Sentencia 2007-00255/43991 de junio 1 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Exp. 43991

Rad.: 68001-23-31-000-2007-00255-01

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Miguel Rogelio Domínguez Serrano y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Referencia: Reparación directa

Bogotá D.C., primero de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

8. Por ser la demandada una entidad pública, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

9. La Sala es competente para resolver el caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a su naturaleza. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía(2).

10. La acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo es la procedente en este caso, por cuanto la producción o fuente del daño alegado se atribuye a las acciones u omisiones presuntamente cometidas por la Nación - Fiscalía General de la Nación, las cuales, según la parte actora, le provocaron perjuicios morales y materiales que deben ser indemnizados integralmente.

11. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, está acreditado que el demandante Miguel Rogelio Domínguez Serrano estuvo privado de la libertad desde el 4 de mayo de 2004(3) hasta el 8 de febrero de 2006(4).

11.1. También está probada la relación de parentesco de dicha persona con su cónyuge Martha Cecilia Upegui(5) y sus hijos Miguel Eduardo Domínguez Upegui(6) y Juan Carlos Domínguez Upegui(7), de suerte que tales personas se encuentran legitimadas en la causa por activa

12. Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se advierte que la privación de la libertad de Miguel Rogelio Domínguez Serrano se produjo con ocasión de sendas decisiones tomadas por la Fiscalía General de la Nación, pues esta fue la entidad que ordenó la restricción de su libertad dentro de dos procesos penales: el primero, tramitado por la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces de Circuito de Bucaramanga, con radicado Nº 201.826, en el que profirió orden de captura contra el actor el 30 de abril de 2004 (fl. 276, c.2 exp. penal 2002 -0212), dictó medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva el 7 de mayo de 2004 (fl. 49 - 55, c.2 exp. penal 2002 -0212) y resolución de acusación por el delito de rebelión el 26 de octubre de 2004 (fl. 49 - 55, c.2 exp. penal 2002 -0212); y el segundo, seguido por la Fiscalía 2ª Especializada de Bucaramanga, por los presuntos delitos de rebelión y testaferrato, con radicado Nº 157115, en el que se dictó orden de captura el 7 de mayo de 2004 y el 2 de junio de ese año se definió su situación jurídica, en el sentido de imponerle medida de aseguramiento (fl. 169-172, c.1). En consecuencia, se tendrá a la entidad demandada como legitimada por pasiva en este asunto.

13. Finalmente, atinente a la caducidad, el ordenamiento consagra esta figura como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales, para lo cual la ley establece taxativamente unos términos dentro de los cuales el interesado tendrá la carga de promover el litigio a través de demanda. Si el recurso judicial se ejerce por fuera de este lapso temporal, aquel perderá la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.

13.1 En este orden de ideas, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en lo relativo a la acción de reparación directa, instituye un término de dos años para que sea impetrada, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente), y vencido el cual ya no será posible solicitar que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado.

13.2 En tratándose de responsabilidad por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que el término de caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso penal(8).

13.3. De conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, resulta acreditado que las providencias mediante las cuales se dieron por terminados los procesos penales seguidos en contra del señor Domínguez Serrano fueron: (i) el proceso con radicado N º 157115, relativo al delito de testaferrato, cuya instrucción desarrolló la Fiscalía 2ª Especializada de Bucaramanga, culminó con la Resolución del 18 de octubre de 2005 proferida por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, en la que decidió precluir la investigación a favor del actor, sin que se advierta que contra tal decisión se hubieren interpuesto recursos, de ahí que adquiriera firmeza tres días hábiles después de su notificación(9), esto es, el 21deoctubrede2005 (fl. 8 - 20, c.7, exp. penal 2005 – 0212); y (ii) el proceso penal que en sede de instrucción se identificó con el Nº 201.826 por el delito de rebelión, tramitado ante la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga por el delito de rebelión, y que en etapa judicial fue conocido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga (rad. 2005-0212), culminó con sentencia absolutoria del 6 de febrero de 2006 (fl. 105 - 134, c.7, exp. penal 2005 - 0212), la cual adquirió firmeza el 20defebrerode2006(10).

13.4. Así, el plazo límite para interponer la acción, en el primero de los casos, vencía el 22 de octubre de 2007; y en el segundo, el 21 de febrero de 2008. Y comoquiera que la demanda fue radicada el 2 de mayo de 2007 (fl. 15, c.1), esta se presentó dentro del término bienal que establece para tal efecto el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

II. Problema jurídico

14. La Sala debe determinar si la privación de la libertad que soportó Miguel Rogelio Domínguez Serrano, en el marco de dos procesos penales seguidos en su contra por los punibles de testaferrato y rebelión, que culminaron, el primero, con resolución de preclusión de la investigación; y en el segundo, con sentencia absolutoria, constituye una detención injusta que compromete la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación.

III. Validez de los medios de prueba

15. De la prueba trasladada: Según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en atención a lo establecido en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro y serán apreciables sin mayores formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”. En consecuencia, las pruebas decretadas y practicadas dentro los procesos penales adelantados contra Miguel Rogelio Domínguez Serrano y que se incorporaron al presente expediente por solicitud de la parte demandante, pueden ser valoradas por la Sala, dado que fueron surtidas con audiencia de la entidad demandada en este caso, pues se trata de investigaciones seguidas por la Fiscalía General de la Nación(11).

15.1. De la indagatoria. Frente a la valoración de la diligencia de indagatoria, se ha indicado, prima facie, que no es posible considerarla como medio de prueba para fines de estudiar la responsabilidad extracontractual del Estado, porque no se practica bajo el apremio del juramento, requisito indispensable para para que pueda considerarse como testimonial, siendo deber del juez preservar la garantía constitucional de la no autoincriminación(12).

15.2. No obstante, como excepción a la anterior regla, la Sala ha sostenido que es posible valorar la indagatoria en el juicio de responsabilidad estatal, en los siguientes casos:

i) cuando la indagatoria se equipara al testimonio al surtirse el trámite de la ratificación mediante juramento en el trámite contencioso administrativo(13); ii) cuando los indagados consientan hacer afirmaciones bajo la gravedad del juramento y se satisfagan los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia(14). Además, la Sala ha dicho que es posible valorar la indagatoria y otorgarle mérito probatorio siempre y cuando(15): i) se advierta que son indispensables para realizar un análisis integral del caso; ii) no se constituya en la única prueba que defina la responsabilidad administrativa y extracontractual del Estado; iii) coincidan con lo acreditado a través de otros medios de convicción; iv) hayan sido tenidas en cuenta como medios de prueba en procesos foráneos en los cuales fueron recaudadas y no hayan sido desestimadas por presiones indebidas o vulneraciones a derechos fundamentales, con el agregado que si la declaración es de quien es parte en el trámite contencioso administrativo, solo se acordará credibilidad probatoria en lo desfavorable, puesto que podría eventualmente verse beneficiada por la sentencia favorable que eventualmente se profiera como conclusión del presente litigio(16).

15.3. Así las cosas, en el expediente reposa la copia de la diligencia de indagatoria y de sus respectivas ampliaciones, rendidas por el señor Miguel Rogelio Domínguez (v. párr. 16.11, 16.12 y 16.15), dentro del proceso penal Nº 2005-0212 (ante Fiscalía rad. Nº 201826) adelantado en su contra por el delito de rebelión y cohecho por dar u ofrecer, mismas que si bien se rindieron libre de apremio y juramento, la Sala considera indispensables para el análisis integral del caso, no constituyen las únicas prueba para predicar la posible responsabilidad de la Administración o su absolución, concuerda con otros elementos de prueba aportados al plenario y se reconocerá su credibilidad probatoria solo en lo desfavorable al sindicado.

15.4. Grabación magnetofónica: Dentro del expediente penal trasladado, igualmente reposa la transliteración de una grabación magnetofónica, concerniente a una conversación que tuvo lugar el 31 de marzo de 2004 entre el demandante, señor Miguel Rogelio Domínguez Serrano y un ex integrante de las FARC, el señor William Gutiérrez Rubio, referente a un presunto ofrecimiento de dinero al fiscal que llevaba la investigación penal en contra del primero por el delito de testaferrato (fl. 243 - 251, c.2, exp. penal 2005-0212).

15.5. Al respecto, vale decir que esta Corporación procederá de manera similar a como lo hizo la Fiscalía General de la Nación al momento de proferir resolución de preclusión de la investigación por el delito de cohecho por dar u ofrecer a favor del señor Miguel Rogelio Domínguez (v. párr. 16.17), en la que estimó que se trataba de una prueba indebidamente recolectada al no contar con autorización previa para su recaudo.

15.6. Lo anterior se sustenta en lo afirmado por la Corte Constitucional en relación con las pruebas que se consideran ilegales por vulneración del derecho a la intimidad, así:

En esa medida, las grabaciones de imagen o de voz realizadas en ámbitos privados de la persona, con destino a ser publicadas o sin ese propósito, constituyen violación del derecho a la intimidad personal, si las mismas no han sido autorizadas directamente por el titular del derecho y, además, en caso extremo, si no han sido autorizadas expresa y previamente por autoridad judicial competente. El resultado de la recolección de la imagen o la voz sin la debida autorización del titular implica, sin más, el quebrantamiento de su órbita de privacidad y, por tanto, la vulneración del derecho a la intimidad del sujeto. La Sala considera que la grabación de la reunión que se hizo sin el consentimiento del procesado vulneró el derecho a la intimidad de este en aspectos como el de la reserva de la propia imagen, la reserva de las comunicaciones personales y la reserva del domicilio —entendido en el sentido amplio pertinente al derecho a la intimidad—. En esas condiciones, la grabación no podía presentarse como prueba válida en el proceso y debió ser expulsada(17).

15.7. Luego, como en el presente caso aparece que la grabación no fue autorizada por el señor Miguel Rogelio Domínguez ni ordenada previamente por autoridad judicial, no podrá ser tenida en cuenta en el presente proceso.

IV. Hechos probados

16. En este punto, se aclara que comoquiera que en contra del señor Miguel Rogelio Domínguez se adelantaron dos investigaciones penales, esto es: la Nº 201826 adelantada por la Fiscalía 15 Seccional de Bucaramanga por los delitos de rebelión y cohecho por dar u ofrecer, que culminó con sentencia absolutoria del 6 de febrero de 2006, dictada por el Juzgado 4º Penal del Circuito de Bucaramanga; y Nº 157115, seguida por la Fiscalía 2ª Especializada de Bucaramanga por los delitos de rebelión y testaferrato que terminó con resolución de preclusión de la investigación, la relación de los elementos de convicción y las actuaciones desplegadas en cada uno de estos procesos, para efectos de una mayor claridad, se relacionaran por separados, así:

Proceso penal Nº 201826 

16.1. El 28 de octubre de 2003, el señor José Trinidad Roso Parada, quien dijo haber pertenecido y desertado de la cuadrilla Rafael Garzón de las FARC, presentó denuncia ante el despacho de la Fiscalía 002 de la URI de Bucaramanga, en la que dijo conocer a varias personas que hacía parte de la red urbana de dicha organización guerrillera, entre ellos, al señor Miguel Rogelio Domínguez, quien presidía la empresa “Transportes Domínguez” y presuntamente se encargaba de la compra de vehículos y viviendas con dineros del grupo insurgente y de adelantar labores de inteligencia para la ejecución de secuestros, extorsiones y consecución de explosivos (fl. 4 - 8, c.1. exp, penal 2005-0212).

16.2. De igual manera, el 13 de noviembre de 2003, el señor Benjamín Méndez Ascencio declaró ante la Fiscalía 2ª de la URI de Bucaramanga, quien también expresó haber pertenecido a la guerrilla de las FARC, y sobre el señor Miguel Rogelio Domínguez Serrano expresó que “es quien se encarga de hablar con los diputados, concejales, alcaldes de los municipios de Santander y Norte de Santander, para que le sirvan a la guerrilla” (fl. 21 -27, c.1. exp, penal 2005-0212)

16.3. El 14 de noviembre de 2003, la Fiscalía 2ª de la URI de Bucaramanga decidió abrir instrucción penal en contra de varias personas señaladas por lo mencionados denunciantes, excepto respecto de Miguel Rogelio Domínguez Serrano, al no encontrar prueba suficiente para su vinculación (fl. 28, c.1. exp, penal 2005-0212).

16.4. El 9 de febrero de 2004, la Sección de Policía Judicial de Santander, remitió a la Unidad Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de la Fiscalía, información acerca de las personas que presuntamente hacían parte de las cuadrillas 20 y 33 de las FARC, donde se señaló al señor Miguel Rogelio Domínguez Serrano como “responsable de la salud del frente 20 de las FARC”, encargado se suministrar servicios de médicos y medicamentos al mencionado grupo insurgente (fl. 29 - 34, c.2. exp, penal 2005-0212).

16.5. El 4 de marzo de 2004, mediante oficio Nº 0448, la Quinta Brigada del Ejército Nacional, remitió a la Fiscalía 15 Seccional un informe de inteligencia en el que relacionó las personas que presuntamente integraban las cuadrillas 20 y 33 de las FARC, entre los cuales mencionó a Miguel Rogelio Domínguez Serrano (alias Don Migue - El Diplomático), como persona de confianza de alias “Danilo García”, cabecilla de dicha organización, encargado de coordinar actividades delictivas en el Departamento de Santander, de ser el enlace político de la subversión y eje central de las finanzas de dicho dirigente guerrillero (fl. 219 - 226, c.2. exp, penal 2005-0212).

16.6. El 16 de marzo de 2004, el señor William Gutiérrez Rubio rindió testimonio ante la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces de Circuito de Bucaramanga, quien en su condición de ex - militante de las FARC, ante la pregunta de si conocía al señor Miguel Rogelio Domínguez, contestó (fl. 210 - 213, c.2. exp, penal 2005-0212):

lo conozco, también con el alías del Diplomático por parte de Danilo García quien es el que lo llamaba así en el monte, lo conocí porque Danilo me dijo que llamara a la Melia Rincón para que me contactara con él, ella lo llama con el alias “del señor de la Cachucha”, en esa reunión cuando me contacté con él me presentó a un señor llamado Alfredo, que es comandante del frente 20 de la FARC (…) Miguel Domínguez es bajito de 1.65 de estatura, más blanco que yo como trigueño, usa bigote (…) tiene un negocio que se llama Transportadora Domínguez, lavan carros, tramitan licencias, hacen mantenimientos generales (…) fuera de esa reunión me he reunido con él tres veces (…) si pertenece a las FARC porque me lo aseguró Danilo García, ya que me dijo que era hombre de confianza de él y le manejaba todo lo que eran las coordinaciones políticas en Bucaramanga y por eso él le decía el Diplomático, el Gato me lo presentó también con la persona que le colaboraba directamente al frente 20 de las FARC con la milicias urbana de Bucaramanga, ya que el los transportaba y los escondía (…) él tiene muchos negocios con los comandantes de las FARC lo cual se ha lucrado de ellos, ya que siempre le mandan plata por todas las diligencias que hace y le manda a veces a pedir plata, como hace poquito en una reunión que tuve con él el dos de marzo de este año, cuando el me llamó a mi celular y me dijo que necesitaba conversar conmigo y me dijo que le dijera a Danilo, que le mandara $ 20.000.000 para completarle $ 40.000.000 que tiene que darle a un fiscal que lleva el caso de él es decir de Miguel Domínguez para que lo absuelva de los cargos. Por testaferrato y parece que de rebelión (…) (Se destaca)

16.7. El 24 de marzo de 2004, la Quinta Brigada del Ejército Nacional, envió un nuevo informe de inteligencia con destino a la Fiscalía 15 Seccional de Bucaramanga, donde reiteró lo expuesto en el informe del 4 de marzo de 2004 (v. párr. 16.5) (fl. 227 - 240, c.2. exp, penal 2005-0212).

16.8. El 30 de abril de 2004, el señor William Gutiérrez Rubio, sindicado en el proceso por el delito de rebelión, fue interrogado por la Fiscalía 15 Seccional de Bucaramanga respecto del conocimiento que este tenía del señor Miguel Rogelio Domínguez Serrano y acerca de una grabación magnetofónica de una conversación que el interrogado había tenido con este último el 31 de abril de 2004, al respecto, afirmó (fl. 270 - 272, c.2. exp, penal 2005-0212):

Si señora yo soy uno de los que está ahí hablando con el otro señor Miguel Rogelio Domínguez (…) él es testaferro e ideólogo del Bloque del Magdalena Medio de la FARC, siendo el comandante José Lisandro Lascarro alias “Pastor Alape” y el segundo al mando José Epimenio Molina alias “Danilo García” (…) PREGUNTADO diga al despacho respecto a la entrevista con Miguel Rogelio Domínguez que aparece en la trascripción que se le pone de presente, de qué hablaron. CONTESTO (sic): él me dijo que necesitaba hablar conmigo una cosa y me citó al sitio la Chispita, y me dijo que tenía unos procesos en contra, es decir donde él figuraba, con otros señores, que si había forma de contactar a los otros del proceso, (los otros sindicados) ya que él tenía las conexiones en la Fiscalía para arreglar todo esto, y que tocaba pagar por cada sumariado $ 10.000.000 diez millones de pesos al Fiscal que llevaba el caso, que tenía este Fiscal como intermediario a un abogado llamado Víctor Hugo Rodríguez, que era persona, que tenía todos los contactos, con funcionarios de la Fiscalía (…)

16.9. En consecuencia, el 30 de abril de 2004, la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces de Circuito de Bucaramanga dispuso librar orden de captura en contra del señor Miguel Rogelio Domínguez Serrano (fl. 276, c.2. exp, penal 2005-0212).

16.10. De esta suerte, la captura del señor Miguel Rogelio Domínguez Serrano se hizo efectiva el 2 de mayo de 2004(18).

16.11. Posteriormente, el 3 de mayo de 2004, el señor Domínguez Serrano rindió indagatoria ante la Fiscalía 15 Seccional Delegada ante los Jueces del Circuito de Bucaramanga, donde expresó (fl. 312 - 315, c.2. exp, penal 2005-0212):

PREGUNTADO: Diga al Despacho si conoce a William Gutiérrez Rubio cuanto hace y en razón de qué. CONTESTO (sic): No lo conozco (…) PREGUNTADO: Según el informe de inteligencia 0815 de abril 13 del 2004 suscrito por el B2, aparece una trascripción de una entrevista suya con William Gutiérrez Rubio, donde al parecer funcionarios de la Fiscalía y del CTI lo mantienen informado a usted de los procesos que cursaban en su contra y en contra de la FARC. Sírvase decirnos qué sabe al respecto. CONTESTO (sic): No me consta nada. En este momento el Despacho pone a su disposición la comunicación a la que hace referencia la pregunta anterior en donde al parecer un Dr. Germán Domínguez como Fiscal recibió un dinero para exonerarlo de los cargos que adelantaba en su Despacho. CONTESTO (sic): Me gustaría oír la conversación, no recuerdo en este momento esta conversión (sic) que en la trascripción se me puso de presente (Se deja constancia que se le puso de presente la conversación que hace parte de las diligencias). PREGUNTADO: La fiscalía le hace cargos a usted por el delito de Rebelión Art. 417 del C.P. Sírvase decir al Despacho como se declarante (sic) los mismos. CONTESTO (sic): No señora no se soy inocente.

16.12 En ampliación de indagatoria, el 5 de mayo de 2004, dicho encartado precisó (fl. 368 -372, c.2. exp, penal 2005-0212):

(…) sobre la trascripción de un señor llamado William y con la persona que yo hablé dijo llamarse en la primera ocasión que lo conocí, LUIS GÓMEZ (…) le pregunto la causa de la visita que me hace y él me respondió que había tenido conocimiento o que tenía conocimiento de que me había solicitado la fiscalía por testaferrato, y otras acusaciones, yo le dije efectivamente que sí, había llamado a declarar, sobre la empresa, que en este momento estoy bregando a sacar adelante, él me dijo que podía colaborarme con lo que estuviera más a su alcance, yo le dije pues le agradezco, pero lo más importante en este momento es demostrar, que esta empresa ha sido constituida con mucho esfuerzo, pero que de todas maneras, económicamente, no tenía facultad, de dinero, para cancelar honorarios, del abogado que hasta la presente me viene prestando los servicios, sin haberle dado un solo peso, él me contestó, que le buscara una copia y que él me buscaría la forma de colaborarme por los lados donde él labora, comprando fruta para que yo pagara el abogado. Y efectivamente yo busqué la manera de hacerle llegar la copia de la diligencia, y se la entregué hasta esta parte, de lo que nosotros, tuvimos la oportunidad de habla, no la encuentro en el expediente (…) a los ocho días, nos encontramos, y me dijo que efectivamente había posibilidades, de poderme ayudar con un dinero, me dijo que cuánto más o menos sería, yo le dije, que eran $ 10.000.000 diez millones, que me tocaba darle al doctor VÍCTOR HUGO GÓMEZ, y que además, si podían colaborarme me ayudarían con otros $ 10.000.000 diez millones de pesos para que el fiscal que me llevaba el proceso, me colaborara en el mismo, pero esto yo lo hice, sin consentimiento ni conocimiento del doctor, VÍCTOR HUGO, ni tampoco del conocimiento y consentimiento del señor FISCAL, HERNÁN DOMÍNGUEZ, quien si me lo trajeran en este momento no recuerdo bien de él, simplemente, le argumenté este procedimiento, que acabo de relatarle para aprovechar la oportunidad, que él me brindaba, en ayudarme, en la parte económica (…) PREGUNTADO. Diga al despacho si la investigación ya estaba a su favor cuando habló con “Antonio Contreras” y le entregó el documento que así lo probaba para qué requería los $ 10.000.000 de pesos para el abogado y los $ 10.000.000 para el fiscal. CONTESTO (sic): Aprovechando la oportunidad del ofrecimiento. Que él me hizo, le argumenté, lo ya anotado. Con el propósito que me colaborara en lo que más pudiera (…) quiero pedirle a la fiscalía que si en algo me he equivocado, ha sido por cuestiones de mi trabajo. Honrado y honesto, cual es el de hacer actividad política sana y de servicio (…) No es fácil conseguir trabajo, ni poder volver a construir algo que ya tengo adelantado, igualmente, le pido a la doctora fiscal que me acojo a la sentencia anticipada, por el delito de Rebelión que me sindican por el otro cargo me considero inocente, y que se haga un análisis, de mi conducta, y mi trabajo. Para que me concedan detención domiciliaria, y así yo poder, seguir subsistiendo, con lo poquito que he luchado y tengo para seguir manteniendo mi hogar. PREGUNTADO: diga a la Fiscalía por qué solicita la sentencia anticipada por Rebelión, si usted afirma que no es integrante de la FARC. CONTESTO (sic): Considero que se me vincula, en este proceso como persona integrante del movimiento de la FARC por el hecho que la acabo de relatar, no estoy auto incriminándome solo acepto que por cuestiones de mi trabajo. Muchas veces estos señores solicitaban que se les enviara una droga, o cosas de comer víveres, y por el hecho de tener se (sic) uno que desplazar por todas estas veredas había que aceptarles, y hacerles llegar, las cosas que necesitaban en una de estas ocasiones, con el señor “Antonio Contreras” les envié unas inyecciones que allí me solicitaron (…) —Se destaca—

16.13. El 7 de mayo de 2004, el señor William Gutiérrez Rubio volvió a emitir declaración bajo juramento respecto de los hechos investigados ante la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces Penales de Circuito, así (fl. 38 - 39, c.3. exp, penal 2005-0212):

PREGUNTADO: Diga al despacho si posee el documento que le entregó a MIGUEL DOMÍNGUEZ del proceso que se adelanta por Testaferrato en la fiscalía Segunda Especializada. CONTESTO (sic): si señora, yo siempre lo tengo en esta carpeta que cargo para todos los lados, no lo había entregado ni mostrado por que no me lo habían pedido, pero a los señores de la RIME sí se lo había mostrado. Se lo puedo dejar a su despacho si lo necesita. Deja constancia el Despacho de que el sumariado deja en fotocopia informal en 8 folios una decisión de la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior, de enero 30 de 2004, sobre el radicado 157.115 por Testaferrato dentro del proceso contra JOSÉ ALBERTO QUINTERO SALAZAR y otros. Revocando la resolución inhibitoria del 20 de octubre de 2003, ordenando la apertura de la investigación contra los imputados. PREGUNTADO. Diga al despacho si este documento se lo entregó MIGUEL DOMÍNGUEZ, en la primera cita que tuvieron en qué sitio, quién concretó la cita, cuál era el tema o el punto de concertación de la misma, qué le dijo sobre el documento, sabe o entiende usted qué significa este documento. CONTESTO (sic): señora en la primera cita me citó, para hablar conmigo sobre los documentos que el iva (sic) a enviar a Danilo García sobre el proceso adelantado contra él, y donde el fiscal lo estaba favoreciendo, y por eso necesitaba que lo apoyara Danilo con más plata, ya que en el proceso había varias personas y por cabeza cobraba el fiscal del caso $ 10.000.000, y a prueba eso me entregaba los documentos que estoy entregando en este momento a la fiscalía estaba conmigo, MELIA RINCÓN CAPACHO hermana de HUGO RINCÓN CAPACHO alias “el Gato” cabecilla del frente 20 de las FARC y Jefe de seguridad de “Danilo García” y la sobrina de MELIA, llamada, SANDRA hija de ISABEL RINCÓN CAPACHO, esto fue en el restaurante bar La Bastilla (…) la cita la concretó MIGUEL DOMÍNGUEZ, igual que el sitio ya que en este sitio había tenido citas con el “Gato” y con PABLO PANQUEVA, para hablar sobre los negocios de las FARC, él me había dicho que me iba a entregar unos documentos para que viera que era cierto lo que decía. Y me dijo que el doctor VÍCTOR HUGO GÓMEZ o RODRÍGUEZ, tenía todos los contactos en la fiscalía y que le había dicho, que la procuraduría había hecho reabrir el proceso, que el fiscal tenía archivado para favorecerlo, y no dictarle orden de captura, de todas maneras, que el fiscal siempre estaba preocupado porque no quería que la procuraduría lo investigara. Entonces tocaba conseguir la plata lo más pronto posible, porque MIGUEL DOMÍNGUEZ ya había dado $ 6.000.000, ARIEL CASTRO ya había pagado los $ 10.000.000, y entonces faltaba la plata de los otros implicados, para que el negocio se fuera completo, y esa era la plata que le faltaba a MIGUEL DOMÍNGUEZ pagar, y estaba pidiendo el apoyo a Danilo García, que se contactara con los otros del proceso, para que se enterara del negocio como era, y aportaran la plata que le correspondía a cada uno de ellos de $ 10.000.000 y para eso me entregaba copias del proceso, para que Danilo García, y los otros implicados se dieran cuenta que sí era verdad, y de que le habían reabierto el proceso, por parte de la procuraduría que veía algo oscuro en eso según palabras de Miguel Domínguez, yo leí el documento y vi que estaba estas personas acusadas de testaferrato, y que habían muchas pruebas en contra de ellos (…) —Se destaca—.

16.14. El 7 de mayo de 2004, la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces de Circuito de Bucaramanga resolvió la situación jurídica del investigado, en el sentido de imponerle medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva como presunto responsable del delito de rebelión (fl. 49 - 55, c.3. exp, penal 2005-0212).

16.15. El 21 de julio de 2004, el señor Miguel Rogelio Domínguez Serrano rindió una nueva ampliación de indagatoria ante la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces de Circuito de Bucaramanga, oportunidad en la que expresó (fl. 290 - 292, c.3. exp, penal 2005-0212):

PREGUNTADO: estando hoy para diligencia de sentencia anticipada, solicitada por usted, no aceptó los cargos manifestando que su colaboración fue política (…) PREGUNTADO: Explique en qué fecha fue obligado a llevar droga a la guerrilla, cómo lo contactaron, cuántas veces, quién fue testigo, a dónde las llevó, a quién se las entregó, cuánta era la droga. CONTESTO (sic): Yo no le llevé droga a la guerrilla vinieron a mi oficina el señor WILLIAM quien en ese entonces se llamaba ANTONIO llegó solo, me pidió que necesitaba para unas inyecciones que si le podía aportar, no simplemente traía una fórmula y me pidió para eso, le di la plata, $ 120.000, en efectivo, nadie fue testigo yo estaba solo en mi oficina, él como lo manifesté, él nos colaboró en la campaña, ofreciéndonos ayuda con votos puesto que, él era, comprador de frutas por todas las veredas, y él nos manifestó que con sus amigos, podía colaborar con la campaña con sus votos, fue una sola vez, y solo a él le ayudé, posteriormente vino, por unos víveres que según él necesitaba comprar, venía solo, le di $ 200.000 de mi dinero, también estaba solo no hubo testigos. PREGUNTADO: En la campaña política de quién se comprometió WILLIAM ayudarles con votos. CONTESTO (sic): él se comprometió fue directamente conmigo, y en ese entonces era para, la gobernación de (…) la cámara de (…) y la asamblea de (…) PREGUNTADO: Usted en alguna oportunidad sabía que ANTONIO, es decir, WILLIAM GUTIÉRREZ era de las FARC y cuñado del comandante DANILO GARCÍA del frente 20 de las FARC. CONTESTO (sic): no señora no tenía idea, lo conocí cuando se estaban haciendo las aulas escolares de la escuela CACHIRÍ. El iva (sic) en una camioneta, iva (sic) como pasajero con un señor que no recuerdo, él simplemente subía y bajaba por el lado de Cachirí vía a Matanza, recogiendo fruta supuestamente. No lo ví nunca uniformado ni portando armas de ninguna clase. PREGUNTADO: Si WILLIAM nunca le dijo que era de la FARC por qué posteriormente se contactó con usted para decirle que le ayudara supuestamente en un proceso en contra por REBELIÓN que se estaba adelantando. CONTESTO (sic): él me llega a la oficina más o menos hace como tres meses o como en febrero más o menos y me dice que tiene conocimiento que tengo un proceso en la fiscalía, por el momento solo me preguntó eso, Yo le dije que efectivamente tenía un proceso de testaferrato. Pero que se estaba demostrando toda la sinceridad del caso, Cuáles eran mis bienes y que por esa razón no me preocupaba, de ese problema, mas sin embargo yo le dije que sí me preocupaba, el de tener el dinero en el momento, para pagar honorarios de abogado, él me dijo que le entregara un fotocopia al expediente y se la hiciera llegar, pues ahí también, había unas personas, según él, que eran amigas, y él quería verificar para poderlas ayudar, yo le entregué a él efectivamente la fotocopia, y a los pocos días me llamó y me puso una cita para que le colaborara una señora, Monroy que hasta la fecha no conozco, que colaborara con el abogado para poderle ayudar él a su señora, yo le dijo, que eso si le tocaba era hablarse directamente con el abogado bien fuera él o la señora para que el juzgado mirara el caso, él me insistió en que le colaborara yo lo más que pudiera y que a su vez él también me colaboraría con los gastos de honorarios de abogado que yo no había cancelado. Nos entrevistamos como unas cuatro veces (…) PREGUNTADO: Si WILLIAM era un vendedor de fruta por qué le pedía dinero, y si le ayudó con los votos en qué sector. CONTESTO (sic): Porque él me dijo que me mandaban a pedir ese dinero, que los señores de las FARC, solamente me pidió eso y yo se los , él concretamente, en ubicación de votos no los pudimos contabilizar, porque en ningún momento nos hizo una reunión con su gente que él decía tener, sino que simplemente me pidió para combustible de vehículo y quedó de ayudarnos por los lados que él transitaba. PREGUNTADO. Diga si esta ayuda económica fue antes o después de la campaña. CONTESTÓ: después de la campaña. PREGUNTADO: Si usted ya había terminado la campaña por qué se vio obligado a ayudar, y si lo amenazaron sino (sic) colaboraba. CONTESTO (sic): porque posteriormente, solicitaron a la comunidad, un estudio, topográfico (sic), por la vía a California, trabajo que se cristalizó se hizo, y por esas circunstancias de lógico tenía que darles ese dinero, que él me solicitó (…) —Se destaca—

16.16. El 26 de octubre de 2004, la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga procedió a calificar el mérito del sumario, en el sentido de proferir resolución de acusación en contra de Miguel Rogelio Domínguez por los delitos de rebelión y cohecho por dar u ofrecer, por las siguientes razones (fl. 181 - 194, c.4. exp. penal 2005-0212):

En este punto la fiscalía analiza las trascripciones del Ejército y las del CTI contando esta última entidad con un mejor sistema de alta fidelidad para cuando se requiera el cotejo de voces de alguno de los intervinientes, al oír las conversaciones la forma como dialogan MIGUEL ROGELIO DOMÍNGUEZ SERRANO y WILLIAM GUTIÉRREZ RUBIO, lo hacen en forma cordial, sin presiones hablan del acuerdo del dinero para que la supuesta señora GLADYS MONROY, pueda liberarse del proceso en su contra que adelanta la Fiscalía Segunda Especializada junto con MIGUEL ROGELIO DOMÍNGUEZ SERRANO por testaferrato, las citas que se cumplen en varias oportunidades, fueron concretadas por MIGUEL ROGELIO DOMÍNGUEZ, ante la certeza de tener, ya un resultado a su favor y como él mismo lo manifiesta volvieron a revivir el proceso, ya que en la apelación del procurador judicial la segunda instancia ordena lo pertinente. Estas conversaciones en verdad no son un invento del sumariado DOMÍNGUEZ SERRANO como pretende hacerlo ver, en su ampliación de indagatoria cuando en el desarrollo de su declaración acepta que quien dijo llamarse “Antonio Contreras” le pidió la copia del documento, ya el resultado estaba garantizado por lo menos hasta ese momento, pero GLADIS MONROY necesitaba una garantía, que mejor que el documento. Con la mentira de WILLIAM GUTIERREZ RUBIO que tenía a la señora GLADYS MONROY escondida, era para que DOMÍNGUEZ gestionara por intermedio de su abogado doctor VÍCTOR HUGO GÓMEZ OSORIO, ante el señor fiscal especializado HERNÁN DOMÍNGUEZ, que su situación tuviera el mismo resultado con los mismos argumentos (…) no acepta MIGUEL ROGELIO DOMÍNGUEZ SERRANO este cargo de COHECHO POR DAR U OFRECER, el art. 407 del c.p., pero sin duda alguna la dádiva no fue una invención, el análisis de las grabaciones demuestran la conversación, libre, limpia y espontánea, nadie podrá involucrar a un funcionario si este a sabiendas se prestó para lo narrado. El fin era proferir un fallo contrario a derecho, es decir, diferente a lo demostrado o probado. Respecto al punible de rebelión aunque inicialmente no aceptó en su diligencia de ampliación no solo solicita la sentencia anticipada sino que manifiesta que por su trabajo pudo haberse equivocado aceptando que hizo llegar al campamento de estos frentes de las FARC, droga, víveres, sin ninguna coacción o amenaza en su contra, demostrando que su actuar fue voluntario y consciente. A sabiendas que su intervención era una vinculación con estos grupos que delinquen en estos municipios, los mal llamados “comandantes” no permiten el ingreso a sus guardias a nadie diferente a sus allegados, de lo contrario no necesitarían el alias como fachada, ni masacrarían a un pueblo por el placer de contemplar el dolor de los ciudadanos de bien. En ampliación de indagatoria posterior a la fracasada diligencia de sentencia anticipada. Manifiesta haber laborado junto a algunos líderes políticos de la región, haber estado en la lista para el Concejo y la asamblea de Bucaramanga (sic), pero no haber salido elegido y no ha ejercido ningún cargo público en estos doce años de actividad política. Sin embargo, en una relación de lo ocurrido en la oportunidad que supuestamente conoció a WILLIAM quien se identificó como “ANTONIO CONTRERAS” no tenía conocimiento que este fuera de las FARC , sino un vendedor de fruta que le prometió colaborarle con votos cuando en la campaña para la gobernación del doctor MIGUEL DE JESÚS ARENAS PRADA, no se constató si en verdad consiguió los votos, ahora bien aceptando esta explicación, porque se vio obligado posteriormente ayudar con dinero para una medicina de las FARC si William jamás se le presentó al uniformado, ni con panfletos ni comunicados de parte del frente 20 de las FARC, tampoco las exigencias si fueron por $ 200.000 eran de tal envergadura que se pensara de una extorsión propia de estos grupos demenciales, como lo obligaría las FARC con esa cuota o ayuda?, si las obras las estaba realizando hace siete o tres años en la escuela de Cahirí, es decir cuánto tiempo antes de que había conocido a WILLIAM alias ANTONIO CONTRERAS, por qué este le pidió ayuda para las FARC y MIGUEL le dio dinero sin más ni más, no aparece referenciado que se hubiere amenazado a WILLIAM o a MIGUEL o la familia de este o bajo qué términos concretamente (…)

16.17. El 24 de mayo de 2005, la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, desató el recurso de apelación que la defensa interpuso contra la anterior decisión, en el sentido de confirmar la decisión impugnada por el delito de rebelión y revocarla por el delito de cohecho, pues estimó (fl. 19 - 41, c.5. exp, penal 2005-0212):

En efecto, el 31 de marzo del mismo año se verificó el encuentro entre los prenombrados en las inmediaciones de la sede recreacional de razón social La Chispa, ubicada en la calle 15 Nº 26-59, entrevista en la que MIGUEL, revela detalles del acuerdo que daría lugar a la terminación del proceso por Testaferrato adelantado en su contra por el Fiscal Segundo Especializado, Hernán Domínguez. Presuntamente, la dádiva sería canalizada con la mediación del abogado Víctor Hugo Patiño. Es patente que el relato es espontáneo y aporta nutridas consideraciones respecto de los actos preparatorios con miras a cristalizar un ofrecimiento dinerario con el objeto de dar término a la investigación en la que se encontraba incurso.

Pese a lo anterior y como acertadamente se subraya en el alegato impugnatorio, no obra resolución dentro del plenario en la que se autorice a GUTIÉRREZ RUBIO para portar telefonía celular y mantener contacto con los demás miembros de la organización subversiva, tampoco se avizora decisión alguna en la que motivadamente se ordene la entrevista personal del reinsertado que se encontraba privado de la libertad con DOMÍNGUEZ, aunado a que no se decretó por parte de la instructora la grabación de la entrevista, casete cuya trascripción fuera aducida como prueba dentro de la investigación.

Resulta evidente entonces que la prueba en comento adolece de ilegalidad, su postrera aducción a la investigación debía estar soportada por un acto anterior coincidente con la producción y obtención del medio de convicción. Es destacable que las consideraciones atinentes de su contenido y veracidad proyectan sus efectos en el ámbito de la valoración probatoria, etapa que por obvias razones no puede ser objeto de pronunciamiento por parte del despacho (…)

Importa anotar que aún en el hipotético de que la prueba hubiese sido objeto de examen probatorio —valoración— no se avizora con claridad la concreción de la conducta, por cuanto, no existe prueba contundente del ofrecimiento por parte del procesado al Fiscal Especializado, debido a que el recaudo dinerario no se había completado, es decir, que sin constancia de la oferta o dádiva las acciones preliminares constituyen únicamente actos preparatorios que no pueden ser base de responsabilidad penal. Al tenor de las consideraciones precedentes encuentra la instancia que dentro de la investigación no se descubren elementos de juicio suficientes para estructurar el delito aludido, al carecerse de prueba material que fundamente sin lugar a equívocos su comisión (…)

De igual manera es el propio DOMÍNGUEZ quien en sus descargos manifiesta haber colaborado dinerariamente con la organización en cuantías que no superaron al parecer los $ 200.000 pesos, dichos eventos lejos de coadyuvar en su defensa dejan ver su permanente cooperando con las causas de la insurgencia, más aún, cuando este no explicó de manera apropiada conductas como la señalada, puesto que no consigna que su ayuda sea producto de amenazas contra él o su familia. En consonancia con lo anterior, la alambicada explicación respecto a la forma como conoció a GUTIÉRREZ RUBIO de quien afirma desconocía sus vínculos con la subversión evidencian el ardid defensivo al que apela el procesado, puesto que el testigo en ninguna oportunidad señaló que estuviese (sic) vinculación o participación política activa por el contrario, sí enfatiza en que su relación con el citado se gestó con ocasión de su accionar dentro de la organización subversiva, dejando por sentado la frivolidad y mentira de la estratagema argüida por DOMÍNGUEZ (…) —Se destaca—

16.18. Por último, el 6 de febrero de 2006, el Juzgado 4º Penal del Circuito de Bucaramanga dictó sentencia absolutoria a favor de Miguel Rogelio Domínguez Serrano respecto del delito de rebelión, pues consideró (fl. 105 - 134, c.6. exp, penal 2005-0212):

En pro de esas manifestaciones se encuentra que no fue posible determinar de qué manera MIGUEL DOMÍNGUEZ, JOSÉ ANTONIO SILVA, LUDWING VALERO, eran los ideólogos de la organización subversiva, menos se conoce el manejo de las finanzas que dicen los testimoniantes (sic), tampoco los secuestros, las extorsiones que gestaban, la compra de bienes muebles a nombre de la organización, por el contrario, tanto el primero como el segundo de los nombrados se sabe eran regentes de empresas privadas, el primero como gerente de “Transportes Domínguez” (…)

Entonces, si nos ubicamos en sede de tipicidad del injusto, objeto de debate jurídico, de las enseñanzas de la jurisprudencia como de la doctrina, se infiere que la permanencia de una persona en organizaciones subversivas, es propia del delito, pues quien se enlista en el movimiento rebelde no lo puede hacer con pretensiones temporales sino por el contrario con finalidades a largo plazo, en tales condiciones mientras permanezca en el grupo rebelde le será imputable el delito que se analiza, mientras no se muestre que abandonó el grupo subversivo seguirá incurso en el delito de rebelión, excepto que haya desertado. En el caso en estudio no se ha demostrado la actual militancia de los procesados en dichas organizaciones delictivas organizadas al margen de la ley.

Puestas así las cosas, con pedestal podemos concluir que las pruebas de cargo en contra de los encartados, esto es, los asertos de los ex guerrilleros WILLIAM GUTIÉRREZ RUBIO, JOSÉ TRINIDAD ROZO PRADA y MÉNDEZ ASCENCIO, no tienen la entidad suficiente para pregonar que los acusados verdaderamente formaron parte de las filas subversivas (…)

Es por ello, entonces que se advierte que el fallo absolutorio que a continuación proferimos, no tiene asidero en el hecho que se haya demostrado fácticamente que los acusados son inocentes, sino que NO HAY CERTEZA DE QUE SEAN CULPABLES, de que la duda incubada respecto de la responsabilidad de los implicados, no fue posible eliminarla, menos para predicar los presupuestos que impone el artículo 232 del CPP, para condenar, ya que es deber legal del operador analizar las pruebas que obran dentro del proceso y de dicha operación mental debe inferir el conocimiento cierto de la existencia del hecho delictuoso como de la responsabilidad de los acusados (…)

Por lo tanto, de lo que realmente está convencida esta instancia judicial despacho (sic) es que hay duda en cuanto a la comisión del delito que se le imputa a los encartados, no existe plena prueba que nos lleve al convencimiento racional, a la certeza del delito imputado a los aquí implicados, por lo tanto no existiendo esta se impone la absolución de los cargos endilgados por el ente acusador, sin que ello indique que estamos cohonestando con la impunidad, sino que estamos aplicando la verdadera justicia, tal como lo impone nuestro ordenamiento constitucional. —Se destaca—

16.19. En consecuencia, el señor Miguel Rogelio Domínguez Serrano recuperó su libertad el 8 de febrero de 2006, luego de suscribir la correspondiente acta de compromiso (fl. 141, c.6. exp, penal 2005-0212):

Proceso penal Nº 157115 

16.20. El 30 de enero de 2004, la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga desató el recurso de apelación interpuesto por el Procurador 170 Penal II contra la Resolución del 20 de octubre de 2003, por medio de la cual se precluyó la investigación previa adelantada en contra de Miguel Rogelio Domínguez por los delitos de rebelión y testaferrato (fl. 40 - 48, c.3. exp. penal 2005-0212)

16.21. El 2 de junio de 2004, la Fiscalía 2ª Especializada de Bucaramanga, resolvió la situación jurídica provisional del señor Miguel Rogelio Serrano, en el sentido de imponerle medida de aseguramiento por el presunto delito de testaferrato, respecto del sindicado se afirmó (fl. 217 - 237, c.3. exp. penal 2005-0212):

Esta referencia nos indica de plano que los deponentes sí tenían razón para conocer a DOMÍNGUEZ SERRANO y disipa cualquier duda sobre lo vertido respecto del quehacer del indagado, como activo de las FARC en cumplimiento de labores de orden económico, que desdice de lo expresado en la injurada (…)

No es congruente que supuesto frutero, le solicite ayuda económica para droga y víveres, sin permitirse el activo político que busca votos por doquier, preguntarse quién sería el beneficiario, para soslayar una ignorancia esquiva sobre la realidad del fin de la encomienda; esto es significativo de su obrar en la atención del manejo económico de los dineros de las FARC, en la adquisición de bienes y servicios a su nombre, por y para la organización, traducidos en suministros, víveres, logística; en un hacer cuidadoso de manejo económico, de que confiadamente espera en reciprocidad beneficios, no otra respuesta se puede advertir de búsqueda de auxilio económico que en cantidad millonaria expresa le fuera ofrecida por quien como frutero-encuentra votos, supuestamente le brinda confiadamente a cambio de los favores en la entrega inidónea copia del proceso que en su contra se ventilaba, para llevar a personas incursas en investigación y de cuyos nombre prudentemente no recuerda (…)

Sin embargo, comoquiera que por el punible de REBELIÓN ya se adelanta instructivo bajo el radicado n.º 201.826 en la Fiscalía 15 Seccional, el despacho se abstendrá de resolver al respecto, por el principio del NON BIS IBIDEM y seguirá la presente investigación por el punible de TESTAFERRATO.

16.22. La defensa solicitó la revocatoria de la medida de aseguramiento, la cual fue denegada en Resolución del 3 de agosto de 2004, por lo que interpuso recurso de apelación contra esta última, el cual fue desatado mediante Resolución del 20 de septiembre de 2004 por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga que revocó la detención preventiva, por lo siguiente (fl. 210 - 224, c.4. exp, penal 2005-0212):

Tratándose de MIGUEL ROGELIO DOMÍNGUEZ a quien se le atribuye el delito de testaferrato y a quien en otro proceso se le ha impuesto medida de aseguramiento por rebelión, en este proceso no demuestra que tenga bienes a nombre del grupo insurgente puesto que la empresa de Taxis de transporte DOMÍNGUEZ a la que se hallan afiliados ciento setenta y cinco (175) taxis, todos figuran como propietarios nombres diferentes a los del sindicado, luego no resulta procedente atribuirle responsabilidad por no estar demostrada la materialidad de la conducta delictiva, es decir, no está demostrada la ocurrencia del hecho (…)

La sola afirmación de que halla (sic) recibido dinero y que los haya invertido, sin que se demuestre qué bienes se hallan a su nombre, en respeto a la presunción de inocencia como ya se dejó dicho, impide hacerle juicios de responsabilidad en este momento procesal por el delito de testaferrato, sin que nos ocupemos del delito de rebelión por la existencia de otro proceso en su contra, en el que consta, solicitó sentencia anticipada (…)

16.23. Finalmente, el 18 de octubre de 2005, la Fiscalía Segunda Especializada de Bucaramanga calificó el mérito del sumario respecto de Miguel Rogelio Domínguez Serrano, en el sentido de emitir resolución de preclusión de la investigación a su favor, así (fl. 8 - 20, c.6. exp, penal 2005-0212):

Respecto de MIGUEL ROGELIO DOMÍNGUEZ SERRANO quien con el diligenciamiento no se ha podido demostrar que actuara como testaferro de la guerrilla, nunca se logró demostrar que estuviera poseyendo, administrando, custodiando bienes del grupo insurgente, ni que hubiera invertido a sabiendas de que este era de la guerrilla. Concretamente la empresa de taxis, donde figuran 175 propietarios de vehículos, todas ellas personas diferentes, por ende no fue posible desvirtuar su presunción de inocencia (…)

IV. Análisis de la Sala

17. En el presente caso, en sintonía con lo probado, no cabe duda que con ocasión de la investigación seguida en su contra, dentro del proceso con radicado Nº 201826, oficiado por la Fiscalía 15 Seccional Delegada ante los Jueces del Circuito de Bucaramanga por el delito de rebelión, el señor Miguel Rogelio Domínguez Serrano sufrió un daño causado por haber estado privado de la libertad desde el 2 de mayo de 2004 (v. párr. 16.10) hasta el 8 de febrero de 2006 (v. párr. 16.19).

17.1. Adicionalmente, si bien es cierto que dentro del proceso con radicado Nº 157115, tramitado por la Fiscalía Segunda Especializada de Bucaramanga por el presunto delito de testaferrato, dicha autoridad igualmente emitió detención preventiva contra el accionante el 2 de junio de 2004 (v. párr. 16.21) y esta fue revocada en su favor el 20 de septiembre de ese mismo año (v. párr. 16.22), esto no significa que se trate de un daño distinto, máxime cuando esta última privación de la libertad fue concomitante, por un tiempo menor y se subsume en la anteriormente referida.

18. Concerniente al régimen de responsabilidad es preciso advertir que para el momento en que quedaron en firme las decisiones que pusieron fin a los procesos penales seguidos contra Miguel Rogelio Domínguez, esto es, la sentencia del 6 de febrero de 2006 emitida por el Juzgado 4ª Penal del Circuito de Bucaramanga (dentro del proceso Nº 201826) y la Resolución del 18 de octubre de 2005 emitida por la Fiscalía 2ª Especializada de Bucaramanga (dentro del proceso Nº 157115), ya había entrado en vigencia la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, cuyo artículo 68 prescribe que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar del Estado la reparación de perjuicios”. El proyecto de la referida ley estatutaria fue revisado por la Corte Constitucional, quien condicionó la declaratoria de exequibilidad de la citada disposición, en estos términos:

Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención. (...) Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible(19).

18.1. La Sala ha considerado que si bien el condicionamiento fijado por la Corte Constitucional traduce la privación injusta de la libertad en una actuación judicial “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con los que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible, que son los eventos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, el cual no perdió vigor con la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, máxime cuando la investigación penal culminó, en este caso, antes del 24 de julio de 2001, cuando entró a entrar a regir la Ley 600 de 2000(20).

18.2. Además, cabe advertir que según el Decreto 2700 de 1991, norma aplicable al caso analizado(21), la responsabilidad estatal debe declararse en todos los casos en que se dicte una sentencia absolutoria o su equivalente —preclusión de investigación o cesación del procedimiento—, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de un hecho punible(22). Adicionalmente, como lo ha recordado anteriormente la Subsección, los supuestos del artículo antes citado se derivan directamente del artículo 90 de la Constitución Política, de modo que tales causales también pueden ser aplicadas para derivar responsabilidad por expresa orden constitucional(23).

18.3. En suma, es menester destacar que en materia de privación injusta de la libertad, en la mayoría de los casos, se aplica un régimen de responsabilidad objetivo y en dichas ocasiones no se hace necesario establecer si hubo falla en la prestación del servicio en virtud de los artículos 65 y 68 de la Ley 270 de 1996, de suerte que por mandato constitucional, la responsabilidad patrimonial del Estado debe ser declarada en los eventos en que se acrediten los siguientes supuestos: (i) se dicte una sentencia penal absolutoria o su equivalente, (ii) porque el hecho no existió, (iii) el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de un hecho punible(24). Aparte de los tres eventos anteriores también se ha endilgado responsabilidad al Estado por privación injusta cuando dentro del proceso penal no se ha logrado desvirtuar la presunción de inocencia del sindicado(25).

19. Para el caso concreto se tiene que las investigaciones penales iniciadas contra Miguel Rogelio Domínguez Serrano como presunto responsable de los delitos de rebelión y testaferrato culminaron, dentro de proceso Nº 201826 (2005 - 0212 en sede judicial), con la mencionada sentencia absolutoria del 6 de febrero de 2006 emitida por el Juzgado 4º Penal del Circuito de Bucaramanga; y dentro del proceso Nº 157115, con Resolución de Preclusión de la Investigación emitida por la Fiscalía 2ª Especializada de Bucaramanga del 18 de octubre de 2005. En ambos casos, debido a que no se pudo desvirtuar la presunción de inocencia del encartado, ya que las pruebas recaudadas no arrojaron certeza de que el señor Domínguez Gutiérrez hiciera parte del grupo subversivo de las FARC (v. párr. 16.18) o que actuara como testaferro de la guerrilla, es decir, poseyera, administrara o custodiara sus bienes (v. párr. 16.23).

19.1. En estos términos, conforme a lo dicho en precedencia, se tiene que la presunción de inocencia que cobijaba a Miguel Rogelio Domínguez Serrano no pudo ser desvirtuada, habida cuenta que no hubo certeza de que hubiere incurrido en los delitos que el ente acusador le enrostró, circunstancia que bajo la línea jurisprudencial antes señalada podría comprometer, en principio, la responsabilidad del Estado.

19.2. No obstante lo anterior, corresponde al juez en estos casos analizar, de oficio o a petición de parte(26), la existencia de las causales eximentes de responsabilidad del Estado, aplicables también en los regímenes objetivos de responsabilidad, entre ellas, el hecho de la víctima, así lo ha considerado esta Corporación:

(…) mal puede perderse de vista que con el propósito de determinar la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia de la acción o de la omisión de alguna autoridad pública, se tiene que según las voces del artículo 90 constitucional, uno de los elementos que insoslayablemente debe establecerse como concurrente en cada caso concreto es el de la imputabilidad del daño a la entidad demandada —además de la antijuridicidad del mismo, claro está—, análisis de imputación que de modo invariable debe conducir al Juez de lo Contencioso Administrativo, propóngase, o no, la excepción respectiva por la parte interesada, esto es de oficio o a petición de parte, a examinar si concurre en el respectivo supuesto en estudio alguna eximente de responsabilidad, toda vez que la configuración de alguna de ellas impondría necesariamente, como resultado del correspondiente juicio de imputación, la imposibilidad de atribuir la responsabilidad de reparar el daño sufrido por la víctima, total o parcialmente, a la entidad accionada.

Dicho de otra manera, si el juez de lo contencioso administrativo encuentra, en el análisis que debe realizar en cada caso en el cual se demanda la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, que efectivamente hay lugar a estimar las pretensiones de la demanda, ello necesariamente debe tener como antecedente la convicción cierta de que se reúnen todos los elementos que estructuran dicha responsabilidad, lo cual excluye de plano la existencia de alguna causal eximente, puesto que si al adelantar ese análisis el juez encuentra debidamente acreditada la configuración de alguna o varias de tales causales —independientemente de que así lo hubiere alegado, o no, la defensa de la entidad demandada—, obligatoriamente deberá concluir que la alegada responsabilidad no se encuentra configurada y, consiguientemente, deberá entonces denegar la pretensiones de la parte actora(27)(Se destaca).

19.3. Justamente, de la parte final del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, se extrae que la víctima tiene derecho a ser indemnizada por la privación injusta de la libertad “siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”. Con sustento en ello, el Consejo de Estado ha estimado que cuando se demuestra que la privación de la libertad padecida se produjo por cuenta de su conducta dolosa o gravemente culposa, esto es, con incumplimiento de los deberes de comportamiento que le eran exigibles, el Estado se exonera de la responsabilidad por los perjuicios que aquella hubiere podido causar. Premisa que se ha mantenido en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 que reza: “…El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado (…)” (Se destaca).

19.4. Adicionalmente, frente al tema de la culpa exclusiva de la víctima, se tiene que el pacto internacional de derechos civiles y políticos(28), en el numeral 6º del artículo 14 preceptúa que:

Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido (Se destaca).

19.5. De conformidad con lo anterior, procede la indemnización para aquellas personas que estuvieron privadas de la libertad cuando la decisión por la cual fueron retenidas ha sido posteriormente revocada; empero, dicha indemnización no procede si se demuestra que la privación debía ser soportada por la persona a la que se impuso, cuando esta “no reveló en todo o en parte el hecho desconocido” por el cual se dio la investigación.

19.6. Respecto de lo consagrado por el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, la Corte Constitucional, en Sentencia C-037 de 1996, manifestó:

Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no solo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa”.

La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible. (Se destaca)

19.7. En este punto es menester aclarar que el análisis de la conducta de la víctima no implica un reproche de su culpabilidad como un elemento del tipo penal, sino un estudio desde la noción de culpa grave o dolo bajo la óptica de la responsabilidad civil. En efecto, la Sala en decisión reciente afirmó que la conducta del imputado es susceptible de valoración para llegar a determinar si efectivamente es viable la responsabilidad de la administración en la privación injusta de la libertad o si la posibilidad de imputarle el daño se rompe con la existencia de una conducta de la propia víctima(29).

19.8. Desde esta perspectiva, es relevante recordar que la Sala ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el artículo 63 del Código Civil. Así, en decisión de 18 de febrero de 2010 dijo la Sala(30):

Culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [artículo 63 del Código Civil] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo. (Se destaca).

19.9. De igual modo, la jurisprudencia de esta Corporación(31) ha estudiado los conceptos de culpa grave y dolo al analizar los elementos de fondo de la acción de repetición(32) y la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema al resolver diversos cargos de inconstitucionalidad contra los artículos 77(33) y 78(34) del C.C.A., y de la Ley 678 de 2001(35). Así, señaló que:

(…) para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Agregó que es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como son los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política y en la ley a propósito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia.

19.10. Esta tesis ha sido aplicada por la Sección Tercera del Consejo de Estado frente a casos en los que personas que han sido privadas de la libertad por orden judicial y posteriormente absueltas, dieron lugar de manera clara e injustificada al hecho dañoso y asimismo a la configuración de la causal de exoneración, en virtud del hecho exclusivo y determinante de la víctima(36).

20. Para el caso concreto, se tiene que el 28 de octubre de 2003, el señor José Trinidad Roso, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía 002 de la URI, en la que, entre otras cosas, relató que el señor Miguel Rogelio Domínguez era un miembro colaborador de la guerrilla de las FARC y a través de sus negocios, como lo era la empresa “Transportes Domínguez”, fungía como testaferro de dicho grupo insurgente (v. párr. 16.1).

20.1. Señalamientos parecidos hizo el señor Benjamín Méndez Ascencio en contra del procesado en declaración del 13 de noviembre de 2003 (v. párr. 16.2), no obstante, la mencionada fiscalía se abstuvo de abrir investigación en contra del señor Domínguez Serrano al no encontrar mérito para ello (v. párr. 16.3).

20.2. Posteriormente, el 9 de febrero, el 4 y 24 de marzo de 2004, la SIJÍN de la Policía de Santander y la Quinta Brigada del Ejército Nacional, respectivamente, emitieron sendos informes de inteligencia donde también mencionaron al demandante, alias “Don Migue o el Diplomático”, como uno de los hombres de confianza del cabecilla “Danilo García”, encargado de coordinar supuestas acciones delictivas y como enlace político de la subversión (v. párr. 16.4, 16.5 y 16.7).

20.3. Aunado a lo anterior, el ex militante de las FARC, el señor William Gutiérrez Rubio, en testimonios del 16 de marzo y 30 de abril de 2004 (v. párr. 16.6 y 16.8), refirió con detalle las actividades que presuntamente desarrollaba el señor Miguel Rogelio Domínguez Serrano en beneficio de las FARC, entre ellas, la colaboración económica y política que les brindaba(37).

20.4. Con sustento en lo anterior, dentro del proceso penal N º 201826, la Fiscalía 15 Delegada libró orden de captura contra el señor Domínguez Serrano el 30 de abril de 2004 (v. pár. 16.9), el 7 de mayo de ese año emitió medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva como presunto responsable de delito de rebelión (v. párr. 16.14) y el 26 de octubre de 2004 resolución de acusación no solo por el delito de rebelión, sino también por el de cohecho (v. párr. 16.16). Sin embargo, el 24 de mayo de 2005, la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga revocó esta última decisión, en el sentido de dejar en firme solamente la acusación atinente al delito de rebelión (v. párr. 16.17).

20.5. Esta última fiscalía, la delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, consideró que no podía endilgarle responsabilidad al sindicado por el delito de cohecho, pues pese a que a partir de la grabación telefónica de la conversación sostenida entre el señor Miguel Domínguez y William Gutiérrez se revelaban detalles de un supuesto acuerdo económico logrado con el Fiscal Segundo Especializado para que se diera por terminado el proceso penal seguido por testaferrato contra el aquí demandante, se trataba de una prueba ilegal, que previamente no fue autorizada por el instructor. Sin embargo, mantuvo la acusación por el delito de rebelión, al considerar que el mismo señor Domínguez Serrano, en la indagatoria, manifestó haber colaborado económicamente con la guerrilla, sin que se avizore que ello hubiere sido producto de extorsión o amenazas.

20.6. No obstante las consideraciones de la fiscalía, en la etapa judicial, el Juzgado 4ª Penal del Circuito de Bucaramanga decidió absolver al señor Miguel Rogelio Domínguez del delito de rebelión, ya que estimó que las pruebas de cargo en contra del procesado no tenían la entidad suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia y emitir condena, razón por la que enunció “no hay certeza de que sean culpables, de que la duda incubada respecto de los implicados, no fue posible eliminarla” (v. párr.. 16.18).

20.7. Igualmente, vale indicar, que el segundo proceso seguido contra el señor Miguel Rogelio Domínguez Serrano, el Nº 157115, fue abierto en virtud de la decisión tomada por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga el 30 de enero de 2004, con ocasión de un recurso de apelación interpuesto por el Procurador 170 Penal II contra la resolución del 20 de octubre de 2003 de la Fiscalía Segunda Especializada, que había precluído una investigación previa por los delitos de rebelión y testaferrato (v. párr.. 16.20).

20.8. Comoquiera que en el transcurso de dicho trámite el ente investigador se percató que ya se estaba tramitando otro proceso en contra del sindicado por el delito de rebelión (el Nº 201826), la investigación solo prosiguió por el punible de testaferrato, con ocasión del cual se emitió medida de aseguramiento el 2 de junio de 2004 (v. párr. 16.21), no obstante, esta fue revocada el 20 de septiembre de 2004 (v. párr. 16.22).

20.9. Así, esta última investigación culminó con preclusión de la investigación el 18 de octubre de 2005 (v. párr. 16.23), pues la Fiscalía no encontró prueba que indicara con contundencia que el señor Miguel Domínguez actuara como testaferro de la guerrilla.

21. Ahora, independientemente de que no apareciera demostrado que el actor incurrió en un actuar delictivo, es del caso advertir que según el artículo 95 de la Constitución Política, es deber de todo colombiano “respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales”.

21.1. Sin embargo, conforme lo que se puede extraer del proceso penal seguido en contra del señor Domínguez Serrano, con radicado Nº 201826, especialmente de la ampliación de la indagatoria rendida el 5 de mayo de 2004, no existe duda que tal persona le otorgó ayuda al movimiento insurgente de las FARC, pues expresó “muchas veces estos señores solicitaban que se les enviara una droga, o cosas de comer, víveres, por el hecho de tener se (sic) uno que desplazar por todas esas veredas había que aceptarles y hacerles llegar, las cosas que necesitaban en una de estas ocasiones, con el señor “Antonio Contreras” (v. párr. 16.12).

21.2. Se tiene que tal declaración fue espontánea, sin que se advierta que pudiere estar influida por otras pruebas practicadas dentro del proceso, especialmente la grabación de la conversación sostenida con el ex - guerrillero William Gutiérrez que fue considerada como ilícita, pues no tiene nada que ver con los supuestos ofrecimientos dados a un fiscal para favorecer al encartado en el proceso penal que se le seguía por testaferrato.

21.3. Adicionalmente, se advierte que el sindicado estaba tan convencido de su actuar irregular, que incluso, en dicha diligencia de indagatoria, le propuso al fiscal del caso acogerse a sentencia anticipada por el delito de rebelión. Y si bien con posterioridad negó los cargos, en una nueva ampliación de indagatoria, el 21 de julio de 2004, volvió aceptar que le había suministrado medicamentos a la guerrilla y recibió colaboración de la misma para efectos de la consecución de votos dentro de una campaña política, a través del señor William Gutiérrez, supuesto vendedor de fruta, con quien aceptó entrevistarse por lo menos en cuatro ocasiones (v. párr. 16.15).

21.4. Ahora, dentro de sus aseveraciones no se avizora que las referidas dádivas se hubieren suministrado bajo presión o amenaza, sino de manera voluntaria con el fin de recibir favores o adeptos para fines políticos, a sabiendas de que se trataba de un grupo que atentaba contra el régimen constitucional y legal.

21.5. Las aseveraciones del accionante en las indagatorias efectivamente pueden ser tenidas como prueba en este proceso conforme a la jurisprudencia desarrollada por esta Corporación en materia de su valoración, tal como se puso de presente supra (v. párr. 15.3), pues aparte de que se trata de aspectos que incriminan al acusado, igualmente guardan relación con otros medios de convicción obrantes en el proceso, ya que ratifican lo afirmado bajo juramento por los señores Benjamín Méndez Ascencio en testimonio del 13 de noviembre 2003, rendido ante la Fiscalía 2ª Delegada ante la URI de Bucaramanga (v. párr. 16.2) y William Gutiérrez Rubio en declaración del 16 de marzo de 2004, ofrecida ante la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces Circuito de Bucaramanga (v. párr. 16.6.), oportunidades en las que el primero de los mencionados aseguró que el señor Domínguez Serrano le dispensaba a las FARC colaboración en materia política, y el segundo afirmó que el procesado sí pertenecía al grupo insurgente, ya que era el hombre de confianza del cabecilla “Danilo García”, y “manejaba todo lo que eran las coordinaciones políticas en Bucaramanga”.

21.6. Las anteriores consideraciones no distan de lo estimado por la autoridad penal al momento de proferir resolución de acusación, pues en Resolución del 26 de octubre de 2004, la Fiscalía 15 Delegada ante los Jueces del Circuito de Bucaramanga, con toda razón consideró que el comportamiento del señor Domínguez Serrano constituía un accionar consciente y voluntario, a sabiendas de que sus intervenciones implicaban vínculos con un grupo al margen de la ley (v. párr. 16.16). Y en igual sentido, al momento de desatar el recurso de apelación que contra dicha decisión la defensa interpuso, la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, en decisión del 24 de mayo de 2005, resaltó el hecho de que el señor Miguel Domínguez hubiere aceptado “haber colaborado dinerariamente con la organización en cuantías que no superaron al parecer los $ 200.000 pesos, dichos eventos lejos de coadyuvar a su defensa dejan ver su permanente cooperando con las causas de la insurgencia” (v. párr. 16.17).

21.7. Así, si bien es cierto que dichas evidencias no fueron suficientes para el Juzgado 4º Penal del Circuito de Bucaramanga para declarar responsabilidad penal por asistirle dudas en cuanto a la culpabilidad del accionante y en aplicación del principio del indubio por reo (v. párr. 16.8), pues no podía tener cuenta lo dicho por el implicado en la indagatoria, no lo es menos que para analizar si existe una causal excluyente de responsabilidad en este proceso, lo elementos probatorios son suficientes para predicar una culpa exclusiva de la víctima.

21.8. Adicional a ello, se destaca que en pronunciamientos anteriores de esta Sala, donde se ha advertido que hubo una real vinculación de los sindicados con grupos armados al margen de la ley en un contexto de conflicto armado, se ha indicado que la paz no solo es un derecho, sino que propender por ella igualmente es un deber de los miembros de la comunidad nacional, de manera que quienes participan de manera activa en el conflicto no pueden ser objeto de indemnización, así:

Todo lo anterior permite a esta Sala afirmar que el señor José Manuel Méndez Romero no puede abogar por la reparación de daño sufrido, si se considera su activa participación en el conflicto armado sufrido en la región de Montes de María, concretamente en el corregimiento de El Salado en el municipio de El Carmen de Bolívar, el día 23 de marzo de 1997. Esto es así en tanto que los diferentes medios de prueba decretados en esta instancia y puestos de presente, así lo evidencian.

Se concluye en consecuencia que el actor incurrió en dolo, conforme al artículo 63 del Código Civil, esto es, desconoció las reglas de convivencia y los deberes constitucionales previstos en los artículos 83 y 95 constitucionales, en particular el derecho a la paz (art. 22 ibídem), que exige a todos los asociados contribuir con la convivencia pacífica, como lo dispone el artículo 2º superior(38).

21.9. De esta suerte, no cabe duda de que el comportamiento del actor debe calificarse como doloso, pues se repite, independientemente que no hubiera constituido una conducta penal, desde la perspectiva civil es reprochable, ya que motu proprio accedió a colaborar con un grupo insurgente, desconociendo así sus deberes como ciudadano de apoyar a las autoridades legítimamente constituidas y no a grupos al margen de la ley, sin que se advierta que estuviera sometido a presión o amenazas, esperando, por el contrario, una retribución a cambio, tales como ayuda en campañas electorales y dinero.

22. En consecuencia, la Sala concluye que hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia por las razones aquí expuestas, toda vez que se encuentra demostrada la causal exonerativa de culpa exclusiva de la víctima.

V. Costas

23. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de las partes dentro del proceso, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección B—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia del 29 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que negó las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas

3. En firme este fallo, devuélvase al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto de 9 de septiembre de 2008, exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

3 Informe n. º 0587 del 2 de mayo de 2004, emitido por el GAULA de Santander, donde se expresa que con ocasión de la orden de captura emitida por la Fiscalía 15 Seccional de Bucaramanga por el delito de rebelión, se pone a disposición de la Fiscalía de Reacción Inmediata al señor Miguel Rogelio Domínguez Serrano (fl. 279 y 280, c.2 exp. penal 2002 - 0212). Acta de derechos del capturado, suscrita por el señor Miguel Rogelio Domínguez Serrano (fl. 281, c.2 exp. penal 2002 - 0212).

4 Diligencia de compromiso suscrita el 8 de febrero de 2006 por el señor Miguel Rogelio Domínguez Serrano (fl. 181, c.7 exp. penal 2002 - 0212)

5 Conforme a la copia auténtica del registro civil de matrimonio, indicativo serial Nº 2246450, de la Notaría Octava de Bucaramanga (fl. 30, c.1).

6 Acorde con el certificado del registro civil de nacimiento expedido por la Notaría Segunda de Bucaramanga (fl. 28, c. 1)

7 Según se desprende de la copia auténtica del registro civil de nacimiento, indicativo serial Nº 0350959, de la Notaría Cuarta de Bucaramanga (fl. 29, c. 1).

8 En este sentido ver auto de la Sección Tercera de 3 de marzo de 2010, exp. 36473, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y auto de 9 de mayo de 2011 de la Subsección C, Sección Tercera, exp. 40324, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

9 Conforme lo disponía el artículo 187 de la Ley 600 del 2000, así: Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes.

10 Así los certificó la Secretaria del Juzgado 4 Penal del Circuito de Bucaramanga: “Que en la causa penal que este juzgado adelantó a la partida Nº 2005 - 212-00 contra MIGUEL ROGELIO SERRANO con Cédula de Ciudadanía 13.800.0486 de Bucaramanga, por el delito de rebelión, denunciado por JOSÉ TRINIDAD ROZO PARADO, POR HECHOS COMETIDOS el 27 de octubre t (sic) noviembre 12 de 2003, iniciado por la Fiscalía 2ª de la URI, con el radicado 32462 del 14 de noviembre de 2003 que calificó la Fiscalía 15 Rad. 201826, correspondió por reparto, a este juzgado el 17 de junio de 2005; con resolución de acusación confirmada. Mediante sentencia proferida por esta (sic) juzgado de fecha febrero 6 de 2006 fue absuelto de los cargos formulados por el delito de rebelión, quedando en firme el 20 de febrero de 2006” (fl. 178, c.7, exp. Penal 2005 - 0212).

11 Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación de 11 de septiembre de 2013, exp. 20601. C.P. Danilo Rojas Betancourth.

12 “Sobre las indagatorias y versiones libres de los suboficiales Ever Augusto Méndez Velosa y Manuel de Jesús Carvajal Mendieta, que obran en el proceso penal adelantado en su contra, se aclara que no podrán ser valoradas, en vista de que la indagatoria es un medio de defensa del procesado y la veracidad de su contenido se encuentra, en general, influida por la necesidad de la exculpación. Adicionalmente, la indagatoria carece de las exigencias propias de la práctica de testimonios, a saber, la de rendirse bajo la gravedad del juramento”: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 9 de octubre de 2014, rad. 29033. M.P. Ramiro Pazos Guerrero, criterio reiterado en varias providencias: sentencias de 29 de mayo de 2014, rad. 24078; 9 de febrero de 2011, rad. 16934; 20 de febrero de 2014, rad. 30615; 29 de agosto de 2012, rad. 23686 y de 28 de abril de 2014, rad. 21896. Igualmente pueden consultarse: Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2002, rad. 12789; 25 de enero de 2001, rad. 12831; 3 de mayo de 2007, rad. 25020; 18 de octubre de 2007, rad. 15528, entre muchas otras.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de marzo de 2014, rad. 22597, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo de 2014, rad. 24078, M.P. Ramiro Pazos Guerrero: “(…) En cuanto a las indagatorias. La indagatoria rendida por Miguel Rodríguez Orejuela, arrimada a este proceso, proveniente de la Dirección Nacional de Fiscalías, la cual contribuyó a desvirtuar que el demandante Enrique Mancera estaba relacionado con el “cartel de narcotráfico de Cali”, no pueden ser tenidas como medio de prueba, toda vez que se trata de una versión que se obtuvo sin el apremio del juramento y, por tanto, no reúne las características necesarias para que pueda considerársela como testimonio. Lo anterior no es impedimento para que en algunos casos se tengan en cuenta las afirmaciones que los indagados consientan en hacer bajo la gravedad del juramento, lo que se deduce de la aplicación a contrario sensu de la regla antes aludida”.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2015, rad. 36170 y del 25 de julio de 2016, rad. 37125, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1º de agosto de 2016, rad. 42376, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

17 Corte Constitucional, expediente T-1498919, Sentencia T-233 de 2007, del 29 de marzo de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

18 Informe Nº 0587 del 2 de mayo de 2004, emitido por el GAULA de Santander, donde se pone de presente que con ocasión de la orden de captura emitida por la Fiscalía 15 Seccional de Bucaramanga por el delito de rebelión, se pone a disposición de la Fiscalía de Reacción Inmediata al señor Miguel Rogelio Domínguez Serrano (fl. 279 y 280, c. 2 exp. penal 2002 - 0212). Acta de derechos del capturado, suscrita por el señor Miguel Rogelio Domínguez Serrano (fl. 281, c. 2 exp. penal 2002 - 0212).

19 Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 6 de 2011, exp. 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

21 Pues como se dijo anteriormente, los hechos aquí analizados ocurrieron bajo la vigencia del Decreto 2700 de 1991 y en todo caso anteriores a la expedición de la Ley 600 del 2000.

22 Decreto 2700 de 1991. “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de septiembre de 2013, exp. 35235, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de septiembre de 2013, exp. 35235, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

25 En sentencia del 12 de mayo de 2011, expediente 20314, MP. Stella Conto Díaz del Castillo, el Consejo de Estado expresó: “Es que la privación de la libertad demanda una investigación eficiente, proclive a respetar el derecho constitucional fundamental del sindicado, por lo que si el Estado finalmente no desvirtúa la presunción de inocencia, patrimonialmente debe responder por los perjuicios ocasionados a quienes se afecte con el proceso judicial”.

26 Se recuerda que, de conformidad con el artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, en la sentencia definitiva el juez de lo contencioso administrativo debe pronunciarse “sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada”.

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, rad. 23354, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

28 Ratificado por Colombia el 29 de noviembre de 1969, previa aprobación del Congreso de la República mediante Ley 74 de 1968. Pacto que hace parte del bloque de constitucionalidad y prevalece en el orden interno, en virtud de lo previsto en los artículos 53, 93, 94, 102 y 214 de la Constitución Política Colombiana.

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 30 de abril de 2014, expediente 27414, C.P.: Danilo Rojas Betancourth.

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp.17933, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, exp. 37722, C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez.

32 Al respecto pueden consultarse las sentencias que dictó la Sección Tercera: 25 de julio de 1994, exp. 8483. C.P. Carlos Betancur Jaramillo; 21 de octubre de 1994, exp. 9.618, C.P. Julio César Uribe Acosta; 12 de abril de 2002, exp. 13.922, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; 5 de diciembre de 2005, exp. 23.218, C.P. María Elena Giraldo Gómez; y auto de 22 de mayo de 2003, exp. 23.532, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

33 Sentencia C–100 que dictó la Corte Constitucional el 31 de enero de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.

34 Corte Constitucional, Sentencia C–430 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

35 Corte Constitucional, sentencias C-484 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-455 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-423 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 2 de mayo de 2007; exp.15.463, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 30 de marzo de 2011, exp. 19565, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sección Tercera, Subsección “C”, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia de 13 de abril de 2011, exp. 19889; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 26 de febrero de 2014, exp. 29.541, C.P. Enrique Gil Botero; Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo de 2009; C.P. Ramiro Saavedra Becerra; exp.17.188; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 11 de julio de 2013, exp. 27.463, C.P. Enrique Gil Botero.

37 Vale precisar, que en dichos testimonios también se relata un supuesto requerimiento de dinero ($ 40.000.000) que el procesado le había hecho a alias “Danilo García” para efectos de ofrecérselos al fiscal y al abogado que llevaba un proceso penal en su contra por los delitos de testaferrato y rebelión con el ánimo de que fuera absuelto de los cargos. No obstante, al tratarse de una aseveración que se refiere a una conversación sostenida entre el encartado y el señor William Gutiérrez, la cual fue grabada sin autorización judicial, dichas aseveraciones, tal como se dijo supra, tampoco serán tenidas en cuenta, pues en ellas interfieren hechos conocidos a través de una prueba obtenida ilegalmente (v. párr. 15.4 a 15.7).

38 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2016, exp. 36858, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.