Sentencia 2007-00231 de septiembre 16 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 250002327000200700231 01 (17381)

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Demandante: Bayer S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Impuesto de renta

Bogotá, D.C., septiembre dieciséis de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia del 31 de julio de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La controversia se centra en determinar si la sociedad demandante tiene derecho a deducir como costo de ventas en la declaración de renta del año gravable 2003 la suma de $ 1.904.969.000, por la destrucción de inventarios correspondientes a productos vencidos.

Observa la Sala que esta partida fue objeto de rechazo, porque la DIAN estimó que en virtud de los artículos 63 y 64 del estatuto tributario sólo tienen derecho a este beneficio los contribuyentes que determinen el costo de sus activos movibles a través del sistema de juego de inventarios.

La administración señaló en el memorando explicativo de la Liquidación Oficial de Revisión demandada que: “… no le asiste la razón a la sociedad de tener derecho a llevar como costo el valor de los inventarios destruidos, ya que cualquier otra erogación que no tenga la naturaleza de costo tal como lo define el sistema contable y/o gasto o expensa, únicamente es admitida la que está expresamente reconocida por la ley, siendo por tanto su interpretación de carácter restrictivo, como quiera que corresponden a una excepción tributaria”.

En relación con la destrucción de inventarios de medicamentos, la Sala se pronunció en la sentencia de 25 de septiembre de 2006, expediente 15032, M.P. María Inés Ortiz Barbosa(3), donde señaló lo siguiente:

“…La Sala considera que si el contribuyente está obligado por disposición legal a establecer el costo de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes, está sola circunstancia no es suficiente para rechazar los costos generados en la destrucción de inventarios, ya que si la medida tuvo su origen en disposiciones de tipo sanitario, de salubridad pública o por prácticas mercantiles usuales, tal expensa está autorizada de conformidad con el artículo 107 del estatuto tributario, teniendo en cuenta que si bien los bienes se encuentran en el inventario, no pueden ser comercializados.

En el caso, está demostrado que la destrucción de mercancías obedeció a conceptos como vencimiento, deterioro, contaminación u obsolescencia, es decir, que se adoptó en cumplimiento de disposiciones legales o administrativas, razón por la cual constituyen expensas necesarias en la actividad productora de renta de Vecol S.A.

Por tanto, son “expensas” que tienen una relación o vínculo de correspondencia con la actividad que desarrolla el objeto social de la entidad [fabricación, producción, venta y comercialización de productos biológicos, químicos y farmacéuticos para la sanidad humana, animal y vegetal], de manera que los bienes dados de baja dentro del sistema de inventario permanente, representan uno de los conceptos inherentes y necesarios para la entidad en la producción de sus ingresos o renta derivada de tal objeto social, es decir, se involucran en la actividad productora de renta.

En efecto, tratándose de productos para la salud humana, animal y vegetal, su producción, venta y comercialización, está sujeta a controles estatales de gran seriedad para determinar la seguridad y efectividad del bien que será distribuido y utilizado, controles que se realizan por lo general antes de ser lanzados al mercado y que en consecuencia si no son superados, los bienes deben ser destruidos por disposición legal, de lo cual es fácil inferir que su tratamiento debe ser el de “expensa necesaria”, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la ley, esto es, que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad [art.. 107 E. T.]…”

Resulta entonces válido que en casos como el presente, cuando el contribuyente debe acatar órdenes de autoridades encargadas de controlar esta clase de bienes en pro de la seguridad y salubridad públicas o porque es usual su aplicación en el campo comercial, se vea avocado a destruir parte de su inventario y por ende lo refleje en una disminución de la renta a título de costo (expensa).

De otra parte, la apertura económica y la suscripción de tratados comerciales con otros países implica el fortalecimiento de medidas fitosanitarias, de salubridad pública o de cualquier otra índole que obligan a los contribuyentes a dar de baja determinados activos movibles (por vencimiento, deterioro, contaminación, etc.), merecen reconocimiento fiscal de expensa en el denuncio rentístico pues de lo que se trata es de impulsar la producción y no de restringir tributariamente los incentivos previstos en la ley”.

(Resaltado fuera de texto).

En el presente caso, tal como consta en el proceso, la sociedad contribuyente lleva el costo de sus activos movibles a través del sistema de inventarios permanentes; sin embargo, es indiscutible que cuando destruye los medicamentos caducados(4), esta destrucción configura un costo que debe ser deducible, toda vez que existen normas que obligan a esa destrucción para proteger el bien jurídico de la salud(5).

Luego se cumplen los requisitos del artículo 107 del estatuto tributaria para que proceda su deducción, así : (i) tiene relación directa con la actividad productora de renta, toda vez que como se establece en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, Bayer S.A. se dedica a la “investigación, desarrollo, fabricación, importación, exportación, distribución y/o cualquier tipo de comercialización de toda clase de productos, tanto químicos, como farmacéuticos, veterinarios, agroquímicos, colorantes, cosméticos, biogenéticos, mecánicos, o eléctricos, para su uso medicinal, odontológico, veterinario, agrícola e industrial, comercialización de todo tipo de equipos médicos, quirúrgicos y dotación hospitalaria, equipos electromecánicos y todo tipo de dispositivos médicos y productos de diagnóstico clínico, como por ejemplo, reactivos, consumibles y medios de contraste”, (FI. 16 revés); (ii) es necesario, puesto que las normas que regulan la materia obligan a destruir los medicamentos y, (iii) proporcional, pues la erogación ($ 1.904.969.000) no es desproporcionada en relación con los ingresos que obtuvo la contribuyente ($ 216.850.327.000).

Conforme a lo expuesto, observa la Sala que la sola circunstancia de que un contribuyente esté obligado a establecer el costo de los activos movibles por el sistema de inventarios permanentes o continuos no es razón suficiente para rechazar los costos generados en la destrucción de inventarios, ya que, como quedó anotado, la medida tuvo origen en disposiciones de tipo sanitario y de salubridad pública.

Además, acorde con lo expuesto por el Ministerio Público, la administración no cuestionó los motivos que llevaron a la destrucción de los inventarios (inventario vencido), tal como se pudo evidenciar en las actas de destrucción que obran en el expediente, ni cuestionó la vigencia fiscal de la ocurrencia del hecho, razones por las que la Sala encuentra que la destrucción de medicamentos, como expensa necesaria, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 107 del estatuto tributario. Por tanto, no prospera el recurso de apelación de la demandada, y se confirmará la decisión de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. Confírmase la sentencia apelada.

2. Reconócese personería al abogado Sebastián Pinilla Mogollón para representar a la demandada.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.»

(3) Criterio que es reiterado en sentencias del 13 de agosto de 2009, expediente 16217, C.P. William Giraldo Giraldo; del 4 de febrero de 2010, expediente 16719, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 11 de marzo de 2010, expediente 17178, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, entre otras.

(4) En los folios 674 a 716 del expediente figuran la relación de las actas de destrucción de inventarlos y la respectiva certificación firmada por revisor fiscal

(5) El parágrafo 1º del artículo 77 del Decreto 677 de 1995, “por el cual se reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos”, prohíbe la tenencia o venta de productos farmacéuticos vencidos.

Conforme al artículo 372 del Código Penal, el que comercialice o distribuya medicamentos '... encontrándose deteriorados, caducados o incumpliendo las exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia, siempre que pongan en peligro la vida o salud de las personas», incurrirá en prisión de 2 a 8 años, multa e inhabilidad para el ejercicio del comercio.