Sentencia 2007-00232 de febrero 18 de 2010 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Sentencia 2007-00232 de 2010

Rad.: 200700232 01 y 200700233 01 (acumulados)

Rad. int.: 2007-0232

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Torres Cuervo

Demandante: Abimael López Manjarrés y Gabriel Esteban Pinto Redondo

Demandado: Diputados del Departamento de la Guajira

Electoral: Apelación sentencia

Bogotá, dieciocho de febrero de dos mil diez.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones.

2.1. El acto acusado.

s el acto administrativo de 7 de noviembre de 2007 mediante el cual la Comisión Escrutadora Departamental de la Guajira declaró elegidos Diputados a la Asamblea de dicho Departamento para el periodo 2008 - 2011, el cual está contenido en el formulario E-26 AS cuya copia auténtica obra a folios 28 a 35 del cuaderno principal y 302 a 309 ibídem.

2.2. Competencia.

e acuerdo con los artículos 129 y 132-8 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 de la Sala Plena del Consejo de Estado, esta sección es competente para conocer en segunda instancia de los procesos de nulidad contra actos de elección de diputados a la asamblea departamental como el acusado en el presente proceso.

2.3. Temas jurídicos que plantean los recursos de apelación.

Las objeciones formuladas en los recursos de apelación contra el fallo de primera instancia le imponen a la Sala: primero, establecer si las demandas de los procesos acumulados cumplen con los requisitos procesales de invocar las normas violadas y explicar el concepto de la violación, que el tribunal echó de menos, y, segundo, en subsidio, estudiar de fondo los hechos en que se fundan todos los cargos formulados y la prueba de ellos, que el a quo despachó desfavorablemente con consideraciones generales tales como que el número de irregularidades denunciadas no tenían la entidad suficiente para modificar el resultado de la elección acusada y que el trasteo de electores no afecta de nulidad elecciones de carácter departamental.

2.3.1. Las normas violadas y el concepto de la violación.

2.3.1.1. El actor de la demanda en el proceso 2007-00232-00 afirmó que los jurados de votación de los Corregimientos del municipio de Uribia violaron el artículo 144 del Código Electoral porque no entregaron los resultados de la elección a más tardar a las 11:p.m., del día de las elecciones, no transmitieron el resultado vía telefónica y lo entregaron extemporáneamente el día martes siguiente a las elecciones.

Sostuvo que se violó el numeral 2 del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, que establece la falsedad de las actas de escrutinio como causal especial de nulidad de los actos que declaran elecciones, porque son falsos los registros electorales de las mesas de los Corregimientos del Municipio de Uribia, las cuales identificó por su número, puesto y zona. Afirmó que en estas mesas se registraron votos de personas que no votaron o no tenían derecho a votar(1). Señaló las irregularidades que ocurrieron en cada mesa, los nombres y apellidos de quienes votaron sin derecho a hacerlo, el número de sus cédulas y el número de la casilla u orden del formulario E-11 respectivo. 

Que se violó el artículo 316 de la Constitución que prohíbe el trasteo de electores en elecciones de carácter municipal porque en el municipio de Uribia votaron personas residentes en otros municipios. Que las mismas irregularidades denunciadas violan el artículo 83 de la Constitución que establece el principio de la buena fe y los artículos 4º, 6º, 83 y 95 de la Constitución que obliga a los funcionarios públicos y a los particulares a cumplir la Constitución y la ley. Así mismo resultaron infringidos los artículos 1º y 2º de la Resolución 215 de 22 de marzo de 2007 del Consejo Nacional Electoral que establecen el procedimiento para anular la inscripción irregular de cédulas e imponen dar publicidad al acto de inscripción de ciudadanos en el censo electoral.

La descripción de las acusaciones formuladas en la demanda en estudio le permite a la Sala concluir que, contrario a lo afirmado por el tribunal, el actor cumplió cabalmente con el deber de señalar las normas que considera violadas y de explicar el concepto de la violación. Si los hechos y las razones que expuso para explicar dicho concepto son verdaderos, adecuados o suficientes para desvirtuar la legalidad del acto acusado es un asunto que no procede considerar para establecer el cumplimiento de requisitos formales de la demanda sino al estudiar de fondo los cargos para denegarlos o darles prosperidad(2).

2.3.1.2. En la demanda del proceso 2007-00233-00 el actor afirmó que en el Municipio de Villanueva sufragaron personas que no tenían derecho por las siguientes razones: no figuraban en el formulario E-10 o en el censo del municipio, o estaban inscritos en el censo de otro municipio, habían votado una vez, o suplantaban electores, para lo cual señaló las zonas, puestos y mesas donde ocurrieron tales irregularidades, con el nombre y el número de cédula de los votantes registrados en el formulario E-11 y el de los presuntos suplantados. También el nombre del municipio donde algunos de los votantes debieron sufragar. Precisó las mesas del mismo municipio donde existen diferencias numéricas entre los formularios E-11 y E-14. Para este efecto citó como violado el artículo 223-5 del Código Contencioso Administrativo, que establece la nulidad de las actas de escrutinio cuando se computen votos a favor de candidatos inelegibles y afirmó que los jurados, mediante el fraude descrito, falsearon los registros electorales y alteraron el número de sufragantes y que de ser anulados los registros falsos se modificaría el resultado de la elección porque las diferencias de votos entre los candidatos del Movimiento Partido Verde Opción Centro, son pequeñas.

Para la Sala es incuestionable que el demandante señaló una norma jurídica violada y explicó el concepto de la violación, razón suficiente para tener por cumplidas las exigencias previstas por el artículo 137-4 del Código Contencioso Administrativo, al igual que en la demanda anterior, independiente de si tal concepto sea idóneo para obtener la prosperidad de las pretensiones cuando se estudien de fondo los cargos.

En virtud de lo anterior deberá revocar la prosperidad a la excepción de ineptitud sustantiva de las demandas y así se declarará en la parte resolutiva de esta sentencia.

2.3.2. Estudio de fondo de los cargos.

Por lo expuesto, se estudiarán de fondo de los cargos descritos, previa la siguiente precisión:

El actor en el proceso 2007-233 fundó de manera expresa la demanda en la causal de nulidad de falsedad de las actas de escrutinio y describió hechos que corresponden al supuesto fáctico de dicha causal; así, manifestó que esos hechos “constituyen fraudes electorales en la modalidad de suplantación de electores y además el falseamiento de los registros y actas, llenando registros electorales con nombres ficticios e inexistentes, convirtiendo las correspondientes actas en documentos apócrifos, hechos probados que se encuentran probados en documentos anexos” (fls. 6 y 7 del cdno. ppal.).

No obstante, al invocar las normas violadas, citó erradamente el numeral 5 del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, en vez del numeral 3º ibídem que sanciona efectivamente como causal de nulidad la falsedad de las actas de escrutinio.

Se estudiará esta última causal porque se entiende que el actor incurrió en un error intrascendente y que debe prevalecer el derecho sustancial sobre las formalidades del proceso, el derecho de los ciudadanos a acceder a la administración de justicia y el derecho a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley (arts. 228, 229 y 40, num. 6º, de la Carta).

2.4. El concepto de falsedad de las actas de escrutinio.

La jurisprudencia de la Sección Quinta sobre el principio de la eficacia del voto ha establecido que el cargo de falsedad de las actas de escrutinio sólo tiene vocación de prosperidad cuando la exclusión de los votos comprobadamente falsos tenga la potencialidad de modificar el resultado de la elección, pues si ello no ocurre la falsedad no vicia de nulidad la elección acusada.

El a quo y los sujetos procesales están conformes con el criterio anterior; sin embargo, están en desacuerdo sobre la cantidad de irregularidades denunciadas y probadas y sobre el efecto que ellas tendrían sobre el resultado de la elección.

Las circunstancias anotadas imponen estudiar los cargos formulados en las demandas de los procesos acumulados para establecer si los votos probadamente irregulares son o no nulos y, en caso afirmativo, establecer si podrían afectar las elecciones acusadas al grado de nulidad. Estudio que se realiza más adelante.

2.5. Cargos relacionados con la entrega extemporánea de pliegos electorales en el municipio de Uribia (Exp. 2007-0232).

Afirmó el actor que los jurados de los corregimientos del municipio de Uribia sólo hicieron entrega de los pliegos electorales en los que se registraron los resultados de la elección el día martes siguiente a éstas, por lo que violaron el artículo 144 del Código Electoral que los obligaba a entregar dichos pliegos antes de las 11 p.m., del día de las votaciones, salvo razones de violencia, fuerza mayor o caso fortuito; hechos imputables a los funcionarios encargados de recibir los pliegos.

La Sala destaca que la violación al deber de entregar oportunamente los pliegos electorales establecido en la norma comentada, constituye una causal de reclamación prevista en el numeral 7 del artículo 192 Código Electoral en los siguientes términos:

“El Consejo Nacional Electoral o sus delegados tienen plena y completa competencia para apreciar cuestiones de hecho o de derecho y ante reclamaciones escritas que les presenten durante los escrutinios respectivos los candidatos inscritos, sus apoderados o los testigos electorales legalmente constituidos y apreciando como pruebas para resolver únicamente los documentos electorales, podrán por medio de resolución motivada decidir las reclamaciones que se les formulen con base en las siguientes causales:

(...).

7. Cuando los pliegos electorales se hayan recibido extemporáneamente, a menos que el retardo obedezca a circunstancias de violencia. Fuerza mayor o caso fortuito, certificados por un funcionario público competente, o a hechos imputables a los funcionarios encargados de recibir los pliegos. (...)”.

La jurisprudencia de esta sección tiene establecido que las causales de reclamación “no constituyen motivos de nulidad, por lo que no pueden alegarse por vía jurisdiccional, salvo que se discuta la legalidad o constitucionalidad del acto administrativo que negó las reclamaciones, se reproche su contenido o se discuta la omisión de la decisión administrativa, en cuyos casos podrá solicitarse la nulidad de las decisiones y, en consecuencia, de los registros correspondientes. Así, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sólo puede ejercer control de legalidad  sobre hechos que constituyen el sustento fáctico de las causales de reclamación a condición de que las mismas hayan sido decididas durante el trámite administrativo electoral y la acusación respectiva dentro del proceso judicial se dirija contra  dichas decisiones”(3).

En el proceso no se alegó ni se probó que durante los escrutinios se hubieran presentado reclamaciones fundadas en la entrega extemporánea de pliegos y menos que se hubieran resuelto, razón por la cual, frente al mandato legal, la Sala no puede avocar su estudio.

2.6.Cargos relacionados con el trasteo de electores (Exp. 2007-0232)

El actor afirmó que en las elecciones acusadas del municipio de Uribia votaron algunas personas que no residen en él, razón por la cual se violó el artículo 316 de la Constitución que prescribe que “en las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el mismo municipio”. 

La norma constitucional transcrita establece una prohibición referida exclusivamente a las elecciones relacionadas con autoridades y asuntos de interés municipal y no a elecciones de autoridades departamentales, como lo ha señalado esta Sección, entre otras sentencias, en la de de 31 de mayo de 2002, expediente 2846,  en los siguientes términos:

“…Se viola el artículo 316 de la Constitución cuando, tratándose de elecciones de autoridades municipales, se vote en lugar distinto de aquel en que se resida, y que, además, son falsos, en lo que corresponda, los registros formados con base en las inscripciones de quienes no residan en el lugar. Pero, cuando se trate de votaciones para la elección de diputados, no se viola el articulo 316 de la Constitución si se vota en municipio distinto de aquel en que se reside, ni son falsas o apócrifas las actas o registros correspondientes, en los términos del articulo 223, numeral 2, del Código Contencioso Administrativo, por razón de la inscripción para la elección de diputados,porque la declaración de residir en un determinado municipio se hace solo para los efectos del articulo 316 constitucional, esto es, para las votaciones de autoridades municipales, pero resulta intrascendente para otros efectos. Por otra parte, mediante el artículo 4º de la Ley 163 de 1994 se dio facultad al Consejo Nacional Electoral para dejar sin efecto inscripciones para las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales, no para la elección de otras autoridades, referida como está esa facultad a los solos efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución”(4). (negrillas fuera del texto).

En aplicación del criterio transcrito es evidente que en una elección efectuada en una circunscripción departamental, como la de la Guajira que ocupa la atención de la Sala, no puede prosperar un cargo de violación del artículo 316 constitucional, cuya aplicación sólo procede para elecciones efectuadas en circunscripciones municipales.

No obstante, el actor cuestionó los votos depositados por los presuntos trashumantes por otros motivos, tales como que no tenían derecho a votar en las mesas en que lo hicieron porque no estaban registrados en las listas de sufragantes (formulario E-10) o en el censo electoral del municipio, hechos que a su juicio afectaron de falsedad las actas de escrutinio. La Sala estudiará esas irregularidades al estudiar los cargos de violación del artículo 223-2 formulados en las demandas acumuladas.

2.7 Cargos comunes de falsedad de las actas de escrutinio propuestos en las demandas de los procesos acumulados.

Transcribirá la Sala el concepto de falsedad de las actas de escrutinio que adoptó en sentencias de 29 septiembre de 2006, expediente 4044, y de 4 de mayo de 2007, expediente 4013, en los siguientes términos:

“... Para la Sala…la causal especial de nulidad de falsedad de las actas de escrutinio establecida en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, ... debe ser entendida en un sentido amplio como la ocultación, modificación o alteración de los verdaderos resultados electorales que, cuando tiene la entidad cuantitativa suficiente para alterar el resultado de la elección declarada, impone declarar su nulidad y las de las actas de escrutinio afectadas y ordenar la práctica de un nuevo escrutinio con exclusión de estas(5).

La sección ha estudiado diversos modos de introducir falsedades a las actas de escrutinio de los jurados de votación, entre ellos la suplantación de electores que se configura cuando el titular de una cédula de ciudadanía deposita su voto en nombre de otra persona y cuando no vota ni el titular de la cédula de ciudadanía ni otra persona a nombre de él  y los jurados de votación llenan las casillas correspondientes con nombres ficticios o ilegibles(6); el registro en los formularios E-24 y en las actas de escrutinio de las comisiones escrutadoras auxiliares y municipales de datos distintos de los que resultan de los escrutinios de los formularios E-14 diligenciados por los jurados de votación(7); ha considerado igualmente falsas las actas que contienen las inscripciones de quienes afirmen contra la verdad residir en un determinado municipio(8), así como los registros que incluyan ciudadanos que no se encuentren ya inscritos por haber sido excluidos de los mismos por decisión del Consejo Nacional Electoral y los registros formados con base en los anteriores(9); también ha considerado que son falsos los formularios E-14 en aquellos eventos en que consignan un número de votos superior al de sufragantes registrados en la lista y registro de sufragantes, formulario E-11(10).

En el amplio concepto de falsedad contenido en el fallo parcialmente transcrito y que en esta oportunidad se reitera, quedan comprendidos algunos de los hechos que el demandante denuncia como irregulares. Así: a) la suplantación de electores que vulnera el artículo 114 del Código Electoral(11); b) el ejercicio del voto por quienes tienen varias cédulas, hecho que vulnera el artículo 68 del Código Electoral que proscribe la doble cedulación(12): c) el voto de personas que no están inscritos en la lista de sufragantes de una mesa (formulario E-10), violatorio de los artículo 76 ibídem(13) y; d) el ejercicio del voto por jurados en las mesas donde cumplieron sus funciones, pese a no estar inscritos en el censo electoral del municipio.

Presupuesto jurídico para el estudio de los cargos

En primer lugar cabe resaltar que para que se demuestre que una persona no tenía derecho a votar en una mesa o que tiene el carácter de suplantador no basta con demostrar que en el formulario E-11, registro general de votantes, están anotados los nombres de personas frente a cédulas que no le corresponden, porque es posible que los jurados hayan incurrido en errores al anotarlos en forma manuscrita. Por ello, resulta necesario en todos los casos examinar el censo electoral del municipio y la lista de sufragantes, formulario E-10, para establecer si la presunta irregularidad expresa una violación de las normas comentadas o constituye un simple error de transcripción de datos por parte del jurado.

Segundo, en las irregularidades referidas por la parte actora se plantea determinar si los jurados pueden votar o no válidamente en la mesa donde ejercen sus funciones aunque no estén inscritos en el censo electoral del municipio. Para resolver es necesario revisar en nuestro ordenamiento los diferentes preceptos normativos que regulan el asunto.

El texto inicial del Decreto 2241 de 15 de julio 1986 “Por el cual se adopta el Código Electoral en sus artículos 76 y 77 preveía:

“ART. 76.—Los censos electorales posteriores a 1986, de las cabeceras municipales, corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales, que integran el censo general, se formarán:

a) Con los ciudadanos que se inscribieron o votaron en cualquiera de las elecciones de 1986;

b) Con los ciudadanos que inscriban sus cédulas a partir de esos mismos comicios.

PAR. TRANS.—Para las elecciones de 1986 dichos censos estarán formados por las cédulas vigentes expedidas en el respectivo lugar, por las que se hayan inscrito con anterioridad a la vigencia de la Ley 96 de 1985 y por las que se inscriban para estas mismas elecciones”.

“ART. 77.—A partir de 1988, el ciudadano sólo podrá votar en el lugar en que aparezca su cédula, conforme al censo electoral.

Permanecerán en el censo electoral del sitio respectivo, las cédulas inscritas para las elecciones de 1986, las de los ciudadanos que voten en los mismos comicios y las que con posterioridad se inscriban, mientras no sean canceladas o se inscriban en otro lugar” (negrillas fuera del texto).

Entonces por regla general los ciudadanos deben votar en el lugar donde tienen inscritas sus cédulas de ciudadanía conforme con el censo electoral.

Sin embargo el mismo Código Electoral en su artículo 101 establece una excepción que autoriza a los jurados de votación a sufragar en la mesa donde prestan sus servicios, así:

“(...).

Cuando los jurados ejerciten el derecho al sufragio deberán hacerlo en la mesa donde cumplan sus funciones” (negrillas fuera del texto)

Más adelante, respecto de la obligatoriedad del ejercicio de las funciones públicas para los jurados de votación y de las causales de exoneración de las sanciones, el Código estableció:

“ART. 105.—El cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación, y la notificación de tales nombramientos se entenderá surtida por la sola publicación o fijación en lugar público de la lista respectiva, que hará el Registrador del Estado Civil o su delegado diez (10) días calendario antes de la votación.

(...)

Las personas que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurados de votación o las abandonen, se harán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñen, si fueren empleados oficiales; y si no lo fueren, a una multa de cinco mil pesos ($ 5.000), mediante resolución dictada por el Registrador del Estado Civil” (resaltado fuera del texto)

Por tanto, los jurados que no concurran a prestar el servicio quedarán exonerados de las sanciones por el hecho de estar inscritos y haber votado efectivamente en otro municipio.

“ART. 108.—Son causales para la exoneración de las sanciones de que tratan los artículos anteriores, las siguientes:

(...).

e) Haberse inscrito y votar en otro municipio.

PAR.—La enfermedad grave sólo podrá acreditarse con la presentación de certificado médico, expedido bajo la gravedad del juramento; la muerte del familiar, con el certificado de defunción; la edad, con la presentación del documento de identidad; la no residencia, con la certificación de vecindad expedida por el alcalde o autoridad competente del lugar donde se reside y la inscripción y voto, con el respectivo certificado de votación” (resaltado fuera del texto).

Entonces dentro de la estructura del Código Electoral los jurados de votación que no concurren a prestar el servicio pueden exonerarse de las sanciones por no asistir al cumplimiento de las funciones públicas, si acreditan que están inscritos en otro municipio y que efectivamente el día de las elecciones votaron. Nótese que la invocación de esta causal es posterior al día del certamen electoral, habida cuenta de que para acreditar este hecho debe presentarse el respectivo certificado de votación conforme lo previó el parágrafo del artículo 108.

Debe agregarse a lo anterior que no existe en el ordenamiento renuncia previa al ejercicio de las funciones de jurado de votación por tratarse de un cargo de forzosa aceptación.

Con posterioridad los artículos 76 y 77 del Código Electoral fueron integrados en uno solo por mandato del artículo 7º de la Ley 6 de 5 de enero de 1990, así:

“A partir de 1988 el ciudadano sólo podrá votar en el lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al censo electoral. Permanecerán en el censo electoral del sitio respectivo, las cédulas que integraban el censo de 1988, y las que con posterioridad allí se expidan o se inscriban, mientras no sean canceladas o se inscriban en otro lugar” (negrillas fuera del texto)

Es decir, continuó la misma regla general para los ciudadanos referente a que únicamente pueden votar en el lugar donde tienen inscrita su cédula de ciudadanía conforme con el censo electoral, y no se modificó ni se derogó la excepción prevista por el artículo 101 para que los jurados de votación sufraguen  en la mesa donde prestan sus servicios.

Adicionalmente, vale destacar que en la normatividad del Código Electoral no existe previsión expresa de que cuando un ciudadano es designado jurado de votación en un municipio diferente a aquel donde tiene inscrita su cédula, la prestación del servicio comporte la renuncia a ejercer su derecho fundamental de elegir.

Por otra parte, y para efecto de elecciones de carácter municipal el artículo 316 de la Constitución Política prevé:

“En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”.

La condición de hecho del ciudadano elector respecto de la del jurado elector para efecto de la de votación es diferente, en primer lugar, todo jurado de votación es ciudadano, pero no todo ciudadano es jurado(14).

La Corte Constitucional estableció que en desarrollo del principio de libertad de configuración legislativa es posible que las normas creen un trato diferenciado entre las personas siempre que se reúnan las siguientes condiciones: “i) que las personas se encuentren efectivamente en distinta situación de hecho; ii) que el trato distinto que se les otorga tenga una finalidad; iii) que dicha finalidad sea razonable, vale decir, admisible desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales; iv) que el supuesto de hecho esto es, la diferencia de situación, la finalidad que se persigue y el trato desigual que se otorga sean coherentes entre sí o, lo que es lo mismo, guarden una racionalidad interna; v) que esa racionalidad sea proporcionada, de suerte que la consecuencia jurídica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican(15)”.

Para efecto del voto, la finalidad en la diferenciación del trato para el ciudadano y para el jurado de votación es razonable con el objeto de lograr la protección del derecho fundamental a elegir porque al jurado se le impone que cuando ejercite el derecho al sufragio lo haga “en la mesa donde cumplan sus funciones”, ello porque se parte del supuesto de que el jurado el día del certamen electoral está obligado a permanecer en el puesto de votación desde las 7:30 a.m.(como lo prevé el artículo 112 del Código Electoral) hasta el final de la jornada electoral y firmar las actas de escrutinio, situación que le impide desplazarse hasta el lugar o municipio distinto donde tiene inscrita su cédula de ciudadanía; por ello el propósito de la norma es que el jurado que presta el servicio  pueda ejercer su derecho y concomitantemente cumpla con las funciones públicas asignadas, lo contrario constituiría una prohibición injustificada de su derecho fundamental a elegir. En cambio, al ciudadano no se le impone ningún tipo de función pública en las elecciones que le obligue a permanecer el día del certamen electoral en determinado lugar y con ello se menoscabe su derecho a votar.

El legislador en reconocimiento de esas diferencias estableció un tratamiento diferente, así el artículo 76 del Código Electoral previó una regla general para los ciudadanos, pero, como es usual en todas las legislaciones, también estipuló en el artículo 101 una excepción a esa regla general tratándose de jurados de votación, proporcional a la eventual restricción que tienen los jurados para desplazarse y votar en el lugar o municipio donde tiene inscrita su cédula, limitación que no tienen los ciudadanos.

Sin embargo, con la promulgación de la Constitución Política de 1991 el derecho fundamental a elegir por parte de los jurados de votación quedó limitado por el artículo 316 de la Carta  que refiere de manera puntual a la “elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter” en las cuales definió el constituyente que “sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”; por lo cual, resulta apenas lógico que el jurado no residente en ese municipio, por no tener un interés legítimo, no intervenga en la elección de autoridades y decisiones locales.

Como se ve, el tratamiento diferente que le otorgó el legislador al jurado de votación respecto de los ciudadanos es constitucionalmente válida, máxime cuando le garantiza el derecho al voto de quien decide prestar su colaboración y atender el servicio público el día del certamen electoral; en consecuencia, no es razonable equiparar dos calidades de votantes diferentes: la de ciudadano con la de jurado de votación para aplicarles la misma normatividad.

Aplicar una excepción a una regla general prevista por el Código Electoral, como lo es el lugar donde deben votar los jurados, no atenta contra el efecto útil de las normas, habida cuenta de que en los eventos de excepciones de ley ninguna hermenéutica necesariamente debe dar plenos efectos a todas las normas jurídicas de manera simultánea.

En un Estado social de derecho, como el nuestro, no son válidas las indebidas restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos; por tanto, no se puede limitar el derecho fundamental de los jurados a elegir por vía de interpretación porque la hermenéutica de las normas antes transcritas debe privilegiar los derechos fundamentales, la coexistencia y el máximo desenvolvimiento de los derechos valores y fines constitucionales. La interpretación por vía jurisprudencial de manera alguna puede ser extensiva para restringir el derecho al voto.

En este punto la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho:

“El principio de primacía de los derechos (C.P,. art. 5º) le indica al operador del derecho que interprete la totalidad de las disposiciones de la manera que mejor consulte el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico”(16).

Equiparar la calidad de ciudadano con la de jurado de votación, para por vía jurisprudencial restringir el derecho a elegir de éstos últimos, vulnera el principio de derecho internacional pro hominem, respecto del cual la Corte Constitucional ha dicho:

“(...) entre dos interpretaciones posibles de una disposición constitucional relativa a derechos de la persona, debe preferirse aquella que mejor armonice con los tratados de derechos humanos, dentro del respeto del principio de favorabilidad o pro hominem, según el cual, deben privilegiarse aquellas hermenéuticas que sean más favorables a la vigencia de los derechos de la persona”(17).

Como los jurados de votación no tienen prohibición expresa para ejercer su derecho al sufragio salvo en los eventos electorales previstos por el artículo 316 de la Constitución Política, con los fundamentos jurídicos expuestos, se concluye que el voto de los jurados que no conformen el censo electoral del municipio donde que ejercen sus funciones es válido siempre que no se trate de elecciones de carácter municipal.

Por lo anterior, los veintiún (21) cargos propuestos por jurados que votaron en la mesa en la que cumplieron con sus funciones sin estar inscritos en el censo del municipio no prosperan.

Finalmente, se destaca que no en todos los casos en que una persona que vota y no está registrada en la lista de sufragantes de una mesa (formulario E-10) o en el censo electoral del municipio respectivo, falsea las actas de escrutinio, porque es posible que haya sido autorizado legalmente para votar de acuerdo con el artículo 107 ibídem que prescribe: el ciudadano cuya cédula de ciudadanía apta para votar aparezca erróneamente cancelada por muerte, tendrá derecho a sufragar en la mesa especial que para el efecto señale el Registrador del Estado Civil o su delegado, una vez lo autorice este funcionario mediante certificación en el formulario E-12 que se le expedirá en la sola presencia física del ciudadano.

Procederá la Sala a estudiar los cargos de falsedad de las actas de escrutinio formulados en las demandas.

2.5.2. Irregularidades denunciadas en el expediente 2007-0232.(*)

Corregimiento de Paraíso, municipio de Uribia.

El actor estima que constituye un motivo de anulación de los votos de los sufragantes el incorrecto diligenciamiento de las casillas destinadas a su firma en el formulario E-11 de la mesa  3 del Corregimiento mencionado que enseguida se describen:

(...)

(NOTA: Los cuadros del numeral 2.5.2. Irregularidades denunciadas en el expediente 2007-0232”, pueden consultarse en el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta).

Entonces, al examinar el formulario E-11 de la mesas antes relacionadas, la Sala constató que, tal como lo afirmó el demandante del proceso 2007-0232, en las casillas destinadas para la firma de los jurados, ubicadas al lado de los nombres y números de cédulas señalados en el cuadro transcrito, están anotados, en algunos casos el nombre de la jurado Ana Flor Fernández Brugés y en otros, está en blanco, esto es, sin diligenciar(19).

Considera el actor que deben anularse las actas de escrutinio de las mesas cuyos formularios E-11 están mal diligenciados en las casillas destinadas a la firma de los sufragantes, y que la razón de ello es que dicho formulario debe contener la información requerida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad a la que el artículo 203 del Código Electoral le ordena elaborar  “simplificándolos y abreviándolos, los modelos de formularios electorales, especialmente los de las actas de escrutinios, en tal forma que se garantice su autenticidad y con el propósito de impedir alteraciones.

Sin embargo, ninguna irregularidad relacionada con el diligenciamiento de la casilla descrita puede restar validez al formulario E-11 o a los votos depositados por los ciudadanos, porque el derecho a votar y el procedimiento establecido para ello están regulados en el Código Electoral, el cual no prevé la exigencia de la firma del votante.

En efecto, el Código Electoral reglamenta el ejercicio del derecho a votar en el título VI capítulo III del Código Electoral titulado “El proceso de las votaciones” y en el artículo 114 ibídem en particular, establece lo siguiente:

“El proceso de la votación es el siguiente: El presidente del jurado le exigirá al ciudadano la cédula de ciudadanía, la examinará, verificará su identidad y buscará el número de la cédula en la lista de sufragantes. Si figurare, le permitirá depositar el voto y registrará que el ciudadano ha votado. Este registro se efectuará de acuerdo con las instrucciones que imparta la Registraduría Nacional del Estado Civil a los jurados.

En las elecciones para presidente de la República, identificado el votante se le entregará la tarjeta o tarjetas electorales con el sello del jurado de votación en el dorso de la tarjeta .Acto seguido el elector se dirigirá al cubículo y registrará su voto en el espacio que identifique al partido o agrupación política de su preferencia, o en el lugar previsto para votar en blanco; luego doblara la tarjeta correspondiente, regresara ante el jurado de votación y la introducirá en la urna.

Ninguna persona podrá acompañar al elector en el momento de sufragar.

La razón por la cual la registraduría no puede establecer requisitos adicionales a los previstos en la ley para el ejercicio del derecho al voto es porque se lo prohíbe el artículo 84 de la Constitución en cuanto establece que “cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer... requisitos adicionales para su ejercicio”.

Como corolario de lo expuesto, cualquier reglamento de la organización electoral que establezca requisitos para votar no previstos en la ley, como la firma de los formularios E-11 por parte de los sufragantes, contraría el Código Electoral, el artículo 84 de la Constitución y el artículo 4º ibídem que establece la supremacía de la Carta sobre cualquier otra norma jurídica del ordenamiento. Por ende, la Sala no le asignará ninguna consecuencia jurídica al diligenciamiento irregular de la casilla destinada a la firma de los votantes y le negará prosperidad al cargo en estudio.

Falsedad de las actas de escrutinio de mesas ubicadas en Paraíso, Porshina, Puerto Estrella, Taguaira, Guimpesi, Bahía Honda, El Cardón y Carrizal - Corregimientos del Municipio de Uribia.

Las primeros cinco columnas del cuadro que sigue (de izquierda a derecha) describen los datos aportados por el demandante, relacionados con el número de cédula anotado en el formulario E-11, número de la mesa en que ocurrió la presunta irregularidad,  los nombres y apellidos del votante anotados en el formulario E-11, el renglón en el que figura la anotación señalada y la razón por la cual el actor considera que se configura la falsedad. En la última columna se anotó el resultado del estudio del cargo efectuado por la Sala y su consecuencia jurídica.

(...).

(NOTA: Los cuadros del numeral 2.5.2. Irregularidades denunciadas en el expediente 2007-0232”, pueden consultarse en el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta).

Del estudio de los cargos relacionados con los municipios de Uribia y Albania.

Prospera un (1) cargo relacionado con el ejercicio del voto por una persona que, según el censo, debió votar en otra mesa.

Cargos relacionados con las votaciones del municipio de Villanueva (Exp. 2007- 00233)

El demandante del proceso 2007-233 afirmó que en algunas mesas del Municipio de Villanueva votaron treinta y siete (37) personas cuyas cédulas no estaban habilitadas para votar porque no se encontraban impresas en las listas de sufragantes, formularios E-10 de las mesas que identificó, cuando debieron votar en mesas de otros municipios.

De ser ciertos los hechos serían nulos los votos de las personas señaladas por el actor puesto que de acuerdo con el artículo 76 del Código Electoral “a partir de 1988 el ciudadano solo podrá votar en el lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al censo electoral”.

Para que esta clase de acusaciones prosperen al demandante le corresponde demostrar dos extremos: primero, que las personas cuyos nombres figuran en los formularios E-11 de las mesas no tenían derecho a votar en ellas porque no figuran en el censo de la mesa, formulario E-10; y segundo, que los números de cédula frente a los cuales se anotaron están registrados en los censos electorales de otro municipio.

Para probar el primer extremo debió aportar al proceso el censo electoral del municipio de Villanueva donde consta los electores autorizados para sufragar mesa por mesa, pues sin él no es posible establecer si los nombres de los votantes anotados en los formularios E-11 corresponden o no a personas habilitadas para votar en las mesas en que lo hicieron pues es posible que sí lo estuvieran y los jurados hubieran incurrido en error al anotar en manuscrito los números de cédula que les correspondían.

El demandante no aportó copia del referido censo electoral, razón suficiente para negarle prosperidad a las acusaciones en estudio.

No obstante lo anterior, el demandado adujo en su defensa que los votantes señalados por el actor sí tenían derecho a votar en la mesa en que lo hicieron y para demostrarlo aportó copias auténticas de sus cédulas de ciudadanía(223) y de las listas de sufragantes, formularios E-10 de las mesas respectivas que, como se sabe, contienen los listados de las cédulas de quienes están habilitadas para votar en dichas mesas, pero no sus nombres.

Como adelante se demuestra al comparar los documentos anteriores, los nombres y apellidos de los titulares de dichas cédulas correspondían a los de los votantes anotados en los formularios E-11 de las mesas que identificó el demandante(224) y los números de esas cédulas estaban registrados en las listas de sufragantes, formularios E-10, de las mesas en que votaron, lo que demuestra que tenían derecho a sufragar en ellas. 

Sin embargo, la confrontación de los documentos electorales mencionados las listas de sufragantes, la lista y registro de votantes y las cédulas de los votantes ponen de manifiesto unas diferencias entre los números de cédula de los votantes (según las cédulas) y los números que fueron anotados en manuscrito por los jurados de las mesas (anotados en los formularios E-11). Para justificarlas el demandado afirmó que se trató de errores del jurado en el momento de escribirlas en forma manuscrita.

Para la Sala resulta admisible la explicación anotada. En primer lugar porque cuando un jurado escribe un número de cédula en forma manuscrita, es posible que incurra en errores como cambiar un dígito o dos al número correcto; anotarlo en forma incompleta; invertir el orden de algunos dígitos del mismo número; anotar, en vez de los dígitos correctos otros que son gráficamente semejantes (0 en vez de 6, 6 en vez de 8, etc.). Es más, en muchas ocasiones los rasgos o trazos manuscritos hacen dudar si se trata de un número o de otro, v. gr., 1 en vez de 7; etc. En segundo lugar, porque casi todas las diferencias entre los números que figuran en las cédulas de los votantes y los que anotaron los jurados en forma manuscrita frente a sus nombres en el formulario E-11 son de los tipos descritos y ello lleva a la convicción de que tuvieron origen en errores de los jurados, cuya consecuencia, en ningún caso es la declaración de la falsedad de las actas sino la falta de prosperidad de los cargos.

En el siguiente cuadro se resume el estudio del cargo efectuado por la Sala.

Las primeras cinco columnas del cuadro (de izquierda a derecha) corresponden a los datos aportados por el demandante: 1) zona, puesto y mesa en que ocurrió la presunta irregularidad; 2) casilla diligenciada del formulario E-11 donde ocurrió la irregularidad; 3) el número de cédula del votante anotado en el formulario E-11; 4) nombres y apellidos del votante anotado en el formulario E-11 y 5) la presunta irregularidad denunciada por el demandante que corresponde a una observación en la que señala el lugar donde, a su juicio, el sufragante debió votar.

Las siguientes tres columnas contienen los datos verificados por la Sala, así: 6) el número del folio del cuaderno  3 en que están anotados los datos que aporta el demandante. Debe precisarse aquí que en dicho cuaderno obran los formularios E-11 de las mesas que el demandante cuestionó y que ellos contienen los nombres y apellidos y el número de cédula descritos en la demanda; 7) el número de cédula que figura en la copia auténtica de la cédula del votante aportada al proceso por el demandado y 8) La indicación de que esa cédula está registrado en el formulario E-10 de la mesa.

Se resaltan los dígitos en que difieren los números de cédulas que erradamente anotaron los jurados (columna 3) y los números que le corresponden según las copias de las cédulas aportas al proceso.

(...).

(NOTA: Los cuadros del numeral 2.5.2. Irregularidades denunciadas en el expediente 2007-0232”, pueden consultarse en el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta).

Los datos consignados en el cuadro anterior demuestran que los votantes no son trashumantes sino personas habilitadas para votar en las mesas en que lo hicieron y que sus números de cédula fueron anotados erradamente por parte de los jurados.

Aunque podría dudarse si el último de los casos estudiados constituye un simple error del jurado dada la significativa diferencia entre el número 56055846 que corresponde a la cédula del titular aportada al proceso y el número 56078778 que está anotado en el formulario E-11, se trata de una situación que en ningún caso prueba que el demandado no tenía derecho a votar en esa mesa pues el hecho de que su cédula figure en el formulario E-10 demuestra que sí lo tenía.

Por las razones expuestas, los cargos no prosperan.

Otros cargos relacionados con el municipio de Villanueva

Por otra parte, afirmó el actor que son suplantadores los sufragantes que se describen en el siguiente cuadro (anexo 2 de la demanda del proceso 2007-233):

(...).

(NOTA: Los cuadros del numeral 2.5.2. Irregularidades denunciadas en el expediente 2007-0232”, pueden consultarse en el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta).

Como se advierte del cuadro transcrito, los sufragantes mencionados en este cargo son los mismos a que aludió el actor en el cargo anterior, en cuyo estudio se demostró que son titulares de cédulas habilitadas para votar en las mesas en que lo hicieron.

En consecuencia, no son suplantadores.

Por otra parte, el demandante del proceso 2007-00232 afirmó que las irregularidades denunciadas violan el artículo 83 de la Constitución que establece el principio de la buena fe y los 4º, 6º, 95 de la Constitución que obliga a los funcionarios públicos y a los particulares a cumplir la Constitución y la ley. Las acusaciones descritas no prosperan porque estaban sujetas a la demostración de las irregularidades señaladas y éstas no se probaron.

Finalmente, los cargos de violación de los artículos 1º y 2º de la Resolución 215 de 22 de marzo de 2007 del Consejo Nacional Electoral que establecen el procedimiento para anular la inscripción irregular de cédulas e imponen dar publicidad al acto de inscripción de ciudadanos en el censo electoral, no prosperan porque no se sustentó.

En síntesis:

Los cargos formulados de manera concreta en las demandas son 486; de ellos, hasta esta etapa se estudiaron 330 y sólo prosperó uno (1) y faltarían 156 por estudiar.

En cuanto a los votos acusados y su incidencia en la eventual nulidad, el tribunal consideró que el total de votos válidos en las elecciones cuestionadas fue de 177.434 votos, la cifra repartidora de 12.321 y el umbral de 8.056 y de allí concluyó que el número de votos denunciados como irregulares son irrelevantes para modificar el resultado de la elección en el evento de que se declaren nulos.

El argumento del tribunal sería admisible si únicamente se tratara de establecer la incidencia de los votos denunciados como falsos sobre el umbral, la cifra repartidora y la distribución de curules entre partidos y movimientos políticos que resultó de la aplicación de esta.

En efecto, en el formulario E-26 AS que se allegó al proceso en copia autenticada(226) consta que el número de votos válidos, el umbral y la cifra repartidora fueron los que señaló el tribunal y si a esas cifras les restáramos los votos cuestionados por el demandante el resultado de la elección no se modificaría. Entonces, si a los votos válidos registrados en el formulario E 26 AS  (177.434) le restamos 486 votos cuestionados obtendríamos 176.951 como nuevo registro de votos válidos; el nuevo cuociente electoral sería de 16.086,4 votos (resulta de dividir el número de votos válidos entre el número de curules por proveer) y el nuevo umbral sería de 8.043,2 votos (equivalente al 50% del cuociente electoral).

El formulario E-26 AS en estudio demuestra que todos los partidos y movimientos políticos en contienda superaron ese umbral y obtuvieron curules, así:

(...).

(NOTA: Los cuadros del numeral 2.5.2. Irregularidades denunciadas en el expediente 2007-0232”, pueden consultarse en el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta).

Es verdad que en la situación hipotética de que a cualquiera de los partidos o movimientos políticos se les restaran todos los cuatrocientos ochenta y seis (486) votos cuestionados, o parte de ellos en cualquier proporción, seguirían superando el umbral por miles de votos.

En esa misma situación hipotética la distribución de curules entre los partidos y movimientos políticos no cambiaría al dividir el número total de votos válidos de los partidos y movimientos políticos entre la nueva cifra repartidora.

Para apreciar con mayor claridad la hipótesis planteada se reproduce a continuación la aplicación de la cifra repartidora en la elección cuestionada (ver formulario E-26 AS):

(...).

(NOTA: Los cuadros del numeral 2.5.2. Irregularidades denunciadas en el expediente 2007-0232”, pueden consultarse en el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta).

A simple vista y  sin necesidad de un análisis detallado se advierte que si al total de votos válidos de cualquiera de las listas se le restara cuatrocientos ochenta y seis (486) votos, o cualquier proporción de estos, seguirían obteniendo el mismo número de curules porque las diferencias entre el total de votos de los partidos es significativamente alta y la modificación de la cifra repartidora sería mínima.

No obstante lo anterior,  como antes se dijo, es importante destacar que los apelantesno discuten la validez del argumento del tribunal según el cual la anulación de los votos cuestionados no modificaría la distribución de curules entre partidos y movimientos políticos, sino la posibilidad de que en el interior de las listas con voto preferente de los partidos y que eligieron diputados, en vez de unos candidatos puedan resultar elegidos otros.

Para calcular esa probabilidad se precisó en cada lista la votación obtenida por los candidatos que fueron elegidos y la obtenida por el candidato no elegido con mayor número de votos, y se calculó la diferencia de votos entre éste y el último de los candidatos elegidos. Si esa diferencia es menor que el número de votos acusados es evidente que si éstos fueran anulados por el sistema vigente de la afectación ponderada podrían afectar el orden de elegibilidad en la lista respectiva si se restaran al último de los candidatos elegidos pues en tal evento el candidato no elegido con mayor número de votos de la misma lista tendría más votos que este y el derecho a ser elegido. El análisis señalado es el siguiente:

Movimiento Alas Equipo Colombia - Código 101.

CandidatosVotosElegidoDiferencia con el último elegido
Karen Cerchar Castillo6.390 
Édgar Fominaya Tromp5.000 
Hilber Alonso Pinto4.781No219

 

Partido Cambio Radical - Código 190.

CandidatosVotosElegidoDiferencia con el último elegido
Jorge Miguel Magdaniel Rosado4.159 
Luis Manuel Daza Mendoza3.757No 402

 

Partido Conservador Colombiano (código 192)

Candidatos
Votos
Elegido
Diferencia con el último elegido
Rosa Elena Pacheco Ocando
4.734


Deimer Jacinto Marín Jiménez
4.746


Enrique Manuel Márquez Mengual
3.568
No
1.116

Partido Liberal Colombiano (Código 194).

Candidatos
Votos
Elegido
Diferencia con el último elegido
Jaime Rafael Daza Cuello
7.650


Bibiana Bacci García
7.271


Odilón Gerardo Velásquez González
6.056


Diego Spencer Lanao 
4.413
No
1.646

Partido Verde Opción Centro - Código 196

Candidatos
Votos
Elegido
Diferencia con el último elegido
Isabel Lucrecia López García
4.992


Enrique Luis Peñaloza
4.378


Gabriel Esteban Pinto
3.631
No
747

Polo Democrático Alternativo - Código 201

Candidatos
Votos
Elegido
Diferencia con el último elegido
Ariel de Jesús López
2.864


José Enrique De Luque
2.158
No
707

Se observa que la lista que contiene la diferencia más pequeña entre el último de los candidatos elegidos y quien no lo fue y le seguía en votos es la del Movimiento Alas Equipo Colombia. En efecto, la segunda curul del Movimiento Alas Equipo Colombia Édgar Alfonso Fominaya Tromp obtuvo 5.000 votos, y en la misma lista se inscribió Hilber Alonso Pinto Aragón quien obtuvo 4.781 votos y no fue elegido. De modo que la diferencia entre el último elegido de la lista comentada y el candidato que le siguió en votos fue de 219 votos.

Por ende, si el total de votos acusados es de 486, el tribunal no podía omitir el estudio de cada uno de los vicios que le fueron imputados a las elecciones. Por esta razón la Sala, antes de cualquier manifestación, procedió en folios 35 - 75 a verificar los hechos o irregularidades acusadas.

De suerte que, para la prosperidad de las pretensiones bastaba demostrar que el número de votos irregulares era superior a doscientos diecinueve (219), pues fue la menor diferencia entre el último de candidato elegido diputado y el no elegido en la lista del Movimiento Alas Equipo Colombia. Esto, basado en la hipótesis extrema, de que todos los votos irregulares denunciados se le pudieran imputar y anular al elegido Édgar Fominaya Tromp.

Sin embargo, en resumen, el estudio efectuado por la Sala, en los acápites anteriores, de trescientos treinta (330) cargos relacionados con votos depositados en mesas de los municipios de Uribia, Albania y Villanueva demuestra que trescientos veintinueve (329) de ellos no tienen fundamento y que sí debe prosperar uno (1) y como el total de irregularidades denunciadas en concreto por los actores eran cuatrocientos ochenta y seis (486) de los cuales se estudiaron trescientos treinta (330), quedarían pendientes de examen ciento cincuenta y seis (156) cargos. De manera que, en el supuesto de que se probara que estos fueran y se adicionara a la única irregularidad probada arrojarían ciento cincuenta y siete (157) votos falsos que, de imputarse y deducirse al elegido diputado Fominaya Trompo no modificaría el resultado de la elección porque la diferencia con Hilber Alonso Pinto ambos de la lista del Movimiento Alas Equipo Colombia, es de doscientos nueve votos (219).

Por lo anterior, como los 156 cargos pendientes de examen no tienen la  potencialidad de modificar el resultado electoral su estudio resulta innecesario.

Las razones expuestas son suficientes para confirmar la sentencia apelada en cuanto negó prosperidad a los cargos.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Reconocer al doctor Ilfred Miguel Carrillo Pérez como apoderado del demandado Gabriel Esteban Pinto Redondo, de conformidad con la sustitución del poder suscrita por la doctora Mailene Laudith Robles que obra a folio 211 del cuaderno principal.

Reconocer al doctor Carlos Mario Isaza como apoderado judicial del demandado Alfonso Fominaya Tromp en los términos del mandato que obra a folio 205 ibídem.

2. Revocar el numeral primero de la sentencia apelada que declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de las demandas de los procesos acumulados.

3. Confirmar el numeral segundo de la misma sentencia en cuanto negó las pretensiones de las demandas.

4. Una vez en firme esta providencia, remítase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(*) NOTA: Los cuadros del numeral 2.5.2. Irregularidades denunciadas en el expediente 2007-0232”, pueden consultarse en el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

(1) Discriminó los casos en que los jurados autorizaron a votar a personas que no figuraban en el formulario E-10 de la mesa o en el censo electoral del municipio, figuraban en el censo de otros municipios del departamento o de municipios de otros departamentos, o votaron con cédulas canceladas. Y eventos en que los jurados firmaron el formulario E-11 en vez de los votantes o dejaron en blanco las casillas destinadas para su firma.

(2) En sentencias proferidas por la Sección Quinta el 11 de marzo 1999, radicación 1847, el 28 de noviembre de 1995, radicación 1471 y el 11 de marzo 1999, radicación 1847 se estableció que las circunstancias descritas no impiden reconocer que la demanda sí cumplió los requisitos de citar las normas violadas y explicar el concepto de la violación previstos en el artículo 137-4 del Código Contencioso Administrativo, porque ellos se satisfacen aunque se citen erradamente normas jurídicas, no se citen las que corresponde o no resulte claro el concepto de la violación, pues la consecuencia de tales circunstancias no es la ineptitud de la demanda dado que la exigencia formal requerida se cumple—, sino la posibilidad de que las pretensiones no prosperen pues el control de legalidad a cargo del juez contencioso administrativo se limita, como consecuencia del carácter rogado de esta jurisdicción, a los hechos, las normas que se dicen violadas y al motivo de la violación alegado en la demanda que constituyen el marco de litis.

(3) Entre otras, sentencias de 7 de noviembre de 2002, expediente 2947; de 21 de junio de 2002, expediente 2874 y de 31 de mayo de 2002, expediente 2846.

(4) En el mismo sentido de la sentencia parcialmente transcrita: sentencias del 8 de julio de 1999, expediente 2285; del 7 de diciembre de 2001, expediente 2755; del 14 de diciembre de 2001, expediente 2473; del 31 de mayo de 2002, expediente 2846; del 15 de julio de 2002, expedientes acumulados 2456 y 2842; del 20 de marzo de 2003, expedientes acumulados 2468 y 2488; del 5 de mayo de 2005, expediente 3658; del 11 de noviembre de 2005, expedientes acumulados 3190 y 3190; del 15 de diciembre de 2005, expediente 3179; de ese mismo día, expedientes acumulados 3384 y 3385; del 23 de febrero de 2007, expedientes 3951 y 3982; del 4 de mayo de 2007, expedientes acumulados 3947 y 3959; y del 22 de noviembre de 2007, expediente 241.

(5) Sentencias proferidas por la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 14 de enero de 1999, expedientes 1871-1872; de 1 de julio de 1999, expediente 2234, de 10 de agosto de 2000, expediente 2400, y de 29 de junio de 2001, expediente 2477, entre otras.

(6) Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 3 de julio de dos mil tres 2003, radicación 3077. En el mismo sentido, las sentencias 2477 de 29 de junio de 2001; 2482-2456 de 21 de junio de 2001 de la misma Sección, entre otras.

(7) Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 27 de octubre de dos mil tres 2003, radicación 3678.

(8) Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 24 de marzo de 2006, expediente 3906.

(9) Sentencias proferidas por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 30 de noviembre de 2001, radicación 2719.

(10) Sentencia de la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 2 de noviembre de 2005, expediente 3876.

(11) Artículo 114 del Código Electoral. El proceso de la votación es el siguiente: el presidente del jurado le exigirá al ciudadano la cédula de ciudadanía, la examinará, verificará su identidad y buscará el número de la cédula en la lista de sufragantes. Si figurare le permitirá depositar el voto y registrará que el ciudadano ha votado. Este registro se efectuará de acuerdo con las instrucciones que imparta la Registraduría Nacional del Estado  Civil a los jurados”.

(12) Artículo 68 del Código Electoral. “Cuando se establezca una múltiple cedulación…la Registraduría Nacional del Estado Civil, cancelará la cédula o cédulas indebidamente expedidas y pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente”.

(13) Artículo 76  del Código Electoral. “A partir de 1988 el ciudadano solo podrá votar en el lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al censo electoral. Permanecerán en el censo electoral del sitio respectivo las cédulas que integraban el censo de 1988, y las que con posterioridad allí se expidan o inscriban, mientras no sean canceladas o se inscriban en otro lugar...”. Artículo 85 del Código Electoral. La Registraduría Nacional fijará el número de ciudadanos que podrán sufragar en las distintas mesas de votación. La Registraduría Nacional del Estado Civil elaborará, para  cada mesa, las listas de cédulas aptas para votar en las cabeceras municipales, corregimientos e inspecciones de policía donde funcionen mesas de votación. Si después de elaborar las listas se cancelaren o excluyeren una o más cédulas, el correspondiente registrador del estado civil o su delegado enviarán a sus respectivas mesas de votación la lista de cédula con las que no se puede sufragar.

(14) Dice el artículo 112 del Código Electoral:

“A las siete y media (7 y 1/2) de la mañana del día de las elecciones, los ciudadanos designados como jurados de votación se harán presentes en el lugar en donde éste situada la mesa y procederán a su instalación”. (negrillas fuera del texto).

(15) Sentencia C-1116 de 2003.

(16) Sentencia C-273 de 1999 entre otras.

(17) Sentencia C-551 de 2003.

(19) Fls. 225 y ss. del anexo 4.

(223)  Folios 235 y siguientes del expediente 2007-0233.

(224) Los formularios E-11 de las mesas señaladas por el actor obran en el cuaderno anexo. 3 del expediente.

(226) Folios 28 a 35 del cuaderno principal (exp. 2007-232) y 297 a 309 del expediente 2007-233.