Sentencia 2007-00244 de octubre 30 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Ref.: Expediente 2007-00244-00.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González.

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Actor: Juan Diego Villamil Medina.

Bogotá, D.C., treinta de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La controversia se circunscribe a establecer si los actos acusados, en virtud de los cuales el Gobierno Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Juan Diego Villamil Medina, para comparecer a juicio por el cargo único de “Concierto para importar a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los Estados Unidos, sustancias controladas, específicamente, heroína y cocaína), referido en la segunda acusación sustitutiva S2-05-Cr-965, dictada el 9 de marzo de 2006, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York”, desconocieron sus garantías constitucionales al aplicar la Ley 906 de 2004 y no la Ley 600 de 2000.

Al respecto, la Sala tiene en cuenta lo siguiente:

El actor alega la infracción de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 13, 29, 35, 42 y 44 de la Constitución Política y las disposiciones que integran el bloque de constitucionalidad previsto en el artículo 93 de la Constitución Política, porque, en su criterio, debió observarse la Ley 600 de 2000 y no la Ley 906 de 2004, que autorizaba su aplicación a partir del 1º de enero de 2007 para el Distrito Judicial de Popayán.

Conforme se deduce del texto de los actos acusados, el Gobierno de los Estados Unidos de América, mediante Nota Diplomática 1354 de fecha junio 6 de 2006, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Juan Diego Villamil Medina, a quien la autoridad judicial de ese país le profirió indictment, acusación, S2-05-Cr.965 de 9 de marzo de 2006, y atribuyó un cargo por “Concierto para importar heroína y cocaína”.

A través de la nota verbal 2064 del 18 de agosto de 2006, la embajada de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición del señor Juan Diego Villamil Medina, situación que dio lugar a que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del oficio OAJ.E. 1485 de la misma fecha, conceptuara que “En atención a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, me permito manifestarle que por no existir convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano”.

El artículo 530 de la Ley 906 de 2004, señalado por la parte actora como desconocido o mal interpretado por la Corte Suprema de Justicia, establece:

“ART. 530—Selección de distritos judiciales. Con base en el análisis de los criterios anteriores, el sistema se aplicará a partir del 1º de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1º de enero de 2006 incluirá a los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal.

En enero 1º de 2007 entrarán al nuevo sistema los distritos judiciales de Antioquia, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y Villavicencio. (...)”

El modelo penal colombiano a partir del Acto Legislativo 03 del 2002, adoptó el sistema procesal acusatorio, en reemplazo del mixto, que lo caracterizó desde la promulgación de la Carta Política de 1991.

Así las cosas, el sistema a que refiere el artículo 530 de la Ley 906 de 2004, es el penal acusatorio, que se aplicará gradualmente por los distritos judiciales del país para el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero de 2005, no así para el trámite de la extradición, el cual se regirá por la Ley vigente al momento de la solicitud de extradición, que en este caso fue el 6 de junio de 2006.

Ello significa que las disposiciones de la Ley 906 de 2004, referidas al trámite de extradición, por no estar comprendidas dentro del sistema acusatorio, son de observación inmediata.

En consecuencia, no prospera el cargo en estudio.

En relación con la trasgresión del derecho fundamental a la igualdad jurídica (C.P., art. 13), por cuanto el Ministerio de Justicia no valoró las pruebas recaudadas en Colombia y sí las presentadas por los Estados Unidos de Norteamérica, cabe resaltar lo que en lo pertinente, consigna el acto principal acusado:

“e. En relación a la vulneración del derecho a la igualdad del ciudadano requerido por la Corte Suprema de Justicia al rechazar las pruebas solicitadas y aportadas por la defensa y no rechazar los documentos aportados por el Gobierno de los Estados Unidos en la formalización de la solicitud de extradición, cabe solo mencionar que las primeras son a criterio de la Corte, el cual es totalmente compartido por el Gobierno Nacional, impertinentes e inconducentes para el debate que debe darse dentro del trámite de extradición, cual es el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación procesal penal para las solicitudes presentadas a tal efecto”.

Frente al tema, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ha manifestado(1):

“(...) en Colombia el trámite de extradición, no corresponde a la noción estricta de proceso judicial en el que se juzgue la conducta de aquel a quien se reclama en extradición, por tanto, no tienen cabida cuestionamientos relativos a la validez o mérito de la prueba recaudada por las autoridades extranjeras sobre la ocurrencia del hecho, el lugar de su realización, la forma de participación o el grado de responsabilidad del encausado; la normatividad que prohíbe y sanciona el hecho delictivo, la calificación jurídica correspondiente; la competencia del órgano judicial; la validez del proceso en el cual se le acusa; la pena que le correspondería purgar para el caso de ser declarado penalmente responsable; o la vigencia de la acción penal; pues tales aspectos corresponden a la órbita exclusiva y excluyente de las autoridades del país que eleva la solicitud y su postulación o controversia debe hacerse al interior del respectivo proceso utilizando al efecto los instrumentos que prevea la legislación del Estado que formula la solicitud”.

Dentro de este contexto la Sala estima que no correspondía ni a la autoridad administrativa ni a la autoridad judicial valorar las pruebas relativas a desvirtuar el cargo endilgado, puesto que ello es propio del proceso judicial que adelanta el país requirente, y se reitera en este sentido, que las únicas pruebas conducentes en el trámite de extradición son aquellas que tengan que ver con los requisitos exigidos por la ley procesal para conceder la extradición (artículo 493, Ley 906 de 2004).

Alega el accionante que el concepto que emite la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, debe incluir un examen material y no limitarse a realizar un examen formal sobre la documentación aportada.

Al respecto, la Sala prohíja lo expresado por la Corte Constitucional(2) y que se consignó en el acto acusado, así:

“Para esta corporación, no son de recibo los argumentos esgrimidos por el demandante, porque la Corte Suprema de Justicia en este caso no actúa como juez, en cuanto no realiza un acto jurisdiccional, como quiera que no le corresponde a ella en ejercicio de esta función establecer la cuestión fáctica sobre la ocurrencia o no de los hechos que se le imputan a la persona cuya extradición se solicita, ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que pudieron ocurrir, ni tampoco la adecuación típica de esa conducta a la norma jurídico-penal que la define como delito, pues si la labor de la Corte fuera esa, sería ella y no el juez extranjero quien estaría realizando la labor de juzgamiento.

Por esto —y no por otra razón—, es que la intervención de la Corte Suprema de Justicia en estos casos, se circunscribe a emitir un concepto en relación con el cumplimiento del Estado requirente de unos requisitos mínimos que ha de contener la solicitud, los cuales se señalan en el Código de Procedimiento Penal”.

Por lo anterior, no tiene vocación de prosperidad el cargo en estudio.

Afirma el actor que los actos acusados desconocen el derecho a la libertad desde el momento en que se produce su captura con fines de extradición, pues de conformidad con la ley procesal, tanto los requisitos formales como los sustanciales son de estricto cumplimiento.

Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación lo expresado por la Corte Constitucional, en sentencia C-460 de 2008, en la cual se dice:

“4.3. De conformidad con el precedente establecido en la Sentencia C-1106 de agosto 24 de 2000 antes mencionada, por su propio contenido el acto mismo de la extradición no decide, ni en el concepto previo que le corresponde a la Corte Suprema, ni en su concesión posterior por el Gobierno Nacional, sobre la existencia del delito, ni sobre la autoría o las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió, ni sobre la responsabilidad del imputado, todo lo cual indica que no se está en presencia de un acto de juzgamiento. De serlo, implicaría el desconocimiento de la soberanía del Estado requirente, que es donde se deben debatir y controvertir las pruebas que obren en el proceso respectivo.

4.4. Con todo, ha de recordarse que el análisis que compete realizar a la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, al conceptuar acerca de la concesión o negación de la extradición, comprende, además de los aspectos enunciados en los artículos 495 y 502 de la Ley 906 de 2004, la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos o derivados de la Constitución, principalmente en cuanto no se trate de la extradición por la comisión de delitos políticos; ni por hechos anteriores a la expedición del Acto Legislativo 01 de 1997, en el caso de la extradición de colombianos por nacimiento, según lo previsto en el artículo 35 de la Carta Política; ni se vayan a imponer en la nación requirente tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni penas proscritas en Colombia como la de muerte o la prisión perpetua.

(...)

4.5. Por todo lo anterior, resulta claro que en el trámite de la extradición la Corte Suprema, Sala Penal, no valora pruebas sobre la existencia del hecho y sus circunstancias, ni juzga al solicitado; tampoco cuestiona las decisiones emitidas por la autoridad extranjera y solo le compete verificar el cumplimiento de los requisitos para otorgar la extradición, según lo dispuesto en el tratado internacional respectivo o, en su defecto, en la ley interna, acatando la preceptiva superior (cfr. arts. 12, 34 y 35 Const.) y la normatividad complementaria”.

Igualmente, la Corte Constitucional(3) sobre la captura con fines de extradición, precisó:

“(...) la orden de captura con fines de extradición hace parte de un trámite administrativo destinado a poner a disposición del Estado requirente a una persona para que adelante un proceso penal en su territorio y bajo su jurisdicción, todo con reconocimiento y respeto por la soberanía del solicitante, teniendo como fundamento los principios de colaboración, solidaridad, como también el de confianza legítima y mutua en las relaciones entre Estados.

En este orden de ideas, el Estado requerido no podrá llevar a cabo control jurisdiccional sobre la orden de captura con fines de extradición, pues tal comportamiento podría ser entendido como un acto de desconocimiento de las atribuciones propias de la soberanía del Estado requirente, con las consecuencias que el derecho internacional prevé para esta clase de actitud”.

En este contexto, corresponde a la autoridad judicial emitir concepto respecto de los requisitos que la ley procesal establece para atender el requerimiento de extradición de un ciudadano colombiano; y fue en ejercicio de esta función, que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal(4), realizó el análisis de conformidad con lo establecido en el artículo 502 de la Ley 906 de 2004, en los siguientes aspectos puntuales: validez formal de la documentación allegada por el país requirente; demostración plena de la identidad de la persona solicitada; concurrencia del principio de la doble incriminación, según el cual “el hecho que motiva” la solicitud también debe estar “previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años”; y acreditación de la “equivalencia de la providencia proferida en el extranjero” con la acusación propia del sistema procesal colombiano, concluyendo que dichas exigencias se encuentran satisfechas.

Lo precedente pone de manifiesto que la legalidad de los actos acusados no fueron (sic) desvirtuados, razón por la cual habrán de denegarse las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

En firme esta providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de octubre de 2014».

(1) Radicación 25.333, julio 4 de 2006, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-243 de 2009.

(2) En Sentencia C-1106 de 2000.

(3) Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-243 de 2009.

(4) Sala de Casación Penal en concepto de 7 de febrero de 2007.