Sentencia 2007-00285 de agosto 3 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Radicación: 25000232600020070028501 (41463)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: Laboratorios Biogen de Colombia S.A.

Demandado: Nación-Rama Judicial

Bogotá, D.C., tres de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

3.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del asunto de la referencia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tal como lo dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo.

Sobre el particular, esta corporación, desde el 9 de septiembre de 2008(2), tiene sentado que, en aplicación de los artículos 73 de la Ley 270 de 1996 y 31 constitucional, la primera instancia de los procesos de reparación directa, fundamentados en error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se surten ante los tribunales contenciosos.

3.2. Asunto que la Sala debe resolver.

Corresponde a la Sala analizar los argumentos esgrimidos por parte actora contra la sentencia del 24 de febrero de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección A, en aras de establecer si existe responsabilidad de la entidad demandada, como consecuencia del error judicial en que presuntamente incurrieron el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el Consejo Superior de la Judicatura al no conceder la acción de tutela promovida por la sociedad actora en contra de la sentencia de casación proferida por la Corte Suprema de Justicia el 27 de septiembre de 2004.

3.2.1. Hechos probados.

La parte actora concreta el daño del que pretende su reparación en que al no concederse la acción de tutela en contra de la sentencia de casación proferida por la Corte Suprema de Justicia debió asumir el pago de una sanción moratoria, sin que se encontrara acreditada su mala fe.

Para el efecto, serán tenidos en cuenta los elementos probatorios aportados por las partes en las oportunidades legales, al igual que los allegados al plenario por disposición del a quo que acreditan los siguientes hechos:

1. El 13 de febrero de 2003, el Juzgado Quinto Laboral de Cali absolvió a la sociedad Laboratorios Biogen de Colombia S.A. de todas y cada una de las pretensiones formuladas por el señor Juan Édinson Lenis Girón, entre otras consideraciones porque “para el despacho no existe ninguna duda acerca del cierto conocimiento que tuvo el demandante al momento de signar el documento denominado acta de aclaracón(sic) del contrato de trabajo, lo que de conformidad con el artículo 1508 del Código Civil, no existe vicio alguno que pudieren (sic) afectar su consentimiento, como lo sería haber sido inducido a cometer o caer en error, hubiera firmado por la fuerza y/o hubieren realizado hecho con dolo o artimañas, de tal suerte y forma que ello ni tan siquiera se indica en la demanda, para así desvirtuar la modificación del contrato que nos ocupa con base en cualquiera de los vicios del consentimiento, esto es preciso acreditarlo en juicio y nada al respecto se demostró” (fls. 108-121, cdno. 2).

2. El 22 de mayo de 2003, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, confirmó la decisión anterior, con fundamento en que los reclamos del trabajador no estaban llamados a prosperar por cuanto “el artículo 128 subrogado por el 15 de la Ley 50/90 facultó a las partes para que previo convenio —y en este caso lo hubo— se eliminara de la base de cómputo para liquidar diversos beneficios salariales tales como las prestaciones sociales, indemnizaciones, etc., determinados pagos que no son salario. Y fue precisamente lo que hicieron las partes al modificar el contrato de trabajo mediante el documento que aparece debidamente aceptado y suscrito por el demandante. Si tal proceder está permitido por el legislador mal puede calificarse de ilegal y menos pretenderse con fundamento en dicho calificativo el reajuste de las prestaciones que conforme al pacto referido fueron reconocidos y pagados al demandante conforme se deduce del contenido del documento (...)” (fls. 102-107, cdno. 2).

3. El 27 de septiembre de 2004, la Corte Suprema de Justicia decidió el recurso de casación interpuesto por el señor Juan Édinson Lenis Girón contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el juicio que adelantó en contra de la sociedad Laboratorios Biogen de Colombia S.A. La alta corporación casó la sentencia y resolvió (fls. 70-82, cdno. 2):

“1) Declarar probada la excepción de prescripción de los derechos causados con antelación al 9 de agosto de 1997: 2) Condenar a la demandada a sufragar al accionante las siguientes sumas: “$ 1.870.217 por diferencias insolutas de las vacaciones; $ 4.063.800 por las correspondientes a cesantías; $ 453.881 por reliquidación de los intereses a las cesantías; $ 3.223.308 por el total debido por primas de servicios; $ 41.371.991,5 por valor total de la moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y $ 36.670.36 diarios a título de sanción moratoria desde el 29 de mayo de 2000 hasta cuando se cancele en si totalidad las prestaciones adeudadas. En lo demás se confirma la decisión de primer grado”.

Respecto del cargo primero por medio del cual se acusaba la sentencia impugnada por la causal primera de casación (interpretación errónea) consideró la Corte:

“Para examinar este cargo se destacan las conclusiones del tribunal, no censuradas en casación, atinentes a que el demandante percibió en los primeros años de su vinculación laboral unos pagos denominados “comisiones” y que luego los recibió bajo el concepto de “premios”.

(...).

Bajo estos supuestos es claro que se equivocó el ad quem al establecer que unos pagos que finalmente correspondían a comisiones, aun cuando se les cambiara de denominación por la de “premios”, se podían excluir, por estipulación de los contratantes, de la base salarial.

Adviértase que el mismo tribunal precisa que tales premios se ligaban “en forma directa y proporcional al trabajo que mensualmente desplegara su subordinado laboral y en tal sentido por el hecho de alcanzar el monto de la cuota del presupuesto asignado por cada mes por ventas y cobros” se le remuneraba con una asignación determinada como igualmente ocurría por la circunstancia de alcanzar en el mes “el ciento por ciento de las cuotas propuestas tanto en ventas como en cobros” si el trabajo desplegado por el demandante no alcanzaba los parámetros indicados no alcanzaba la remuneración denominada “premio”. Nótese aquí, sin lugar a dudas, que la causa de los referidos premios no era otra que el trabajo del demandante. Aquellos se pagaban en proporción y con causa en él”.

Luego, si como lo halló demostrado el propio juzgador, el pago realizado al accionante tenía todas las características de salario y correspondía realmente al concepto de comisiones, independientemente de la denominación que se le diera, no podía excluirse como parte del salario retributivo del servicio, porque, tal cual lo señala el recurrente, esa naturaleza salarial proviene del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo y no se le puede desconocer por lo dispuesto en el 128, puesto que él no permite restar el carácter salarial de cualquier pago al que se refieran los acuerdos celebrados por los contratantes, sino que procede solo frente a algunos auxilios o beneficios. Pero en modo alguno puede aceptarse que esa última normatividad incluya todos los conceptos o rubros, como las comisiones, que por su origen, quedan fuera de la posibilidad de ofrecer el mencionado artículo 128, de negar la incidencia salarial de determinados pagos en la liquidación de prestaciones sociales o de otras acreencias laborales.

De allí que no podía, sin transgredir la ley, darle validez al pacto o escrito por medio del cual se desfiguraba la naturaleza salarial de las comisiones, porque el artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo prevé la ineficacia de las estipulaciones o condiciones que sean contrarias a la ley.

(...).

Queda entonces evidenciado el equivocado alcance que dio el juzgador a las referidas normas legales; de allí que el cargo resulte fundado y que deba casarse la sentencia acusada, sin que sea necesario el estudio de las otras dos acusaciones que perseguían el mismo fin”.

Al proferir la decisión de instancia indicó la Corte:

“Para la definición de instancia se advierte que la empresa accionada expuso, al responder la demanda, que “Laboratorios Biogen de Colombia S.A., desde el mes de enero de 1995 acordó con todos sus empleados de las áreas de mercadeo y ventas que las comisiones que venía pagando a cada uno de ellos se cambiarían por premios (...)”. De allí que tal afirmación reitere el cambio de “comisiones” por “premios”, lo cual se traduce en una alteración del nombre, que no de las condiciones de trabajo, como lo pretende la demandada. Y aun cuando en ese mismo texto de folio 125 ella intentó diferenciar los dos conceptos, con el argumento de que su pago correspondía a “metas cumplidas de ventas a cada grupo específico de trabajo”, “por responder a una gestión de grupo y no a una individual” y que “para evitar cualquier efecto de desmejoramiento en el ingreso real de los trabajadores elevó su cuantía frente a lo que significaban las comisiones”, con estas afirmaciones no se desvirtúa el simple cambio de denominación del pago.

En efecto, el pago inicial de las comisiones también se ligó al trabajo de la zona respectiva y al cumplimiento de cuotas o metas, pues no de otra forma se entienden condiciones tales como las que figuran en el “plan general de comisiones” (...) condiciones esas referentes a que “el cumplimiento de la cuota de ventas y de cobros, se hará dentro de los clientes comerciales asignados a la(s) zona(s) a su cargo”; que “en caso de licencias, retiros y/o incapacidades no se pagarán comisiones durante el tiempo no trabajado”; que “al personal nuevo no se le tendrá en cuenta el superávit o déficit que tenga acumulado la(s) zona(s) a la fecha de ingreso”; que “en el momento del retiro definitivo de la compañía, el empleado debe haber cumplido el 100% de la cuota asignada a la(s) zona(s) a su cargo”; que “las comisiones por ventas y/o cobros no son retroactivas, sino representativas del cumplimiento dentro del respectivo mes”; o que las cuotas de ventas serán fijadas por la compañía “para cada zona en cumplimiento del presupuesto definido para 1993”; que “para establecer el cumplimiento de la cuotas de ventas se tendrá en cuenta la facturación a clientes comerciales que estén asignados a la respectiva zona y cuyas condiciones de precios y/o descuentos no difieran de los parámetros fijos establecidos por la compañía”. Igual sucede con las pautas referentes a “comisiones por cobros comerciales”, que se relacionan con unas metas o cumplimientos, medidos en porcentajes, con correspondencia a una zona.

Al respecto se anota que para el pago de “premios”, según el “acta de aclaración de contrato de trabajo” también se consideró, como para las comisiones, el presupuesto anual, aun cuando allí se especificara la intervención de personal de ventas y mercadeo. Es decir que el parámetro era el mismo, y de esa forma, la anotación de que se trata “de trabajo en equipo de la denominada fuerza de ventas”, así como la advertencia allí contenida de que “reconocen y premian la gestión del trabajador, en cuanto contribuye a la generación de utilidades para la empresa, participándoles de ellas, pero sin relación de causalidad con su trabajo ni como remuneración del mismo”, no inciden en la naturaleza del pago, esto es de comisiones por ventas o cobros, en conexidad con unas metas o resultados y de conformidad con unas cuotas asignadas (...).

Todo ello enfatiza que lo que se hizo fue asignar un nombre distinto al pago que por comisiones se efectuó desde marzo de 1993 hasta diciembre de 1995 y que por ello, en todo caso, resultaba imperativa la aplicación del principio constitucional de la primacía de la realidad, el cual imponía que sobre la forma escrita se diera prevalencia a las condiciones verdaderamente existentes.

Por lo demás, no sobra agregar que esa primacía de la realidad y la ineficacia de cláusulas ilegales, en la forma ya evidenciada, lleva a que igualmente se descarte aquella según la cual de “pretenderse que el valor de los premios tuvieres efectos laborales, por la voluntad expresa de las partes, los tendría exclusivamente en la cuantía necesaria para que el valor del salario, sumado a las prestaciones sociales, las vacaciones y los aportes alcanzaren el mismo valor total de los premios recibidos”. Ello es así, puesto que advertido que el pago por comisiones es salarial, sin que las partes pudieran pactar lo contrario, la consecuencia necesaria es que él tenga incidencia en la liquidación de prestaciones sociales y de vacaciones, sin que puedan imputarse estos conceptos a lo ya sufragado bajo el rubro de “premios”, que resultaron ser verdaderas comisiones.

Siendo lo anterior así, procede la reliquidación de las cesantías, sus intereses, las primas de servicios y las vacaciones en la forma solicitaba en la demanda inicial y de conformidad con el alcance de la impugnación, pero con la advertencia de que, propuesta la excepción de prescripción por la demandada resulta viable declararla respecto a los derechos causados con antelación al 9 de agosto de 1997, puesto que el término prescriptivo solo se interrumpió con la presentación de la demanda ocurrida en esa misma fecha, pero del año 2000.

Finalmente, luego de reajustar las prestaciones sociales, respecto de la sanción moratoria reclamada, indicó:

“(...) importa señalar que la demandada no demostró una conducta revestida de buena fe, puesto que por el contrario según las condiciones arriba descrita, quedó evidenciada palmariamente la naturaleza salarial del pago, y simplemente se produjo un cambio de denominación de las comisiones, con la implicación de que quedaron por fuera de la base sobre la cual se liquidarían las prestaciones al actor; tanto así que hasta se previó, según se dijo, que en caso de hallarse que los supuestos “premios” (que en realidad eran “comisiones”), tuvieran el carácter de salario, una parte de ellos se tuviera como pago anticipado de las prestaciones o acreencias del trabajador, como si en el salario estuvieran incluidos tales rubros.

En consecuencia, al no hallarse evidenciada la buena fe la empleadora procede la indemnización por mora (...)”.

4. El 13 de enero de 2005, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca negó la acción de tutela negó la tutela promovida por la sociedad Laboratorios Biogen de Colombia S.A., contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Para el efecto, entre otros aspectos sostuvo (fls. 22-47, cdno. 2):

“(...).

Dentro de la presente actuación se encuentra acreditado que, a través de apoderado judicial, el señor Juan Edison Lenis Girón formuló demanda laboral contra la sociedad Laboratorios Biogen de Colombia S.A. con el fin de que se declarara que su relación laboral con la demandada había sido mediante contrato de trabajo a término indefinido que duró entre el 8 de marzo de 1993 y el 28 de mayo de 2000 y que se le condenara a pagarle el reajuste de cesantías y sus intereses, primas de servicios, vacaciones, viáticos y comisiones por ventas, las indemnizaciones moratorias establecidas en los artículos 99 numeral 3º de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo y la sanción por el no pago oportuno de los intereses de las cesantías establecidas en la Ley 52 de 1975. Igualmente, las costas del proceso.

Para tal fin manifestó en la demanda que había sido contratado a término indefinido por la sociedad Medicalex S.A. en el año de 1993 para desempeñar el cargo de representante de ventas, con una remuneración fija de $ 200.000 mensuales, más una suma variable que se liquidaría mensualmente de acuerdo con las condiciones contenidas en el plan general de comisiones, el cual hacía parte del contrato de trabajo.

Indicó que posteriormente, el 21 de agosto de 1996, por sustitución patronal, la sociedad Laboratorios Biogen de Colombia S.A. había asumido todos los derechos y obligaciones de carácter laboral, manifestando en el acta de sustitución que el contrato de trabajo continuaba sin modificación alguna, pero que luego le habían entregado a los empleados un acta de aclaración del contrato de trabajo, en la que les informaba que a partir del 1º de enero de 1995 entre la empresa y sus trabajadores se había acordado que la remuneración por el trabajo lo sería exclusivamente el salario fijo pactado y reconocido como tal, dejando por fuera de la base para liquidar las prestaciones sociales los dineros que la empresa pagaría con el carácter de premio: “contradiciendo lo manifestado en el acta de sustitución patronal del 21 de agosto de 1996, por consiguiente de mala fe disfrazando las comisiones por ventas y cobros como premios para no tenerlas en cuenta en la liquidación de prestaciones sociales, siendo la única retribución laboral el salario fijo que ascendieron a trescientos mil pesos moneda corriente ($ 300.000) para ser pagados mensualmente, sobre lo único que se reconocerían las prestaciones de ley violando de esta forma el artículo 127 y 253 del Código Laboral y demás normas pertinentes, engañando al trabajador con un acuerdo que vulnera sus derechos ya adquiridos y contradiciendo lo manifestado en el acta de sustitución patronal y en la ley, por consiguiente dicha ata de aclaración al contrato se tiene por no escrita”.

El conocimiento de esa demanda correspondió al Juzgado 5º Laboral del Circuito de Cali, el cual profirió sentencia absolutoria de primera instancia a favor de la demandada, aduciendo que no había existido vicio alguno del consentimiento que pudiera afectar el acuerdo de voluntades al que habían llegado las partes al suscribir el acta de aclaración del contrato de trabajo, en la que se había estipulado que los premios no constituían remuneración laboral, que únicamente tenía tal carácter el salario pactado y reconocido como tal, y que sobre el monto de este sería que se reconocerían y pagarían todas las prestaciones sociales.

Al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali la confirmó señalando que si bien los premios cancelados al demandante tenían en realidad el carácter de salario, sus reclamos no tenían vocación de prosperidad porque el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo había facultado a las partes para que previo convenio, como había sucedido en ese caso, se eliminara de la base de cómputo para liquidar ciertos beneficios salariales, como las prestaciones sociales, determinados pagos que eran salarios.

El apoderado judicial de la demandante interpuso el recurso extraordinario de casación contra la sentencia dictada por el tribunal, a fin de que se casara la misma y en sede de instancia se revocara totalmente la de primera instancia y, en su lugar, se condenara a la demandada a reajustar al demandante sus prestaciones sociales y a pagarle las sanciones moratorias establecidas en la ley, entre ellas, la prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo por el no pago oportuno de los reajustes prestacionales indicados hasta cuando se produjera su pago correspondiente.

Por el primer cargo acusó la sentencia impugnada por la causal primera de casación de ser violatoria de la ley sustancial por interpretación errónea de los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo en relación directa con los artículos 14 y 15 ibídem e inmediata con los artículos 65, 186, 249 y 306 de la misma codificación. Ley 52 de 1975, Decreto Reglamentario 116 de 1976, artículo 99 de la Ley 30 de 1990 y 1º, 5º, 9º, 10, 16, 18, 21 y 43 del Código Sustantivo del Trabajo.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus funciones legales al revisar la sentencia impugnada encontró que efectivamente la misma era violatoria de la ley por interpretación errónea de los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo porque, si como bien lo había señalado el tribunal esos premios en realidad constituían comisiones y hacían parte del salario, los mismos no se podían excluir, por estipulación de los contratantes, de la base salarial.

(...).

Por ello, casó la sentencia de segunda instancia y de conformidad con sus atribuciones legales actuando como juez de instancia profirió la sentencia de reemplazo, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción y condenó a la demandada al pago de los reajustes prestacionales solicitados y de las sanciones moratorias reclamadas (...).

De lo anterior se desprende claramente que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia no incurrió en vías de hecho al resolver ese recurso de casación, pues actuó de conformidad con sus atribuciones legales y constitucionales, de acuerdo con las cuales le correspondía conocer del mismo como órgano límite de esa jurisdicción y determinar la forma como razonablemente debieron ser interpretadas las normas violadas por el tribunal, al darle un alcance distinto al permitido por la ley a los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo y no tener en cuenta lo estipulado en el artículo 43 ibídem.

Evidenciándose, tanto de las sentencias de instancia como del fallo de casación, que ninguno de los jueces que conocieron de ese proceso pusieron en tela de juicio el carácter salarial de los premios que le eran cancelados al demandante y que absolvieron a la demandada únicamente por estimar que el acuerdo celebrado entre las partes podía abarcar esa parte del salario para ser tenido como tal, cuando, como lo indicó la Corte, por constituir los mismos realmente comisiones quedaban por fuera de la posibilidad que ofrece el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo de negar la incidencia salarial de determinados pagos en la liquidación de prestaciones sociales o de otras acreencias laborales, siendo entonces ineficaz esa estipulación o condición por ser contraria a la ley.

Obviamente al casar la sentencia de segundo grado por ser violatoria de la ley, no podía más la Corte, actuando como juez de instancias, se reitera, que entrar a resolver sobre las pretensiones de la demanda y dictar la correspondiente sentencia de reemplazo, para lo cual, se encontraba perfectamente habilitada para valorar todas las pruebas allegadas y dar por demostrada la mala fe de la demandada, condenándola a cancelar, no solamente los reajustes prestacionales y solicitados, sino también a las sanciones moratorias reclamadas, de conformidad con la normatividad que se encontraba vigente al momento de la terminación del contrato de trabajo. Mala fe que, al contrario de lo que plantea la aquí accionante, si fue alegada por el apoderado judicial del demandante (...).

Recuérdese que de conformidad con el contenido mismo del anterior artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y la jurisprudencia de antaño de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la sanción moratoria prevista en esa norma se fundamenta en la presunción de mala fe y que para desvirtuarla el patrono debe allegar al proceso las razones y motivos de los cuales se deduzca con certeza que obró de buena fe.

(...).

Mala fe que, incluso, en este caso específico la Corte dedujo del hecho mismo de que simplemente se había producido un cambio en la denominación de las comisiones, con la implicación de que habían quedado por fuera de la base sobre la cual se liquidarían las prestaciones del demandante, al punto que se previó que en caso de hallarse que los supuestos premios tuvieran el carácter de salario, una parte de ellos se tuvieran como pago anticipado de las prestaciones o acreencias del trabajador, como si en el salario estuvieran incluidos tales rubros.

Por ello, al no hallar evidencia de buena fe en la demandada, la Corte la condenó al pago de la indemnización por mora establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, vigente para la época en que se terminó el contrato de trabajo, sin tener en cuenta para tales efectos la modificación efectuada por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 ibídem.

(...).

Por consiguiente, tal como lo señala el apoderado judicial del tercero demandado, si el contrato de trabajo finalizó el 28 de mayo de 2000, en virtud a lo dispuesto en la norma atrás transcrita, no resultaba entonces viable que la Corte ordenara el pago de esa indemnización siguiendo los derroteros del actual artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo (L. 789/2002, art. 29), sino que le diera aplicación al mismo conforme a la normatividad vigente para esa época.

Así las cosas, por las razones antes explicadas, se negará la acción de tutela formulada (...)”.

5. El 16 de febrero de 2005, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la decisión anterior. Sostuvo (fls. 1-20, cdno. 2):

“(...).

Así las cosas expuestas, es claro entender que en principio no procede la acción de tutela contra sentencias ejecutoriadas u otras providencias que han puesto fin al proceso judicial, excepción hecha respecto de estas últimas, en aquellos casos en que sea indispensable reaccionar ante las denominadas “vías de hecho”, para evitar perjuicios irremediables y defender los derechos fundamentales de las personas.

Lo anterior por cuanto la certeza que impone la cosa juzgada no constituye un valor absoluto frente a la vigencia y defensa de los derechos fundamentales, de suerte que si está de por medio la protección de tales valores, procede la tutela contra sentencias que sean el resultado de una “vía de hecho”, lo cual ocurre cuando el juez la adopta contrariando ostensiblemente el contenido y voluntad de la ley o desconociendo ritualidades cuya observancia consagran una garantía del derecho de defensa de las partes en el proceso. La cosa juzgada como resultado de una vía de hecho, pierde su valor de decisión intangible y poco vale como cosa juzgada y no porque se desconozca su principio de dar seguridad jurídica a las decisiones, sino porque precisamente en aras de esta seguridad no se puede dar cabida a la arbitrariedad so pretexto de una investidura, sino que esta lo es en la medida en que las decisiones judiciales correspondan a un estudio juicioso, ponderado y valorativo de las pruebas, que plasmen la realidad de la justicia solicitada y en la que se hayan acatado los procedimientos que previamente estableció el legislador para resolver las controversias, de manera que cualquier decisión judicial que esté amparada en estos elementos está lejos de ser considerada como una vía de hecho.

(...).

En el asunto en estudio, con meridiana claridad se observa que el proceso ordinario laboral surtió las instancias procesales que exige la legislación procesal en particular, de la misma manera se tiene que las ritualidades esenciales del debido proceso, al menos en lo que al núcleo esencial se refiere, fueron respetadas por los juzgadores de turno, es decir, se dio la oportunidad de defensa en la medida en que las decisiones fueron debidamente notificadas, existió la oportunidad de contradicción, y las providencias se surtieron en el análisis jurídico que le mereció el asunto en estudio al juzgador de turno.

Nótese cómo en ejercicio de este derecho de defensa, el accionante en el proceso ordinario laboral ejercitó el recurso de casación como una oportunidad dada para controvertir el juicio de legalidad de las sentencias proferidas tanto en primera como en segunda instancia, y justo fue la Corte Suprema de Justicia la que encontró errada la interpretación dada por los jueces de instancia al concepto de “comisiones” disfrazado de “premios” pues en su entender estos constituían factor salarial para efecto de la liquidación a lugar.

Obsérvese como a dicho concepto llegó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia después de un análisis pormenorizado del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo que regula lo relativo al concepto de salario el que, incluso, fue confrontado con el concepto constitucional de la primacía de la realidad material para luego cotejarlo con el material probatorio y finalmente concluir que las comisiones disfrazadas de premio son parte del salario, posición que, independientemente de que el juez de tutela la comparta o no, corresponde a un criterio jurídico razonado, fundado, que no puede ser controvertido por el juez constitucional, por no ser la tutela una instancia más del proceso laboral que culminó con la decisión de la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Se colige entonces que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en ningún momento ha sido arbitraria en su decisión, pues, por el contrario, hizo un juicio ponderado y razonado para llegar a la decisión adoptada; por suerte que en manera alguna puede enervar la existencia de una vía de hecho.

(...)”.

6. Obra en el plenario, entre otros documentos, el denominado “acta de aclaración de contrato de trabajo” en el que entre otros aspectos se señala que “a partir de 1º de enero de 1995 se acordó entre la empresa sus trabajadores que la remuneración por el trabajo lo sería exclusivamente el salario pactado y reconocido como tal, tanto por el empleador como por el trabajador, dejando por fuera de la base para liquidar sus prestaciones sociales los dineros que la empresa le pagaría con carácter de premio, acuerdo que se ha expresado y formalizado con todas las personas que se han vinculado a la empresa con posterioridad a esa fecha, dentro de los siguientes parámetros básicos: (...)” (fls. 99-101, cdno. 2).

7. El cuaderno 3 corresponde al proceso ordinario laboral de mayor cuantía adelantado por el señor Juan Édinson Lenis Girón en contra de Laboratorios Biogen de Colombia S.A. para que además de que se declarara una única relación laboral desde el 8 de marzo de 1993 hasta el 28 de mayo de 2000, se condenara a la demandada a pagar el reajuste prestacional por concepto de cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, viáticos y comisiones por ventas. Además, se la condenara por actuar de mala fe, a pagar a favor del trabajador la sanción moratoria establecida en el artículo 99 numeral 3º de la Ley 50 de 1990, así como la contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y la sanción moratoria por no pago oportuno de los intereses a las cesantías de la Ley 52 de 1975.

Entre las pruebas obrantes en el expediente que integra el proceso laboral se destaca el contrato de trabajo a término indefinido suscrito por el actor de ese asunto (fls. 12-18, cdno. 3), el plan general de comisiones para representantes de ventas (fls. 19-23, cdno. 3). Las actuaciones ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y ante la Corte Suprema de Justicia reposan en el cuaderno 4.

3.2.2. Cuestión previa: Del valor de los documentos aportados en copia simple.

Teniendo en cuenta que el a quo negó las pretensiones, esencialmente porque se allegó en copia simple las sentencias respecto de las cuales se advierte error judicial, resulta pertinente abordar el asunto previo al pronunciamiento de fondo. Para el efecto, conforme sentencia de unificación se valorarán los documentos aportados que fueron objeto de contradicción, en salvaguarda de los principios constitucionales de la buena fe y primacía de lo sustancial sobre lo formal, en los términos fijados por la Sala Plena. Se señaló(3):

“3.1.2.1. Respeto por los principios constitucionales como la buena fe y la primacía de lo sustancial sobre lo formal

La autenticación de las copias tiene por objeto que estas puedan ser valoradas bajo el criterio de la sana crítica como si se tratara de documentos originales, de manera que frente a la parte contra quien se aducen, ese requisito tiene por finalidad garantizar su derecho de defensa, máxime cuando con tal prueba se pretende probar un hecho que en principio se aduce en su contra(4).

No obstante, las copias simples, cuando no son tachadas de falsas por la parte contra la cual se aducen, no sería posible infringir ese interés para exigir el cumplimiento de una formalidad y las partes no podrían desconocer la decisión que con sustento en tal documento se adoptare por cuanto esa conducta atentaría contra el principio de la buena fe e implicaría atentar contra sus propios actos(5).

La desestimación de las copias no autenticadas como pruebas en el proceso contencioso administrativo está inexorablemente unida a la concepción antropológica que no solamente es ajena a la Constitución de 1991, sino diametralmente opuesta a esta última. Dicha medida supone, en efecto, una especie de asunción de que las partes intervinientes en un proceso de esta naturaleza necesariamente actuarán de mala fe, por lo que deben acreditar, que la documentación que presentan no es falsa(6).

Así, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, esta Sala considera que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho, como lo es la autenticidad del documento aportado en copia simple(7).

En ese orden de ideas, las copias simples, en tanto no sean tachadas de falsas por la contraparte, sí tienen valor probatorio, lo que deviene en una especie de “autenticidad tácita” que no es otra cosa que la materialización del principio de buena fe constitucional.

3.1.2.2. Facultades probatorias oficiosas del juez.

En cualquier caso, como los jueces de la República están instituidos para encontrar la verdad del proceso, en situación de duda, tienen el deber de hacer uso de las facultades probatorias oficiosas.

Puede darse el caso en el cual de parte del juez existan serios indicios de dudas que mengüen el valor probatorio de la copia simple —ya sea por informaciones adicionales de la contraparte o por otros medios de prueba que lo llevan a poner en tela de juicio la prueba— al punto que considere pertinente hacer uso de la facultad oficiosa que en materia probatoria lo acompaña, para lograr la consecución o por lo menos el cotejo real con el documento original en procura de esclarecer la verdad del caso.

Precisamente, en tratándose de la relevancia constitucional de las pruebas de oficio, la Corte Constitucional en la Sentencia T-264 de 2009(8) presentó dos controversias actuales en el campo de la teoría del proceso, a saber: (i) la posibilidad —teórica o práctica— de alcanzar la verdad en el ámbito del proceso judicial; y, (ii) la relevancia o necesidad de la prueba en el marco de los fines del proceso(9).

Frente a la primera, se dijo que en el proceso si es posible acceder a una verdad relativa sobre los hechos, mediante la obtención por parte del juez de la mayor cantidad de información jurídicamente relevante para la resolución del caso sometido a su estudio, la cual posteriormente debe evaluar racionalmente y de forma rigurosa en pro de comprobar la veracidad de hechos pasados. De otra parte, respecto de la segunda, esta tiene su cimiento en la ideología con la que se concibe el proceso civil, es decir, si mantiene su carácter estrictamente dispositivo o, si dando alcance a las facultades oficiosas del juez, el carácter inquisitivo es determinante para obtener la verdad de los hechos(10).

Para resolver la anterior controversia, la mista Corte Constitucional, en Sentencia T-213 de 2012 señaló:

Puntualmente, en el contexto colombiano se ha asumido una ideología mixta, es decir, en parte dispositivo y en parte inquisitivo, habida cuenta que la iniciativa de acudir a la jurisdicción reposa en cabeza de las partes, quienes deben cuidar sus asuntos y brindar al juez todos los elementos que consideren necesarios para la prosperidad de sus pretensiones o excepciones, pero ello no implica que el juez sea un espectador en el proceso porque dentro de sus funciones se encuentra la de tomar las medidas indicadas para lograr el esclarecimiento de los hechos, lo que de suyo propio lo faculta para decretar las pruebas de oficio que a bien considere necesarias. Y es que, no se puede perder de vista que una sentencia justa solo se alcanza si el juez parte de una base de conocimiento que pueda considerarse, en cierta medida, verdadera, lo que le impone la obligación de hallar el equilibrio perfecto entre la búsqueda del valor de la verdad y la efectividad del derecho material, es decir, una armonía entre el principio de necesidad y la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales (art. 228 superior), ya que la verdad es el supuesto de la vigencia de dicho derecho material, o en otras palabras, de la justicia de las decisiones” (negrilla fuera de texto).

Por consiguiente, se puede afirmar que, desde el plano constitucional, arribar a la verdad es algo necesario; que la jurisdicción tiene como finalidad la solución de conflictos de manera justa; y que esa solución supone la adopción de las decisiones judiciales sobre una consideración de los hechos que pueda estimarse verdadera. Una vez establecida la relación entre verdad y justicia, resulta claro que el decreto oficioso de pruebas constituye una manifestación del deber del juez de indagar la verdad de los hechos antes de tomar una decisión determinada, ya que de esta forma deja de ser un frío funcionario que aplica irreflexivamente la ley, para tomar el papel de garante de los derechos materiales(11).

En este orden de ideas, se repite, el fin de la actividad judicial no es otro que lograr la verdad.

3.1.2.3. Cambio de paradigma propuesto por el legislador.

La Sala prohíja la posición expresada por la Sección Tercera en la sentencia que unificó su posición, esto es la de 28 de agosto de 2013, en la cual hizo referencia al espíritu del legislador en el derecho moderno, que se ve reflejado en las reformas legales de los últimos tiempos.

El nuevo paradigma, está plasmado en las leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011, y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador es el de modificar el modelo imperante con los decretos-leyes 1400 y 2019 de 1970.

Entonces, a la luz de la Constitución Política no es aceptable que el juez niegue las pretensiones dentro de un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes reposan en el expediente, pues ello significaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia(12).

Ello no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o que aún no estaban vigentes para el caso concreto (ultraactividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo que traen las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede considerar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v. gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad(13).

De allí que, se llame la atención en el hecho de que no puede el juez actuar con obstinación frente a los nuevos lineamientos del derecho procesal o adjetivo, en los que se privilegia la confianza y la lealtad de las partes, la cual la Sección Segunda y Tercera ha privilegiado en pluralidad de decisiones.

Así, el legislador del año 2011, al reconocer la importancia de los principios constitucionales y la función que ejercen o cumplen en la armonización de los postulados legales del orden procesal, determinó en la nueva disposición del artículo 167 ibídem, que “no será necesario acompañar su copia (la de las normas de alcance no nacional), en el caso de que las normas de carácter local que se señalen como infringidas se encuentren en el sitio web de la respectiva entidad, circunstancia que deberá ser manifestada en la demanda con indicación del sitio de Internet correspondiente”.

En efecto, el derecho procesal moderno está cimentado en la confianza que existe en la sociedad y por ello, esta Sala unificará su posición de conformidad con esta evolución.

En el mismo sentido, la Sala aclara que no quiere significar lo anterior que se desnaturalicen aquellos procesos en los cuales se exige el original; al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera, señaló:

“lo anterior, no significa en modo alguno, que se desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v. gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v. gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo, norma reproducida en el artículo 167 de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—”.

Por consiguiente, se quebrantarían los principios de confianza legítima y buena fe si el juez permite que las partes, aduzcan como fundamento para la negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, que los hechos se soportan en copia simple. En ese orden, en virtud del artículo 228 de la Constitución Política, se privilegia la materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es decir, un derecho justo que se adapta e interactúa con la realidad y no que se queda atrás de manera rígida(14).

3.2.5. Análisis del caso.

Precisada la validez de los medios de prueba aportados en copia simple, corresponde analizar si a la sociedad actora le fue ocasionado el daño antijurídico cuya reparación reclama y si este resulta imputable a la demandada como consecuencia del error judicial en que presuntamente incurrieron el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el Consejo Superior de la Judicatura al no conceder la acción de tutela promovida por la sociedad actora en contra de la sentencia de casación proferida por la Corte Suprema de Justicia el 27 de septiembre de 2004.

Al respecto, es importante precisar que la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (270/96) en el artículo 65 desarrolló tres eventos a partir de los cuales el Estado debe responder por los daños antijurídicos que le resulten imputables con ocasión de la administración de justicia: (i) el error jurisdiccional (ii) la privación injusta de la libertad y (iii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Así mismo, la norma estableció dos presupuestos para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional: (i) que el afectado hubiere interpuesto los recursos de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial y (ii) que la providencia contentiva de error se encuentre ejecutoriada.

En sentencia del 11 de mayo de 2011 esta corporación expuso:

“En la Constitución de 1991, al consagrar la responsabilidad del Estado por “los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”, se previó una fórmula general de responsabilidad, con fundamento en la cual no quedaba duda de que había lugar a exigir la responsabilidad extracontractual del Estado por acción u omisión de la administración de justicia”.

(...).

Bajo la nueva disposición constitucional se admitió la responsabilidad del Estado por error judicial, el cual se consideró que se configuraba siempre que se reunieran las siguientes exigencias: (i) que el error estuviera contenido en una providencia judicial en firme; (ii) que se incurriera en error fáctico o normativo; (iii) se causara un daño cierto y antijurídico, y (iv) el error incidiera en la decisión judicial en firme”(15).

A su vez, en cuanto al indebido funcionamiento de la administración de justicia, la providencia en comento precisó:

“En la Ley 270 de 1996 se estableció esta modalidad de responsabilidad del Estado como residual, con fundamento en la cual deben ser decididos los supuestos de daño antijurídico sufridos a consecuencia de la función jurisdiccional, que no constituyen error jurisdiccional o privación injusta de la libertad, por no provenir de una decisión judicial”.

En el sub lite se encuentra acreditado que el señor Juan Édinson Lenis Girón adelantó un proceso ordinario laboral en contra de la Sociedad Laboratorios Biogen S.A. cuyo conocimiento correspondió en primera instancia al Juzgado Quinto Laboral de Cali, el que mediante sentencia proferida el 13 de febrero de 2003 absolvió a la demandada con fundamento en que las partes, de manera libre y sin que se advierta vicio en el consentimiento acordaron en el acta de aclaración de contrato de trabajo excluir los premios de la asignación salarial básica. El mismo año, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, confirmó la decisión anterior, con fundamento en similares consideraciones.

Ante el recurso de casación interpuesto por el señor Lenis Girón, el 27 de septiembre de 2004, la Corte Suprema de Justicia, casó la sentencia, básicamente porque lo que el trabajador recibió inicialmente como “comisiones”, luego se denominó “premios” que fueron excluidos por estipulación de los contratantes, de la base salarial, siendo que tales “premios” se ligaban directa y proporcionalmente al trabajo que mensualmente desempeñaba el trabajador y como tal “no podía excluirse como parte del salario retributivo del servicio, porque, (...) esa naturaleza salarial proviene del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo y no se le puede desconocer por lo dispuesto en el 128, puesto que él no permite restar el carácter salarial de cualquier pago al que se refieran los acuerdos celebrados por los contratantes, sino que procede sólo frente a algunos auxilios o beneficios”.

En la decisión de instancia la Corte enfatizó que “lo que se hizo fue asignar un nombre distinto al pago que por comisiones se efectuó desde marzo de 1993 hasta diciembre de 1995 y que por ello, en todo caso, resultaba imperativa la aplicación del principio constitucional de la primacía de la realidad, el cual imponía que sobre la forma escrita se diera prevalencia a las condiciones verdaderamente existentes” y procedió a reliquidar cesantías, sus intereses, desde 9 de agosto de 1997, puesto que declaró la excepción de prescripción. De igual manera, advirtió que, “al no hallarse evidenciada la buena fe la empleadora” procedía la indemnización por mora.

Contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia la Sociedad Laboratorios Biogen de Colombia S.A. instauró acción de tutela que negó el 13 de enero de 2005, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca porque no advirtió que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia hubiese incurrido en vía de hecho, pues, aunado a que actuó de conformidad con sus atribuciones legales y constitucionales, determinó la forma como razonablemente debieron ser interpretadas las normas violadas por el tribunal, al darle un alcance distinto al permitido por la ley a los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo y no tener en cuenta lo estipulado en el artículo 43 de la misma normativa.

Apelada la decisión el 16 de febrero de 2005, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la confirmó, pues encontró que en el proceso ordinario laboral se surtieron las instancias, conforme la legislación vigente y respetando el debido proceso, el derecho a la defensa, la oportunidad de contradicción, aunado a que la decisiones fueron debidamente notificadas, aspectos que le permitieron concluir que “la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en ningún momento ha sido arbitraria en su decisión, pues, por el contrario, hizo un juicio ponderado y razonado para llegar a la decisión adoptada; por suerte que en manera alguna puede enervar la existencia de una vía de hecho”.

Ahora bien, el actor depreca la responsabilidad del Estado por considerar que las providencias de tutela le causaron un daño antijurídico en tanto no revocaron la sentencia de casación emanada por la Corte Suprema de Justicia que, entre otros aspectos, lo condenó al pago del reajuste de prestaciones sociales y de sanción moratoria sin que existiera mala fe probada, aspectos que constituyen vía de hecho.

Para la Sala es claro que el daño alegado por el actor no es antijurídico, pues, aunque, su patrimonio sí se vio afectado con las decisiones de tutela en tanto encontraron ajustada a derecho la providencia de casación, dicha afectación no es contraria al ordenamiento jurídico, pues, lo cierto es que, como empleador, debía asumir las consecuencias del incumplimiento de las normas laborales, en tanto el acuerdo de las partes para excluir, bajo otra denominación, un elemento que constituía salario y como tal, base de la liquidación de las prestaciones sociales, es contrario a la constitución y a la ley aunado a que le significó el pago de la sanción moratoria, conforme lo dispuso la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral en aplicación del principio de la realidad sobre la forma.

En efecto, las decisiones de tutela no evidenciaron que la sentencia de casación laboral constituyera vía de hecho, al contrario, pusieron de presente que se encuentra ajustada a la ley y que se adoptó en cumplimiento de las ritualidades procesales y con garantía del derecho de defensa de las partes en asunto en el que se surtieron las instancias correspondientes de suerte que las decisiones de tutela se encuentran igualmente ajustadas al ordenamiento jurídico y la Sala no observa elemento constitutivo de error judicial.

De igual manera, encuentra la Sala que las decisiones de tutela se adoptaron con respeto de las garantías constitucionales y legales de las partes, fueron debidamente notificadas. Así mismo, las actuaciones se surtieron son garantía del derecho de contradicción, de suerte que no es posible imputarle al Estado la responsabilidad deprecada pues no se evidencia que con tales decisiones se hayan afectado “los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia” señalados por la actora.

Así las cosas, ante la ausencia de daño antijurídico, no queda sino concluir que ninguna responsabilidad le es atribuible al Estado por un error judicial, conforme lo plantea la actora. Habrá entonces de confirmarse la decisión de primera instancia por las razones antes expuestas.

No se condenará en costas puesto que, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, hay lugar a ello únicamente si su conducta así lo amerita y, en el sub lite, no se encuentra elemento alguno de temeridad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B

FALLA:

CONFIRMAR, la sentencia proferida 24 de febrero de 2011 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Subsección A que negó las pretensiones.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, radicación 11-001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ), M.P. Mauricio Fajardo Gómez. La Sala Plena se pronunció en el sentido de señalar que la cuantía no determina la competencia en asuntos de responsabilidad del Estado por hechos de la administración de justicia (error jurisdiccional, privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia) ya que en aplicación de la normativa estatutaria debe observarse un factor orgánico que confiere competencias en primera instancia a los tribunales administrativos y en segunda instancia a esta corporación.

(3) Consejo de Estado. Sentencia del 30 de septiembre de 2014, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección A. Sentencia de 8 de febrero de 2012, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Radicado: 88001-23-31-000-2000-00014-01(22244).

(5) Ibídem.

(6) Ver aclaración de voto de la consejera Luz Stella Conto Díaz del Castillo en el proceso 05001-23-31-000-1996-00659-01.

(7) Consejo de Estado. Sección Tercera —Sala Plena— sentencia de 28 de agosto de 2013, C.P. Enrique Gil Botero. Radicado: 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022).

(8) Corte Constitucional. Sentencia T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(9) Corte Constitucional. Sentencia T-213 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(10) Ibídem.

(11) Ibídem.

(12) Consejo de Estado. Sección Tercera —Sala Plena— sentencia de 28 de agosto de 2013, C.P. Enrique Gil Botero. Radicado: 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022).

(13) Ibídem.

(14) Ibídem.

(15) Sentencia del 11 de mayo de 2011. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.