Sentencia 2007-00294 de septiembre 27 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 11001 0324 000 2007 00294 00

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta

Actor: Armando Valencia Casas

Bogotá, D.C., veintisiete de septiembre de dos mil siete.

La Sala decide sobre la admisión de la demanda, con solicitud de suspensión provisional, que en ejercicio de la acción de simple nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, promueve el ciudadano Armando Valencia Casas contra el Acuerdo 36 del 14 de julio de 2005 “Por el cual se expide el estatuto de la organización electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó”, expedido por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica del Chocó.

I. La admisión de la demanda

La demanda reúne los requisitos formales de que tratan los artículos 137 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, por lo cual habrá de admitirse, como en efecto se hará en la parte resolutiva de este proveído.

II. La solicitud de suspensión provisional

En un capítulo de la demanda el actor solicitó la suspensión provisional de los numerales 1º, 2º, 3º, y 5º del artículo 3º del Acuerdo 36 del 14 de julio de 2005, por cuanto viola los artículos 13, 29, 38 y 40 de la Constitución Política y numeral d) del artículo 64 y artículo 71 de la Ley 30 de 1992.

A juicio del actor, se debe suspender los efectos del acto administrativo demandado argumentando lo siguiente:

Señaló que las disposiciones impugnadas otorgan un trato privilegiado al docente, estudiante o egresado que se encuentra asociado o sindicalizado, sin embargo quienes no se encuentran o no quisieron asociarse o sindicalizarse no gozan del mismo privilegio, de ahí que se esté violando el principio de igualdad y el derecho de asociación, en razón a que este es un acto voluntario y mal podría condicionarse el ejercicio de un derecho de rango superior de acceder en igualdad de condiciones al ejercicio de funciones y cargos públicos.

Anotó que el numeral 5º del artículo 3º del Acuerdo 36 de 2005 le otorga al secretario general de la universidad la condición de autoridad electoral, cuyas facultades son designar jurados de votación, dirigir el proceso electoral, ubicar, reubicar y trasladar mesas de votación.

Indicó que este funcionario participa en las deliberaciones del consejo superior, asesora a los demás miembros y es el encargado de certificar el registro electoral de los egresados, lo que le confiere la condición de juez y parte, vulnerando así el derecho fundamental al debido proceso, comoquiera que se permite que el mismo funcionario termine actuando en el consejo electoral y en el consejo superior de la universidad; al respecto el artículo 7º del numeral 2º del acto administrativo acusado señala: “Registro electoral. El registro electoral de la universidad estará conformado de la siguiente manera: el de los profesores, por todos los profesores de dedicación exclusiva, de carrera o de planta, ocasionales, de tiempo completo y de medio tiempo, que se encuentren activos al momento de realizar la elección, según relación que para efecto expida la oficina de talento humano o su equivalente”.

Precisó que el numeral 2º del artículo 7º del acto administrativo vulnera los artículos 13 y 40 de la Constitución Política y los artículos 64 y 71 de la Ley 30 de 1992, por cuanto da un trato discriminatorio al profesor catedrático y ocasional, toda vez que le impide participar en la escogencia del representante profesoral y les niega la posibilidad de ser elegidos en representación del profesorado; igualmente se desconoce la condición de docentes de los profesores catedráticos e impide el acceso de estos a representar al interior de la Universidad Tecnológica del Chocó.

Aseguró que el artículo 9º del Acuerdo 36 de 2005 vulnera los artículos 13, 40, 122 y 150 numeral 23 de la Constitución Política, comoquiera que viola el derecho a la igualdad tanto de profesores, estudiantes, y catedrático de la universidad a quienes los estatutos le niega el derecho de participar en la conformación de los órganos de poder y la posibilidad de que un profesor represente al estudiantado.

III. Para resolver, se considera:

1. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo para suspender provisionalmente los actos administrativos se requiere que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado presentado antes de su admisión y, si la acción es de nulidad, como sucede en este caso, “basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud”.

2. Las disposiciones cuya suspensión provisional se solicita por el demandante, dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

Acuerdo 36 del 14 de julio del 2005

“ART. 3º—Autoridad electoral. La autoridad electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó, la ejercerá en forma permanente el consejo electoral, el cual se integrará ad honorem de la siguiente manera”:

1. “Un representante de los profesores de la Universidad Tecnológica del Chocó designado por la organización de dicho gremio que tenga personería jurídica y que agrupe el mayor número de afiliados”.

2. “Un representante de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó, designado por la organización de dicho gremio que tenga personería jurídica y que agrupe el mayor número de afiliados”.

3. “Un representante de los egresados de la Universidad Tecnológica del Chocó designado por la organización de dicho gremio que tenga personería jurídica y que agrupe el mayor número de egresados”.

5. (sic) “El secretario general de la Universidad Tecnológica del Chocó” Diego Luis Córdoba, o quien haga sus veces”.

3. Por su parte, las normas que consideran que se están vulnerando con el acto administrativo demandado son:

Constitución Política:

“ART. 13.—Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.

“El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”.

“ART. 29.—El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”.

“ART. 38.—Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad”.

“ART. 40.—Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede”:

“Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse”.

“ART. 122.—No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.

Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.

Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas.

Dicha declaración solo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público”.

“Inciso modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2004. El nuevo texto es el siguiente: Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado. Tampoco quien haya dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño”.

“ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

23. Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos”.

Ley 30 de 1992 

“ART. 64.—El consejo superior universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad y estará integrado por:

d) Un representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de los egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo y un ex rector universitario”.

“ART. 71.—Los profesores podrán ser de dedicación exclusiva, de tiempo completo, de medio tiempo y de cátedra.

La dedicación del profesor de tiempo completo a la universidad será de cuarenta horas laborales semanales”.

4. Visto el contenido de la solicitud y una vez confrontadas las disposiciones demandadas con las normas constitucionales y legales se observa que en el sub lite no basta confrontar las normas cuestionadas con las de orden constitucional que se endilgan como contrariadas sino que, además, es menester consultar el contenido y alcance, del estatuto general de la universidad y de la ley de educación superior, a fin de precisar si dichas disposiciones se ajustan o no a los preceptos de carácter superior. Situación que no es admisible en esta etapa procesal sino al momento del fallo, pues no puede perderse de vista que la autonomía universitaria comprende 2 facultades específicas como son el autodirigirse y autogobernarse, por lo tanto el acto administrativo demandado debe analizarse desde la óptica del principio de la autonomía universitaria, que no es otra cosa que la independencia en campos tales como la investigación, la tecnología, conocimiento y creatividad, los cuales solo tienen sus límites en cuanto debe respetar la equidad, la justicia y el pluralismo.

5. Es de advertir que esta Sala, respecto de la violación de los artículos 13, 40, numeral 7º, de la Carta Política; 64, literal d) de la Ley 30 de 1992 y 71, que el actor considera vulnerados con el acto administrativo acusado ya se había pronunciado mediante proveído de 30 de agosto de 2007, indicando que: “En lo que respecta al cargo de violación de los artículos 13, 40, numeral 7º, de la Carta Política; 64, literal d) de la Ley 30 de 1992 y 71, ibidem, porque se le impide al profesor catedrático y ocasional participar en la escogencia del representante de los profesores, a la vez que se le niega la posibilidad de ser elegido, la Sala, prima facie, no vislumbra las violaciones alegadas, pues el artículo 3º del Acuerdo 36 de 14 de julio de 2005 se refiere en forma genérica a “Un representante de los profesores”, sin precisar la clase de vinculación de estos con la universidad; y el artículo 7º, numeral 2º, ibídem, se refiere a que el registro electoral de la universidad estará conformado por “todos los profesores”, dentro de los cuales señala a los de dedicación exclusiva, de carrera o de planta, ocasionales, de tiempo completo y de medio tiempo. Si bien es cierto que no alude a los de cátedra, por la redacción de la norma, en principio, no se deduce que la intención hubiera sido la de excluirlos pues, como se ve, se tienen cuenta hasta los ocasionales” (1) .

6. Lo anterior es suficiente para que la Sala concluya que en esas condiciones no es posible acceder a la solicitud de suspensión provisional de las disposiciones del acuerdo demandado, por lo que debe proceder a negarla sin necesidad de más consideraciones, como en efecto lo hará en la parte resolutiva de este proveído.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

1. ADMITIR la demanda de la referencia.

En consecuencia, se dispone:

a) Notifíquese personalmente de esta providencia, con entrega de copia de la demanda y sus anexos, a la Universidad Tecnológica del Chocó;

b) Notifíquese personalmente de esta providencia, con entrega de copia de la demanda y sus anexos, al Procurador Delegado en lo Contencioso ante esta corporación;

c) Para los efectos señalados en los artículos 46 y 48 de la Ley 446 de 1998, fíjese el negocio en lista por el término legal;

d) Dentro del término de los ocho (8) días siguientes a la notificación de esta decisión, deposite la parte demandante la suma de once mil pesos (11.000) para gastos del proceso;

e) Solicítese a la secretaría general de la Universidad Tecnológica del Chocó el envío de los antecedentes administrativos del acto acusado;

2. De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído, NEGAR la suspensión provisional solicitada.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión 27 de septiembre de 2007.

Magistrados: Martha Sofía Sanz Tobón, presidenta—Camilo Arciniegas Andrade—Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta—Marco Antonio Velilla Moreno, ausente con excusa.

(1) Auto de 30 de agosto de 2007, Magistrado Ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno, actor: Armando Valencia Casas, expediente 01037.

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