediente en dos momentos distintos en copia autenticada, registra información diferente en cuanto al tema objeto de este debate. Una de las copias la aportó el actor con la demanda y la otra, la remitió la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cumplimiento del auto de pruebas que se profirió el 8 de febrero de 2008 dentro del expediente radicado bajo el Nº 2007-0240 (fls. 67-68).

Como se aprecia de los formularios E-14 visibles a los folios 16 y 80 del Expediente 2007-0240, se tiene que el primero, aportado por el actor, registra 16 votos a favor del candidato 38 del Movimiento Alas-Equipo Colombia. Por su parte el formulario E-14 en la copia que remite la Registraduría del Estado Civil, respecto de este mismo candidato, no registra ningún voto a su favor.

El actor basa su demanda, en que en el formulario E-24 no registra votos a su favor, conforme se aprecia del documento visible al folio 22 del expediente.

Pues bien, de un análisis detallado de este material probatorio, se logra concluir que aunque la prueba documental en referencia que se allegó con la demanda fue aportada por el accionante con una constancia de haber sido “tomada del original”, según sello impuesto sobre el documento y firmada por los delegados departamentales, es contradictoria con la que de manera directa se remitió como prueba al expediente con sello de autenticidad impuesto también por delegados departamentales, envío de documento que hicieron los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil. Esta diferencia en la información que registra tal documento público impone que el juez, aplicando la sana crítica, deba otorgarle valor a la copia que le merece credibilidad. Así, el a quo consideró que la que ofrece certeza sobre la información consignada, es la que remitió directamente la autoridad administrativa electoral.

Esta conclusión para esta Sala tiene asidero válido por cuanto se trata de la prueba que remitió directamente la Registraduría y además, debido a que aun registrando un dato diferente al que consigna el documento en que se basa el actor para fundar la diferencia que alega frente al número de votos que le aparecen en el formulario E-24, no la controvirtió a través del ejercicio de la tacha de falsedad, como lo prevén los artículos 252 y 289 y s.s. del Código de Procedimiento Civil.

Además, es preciso advertir que el aporte al proceso también del formulario E-14, se decretó como prueba y se adjuntó como tal dentro de otro de los expedientes acumulados (Rad. 2007-0224), y de su confrontación con el dato que registra el formulario E-24, se aprecia que el primero o acta de escrutinio del jurado de votación al candidato del Movimiento “Alas Equipo Colombia” identificado con el código 38, no le aparecen votos registrados (fl. 122 Exp. 2007-0224), situación que confirma aún más que sea la información contenida en el E-14 allegado directamente por la Registraduría, la que merece credibilidad.

Con fundamento en lo anterior se concluye que en este caso no se aprecia que se presenten diferencias entre los formularios E-14 y E-24, pues la información registrada en el primero fue fidedignamente trasladada al diligenciar el cuadro de resultados del escrutinio de los votos para el Concejo de Maicao, formulario E-24, que es coherente en mantener para el candidato Joaquín González Iturriago el resultado que según el E-14, obtuvo en la mesa 002, puesto 22, zona 99, esto es, cero (0) votos.

Bajo este análisis, la pretensión de nulidad de la elección de los concejales de Maicao, planteada por el actor, carece de vocación de prosperidad en tanto no se probó la apocrificidad del registro electoral en el formulario E-26 que alegó, consistente en la diferencia con el formulario E-14.

Finalmente debe resaltarse que en cumplimiento de un requerimiento de la Fiscalía General de la Nación el Tribunal Administrativo de La Guajira ordenó desglosar los documentos obrantes a los folios 16 y 80 del expediente (fl. 93 del Exp. 2007-0240), ello en virtud a que la propia sentencia que definió el proceso de nulidad electoral ordenó compulsar copias a dicho organismo para lo de su competencia, en relación con la presencia en el expediente de un formulario E-14 allegado por el demandante al proceso, que no coincide con el que se adjuntó directamente por la Registraduría.

Las anteriores son razones suficientes para concluir que se impone, confirmar la decisión contenida en el numeral quinto del fallo de primera instancia, en cuanto denegó las pretensiones planteadas por el actor.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR el numeral quinto de la sentencia dictada el 17 de marzo de 2010 por el Tribunal Administrativo de La Guajira, atendiendo a las razones expresadas en la parte motiva de esta providencia.

2. En firme esta decisión, vuelva el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Los artículos 172 y 184 ibídem, sobre el formulario E-24, a la letra dicen:

“ART. 172.—Las comisiones escrutadoras auxiliares leerán en voz alta el resultado de las actas de los jurados de votación y se mostrarán a los interesados que lo soliciten al anotar los votos dados a favor de cada lista o candidato.

Terminada la lectura de las actas de las mesas de votación, las comisiones auxiliares harán el cómputo total de los votos emitidos por cada uno de la lista o candidatos en la respectiva zona.

Los resultados se anotarán separadamente para las distintas corporaciones y para Presidente de la República en los cuadros que suministrará la Registraduría, y se harán constar en actas parciales, expresando en letra y número los votos obtenidos y las demás circunstancias indicadas en el modelo oficial.

Resumen del desarrollo del escrutinio se hará constar en un acta general; y tanto de ésta como de las actas parciales se sacarán cinco (5) ejemplares; uno de estos se entregará, junto con los demás documentos electorales, al registrador distrital o municipal respectivo para que sean introducidos en el arca triclave, y los cuatro (4) ejemplares restantes se destinarán al registrador distrital o municipal, al Presidente del Tribunal Administrativo, a los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil y al gobernador del departamento” (resalta la Sala).

“ART. 184.—Modificado por el artículo 14 de la Ley 62 de 1988. Terminando el escrutinio general y hecho el computo total de los votos válidos que se hayan emitido por cada una de las listas y candidatos, municipio por municipio, se procederá a hacer constar los resultados en actas, expresando en letra y números los votos obtenidos por cada lista o candidato; realizando lo cual se aplicarán los cuocientes electorales para la declaratoria de elección de consejeros intendenciales o comisariales, según el caso, de diputados, representantes y senadores y se expedirán las correspondientes credenciales”.

(2) Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 17 de agosto de 2006. Radicación Interna 4051. C.P. Darío Quiñones Pinilla; sentencia de 6 de diciembre de 2007. Radicaciones Internas 4074, 4075 y 4076.

(3) “ART. 163.—Modificado por el artículo 11 de la Ley 62 de 1988. Al iniciarse el escrutinio, el registrador dará la lectura al registro de los documentos introducidos en el arca triclave.

En seguida procederá a abrir, uno a uno, los sobres que contienen los pliegos de las mesas de votación y dejará en el acta general las correspondientes constancias acerca de los sobres que tengan anomalías lo mismo de las tachaduras, enmendaduras o borrones que advierta en las actas de escrutinio, cotejando de manera oficiosa las que tuviere a disposición para verificar la exactitud o diferencias de las cifras de los votos que haya obtenido cada lista o candidato y de manera especial observará si las actas están firmadas por menos de tres (3) de los jurados de votación. También dejará constancia expresa de las actas que fueron recibidas extemporáneamente, conforme al artículo 144 de este código.

En el caso de las tachaduras, enmendaduras o borrones se procederá al recuento de votos; y si esas irregularidades no se advierten el cómputo se hará con base en las actas de los jurados de votación, las cuales se exhibirán a los interesados que lo soliciten al tiempo de anotar los resultados de la votación de la respectiva acta.

“ART. 164. Las comisiones escrutadoras, a petición de los candidatos, se sus representantes o de los testigos electorales debidamente acreditados, podrán verificar el recuento de los votos emitidos en una determinada mesa. La solicitud de recuento de votos deberá presentarse en forma razonada y de la decisión de la comisión se dejará constancia en el acta.

Estas comisiones no podrán negar la solicitud de recuento cuando en las actas de los jurados de votación aparezca una diferencia del diez por ciento (10%) o más entre los votos por las listas de candidatos para las distintas corporaciones públicas que pertenezcan al mismo partido, agrupación o sector político. Tampoco podrá negar la solicitud cuando en las actas de los jurados aparezcan tachaduras o enmendaduras en los nombres de los candidatos o en los resultados de la votación, o haya duda a juicio de la comisión, sobre la exactitud de los cómputos hechos por los jurados de votación.

Verificado el recuento de votos por una comisión escrutadora, no procederá otro alguno sobre la misma mesa de votación”.

(4) Sentencia del 17 de agosto de 2006, Expediente 4051, C.P. Dr. Darío Quiñones Pinilla.

(5) Sentencia del 12 de julio de 2001, Expediente 2457.