Sentencia 2007-00243 de marzo 3 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Radicación: 250002327000200700243-01

Nº Interno: 17459

Demandante: Fundación Cardio Infantil- Instituto de Cardiología

Demandado: Secretaría de Hacienda-Dirección Distrital de Impuestos

Fallo

Bogotá, D.C., tres de marzo de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto, la Sala decidirá si son nulas las resoluciones 9600-DDI-057816-2006-EE-204954 del 7 de julio de 2006, proferida por el subdirector de impuestos a la producción y al consumo, y 064053-DDI-2007-EE-177581 del 30 de julio de 2007, proferida por la subdirección jurídica tributaria de la Secretaría de Hacienda Distrital, por medio de las cuales se impuso a la Fundación Cardio Infantil -Instituto de Cardiología sanción por no declarar el impuesto de industria, comercio, avisos y tableros, correspondiente a los bimestres 3 a 6 de 2001 y 1 a 6 de 2002.

Para el efecto, se establecerá si la Fundación Cardio Infantil - Instituto de Cardiología es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio, o si, por el contrario, se encuentra cobijada por la no sujeción prevista en el literal d) del artículo 39 de la Ley 14 de 1983.

Dependiendo de lo anterior, la Sala establecerá si era procedente imponer a la demandante sanción por no declarar el ICA por las vigencias discutidas, y si para hacerlo debía proferirse previamente un pliego de cargos.

Para resolver lo anterior, se resaltan los siguientes hechos probados:

— La Fundación Cardio Infantil es una IPS privada sin ánimo de lucro, prestadora de servicios hospitalarios, quirúrgicos, consulta externa, urgencias y de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica(2).

— El 14 de enero de 2005, el coordinador del grupo de fiscalización de la unidad de determinación de la subdirección de impuestos a la producción y al consumo de la Dirección Distrital de Impuestos, profirió el emplazamiento para declarar no. 2005EE3188, mediante el cual emplazó a la demandante para que dentro del término de 1 mes, contado a partir de la notificación de dicho acto, presentara las declaraciones tributarias del ICA por los bimestres 1 a 6 de 2000, 2001 y 2002(3).

— Previa respuesta al emplazamiento, la subdirección de impuestos a la producción y al consumo profirió la Resolución 9600DDI057816 del 7 de julio de 2006, por medio de la cual impuso sanción por no declarar el ICA a la Fundación Cardio Infantil, por los bimestres 3 a 6 de 2001 y 1 a 6 de 2002(4).

— La anterior resolución fue confirmada mediante la Resolución DDI064053 del 30 de julio de 2007, con ocasión del recurso de reconsideración interpuesto por el demandante(5).

De si la Fundación Cardio Infantil es sujeto pasivo del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros.

Esta sección, en las sentencias del 29 de enero del 2009 y del 25 de marzo de 2010(6), se refirió a otros casos concretos de la demandante, pero frente a la nulidad de los actos administrativos que determinaron el impuesto de industria, comercio, avisos y tableros de otras vigencias.

En esa oportunidad la Sala concluyó que la Fundación Cardio Infantil - Instituto de Cardiología hacía parte del sistema general de seguridad social en salud, y que de acuerdo con el literal d) del artículo 39 de la Ley 14 de 1983 era sujeto pasivo del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros, pero únicamente respecto de los ingresos que percibía por el desarrollo de actividades industriales y comerciales, distintas a la prestación de servicios de salud(7). Posición que se acoge en el caso in examine.

De si procedía imponer sanción por no declarar el ICA y si era necesario proferir pliego de cargos previo a su imposición

El Acuerdo 21 del 9 de diciembre de 1983, en el artículo 50, estableció la facultad de la Dirección Distrital de Impuestos de practicar liquidación de aforo a aquellos contribuyentes que estando obligados a presentar la declaración del impuesto de industria y comercio, no lo hicieren. Asimismo, en el artículo 55 estableció la sanción por aforo, que se impondría en el mismo acto de liquidación, equivalente a dos veces el impuesto anual establecido por la administración.

Posteriormente, el artículo 60 numeral 2º del Decreto Distrital 807 de 1993(8)estableció la sanción por no declarar el impuesto de industria, comercio, avisos y tableros equivalente al diez por ciento (10%) de las consignaciones o ingresos brutos del período al cual corresponda la declaración no presentada, o al diez por ciento (10%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración presentada por dicho impuesto, la que fuere superior”.

El aparte subrayado fue declarado nulo por el Consejo de Estado, mediante sentencia del 10 de noviembre de 2000, expediente 10870, consejero ponente Juan Ángel Palacio Hincapié, en la que para el efecto precisó:

En materia del impuesto de industria y comercio, como atrás se señaló, se aplican en primer lugar las disposiciones especiales del Decreto-Ley 1421 de 1993 y en lo que no pugne o haya sido regulado en ellas, las previsiones del Acuerdo 21 de 1983. Antes de la expedición del decreto ley, no se predicaba la facultad de la administración distrital para sancionar la omisión en la presentación de la declaración tributaria del impuesto de industria y comercio. Dicho ordenamiento tenía prevista la práctica de liquidación de aforo y la imposición consecuencial una sanción equivalente al doble del impuesto a cargo.

No se desconoce que fue el estatuto orgánico del distrito, vía remisión al estatuto tributario nacional, el que introdujo como conducta sancionable directa el incumplimiento del deber formal de declarar, y se tiene en cuenta que el Concejo Distrital posee poder de regulación normativa complementaria de la ley, que le permite crear disposiciones jurídicas, tanto sustantivas como procedimentales, con arreglo a la ley. Así, el Decreto 1421 de 1993, en el artículo 1º le reconoce atribuciones normativas” en materia administrativa y en el 12 entre sus atribuciones” en materia impositiva, relaciona en el numeral 3º, las de establecer, reformar, eliminar tributos... con el fin de garantizar el efectivo recaudo”, todo de conformidad con la Constitución y la ley.

De modo que el derecho de la entidad territorial sobre sus impuestos, implica el ejercicio de las potestades de regulación normativa derivada o delegada en sus diversos aspectos, para concretar la aplicación de las previsiones legales, a través de acuerdos; por tanto en principio, le correspondía al concejo dictar las normas que permitieran para el asunto concreto, la implantación de las sanciones, conforme a la naturaleza y estructura funcional de los impuestos distritales. Ello no fue así, dado que en virtud del artículo 176, norma habilitante, el Alcalde Mayor dictó el Decreto 807 de 1993, en el que finalmente plasmó la descripción típica de la sanción, sus elementos, e introdujo el procedimiento para su aplicación.

Debe determinarse ahora, si al expedir la norma acusada el alcalde ejerció la autorización en los términos de la norma que se la concedió, esto es, si en primer lugar para la aplicación de las disposiciones vigentes, armonizó el procedimiento con el estatuto tributario al cual se efectuó la remisión y si se conformó a la naturaleza y estructura funcional de los impuestos distritales.

Considera la Sala que la norma de que se trata, es una regulación de carácter sustancial sancionatorio tributario, que no corresponde exactamente a la adecuación de la preceptiva legal a las particularidades propias del ámbito del impuesto de industria y comercio. Como lo aceptó el tribunal, al negar la prosperidad de la demanda, antes existía sanción de aforo que equivalía al 200% del valor del impuesto, pero ahora con el cambio operado en el régimen sancionatorio, esa sanción desapareció y en cambio de ella se creó una nueva que es la por no declarar ”.

Advierte, que aún cuando se aceptara que la norma acusada fuese estrictamente necesaria, el texto del artículo 60, no corresponde a una armonización del procedimiento tributario nacional, acorde con la naturaleza y estructura de los impuestos distritales, (art. 162 ) sino por el contrario, que se expidió una norma nueva de carácter sustancial en materia de sanciones. Es claro que el artículo en el aparte acusado, no adecúa la parte procedimental de una sanción previamente establecida, sino que constituye una nueva regulación en el punto específico.

Es precisamente esta consagración la que halla ilegal la Sala, puesto que el hecho de que el artículo 643 del estatuto tributario, se refiriera y sancionara la omisión en la presentación de las declaraciones de renta, ventas y otras, no habilitaba a una autoridad distinta del Concejo Distrital a través de acuerdos, para regular sus aspectos sustanciales.

Y es que no podía el Alcalde Mayor, en desarrollo de la autorización legal, ir más allá del espíritu y alcance de las normas que pretendió armonizar, para hacer efectivo su cumplimiento y establecer una sanción tributaria que por la materia a que se refiere y por su naturaleza sancionatoria es de competencia de la ley, pues no estaba habilitado para crear conductas infractoras y estructurar las sanciones, además porque conforme a los principios legales señalados al comienzo de estas consideraciones, no es viable que sea la misma administración quien regule tal materia, so pretexto de ser la titular de la ejecución de las sanciones.

A lo sumo, podían dictarse normas contentivas de especificaciones o graduaciones a las sanciones establecidas legalmente, en la ley o en los acuerdos, que sin constituir nuevos tipos jurídicos, ni alterar la naturaleza y límites de las existentes, las armonizaran” y adecuaran a la estructura propia de la administración distrital y sus impuestos.

Se observa así que a través de un decreto, se incluyó la disposición acusada que no hacía parte de otra con fuerza de ley, sino que del acto acusado surgió una nueva figura infractora; se estableció una sanción no prevista, por lo que como lo reclamó el actor, en referencia a los posibles vacíos normativos, se precisaba de la intervención posterior, dentro del sistema implantado por el artículo 176 del órgano competente, el Concejo Distrital, en lo atinente a las normas sustanciales reguladoras de las sanciones, la que no se satisfizo por cuanto el Decreto 807 de 1993, presentado oportunamente por el señor Alcalde Mayor, y radicado como proyecto de acuerdo 185 de 1993” fue archivado”, conforme lo acredita la certificación obrante a folio 137 del expediente, proceder que constituyó una omisión de esa corporación, también destinataria de la norma”.

Luego, el artículo 60 del Decreto 807 ibídem fue modificado por el Decreto 422 del 22 de junio de 1996, en el que en relación con la sanción por no declarar(9), fijó su equivalencia en el diez por ciento (10%) de las consignaciones o ingresos brutos del período al cual corresponda la declaración no presentada, o al diez por ciento (10%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración presentada por dicho impuesto, la que fuere superior.

Al igual que ocurrió con el artículo 60 del Decreto 807 de 1993, el Consejo de Estado, mediante sentencia del 14 de noviembre de 2006, expediente 15163, consejero ponente Juan Ángel Palacio Hincapié, declaró la nulidad del numeral segundo del artículo 60 del Decreto 422 de 1996, por las mismas razones acogidas en la sentencia del 10 de noviembre de 2000.

De tal manera que antes de la expedición del Decreto 807 de 1993, la administración distrital no contaba con la facultad de sancionar la omisión en la presentación de la declaración tributaria del impuesto de industria y comercio, ya que el Acuerdo 21 del 1983 sólo preveía la práctica de liquidación de aforo y la imposición consecuencial de una sanción equivalente al doble del impuesto a cargo.

Posteriormente a las declaratorias de nulidad de los artículos 60 del Decreto 807 de 1993 y 422 de 1996, el Concejo de Bogotá, D.C. expidió el Acuerdo 27 del 24 de mayo de 2001, por medio del cual adecuó el régimen sancionatorio en materia impositiva para el Distrito Capital, y en su artículo noveno consagró la sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio, equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) de los ingresos brutos obtenidos en Bogotá D.C. en el período al cual corresponda la declaración no presentada, o al cero punto uno por ciento (0.1%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración presentada por dicho impuesto, la que fuere superior; por cada mes o fracción de mes calendario de retardo desde el vencimiento del plazo para declarar hasta la fecha del acto administrativo que impone la sanción. Y, en el caso de no tener impuesto a cargo, la sanción por no declarar será equivalente a uno punto cinco (1,5) salarios mínimos diarios vigentes al momento de proferir el acto administrativo por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, contados a partir del vencimiento del plazo para declarar.

El anterior artículo fue recogido por el artículo 33 del Decreto 362 de 2002, por medio del cual se actualizó el procedimiento tributario de los diferentes impuestos distritales.

Hechas las anteriores precisiones, la Sala pasa a resolver el caso concreto.

La Sala encuentra que a pesar de que la Fundación Cardio Infantil sí era sujeto del impuesto de industria y comercio, no presentó las declaraciones del impuesto por los bimestres 3 a 6 del año gravable 2001 y 1 a 6 de 2002, motivo por el que la administración distrital podía imponer la sanción por no declarar prevista en el Acuerdo 27 de 2001 y en el Decreto 362 de 2002, pero calculada sobre el valor total de los ingresos percibidos por el desarrollo de actividades industriales y comerciales, distintos a la prestación de servicios de salud.

Ahora bien, cabe anotar que no era necesario el pliego de cargos como acto previo a la imposición de la sanción por no declarar, como erróneamente lo consideró la demandante, ya que, conforme al artículo 103 del Decreto 807 de 1993, en concordancia con los artículos 715 y 716 del estatuto tributario, en el caso de la sanción por no declarar, el acto previo es el emplazamiento, sin que la ley hubiera previsto como requisito adicional la expedición del pliego de cargos(10).

De acuerdo con lo anterior, la Sala establecerá si el cálculo de la sanción por no declarar el impuesto de industria y comercio, impuesta en los actos acusados, tuvo en cuenta la totalidad de los ingresos percibidos por la fundación o sólo los que obtuvo por el desarrollo de actividades diferentes a la prestación de servicios de salud.

Según se desprende de la Resolución 9600DDI057816 del 7 de julio de 2006, la Administración Tributaria Distrital calculó la sanción por no declarar de la siguiente forma:

Bimestre mayo - junio de 2001

Vencimiento 3 bimestre 2001
18 de julio del 2001
Fecha acto administrativo
7 de julio de 2006
Numero de meses
60 meses
Ingresos certificados
10.998.926.000
Sanción
0.1%
Total sanción
659.936.000

Bimestre julio-agosto de 2001

Vencimiento 4 bimestre 2001
19 de septiembre del 2001
Fecha acto administrativo
7 de julio de 2006
Numero de meses
58 meses
Ingresos certificados
10.937.199.000
Sanción

Total sanción
634.358.000

 

Bimestre septiembre-octubre de 2001

Vencimiento 5 bimestre 2001
20 de noviembre del 2001
Fecha acto administrativo
7 de julio de 2006
Numero de meses
56 meses
Ingresos certificados
11.059.853.000
Sanción
0.1%
Total sanción
619.352.000

Bimestre noviembre-diciembre de 2001

Vencimiento 6 bimestre 2001
22 de enero del 2002
Fecha acto administrativo
7 de julio de 2006
Número de meses
54 meses
Ingresos certificados
12.771.225.000
Sanción
0.1%
Total sanción
689.646.000

Bimestre enero-febrero de 2002

Vencimiento 1 bimestre 2002
21 de marzo del 2002
Fecha acto administrativo
7 de julio de 2006
Número de meses
52 meses
Ingresos certificados
11.378.298.000
Sanción
0.1%
total sanción
591.671.000

Bimestre marzo-abril de 2002

Vencimiento 2 bimestre 2002
21 de mayo del 2002
Fecha acto administrativo
7 de julio de 2006
Número de meses
50 meses
Ingresos certificados
12.186.751.000
Sanción
0.1%
Total sanción
609.338.000

Bimestre mayo-junio de 2002

Vencimiento 3 bimestre 2002
19 de julio del 2002
Fecha acto administrativo
7 de julio de 2006
Número de meses
48 meses
Ingresos certificados
13.346.140.000
Sanción
0.1%
Total sanción
640.615.000

Bimestre julio-agosto de 2002

Vencimiento 4 bimestre 2002
20 de septiembre del 2002
Fecha acto administrativo
7 de julio de 2006
Número de meses
46 meses
Ingresos certificados
13.582.669.000
Sanción
0.1%
Total sanción
624.803.000

Bimestre septiembre-octubre de 2002

Vencimiento 5 bimestre 2002
21 de noviembre del 2002
Fecha acto administrativo
7 de julio de 2006
Número de meses
44 meses
Ingresos certificados
15.257.681.000
Sanción
0.1%
Total sanción
671.338.000

Bimestre noviembre-diciembre de 2002

Vencimiento 6 bimestre 2002
21 de enero del 2003
Fecha acto administrativo
7 de julio de 2006
Número de meses
42 meses
Ingresos certificados
12.497.854.000
Sanción
0.1%
Total sanción
524.910.000

 

La Sala observa que la administración calculó la sanción a partir del valor de todos los ingresos que recibió la fundación durante los períodos objeto de discusión, sin discriminar si estos correspondían o no a actividades de salud.

Por lo tanto, la liquidación de la sanción por no declarar impuesta en los actos acusados debe ser modificada, en el sentido de excluir de la base los ingresos obtenidos por la prestación de servicios de salud, y mantener los ingresos obtenidos por las demás actividades desarrolladas por la fundación.

En el expediente obran unas relaciones que discriminan, por cuenta, los ingresos totales que percibió la fundación durante los años gravables 2001 y 2002, así(11):

Año gravable 2001

 

CUENTA

CUENTA
CONCEPTO
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
410520
Urgencias
445,343,840
494,375,167
560,183,757
648,322,923
488,696,327
512,587,469
411069
Gastroenterología
76,234,138
77,446,186
91,222,409
103,192,879
86,617,326
80,844,471
411070
Consulta externa niño
61,378,699
50,836,604
64,526,570
82,996,233
80,278,840
68,678,277
411071
Consulta externa adulto
166,999,742
166,339,619
188,325,336
216,135,316
197,745,280
159,817,283
411072
Centro de atención b
90,576,098
-22,842,265
10,081,130
-38,893,839
-102,263,839
-457,471,235
411073
Urología


13,051,382
24,172,204
31,802,437
23,276,956
411513
UCI adultos
788,265,857
776,233,234
1,092,771,312
935,688,620
821,209,739
1,028,668,531
411515
Hospitalización adul
1,415,843,549
1,791,261,267
2,006,816,150
1,670,932,995
1,854,954,935
2,385,452,621
411516
Neonatología
263,727,306
234,115,789
270,587,566
301,666,838
195,120,865
272,116,146
411517
Hospitalización niño
406,437,690
553,610,852
611,480,593
436,298,885
545,081,143
581,522,883
411518
UCI niños
577,082,273
635,605,739
788,206,986
870,328,839
569,869,925
610,659,237
411519
Oncología y hematolo





9.202,046
411520
Unidad de cuidado mé
398164,780
362,219,940
323,015,787
529,185,933
373,644,587
345,957,734
411521
Hospitalizacion 3 piso


216,371
3,192,613
13,344,799
12,706,291
412066
Cirugía cardiovascular




10,327,008
174,665,464
412067
Cirugía cardiovascular




21,934,295
332,228,747
412073
Cirugía niños

521,212,256
587,459,762
540,449,990
797,356,570
634,476,375
517,833,683
412074
Cirugía adultos

1,529,119,536

1,639,768,734
1,705,177,650
1,941,899,685
1,893,691,287
1,328,639,029
412075
Hemodinámica niños
179,441,706
158,840,139
166,988,201
179,607,554
152,675,866
207,555,633
412076
Hemodinámica adultos
1,051,185,011
1,252,708,451
1,160,841,190
1,149,361,647
998,742,668
1,103,816,615
412502
Radiología
313,272,374
349,749,767
395,019,446
407,585,208
376,766,320
400,994,300
412503
Laboratorio clínico
509,123,982
530,582,228
581,270,396
649,329,318
565,954,054
570,355.203
412504
Laboratorio de patología

43,331,224
42,329,051
46,231,943
49,911,871
47,238,980
42,104,105
412577
Unidad de diagnóstico
174,758,335
134,350,531
183,396,285
181,204,968
152,748,026
151,453,141
412578
Unidad de diagnóstico
227, 96,806
221,210,746
256,028,898
246,087,314
251,599,420
236,657,090
412580
Odontología
98,437,303
106,749,847
110,299,348
133,425,716
129,412,162
101,213,322
412581
Medicina nuclear
167,689,385
151,715,881
185,987,912
163,302,948
178,040,178
184,880,081
412582
Neumología
184,153,926
225,013,036
231,524,376
210,763,911
209,392,377
178,643,679
412583
Nefrología
3,643,499
11,427,428
4,478,876
2,814,681
1,225,607
2,203,881
412584
Tomografía
109,485,641
113,076,099
112,785,055
128,307,869
108,956,607
165,182,889
413085
Rehabilitación (tera
105,189,478
87,762,788
90,649,675
118,638,765
109,988,986
88,162,373
413086
Banco de sangre
284,923,064
339,266,554
328,719,193
355,138,751
262,064,724
304,713,978
417510
Unidad funcional de


-499,710
-502,542
-436,008
-441,153
417515
Unidad fun. De hospi
-3,087,600
-4,289,743
-4,793,780
-3,386,074
-6,355,849
-30,013,596
417520
Unidad fun. De quiro




-154,450
0
0
417525
Unidad funcional de

-19,65,417
-102,367,649
-142,744,951
-290,039,040
-164,186,252
-107,132,104
421005
Intereses
3,876,578
2,338,837
13,638,821
4,754,295
5,480,158
9,790,362
421015
Diferencia en cambio



8,380,550
33,629,543
135,366,135
421030
Descuentos comercial
149,¿25,905
165,379,084
250,613,118
252,932,258
243,643,670
232,262,037
421505
Dividen. De sociedad





3,333,750
423505
Administrativos
34,404,633
31,030,350
0
0
0
0
424532
Maquinaria y equipo

640,000
0
0
0
0
425005
Deudas de difícil co
500,000
27,927,194
-27,227,194
2,922,147
69,854
-50,000
425010
Reclamos de compañía
14,325,240
0
0
4,423,655
0
18,748,895
425025
Descuentos concedido

5,797,519
381,780
0
-736,347
3,257,590
425030
Reintegro provisione

1,332,191
27,570,490
0
0
87,273,242
425045
Reintegro de otros c
78,454,283
18,133,701
14,481,058
18,912,588
13,467,661
27,553,067
425051
Ingresos ejercicios


7,804,765
0
0
0
425053
Bonificaciones
73,200,000
11,568,834
10,389,098
13,188,760
84,925,062
17,695,447
426505
Ingresos de ejercicio
11,340,120
0
23,920,224
802,582
2,559,803
29,825,103
429520
Venta de desperdicio
1,845,210
1,068,720
746,750
928,790
1,214,560
1,152,800
429530
Aprovechamientos
34,809,549
24,134,826
21,098,625
40,673,074
28,329,039
50,446,926
429535
Acompañante
7,640,300
8,574,500
6,056,600
10,607,500
10,134,420
5,849,800
429536
Llamadas de larga di
38,901
2,300
32,238
128,609
18,637
185,088
429538
Recargos
2,827,030
2,340,508
3,629,847
3,751.164
4,194,919
5,160,336
429540
Donaciones
473,096,769
643,997,245
671,396,879
704,729,414
3,371,677,424
-2,065,2'78,800
429541
Venta de medicamentos
3,008,961
3,287,485
1,533,421
2,294,668
2,453,197
1,755,512
429542
Ambulancias
1,100,716
1,413,931
877,729
1,940,683
870,017
686,206
429544
Ingresos por reester
13,177,132
6,433,016
55,547,067
24,288,327
57,564,285
37,916,876
429545
Otros honorarios adm
164,114,754
126,446,153
145,334,345
133,337,605
159,591,457
145,902,801
429546
Ingresos x esterild





80,000
429547
Excedente servicios
50,788,310
69,106,500
69,123,100
101,810,910
92,443,500
67,186,194
-429548
Recaudo de honorario
5,080,000
4,300,000
3.160,000
3,010,000
2,580,000
2,730,000
429550
Educacion continuada
51,267,735
4,320,566
-5,566,575
4,127,817
1,494,826
-13,339,024
429551
Concesiones
47,428,002
48,296,220
46,508,784
45,271,761
46,555,679
44,709,820

Totales
11,378,289,370
12,186,750,702
13,313,346,312
13,582,668,610
15,256,944,214
10,419,186,339

 

Año gravable 2002

 

CUENTA

CUENTA
CONCEPTO
1 BIMESTRE
2 BIMESTRE
3 BIMESTRE
4 BIMESTRE
5 BIMESTRE
6 BIMESTRE
410520
Urgencias
445,343,840
494,375,167
560,183,757
648,322,923
488,696,327
512,587,469
411069
Gastroenterología
76,234,138
77,446,186
91,222,409
103,192,879
86,617,326
80,844,471
411070
Consulta externa niño
61,378,699
50,836,604
64,526,570
82,996,233
80,278,840
68,678,277
411071
Consulta externa adul
166,999,742
166,339,619
188,325,336
216,135,316
197,745,280
159,817,283
411072
Centro de atención b
90,576,098
-22,842,265
10,081,130
-38,893,839
-102,263,839
-457,471,235
411073
Urología


13,051,382
24,172,204
31,802,437
23,276,956
411513
UCI. adultos
788,265,857
776,233,234
1,092,771,312
935,688,620
821,209,739
1,028,668,531
411515
Hospitalizacion adul
1,415,843,549
1,791,261,267
2,006,816,150
1,670,932,995
1,854,954,935
2,385,452,621
411516
Neonatología
263,727,306
234,115,789
270,587,566
301,666,838
195,120,865
272,116,146
411517
Hospitalización niño
406,437,690
553,610,852
611,480,593
436,298,885
545,081,143
581,522,883
411518
UCI. niños
577,082,273
635,605,739
788,206,986
870,328,839
569,869,925
610,659,237
411519
Oncología y hematología





9.202,046
411520
Unidad de cuidado me
398164,780
362,219,940
323,015,787
529,185,933
373,644,587
345,957,734
411521
Hospitalizacion 3 piso


216,371
3,192,613
13,344,799
12,706,291
412066
Cirugía cardiovascular




10,327,008
174,665,464
412067
Cirugía cardiovascular




21,934,295
332,228,747
412073
Cirugía niños

521,212,256
587,459,762
540,449,990
797,356,570
634,476,375
517,833,683
412074
Cirugía adultos

1,529,119,536

1,639,768,734
1,705,177,650
1,941,899,685
1,893,691,287
1,328,639,029
412075
Hemodinámica niños
179,441,706
158,840,139
166,988,201
179,607,554
152,675,866
207,555,633
412076
Hemodinámica adultos
1,051,185,011
1,252,708,451
1,160,841,190
1,149,361,647
998,742,668
1,103,816,615
412502
Radiología
313,272,374
349,749,767
395,019,446
407,585,208
376,766,320
400,994,300
412503
Laboratorio clínico
509,123,982
530,582,228
581,270,396
649,329,318
565,954,054
570,355.203
412504
Laboratorio de patología

43,331,224
42,329,051
46,231,943
49,911,871
47,238,980
42,104,105
412577
Unidad de diagnóstico
174,758,335
134,350,531
183,396,285
181,204,968
152,748,026
151,453,141
412578
Unidad de diagnóstico
227, 96,806
221,210,746
256,028,898
246,087,314
251,599,420
236,657,090
412580
Odontología
98,437,303
106,749,847
110,299,348
133,425,716
129,412,162
101,213,322
412581
Medicina nuclear
167,689,385
151,715,881
185,987,912
163,302,948
178,040,178
184,880,081
412582
Neumología
184,153,926
225,013,036
231,524,376
210,763,911
209,392,377
178,643,679
412583
Nefrología
3,643,499
11,427,428
4,478,876
2,814,681
1,225,607
2,203,881
412584
Tomografía
109,485,641
113,076,099
112,785,055
128,307,869
108,956,607
165,182,889
413085
Rehabilitación (Tera
105,189,478
87,762,788
90,649,675
118,638,765
109,988,986
88,162,373
413086
Banco de sangre
284,923,064
339,266,554
328,719,193
355,138,751
262,064,724
304,713,978
417510
Unidad funcional de


-499,710
-502,542
-436,008
-441,153
417515
Unidad fun. De hospi
-3,087,600
-4,289,743
-4,793,780
-3,386,074
-6,355,849
-30,013,596
417520
Unidad fun. De quiro




-154,450
0
0
417525
Unidad funcional de

-19,65,417
-102,367,649
-142,744,951
-290,039,040
-164,186,252
-107,132,104
421005
Intereses
3,876,578
2,338,837
13,638,821
4,754,295
5,480,158
9,790,362
421015
Diferencia en cambio



8,380,550
33,629,543
135,366,135
421030
Descuentos comercial
149,¿25,905
165,379,084
250,613,118
252,932,258
243,643,670
232,262,037
421505
Dividen. De sociedad





3,333,750
423505
Administrativos
34,404,633
31,030,350
0
0
0
0
424532
Maquinaria y equipo

640,000
0
0
0
0
425005
Deudas de difícil co
500,000
27,927,194
-27,227,194
2,922,147
69,854
-50,000
425010
Reclamos de compañía
14,325,240
0
0
4,423,655
0
18,748,895
425025
Descuentos concedido

5,797,519
381,780
0
-736,347
3,257,590
425030
Reintegro provisione

1,332,191
27,570,490
0
0
87,273,242
425045
Reintegro de otros c
78,454,283
18,133,701
14,481,058
18,912,588
13,467,661
27,553,067
425051
Ingresos ejercicios


7,804,765
0
0
0
425053
Bonificaciones
73,200,000
11,568,834
10,389,098
13,188,760
84,925,062
17,695,447
426505
Ingresos de ejercicio
11,340,120
0
23,920,224
802,582
2,559,803
29,825,103
429520
Venta de desperdicio
1,845,210
1,068,720
746,750
928,790
1,214,560
1,152,800
429530
Aprovechamientos
34,809,549
24,134,826
21,098,625
40,673,074
28,329,039
50,446,926
429535
Acompañante
7,640,300
8,574,500
6,056,600
10,607,500
10,134,420
5,849,800
429536
Llamadas de larga di
38,901
2,300
32,238
128,609
18,637
185,088
429538
Recargos
2,827,030
2,340,508
3,629,847
3,751.164
4,194,919
5,160,336
429540
Donaciones
473,096,769
643,997,245
671,396,879
704,729,414
3,371,677,424
-2,065,2'78,800
429541
Venta de medic?mater
3,008,961
3,287,485
1,533,421
2,294,668
2,453,197
1,755,512
429542
Ambulancias recls
1,100,716
1,413,931
877,729
1,940,683
870,017
686,206
429544
Ingresos por reester
13,177,132
6,433,016
55,547,067
24,288,327
57,564,285
37,916,876
429545
Otros honorarios adm
164,114,754
126,446,153
145,334,345
133,337,605
159,591,457
145,902,801
429546
Ingresos x esterild





80,000
429547
Excedente servicios
50,788,310
69,106,500
69,123,100
101,810,910
92,443,500
67,186,194
-429548
Recaudo de honorario
5,080,000
4,300,000
3.160,000
3,010,000
2,580,000
2,730,000
429550
Educacion continuada
51,267,735
4,320,566
-5,566,575
4,127,817
1,494,826
-13,339,024
429551
Concesiones
47,428,002
48,296,220
46,508,784
45,271,761
46,555,679
44,709,820

Totales
11,378,289,370
12,186,750,702
13,313,346,312
13,582,668,610
15,256,944,214
10,419,186,339
              

 

De la anterior información, para la Sala, los siguientes ingresos deben ser tenidos en cuenta para liquidar la sanción por no declarar, por corresponder a los ingresos que obtuvo la demandante por actividades diferentes a la prestación de servicios de salud durante los períodos objeto de discusión:

Año gravable 2001:

 

Cuenta
Concepto
BIM 3-01
BIM 4-01
BIM 5-01
BIM 6-01
421005
Intereses
14,675,846
16,851,725
29,369,769
13,137,551
421505
Dividen. De sociedad
1,691,640
0
0
0
421510
Participaciones des
18,942,460
0
0
0
426505
Ingresos de ejercicios anteriores
1,242
30,085,558
19,925,037
0
429520
Venta de esperdicio
501,300
1,853,580
716,950
724,280
429530
Aprovechamientos
-1,632,297
1,081,185
18,962,233
66,102,208
429535
Acompañante
7,496,000
7,748,800
6,811,400
7,250,500
429511
Venta de medicamentos
741,269
3,010,207
5,015,006
181,221
429544
Ingresos por reesterilización
156,310,900
215,446,151
179,120,484
129,818,926
42954b
Otros honorarios administrativos
136,168,880
119,295,440
121,222,476
123,780,613
429546
Ingresos por estéril. De terceros
3,529,000
200,000
0
0
429547
Excedente servicios
48,477,940
37,905,190
53,433,610
46,745,053
429548
Recaudo de honorarios
3,129,755
3,120,000
1,755,000
2,340,000
429550
Educacion continuada
-7,620,376
19,599,402
29.622,703
-141,281
429551
Concesiones
46,835,093
47,826,270
48,521,141
46,138,329
429552
Bonificaciones

7,668,670
0
97,460,212

Total ingresos gravables


1.598.516.090

1.809.778.838

1.844.540.261

1.932.110.924

 

 

Año gravable 2002

Cuenta
Concepto
BIM 1-02
BIM 2-02
BIM 3-02
BIM 4-02
BIM 5-02
BIM 6-02
421005
Intereses
3,876,578
2,338,837
13,638,821
4,754,295
5,480,158
9,790,362
421015
Diferencia en cambio



8,380,550
33,629,543
135,366,135
421505
Dividen. de sociedad





3,333,750
425051
Ingresos ejercicios


7,804,765
0
0
0
425053
Bonificaciones
73,200,000
11,568,834
10,389,098
13,188,760
84,925,062
17,695,447
426505
Ingresos de ejercicios
11,340,120
0
23,920,224
802,582
2,559,803
29,825,103
429520
Venta de desperdicio
1,845,210
1,068,720
746,750
928,790
1,214,560
1,152,800
429530
Aprovechamientos
34,809,549
24,134,826
21,098,625
40,673,074
28,329,039
50,446,926
429535
Acompañante
7,640,300
8,574,500
6,056,600
10,607,500
10,134,420
5,849,800
429541
Venta de médico.
3,008,961
3,287,485
1,533,421
2,294,668
2,453,197
1,755,512
429544
Ingresos por reester
13,177,132
6,433,016
55,547,067
24,288,327
57,564,285
37,916,876
429545
Otros honorarios adm
164,114,754
126,446,153
145,334,345
133,337,605
159,591,457
145,902,801
429546
Ingresos x esterild





80,000
429547
Excedente servicios
50,788,310
69,106,500
69,123,100
101,810,910
92,443,500
67,186,194
-429548
Recaudo de honorario
5,080,000
4,300,000
3.160,000
3,010,000
2,580,000
2,730,000
429550
Educacion continuada
51,267,735
4,320,566
-5,566,575
4,127,817
1,494,826
-13,339,024
429551
Concesiones
47,428,002
48,296,220
46,508,784
45,271,761
46,555,679
44,709,820

Total ingresos gravables
1.833.311.000
1.718.735.246
1.632.350.545
1.789.318.421
1.906.784.376
1.676.624.919

 

Hechas las anteriores precisiones, la Sala considera que el cargo de apelación propuesto por la demandada procede parcialmente, en la medida que, como quedó establecido, la fundación demandante sí es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio, pero no sobre la totalidad de los ingresos que percibió durante los períodos gravables, sino sobre los ingresos que recibió por el desarrollo de actividades industriales y comerciales, distintas a la prestación de servicios de salud.

De tal manera que la sanción por no declarar debió calcularse sobre la totalidad de los ingresos gravables, y no sobre la totalidad de los ingresos brutos recibidos por la fundación.

Ahora bien, la demandante objetó, de manera general, la inclusión de ciertos ingresos. Protestó porque, según dijo, el Distrito desconoció que la fundación prestaba servicios de salud o porque se la pretendía asimilar a una EPS o ARP.

También se refirió a los honorarios por médicos, a la venta de medicamentos y ambulancias y dijo que lo que percibió por esos conceptos constituían ingresos no operacionales, que no formaban parte del hecho generador, toda vez que no eran el resultado del ejercicio de actividades industriales, comerciales o de servicios.

Argumentó, también, que habían ingresos de ejercicios anteriores que provenían de la prestación de servicios de salud y que por cuestiones de facturación se reconocieron en las vigencias fiscales objeto del presente proceso como ingresos no operacionales, porque así lo ordenaba el PUC, sin que eso modifique la naturaleza jurídica y económica de los recursos.

Mencionó que el servicio de ambulancia, por ejemplo, no era un servicio de transporte, sino que formaba parte del servicio de salud que prestaba la entidad, particularmente en casos donde el paciente requería ser trasladado bajo la supervisión y cuidados médicos especiales, o en casos de urgencia.

Que lo mismo ocurría respecto de los recargos provenientes de cobros propios de uso de habitaciones, que se hacen precisamente con ocasión de la prestación del servicio de salud. Que lo mismo sucedía con la venta de medicamentos que se suministraban a los pacientes como parte del tratamiento médico.

Qué argumentos similares podían predicarse de los demás conceptos que el distrito pretendió gravar.

Pues bien, sobre el particular la Sala precisa que el artículo 365 de la Carta Política dispone que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber de este asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Por lo tanto, precisa la norma, los servicios públicos están sometidos al régimen jurídico que fije la ley y pueden ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares pero que, en todo caso, el Estado debe mantener la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.

En concordancia con esta disposición, el artículo 49 de la Carta Política dispone que, la atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado al que le corresponde organizar, dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud a los habitantes conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También le corresponde establecer las políticas para la prestación de los servicios de salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia y control, así como, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley(12).

Precisamente, para garantizar la seguridad social integral en general y, en particular, la prestación del servicio público de salud, el artículo 48 de la Carta Política dispuso que la seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley y que no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella.

En desarrollo de las normas citadas, el gobierno nacional profirió la Ley 100 de 1993, por la cual se creó el sistema de seguridad social integral, en cuyo libro II reguló lo concerniente al sistema general de seguridad social en salud.

En el artículo 155 determinó que integraban dicho sistema, entre otros sujetos, las entidades promotoras de salud en calidad de organismos de administración y financiación y, las instituciones prestadoras de salud, en calidad de prestadoras del servicio público de salud.

De conformidad con el artículo 177, las entidades promotoras de salud son las entidades responsables de la afiliación y el registro de los afiliados al sistema de seguridad social en salud y del recaudo de las cotizaciones, por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). Su función básica es organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del plan de salud obligatorio a los afiliados y girar, dentro de los términos previstos en la Ley 100, la diferencia entre los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y el valor de las correspondientes unidades de pago por capitación al Fondo de Solidaridad y Garantía.

Por otra parte, las instituciones prestadoras de salud son aquellas que prestan los servicios de salud, en su nivel de atención correspondiente, a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados en la Ley 100 de 1993.

A efectos de garantizar la eficiencia del servicio, del artículo 185 de la Ley 100 de 1993 se deriva que las instituciones prestadoras de servicios de salud deben prestar esos servicios conforme con las reglas de la libre competencia y dentro del mercado de servicios de salud.

Precisamente porque se parte del presupuesto de que, además del servicio público de salud, existe un mercado de servicios de salud, el parágrafo de la norma citada dispone que estas instituciones deben contar con un sistema contable que permita registrar los costos de los servicios ofrecidos, independientemente de que se presten en cumplimiento del plan obligatorio de salud.

Como puede apreciarse, a diferencia de lo previsto para las entidades promotoras de salud, a las que se les exige manejar en cuentas independientes del resto de rentas y bienes, el ingreso por concepto de la UPC, a las entidades prestadoras de servicios de salud sólo se les exige registrar los costos de los servicios ofrecidos.

Lo anterior tiene su razón de ser porque, en estricto sentido, quienes perciben como ingreso la unidad de pago por capitación son las entidades promotoras de salud. No obstante, como las entidades prestadoras de servicios de salud son las que prestan los servicios de salud por encargo de las empresas promotoras de salud, servicios que se retribuyen con la UPC, con sujeción a los mecanismos de pago que para el efecto se pacten,(13)es pertinente concluir que los ingresos que perciben las instituciones prestadoras de servicios de salud, en la medida que fueron destinados a la prestación de los servicios de salud pública, también son ingresos que forman parte de los recursos de la seguridad social(14).

En ese contexto, para la Sala, las IPS gozan de la exención prevista en el literal d) del numeral 2º del artículo 39 de la Ley 14 de 1983, en cuanto dispone que no están sujetos al impuesto de industria y comercio (...) los servicios prestados por los hospitales adscritos o vinculados al sistema nacional de salud”.

Sin embargo, dado que la norma citada se profirió antes de la Ley 100 de 1993, su análisis debe abordarse en consonancia con el nuevo régimen de seguridad social en salud.

En el nuevo régimen de seguridad social en salud se parte de la noción de servicio público de salud en sustitución de los conceptos decimonónicos de asistencia pública y beneficencia(15), noción que incluso adoptó la Ley 10 de 1990 por la cual se reorganizó el sistema nacional de salud.

A partir de la noción de servicio público de salud, el Estado se obliga a prestar ese servicio, bajo los principios de universalidad, solidaridad, unidad, integralidad y participación, a partir de un plan obligatorio de salud con cobertura universal.

Para la prestación del plan obligatorio de salud se cuenta con la participación de las entidades promotoras de salud y las instituciones prestadoras de salud. Las primeras, como garantes de la prestación del plan de salud obligatorio a los afiliados, las segundas como prestadoras de los servicios de salud en el nivel de atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados en la Ley 100 de 1993.

En ese orden de ideas, la Sala considera que cuando el literal d) del número 2 del artículo 39 de la Ley 14 de 1983 dispone que no están sujetos al impuesto de industria y comercio “...los servicios prestados por los hospitales adscritos o vinculados al sistema nacional de salud”, debe entenderse que en la actualidad se refiere al servicio público de salud cuya prestación debe garantizar el Estado a través de las instituciones que conforman el sistema de seguridad social integral y, especialmente(16), de las empresas promotoras de salud y de las instituciones prestadoras de servicios de salud, en ambos casos, de naturaleza pública, privada o mixta, en desarrollo del plan obligatorio de salud.

Adicionalmente, que constituye servicio público de salud los prestados en desarrollo de los planes que se ofrezcan en los regímenes especiales a que hace alusión el artículo 279 de la Ley 100 de 1993(17), y los que se prestan con cargo a los recursos del Fosyga(18).

Ahora bien, los ingresos que perciban las IPS por la prestación de servicios de salud diferentes a los anteriormente establecidos, a juicio de la Sala están gravados, porque si bien son servicios que se pueden prestar por instituciones adscritas o vinculadas al sistema nacional de salud, o mejor al sistema de seguridad social integral, no debe perderse de vista que este nuevo sistema, conforme se precisó anteriormente, parte del presupuesto de que existe un mercado de servicios de salud, mercado que incluye, por una parte, los servicios prestados de manera obligatoria por ley (POS) o de manera obligatoria, por ejemplo, a instancia de sentencias judiciales y, por otra, los servicios prestados de manera voluntaria y extraordinaria a cambio de una contraprestación por servicios médicos que se prestan en virtud de seguros médicos, planes complementarios salud(19)o por mera liberalidad del cliente que requiere servicios médicos extraordinarios(20).

Por lo tanto, la Sala considera que la sentencia de primera instancia debe ser modificada, en el sentido de declarar la nulidad parcial de los actos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, se reliquidará la sanción por no declarar a cargo de la Fundación Cardio Infantil - Instituto de Cardiología, para los bimestres 3 a 6 del año 2001 y 1 a 6 del 2002.

Para el efecto, excluirá del cálculo de la sanción los ingresos obtenidos por la prestación de servicios de salud, teniendo en cuenta, para el efecto, el criterio anteriormente señalado, en cuanto tales ingresos se encuentren probados.

No excluirá otros conceptos, porque la demandante no objetó individualmente cada ítem, a pesar de que, aisladamente, haya hecho alusión a que hay conceptos que, según dijo, se contabilizaron como ingresos no operacionales.

Por lo tanto, los valores a tener en cuenta son:

Bimestre mayo-junio de 2001

Vencimiento 3 bimestre 2001
18 de julio del 2001
Fecha acto administrativo
7 de julio de 2006
Número de meses
60 meses
Ingresos gravables
1.598.516.090
Sanción
0.1%
Total sanción
95.910.960

Bimestre julio-agosto de 2001

Vencimiento 4 bimestre 2001
19 de septiembre del 2001
Fecha acto administrativo
7 de julio de 2006
Número de meses
58 meses
Ingresos certificados
1.809.778.838
1.810.549.411

Sanción
0.1%
Total sanción
104.967.124

 

Bimestre septiembre-octubre de 2001

Vencimiento 5 bimestre 2001
20 de noviembre del 2001
Fecha acto administrativo
7 de julio de 2006
Número de meses
56 meses
Ingresos certificados
1.844.540.261
Sanción
0.1%
Total sanción
103.294.240

Bimestre noviembre-diciembre de 2001

Vencimiento 6 bimestre 2001
22 de enero del 2002
Fecha acto administrativo
7 de julio de 2006
Número de meses
54 meses
ingresos certificados
1.932.110.924
Sanción
0.1%
Total sanción
104.333.940

Bimestre enero-febrero de 2002

Vencimiento 1 bimestre 2002
21 de marzo del 2002
Fecha acto administrativo
7 de julio de 2006
Número de meses
52 meses
Ingresos certificados
1.833.311.000
Sanción
0.1%
Total sanción
95.332.172

Bimestre marzo-abril de 2002

Vencimiento 2 bimestre 2002
21 de mayo del 2002
Fecha acto administrativo
7 de julio de 2006
Número de meses
50 meses
Ingresos certificados
1.718.735.246
Sanción
0.1%
Total sanción
85.936.750

Bimestre mayo-junio de 2002

Vencimiento 3 bimestre 2002
19 de julio del 2002
Fecha acto administrativo
7 de julio de 2006
Número de meses
48 meses
Ingresos certificados
1.632.350.545
Sanción
0.1%
Total sanción
78.352.800

Bimestre julio-agosto de 2002

Vencimiento 4 bimestre 2002
20 de septiembre del 2002

Fecha acto administrativo
7 de julio de 2006

Número de meses
46 meses

Ingresos certificados
1.789.318.421

Sanción
0.1%

Total sanción
82.308.628

Bimestre septiembre-octubre de 2002

Vencimiento 5 bimestre 2002
21 de noviembre del 2002

Fecha acto administrativo
7 de julio de 2006

Número de meses
44 meses

Ingresos certificados
1.906.784.376

Sanción
0.1%

Total sanción
83.898.496

Bimestre noviembre-diciembre de 2002

Vencimiento 6 bimestre 2002
21 de enero del 2003
Fecha acto administrativo
7 de julio de 2006
Número de meses
42 meses
Ingresos certificados
1.676.624.919
Sanción
0.1%
Total sanción
70.418.208

En ese orden de ideas, la sanción por no declarar el ICA a cargo de la Fundación Cardio Infantil, por los bimestres 3 a 6 del año 2001 y 1 a 6 del 2002, es la siguiente:

Período
Valor sanción por no declarar
3 bimestre de 2001
95.910.960
4 bimestre de 2001
104.967.124
5 bimestre de 2001
103.294.240
6 bimestre de 2001
104.333.940
1 bimestre de 2002
95.332.172
2 bimestre de 2002
85.936.750
3 bimestre de 2002
78.352.800
4 bimestre de 2002
82.308.628
5 bimestre de 2002
83.898.496
6 bimestre de 2002
70.418.208
Total sanciones
904.753.318

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE la sentencia apelada. En su lugar se dispone:

“PRIMERO. ANÚLANSE parcialmente las resoluciones 9600-DD-057816-2006-EE-204954 del 7 de julio de 2006, proferida por la subdirección de impuestos a la producción y el consumo, y 064053-DDI-2007-EE-177581 del 30 de julio del 2007, proferida por la subdirección jurídica tributaria, dependencias ambas pertenecientes a la Dirección Distrital de Impuestos de la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital de Bogotá, por medio de las cuales se impuso sanción a la Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología, por no presentar declaraciones del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros correspondientes a los bimestres 3 a 6 de 2001, y 1 a 6 de 2002.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que la sanción por no declarar el Impuesto de Industria, Comercio, Avisos y Tableros, por los bimestres3 a 6 de 2001 y 1 a 6 de 2002, a cargo de la Fundación Cardio Infantil-Instituto de Cardiología, es la siguiente:

Período
Valor sanción por no declarar
3 bimestre de 2001
95.910.960
4 bimestre de 2001
104.967.124
5 bimestre de 2001
103.294.240
6 bimestre de 2001
104.333.940
1 bimestre de 2002
95.332.172
2 bimestre de 2002
85.936.750
3 bimestre de 2002
78.352.800
4 bimestre de 2002
82.308.628
5 bimestre de 2002
83.898.496
6 bimestre de 2002
70.418.208
Total sanciones a cargo de la Fundación Cardio Infantil
904.753.318

2. CONFÍRMASE en lo demás la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(2) De acuerdo con las certificaciones expedidas por la secretaría de salud y por el Ministerio de Salud, visibles en los folios 187 a 200 del cuaderno de antecedentes.

(3) Folios 265 y 266 del cuaderno de antecedentes.

(4) Folios 166 a 173 del cuaderno de antecedentes.

(5) Folios 454 a 467 del cuaderno de antecedentes.

(6) Expediente 16934, C.P. Ligia López Díaz y 16755, CP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(7) “...la prestación de servicios de salud por parte de entidades privadas, tales como las asociaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, hacen parte del sistema nacional de salud, como reiteradamente lo ha considerado la Sala en diversos pronunciamientos y en consecuencia, al distrito le está prohibido gravar con este tributo sus actividades de servicios, con excepción de las industriales y comerciales que realicen, conforme al artículo 11 de la Ley 50 de 1984, pues, la intención del legislador al expedir el artículo 39 de la Ley 14 de 1983 fue no someter al cumplimiento de ninguna de las obligaciones sustanciales ni formales relacionadas con el impuesto de industria y comercio, cuando las entidades de salud estuvieran organizadas como clínica u hospitales y se ocupan de un servicio público de salud”.

Ahora bien, como ha precisado la Sala en ocasiones anteriores, si bien los recursos que perciban las clínicas y hospitales no son susceptibles de ser gravados en virtud de lo dispuesto en el literal d) numeral 2º del artículo 39 de la Ley 14 de 1983, por disposición del artículo 11 de la Ley 50 de 1984, no corren la misma suerte, es decir, están sujetos al gravamen los ingresos provenientes de actividades industriales y comerciales que reciban las entidades hospitalarias”.

Entre otras sentencias que acogieron la misma posición, se pueden consultar las del 2 de marzo de 2001, expediente 10888 y 13299 del 10 de junio de 2004, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié; 9 de diciembre de 2004, expediente 14174, C.P. Elizabeth Wittingham García; 15 de junio de 2006, expediente 15185, CP. Ligia López Díaz; 30 de noviembre de 2006, expediente 15608, C.P. Ligia López Díaz y del 28 de junio de 2007, expediente 15465, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(8) Modificado por el artículo 1º del Decreto 422 de 1996.

(9) Artículo 60.

(10) Sentencia de 13 de octubre de 2000, expediente 10657, C.P. Daniel Manrique Guzmán.

(11) Folios 236 y 237 del cuaderno de antecedentes.

(12) La Corte Constitucional, en Sentencia C-736 de 2007 dijo que (...) de lo afirmado por el artículo 365 cuando indica que los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares, (...) entiende que el constituyente quiso definir que las personas o entidades que asuman la prestación de los servicios públicos tendrán no sólo un régimen jurídico especial, sino también una naturaleza jurídica especial; esta particular naturaleza y reglamentación jurídica encuentra su fundamento en la necesidad de hacer realidad la finalidad social que es definida por la misma Carta como objetivo de la adecuada prestación de los servicios públicos. De lo anterior se desprende que cuando el Estado asume directamente o participa con los particulares en dicho cometido, las entidades que surgen para estos efectos también se revisten de ese carácter especial y quedan sujetas a la reglamentación jurídica particularmente diseñada para la prestación adecuada de los servicios públicos.(...)”.

(13) En el sector público, en los contratos administrativos para la prestación de los servicios de salud, se han usado diversos sistemas de pago, como el sistema prospectivo o anticipado o el sistema retrospectivo, que tienen las siguientes características.

Sistema prospectivo o anticipado
Sistema retrospectivo
El valor de los servicios se define con anterioridad. El prestador conoce el valor que recibirá por la atención
El valor del servicio se conoce después de su prestación
Clases:
Clases: Pago por servicio prestado
— capitación
— Presupuesto global
— Pago por caso
— Presupuesto por línea de ítem
— Pago por estancia.

(14) En ese sentido se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-1040 de 2003 17. Las anteriores consideraciones deben hacerse extensivas a las instituciones prestadoras de salud -IPS-, pues en su condición de integrantes del sistema general de seguridad social en salud, están encargadas de la prestación de los servicios de salud a los afiliados con base en los recursos del POS que reciben de las EPS. En consecuencia, dichas entidades tampoco están obligadas a cancelar el impuesto de industria y comercio sobre las actividades comerciales y de servicios que comprometan recursos del POS, por tratarse de rentas parafiscales, y solamente lo harán sobre los recursos que no están destinados al POS”.

(15) Julio Silva Colmenares.La modernización del Estado, el reto de la calidad y la eficiencia en el servicio de salud y el papel de la Superintendencia Nacional de Salud. Algunas reflexiones para la discusión. Superintendencia de Salud. Ediciones Macondo. 1992.

(16) La Sala precisa que especialmente y no exclusivamente, por cuanto

(17)ART. 279.—Excepciones. El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida.

Se exceptúan también, los trabajadores de las empresas que al empezar a regir la presente Ley, estén en concordato preventivo y obligatorio en el cual se hayan pactado sistemas o procedimientos especiales de protección de las pensiones, y mientras dure el respectivo concordato.

Igualmente, el presente régimen de seguridad social, no se aplica a los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, ni a los pensionados de la misma. Quienes con posterioridad a la vigencia de la presente Ley, ingresen a la Empresa Colombiana de Petróleos-Ecopetrol, por vencimiento del término de contratos de concesión o de asociación, podrán beneficiarse del régimen de seguridad social de la misma, mediante la celebración de un acuerdo individual o colectivo, en término de costos, forma de pago y tiempo de servicio, que conduzca a la equivalencia entre el sistema que los ampara en la fecha de su ingreso y el existente en Ecopetrol.

PAR. 1º—La empresa y los servidores de que trata el inciso anterior, quedan obligados a efectuar los aportes de solidaridad previstos en esta ley.

Las entidades empleadoras referidas en el presente artículo, quedan facultadas para recibir y expedir los bonos correspondientes a los períodos de vinculación o cotización a que hubiere lugar, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto se expida.

(...)”.

(18) En Sentencia T-760 de 2008, la Corte Constitucional precisó que (...) Cuando una persona requiere un servicio de salud que no se encuentra incluido dentro del plan obligatorio de servicios, y carece de recursos para cubrir el costo del mismo que le corresponda asumir, las entidades encargadas de asegurar la prestación del servicio (EPS) deben cumplir con su responsabilidad y, en consecuencia, asegurar el acceso a este. No obstante, es el Estado quien ha de asumir el costo del servicio, por cuanto le corresponde la obligación de garantizar el goce efectivo del derecho. En tal sentido, la jurisprudencia constitucional y la regulación han reconocido a la entidad aseguradora el derecho de repetir contra el Estado (ver secciones 4.4 y 6.2), a través del Fosyga. El adecuado financiamiento de los servicios de salud no contemplados en el POS depende entonces, del correcto flujo de recursos por parte del Estado para cubrir el pago de los recobros que reglamentariamente sean presentados por las entidades que garantizan la prestación del servicio. En la medida en que tales costos no están presupuestados por el sistema dentro del monto que recibe la entidad aseguradora de la prestación del servicio de salud por cuenta de cada uno de sus afiliados o beneficiarios (UPC, unidad de pago por capitación), su falta de pago atenta contra la sostenibilidad del sistema, y en tal medida, al acceso a la prestación de los servicios de salud que se requieran con necesidad. Al ser las entidades encargadas de garantizar la prestación del servicio (EPS), o incluso las instituciones prestadoras de salud (IPS), las que suelen asumir los costos de la demora de los pagos de los recobros, se genera además, una presión sobre estas para dejar de autorizar la prestación de servicios de servicios no contemplados en el POS. Así pues, en la medida que la capacidad del Sistema de Salud para garantizar el acceso a un servicio de salud depende de la posibilidad de financiarlo sin afectar la sostenibilidad del sistema, el que no exista un flujo de recursos adecuado para garantizar el acceso a los servicios de salud que se requieran con necesidad, no incluidos dentro de los planes de servicio, obstaculiza el acceso a dichos servicios (...).

(19) ART. 169.—Planes complementarios. Las entidades promotoras de salud podrán ofrecer planes complementarios al plan obligatorio de salud, que serán financiados en su totalidad por el afiliado con recursos distintos a las cotizaciones obligatorias previstas en el artículo 204 de la presente ley.

(20) Por ejemplo, cirugías de estética.