Sentencia 2007-00232 de julio 21 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC9562-2014

Radicación: 17001-31-03-006-2007-00232-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz

Bogotá, D.C., veintiuno de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «La demanda de casación. Cargo único

Se acusa la sentencia por la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, de violación indirecta de los artículos 1776 y 1626 del Código Civil, 267 del Código de Procedimiento Civil, 624 y 877 del Código de Comercio, por falta de aplicación; y por aplicación indebida de los artículos 1627 y 1634 del Código Civil y 261 del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia de errores de hecho manifiestos cometido en la valoración de las pruebas que adelante singulariza.

En el entendido de que en el proceso se impugnan contratos celebrados por diversas personas con la sociedad demandada, la censura, con miras a la demostración del cargo, individualiza los yerros de apreciación y valoración de las pruebas respecto de cada una de ellas.

1. En relación con el demandado J.... R.............. G....... R......

El censor recuerda que para el tribunal no cabe duda de que entre I................ G........ F....... E H..... y Cía. S. en C. y J.... R............ G....... R..... existió una relación crediticia que la halló demostrada por estar incorporadas al expediente dos letras de cambio, cada una por valor de $ 200.000.000, creadas el 1º de junio de 2006 y el 1º de marzo de 2007 por la sociedad demandada, a la orden de R.......... G........ y/o L.... M....... R...., así como por la contestación de la demanda y el interrogatorio del demandado J...... R........ G........ en los cuales afirma que recibió la finca El Coral como pago de tales obligaciones. Recuerda también que el tribunal destacó las declaraciones de los testigos R…… D…… C…… C……, J…… C…… R…..…… M…….., D…… H……… G……………. L……, L……….. C………… B………. y N…… A…… H……….. R………, quienes dieron cuenta de las relaciones comerciales entre la sociedad demandada y J.... R......... G....... R......

El error de hecho del juzgador, para el censor, lo cometió en la valoración de esas pruebas así como en la valoración de las copias del proceso ejecutivo singular seguido por C........, los registros civiles de nacimiento de J.... R............. G....... R..... y R……. G……… R…., el peritazgo sobre el avalúo de los bienes, la misiva que por fax envió J.... R......... a C….., todo ello por las siguientes razones:

Primero, al haber pasado por alto que las letras de cambio las tenía en su poder quien figuraba como acreedor en la relación crediticia, de suerte que si tales letras ya habían sido pagadas no era posible que el acreedor J...... R........... las mantuviera y las aportara con la contestación de la demanda, proceder contrario a la ley pues de conformidad con los artículos 624 y 877 del Código de Comercio —que dejaron de ser aplicados por el tribunal— una vez realizado el pago los títulos deben ser entregados al deudor.

Segundo, al haber cercenado la contestación de la demanda y el interrogatorio al demandado, en cuanto acogió sin reparo alguno su versión en el sentido de que la transferencia del inmueble se hizo como pago de las mencionadas letras, porque si se hubiera percatado el sentenciador de que dichos títulos estaban en poder del acreedor J...... R........ G........, habría concluido que la obligación que el demandado pretendía demostrar no había existido.

Tercero, al haber cercenado los testimonios de las personas antes mencionadas en cuanto afirmaron la confianza que había entre estos hermanos, al punto que nada dijeron sobre la creación de títulos valores en los contratos entre los mismos y afirmaron la mala situación económica de la sociedad demandada y su gestor así como la salida de este del país.

Cuarto, al no haber tenido en cuenta el testimonio de D…… F…… B…… en cuanto afirmó que eran fiscales las deudas de R....... y que su mayor interés era preservar los bienes.

Por fuerza de tales errores, manifiesta el censor que el tribunal dejó de analizar los indicios que apuntan a que el verdadero contenido de la escritura impugnada no era más que una simulación para menguar la garantía en favor de C........, indicios que tienen que ver con la existencia de la obligación insoluta a favor de esta entidad demandante, la situación económica tanto del representante como de la sociedad, la cercanía del plazo en que se hicieron las transferencias con la exigibilidad de la obligación a favor de C........, el parentesco entre estos hermanos, así como el peritazgo, que arrojó como avalúo del inmueble la suma de $ 600.000.000.

2. En relación con el demandado C........ A........... G....... R......

Comienza el recurrente por recordar que en relación con la venta del vehículo de placas SAK-207 que la sociedad demandada hizo en favor de C........ A......G....... R....., el tribunal encontró demostrada la relación crediticia de este con la entidad demandada, con la contestación de la demanda, el interrogatorio a este demandado —en donde afirma que recibió la finca (sic) para liquidar unas ventas de café que de tiempo atrás le había hecho a la sociedad— así como con las declaraciones de R...... D....... C....... C......, J...... C....... R....... M........, D...... H.......... G…............ L......, L........ C.......... B........., N....... A....... H........... R........ y D...... F....... B.........., quienes dieron cuenta de las relaciones comerciales entre la demandada y C…. A…….. G…….. y de las ventas de café que este último le hacía a la primera.

Los errores de hecho que le endilga al sentenciador los concreta en la valoración de esas pruebas, por cuanto tuvo por demostrada con la sola declaración del demandado, que en efecto existía una relación crediticia que había sido solucionada con la dación en pago del vehículo automotor, así como al haber adicionado los testimonios de R...... D....... C....... C......, J...... C....... R............. M……......., D....... H............... G...... L......, L................. C.......... B........., N....... A....... H............ R........, en vista de que ellos no afirmaron la existencia de la citada obligación sino que señalaron genéricamente la existencia de relaciones comerciales, al paso que manifestaron esos testigos la mala situación económica de la sociedad y su representante legal así como la salida del país de este último con su núcleo familiar.

Igualmente, le enrostra al tribunal error de hecho al no haber tenido en cuenta el testimonio de D...... F....... B....... quien afirmó que eran fiscales las deudas que parecía tener R........ G........ y que el mayor interés del mismo era preservar sus bienes.

Todo ello le condujo a no darle fuerza a los indicios que apuntan a que el verdadero contenido de la supuesta venta no era más que una simulación para menguar la prenda general en perjuicio de C........, indicios que tienen que ver con la existencia de la obligación insoluta a favor de esta entidad demandante, la situación económica tanto del representante como de la sociedad, la cercanía del plazo en que se efectuaron las transferencias con respecto a la fecha en que se hizo exigible la obligación a favor de C........, el parentesco entre estos hermanos, así como el peritazgo, que arrojó como avalúo del vehículo la suma de $ 120.000.000.

3. En relación con la demandada C.... C.......... O…….... B........

Con la misma metodología, recuerda la censura que el tribunal encontró que G........ R...... F......., esposo de C…..... C......... O....... B......., tenía una relación laboral con la sociedad, conclusión a la que llegó a partir de los testimonios de F....... R........... A......., J....... R.......... G……., R...... D....... C....... C......, J...... C....... R....... M........, D...... H............. G......... L......, L………....... C.......... B......... y N....... A....... H........ R................... Para el juzgador era claro que con ocasión de dicha relación laboral y para pagar los derechos que le correspondían, la entidad A......... —que no es parte en este proceso— giró cheques a favor de G........ R.......

Indica el recurrente que el tribunal cometió error de hecho en relación con las probanzas y además con referencia al interrogatorio de parte de la demandada C....... C....... O........, la contestación que le dio a la demanda, las copias del proceso ejecutivo seguido por la demandante a la sociedad demandada, y el peritazgo sobre el avalúo de los bienes transferidos. Los concreta así:

En primer lugar, al haberle atribuido a la contestación de la demanda y el interrogatorio de parte de la demandada valor probatorio para acreditar la existencia de una obligación laboral entre el esposo de la demandada y la sociedad así mismo demandada;

En segundo término, al haber entendido que los testimonios de las personas mencionadas afirmaron la existencia de la relación laboral, pues estos apenas informaron sobre la existencia de la relación misma sin mostrar las condiciones propias de dicha obligación, su monto, exigibilidad, etcétera. En consecuencia si no está demostrada la relación laboral, no pudo mediar la dación en pago afirmada y el tribunal debió haber analizado los indicios que apuntan a que el verdadero móvil era eludir los efectos de la existencia de la obligación insoluta a favor de esta entidad demandante, la situación económica tanto del representante como de la sociedad, la cercanía del plazo en que se hicieron las transferencias respecto a la fecha en que se hizo exigible la obligación a favor de C........, el precio por el cual se dio el inmueble que de acuerdo con el peritazgo, era de $ 150.000.000.

Como en los ataques anteriores, en este también indica que el juzgador cometió error de hecho por no haber tenido en cuenta el testimonio de D...... F....... B....... en cuanto afirmó que eran fiscales las deudas de R....... y que su mayor interés era preservar sus bienes.

En relación con el demandado R……. D…… R….. F……..

La censura comienza por establecer que el tribunal encontró demostrada la relación crediticia de la sociedad demandada con este, a partir de dos letras de cambio, cada una por valor de $ 40.000.000, creadas el 17 de marzo de 2007, ambas por la sociedad antes mencionada a la orden de R.......... G........ y/o L.... M....... R.... (sic, fl. 29, cdno. Corte), la contestación de la demanda y el interrogatorio al demandado, cuando afirmó que recibió el vehículo como pago de tales obligaciones, así como de las declaraciones de los testigos R...... D....... C....... C......, J...... C……....... R....... M........, D...... H........... G………......... L......, L............. C....... B............. y N............ A....... H........ R.........

El error de hecho lo focaliza la censura en que el sentenciador pasó por alto que las letras de cambio las aportaba quien figuraba como acreedor en la relación crediticia, misma que habiendo sido pagada en virtud de la dación en pago que el tribunal encontró acreditada, daba lugar a que tales títulos no estuvieran en su poder, de cara a lo previsto en los artículos 624 y 877 del Código de Comercio.

Así mismo, asevera que si el juzgador, al valorar el interrogatorio del demandado R….. F….., lo hubiera hecho teniendo de presente que las letras de cambio estaban aún en su poder, hubiera concluido que la obligación que el demandado pretendía demostrar no había existido. Por esta vía, habiendo quedado claro que no existía entonces la dación en pago, hubiera podido analizar y darles el mérito de corresponden a los demás indicios que a lo largo del cargo ha venido reiterando la censura.

4. En relación con el demandado H........ J...... C.............

Recuerda que para el tribunal, este demandado tenía una relación laboral y un crédito a cargo de I............ G........ F....... E H..... y Cía. S. en C., conclusión a la que llegó con base en los testimonios de Juan Carlos López López, Gustavo Durango Mejía, Diego Hernández Flores Buriticá, restándole fuerza probatoria a los demás indicios.

La censura establece que el tribunal incurrió en error de hecho en la valoración de la contestación de la demanda, el interrogatorio de parte del demandado, los testimonios de las personas antes mencionadas, la copia del proceso ejecutivo seguido por C.......... contra la sociedad demandada, el peritazgo sobre el avalúo de los bienes transferidos. Y ello por cuanto resulta ilógico que, de cara a los títulos valores allegados al proceso, creados por una sociedad que no fue demandada y no es parte en este proceso, haya llegado el juzgador a la conclusión de que estaba probada la relación crediticia laboral a cargo de la sociedad I.................. G........ F....... E H....... y Cía. S. en C. y a favor del demandado H........ J......C........... . E incurre también en error de hecho al poner en boca de los testigos que hubiesen ellos manifestado que existiera una obligación de carácter laboral, cuando apenas informaron sobre la existencia de la relación misma, pero en parte alguna mostraron las condiciones propias de dicha deuda, su monto, su exigibilidad, su monto, etcétera.

Así mismo, en este embate también indica que el tribunal cometió error de hecho por no haber tenido en cuenta el testimonio de D...... F....... B....... en cuanto afirmó que eran fiscales las deudas de R....... y que su mayor interés era preservar sus bienes

Consideraciones

1. Debe dejarse establecido, desde el comienzo, que de la comparación del cargo con la sentencia aflora que buena parte de los argumentos que el tribunal adujo para desestimar algunos hechos indicadores que desde el escrito genitor del proceso se adujeron como indicios de simulación absoluta, no recibieron ataque alguno, como tampoco hubo un esfuerzo para controvertir algunas otras conclusiones que ese juzgador plasmó en su fallo. En efecto, la corporación desestimó:

a) Que las ventas se hayan hecho “en bloque”;

b) Que el simple hecho de que la sociedad demandada fuese deudora de la demandante por la época en que aquella llevó a cabo los contratos pretensamente simulados no constituía móvil para la simulación, pues era del giro ordinario de los negocios de la sociedad y de su gestor tomar grandes sumas de dinero en préstamo que luego cancelaba;

c) Que si bien los vínculos de parentesco entre las partes implicadas en las negociaciones impugnadas podían constituir un indicio importante, en el caso sub examine quedó demostrado que entre estos contratantes se llevaban a cabo, de tiempo atrás, intensas relaciones comerciales, de modo que más pesó este hecho que los lazos familiares, para efectos de la conclusión de esos negocios;

d) Que en cuanto a los precios de las enajenaciones, es constante o costumbre, al menos en tratándose de inmuebles, que se incluya como tal el avalúo catastral.

e) Que la salida intempestiva de gestor y su familia no es un indicio suficiente de simulación, por cuanto lo usual en tratándose de negocios ficticios es que quien se despoja del dominio retenga la posesión.

f) Que para efectos de la simulación y de acuerdo con las circunstancias que rodean el caso, antes de tener por personas de confianza a los dependientes de la demandada, ellos también demandados, debe concluirse lo contrario, esto es que no eran de fiar, pues iban a quedar sin trabajo ante la inminente terminación de actividades de I............ G........ F....... E H..... y Cía. S. en C. y ante la salida intempestiva del país de sus socios, y en particular del gestor.

g) que no es indicio de simulación absoluta el que no se hubiese hecho constar que las enajenaciones se hacían a título de dación en pago, pues de todos modos estaban presentes en el contrato adoptado —el de compraventa—, los elementos esenciales de este, solo que el precio pudo ser en todo o en parte, el valor adeudado.

h) Que tampoco es indicio la ausencia de actas en las que consten las autorizaciones al representante legal de I............ G........ F....... E H…...... y Cía. S. en C. para efectuar las enajenaciones de los activos fijos de la compañía, pues dado su carácter de socio gestor no las requería.

i) Que la demandante no probó el indicio consistente en que los adquirentes solo retiraron los camiones presuntamente comprados tiempo después de adquiridos.

j) que como demostración de la realidad de la deuda a favor de H........ J......C........... , pagada por la sociedad demandada con la dación de un camión, está el hecho de que el adquirente lo enajenó once días después de haberlo recibido, demostrado tanto con el certificado de tradición del automotor como con varias declaraciones, en especial, la de D…… H……. F…… B……….

Así mismo, el ad quem no entró a estudiar las pretensiones subsidiarias de la demanda en vista de que no encontró un cuadro fáctico plasmado en dicho libelo como causa petendi.

Comoquiera que la sentencia impugnada arriba a la Corte amparada por la presunción de acierto y legalidad, corresponde al casacionista derruir los fundamentos en que el fallo se sostiene, sin que la Corte pueda oficiosamente complementar las acusaciones, a resultas de lo cual, no combatidos los que se han dejado dichos, deben mantenerse las conclusiones que sobre estos aspectos plasmó el sentenciador en su fallo, reduciéndose la tarea de la Corte, por consiguiente, a verificar si en verdad, como lo afirma la demanda de casación, la simulación absoluta —pretensión principal— a pesar de haber quedado demostrada fehacientemente, el tribunal no la declaró como consecuencia de los yerros fácticos que la censura se encarga de encajar en relación con cada uno de los negocios impugnados, y en lo tocante con los indicios restantes. En otras palabras, a pesar de quedar constatado que el impugnante no fustigó algunas conclusiones con las cuales el tribunal desestimó como indicios varios de los que la demanda enarbolaba como conducentes a la prueba de la simulación, y por lo mismo, han de mantenerse, ello no vuelve el cargo incompleto ni exonera a la Corte de estudiar los demás indicios, en el entendido de que ellos, en teoría, pueden acreditar en forma evidente y unívoca la pretendida simulación.

2. Dicho lo anterior, parece conveniente dejar establecidas previamente algunas directrices generales que en el escenario del recurso de casación son de obligatoria observancia.

2.1. En primer lugar, la discreta autonomía que a los juzgadores de instancia ha reconocido la Corte en la apreciación de las pruebas, connatural al oficio de juzgar y fuertemente enraizada al sistema de persuasión racional y sana crítica que impera en nuestro ordenamiento civil, junto a la naturaleza extraordinaria y dispositiva del recurso de casación, han conducido a que los errores probatorios de hecho denunciables en este recurso deban ser manifiestos o evidentes. No cualquier ensayo crítico que a la Corte se le proponga logra entonces el quiebre del fallo impugnado.

En efecto, puede aseverarse que ese aniquilamiento de la sentencia se obtiene, por la vía del error facti in judicando, cuando la conclusión que en el terreno de las pruebas propone el recurrente sea la única posible, sin que para ello haya sido menester acudir a una crítica más o menos elucubrada o que esa conclusión se haya obtenido como fruto de un esforzado razonamiento, pues tal proceder, de suyo excluye la evidencia del yerro. No vale acá el contraste de criterios, ni el examen de la cuestión litigiosa con mayor perspicacia que la que refleja la sentencia, ni por supuesto la mera afirmación contraria a la sostenida por el tribunal, pues el recurso de casación no es una instancia más del juicio, y el fallo recurrido sube a la Corte amparado por la presunción de acierto y legalidad.

La mentada discreta autonomía del fallador de instancia, valga decirlo de una vez, aplicada a la prueba de indicios —que se enseñorea en los procesos sobre simulación por su pertinencia para buscar la intención común y oculta de los contratantes—, sube de punto por múltiples razones, pues no solo debe concluir que el hecho (indicador) del cual se desprende el que se busca probar (indicado) esté acreditado en el proceso, sino que razonablemente conduzca en forma más o menos unívoca, por su conjunción, concordancia y convergencia con otros más de similar estirpe, a tener por establecido el hecho que pretende probarse, el inferido. Se trata de un razonamiento crítico y lógico de elevada complejidad, en el que tienen juego las reglas de la experiencia, el sentido común, el enlazamiento de unos hechos con otros, la ponderación de la gravedad de unos, la contingencia de otros, la explicación de unos solo en tanto se les relaciona con los demás, en fin, tantas variables que hacen de la prueba de indicios una de las que la Corte haya recalcado que, por regla general, su debate queda cerrado en las instancias, de modo

“que la crítica en casación se reduce a determinar si por error evidente de hecho o por error de derecho estuvieron admitidos como probados o como no probados los hechos indicativos; si todas las conjeturas dependen exclusivamente de un indicio no necesario; y si la pruebas por indicios es o no de recibo en el asunto debatido. Pero en lo que atañe a la gravedad, precisión, concordancia y nexo de los indicios con el hecho que se averigua, el sentenciador está llamado por ley a formar su íntima convicción, que prevalece mientras no se demuestre en el recurso que contraría los dictados del sentido común o desconoce el cumplimiento de elementales leyes de la naturaleza” (G.J. T. LXXXVIII, Nº 2198, págs. 176 y 177).

En otras palabras, y en las de la misma Corte, a ella

... no le es dado variar lo que los tribunales superiores hayan hecho en el fallo de segunda instancia, porque la ley defiere a la convicción del sentenciador, dejando por lo mismo a su inteligencia y conciencia un campo que la Corte no puede invadir, salvo los casos de excepción, como son el de que se afirme estar probado un hecho, sin estarlo, y de ahí se deduzca cierta conjetura, o el de que, estando probado un hecho, se deja de deducir cierta obligada consecuencia, cual si lo estuviese, o el de que de tal o cual indicio o conjunto de indicios se deducen consecuencias que lógicamente no cabe deducir, por faltar entre estos y aquellos el obligado vínculo de causalidad (G.J. t. LVI, págs. 252 y 253) .

2.2. En segundo lugar, y avanzando un poco más en punto de la contraposición de criterios entre el tribunal y el censor, se anticipó que ello no es suficiente con miras al quiebre del fallo, pues si de yerro probatorio de hecho se trata, el recurrente debe demostrarlo, lo que pone de presente, primero, la necesidad de determinar la prueba —y en algunos casos hasta aquellos aspectos puntuales de la prueba— sobre la cual recae la falencia que le atribuye al tribunal, de suerte que mediante una comparación entre lo que este dedujo y lo que esa prueba con evidencia demuestra fluya el desacierto y por ende quede demostrado el yerro.

Es la primera parte del último inciso del artículo 373 del Código de Procedimiento Civil la que ordena que se demuestre el error de hecho sobre determinada prueba. Y si ese error es de desfiguración del medio, es decir, si al tribunal se lo acusa de haberlo apreciado pero en forma tal que recortó o cercenó su alcance o incluyó agregados que terminaron distorsionándolo, para lograr esa demostración debe partirse de la precisa determinación de la prueba sobre la cual recae esa acusación y a continuación demostrarla, lo que supone, se repite, una comparación entre lo que la prueba evidencia y lo que de ella dedujo el tribunal, a fin de que aflore, sin mayores esfuerzos dialécticos además, el error achacado.

Por lo demás, no solo ello basta, pues el recurrente debe a continuación explicar la trascendencia de esa falencia en la decisión adoptada por el juzgador y de allí pasar a explicar la violación de la norma sustancial que enuncia como infringida por aquel.

2.3. En tercer lugar, en orden a cumplir con el cometido de presentar a la Corte una fundamentación precisa, según exigencia del precepto mencionado, ha doctrinado esta corporación que la demanda debe apuntar en esencia a las razones o fundamentos del fallo impugnado, sin desfigurar lo que el sentenciador argumentó o dijo, de suerte que exista una coherencia o congruencia lógica y jurídica entre la demanda de casación y la sentencia del ad quem, “pues no de otra manera puede llegarse a desvirtuar la presunción de legalidad y acierto con que llega amparada la sentencia recurrida” (S.C. 14 jul. 14/98, Exp. 4724).

3. De cara a las anteriores enseñanzas, que recogen la uniforme directriz de la Corte en el punto, resulta ostensible la frecuencia con la que el censor lanza acusaciones o ataques referidos a determinadas pruebas, pero sin demostración alguna; esto es, se puede constatar que el recurrente precisa la prueba, arguye que el tribunal la cercenó o no la valoró y seguidamente deja a mitad de camino su acusación, sin avanzar más, esto es, sin indicar en dónde radicó la tergiversación del juzgador, y cómo la misma le condujo a no evidenciar la inferencia que de esa prueba se extrae en procura de la demostración de la simulación.

3.1. Así pasa con las contestaciones de la demanda y los interrogatorios practicados a los demandados J.... R......... G....... R..... (asevera que el tribunal las cercenó “en cuanto este afirmó que la obligación crediticia que cada una de las letras de cambio incorporaba había sido solucionada casi un año antes de su aporte al proceso con la transferencia mediante la escritura”, fl. 21, cdno. Corte), C........ A......G....... R..... (también afirma que el tribunal las cercenó, “en cuanto este afirmó la existencia de la relación crediticia por causa de las ventas de café que le hacía a la sociedad y que había sido solucionada con la dación en pago a él del vehículo automotor”, fl. 25) y R……. D…… R….. F……. (ídem, fl. 29), en relación con los cuales no se precisa ni destaca qué fue lo que cercenó el tribunal, esto es, qué fue lo que recortó de las contestaciones e interrogatorios de parte, que de haber apreciado a cabalidad hubiese arrojado como consecuencia una conclusión distinta.

Pero además de cercenamiento de estos medios, el recurrente se duele de que el tribunal le haya otorgado eficacia probatoria al solo dicho de los demandados. Y cierto es que la Corte ha sido enfática en señalar que

“como lo enseñan elementales nociones de derecho probatorio, jamás la expresiones notoriamente interesadas de la misma parte pueden favorecerla, pues, en esencia, este medio de prueba únicamente ha de ponderarse por el fallador en cuanto contenga una verdadera confesión, o sea, solo cuando aparezcan manifestaciones que lleguen a producir consecuencias desfavorables a quien las hace, —contra se—, de la manera pregonada por el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil” (S.C. 039-2003).

Pero también lo es que cuando desacierta el juzgador por asignarle eficacia probatoria a un medio al cual la ley no se la otorga, comete error de derecho y no de hecho. Tal acontecería cuando el tribunal, amparado solo en el dicho proveniente de la parte y que solo a ella favorece le asigna total credibilidad. Mas, en este caso ello no aconteció, pues la ilación del tribunal y que en la sentencia se ve reflejada en los testimonios y esas declaraciones, permiten, sin asomo de duda, concluir que no fue la sola declaración del demandado lo que tuvo en cuenta el juzgador, dado que tomó en consideración las relaciones comerciales y laborales entre los demandados y el gestor o la sociedad demandada —las que tuvo por demostradas con los testimonios—, a resultas de lo cual, por esa vía, ratificó el dicho de los demandados.

3.2. Pasa también con las declaraciones de renta (fls. 25 y 27) por cuanto le atribuye al juzgador colegiado haber tenido por probada, con tales documentos, la capacidad económica de C……. A……… G…….. y C…..... C......... O....... B......., así como con los registros civiles de nacimiento de J...... R........ y R........ G.......... (fl. 21, cdno. Corte), pruebas sobre las cuales nada se dice distinto de su mera enunciación, quedando por ende sin demostración ese embate.

3.3. Y acontece la misma falencia con el testimonio de D…. (o D…..) F….., sobre el cual enrostra la censura un yerro fáctico consistente en no considerar que las deudas de R........ G........ —el gestor de la sociedad demandada— eran fiscales y que estaba interesado en preservar sus bienes. Y eso es todo. No dice la censura cómo del dicho de este testigo se desprende una inferencia que el tribunal no tuvo en cuenta, cualquiera que ella sea. No hay desarrollo alguno que demuestre el yerro. Porque de la sola afirmación de que R........ G........ quería conservar los bienes no se desprende que ello haya conducido a que como gestor de una sociedad fraguase las simulaciones.

Pero, puesta la Corte en la tarea de verificar lo que este testigo dice, encuentra que afirma ser asesor tributario de la sociedad demandada y del gestor, y manifiesta que no sabe de deudas de la sociedad para efectos tributarios (fl. 17, cdno. 5), pero tampoco sabe de deudas del gestor, que la sociedad demandada se constituyó para proteger el patrimonio de familia y que a su entender las deudas que adquiría R....... eran a título personal. Su dicho, un tanto contradictorio, tanto vale para desconocer las deudas que se dice existían a favor de los adquirentes demandados como para hacer otro tanto con la aducida por la actora como fuente de su interés en demandar la simulación. De modo que aun aisladamente considerada, esto es, sin conexión con el “sobrendeudamiento” de I……………. G……… F…… e H…… y Cía. S., punto en la que tanto la actora como el tribunal concuerdan, esta declaración no aporta un elemento indicador que conduzca a una inferencia válida de simulación. En consecuencia, así el tribunal no haya explicitado consideraciones sobre este testimonio, dicha omisión no refleja un yerro fáctico ni menos con el carácter de evidente que, además, trascienda al sentido de la decisión.

4. De otra parte, sobresale la insistente posición del recurrente en torno al hecho de que los acreedores de la sociedad demandada, también ellos demandados, hubiesen aportado títulos valores contentivos de las deudas que hubieron de ser saldadas con las enajenaciones que la sociedad hizo en su favor. Para el censor, esto demuestra que no existió ninguna deuda pagada con las transferencias por cuanto los acreedores aun mantenían en su poder los títulos valores. Sin embargo, para el tribunal, la presencia en los autos de estos títulos, bien por el contrario, acredita la existencia de la obligación.

Se tiene entonces que frente a un hecho concreto y demostrado consistente en el aporte al proceso de títulos valores a favor de los demandados dos inferencias se han producido, contradictorias ellas: la del tribunal y la del censor. Y, por supuesto, puesta la Corte en la tarea de elegir cuál de las dos es la más consonante con la realidad histórica que pretende el proceso esclarecer, ha de recordar, en complemento a lo ya dicho, que el recurso de casación no es tercera instancia ni tiene por objeto la exhaustiva revisión del caso, de suerte que, en materia de yerros fácticos, la evidencia de la falencia es la guía que ha de marcar el éxito de la censura. Y en este punto, nada de ello acontece.

En efecto, debe reseñarse que el recurrente parte de una hipótesis que apoya en la lectura de los artículos 624 y 877 del Código de Comercio, que ordenan, el primero, que el título sea entregado a quien lo pague totalmente, y el segundo, que el deudor puede exigir, a más del título, un recibo de pago. Pero el incumplimiento de estos deberes no vuelve inexistente la deuda que en ellos se incorpora. En otras palabras, al paso que unos títulos valores crediticios demuestran, o si se quiere, pueden demostrar razonablemente la existencia de una deuda, que es la que está incorporada al efecto negocial, la retención de los títulos por parte del acreedor demostraría, en primera medida, si acaso, su incumplimiento al mandato de los preceptos mencionados y el descuido del deudor, pero no necesariamente la inexistencia de la obligación.

5. En cuanto al yerro de apreciación del peritazgo practicado en el proceso en punto de los valores comerciales de los bienes enajenados, debe señalarse que tampoco se esfuerza el censor en demostrarlo, pues simplemente enuncia que sobre esa prueba el tribunal cometió yerro fáctico, pero no comparó lo que la prueba evidencia y lo que el tribunal sobre el punto afirmó, aspecto este además, que quedó por fuera de ataque, pues, recuérdese que la corporación, al menos en lo referente a los inmuebles, manifestó que era “una constante o una costumbre que el precio declarado en la compraventa de inmuebles, es el avalúo catastral”, y ningún reproche mereció esta afirmación con la cual el sentenciador desechó el indicio que a partir de ahí buscaba demostrar la demandante.

6. En relación con los testimonios, recuérdese que el tribunal utiliza este medio de persuasión para deducir de ellos la intensa relación comercial y laboral de los demandados con la empresa asimismo demandada. Y de allí afirma que “gana solidez” la realidad de las deudas que los adquirentes adujeron como fuente del pago que por conducto de las transferencias se les hizo, deducción que a su vez ligó, para convencerse de la realidad de las enajenaciones a título de daciones en pago, con los títulos valores aportados para demostrar la causa de las daciones, así: a) a C.... C......... O....... B......., esposa de G........... R...... F....... a quien A......... le había girado dos cheques; b) a R........ D...... R....... a quien la sociedad demandada giró dos letras; c) a R.......... G........ a quien la comanditaria demandada le había girado dos letras. Y ya se vio que la presencia en el proceso de estos efectos de comercio en manera alguna podría demostrar la inexistencia del derecho que en ellos se incorpora.

Y, en lo tocante con las obligaciones y subsecuentes daciones a favor de C........ A......G....... R..... y H........ J........ C........... , a la prueba de las relaciones comerciales —el primero— y laborales —el segundo— que tenían con la sociedad comanditaria y su gestor, constató el tribunal que el camión recibido en pago de las deudas, había sido incinerado por la guerrilla y, no obstante, decidió tomarlo, lo que corroboró P……. S…….., empleada de la demandante. En lo tocante a la enajenación en favor de H........ J......C........... , recuérdese que quedó sin ataque el indicio de realidad del negocio que el tribunal dedujo del acto dispositivo que este demandado hizo poco tiempo después de haber recibido el automotor.

En suma, sustentos del fallo libres de ataque, yerros solo enunciados, equivocación en el tipo de error denunciado y hechos indicadores sobre los cuales entiende la censura que pueden dar lugar a la demostración fehaciente de indicios de simulación que simplemente se enfrentan a la visión antagónica que de ellos adoptó el tribunal, impiden que el cargo se abra paso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 5 de julio de 2011 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro del proceso de C……………. C………. de C…………, C........, frente I………….. G…….. F…….. e H…… y C………… S. en C., R.......... G...... R...... , C........ A.............. G....... R....., R……. D…… R….. F……., C.... C......... O....... B....... y H........ J......C........... .

Costas a cargo de la recurrente. Para su liquidación la secretaría deberá tener en cuenta agencias en derecho por valor de XXXX, en vista de que el recurso no fue replicado.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese».