Sentencia 2007-00238 de febrero 22 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 080012331000200700238-01 (acumulado) 080013331006200700249-01

Demandante: Compañía Agrícola de Seguros S.A. y otro

Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Asunto: Fallo de segunda instancia nulidad y restablecimiento del derecho

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio

Bogotá D.C., veintidós de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Descongestión 357 de 5 de diciembre de 2017, así como en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, la Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de Suramericana de Seguros, contra la sentencia del 19 de agosto de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

2. Problema jurídico.

Le corresponde a esta Sección resolver, en los precisos términos expuestos en el recurso de apelación, si acertó el Tribunal Administrativo del Atlántico al negar la nulidad de los actos administrativos demandados o si, por el contrario, se debe acceder a las pretensiones de la demanda.

3. El caso concreto.

Del contenido de las demandas, las contestaciones, alegatos de conclusión, pruebas y el recurso de apelación, la Sala estima que la sentencia de primera instancia se debe confirmar, en la medida que el recurrente pretende mezclar procedimientos distintos, tal y como se explica a continuación:

3.1. Primer procedimiento.

Cargo Express Ltda., de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal(28), expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, tiene dentro de su amplio objeto social, las siguientes actividades: (i) “La importación y transporte por tráfico postal de envíos de correspondencia tales como cartas, tarjetas postales, impresos, inclusive las impresiones en relieve para uso de ciegos y los envíos fonopostales” y, (ii) “Servicio de mensajería especializada a nivel nacional y en conexión con el exterior; además del recibo de carga y paquetes del exterior para ser entregados en el territorio nacional”.

En materia aduanera, en referencia a las citadas actividades, el Decreto 2685 de 28 de diciembre de 1999, antes de ser modificado por el Decreto 390 de 2016, enlistaba en el artículo 496 las infracciones aduaneras en que podían incurrir los intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes.

En concreto, el artículo 496 del Decreto 2685 de 1999, en este particular aspecto, establecía:

“ART. 496.—Infracciones aduaneras de los intermediarios de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes y sanciones aplicables. Las infracciones aduaneras en que pueden incurrir los intermediarios de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes y las sanciones asociadas a su comisión son las siguientes:

(…)

3.1. No cancelar en la forma y oportunidad prevista en las normas aduaneras, en los bancos o entidades financieras autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los tributos aduaneros correspondientes a los paquetes postales y envíos urgentes entregados a los destinatarios.

3.2. No presentar en la oportunidad y forma previstas en las normas aduaneras la declaración consolidada de pagos.

En la misma norma se determinó cuál sería la multa a imponer a los intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes, transgresores del régimen aduanero en esa materia, siete salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada infracción.

El artículo, señala:

“(…)

La sanción aplicable será de multa equivalente a siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada infracción”. (Negrita no es original del texto).

Con fundamento en esta norma, los jefes de la división de servicios de aduanas y de la división de servicio al comercio exterior, de la Administración de Aduanas Nacionales de Barranquilla, emitieron los oficios que a continuación se relacionan:

8002068-CD-000017 del 5 de enero de 2006: 8002068-CD-000351 del 20 de abril de 2006; 800-CD-000260 del 28 de marzo de 2006; 8002068-CD-00107 del 7 de febrero de 2006; 8002068-CD-00261 de 28 de marzo de 2006; 8002068-CD-00108 del 9 de febrero de 2006; 8002068-CD-00108 del 9 de febrero de 2006; 8002068-CD000505 del 7 de junio de 2006; 8002068-CD-00013 del 2 de enero de 2006; 8002068-CD-000014 de 2 de enero de 2006 y 8002068CD-000018 de 15 de enero de 2006.

Mediante los citados oficios, se informó a la división de fiscalización aduanera que la empresa Cargo Express Ltda., no presentó la liquidación consolidada de pagos de tributos de varias quincenas, con lo cual había infringido los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 496 del Decreto 2685 de 1999, atrás transcritos.

Surtida la investigación pertinente, la división de fiscalización aduanera remitió al grupo de determinación de sanciones de la división de liquidación aduanera, las actuaciones administrativas, en las que propuso sancionar con multa a Cargo Express “…de conformidad con lo estipulado en el artículo 496 numerales. 3.1 y 3.2 del Decreto 2685 de 1999”.

Por lo anterior, el jefe del grupo de determinación de sanciones de la división de liquidación aduanera, mediante las Resoluciones 2221 del 19 de septiembre de 2006(29); 2220 del 19 de septiembre de 2006(30); 1702 del 24 de julio de 2006(31); 1475 del 23 de junio de 2006(32); 1243 del 30 de mayo de 2006(33); 1244 del 30 de mayo de 2006(34); 2272 del 25 de septiembre de 2006(35); 2271 del 25 de septiembre de 2006(36); 2223 del 19 de septiembre de 2006(37) y 2222 del 19 de septiembre de 2006(38), sancionó con multa repetidamente a Cargo Express.

Nótese que en esta actuación, la autoridad demandada consideró que “…Cargo Express Ltda., incurrió en la infracción señalada en los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 496 del Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 43 del Decreto 1232 de 2001, teniendo en cuenta que no presentó en la oportunidad y forma previstas en las normas aduaneras la declaración consolidada de pagos y en consideración a que la sociedad investigada no dio respuesta al requerimiento especial aduanero (…) desaprovechando de esta manera la oportunidad para asumir su derecho a la defensa”, por ello “En virtud de la comisión de la infracción, la norma establece como sanción una multa equivalente a siete (7) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada infracción”. (Negrita no es original del texto).

Así, en el primer procedimiento, las multas impuestas a Cargo Express tuvieron origen en que la sociedad no presentó en la oportunidad de ley el pago de los tributos correspondientes a las quincenas: 1ª de diciembre/2004, 2ª de marzo/2005, 2ª de abril/2005, 1ª de mayo/2005, 1ª de junio/2005, 2ª de junio/2005, 1ª de julio /2005, 2ª de agosto/2005, 1ª de octubre/2005, 2ª de octubre/2005, 1ª de noviembre/2005, 2ª de noviembre/2005, y 1ª de diciembre/2005.

Conforme al recuento hasta aquí realizado, se advierte que el procedimiento que adelantó la Administración de Aduanas Nacionales de Barranquilla, no tenía por objeto lograr el recaudo de los tributos (arancel/IVA) que dejó de pagar Cargo Express, sino que se limitó a imponer a la sociedad las sanciones derivadas por haber incumplido la obligación de realizar el pago, situaciones que para la Sala difieren una de la otra.

Tanto es así que dentro de los actos administrativos sancionatorios, se indicó que “Teniendo en cuenta que dentro de la investigación no reposa prueba o documento alguno que demuestre que la Sociedad Cargo Express Ltda. identificada con NIT 800.220.553, haya efectuado el pago de los tributos dejados de cancelar, este despacho considera procedente remitir copia de los antecedentes de la presente investigación a la división de fiscalización, con el fin de que esta división adelante el proceso de liquidación de los tributos correspondientes”. (Negrita no es original del texto).

Lo que dispuso la DIAN tiene lógica pues, se reitera, el primer trámite que adelantó tenía por finalidad imponer sanción de multa por la infracción de los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 496 del Decreto 2685 de 1999, y no liquidar y obtener el pago de los tributos que dejó de percibir por culpa de Cargo Express.

3.2. Segundo procedimiento.

En consecuencia, con ocasión de la remisión de copias aludida en el acápite precedente, el 11 de agosto de 2006 se reunió el Comité Técnico Nº 16(39), conformado por el administrador de aduanas local de Barranquilla; el jefe del grupo interno de trabajo, importaciones de la división del servicio de aduanas; el jefe de la división jurídica aduanera; el jefe de la división de fiscalización de aduanas; el jefe del grupo de determinación de sanciones; el jefe del grupo de secretaría de la división de fiscalización aduanera y, una funcionaria de la división de fiscalización aduanera.

El comité tenía por objeto “Definir el procedimiento para el cobro de los tributos dejados de pagar por la empresa Cargo Express, intermediario de tráfico postal”, en atención a que “…en la actual legislación no existe un procedimiento establecido para el cobro de los tributos dejados de pagar”.

Así, en el comité “…se concluyó de manera unánime que la división de servicio de aduanas deb[ía] proceder a requerir al representante de la empresa de Tráfico Postal Cargo Express para que cancele las quincenas (…) con su respectivo IVA y los intereses moratorios que se hayan causado a la fecha de pago. En caso que no se obtenga respuesta por parte del contribuyente, se dará traslado de toda la documentación a la división de liquidación para que esta proceda a hacer efectiva la póliza de cumplimiento”.

Fue por lo anterior que el 20 de septiembre de 2006, la división de servicio al comercio exterior de la Administración Local de Aduanas Nacionales de Barranquilla, expidió un requerimiento denominado: “Ordinario de información por incumplimiento de obligación aduanera”(40), en el que puntualmente, dispuso:

“Que el intermediario de la modalidad tráfico postal Cargo Express Limitada debe a la Nación por concepto de tributos aduaneros de las quincenas de los meses que se indican a continuación:

Quincena/mes Vr. arancel Vr. IVA Vr. Arancel + IVA
1º diciembre/2004 $ 15.278.436 $ 26.890.046 $ 42.168.582
2 marzo/2005$ 19.969.826$ 35.166.623$ 55.135.449
2 abril/2005$ 7.436.408$ 13.598.399$ 21.034.806
1º mayo/2005$ 8.404.946$ 16.448.348$ 24.853.293
1º junio/2005$ 8.996.553$ 16.422.531$ 25.419.084
2 junio/2005$ 7.011.986$ 12.497.742$ 19.509.727
1º julio/2005$ 10.093.658$ 18.601.112$ 28.694.770
2 agosto/2005$ 10.510.449$ 19.847.189$ 30.357.638
1º octubre/2005$ 6.999.723$ 12.504.567$ 19.504.290
2º octubre/2005$ 6.981.712$ 12.489.289$ 19.471.000
1º noviembre/2005$ 7.553.672$ 13.806.914$ 21.360.586
2º noviembre/2005$ 9.941.177$ 18.600.205$ 28.541.381
1º diciembre/2005$ 6.390.473$ 16.402.753$ 22.793.082
  Total$ 358.843.688

En la fecha de efectuar su pago se deberá cancelar los intereses moratorios causados. De no cancelar las obligaciones o demostrar su pago, la división de servicio al comercio exterior enviará a la división de liquidación de aduanas los documentos soportes para la efectividad de la garantía.

La anterior información debe ser enviada dentro del término de diez (10) días siguientes al recibo de esta notificación de conformidad con lo expuesto en el artículo 475 del Decreto 2685 de 1999…”.

Por tanto, como Cargo Express Ltda. no acreditó el pago de los tributos, la división de liquidación de Barranquilla, con sustento en el artículo 530 de la Resolución 4240 de 2000, mediante la Resolución 2620 de 2 de noviembre de 2006, resolvió:

“ART. 1º—Declarar el incumplimiento de la obligación adquirida por la Sociedad Cargo Express Ltda., identificada con NIT 800.220.553-7, con ocasión del no pago de los tributos aduaneros (arancel e IVA) correspondiente a las quincenas (…), tal como se indica en el cuadro Nº 2 de este acto administrativo y de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia (sic).

“ART. 2º—Ordenar hacer efectiva la póliza de seguros de cumplimiento de disposiciones legales No. 2507000084601 certificado de modificación Nº 2-2 del 1806-2003 y Nº 3-0 del 30-07-03 vigencia desde el 30-11-03 hasta 28-02-2005 de la compañía Agrícola de Seguros S.A., por valor de TRECIENTOS TREITA Y DOS MIL PESOS (sic) MCTE ($ 332.000.000), a favor de La Nación - Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con el artículo 530 de la Resolución 4240 de 2000.

“ART. 3º—Ordenar hacer efectiva la póliza de seguros de cumplimiento de disposiciones legales No. 2507000278501 certificado de modificación Nº 1 del 1012-2004 vigencia desde el 28-02-2005 hasta 28-05-2006 de la compañía Agrícola de Seguros S.A., por valor de TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($ 358.000.000), a favor de La Nación - Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con el artículo 530 de la Resolución 4240 de 2000.

“ART. 4º—Determinar como obligación a pagar la suma de TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 358.844.737), más los intereses moratorios correspondientes, los cuales deberán ser liquidados y consignados en recibo oficial de pago de tributos aduaneros (…)”.

Contra la anterior decisión, el apoderado de Agrícola de Seguros interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, en los que adujo los mismos argumentos que apoyan la demanda contenciosa administrativa.

La DIAN, mediante las Resoluciones 001 de 4 de enero de 2007 y 001 de 22 de enero de 2007, respectivamente, resolvió los recursos en el sentido de confirmar la Resolución 2620 de 2006.

Para lo anterior, la DIAN en el último de los actos se refirió a la normatividad aduanera relacionada con la recepción y entrega de importaciones por tráfico postal, en especial al artículo 194(41) del Decreto 2685 de 1999, donde se consagró que los intermediarios deben constituir garantía bancaria o de compañía de seguros por 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, con el objeto de garantizar la entrega de los documentos a la aduana, la presentación de la declaración y el pago de tributos y sanciones a que haya lugar.

Explicó que los procedimientos determinados en los artículos 531 y 530 de la Resolución 4240 de 2000 eran excluyentes entre sí, por ello el artículo 531 no era aplicable al caso de Cargo Express Ltda., porque la actuación que adelantaba la DIAN no tenía por objeto imponer una sanción sino la efectividad de “…las pólizas para cobrar lo debido a la entidad por el no pago de los tributos aduaneros”.

Indicó que el valor de los tributos que dejó de cancelar Cargo Express fueron liquidados por ésta en los documentos de transporte, solo que no los pagó, por ello, aplicando a esa suma los intereses, la deuda ascendía a $ 358.843.638, monto por el que se debían afectar las pólizas de garantía, en consecuencia, “…se cae por su propio peso la afirmación de que no está determinado el valor que se ordenó hacer efectivo en la resolución apelada”.

Visto lo anterior, para la Sala las conclusiones a las cuales llegó la DIAN resultan acertadas, pues si bien el artículo 531 de la Resolución 4240 de 2000 determina que en el acto administrativo que decide de fondo la imposición de una sanción, se ordenará hacer efectiva la póliza, la citada norma debe interpretarse de manera armónica con el artículo 530 ídem, de cara a las situaciones que en una y otra norma se prevén.

En efecto, el artículo 531 de la Resolución 4240 de 2000, establece:

“ART. 531.—Efectividad de garantías cuyo pago se ordena en un proceso administrativo sancionatorio. En el acto administrativo que decide de fondo la imposición de una sanción, el decomiso de una mercancía o la formulación de una liquidación oficial, se ordenará hacer efectiva la garantía, si a ello hubiere lugar y se notificará a la entidad garante.

Si dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del acto administrativo de que trata el inciso anterior, el usuario, el Banco o la Compañía de Seguros no acredita, con la presentación de la copia del recibo oficial de pago en bancos, la cancelación del monto correspondiente, remitirá a la división de cobranzas el original de la garantía y copia del acto administrativo donde se ordena su efectividad, para que se adelante el correspondiente proceso de cobro”.

Como se observa, la norma determina el trámite que se debe adelantar para hacer efectivas las garantías afectadas en tres procedimientos específicos: (i) imposición de una sanción; (ii) decomiso de mercancía y (iii) formulación de liquidación oficial.

Por tanto, en lo que interesa al presente asunto, la disposición consagra que en el acto administrativo que decide de fondo la imposición de una sanción, se ordenará hacer efectiva la garantía, lo cual, a diferencia de lo que alude la sociedad demandante sí ocurrió en el primer procedimiento adelantado, pues en cada uno de los actos sancionatorios anteriores al trámite para la obtención del pago de los tributos, se dispuso afectar las pólizas otorgadas por Agrícola de Seguros, pero por el monto de cada una de las multas impuestas a Cargo Express Ltda.

A manera de ejemplo se aprecia que en la Resolución 2221 del 19 de septiembre de 2006, lo siguiente: “Ordenar hacer efectiva la garantía contenida en la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales 2507000278501 del 05-11-04 y Cert de mod. Nº 1 del 10-12-04, vigente desde el 28-02-05 hasta el 28-05-06 de Compañía Agrícola de Seguros S.A. a favor de La Nación - Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por valor de CINCO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($ 5.341.000), de conformidad con lo previsto en el artículo 531 de la Resolución 4240 de 2000”. (Negrita no es original del texto).

Frente a lo anterior, se debe dejar claro que de la norma transcrita no se extrae, como lo expone el apoderado de la demandante en los procesos acumulados, que si existe un procedimiento sancionatorio por infracción de normas aduaneras, es allí que se deben afectar las garantías para obtener, también, el pago de los tributos.

Aceptar tal conclusión conduciría a mezclar forzosamente procedimientos disímiles, el que se adelanta para sancionar al infractor y el dirigido a obtener el pago del tributo, sin que lo anterior signifique que la DIAN no puede adelantar una actuación con ambas finalidades.

En consecuencia, la Sala no aprecia que la normatividad aduanera alegada como transgredida imponga a la DIAN la obligación de cobrar los tributos que dan lugar a sanción de multa, dentro de esa actuación, circunstancia que no permite tener por desvirtuada la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados.

Si bien el apoderado de la demandante sostiene que no era dable que la DIAN acudiera al procedimiento determinado en el artículo 530 de la Resolución 4240 de 2000, porque el trámite allí dispuesto para hacer efectivas las garantías, solo es viable cuando no se adelantó una actuación para (i) imponer una sanción; (ii) definir la situación jurídica de una mercancía o, (iii) expedir una liquidación oficial y, en virtud a que en contra de Cargo Express se adelantó un trámite sancionatorio, quedaba excluida la posibilidad de acudir a la citada norma para afectar las pólizas que otorgó Agrícola de Seguros para garantizar el pago de los tributos, tal acusación deviene infundada, si tenemos en cuenta que el artículo en comento, en realidad establece el procedimiento para hacer efectivas garantías cuyo pago no está condicionado a un procedimiento administrativo sancionatorio previo.

En efecto, el artículo 530 de la Resolución 4240 de 2000, establece:

“ART. 530.—Procedimiento para hacer efectivas garantías cuyo pago no está condicionado a un procedimiento administrativo sancionatorio previo. En aquellos eventos en los que las garantías deban hacerse efectivas, sin que medie un procedimiento administrativo para la imposición de sanción por infracción aduanera o para la definición de la situación jurídica de una mercancía, o para la expedición de una liquidación oficial, la dependencia competente deberá, dentro del mes siguiente a la fecha en que establezca el incumplimiento de la obligación garantizada, comunicar al usuario o responsable este hecho, otorgándole un término de diez (10) días para que dé respuesta al oficio o acredite el pago correspondiente o el cumplimiento de la obligación, si a ello hubiere lugar.

Vencido el término anterior, si el usuario no responde el oficio, no acredita el pago o el cumplimiento de la obligación, se remitirá el expediente a la división de liquidación para que dentro de los quince (15) días siguientes profiera la resolución que declare el incumplimiento de la obligación y, en consecuencia, ordene hacer efectiva la garantía por el monto correspondiente.

Esta providencia se notificará conforme a lo previsto en el Código Contencioso Administrativo y contra ella procederán los recursos previstos en el mismo Código.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la citada resolución, el usuario, el Banco o la Compañía de Seguros deberá acreditar, con la presentación de la copia del recibo oficial de pago en Bancos la cancelación del monto correspondiente. Vencido este término, sin que se hubiere producido dicho pago, se remitirá el original de la garantía y copia de la resolución con la constancia de su ejecutoria a la división de cobranzas”.

Así las cosas, no podría sostenerse, como lo hace la parte actora, que en el caso concreto, donde se adelantaron dos trámites diferentes, era dentro del sancionatorio que se adelantó en contra de Cargo Express, donde debían afectarse las pólizas para obtener el pago de los tributos, ya que si el artículo 531 ídem señala que es en el acto administrativo que decide de fondo la imposición de una sanción, donde se ordenará hacer efectiva la garantía, tal precepto se refiere a la afectación, por ejemplo de una póliza, para obtener el pago de la sanción (multa), pues si la actuación no tenía otro fin, mal podría decirse que por esa vía también se debían afectar las garantías para obtener la satisfacción de obligaciones ajenas a la actuación, como sería el pago de unos tributos.

Por lo anterior, se concluye que el artículo 530 de la Resolución 4240 de 2000, sería inaplicable por la DIAN en aquellos eventos donde adelantado un procedimiento sancionatorio e impuesta una multa, en el acto definitivo no afecta la garantía para obtener el pago de aquella, bajo el entendido que el trámite era el del artículo 531 ídem.

Así, Las razones expuestas a lo largo de esta providencia, permiten a la Sección Quinta del Consejo de Estado sostener que no advierte irregularidad en la actuación que adelantó la DIAN, pues si lo pretendido por la entidad era recuperar los dineros públicos constituidos por tributos dejados de pagar por Cargo Express, lo cuales no fueron objeto de discusión dentro de los procesos sancionatorios, podía acudir al artículo 530 de la Resolución 4240 de 2000 para hacer efectivas las pólizas que garantizaban el pago del arancel y del IVA cobrado.

En consecuencia, como Suramericana de Seguros, cesionaria de los derechos de Agrícola de Seguros, no demostró la concreción de los cargos que adujo dentro de los expedientes acumulados 200700238-01 y 2007-00249-01, la Sala confirmará la sentencia del 19 de agosto de 2010, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 19 de agosto de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

28 Folios 62 a 64 del cuaderno 2 de los antecedentes administrativos.

29 Folios 1 a 5 del cuaderno 3 de los antecedentes administrativos.

30 Folios 6 a 10 del cuaderno 3 de los antecedentes administrativos.

31 Folios 11 a 15 del cuaderno 3 de los antecedentes administrativos.

32 Folios 16 a 20 del cuaderno 3 de los antecedentes administrativos.

33 Folios 21 a 25 del cuaderno 3 de los antecedentes administrativos.

34 Folios 26 a 30 del cuaderno 3 de los antecedentes administrativos.

35 Folios 31 a 35 del cuaderno 3 de los antecedentes administrativos.

36 Folios 36 a 40 del cuaderno 3 de los antecedentes administrativos.

37 Folios 69 a 73 del cuaderno 3 de los antecedentes administrativos.

38 Folios 74 a 78 del cuaderno 3 de los antecedentes administrativos.

39 Folios 41 a 44 del cuaderno 3 de los antecedentes administrativos.

40 Folios 83 y 84 del cuaderno 3 de los antecedentes administrativos.

41 “ART. 194.—Las labores de recepción y entrega de importaciones por tráfico postal, se adelantarán por la Administración Postal Nacional y por las empresas legalmente autorizadas por ésta. Las de envíos urgentes, se realizarán directamente por las empresas de transporte internacional que hubieren obtenido licencia del Ministerio de Comunicaciones como empresas de mensajería especializada.
Salvo la Administración Postal Nacional, los intermediarios de esta modalidad deberán inscribirse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y constituir garantía bancaria o de compañía de seguros por el equivalente a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, renovable anualmente, cuyo objeto será garantizar la entrega de los documentos a la Aduana, y la presentación de la declaración, y el pago de los tributos y sanciones a que haya lugar”.