Sentencia 2007-00271 de enero 27 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 08001-31-10-007-2007-00271-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall De Rutén Ruiz

SC435-2014

Aprobada en Sala de veinticinco (25) de noviembre de dos mil trece (2013).

Bogotá, D. C., veintisiete de enero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «La demanda de casación

Dos cargos, ambos por la causal primera prevista en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se propusieron para obtener el quiebre de la sentencia impugnada, cuyo estudio lo abordará la Sala en forma conjunta, habida cuenta de que similares razones guiarán la decisión que en torno de ellos, la sala habrá de adoptar.

Cargo primero

Se denunció el fallo del tribunal por ser indirectamente violatorio del artículo 2º de la Ley 54 de 1990, modificado por el 1º de la Ley 979 de 2005, como consecuencia de la comisión de “error de hecho” en la apreciación de los “testimonios rendidos por los señores Julio César Contreras Morales, Luz Estela Cuadro Herrera, Yurley Estefany Figueroa Fernández, María De Los Santos Rodelo de Fernández, Orlando Rafael Fernández Charris [y] Paul Felipe Contreras Morales”.

1. En su desarrollo, el censor advirtió que se trata de declaraciones “contradictorias que no convergen en demostrar las relaciones maritales de hecho diferentes a la de la demandante” y que, por lo mismo, no sirven para calificar este vínculo como inexistente, ni para predicar “simultaneidad y falta de singularidad”, a diferencia de los testimonios recibidos a solicitud de la parte actora, los cuales dejaron en claro que ella y el accionado, sí hicieron vida marital.

2. Seguidamente, el recurrente planteó los siguientes reproches, que se extractan de la sustentación del cargo:

a) Respecto del escrito de contestación de la demanda y de la escritura pública Nº 0998 del 25 de junio de 2008, otorgada en la Notaría Sexta de Barranquilla, en la que los señores Luz Stella Cuadro Herrera y Julio César Contreras Morales, de mutuo acuerdo, reconocieron que entre ellos existió tanto “una unión marital de hecho imperfecta” como una sociedad patrimonial y procedieron a disolver y liquidar la última, el impugnante precisó que la afirmación que en esos documentos aparece, relativa a que las prenombradas personas reiniciaron en el año 2001 su relación marital, es contraria con la declaración que rindió el 4 de marzo de 2008 la citada compañera, puesto que allí ella indicó que sus dos menores hijos, habidos con persona diferente al aquí demandado, tenían para entonces seis años de edad, lo que significa que nacieron en el año 2002 y que, por lo mismo, fueron concebidos el año anterior (2001), circunstancia que torna inverosímiles aquellas manifestaciones.

b) El demandado, en las diferentes escrituras públicas en las que constan los negocios en virtud de los cuales adquirió los bienes raíces que son de su propiedad y que militan en el proceso, otorgadas en el periodo comprendido entre los años 2002 y 2007, aseveró, en unas, ser soltero y sin unión marital de hecho vigente y, en otras, estar casado, sin serlo.

c) A su turno, en las declaraciones de renta correspondientes a los años 2004 a 2006, el señor Contreras Morales registró como su dirección el apartamento 501 del edificio ubicado en la calle 53 Nº 53-15 de Barranquilla, que corresponde al lugar en el que, para esa misma época, residió la promotora del litigio.

d) En ese sitio, el accionado, en su condición de representante legal de la propiedad horizontal “Portal del Prado”, de la que forma parte el indicado inmueble, fue notificado de un acto administrativo.

e) La testigo Luz Migdalia Ramos Loaiza dejó en claro que la demandante y el accionado, llegaron a residir como marido y mujer en septiembre de 1998 al apartamento 503 del indicado edificio y que, posteriormente, en el año 2003, pasaron a ocupar el apartamento 501, lo que también contradice que el señor Contreras Morales hubiese podido convivir con la señora Cuadro Herrera a partir del 2001.

f) Lo expresado por la testigo Yurley Figueroa Fernández, quien indicó que desde el 16 de septiembre de 2004 inició el vínculo de pareja que la une con el demandado y que los dos empezaron a vivir juntos desde el 22 de octubre de 2005, se opone a lo que los señores Cuadro Herrera y Contreras Morales puntualizaron respecto del tiempo que duró el vínculo que ellos mantuvieron, que fue desde 1997 hasta el 2004.

g) Luego de destacar que la señora María de los Santos Rodelo Fernández es la abuela de Yurley Figueroa Fernández y que ella declaró que conoció al demandado en el año 2004, quien, el 22 de octubre de 2005, le manifestó su deseo de vivir con su nieta, el censor expresó que “Lo anterior contradice lo dicho por los señores Julio César Contreras Morales y Yurley Estefany Figueroa Fernández (…)”.

h) El cuanto hace al testimonio rendido por Paul Felipe Contreras Morales, el recurrente puso de presente que este relató haber residido en el año 2003, por espacio de seis meses, aproximadamente, con la demandante y el accionado, y que tal referencia se contrapone, en primer lugar, a lo expresado por el último en la contestación de la demanda, toda vez que este allí admitió que la convivencia con la actora abarcó solamente el periodo comprendido entre septiembre de 1998 y agosto de 1999; en segundo término, con el reinicio en el año 2001 de la relación marital del demandado y la señora Luz Stella Cuadro Herrera, pues quedó probado que los integrantes del litigio para ese año ya vivían juntos; y, adicionalmente, con la fecha en que finalizó la relación en precedencia mencionada, que según los propios interesados fue en el 2005, en tanto que el deponente indicó que su conclusión tuvo lugar poco tiempo antes a la declaración, que se practicó el 9 de marzo de 2009.

3. Tras invocar el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, el casacionista reprochó el mérito probatorio que los sentenciadores de instancia le dieron a la escritura pública por medio de la cual los señores Luz Stella Cuadro Herrera y Julio César Contreras Morales zanjaron sus diferencias en torno de la unión marital de hecho y de la correlativa sociedad patrimonial que existió entre ellos, por tratarse de una prueba que la parte actora no pudo controvertir.

4. En suma, el impugnante estimó que tanto el juez a quo como el tribunal incurrieron “en violaciones por vía de hecho por arbitraria valoración probatoria”, planteamiento que sustentó con la reproducción parcial de un fallo de la Corte Constitucional.

Cargo segundo

En esta acusación, se enrostró a la sentencia cuestionada ser indirectamente violatoria del artículo 4º de la Ley 979 de 2005, modificatorio del 2º de la Ley 54 de 1990, toda vez que en él se prevén “unos mecanismos ágiles para demostrar la unión marital de hecho y sus efectos patrimoniales entre compañeros permanentes”, precepto que fue indebidamente aplicado como consecuencia de los errores de hecho cometidos por el tribunal, al apreciar “los testimonios rendidos por los señores: Wulfran Alberto Vásquez Meriño, Jeovani Bornaceli Cantillo, Adalberto Gutiérrez Montesino, Luz Migdalia Ramos Loaiza y Marelvis Upegui Pérez”.

1. Para sustentarla, el recurrente reprodujo a espacio las señaladas declaraciones y luego, en relación con cada una, destacó, en síntesis, que acredita tanto la convivencia que existió entre los litigantes como que la misma se extendió desde 1998 hasta el año 2007.

2. Fincado en esa constatación, el impugnante descartó que, por lo tanto, el señor Contreras Morales, en ese lapso de tiempo, hubiese podido mantener un vínculo similar con la señora Yurley Figueroa Fernández, a quien ninguno de los mencionados testigos conoció.

3. Añadió que el nexo anteriormente referido, consiguientemente, solo pudo iniciarse después de que, a principios del último año mencionado —2007—, terminara la convivencia de la actora con el demandado, como se infiere de la circunstancia de que el hijo habido entre este y la señora Figueroa Fernández nació el 18 de diciembre del 2007.

4. Al cierre, el recurrente adujo la infracción del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, comoquiera que el tribunal no apreció las indicadas pruebas en conjunto, reproche que sustentó con reproducción parcial de un fallo de esta corporación, y, adicionalmente, transcribió los artículos 4º a 9º de la Ley 54 de 1990.

Consideraciones

1. Comoquiera que, según lo ha predicado incansablemente esta corporación, la casación tiene por fin exclusivo establecer si el fallo cuestionado por esa vía es o no ilegal, propio es entender que quien recurre a dicha forma de impugnación debe enderezar su actividad, en líneas generales, a poner de manifiesto ese estado de cosas, para lo cual le corresponde, en primer lugar, sujetar sus reproches a las causales que, con individualidad y autonomía, consagra el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, de modo que cada acusación que formule esté soportada en una sola de ellas; y, en segundo término, sustentar cada cargo con la exposición de argumentos idóneos, esto es, de unos que, en consonancia con el motivo escogido, conduzca a colegir tanto la vulneración de la ley, sustancial o procesal, según fuere el caso, como que, a consecuencia de su infracción, las decisiones adoptadas por el sentenciador de instancia, contravienen ostensiblemente el ordenamiento jurídico.

Tal entendimiento del recurso extraordinario de que se trata, descarta, por una parte, que el mismo se constituya en una tercera instancia que permita a quien opta por él, pretender una revisión íntegra del respectivo proceso, con el propósito de explorar una solución distinta a aquella que se le aplicó; y, por otra, que la Corte, como encargada de resolverlo, pueda asumir sin restricciones el estudio de la cuestión litigada para evaluar, desde todo punto de vista, el acierto del pronunciamiento con el que se finiquitó la misma.

Esa especial naturaleza de la casación, explica por qué ella está sometida a rigurosas exigencias formales y técnicas, cuya observancia sirve a que el recurso cumpla con los cometidos señalados en el artículo 365 del Código de Procedimiento Civil, particularmente, en cuanto tiene que ver con el recurrente, el de “reparar los agravios inferidos a las partes por la sentencia recurrida”.

De suyo que, respecto del impugnante, tales requisitos conciernen, fundamentalmente, con la demanda que presente para sustentar el recurso, pues es en ella en donde materializa la crítica que efectúe en contra de la sentencia cuestionada.

2. Sobre el particular y en atención a lo que aquí habrá de decidirse, es necesario memorar que toda demanda de casación, según voces del inciso 1º del numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, debe contener “[l]a formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa”.

Dicha exigencia traduce, por una parte, como ya se señaló, que cada acusación que se formule, esté soportada en una específica causal de casación y, por otra, que los argumentos que se aduzcan para sustentar los cargos, guarden armonía con el motivo seleccionado, de modo que no correspondan y, por lo mismo, no configuren, uno diferente, pues de desatenderse el citado requisito, se incurría en un hibridismo que, indiscutiblemente, choca con la técnica del recurso, en la medida en que una actitud semejante contraría abiertamente el principio de autonomía e independencia de las distintas causas enlistadas taxativamente en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, e impide, per se, que planteamientos de ese linaje, califiquen como claros y precisos.

Ahora bien, si se trata de la violación indirecta de la ley sustancial, que contempla el numeral 1º de la precitada norma, la advertida regla técnica comporta también que no sea dable al recurrente confundir o entremezclar los errores de hecho y de derecho, toda vez que, como ha sido de siempre destacado, ellos tiene distinta naturaleza y, por lo mismo, amalgamarlos, torna el cargo que en esas condiciones se formule, en obscuro e impreciso.

3. Cabe añadir que la Corte, en relación con la norma que se viene comentando, tiene precisado, además:

a) Que toda acusación “debe ser perceptible por la inteligencia sin duda ni confusión”, esto es, “exacta, rigurosa, que contenga los datos que permitan individualizarla dentro de la esfera propia de la causal que le sirve de sustento” (Cas. Civ., sent. de sep. 15/94).

b) Y que los reproches que se aduzcan deben guardar “estricto ceñimiento a las razones o fundamentos del fallo impugnado, porque lógica y jurídicamente debe existir cohesión entre el ataque o ataques contenidos en la demanda de casación y la sentencia del ad quem (…)”, toda vez que el referido recurso “(…) ‘ha de ser en últimas y ante la sentencia impugnada, una crítica simétrica…’ (Cas. Civ. de sep. 10/91)”, entendida “no solo como armonía de la demanda de casación con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, sino también como coherencia lógica y jurídica, según se dejó visto, entre las razones expuestas por el juzgador y las propuestas por el impugnante” (Cas. Civ., sent. de dic. 10/99, Exp. 5294).

4. Desde la perspectiva del específico motivo de casación consistente en el quebranto indirecto de la ley sustancial, la Corte tiene decantado que su ocurrencia deriva de la incorrecta formación en la mente del juzgador de instancia de los hechos del proceso, desacierto que lo conduce a arribar a conclusiones en este campo verdaderamente contraevidentes y a que, consecuencialmente, se equivoque en la escogencia de las normas sustanciales disciplinantes de la respectiva controversia, aplicando las que no estaban llamadas a gobernarla y, correlativamente, dejando de lado que sí debía hacer actuar.

Esa clase de infracción puede provenir de la comisión por parte del sentenciador de errores de hecho o de derecho en la apreciación del material probatorio, yerros que si bien provocan un mismo resultado, como se deduce del precedente comentario, no tienen similar textura.

El error de hecho acaece cuando el operador judicial no ve, y por lo mismo, no pondera, las pruebas que materialmente sí obran en el proceso (preterición); o cuando supone las que no existen, otorgándoles significado (suposición); o cuando, no obstante identificar adecuadamente los elementos de juicio de que dispone, al apreciarlos en su contenido objetivo, altera su alcance y significado, ya sea porque los adiciona, ora porque los cercena (tergiversación).

En cambio, el error de derecho tiene que ver con las equivocaciones relacionadas con la estimación jurídica de los medios de convicción, esto es, con el examen que de ellos realice el juez a la luz de las normas de disciplina probatoria, fundamentalmente, en lo tocante con su solicitud o aducción; con su decreto y práctica; o con su mérito demostrativo, desatino que lo lleva a conferirles un valor que no tienen, o a negarles el que sí poseen.

En cuanto atañe a su alegación en casación, atendidas las pautas que sobre el particular consagra el inciso 2º del numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, debe advertirse que, en tratándose del error de hecho, se impone al recurrente, en primer lugar, plantearlo con sujeción a la advertida autonomía e individualidad que caracteriza los comentados yerros; en segundo término, demostrarlo, para lo que le corresponde, por una parte, singularizar los medios de prueba e, incluso, los pasajes de ellos, sobre los que recayeron los desatinos del juzgador y, por otra, contrastar su contenido objetivo con las conclusiones que, en relación con ellos, obtuvo o debió obtener el sentenciador; y, finalmente, explicitar la razones que permitan entender como esa incorrecta ponderación probatoria comportó la infracción de las normas sustanciales cuya violación se denunció en el respectivo cargo y, correlativamente, trascendió en la incorrecta definición del litigio.

Sobre el error de derecho, es necesario observar, además, que el recurrente debe precisar las normas probatorias que fueron quebrantadas y explicar la manera como ellas resultaron vulneradas.

5. La mención de los requisitos en precedencia comentados, que son pertinentes respecto de los dos cargos formulados, obedece a que ninguno de ellos los satisface, como pasa a explicarse.

5.1. En ambas acusaciones, particularmente, en la inicial, su promotor confundió el error de hecho y el de derecho, comoquiera que, pese a haber denunciado la comisión por parte del tribunal del primero, al desarrollarlas dirigió su inconformidad por la senda del segundo, pues su queja, en esencia, consistió en la falta de apreciación conjunta de las pruebas, reproche que afincó en el mandato del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil y en el contraste que hizo del contenido de los diversos medios de convicción, dirigido a detectar las contradicciones —cargo primero— o las coincidencias —cargo segundo— que existían entre ellos, que respectivamente impedían al ad quem otorgarles la fuerza demostrativa que les reconoció o que lo obligaban a colegir la existencia de la unión marital de hecho reclamada en la demanda.

5.2. Ahora bien, si en los dos cargos el recurrente denunció la violación indirecta de la ley sustancial como consecuencia de los yerros fácticos cometidos por el sentenciador de segunda instancia al apreciar los testimonios practicados en el proceso, brilla por su ausencia la debida demostración de esas falencias, habida cuenta de que el censor se abstuvo de cotejar el contenido objetivo de esos medios de convicción y lo que de ellos infirió el ad quem, o nada argumentó en pro de establecer que las conclusiones obtenidas por este en el campo de los hechos, eran contraevidentes.

5.3. El primer cargo que planteó el censor, adicionalmente, no constituye un ataque frontal y certero en relación con la apreciación que el ad quem efectuó de los testimonios rendidos por los señores María Rodelo de Fernández, Orlando Fernández Charris, Yurley Figueroa Fernández y Paul Contreras Morales, declaraciones que fueron las que condujeron a dicha autoridad a colegir que, paralelamente a la unión marital de hecho que existió entre la demandante y el accionado, este mantuvo relaciones similares, de un lado, con la señora Luz Stella Cuadro Herrera y, de otro, con la citada señora Figueroa Fernández, con quien luego contrajo matrimonio.

Es patente que esa conclusión del tribunal, mal podría estimarse desvirtuada por la circunstancia de que, según el análisis efectuado por el censor, la señora Cuadro Herrera hubiese estado embarazada en el año 2001, que corresponde a aquel en el que ella y el señor Contreras Morales, tanto en la escritura pública Nº 0998 del 25 de junio de 2008 de la Notaría Sexta de Barranquilla como al responder la demanda, dijeron que habían reiniciado la relación que de antes tenían; o porque el citado demandado, en las escrituras públicas contentivas de los negocios jurídicos a través de los cuales adquirió los bienes que son de su propiedad, faltara a la verdad sobre su estado civil; o porque en las declaraciones de renta que presentó, señalara como su dirección el apartamento en el que residió con la señora Barrera Guayasan; o porque en esa misma dirección hubiese sido notificado, en su condición de administrador del edificio “Portal del Prado”, de un acto administrativo.

La referida inferencia del ad quem, sale igualmente indemne frente a los cuestionamientos del censor relativos a que la época en la que el testigo Paul Contreras Morales dijo haber residido en el apartamento que compartían su hermano, el demandado, y la actora (seis meses, aproximadamente, del año 2003), no coincida con la de duración de esa relación, según lo manifestado por aquel al responder el libelo introductorio (1998 a 1999); o a que el precitado declarante hubiese errado al indicar la fecha en la que finalizó la relación de Julio César y la señora Cuadro Herrera.

Del mismo modo, la simultaneidad de relaciones predicada por el tribunal no sufre desmedro en razón a que de los testimonios rendidos por las señoras Luz Migdalia Ramos Loaiza, Yurley Figueroa Fernández y María de los Santos Rodelo Fernández se infiriera, como expresamente lo admitió el tribunal, que quienes actúan como parte en este proceso, unieron sus vidas como marido y mujer en el periodo comprendido entre 1998 y 2007, pues es claro que la existencia de esa relación, per se, no impedía que aparejadamente el accionado mantuviera esos otros vínculos, a los que hizo referencia el tribunal.

5.4. Se suma a lo precedentemente expuesto el desatino que se avizora en relación con el reproche elevado frente a la valoración que el tribunal hizo de la mencionada escritura pública Nº 0998 del 25 de junio de 2008, otorgada por los señores Luz Stella Cuadro Herrera y Julio César Contreras Morales en la Notaría Sexta de Barranquilla, toda vez que el cuestionamiento del censor se circunscribió a que este elemento de juicio, por haber sido aportado con la solicitud de terminación de la intervención ad excludendum promovida por aquella, no fue objeto de contradicción por la parte demandante y, por lo mismo, no podía ser apreciado como prueba, queja que por estar relacionada con la aducción y con el mérito demostrativo de ese medio de convicción, era constitutiva de un error de derecho, y no de hecho, como se propuso, confusión que reitera el entremezclamiento que el recurrente hizo de las dos clases de yerros que configuran la violación indirecta de la ley sustancial.

Ahora bien, si se interpretara que la equivocación denunciada con respecto al documento público referido fue de derecho, echa de menos la Corte la indicación de las normas de disciplina probatoria que fueron vulneradas y la explicación de su quebranto.

5.5. El cargo segundo es asimétrico, en la medida en que sus argumentos son por completo ajenos a los genuinos fundamentos en los que el juzgador de segunda instancia apoyó su decisión de confirmar el fallo desestimatorio adoptado por el a quo.

Como se desprende del compendio que se hizo de la providencia impugnada, el tribunal, en principio, admitió que entre los señores Barrera Guayasan y Contreras Morales sí existió una unión de hecho durante el lapso comprendido entre el mes de septiembre de 1998 y el de enero de 2007, conclusión fáctica a la que arribó con base en las declaraciones de los señores Wulfran Vásquez Meriño, Jeovani Bornaceli Cantillo, Adalberto Gutiérrez Montesino, Luz Ramos Loaiza, Marelvis Upegui Pérez y en los documentos allegados al proceso.

Cosa distinta es que, con base en otros medios de convicción, el ad quem hubiese afirmado, posteriormente, que dicho vínculo no fue “singular”, debido a que el demandado, en la misma época de su existencia, mantuvo relaciones similares con las señoras Luz Stella Cuadro Herrera y Yurley Figueroa Fernández, aserto este que, como con facilidad se percibe, constituye el fundamento toral de su fallo y que, por lo mismo, era el que debía derrumbar el censor, a efecto de conseguir el quiebre de la sentencia recurrida.

En la acusación que ahora se examina, el recurrente analizó únicamente los testimonios atrás relacionados para insistir en que, de la apreciación conjunta de todos ellos, se infería la plena demostración de la relación de pareja que existió entre quienes son parte en el proceso.

Significa lo anterior, que ningún desacuerdo se encuentra entre la postura del tribunal y la del recurrente, en lo tocante, por una parte, con la valoración de las indicadas declaraciones y, por otra, con la conclusión que en el campo de los hechos dicho sentenciador obtuvo de ellas, coincidencia que hace por completo inane la acusación, en la medida en que, como ya se señaló, el cargo no concierne con las verdaderas razones que llevaron al tribunal a desestimar la acción.

6. Puestas así las cosas, es consecuencia obligada que ninguna de las acusaciones examinadas, está llamada a prosperar.

7. Habida consideración de que corresponde señalar las agencias en derecho dentro de la presente providencia, las mismas serán determinadas atendiendo al hecho conforme al cual la demanda de casación fue oportunamente replicada por la parte demandada.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, NO CASA la sentencia de 12 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil - Familia, en el proceso que María Marcela Claudia Barrera Guayasan adelantó en contra del señor Julio César Contreras Morales.

Costas en casación a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho, se fija la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000). La Secretaría de la Sala practique la correspondiente liquidación.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase al tribunal de origen».