Sentencia 2007-00285 de agosto 23 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 47001-3103-005-2007-00285-01

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Bogotá, D.C., veintitrés de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: « Consideraciones

1. El punto de partida en el que se afincó el tribunal para resolver el presente proceso en la forma como lo hizo, consistió en que es elemento esencial del contrato de agencia comercial que la labor del agente sea de intermediación, esto es, que su actividad esté siempre encaminada a beneficiar al agente, sus marcas o productos, ya sea porque lo pone en contacto con el consumidor o comprador final para que sean ellos quienes, directamente, celebren el respectivo negocio o porque, actuando en nombre de aquel, convenga en la operación correspondiente, tesis eminentemente jurídica que, valga desde ya destacarlo, no fue combatida por el recurrente en casación sino que, por el contrario, él compartió, al punto que con respaldo en un fundamento similar, edificó el cargo que en desarrollo de dicho recurso extraordinario formuló y que es objeto de estos razonamientos.

2. Con apoyo en ese postulado, el ad quem descendió al caso sometido a su conocimiento y coligió, por una parte, que el contrato que reguló la relación comercial que existió entre las sociedades litigantes fue de suministro y, por otra, que la demandante no acreditó que dicho nexo hubiese comportado una agencia comercial, inferencias fácticas que, a su turno, soportó en los siguientes argumentos cardinales:

2.1. Del interrogatorio de parte absuelto por la actora, a través de su representante legal, se desprende “que la negociación que había entre las partes era de compraventa para la reventa de productos y no de intermediación comercial”.

2.2. En el documento suscrito por las partes el 16 de marzo de 1998, ellas, en la cláusula séptima, dejaron en claro que su intención era celebrar un contrato de suministro y, aparejadamente, que por consiguiente, su propósito no fue el de convenir una agencia comercial, toda vez que allí estipularon que “[l]as partes de este contrato son contratistas independientes que han negociado en pie de igualdad y nada de lo dicho aquí creará entre ellas sociedad de hecho o de derecho, asociación, agencia comercial o relación de subordinación en cualquier sentido de la una respecto de la otra”.

2.3. Siendo ello así, se imponía a la actora “desvirtuar (...) el contenido del clausulado escrito que rigió [su] relación negocial con la sociedad contradictora y conforme al cual, insístese —señaló el tribunal—, el pacto fue de suministro y no de agencia comercial”, lo que no hizo, puesto que:

2.3.1. Los hechos aducidos al sustentarse la apelación interpuesta contra el fallo de primera instancia, en concreto, la constitución de la demandante, los contratos que ella celebró con Industrias Gran Colombia S.A. y con la aquí accionada y la presunta fusión de estas dos sociedades, no son indicativos de la intermediación por la que se indaga.

2.3.2. Los testigos Jorge Luis Castellano Guerra, Anselmo Solano Sepúlveda, Felipe José Ardila Julio, Jorge Eliécer Valderrama Jiménez y Luis Ernesto Navarro Pérez “omitieron señalar detalles acerca del móvil que inducía a la demandante a distribuir la mercancía que adquiría de la enjuiciada, si era para revenderla como propietaria plena de las mismas, o si lo hacía con la finalidad de servir de puente entre aquella y los compradores finales o cualquier otra modalidad de la que pudiera derivarse la índole terciaria que singulariza la misión del agente”.

3. Del precedente compendio se sigue que el derrumbamiento de la sentencia impugnada exigía del recurrente que hubiese combatido certera y exitosamente la totalidad de los planteamientos que la sostienen, labor que, como pasa a elucidarse, no realizó.

3.1. Absolutamente ningún reproche elevó el censor en relación con la valoración que el sentenciador de segunda instancia hizo del interrogatorio de parte que el representante legal de la actora absolvió y con la conclusión que de ese elemento de juicio extrajo, esto es, “que la negociación que había entre las partes era de compraventa para la reventa de productos y no de intermediación comercial”, inferencia que, por lo tanto, se mantiene inalterada.

3.2. Tampoco le mereció al casacionista ningún comentario el análisis que el tribunal efectuó del documento militante del folio 10 al 15 del cuaderno Nº 1 y, particularmente, de su cláusula séptima, estipulación en torno de la que el censor guardó absoluto silencio.

Véase que los reparos que planteó el casacionista en relación con este medio de convicción estuvieron encaminados a demostrar que él tiene “las características propias del contrato de agencia comercial”, habida cuenta de las obligaciones que se impusieron al suministrado, consistentes en mantener una organización e infraestructura adecuada para la comercialización de los productos, en rendir un informe periódico de su gestión, en publicitar la marca del proveedor, en no distribuir otros elementos y en circunscribir su actividad a la zona que le fue asignada.

Por lo tanto, las deducciones fácticas que de la prueba en comento obtuvo el tribunal continúan vigentes, esto es, que “el designio de las partes pareció dirigirse más bien a dejar especificada con absoluta exactitud y claridad que su intención no era, bajo ningún respecto, el de estructurar la intermediación comercial entre ellas, sino exclusivamente un contrato de suministro en el que la demandada se comprometía a vender los artículos que comercializaba y la demandante a comprarlos para revenderlos bajo las orientaciones de aquella”; que en tal estipulación “se halla una voluntad consensuada y, por demás, categóricamente definida frente a la naturaleza del convenido formalizado”; y que dicha cláusula “no puede estimarse como abusiva”.

3.3. Ahora bien, en cuanto hace a los testimonios de los señores Jorge Luis Castellano Guerra, Anselmo Solano Sepúlveda, Felipe José Ardila Julio, Jorge Eliécer Valderrama Jiménez y Luis Ernesto Navarro Pérez el tribunal estimó que ellos “carecen por completo de significancia para revelar” que la actividad desplegada por la demandante en desarrollo del contrato que celebró con la demandada fue de intermediación, puesto que “omitieron señalar detalles acerca del móvil que inducía a la demandante a distribuir la mercancía que adquiría de la enjuiciada, si era para revenderla como propietaria plena de las mismas, o si lo hacía con la finalidad de servir de puente entre aquella y los compradores finales o en cualquiera otra modalidad de la que pudiera derivarse la índole terciaria que singulariza la misión del agente”.

Traduce lo anterior, por una parte, que el tribunal sí apreció todos y cada uno de los relacionados testimonios, lo que per se descarta que los hubiese preterido, y, por otra, que no halló en ellos manifestaciones de las que pudiera inferirse la labor de intermediación de la actora, consideración esta última que, como en el caso de la pruebas anteriormente mencionadas, no fue blanco de ataque del recurrente, como quiera que los cuestionamientos que expuso al respecto se circunscribieron a insistir en que todos los deponentes fueron “unánimes” en señalar: “[q]ue era[n] trabajadores independiente[s] al servicio de Dismerca Ltda. Que los productos que manejaban eran exclusivos de Frito Lay. Que las rutas sobre las cuales trabajaban eran señaladas por Dismer[C]A LTDA. y vigiladas por un supervisor de Frito Lay. Que el equipo automotor que utilizaban era de propiedad de Dismerca Ltda. Que la publicidad que se manejaba era de Frito Lay y los vehículos llevaban este distintivo o se les pegaba afiche de Frito Lay. Que una vez a Dismerca se le canceló el contrato, [l]a sociedad Frito Lay comenzó a utilizar y a disponer de las rutas que había[n] sido organizadas por Dismerca”.

Lo advertido por el censor en torno de las relacionadas declaraciones, por consiguiente, no constituye un ataque idóneo en casación para combatir el referido vacío demostrativo que el tribunal detectó en ellas, aserto que para derruirse requería que el recurrente comprobara que del contenido objetivo de las indicadas pruebas sí se desprendía, por una parte, que la actividad de la actora fue de intermediación y, por otra, que su labor no se redujo a comprarle a la accionada los productos que ella comercializaba y a revenderlos por cuenta propia, sino que lo hacía en favor de la sociedad que le había otorgado el encargo de ampliar su mercado en el territorio asignado.

4. No habiéndose desvirtuado ninguno de los argumentos que, en el aspecto fáctico, soportan las conclusiones del tribunal, es ostensible el fracaso del cargo examinado.

Esa inferencia releva a la Corte de ahondar en las acusaciones formuladas por el recurrente, puesto que ningún sentido tendría, ante la firmeza de las deducciones fácticas a que arribó el ad quem, en particular, que la actividad de la actora consistió en adquirir de la accionada los productos que esta comercializaba para luego revenderlos por cuenta propia, analizar si de los actos de constitución de la actora y la demandada, de la presunta fusión de esta y la sociedad Industrias Gran Colombia S.A. y de los contratos que aquella celebró con estas dos, podía colegirse la existencia de una agencia comercial entre las partes.

5. En conclusión, el cargo materia de estudio no tiene vocación de prosperidad.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 19 de marzo de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Civil – Familia, en el proceso ordinario al inicio referenciado.

Se condena en costas del recurso extraordinario a quien lo propuso. Tásense. En la respectiva liquidación inclúyase, como agencias en derecho, la suma de $ 6.000.000, por cuanto la demanda de casación fue replicada.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen».