Sentencia 2007-00284/41260 de abril 25 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 76001-23-31-000-2007-00284-01 (41.260)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Fernanda Viviana Sanclemente Paz y otros

Demandado: Nación - Ministerio Defensa - Policía Nacional

Acción: reparación directa

Asunto: recurso de apelación

Contenido: Descriptor: Se confirma la sentencia de primera instancia que declaró probada la causal eximente de responsabilidad del Estado hecho de un tercero y negó las pretensiones / Restrictor: Legitimación en la causa - Caducidad - Presupuestos de la Responsabilidad Extracontractual del Estado - Daño antijurídico - Régimen de responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado por accidentes de tránsito - Causal eximente de responsabilidad del Estado hecho de un tercero.

Bogotá, D.C., veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Aspectos procesales previos.

1.1. Legitimación en la causa.

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(14), o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparece al proceso en calidad de demandante la señora Fernanda Viviana Sanclemente Paz, en calidad de compañera afectiva de la víctima y en representación de sus menores hijos Jhon Alexander Pérez Sanclemente, Juan David Pérez Sanclemente, y la señora Luz Divanelly Pérez Camargo, en calidad de madre de la víctima, quienes solicitan que se condene a la demandada al pago de los perjuicios ocasionados por el fallecimiento de Jhon Alexander Perez Ocampo, ocurrido en un accidente de tránsito cuando agentes de la Policía Nacional desarrollaban un retén en la vía que de la ciudad de Cali conduce al municipio de Yumbo - Valle, el día 10 de abril de 2005, siendo las 02:00 a.m., calidad que acreditan con los respectivos registros de nacimiento(15) y declaraciones juramentadas que acreditan la condición compañera afectiva de la víctima(16).

De lo anterior, es menester precisar que en cuanto a la menor Alejandra Pérez Sanclemente, no se encuentra legitimada en la causa por activa debido a que no reposa en el expediente prueba alguna que acredite su parentesco con la víctima, en gracia de discusión, el registro civil de nacimiento aportado no demuestra que esta sea hija de Jhon Alexander Perez Ocampo(17).

Por la otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación - Ministerio Defensa - Policía Nacional, por ser la entidad responsable de instalar los puestos de control móviles o retenes policiales. En consecuencia, la entidad demandada se encuentra legitimada en la causa por pasiva.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del CCA, que en su numeral 8 dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(18), y solo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo(19). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(20).

En el caso concreto, se evidencia que el daño alegado por la parte demandante se deriva del fallecimiento de Jhon Alexander Pérez Ocampo, ocurrido en un accidente de tránsito cuando agentes de la Policía Nacional desarrollaban un retén en la vía que de la ciudad de Cali conduce al municipio de Yumbo - Valle, el día 10 de abril de 2005, fecha que se tomará para la materialización del daño, y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 9 de abril de 2007(21), esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del CCA.

2. Acervo probatorio(22). 

Del material probatorio allegado al expediente, se relacionan las siguientes pruebas:

1. Oficio Nº 0113/ COMAN-CASEG - informe de novedad del 18 de abril de 2005(23) suscrito por el teniente comandante servicios especializados de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali donde se documenta que el día 10 de abril de 2005 siendo las 01:30 a.m. aproximadamente a la altura de la parcelación industrial Arroyohondo, mientras se llevaba a cabo una requisa al vehículo Renault 12, de placas ALA-430, conducido por Jorge Eliecer Mora, quien se encontraba en compañía de 4 personas más, otro vehículo Mazda, modelo 94, de placas BEE.923, conducido a alta velocidad por Héctor Fabio Usme, colisionó con la parte trasera derecha del vehículo Renault 12, dejando heridos a 4 de los ocupantes del carro, otro fallecido en el lugar de los hechos y el patrullero Martínez Pedraza Albert Yoni gravemente herido, quién minutos más tarde murió en la Clínica Nuestra Señora de los Remedios.

2. Minuta de vigilancia- Anotaciones(24) en donde se consignó el informe de novedad policial en comento, que relató el acaecimiento del accidente donde perdieron la vida un civil sin identificación y el patrullero Martínez Pedraza Albert Yoni.

3. Informe administrativo por muerte del patrullero Martínez Pedraza Albert Yoni(25) que calificó el deceso como Muerte en Actos del Servicio, en virtud del Decreto 1091 de 1995, capítulo IV, artículo 69.

4. Registro civil de defunción del señor Jhon Alexander Pérez Ocampo(26).

5. Fotocopia del proceso penal adelantado contra el señor Héctor Fabio Durán Usme por el homicidio culposo en la persona de Jhon Alexander Pérez Ocampo y otros(27), del cual se destacan:

5.1. Inspección de cadáver Nº 039, de NN, de sexo masculino, que fue arrollado por un vehículo Mazda de placas BEE-923 mientras el personal policivo requisaba a los ocupantes del vehículo Renault de placas ALA-430, conducido por el señor Héctor Fabio Durán Usme(28).

5.2. Registro de cadena de custodia de cono de señalización de tránsito(29), usado en retén policivo, “el cual muestra señales de haber sido arrollado, instantes previos al impacto del vehículo Mazda de placas BEE-923 que impactó el vehículo Renault de placas ALA-430 y arrolló a las personas que eran requisadas y a los policiales que efectuaban la requisa”.

5.4. Declaración del S.T. Aureliano Rojas Ruiz(30) donde señaló que en el retén de seres cuando estaban requisando al vehículo Renault de placas ALA-430, hicieron bajar a los 5 ocupantes, quienes fueron arrollados junto con dos policiales por un vehículo Mazda de placas BEE-923, que los irrumpió a alta velocidad tumbando un cono de señalización, dejando 4 heridos y un pasajero muerto. Asimismo, adujo que en ese instante se escuchó por el radio que el patrullero Martínez Pedraza Albert murió en la Clínica de los Remedios.

5.5. Informe del accidente Nº 020956(31) suscrito por agente de tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Yumbo - Valle del Cauca, el cual documenta que el vehículo de placas ALA-430 se encontraba detenido en un retén de la Policía Nacional para su respectiva requisa, que en la vía en ese momento se encontraban conos reflectivos de dicho retén, cuando de repente otro vehículo de placas BEE-923 colisiona con el anterior, al parecer porque era conducido en exceso de velocidad y en estado de embriaguez; de lo cual resultaron 4 personas lesionadas y otras dos fallecieron al momento de los hechos.

5.6. Dictamen Médico Legal practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses al señor Héctor Fabio Durán que concluyó Embriaguez Grado II Clínica(32).

5.7. Croquis del Accidente(33), elaborado por un funcionario de la Secretaría de Tránsito y Transporte Terrestre de Yumbo, correspondiente al informe Nº 020956(34), del que se evidencia que la vía era recta, con dos calzadas, en asfalto, que se encontraba en buen estado, con demarcación en la línea de borde y la línea del carril, de condición seca y que contaba con buena iluminación sin ninguna limitación visual.

5.8. Declaración que rindió la señora Fernanda Viviana Sanclemente Paz(35) en la que relató como se enteró del accidente, la relación de unión libre que tenía con el fallecido Jhon Alexander Pérez Ocampo, los dos hijos que habían procreado juntos y su estado de gestión al momento de los hechos. Además, cuando le preguntaron qué hacía su compañero en el lugar de los hechos mencionó que él venía un carro particular que fue detenido en un retén policial cuando otro vehículo particular lo arroyó, acabando con su vida de inmediato, dejando otro muerto y más personas heridas.

5.9. Oficio Nº 233-690786-157(36) expedido por el despacho fiscal 157 de la Fiscalía General de la Nación donde se informó que el cadáver relacionado en el acta de inspección a cadáver Nº 039 corresponde al señor Jhon Alexander Pérez Ocampo. Por lo cual, fue ordenada su entrega a la señora Fernanda Viviana Sanclemente Paz, quién sustentó ser la compañera permanente del occiso.

5.10. Declaración del Patrullero Giovanny Ortega Chavarro(37) en la que relató lo sucedido el 10 de abril de 2005, después de la 1 a.m. en el puesto de control instalado en la vía Cali - Yumbo frente a Yaku, cuando en medio de una requisa de control a un vehículo Renault, otro vehículo llegó y embistió a todos los presentes, tanto ocupantes del vehículo como policiales encargados del retén. De igual modo, indicó que el puesto de control contaba con todos los elementos del servicio, que tenían vallas, conos, chalecos reflectivos, linternas, buena visibilidad ya que esa parte de Yaku es bien iluminada, contaban con una vía amplia y despejada sin obstáculos que impidieran una buena visibilidad. Asimismo, señaló que las vallas y los conos estaban bien colocados para ser vistos, había dos vallas antes de comenzar Yaku a unos 100 metros, después 4 conos colocados a 10 metros, los policiales contaban con chalecos reflectivos que les permitían ser vistos por cualquier persona y además, que uno de sus compañeros tenía una paleta reflectiva de PARE con una linterna.

5.11. Informe técnico de necropsia médico legal Nº 2005P-06’40400043(38) realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses al cadáver del señor Jhon Alexander Pérez Ocampo, que concluyó que la causa de muerte fue muerte violenta por accidente de tránsito.

5.12. Declaración del señor José Julián Román Restrepo(39), pasajero del vehículo Renault arrollado, quién sostuvo que ya se encontraba dentro del automóvil al momento del accidente, por lo cual no se dio cuenta de nada ni puede relatar como sucedió. Adicionalmente adujo que al venir en el puesto delantero del carro podía dar constancia que la vía era iluminada y seca.

5.13. Declaración del señor Jorge Eliecer Mora Quiceno(40), conductor del automotor Renault 12 que fue arrollado en accidente de tránsito ocurrido en la vía Cali - Yumbo a la altura de Yaku, el día 10 de abril del 2005, quién manifestó no recordar nada del accidente, ni lo que ocurrió antes ni después del fatico hecho.

5.14. Declaración de William Rodríguez López(41), agente de tránsito adscrito a la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Yumbo, quién suscribió el informe de accidente Nº 020956, donde sostuvo que el estado de la vía era bueno, con buena visibilidad, pavimentada en asfalto, amplia, recta, que al momento de los hechos no presentaba mucho flujo vehicular dada la hora de la madrugada en la que ocurrió. De la misma manera relató que el retén se hizo al lado derecho de la vía en sentido Cali - Yumbo, que en la mitad de la vía estaban los conos y los vehículos se orillan al lado derecho.

5.15. Proveído del 10 de agosto de 2005(42) proferido por la Fiscalía 157 Seccional de Yumbo donde se resuelve la situación jurídica del señor Héctor Fabio Durán Usme decretando Medida de Aseguramiento con beneficio de Detención Domiciliaria a su favor, como presunto autor del delito de homicidio múltiple y lesiones personales múltiples culposas en accidente de tránsito.

5.16. Solicitud de Sentencia Anticipada del sindicado Héctor Fabio Durán Usme delito de homicidio múltiple culposo(43).

5.17. Sentencia del 18 de enero de 2006(44) proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cali que condenó a Héctor Fabio Durán Usme a la pena principal de 40 meses de prisión y multa de 26.66 SMLMV, así como a la privación del derecho a conducir vehículos por el término de 5 años. De la cual se resalta:

“(…) Las conductas de homicidio y lesiones personales en modalidad culposa cuya autoría inequívocamente corresponde al vinculado Durán Usme por ser el conductor del vehículo que arroyó a civiles y funcionarios de policía que cumplían procedimiento policivo de rutina en el lugar que contaba con la observancia plena de los mecanismos de prevención a través de señalización, ubicación de vallas, uso de chalecos reflectivos, posicionamiento de vehículos en la berma, que en condiciones sensoriales normales de quienes transitan en vehículos por ese lugar no daban posibilidad a que se produjeran los lamentables resultados que produjo el ebrio conductor del Mazda”.

3. Problema jurídico.

El problema jurídico que se plantea la Sala consiste en determinar si le es imputable a la entidad demandada la muerte de Jhon Alexander Pérez Ocampo, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido cuando agentes de la Policía Nacional desarrollaban un retén en la vía que de la ciudad de Cali conduce al municipio de Yumbo - Valle, el día 10 de abril de 2005, o si por el contrario, se encuentra demostrada una causal eximente de responsabilidad.

4. Presupuestos de la Responsabilidad Extracontractual del Estado.

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración.”(45).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, el régimen común de la falla del servicio o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

5. Régimen de responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado por accidentes de tránsito(46). 

Sobre la responsabilidad del Estado por los daños causados a particulares como consecuencia de la desatención de las autoridades públicas en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que el título de imputación aplicable es el de la falla del servicio. En efecto, la Sala ha indicado que es necesario efectuar, de un lado, el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado y, de otro, el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto, de otro. En este sentido se ha sostenido:

““(…) responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones de control que a ella le corresponden [se refiere a la Policía Vial] (...) no es objetiva, pues requiere que los perjuicios que se reclamen puedan imputarse al incumplimiento de una obligación determinada.

“Esta responsabilidad, incluso bajo la óptica del artículo 90 de la C.P., solo puede surgir cuando se evidencia la existencia de una falla del servicio, teniendo en cuenta que tal concepción es relativa. Su régimen fue precisado por la Sala en sentencia del 5 de agosto de 1.994 (exp. 8487, actor Víctor Julio Pardo, ponente, Carlos Betancur Jaramillo), en la cual se señaló:

“1. En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a esta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo, de una falla en el servicio. (...).

“2. Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cuál es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el Estado con su obligación; qué era lo que a ella podía exigírsele; y, solo si en las circunstancias concretas del caso que se estudia se establece que no obró adecuadamente, esto es, que no lo hizo como una administración diligente, su omisión podrá considerarse como causa del daño cuya reparación se pretende.

“La falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que, teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como “anormalmente deficiente”46. (Mayúsculas dentro del texto original. Subrayas fuera de texto).

Ahora bien, una vez que se establece que la entidad responsable no ha observado o lo ha hecho de forma deficiente, un deber que legalmente le correspondía, esto es, se ha sustraído, por omisión, del recto acatamiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha impuesto, es ineludible determinar si tal irregularidad en su actuar tiene relevancia jurídica dentro del proceso causal de producción del daño.

Entonces, el juicio de imputación exige, en primer lugar, analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el accidente, y luego determinar si operó una causal eximente de responsabilidad —caso fortuito o fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero—, o si se trata de un evento de concurrencia de culpas, esto es, que la acción, conducta o comportamiento de la víctima contribuyó a la producción del daño antijurídico, pero no fue la única determinante, sino que fue necesaria la acción u omisión de la entidad pública demandada para su concreción.

6. Causal eximente de responsabilidad del Estado - Hecho de un tercero(47). 

Con relación al hecho de un tercero, algunas decisiones sostienen que no se requiere que el hecho del tercero sea culposo para que proceda como eximente, y por otra parte, se tiene como exigencia que la causa (la actuación del tercero) sea adecuada. También se indica que corresponde a la entidad demandada probar los elementos constitutivos de este eximente de responsabilidad.

El hecho del tercero plantea la problemática de radicar su análisis desde la óptica de la causalidad, o bien en el marco de la tendencia moderna de imputación objetiva, o en la construcción de los deberes positivos del Estado. Sin embargo, se ha intentado reducir la discusión a la determinación de las condiciones para que el hecho del tercero opere, y si cabe exigir que se reúnan las mismas condiciones que para la fuerza mayor. Esto resulta equivocado, ya que sería valorar el hecho del tercero desde la perspectiva propia al debate de la causalidad, de la determinación de si causalmente como eximente tiene la entidad para producir la ruptura de la “superada” relación de causalidad, cuyo lugar en el juicio de imputación que se elabora en la actualidad está en el ámbito fáctico de la imputabilidad del Estado.

Pero, ¿cómo superar el tratamiento causalista del hecho del tercero? En primer lugar, debe decirse que fruto de la constitucionalización de la responsabilidad extracontractual del Estado, la concepción del hecho del tercero como eximente no debe convertirse en elemento que no permita hacer viable el contenido del artículo 90 de la Carta Política, sino que debe advertirse que en la situación en la que se encuentra Colombia, de conflicto armado interno, no puede entronizarse como supuesto eximente el hecho del tercero, ya sea ligado a los presupuestos [equivocados] de la fuerza mayor [imprevisibilidad e irresistibilidad], o a la naturaleza de la actividad, o la relación del sujeto que realiza el hecho dañoso, sino que debe admitirse, o por lo menos plantearse la discusión, de si cabe imputar, fáctica y jurídicamente, al Estado aquellos hechos en los que contribuyendo el hecho del tercero a la producción del daño antijurídico, se logra establecer que aquel no respondió a los deberes normativos, a los deberes positivos de protección, promoción y procura de los derechos de los administrados, y de precaución y prevención de las acciones de aquellos que encontrándose al margen de la ley buscan desestabilizar el orden democrático y, poner en cuestión la legitimidad de las instituciones.

En este sentido, la concepción del hecho del tercero debe superar como hipótesis la necesidad de determinar un vínculo material u orgánico para que pueda atribuirse la responsabilidad, ya que lo sustancial es el rol que juega la administración pública, su “posición de garante de vigilancia”, de la que derivan todos los deberes de actor llamado de evitar, a ofrecer la protección debida a corresponderse con los deberes positivos, y que implica que debe actuar frente a situaciones que amenacen o puedan desencadenar un daño como consecuencia de las acciones de terceros, sino que sea admisible permitir que opere como cláusula de cierre de la eximente que se trate de actos indiscriminados, o que deba contarse con la verificación de la misma amenaza, sino que es el Estado el llamado a ejercer una intervención mucho más profunda ante fenómenos de violencia. Debe tenerse en cuenta, también, que el “Estado será responsable de los actos de particulares si los órganos del Estado hubieran podido actuar para prevenir reprimir el comportamiento de estos, o si existiese una relación de hecho específica entre la persona o entidad que observó el comportamiento y el Estado”(48).

Se reitera, además, que las obligaciones de prevención se conciben por lo general como obligaciones de realizar los máximos esfuerzos, es decir, que obligan a los Estados a adoptar todas las medidas razonables o necesarias para evitar que se produzca un acontecimiento determinado, aunque sin garantizar que el acontecimiento no vaya a producirse, la violación de una obligación de prevención puede ser un hecho ilícito de carácter continúo.

Por otra parte, la doctrina ha establecido unos requisitos para que haya lugar a afirmar que el daño antijurídico causado no le es imputarle al Estado, los cuales se enuncian a continuación(49):

1. Que esta fue la causa única y exclusiva del daño,

2. No está debida y plenamente identificado e individualizado el tercero, y

3. No está demostrada la relación de dependencia entre el tercero y el agente dañoso.

De manera que, el hecho del tercero no es una causal que permita al juez crear una regla general como máxima, sino que, por el contrario, lo invita a analizar, teniendo en cuenta las especiales condiciones del Estado colombiano, cuándo, en qué medida, y bajo qué proporcionalidad el Estado estaría llamado a responder, o con otras palabras, le sería atribuible (fáctica y jurídicamente) un daño antijurídico producido por un tercero, sin acudir a verificar los vínculos o relaciones de este con la administración pública, sino a partir de la exigencia máxima de la tutela de la víctima como premisa de la responsabilidad extracontractual del Estado en la visión moderna y humanista.

Sin duda, el tratamiento que se pueda dar al hecho del tercero en la visión propia a los tiempos que corren, no permite que sigamos anclados en el modelo clásico causalista, y nos centremos en la vocación que el instituto de la responsabilidad debe atender: herramienta complementaria para tutela de los derechos de los administrados, especialmente de los derechos humanos; factor de convivencia y del logro de la paz; instrumento que permita la aplicación de una justicia redistributiva donde sea el principio de solidaridad el que opere, no la visión individualista propia a los orígenes del mismo instituto.

En conclusión, el hecho del tercero debe convertirse en una excepción a la regla general de la primacía de la víctima en la determinación de la responsabilidad extracontractual del Estado, como criterio garantístico, finalístico y principal para dotar al Estado de una herramienta con vocación preventiva, no simplemente como verificación de hechos que sistemáticamente se producen y no tienen eco en la actividad del Estado para procurar tratarlos, superarlos y, así alcanzar la reconciliación nacional.

8. El caso en concreto.

En el sub judice, pretende la parte actora se condene a la entidad demandada al pago de los perjuicios ocasionados a cada uno de los accionantes por “el fallecimiento del hijo, esposo, y padre, Jhon Alexander Pérez Ocampo”.

Al respecto, la Sala para dilucidar el asunto sometido a consideración estima necesario analizar las probanzas obrantes en el expediente, para así determinar si el daño antijurídico aludido por la parte demandante, consistente en la muerte del señor Jhon Alexander Pérez Ocampo, ocurrida como consecuencia del accidente de tránsito acaecido cuando agentes de la Policía Nacional desarrollaban un retén en la vía que de la ciudad de Cali conduce al municipio de Yumbo - Valle, el día 10 de abril de 2005, le es atribuible a la entidad demandada.

Así las cosas, la Sala observa que el daño antijurídico alegado por los accionantes, la muerte del señor Pérez Ocampo, se encuentra probado a través del respectivo registro civil de defunción Nº 04245105(50), donde consta que el mismo murió en el municipio de Yumbo - Valle del Cauca, el 10 de abril de 2005 a las 02:00 a.m.

Igualmente, reposa en el expediente informe técnico de necropsia médico legal Nº 2005P-0640400043(51), realizado el 14 de abril de 2005, por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses al cadáver del señor Jhon Alexander Pérez Ocampo, que certifica como hipótesis de la autoridad sobre la manera y causa de la muerte: Homicidio por accidente de tránsito, hechos ocurridos a la altura de la bahía de Yaku en la autopista Cali-Yumbo, hacia la 1:30 de la mañana del 10 de abril del 2005, donde se resumió el caso así:

“Adulto joven que ingresó a la morgue inicialmente como N.N., identificado posteriormente por la Fiscalía 157 Seccional como Jhon Alexander Pérez Ocampo, de 24 años, con C.C. 65.50521 de Yumbo, en unión libre, mecánico, que según acta de inspección fallece al ser arrollado por un automóvil cuando era objeto de una requisa por parte de la Policía Nacional en retén ubicado en la vía Cali-Yumbo, quien falleció en el lugar de los hechos”.

Del mismo modo, se evidencia mediante oficio Nº 233-690786-157(52) expedido el 11 de abril de 2005 por el despacho fiscal 157 de la Fiscalía General de la Nación que el cadáver relacionado en el acta de inspección a cadáver Nº 039 del 10 de abril de 2005 corresponde al señor Jhon Alexander Pérez Ocampo, con C.C. 65.50521 de Yumbo, nacido el 19 de marzo de 1981.

Acreditado el daño antijurídico, la Sala pasa a analizar si este le es imputable a la entidad demandada, como así lo pretende la parte actora cuando afirma en el escrito de apelación que fue evidente el incumplimiento de lo ordenado por el reglamento instructivo de la Policía Nacional para los puestos de control y que por ello no se encuentra configurada la causal eximente de responsabilidad, hecho de un tercero, ya que en su criterio en el decurso del proceso no se hizo controversia a las pruebas existentes en la demanda que evidenciaban que el Patrullero Martínez Pedraza Albert Yoni incumplió normas previstas tanto en la Constitución Nacional como en el Código Nacional de Policía y el Reglamento de vigilancia urbana y rural para la Policía Nacional.

En este sentido, procede la Sala a valorar los medios probatorios aportados al expediente, tales como:

i) Informe del accidente Nº 020956(53) el cual certificó que la vía en la que ocurrió el siniestro en ese momento se encontraban los respectivos conos reflectivos de dicho reten.

ii) La declaración del Patrullero Giovanny Ortega Chavarro(54) que describió el puesto de control como bien iluminado, que contaba con una vía amplia y despejada sin obstáculos que impidieran una buena visibilidad. Asimismo, señaló que las vallas y los conos estaban bien colocados para ser vistos, había dos vallas antes de comenzar Yaku a unos 100 metros, después 4 conos colocados a 10 metros, los policiales contaban con chalecos reflectivos que les permitían ser vistos por cualquier persona y además, que uno de sus compañeros tenía una paleta reflectiva de PARE con una linterna.

iii) La declaración de William Rodríguez López(55), agente de tránsito adscrito a la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Yumbo, en la que mencionó que el retén se encontraba ubicado al lado derecho de la vía en sentido Cali - Yumbo, que en la mitad de la vía estaban los conos y los vehículos se orillan al lado derecho.

iv) Croquis del accidente(56) con el respectivo informe Nº 020956(57), del que se evidencia que la vía era recta, con dos calzadas, en asfalto, que se encontraba en buen estado, con demarcación en la línea de borde y la línea del carril, de condición seca y que contaba con buena iluminación sin ninguna limitación visual.

v) La sentencia del 18 de enero de 2006(58) proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cali que concluyó que el responsable del accidente de tránsito ocurrido el 10 de abril de 2005, en el que perdió la vida el señor Pérez Ocampo, fue el actuar imprudente e irresponsable del señor Durán Usme al conducir a gran velocidad y en estado de embriaguez, hecho por el que fue condenado a 40 meses de prisión, multa de 26.66 SMLMV y privado del derecho a conducir vehículos por el término de 5 años.

Conforme con lo anterior, la Sala observa que el puesto de control en comento se encontraba, i) ubicado en un lugar visible y con buena iluminación, ii) contaba con un vehículo de la especialidad, iii) los policiales tenían chalecos reflectivos, iv) había una vaya policial indicando la presencia del puesto de control, y finalmente v) el retén estaba demarcado con los conos respectivos.

Adicionalmente, las condiciones de visibilidad al momento de los hechos eran buenas, la vía estaba demarcada y seca, era amplia y sin obstáculos, circunstancia que desvirtúa lo afirmado por la parte demandante, en el escrito de apelación, cuando indicó que no fueron valoradas las pruebas que demostraban que el puesto de control no cumplían con las reglas de seguridad establecidas para el efecto.

Conclusión a la que se llega después de analizar la legislación vigente al momento de los hechos, sobre la posibilidad con que cuenta la Policía Nacional de instalar puestos de control para realizar operativos en las vías, esto es, la Constitución Política, la Ley 769 de 2002, y la Resolución 9960 del 13 de noviembre de 2002 “Reglamento de vigilancia urbana y suburbana” para la Policía Nacional.

Ahora, si bien el daño antijurídico fue acreditado, esto es, la muerte del señor Jhon Alexander Pérez Ocampo, lo cierto es que este no puede imputarse a la demandada, toda vez que el accidente de tránsito que ocasionó el fatídico deceso fue producto de un hecho exclusivo, excluyente y sin relación del servicio, dado el accionar de Héctor Fabio Durán Usme, quién al conducir en estado de embriaguez colisionó y ocasionó la muerte instantánea del señor Pérez Ocampo.

Así las cosas, efectivamente se configuró la causal eximente de responsabilidad de hecho de un tercero, pues nadie que en condiciones sensoriales normales transitara por el lugar de los hechos, en las mismas circunstancias de modo, tiempo y lugar, daría posibilidad a que se produjera tan lamentables resultados.

Adicionalmente, es menester precisar que al no encontrarse el daño antijurídico ligado expresamente a la realización del retén policial, no puede la Subsección proceder a imputar la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada.

De esta manera, la Subsección concluye que la conducta desplegada por el conductor del vehículo Mazda, el señor Durán Usme, fue la causa determinante, efectiva y eficiente del daño, por lo que se configura la causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, ya que no se demostró que el accidente de tránsito que ocasionó la muerte del señor Jhon Alexander Pérez Ocampo se debió a una falla del servicio de la entidad demandada en la instalación del puesto de control, tal y como lo pretende la parte actora.

Por lo tanto, se confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la causal eximente de responsabilidad de hecho exclusivo de un tercero y negó las pretensiones de la demanda, por las razones aquí expuestas.

9. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 2 de noviembre de 2010 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. Devolver el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

14 Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.

15 Fls. 24-34 C.1.

16 Fls. 35-37 C.1.

17 Fl. 273 C.P.

18 Artículo 21.—Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hastaqueselogreelacuerdoconciliatorioohastaqueelactadeconciliaciónsehayaregistradoenloscasosenqueestetrámiteseaexigidoporlaleyohastaqueseexpidanlasconstanciasaqueserefiereelartículo 2ºdelapresenteleyohastaquesevenzaeltérminodetres(3)mesesaqueserefiereelartículoanterior,loqueocurraprimero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Subrayado fuera de texto).

19 Consejo de Estado, auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909.

20 Consejo de Estado, auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372.

21 Fls. 38-77108 C.1.

22 Los documentos aportados en copia simple serán valorados bajo los parámetros establecidos en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, exp. 25.022.

23 Fls. 9-10 C.1.

24 Fls. 10-18 C.1.

25 Fls. 21-22 C.1.

26 Fl. 26 C.1.

27 Fls. 11-318 C.2.

28 Fls. 15-18 C.2.

29 Fl. 21 C.2.

30 Fl. 23 C.2.

31 Fl. 25 C.2.

32 Fl. 37 C.2.

33 Fl. 39 C.2.

34 Fl. 34 C.2.

35 Fls. 42-43 C.2.

36 Fl. 45 C.2.

37 Fl. 47 C.2.

38 Fls. 51-57 C.2.

39 Fls. 66-67 C.2.

40 Fls. 69-70 C.2.

41 Fls. 92-93 C.2.

42 Fls. 198-204 C.2.

43 Fl. 215 C.2.

44 Fls. 237-248 C.2.

45 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

46 Consejo de Estado, Sentencia del 18 de mayo de 2017, Radicado interno 35.444.

47 Consejo de Estado, Sentencia del 25 de julio de 2016, Radicado interno 31.355.

48 Rodríguez H, Gabriela. “Normas de responsabilidad internacional de los Estados”, en Martín, Claudia; Rodríguez-Pinzón, Diego; Guevara B., José A. (Comp) Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 1ª ed. México, Fontamara; Universidad Iberoamericana, 2004, pág.56.

49 Bustamante Ledesma. Álvaro. La responsabilidad extracontractual del Estado. Editorial Leyer. Bogotá. Agosto de 2003. Pág. 60.

50 Fl. 26 C.1.

51 Fls. 51-57 C.2.

52 Fl. 45 C.2.

53 Fl. 25 C.2.

54 Fl. 47 C.2.

55 Fl. 92-93 C.2.

56 Fl. 39 C.2.

57 Fl. 34 C.2.

58 Fls. 237-248 C.2.