Sentencia 2007-00257 de diciembre 6 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Ref.: Expediente 2007-00257

Acción: Nulidad

Actor: Armando Valencia Casas

Bogotá, D.C., seis de diciembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

Previamente a resolver el fondo del asunto, es necesario hacer referencia a la excepción planteada por la entidad demandada Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”:

Sobre el particular, para la Sala es claro que el decaimiento del acto acusado, esto es, el Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004, no impide que se realice un pronunciamiento de fondo, como lo ha reiterado esta Sección en diversas oportunidades, toda vez que el acto acusado tuvo su vigencia desde que se expidió hasta cuando fue derogado por uno nuevo, es decir que durante ese lapso produjo efectos jurídicos(1).

“La Sala reitera el criterio jurisprudencial consignado, entre otras, en la sentencia de 16 de febrero de 2001 (C.P. doctora Olga Inés Navarrete Barrero) que prohijó la tesis sobre la sustracción de materia que consignó la Sala Plena en sentencia de 14 de enero de 1991, (C.P. doctor Gustavo Arrieta Padilla, Exp. S-157). En la citada providencia, se lee: ‘...Pero si bien es cierto, como lo ha sostenido esta corporación, que la declaración de pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo no puede solicitarse al juez de lo contencioso administrativo, pues no existe una acción autónoma que lo permita, no lo es menos que nada impide que con respecto a los actos administrativos respecto de los cuales se ha producido el fenómeno del decaimiento, se produzca un fallo de nulidad, pues en este evento se ataca la configuración de los elementos del acto administrativo al momento de su nacimiento, y su concordancia con el régimen jurídico que debió respetar tanto en su jerarquía normativa, como en el procedimiento para su expedición, mientras que, el fenómeno producido por la desaparición del fundamento de derecho de un acto administrativo, tiene efectos hacia el futuro sin afectar la validez del acto por todo el tiempo de su existencia jurídica.

“En efecto, en la práctica bien pudo haberse producido la expedición de actos administrativos creadores de situaciones jurídicas particulares y concretas con base en aquel del que se predica el fenómeno del decaimiento, por declaratoria de inexequibilidad de la ley o por declaratoria de nulidad de la norma sustento de derecho y, comoquiera que tal fenómeno en nada afecta la validez del acto administrativo, no se afecta el principio de la presunción de legalidad del acto administrativo, ya que el juzgamiento de la legalidad de un acto administrativo debe hacerse con relación a las circunstancias vigentes al momento de su expedición.

“No hay, por lo tanto, razón alguna que imposibilite proferir fallo de fondo con respecto a la legalidad de un acto respecto del cual se ha producido el fenómeno del decaimiento, entendiendo que dicho fallo abarcará el lapso durante el cual dicho acto administrativo estuvo vigente, lapso durante el cual el acto administrativo gozó de presunción de legalidad.

“Lo anterior, por cuanto para que se produzca un fallo de mérito respecto de un acto administrativo, no se requiere que el mismo se encuentre produciendo efectos, tal como se sostuvo por esta Sección en providencia de fecha junio 15 de 1992, pues solo el fallo de nulidad, al producir efectos ex tunc, desvirtúa la presunción de legalidad que acompañó al acto administrativo mientras este produjo sus efectos.

“La nulidad que se ha solicitado, concierne a la validez del acto administrativo y en el evento de prosperar, se remonta hasta el momento de su expedición, mientras que la causal de decaimiento que acaeció estando en trámite este proceso, atañe a circunstancias posteriores al nacimiento del acto administrativo y no atacan la validez del mismo. Pudiera decirse que cuando se produce el fenómeno del decaimiento, el acto administrativo supervive en el mundo jurídico, porque no existe fallo de nulidad que lo saque del mismo, pero ha perdido uno de sus caracteres principales, cual es el de ser ejecutorio, lo que implica que la administración no puede hacerlo cumplir...”.

El objeto de la demanda se concreta en la nulidad de los siguientes actos administrativos: parágrafo del artículo 14, de los numerales 5º y 6º del artículo 13, 6º y 7º del artículo 24, 6º y 7º del artículo 41, y los artículos 81 y 82 del Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004, “Por el cual se reforma el estatuto general de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, expedido por el consejo superior de la citada universidad.

La Sala pone de presente que la demanda respecto de los numerales 6º y 7º del artículo 24 del Acuerdo 021, no tiene vocación de prosperidad, por cuanto el actor no indicó las normas violadas ni explicó el alcance del concepto de su violación.

El parágrafo acusado del artículo 14 señala:

“PAR.—No podrá ser designado o elegido como consejero, quien registre sanción disciplinaria dentro de los tres años anteriores a su escogencia”.

A criterio del actor, la anterior norma vulnera los artículos 122 de la Constitución Política, 37 y 38 numerales 1º y 2º de la Ley 734 de 2002, los cuales establecen:

“ART. 122.—Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior.

Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño”.

“ART. 37.—Inhabilidades sobrevinientes. Las inhabilidades sobrevinientes se presentan cuando al quedar en firme la sanción de destitución e inhabilidad general o la de suspensión e inhabilidad especial o cuando se presente el hecho que las generan el sujeto disciplinable sancionado se encuentra ejerciendo cargo o función pública diferente de aquel o aquella en cuyo ejercicio cometió la falta objeto de la sanción. En tal caso, se le comunicará al actual nominador para que proceda en forma inmediata a hacer efectivas sus consecuencias.

ART. 38.—Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:

1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez años anteriores, salvo que se trate de delito político.

2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción”.

El artículo 69 de la Constitución Política consagra el principio de autonomía universitaria, la cual ha sido interpretada por la jurisprudencia constitucional como una garantía que pretende legitimar la capacidad de autorregulación y autogestión, tanto en el campo educativo como administrativo, de las instituciones oficiales y privadas, encargadas de la prestación del servicio público de educación superior.

Las universidades en ejercicio de su autonomía, cuentan con un estatuto general, el cual debe contener, entre otros, las disposiciones concernientes al personal administrativo, referidas a sus derechos, obligaciones, inhabilidades, situaciones administrativas, así lo dispone el artículo 79 de la Ley 30 de 1992:

“ART. 79.—El estatuto general de cada universidad estatal u oficial deberá contener como mínimo y de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, los derechos, obligaciones, inhabilidades, situaciones administrativas y régimen disciplinario del personal administrativo”.

Frente a lo expuesto, resulta pertinente traer a colación el pronunciamiento expuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-829 de octubre 8 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), en la cual se precisó que:

“4.5. En desarrollo de la autonomía universitaria, que emana de la Constitución y de acuerdo con la ley que la desarrolla, no resulta entonces extraño que por los mecanismos previstos en esta se tenga competencia por las universidades para la expedición de estatutos que regulen la actividad de los docentes, la de los estudiantes y la del personal administrativo.

4.6. No obstante, por tratarse de servidores públicos habrá de precisarse hasta qué punto puede llegar esa autorregulación de las universidades al expedir los estatutos mencionados de carácter interno, comoquiera que el Estado puede establecer normas de carácter disciplinario, aun de carácter general y único, caso en el cual se hace indispensable delimitar el campo de aplicación de estas para que no quede vacía de contenido la autonomía universitaria. Es decir, ni el Código Disciplinario puede extenderse de tal manera que haga nugatoria esa autonomía de las universidades, ni esta puede llegar a desconocer la sujeción a la legalidad, incluida dentro de este concepto tanto la ley que desarrolla el artículo 69 de la Carta como la que establece el Código Disciplinario Único.

4.7. Eso significa, entonces, que los elementos estructurales de las conductas que se consideren como faltas quedan reservados a la ley de carácter disciplinario. Pero, como ellas en últimas consisten en la violación de los deberes o de las prohibiciones, en el estatuto de los docentes en las universidades estatales, atendida la especificidad propia de la actividad académica y la función educativa o de investigación que por los docentes se cumple podrá cada universidad establecer deberes específicos sin que pueda afectarse, en ningún caso, ni la libertad de investigación ni la libre expresión de las ideas, ni la libertad de cátedra, por lo cual quedarán excluidas como de obligatorio cumplimiento órdenes que las menoscaben en algún grado.

Desde luego, asuntos como lo relativo a las formas y requisitos para el ingreso a la actividad docente, los ascensos dentro de la carrera respectiva, los estímulos a profesores en casos determinados o la no concesión de estos últimos, serán asuntos propios del estatuto docente en cada universidad. Pero escaparán a este para regirse por la ley disciplinaria faltas que impliquen la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de todos los servidores públicos, así como aquellas que por su extrema gravedad no puedan ser desconocidas por el régimen interno de las universidades sino regularse por las normas de carácter general disciplinario expedidas por el Estado.

4.8. Las normas sancionatorias que expidan las universidades mediante estatutos específicos para estudiantes, profesores o personal administrativo, necesariamente tendrán como límite las garantías constitucionales, como se ha expresado en múltiples ocasiones por la Corte. Así, por ejemplo, no podrá vulnerarse de ninguna manera el derecho de defensa cuando se impute una falta, ni desconocerse el derecho al ejercicio de la autonomía personal, ni tampoco podrán imponerse sanciones que resulten irrazonables y desproporcionadas o mayores que las señaladas por la ley, ni alterar el principio de legalidad, todo lo cual es consecuencia de la sujeción a la Constitución. La regulación de conductas y sanciones internas, no constituyen antecedentes disciplinarios frente al Código Único Disciplinario.

Resulta, entonces, que el “régimen disciplinario” de las universidades no sustituye a la ley, queda comprendido dentro del estatuto que para profesores, estudiantes o personal administrativo se expida en ejercicio de la autonomía universitaria conforme al artículo 69 de la Carta, en armonía con el Código Disciplinario Único como ya se expresó y sin que pueda expandirse ni aquella ni este para que el resultado sea la mutua inocuidad de sus normas.

Por ello, se tiene que las normas disciplinarias internas de cada universidad pueden ser expedidas por ellas, atendiendo su especial naturaleza, su especificidad, sus objetivos y su misión educativa, sin que esa capacidad de autoregulación que la Constitución garantiza a las universidades signifique autorización para actuar como órganos de naturaleza supraestatal, con una competencia funcional ilimitada “que desborde los postulados jurídicos sociales o políticos que dieron lugar a su creación o que propendan mantener el orden público, preservar el interés general y garantizar el bien común”, (C-220/97, M.P. Fabio Morón Díaz (negrillas fuera de texto).

De lo anterior se concluye que a todos los servidores públicos sin excepción alguna, se les aplican las normas de carácter general disciplinario.

Si bien es cierto que las u0niversidades gozan de autonomía que la propia Constitución y la ley les han conferido, no es menos cierto que la Carta Política sin excepción alguna dejó al legislador la facultad de reglar el régimen de responsabilidad de los servidores públicos y su procedimiento.

Para la Sala la disposición acusada al establecer que: “no podrá ser designado o elegido como consejero quien registre sanción disciplinaria dentro de los tres años anteriores a su escogencia”, desborda lo dispuesto en la ley, teniendo en cuenta que el Código Disciplinario Único, en su artículo 38, referente a las inhabilidades, señala, entre otras, que estas surgen por el hecho de haber sido sancionado tres o más veces, es decir, que el estatuto universitario consagra una sanción más severa, al no permitirse que el consejero designado o elegido pueda desempeñar dicho cargo por el hecho de registrar sanción sin establecer la clase de falta, gravedad de la misma, o como en el presente caso, el solo hecho de registrar una, cuando el Código Disciplinario señala tres o más.

Así las cosas, la autonomía que se predica de las entidades universitarias, según lo establecen el artículo 69 de la Constitución Política y las normas de la Ley 30 de 1992, no tiene ni podría tener un carácter absoluto e ilimitado, pues la propia ley permite que el estatuto general contenga aspectos, como el que ahora es motivo de estudio “inhabilidades”, pero restringe al señalar que estará de acuerdo con las normas vigentes, es decir, sin desconocer el Código Disciplinario Único.

Por las razones que anteceden el cargo prospera.

Manifiesta el demandante que la Ley 30 de 1992, dispuso en el literal d) del artículo 64, que el consejo superior universitario estará integrado por un representante del profesorado, sin exigir categoría alguna.

Que el numeral 5º del artículo 13 del Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004, vulnera el artículo 76 de la Ley 30 de 1992, pues el legislador estableció 4 categorías para los profesores de las universidades públicas, sin establecer distinciones.

A juicio del actor se niega el derecho de acceder al ejercicio de funciones públicas a los docentes con categoría de auxiliar y asistente, sin que exista una justificación razonable, concediendo privilegios a los profesores con categorías de asociado y titular, lo cual vulnera los artículos 13 y 40, numeral 7º, de la Constitución Política.

El numeral 5º del artículo 13 del Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004, acusado, prescribe:

“5. Un representante de los profesores elegido mediante votación universal, directa y secreta, quien deberá tener tal calidad activa, de carrera, con dedicación de tiempo completo y escalafonado en categoría como mínimo de asociado” (negrilla y subrayas fuera de texto).

La disposición acusada en efecto consagra una limitación al docente que debe integrar el consejo superior universitario, pues la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior, dispone en el literal d) del artículo 64 lo siguiente:

“ART. 64.—El consejo superior universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad y estará integrado por:

(...)

d) Un representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de los egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo y un ex-rector universitario.

(...)”

De tal manera que mientras la Ley 30 de 1992, faculta a un docente sin hacer ningún tipo de distinción, el numeral 5º del artículo 13 del Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004, restringe dicha participación a la categoría de asociado, excluyendo las otras categorías, como son las de profesor auxiliar, profesor asistente y profesor titular, establecidas en el artículo 76 de la Ley 30 de 1992.

Niega el derecho de acceder al ejercicio de funciones públicas a unas categorías de docentes, privilegiando a la categoría de asociado para integrar el consejo superior universitario, por lo cual procede el decreto de su nulidad.

La otra disposición acusada es el numeral 6º del artículo 13 del Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004, el cual señala:

“6. Un representante de los estudiantes elegido por estos mediante votación universal, directa y secreta, con matrícula vigente en un programa regular de pregrado, con promedio ponderado mínimo de cuatro (4.0), hasta el último semestre académico aprobado, al momento de la elección” (negrilla y subraya fuera de texto).

Considera el actor que el numeral anteriormente transcrito viola el literal d) del artículo 64 de la Ley 30 de 1992, y el artículo 40 de la Constitución Política, al impedir que todos los estudiantes hagan uso de un derecho reconocido por normas superiores.

La Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior, dispone en el literal d) del artículo 64 que el consejo superior universitario estará integrado, entre otros, por: “uno de los estudiantes”.

Estima la Sala que asiste razón al actor, pues el consejo superior universitario al expedir el numeral que ahora se estudia, vulnera el derecho de acceso al ejercicio de funciones públicas de ser elegido, impidiendo en esta oportunidad que los estudiantes hagan uso de tal derecho, en la medida en que lo restringe al exigir que dicho estudiante debe contar con un “promedio ponderado mínimo de cuatro (4.0), hasta el último semestre académico aprobado, al momento de la elección”.

Aduce el actor que los numerales 6º y 7º del artículo 41 del Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004, vulneran el artículo 76 de la Ley 30 de 1992, argumentando que el legislador no estableció entre los profesores universitarios discriminaciones y no existe una justificación razonable para que a los docentes escalafonados en las categorías de auxiliar y asistente se les impida acceder a los cargos de vicerrector académico y de investigaciones en la Universidad Tecnológica del Chocó.

Alega que los numerales citados violan los artículos 13 y 40 de la Constitución Política, pues establecen un trato privilegiado a favor de los docentes escalafonados en las categorías de asociado y titular y discriminan a los escalafonados en las categorías de auxiliar y asistente.

Que, igualmente, se viola el numeral 7º del artículo 40 de la Constitución Política, al circunscribir esos dos cargos para los docentes de tiempo completo en detrimento de los demás profesionales universitarios no dedicados a la docencia con dicha dedicación.

Al respecto, cabe tener en cuenta lo siguiente:

El artículo 41 del Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004, señala las calidades para ser Vicerrector estableciendo en sus numerales 6º y 7º, motivo de impugnación, lo siguiente:

“6. Estar clasificado por lo menos en la categoría de asociado, si es para ser vicerrector académico.

7. Tener experiencia en administración de procesos investigativos y/o investigaciones por un periodo no inferior a tres (3) años y estar clasificado por lo menos en la categoría de profesor asociado, si es para ser vicerrector de investigaciones”.

Encuentra la Sala que los numerales anteriormente transcritos vulneran los artículos 13 y 40 de la Constitución Política, los cuales señalan:

ART. 13.—Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

ART. 40.—Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede...”:

El derecho de asociación es un acto voluntario que no debe ser tomado como condición para la escogencia del vicerrector académico o vicerrector de investigaciones, pues ello impide el ejercicio del derecho constitucional de acceder en igualdad de condiciones al ejercicio de funciones y cargos públicos.

El derecho de acceder al desempeño de funciones públicas, es una de las expresiones del derecho de participación, del que son titulares todos los colombianos, y las restricciones, que solo el legislador puede imponer a su ejercicio, deben ser excepcionales y acreditar un fundamento suficiente y razonable, pues no pueden afectar el núcleo esencial del derecho a la igualdad de las personas cuya participación siempre debe constituir objetivo prioritario del poder regulador.

Al respecto, resulta pertinente traer a colación lo señalado en la sentencia de 18 de mayo de 2011, Radicado 2007-0294, con ponencia del magistrado doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta:

“Si lo que inspira el acuerdo impugnado es la participación democrática en el gobierno y la administración de la universidad, no se entiende cómo en la conformación del órgano electoral de la institución se introduce un trato discriminatorio a los profesores, estudiantes y egresados que, por decisión libre y autónoma, no se encuentren organizados en una asociación. Esa condición, establecida al amparo de la autonomía universitaria, es un requisito que con claridad desconoce el derecho constitucional fundamental de igualdad y, de contera, los derechos de libre asociación y de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos.

Debe recordarse que el verdadero alcance del derecho constitucional fundamental a la igualdad consiste, no en la exactitud matemática de las disposiciones que se apliquen a unas y otras personas, sino en la adecuada correspondencia entre las situaciones jurídicas objeto de regulación o gobierno y los ordenamientos que se hacen exigibles a ellas. La igualdad se rompe cuando, sin motivo válido -fundado en razones objetivas, razonables y justas-, el Estado otorga preferencias o establece discriminaciones entre los asociados, si estos se encuentran en igualdad de circunstancias o en un nivel equiparable desde el punto de vista fáctico. En este caso, no se advierte cuál es el motivo razonable, objetivo y justo que determine que los profesores, estudiantes y egresados que no hacen parte de una asociación o agremiación no puedan participar en el proceso de designación de sus representantes ante el consejo electoral de la universidad. Si bien se aduce por el agente del Ministerio Público que la organización a través de una asociación o agremiación permite una mejor representación, pues se designarían verdaderos voceros y líderes de la comunidad que representan, para la Sala dicha circunstancia no es suficiente para justificar el trato discriminatorio en este caso, más aun si se tiene en cuenta que el derecho de libre asociación (C.P., art. 38), tiene una dimensión negativa, en virtud de la cual la persona tiene el derecho a no ser obligado directa ni indirectamente a formar parte de una asociación determinada. Por ello, como lo ha señalado la Corte Constitucional, “constituye una violación del derecho de asociación, forzar a las personas a vincularse a una determinada organización, o hacer del vínculo un elemento necesario para tener acceso a un derecho fundamental, o condicionar los beneficios que normalmente podrían lograrse sin tener necesariamente que asociarse, a la existencia de un vínculo obligatorio en este sentido”(2).

Acusa los artículos 81 y 82 del Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004, de ser violatorios de los artículos 5º, 6º y 7º y 35 de la Ley 715 de 2001, argumentando que se invadieron competencias asignadas a otras autoridades en materia de educación media o secundaria.

Observa la Sala que el actor no sustenta debidamente el alcance del concepto de la violación, pues simplemente expresa que los artículos 81 y 82 del Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004, infringieron unas disposiciones de la Ley 715 de 2001, realizando una relación de estas, sin establecer puntualmente dicho concepto de violación, por lo cual debe la Sala denegar la pretensión de su nulidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

RECHÁZASE, por improcedente la excepción de decaimiento del acto, propuesta por la entidad demandada.

DECLÁRASE la nulidad del parágrafo del artículo 14, numerales 5º y 6º del artículo 13, 6º y 7º del artículo 41, del Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004, “por el cual se expide el estatuto de la organización electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó”, proferido por el consejo superior de la mencionada universidad.

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda respecto de los numerales 6º y 7º del artículo 24 y artículos 81 y 82 del Acuerdo 021 de 31 de agosto de 2004, “por el cual se expide el estatuto de la organización electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó”, proferido por el consejo superior de la mencionada universidad, por las razones expuestas en la parte motiva.

Tiénese al doctor Franklin Elías Mena Bechara como apoderado de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, de conformidad con el poder obrante a folio 303 del expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de diciembre de 2012»

(1) Sentencia Sección Primera del Consejo de Estado de 27 de marzo de 2003, actor, Juan Carlos Hincapié Mejía, Expediente 0171 (7095), Consejero ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade.

(2) Corte Constitucional, Sentencia C-914-04.