Sentencia 2007-00260 de febrero 10 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 25000-23-27-000-2007-00260-01(17722)

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Actor: Sanofi Pasteur S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Bogotá, D.C., diez de febrero de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 18 de marzo de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La controversia se centra en determinar si la sociedad demandante tiene derecho a la deducción relacionada con la destrucción de inventarios en cuantía de $ 526.848.000, renglón 73 “Gastos operacionales de administración,” y si procede la sanción por inexactitud impuesta.

1. Deducción por destrucción de inventarios en cuantía de $ 526.848.000.

El a quo estimó que el monto de lo declarado por las mercancías destruidas no se demostró, demostración que es requisito para que se reconozca la expensa.

Según la sociedad apelante, dentro de los anexos allegados al recurso de reconsideración se incluyeron las actas de destrucción de vacunas del año gravable 2003. También se anexaron copias de los comprobantes de contabilidad de la incineración de la vacunas en el año gravable 2003, por la suma de $ 545.114.737,63.

Observa la Sala que en el folio 1113 del cuaderno de antecedentes Nº 6 obra copia del requerimiento especial Nº 300632005000118, del 27 de diciembre de 2005, en el que la administración tributaria propuso la modificación de la declaración de renta presentada por la sociedad demandante, correspondiente al año gravable 2003.

En dicho acto administrativo la administración cuestionó el valor declarado en el renglón 73 de la declaración “gastos operacionales de administración,” así:

“Analizada la información aportada por el contribuyente con ocasión a la visita, y de conformidad con el emplazamiento para corregir Nº 300632005000020 del 1º de marzo de 2005 (fls. 722 al 725) efectuado por el grupo investigación a devoluciones de la división de fiscalización tributaria de la administración especial de las personas jurídicas, se procede a desconocer las siguientes inconsistencias determinadas en dicho renglón:

El contribuyente, mediante oficio de fecha diciembre 9 de 2004 (fl. 33) envía respuesta al requerimiento ordinario Nº 300632004000905 de fecha 22 de noviembre de 2004 en 525 folios, y entre ella anexa conciliación contable y fiscal discriminando la conformación de cada renglón de la declaración del impuesto de renta del año gravable 2003, donde se evidencia, que el contribuyente en este renglón presenta en la cuenta código contable PUC 3 Provisiones por valor de $ 560.646.266 (fl. 56), para ello se solicitó al contribuyente libro auxiliar de contabilidad y sus respectivos soportes, a lo cual manifestó verbalmente que el código de la cuenta PUC corresponde a la 519915 Gastos por provisión de inventarios por valor de $ 526.847.875, y no anexó dicho libro auxiliar de contabilidad ni se aportó documento alguno que reflejara la realidad económica de dicha transacción.

“…

“Adicionalmente, el contribuyente durante el transcurso de la visita no aportó soporte contable ni documento idóneo (Actas de destrucción del comité de sanidad) alguno que reflejara la transacción económica por dicho valor” (subraya la Sala).

En el folio 36 del expediente obra copia de la liquidación oficial de revisión Nº 300642006000053 del 4 de septiembre de 2006, en la que, respecto a la glosa cuestionada, se anotó:

“Después del análisis de la información obtenida en la visita efectuada al contribuyente, de la respuesta al requerimiento ordinario, de la conciliación fiscal y contable aportada, en la cual discrimina la conformación de cada renglón de la declaración privada del impuesto de renta y complementarios del año gravable 2003, presentando para el renglón 73, Gastos operacionales de administración, la cuenta código contable PUC 3 Provisiones por valor de $ 560.646.266 (fl. 56), rechaza la división de fiscalización las pérdidas por destrucción de inventarios de vacunas, por la suma de $ 526.848.000 teniendo en cuenta que dicha deducción no se ajusta a lo previsto en el artículo 64 del estatuto tributario, Concepto DIAN 61852 de 2002 y porque en la visita no entregaron el libro auxiliar de contabilidad ni los soportes respectivos de la cuenta de código 519915 Gastos por provisión de inventarios (subraya la Sala).

A folio 1431 del cuaderno 1 de antecedentes administrativos aparece copia del recurso de reconsideración interpuesto en contra de la liquidación oficial de revisión, con el que la sociedad actora anexó como pruebas:

“1) Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.

2) Copia de la cédula del representante legal.

3) Poder para actuar.

4) Actas de destrucción de vacunas del año gravable 2003.

5) Copia de los comprobantes de contabilidad de la incineración de vacunas en el año gravable 2003 por la suma de $ 545.114.737,63” (resalta la Sala).

Observa la Sala, respecto de las actas de destrucción, que a folios 1391 a 1388 del cuaderno 1 de antecedentes aparecen 4 actas de destrucción, las cuales no reflejan los valores glosados, puesto que se limitan a describir unos productos, sin discriminar valores, razón por la cual la administración y el Tribunal desecharon su valor probatorio, al no ser demostrativas de lo que se pretendía probar, posición que comparte la Sala, toda vez que resultan inútiles frente al hecho a probar.

Respecto a las copias de los comprobantes de contabilidad, allegadas con ocasión del recurso de reconsideración, observa la Sala que a folios 1392 a 1394 del cuaderno 1 de antecedentes figuran tres listados informales, en los que se relacionan los comprobantes, la fecha, la descripción de la cuenta y el valor (débito), sin identificar quién emitió dicho documento.

En el caso concreto, para probar la alegada deducción no son suficientes los comprobantes de contabilidad de orden interno o externo, toda vez que la ley le da el carácter de plena prueba a la contabilidad del contribuyente, siempre que se lleve conforme lo indica la ley y el reglamento, y esté integrada por los libros registrados, sus comprobantes de orden interno y externo y documentos soportes como un todo.

Pero si no existen libros de contabilidad o no se exhiben, mal puede pretenderse que unos comprobantes que supuestamente hacen parte de esos libros tengan valor probatorio contable.

Por una parte la ley no les otorga tal efecto, y, por otra, no se probó que efectivamente las operaciones de que dan cuenta los mismos están contablemente registradas.

Para la Sala si bien son admisibles otros medios de prueba para demostrar el derecho a la deducción y acceder al reconocimiento del gasto, incluida la contabilidad del contribuyente, conforme al artículo 774 Nº 2 del estatuto tributario ésta debe estar respaldada por comprobantes internos o externos, los cuales, según el artículo 781 del estatuto tributario y los artículos 51 y 53 del Código de Comercio, hacen parte integrante de la contabilidad, por lo que la obligación de presentar los libros de contabilidad cuando la administración lo exija, implica, igualmente, la exhibición de los comprobantes y demás documentos. No prospera el cargo.

2. Sanción por inexactitud.

En cuanto a la sanción por inexactitud impuesta, observa la Sala que el a quo la levantó parcialmente por estimar que cuando el motivo de la desestimación de las deducciones tiene origen en falta de prueba, no implica que la declaración contenga datos o factores falsos, equivocados o incompletos.

Para la DIAN existe un desconocimiento de las normas que regulan la materia, (E.T., arts. 62, 64 y 107), lo cual no encaja dentro de la exoneración de la inexactitud, en los términos del inciso 6º del artículo 647 del estatuto tributario.

Observa la Sala que el artículo 647 del estatuto tributario prevé que constituye inexactitud sancionable la omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes, y, en general, la utilización, en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados a las oficinas de impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable. También constituye inexactitud sancionable el hecho de solicitar compensación o devolución sobre sumas que hubiesen sido objeto de compensación o devolución anterior.

Dicha disposición también señala que no hay lugar a imponer sanción por inexactitud cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.

En el caso bajo análisis no existen errores de apreciación o diferencias de criterio relativos a la interpretación del derecho aplicable. Por el contrario, se hace evidente el desconocimiento del derecho aplicable por parte de la demandante, al incluir en la declaración de renta glosada deducciones que fueron cuestionadas por la administración no solo respecto a la prueba de su procedencia sino a los valores declarados.

Una vez desvirtuada la presunción de veracidad de que gozan las liquidaciones privadas (E.T., art. 746), se revierte la carga de la prueba, y, por lo tanto es al sujeto pasivo de la obligación a quien le corresponde desvirtuar los hechos que se le imputan.

La Sala observa que la sociedad contribuyente no aportó al proceso ningún elemento probatorio que sustente sus afirmaciones sobre el origen de las sumas declaradas, pues tanto en la vía gubernativa como en la jurisdiccional se limitó a alegar la procedencia de la deducción, sin aportar los medios de prueba respecto a la contabilización de los valores declarados en el renglón 73 “gastos por provisión de inventarios” ni la prueba de la alegada destrucción de inventarios.

Contrario a lo señalado por el a quo, no se demostró ni la procedencia de la deducción ni su realidad contable, razón por la cual, ante la falta de veracidad del rubro declarado, hay lugar a la imposición de la sanción por inexactitud, conforme al artículo 647 del estatuto tributario, por incluir en la declaración datos o factores incompletos o desfigurados, de los cuales se derivó un menor impuesto a pagar.

En consecuencia, toda vez que la sentencia de primera instancia se limitó a anular parcialmente los actos administrativos demandados, en cuanto a la sanción por inexactitud impuesta, conforme a lo expuesto se revocará la sentencia apelada para denegar las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 18 de marzo de 2009, proferida por la Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar se dispone:

DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

Reconócese personería al abogado Carlos Javier Ortiz Montero para representar a la demandada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.»